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Etiqueta: pacto social

Tres apuntes urgentes por Costa Rica

Juan Carlos Durán Castro*

1-Debemos desprendernos de enfoques corporativos gremiales, sectoriales o personales y optar seria y patrióticamente por la defensa del país en su conjunto, definiendo además una agenda nacional muy puntual, pero estratégica, que busque cambios sistémicos que sean inclusivos y piensen en las mayorías más vulnerables.

2- Apoyar, impulsar y orientar respetuosamente cualquier forma de protesta en cualquier sector, entendiendo que estas luchas están inscritas como parte de un proceso que apunte a una enorme ALIANZA CÍVICO-PATRIÓTICA NACIONAL, que permita modificar la correlación de fuerzas para aspirar a la disputa del poder en un marco de lucha democrática.

3- Redoblar toda acción política con sentido de urgencia para acelerar un proceso social y político que potencie las condiciones para alcanzar en un mediano plazo (4 o 6 semanas a lo sumo), un proceso real de alianzas intersectoriales de alcance nacional que realmente coloque a los poderes fácticos en una disyuntiva histórica y permita condiciones para UN NUEVO PACTO SOCIAL.

HACIA EL PACTO DEL BICENTENARIO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.

* Secretario de Seguridad Social CTRN

De los desastres a las oportunidades… así aprendemos a gobernarnos

Carlos Campos Rojas

“Pues la tecnología me hizo una mala jugada este sábado”, así sintetizó desde la solidaridad más humana, María Catarina Goldoni Ruiz, la experiencia de la reunión que sostuvimos este sábado 22 de agosto, para formular el proceso ciudadano: Un Nuevo Pacto de Concordia, Un Nuevo Pacto Social.

La reunión tecnológicamente, fue un caos desorganizado. No fue lo que habíamos planeado. A pesar de los simulacros y los esfuerzos preparatorios de un grupo de compañeras, para dar la talla en la tarea de envergadura que hemos asumido desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, los conflictos tecnológicos dieron al traste parcialmente con las metas establecidas. Los objetivos siguen intactos.

La asistencia al evento y el interés demostrado por la ciudadanía responsable, dejó claro que tenemos en este país, sobrado recurso humano para sacar la tarea encomendada.

Nos acompañó en la reunión, una destacada delegación panameña, que quieren aprender de nuestra experiencia, la forma en que nos construimos como El Soberano, para incidir en el proceso que su país lleva adelante en la formulación de una constituyente y la decisión de establecer –como así lo queremos en nuestra Costa Rica-, la probidad y la transparencia por encima de la corrupción y la impunidad. 

De ese caos desorganizado, sacamos oportunidades inmediatas.

La primera. No debemos tener vergüenza en reconocer que nos falta aprender. Aún con los mayores éxitos logrados, la humildad debe acompañarnos y reconocer que nos falta más por aprender.

La segunda. El mandato constitucional es que debemos asumir con responsabilidad la tarea de gobernar este país con los otros “tres poderes” y debemos hacerlo bien. Mejor de lo que lo han hecho a quienes designamos confiadamente para hacerlo.

La tercera. No derrotarnos ante nada. No desesperarnos. Mucho menos someternos al miedo, porque en momentos difíciles, es “la voz del amo” la que nos habla, paralizándonos, devolviéndonos al cautiverio de donde nos atrevimos a salir.

La cuarta. Tenemos en nuestras manos –hoy más que nunca-, el futuro de nuestro país. Debemos acrecentar y prosperar la riqueza que nos queda, a pesar del saqueo de la mafia política.

La quinta. En medio del caos de la situación, el temple de los participantes se hizo valer. Las mujeres especialmente, no echaron atrás. Además, voces inteligentes, llenas de sabiduría y decisión, propusieron convocar los siete Equipos de Trabajo para la Propuesta y Acción para esta semana, reuniéndose los siguientes días:

i- Lunes 24 a las 6:00 pm:
1. Auto Sostenimiento Nacional.

ii- Miércoles 26 a las 6:00 pm:
2. Transparencia y justicia en la Hacienda Pública.
3. Construcción de Entornos de Intervención Ciudadana para la apertura, la reconstrucción nacional y la paz.
4. Acciones y Transparencia en la atención de las medidas sanitarias para salir del cautiverio.
5. Reconstrucción económica, ambiental y financiera.
6. Capacitación y formación Constitucional y Ciudadana.

iii- Jueves 27 a las 6:00 pm:
7. Comunicación, divulgación y propaganda.

LOS ENLACES PARA CADA REUNIÓN SE PUBLICARÁN Y DEBEN AYUDARNOS A DIFUNDIRLOS.

TODA PERSONA QUE QUIERA ESTE PAÍS, PUEDE INGRESAR, LA TAREA ES DE TODOS.

Ayer demostramos que una ciudadanía se prepara para asumir su responsabilidad constitucional. Que se forja al calor de la responsabilidad y el deber, consciente de que debe nutrirse de conocimiento, venciendo el miedo, llena de solidaridad y humildad. Porque el Poder que debe ejercer El Soberano, es la tarea de una nueva ciudadanía, para construir la República Participativa y la institucionalidad pertinente, con transparencia, probidad y responsabilidad.

Yo digo ¡¡¡¡ Presente!!!!

Carlos Campos Rojas
23 de agosto de 2020

La urgencia democrática del diálogo social (II)

Manuel Hernández

En un artículo anterior, que lleva este mismo título, presenté una semblanza de la gobernanza de la emergencia sanitaria, con sus implicaciones económicas y sociales, destacando la importancia y la imperiosa necesidad de un proceso de diálogo social, que con vocación política transformadora comprenda amplios sectores y colectivos de nuestro país.

Pues resulta que el Gobierno de la República lanzó en estos días una iniciativa con una sugestiva denominación, aunque nada provocativa, titulada: “Costa Rica escucha, propone y dialoga.”   

Hay algunos que afirman y hasta celebran que, por fin, el Gobierno está impulsando un proceso de diálogo social.

Pero, lo primero, sin ánimo de ser aguafiestas, que tenemos que plantearnos es si esta iniciativa, tan publicitada, constituye efectivamente un ejercicio político de diálogo social real.

1.- ¿Qué es Diálogo Social?

Tratemos de despejar esta ecuación partiendo de la premisa que la democracia supone una pluralidad de intereses divergentes.

Nos dice la filósofa alemana Hannah Arendt que la política representa la experiencia de compartir un “mundo común”, por parte de una diversidad de sujetos.

Aquí es donde el diálogo social, particularmente en escenarios de crisis, juega un papel importante, en orden a reconocer las capacidades de los distintos actores para asumir, enfrentar y procurar la solución compartida de las situaciones conflictivas que alteran la convivencia social y la estabilidad política.

El diálogo social es un instrumento esencial de la democracia plural, un cauce de participación democrática de los distintos actores que asumen la representación de intereses que se aprecian socialmente legítimos.

Hay que resaltar que el diálogo social es un fenómeno esencialmente político, una opción de interlocución política de los agentes públicos, sociales y productivos, en la construcción y definición, pactada si fuera posible, de las cuestiones sociales y económicas que resultan de interés general o del bien común.

En fin, el diálogo social es un mecanismo de gobernanza democrática, que se diferencia de los esquemas unilateralistas y autoritarios de administración de las crisis o conflictos que regularmente sobrevienen en las sociedades.

2.- La iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Varios países del viejo continente, por ejemplo, Italia y España, y de América Latina, Argentina y Uruguay, desde el advenimiento de la pandemia, promovieron y articularon instancias de diálogo social, particularmente en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Si algo tiene de exitoso la gobernanza de la pandemia en Uruguay, por cierto, en manos de un gobierno muy a la derecha del nuestro, precisamente radica en esa apuesta política por el diálogo social.

Por contrario, en nuestro país, no es sino hasta ahora, cinco meses después que irrumpió el fatídico virus y se declaró el estado de emergencia sanitaria, que el Gobierno de la República lanzó al vuelo aquella iniciativa. Tanto tiempo después que la pandemia terminó de destruir nuestro tejido productivo y social, que nos llevó a duplicar la tasa de desempleo en menos de seis meses.

¿Pero, en qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa?

Analicemos la iniciativa gubernamental, tratando de establecer un orden sistemático, recurriendo a tres dimensiones: temática-funcional, la participación de los sujetos y finalmente, la dimensión procesal.

i.- La dimensión temática y funcional

La oferta gubernamental invita a las personas y organizaciones interesadas   remitir sus propuestas acerca de tres ejes que constituyen la agenda de la iniciativa: 1) Finanzas Públicas y el acuerdo con el FMI, 2) Reactivación Económica y 3) Creación y Protección del Empleo.

La agenda baja a la llanura ya encorsetada, con una temática numerus clausus, restringiendo que la ciudadanía pueda colocar en la agenda pública otros ejes temáticos.

Desde el punto de vista funcional, se convoca a la ciudadanía a presentar propuestas relacionadas con la ejecución de decisiones políticas tomadas de antemano y no a concertar la definición de estas políticas.

Por ejemplo, en el tema del Acuerdo de financiamiento con el FMI, la exposición de motivos de la invitación advierte lo siguiente: “que la vulnerabilidad de las finanzas públicas (…), agravada por la emergencia sanitaria, obligan a un acuerdo de financiamiento con el FMI”.

Es decir, a buen entendedor con pocas palabras: aquí no hay ningún espacio de interlocución, ni siquiera propositivo, porque anticipadamente se determinó que no hay otra alternativa, que se define obligada, que no sea necesariamente aprobar el Acuerdo con el FMI; aunque sea con todas las implicaciones que sabemos que tendrá en (contra) la institucionalidad pública.

La participación de la ciudadanía, entonces, queda circunscrita a la remisión simbólica de propuestas en aquellos exclusivos temas previamente escritos en el libreto oficialista, acompañada de foros poéticos que quedan en el limbo, sin que se definan espacios formales de negociación o concertación, destinados a pactar acuerdos, que constituyan la base de políticas concretas que se materialicen, ex post, en actos de gobierno, programas de acción o proyectos de ley.

ii.- La dimensión de los sujetos intervinientes

En teoría pueden participar, en abstracto, todas aquellas personas físicas o jurídicas con interés de remitir las correspondientes propuestas.

Se trata de una participación socialmente difusa, que no se articula con instancias orgánicas de intervención políticamente activa de actores sociales que ostenten suficiente legitimidad reconocida, para asumir la representación de los intereses plurales y diversos de la sociedad.

Esta difuminación de los sujetos intervinientes enerva el desarrollo de un proceso de interlocución e intercambio político con actores socialmente legitimados.

Esta carencia política afectaría sustancialmente la propia legitimidad del proceso. La efectividad de un verdadero proceso de diálogo social depende mucho de la legitimidad de los actores sociales.

Por otra parte, en esa nebulosa tampoco queda claro cuál es el rol que asumirá el Gobierno, en tanto que poder público.

No pareciera que asumirá una actoria política, cuya función instrumental queda minimizada a la de un simple anfitrión o coordinador “neutral”.

En otras palabras, el Gobierno no tendría el status de interlocutor del pretendido diálogo multipartito, con el que otros agentes sociales pudieran negociar y pactar acuerdos.

iii.- La última dimensión concierne a las reglas adjetivas del proceso.

En un proceso de diálogo que se estime democrático, normalmente lo primero que se pacta son precisamente las reglas del proceso.

En la iniciativa que se comenta las reglas también vienen prefabricadas.  

Quienes tengan interés de participar, deberán someterse, de manera incondicional, a las reglas fijadas unilateralmente de previo.

Tampoco se disciplina una hoja de ruta transparente, ordenada y estructurada de las fases o etapas del sinuoso proceso.

No existe definición o claridad de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que conlleven a compromisos de los actores involucrados, y mucho menos que garanticen su cumplimiento.

En conclusión, no puede sostenerse que el Gobierno esté convocando a un  verdadero diálogo social, destinado a desarrollar un proceso de interlocución con los actores sociales, que ostenten la legítima representatividad de los  diferentes sectores y colectivos, enfocado a discutir y concertar los grandes consensos políticos, de carácter transformador, que el país urgentemente demanda, en una sociedad estructuralmente marcada y dividida por la creciente desigualdad de todo tipo, que ya la conocíamos, pero que ha sido desnudada en toda su crudeza por la inclemente pandemia.

Veremos, eso sí, hasta dónde nuestra devaluada democracia puede llegar a sostenerse y soportar tanta injusticia social y desigualdad.

En definitiva, una caricatura de diálogo social, una desesperada y oportunista iniciativa de buzón de sugerencias on line, palabras más, palabras menos, como acertadamente la calificó un dirigente sindical.

Todo refleja que el Gobierno no sale del autismo y la ceguera política que ha sellado su modelo de gobernanza: “Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.”  (Ensayo sobre la ceguera, Saramago)

20/08/2020

La plataforma de zoom se saturó para ingresar a definir un nuevo pacto social, un nuevo pacto de concordia

Carlos Campos Rojas

La plataforma explotó, muchas personas ciudadanas quedaron sin ingresar.

Como les había informado, el 1 de agosto a las 2:00 pm, se realizaría la reunión mediante la plataforma Zoom, para discutir el procedimiento que permita iniciar el proceso del diálogo necesario y al que estamos acostumbrado históricamente en Costa Rica, para resolver nuestros problemas, pues el país sigue sin rumbo claro.

Tomamos entonces la decisión de hacer otra reunión más, este miércoles 5 de agosto a las 6:00 pm.

Quien desee participar, por este medio me informan y les hago llegar el enlace.

Será muy importante que de manera profesional, hagan circular la información.

Hemos conseguido una plataforma de más capacidad, para que la ciudadanía ingrese, se encuentre y podamos cumplir el mandato constitucional, de asumirnos y construirnos como El Soberano, el Primer Poder de la República.

También lo transmitiremos por Facebook Live.

Venciendo el miedo, con la convicción de que la razón nos asiste, estableceremos, al igual que lo hizo la ciudadanía en 1821, las bases de un Nuevo Pacto de Concordia, un Nuevo Pacto Social.

¡¡Vivan siempre el trabajo y la paz!!!

Un nuevo Pacto de Concordia, un nuevo pacto social – Las tareas inmediatas

Carlos Campos Rojas

¡Ha llegado la hora…de Juanito Mora!

Así reza el bello himno, magistralmente elaborado por Dionisio Cabal.

Al igual que en 1821, cuando los ciudadanos costarricenses decidieron hacerse de la libertad y el derecho a su legítima autodeterminación, sin recursos y con opiniones incluso confrontadas, pues no sabían ni gobernarse a sí mismos, con una inesperada independencia, que enfrentaba hermanos, unos entre ser verdaderamente independientes, otros, dominados por el miedo, en cobijarse bajo un nuevo imperio, hoy, tenemos que decidir nuestro futuro.

En septiembre del año entrante, cuando se cumplan 200 años de la independencia, ellos lograron en tres meses, encontrar el camino de la solución: se prestaron al diálogo.

Así, establecieron consensos en medio de profundos disensos, sin miedo al futuro. Definieron lo que debía ser una Constitución Política que les permitiera instituir un gobierno, del pueblo y para el pueblo. Eran otros tiempos, donde la probidad y la transparencia prevalecían como principios éticos fundamentales, porque ser propuesto para un cargo de representación popular era un honor y establecía –como debe ser el sufragio- un deber.

No había espacio para la mafia política, la corrupción y la impunidad, ella apareció después.

En ese diálogo establecieron el Pacto de Concordia, es decir, un acuerdo nacional para lograr entre todos, asumir el desafío de construir patria y pusieron manos a la obra.

Desde luego, en las festividades bicentenarias que pretenden realizar desde palacio el año entrante –y de las que está excluida la ciudadanía-, estas raíces las cortaron. No convienen a los intereses que ahí se protegen. Para eso está la usurpación del poder y la red de cuido que palanganea la facción que dirige el régimen, Horizonte Positivo y la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED).

Nos tienen en el caos, se aprovecharon y nos quitaron, el trabajo, las pertenencias, nuestras empresas, los emprendimientos, la dignidad, la paz. Nos tienen con la rodilla en el cuello.

Todo debemos recuperarlo. Debemos construir nuestra propia economía y mover nuestro dinero entre nosotros, el escaso que nos han dejado y multiplicarlo.

¡Tenemos que actuar ya!

Debemos ejercer el Poder del que constitucionalmente disponemos. La Constitución es nuestra guía, nuestra máxima ley, debemos hacerla valer.

A la ciudadanía nos toca hacernos del espacio de donde fuimos excluidos y que la Constitución Política nos restituyó en este julio hace 17 años, al establecer en al Art. 9, que Costa Rica es una República Participativa y que la Persona Ciudadana es el Primer Poder de la República, es El Soberano y debe cogobernar con los otros tres poderes. Debemos estar debidamente informados, dejar los chismes a un lado, para saber actuar en el marco constitucional.

Hay que ponerse a hacer, dejar de quejarse, organizarse en grupos pequeños, por barrios, a partir de personas que convoquen a quienes coinciden en la necesidad de sacar adelante este país, para debatir las soluciones y los caminos que consideramos necesarios y empezar a actuar de inmediato. Ahora podemos convocarnos de muchas formas virtuales, para actuar en nuestros entornos, enlazando un grupo con otro.

Organizarnos en lo más cercano e íntimo, encontrarnos entre los iguales, sin diferencias y siendo altamente tolerantes, dispuestos a dialogar, para construir la propuesta nacional.

No estaremos solos, debemos reconocer los aliados. Deben ser personas decentes, amantes de nuestro país, allí hay empresarios grandes, pequeños y medianos, funcionarios públicos, intelectuales, académicos, profesionales y sobre todo, personas humildes llenas de conocimiento y sabiduría.

Pero hay que tener cuidado con las rémoras políticas, los oportunistas, los que intentarán sacar provecho de nuestro esfuerzo, debemos ser implacables para enfrentarlos.

La persona ciudadana es el centro, somos la ciudadanía. Ahora debemos representarnos nosotros mismos, no permitir que nadie nos represente. Participar activamente en la toma de decisiones. Las reuniones públicas se pueden hacer guardando las normas sanitarias, con responsabilidad, pues no podemos, ni debemos, poner en riesgo nuestra salud, ni nuestra vida, todos somos importantes.

Hay que vencer el miedo y no dejarnos impresionar para seguir siendo rehenes políticos. Es un momento de situación extrema, de emergencia nacional y hay ley suficiente para no dejarse avasallar por la voracidad bancaria y las cuentas económicas.

Debemos construir nuestro nuevo Pacto Social, nuestro Nuevo Pacto de Concordia, tenemos la suficiente experiencia histórica y los métodos de organización, para lograrlo. Ya la ciudadanía demostró el pasado 17 de julio en la Segunda Actividad Nacional de Rendición de Cuentas, que se tiene metodología y capacidad.

Debemos apropiarnos de nuestra esperanza.

Debemos encontrarnos por Zoom el próximo sábado 1 de agosto. Quien desee participar, que por esta vía me lo haga saber, para indicarle la forma de incorporarse a la reunión.

¡Yo, digo presente!

Carlos Campos Rojas

25 de julio de 2020

Hacen trizas del Estado

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Algunas reflexiones sobre el momento que vivimos

Vladimir de la Cruz

Los problemas más urgentes a atender nacionalmente, en la situación que tiene el país, presionada por la Pandemia del Coronavirus, a mi modo de ver son: el primero, el empleo o el trabajo, el segundo, el ingreso económico de las personas, el tercero, el funcionamiento del aparato productivo, económico y comercial nacional, el cuarto, el hambre al que se someten las familias que sufren pobreza extrema, pobreza en general, ambos rubros creciendo, junto con los desempleados, y los subempleados, los que han perdido su capacidad salarial y de ingresos, los que han reducido sus jornadas y con ello también el pago parcial de su salarios o ingresos, que pasan formalmente a ser parte de la pobreza general del país, el quinto, las condiciones materiales de vida y de trabajo de una inmensa población nacional, sexto, el fortalecimiento de las instituciones públicas estratégicas, como la CCSS y el Ministerio de Salud, el ICE, AyA, las Universidades públicas y la Educación en general, y las que tienen que ver con el asistencialismo social en general, y sétimo, congelar, mientras dure la situación de la pandemia, los precios o tarifas de los servicios públicos, como agua, electricidad, impuestos municipales, todos los precios de los productos de la canasta básica, todos los alquileres nacionales, sin que se puedan aplicar alzas por anualidad, considerar la posibilidad de reducir alquileres en la proporción en que han sido reducidos los ingresos salariales y de pensiones de los trabajadores durante este período de pandemia, congelar las tasas de interés bancario de los préstamos, de las diferentes carteras crediticias, y de las de los comercios en general, de manera que durante el período que dure la pandemia no se paguen intereses de ningún tipo a favor de las instituciones acreedoras, y en cualquier caso se rebajen, en su pago, en la misma proporción que se rebajan los ingresos, salarios o pensiones, de quienes los reciben y están obligados a pagarlos, ejercer mayor control con los precios de las medicinas y congelarlos a la baja, de manera que con ellos no se especule competitivamente, ni oligopólicamente.

Los asalariados como los pensionados, en general, tienen altamente comprometidos sus salarios y pensiones, no solo por lo que tienen que disponer para su comida, sino por los endeudamientos que tienen que cubrir, resultado de sus modestos modos de vida, en general, y por la sociedad de consumo que les conduce a tener inversiones en esos modos de vida impuestos por la sociedad del consumo. Ningún salario ni pensión se disfruta al 100% de lo que se nominalmente se establece. En la práctica son salarios y pensiones reales hechas las deducciones de ley, y cancelados los rubros que con ellos se cubre fundamentalmente, préstamos, cuotas de afiliación de asociaciones y otros.

En el caso de los pensionados en general, pasa igual con los educadores que están en el régimen de la CCSS, en que su ingreso de pensión se reduce hasta en un 40% de lo que recibían como salarios. No es el caso de los de sistemas que mantienen condiciones favorables a los pensionados, por las leyes que los protegen, al pensionarse, que es una parte pequeña de los pensionados, que aunque se les rebaja más del 40% mantienen altos ingresos, ahora afectados más, hasta un 75% de sus montos.

Si a ellos, los pensionados en general, como a los asalariados se les castiga con rebajas mayores a sus salarios y pensiones, se les deteriora su nivel de vida y se les perjudica en sus compromisos económicos adquiridos, así como se les empobrece su situación real de vida.

En este campo de rebaja de salarios, ahora hasta un 15% en aquellos salarios superiores a 1.500.000 colones, y en el régimen de pensiones hasta un 75% de los altas pensiones, se acusa perversamente y públicamente que estos sistemas, de salarios y de pensiones, son los culpables de la mala situación económica del país, lo que no es cierto, y con ello se hace ver a los altos asalariados y altos pensionados como delincuentes públicos, sin valorar su vida de trabajo y los méritos de sus altos salarios, y la repercusión que esos altos salarios tienen a las pensiones que reciben.

Las pensiones altas están en relación con los salarios altos. Cuando se trata de poner como el modelo de la pensión alta, la más alta de la CCSS, hay que entender también que, en la escala de salarios del sector público cubierto por la CCSS, a los efectos de pensiones, esas pensiones, las del techo de la CCSS, son las pensiones de lujo, para llamarlas de esa manera también, las pensiones de la CCSS, que no todos los trabajadores pueden llegar a tener. Así de simple. Por eso es que se impulsan, del mismo modo, políticas a establecer techos de salarios, con tendencia a la baja.

Si se trata de salarios los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por un salario cada vez más alto, más digno, más decoroso. Si se trata de jornadas de trabajo los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por jornadas más bajas sin rebajar los salarios, como ya se hace en muchos países de mundo y de Europa. Si se trata de pensiones, también los trabajadores tienen derecho a pelear por mejores pensiones. En todas partes del mundo, en Latinoamérica y en Europa se han producido recientemente movimientos en estos sentidos.

Si aceptamos que esos salarios y pensiones deben sufrir esos tijeretazos, machetazos y guillotinazos, también debemos aceptar que en la misma proporción los capitales nacionales, las altas riquezas nacionales deberían ser igualmente gravadas, desde un 15% hasta un 75 % según corresponda para atender la situación de crisis nacional que vivimos.

Aquí se está tasando, gravando solo a los trabajadores. A los sectores de mayor riqueza nacional no se les está tocando. Los presidentes Alfredo González Flores y José Figueres Ferrer, en su tiempo, con valor, impusieron cargas tributarias y porcentajes al capital para atender las crisis de la primera guerra mundial, y sus efectos en el país, y las consecuencias de la crisis de la guerra civil del 1948. El 10% al capital impuso Figueres y Alfredo González una Reforma Tributaria, bajo el lema de que “el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

¿Por qué el Gobierno de Carlos Alvarado, valientemente, como ha hecho y agredido a los asalariados y pensionados del país, no ha hecho lo mismo con los sectores más ricos del país, los que más pueden aportar solidariamente en esta crisis? En el primer caso ha actuado como tigre suelto contra burros amarrados, y, en el segundo caso son los tigres sueltos los que tienen acorralado al burro, que no está amarrado, pero sí amenazado, hasta de no aceptar las disposiciones que se han lanzado para tratar de frenar la pandemia. ¿O le habrán amenazado recordándole el 27 de enero del 1917? Entre esos grupos y tigres sueltos hay también tigres sediciosos. Ya han externado sus posturas sediciosas y algunos se acantonan en organizaciones sociales con altoparlantes.

El problema del trabajo es esencial, es vital, es de vida o muerte. Sin el trabajo no se genera producción de ningún tipo, pero tampoco se genera ingreso económico para quienes pierden sus trabajos, por despidos forzados, por reducción de jornadas, por suspensión de jornadas, por modificación de jornadas, por establecer solapadamente la jornada 4-3. Los trabajadores en teletrabajo no tienen ningún estímulo adicional, en sus equipos de trabajo, los gastos adicionales que ocasionan en sus hogares con su trabajo empresarial, los apoyos tecnológicos que se les deben suministras, como instrumentos de trabajo, por parte de los patronos, como computadoras, por ejemplo.

En materia de trabajo se ha puesto en evidencia, lo que ya se sabía, pero que se hizo muy visible, aunque rápidamente le han puesto un manto protector, el trabajo de los inmigrantes en ciertas regiones y áreas de trabajo del país, de sus condiciones infrahumanas de trabajo, de sus pésimas condiciones de vida y de seguridad laboral, de malos salarios, de salarios menores o más bajos que el mínimo establecido, las condiciones de vida en chinchorros, covachas y edificaciones más que tugurientas de hacinados trabajadores en trabajos agrícolas donde los tienen concentrados. Esto condujo a paralizar casi 50 empresas por un breve tiempo, solo por el tiempo de “control” de los enfermos del COVID que trabajaban en ellas, porque sus condiciones de vida y de trabajo continúan prácticamente igual. Más evidente quedó con ello la corrupción institucional de los Inspectores de la CCSS y del Ministerio de Trabajo, que se han hecho de la vista gorda por años y años, ante esas situaciones, y pareciera que siguen igualmente campantes en sus escritorios…

En Costa Rica no tenemos seguros de desempleos como existen en algunos pocos países, para garantizar por un breve tiempo, a estos desempleados, mientras se encuentran buscando trabajo, algún ingreso mínimo de subsistencia.

La inmensa masa de costarricenses, mayores de 15 años, representa, en términos generales, casi un 75% de la población del país, alrededor de 4.000.000 personas, la de trabajadores es de 2.400.000 personas, un poco menos que el año pasado, junto con poco más de un millón de niños y jóvenes que asisten al proceso educativo, con poco más de 3 millones de votantes, mayores de 18 años, con un 40% menores de 40 años y con casi un 30% de personas de la tercera edad. De toda esta población casi 400.000 son desempleados.

De esta masa trabajadora las mujeres son una tercera parte, casi 700.000 mujeres. De estas mujeres trabajadoras poco más de la mitad, más de 300.000, son cabezas de familia, es decir mujeres que por su trabajo se convierten en el principal ingreso de sus hogares independientemente de si tienen esposo o compañero.

El desempleo nacional hace un año superaba los 200.000 trabajadores, que se sostenían, en la realidad, con el trabajo de sus mujeres, sus abuelas, sus madres, sus esposas o compañeras, sus hijas, o todas ellas juntas en los hogares. Por ello quizá no hay o no ha habido más luchas sociales intensas, de calle, en el país.

Hoy, por el impacto de la pandemia, y las medidas que se han tomado respecto al empleo, de expulsión o cesantía de trabajadores de los trabajos, de subempleo, de rebajo de jornadas, y con ello de reducción de ingresos y salarios, el desempleo se acerca a los 400.000 trabajadores con grave tendencia al alza, más de 100.00 que hace un año, superando el número de mujeres cabeza de familias, con lo cual la amenaza fundamental es que familias completas queden desempleadas. Las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo en este momento.

El 40% de los costarricenses, mayores de 15 años, se encuentra literalmente fuera de la la fuerza de trabajo, y dentro de esta fuerza las mujeres representan el 51%. A su vez las personas subempleadas, que trabajan menos de 40 horas, pero que pueden y quieren trabajarlas, hoy representan un 15%, un 6% más que el año pasado, y las mujeres en este conjunto son casi el 17%.

Durante la crisis mundial de 1928-1934, en su impacto en Costa Rica, el desempleo alcanzó casi el 13%, cuando las mujeres no jugaban un papel tan estratégico en la producción, como actualmente lo es. El 13% de desempleados en esos años significó el 13% de familias desempleadas. Eso condujo al surgimiento de Sindicatos de Desempleados y de luchas sociales, en las calles, por parte de los desempleados movilizados casi permanentemente, cotidianamente. Resultado de esas luchas en una manifestación, en mayo de 1933, en un enfrentamiento con la policía, un policía resultó muerto. Los trabajadores, en su inmensa mayoría campesinos, desfilaban con machetes, palas y cuchillos.

Hoy la legislación no permite hacer Sindicatos de Desempleados, pero no impediría hacer Asociaciones de Desempleados, con apoyo sindical, con similares objetivos de lucha.

Los sindicatos y la afiliación sindical en el país hoy son débiles. Las equivocadas luchas del 2018 les debilitaron. La reacción contra ellas por la legislación aprobada en el 2019 igualmente les redujo sus márgenes de actuación y de lucha. La Pandemia en muchos sentidos los debilita más. Provoca temor ante la masa trabajadora de perjudicarse en su trabajo, cuando éste escasea, si se sindicaliza. Ante situaciones difíciles de condiciones de vida y de trabajo, de limitaciones y rebajas salariales y de ingresos, los trabajadores primero tratarán de encontrar la seguridad de su estabilidad laboral y de sus salarios o ingresos y seguidamente buscarán las formas de lucha adecuadas a sus necesidades, desde el ludismo primitivo que puede expresarse en cualquier momento hasta las organizativas. Preferiblemente, siempre, serán mejor, las organizativas, las que pueden terminar en mesas de negociaciones y en pactos políticos entre los distintos sectores laborales.

Allá por 1910 Omar Dengo discutiendo con un diputado destacaba que el elemento más importante de la producción son los trabajadores, son los hacedores de la riqueza. Con un ejemplo sencillo ilustraba. Le decía al diputado, imagínese que un buen patrón se lleva a todos sus trabajadores en un viaje de paseo por mar. Tienen una situación de naufragio que los obliga a terminar viviendo en una isla solo ellos. Todos se salvaron. El patrono les recuerda a los trabajadores que él era el patrono y los iba a organizar para que en la isla todos volvieran a trabajar. Así empezaron. Al tiempo se murió un trabajador, y el proceso productivo continuó, luego otro trabajador y así sucesivamente, hasta que un día se murió el único patrón que había en la isla, y el proceso productivo continuó. La moraleja que deducía Omar Dengo es que si se morían todos los trabajadores la producción se detenía o se paraba, no se generaba riqueza, pero si se moría el patrón la producción continuaba porque seguían los trabajadores laborando y generando riqueza. De otra manera decía Omar Dengo que los patronos no eran tan necesarios al proceso productivo como si lo eran los trabajadores, y que sin patronos la economía y la sociedad podían funcionar.

Omar Dengo era uno de los líderes culturales y sociales que impulsó la creación de la primera Confederación General de Trabajadores en 1913 y que impulsó la celebración de los desfiles del Primero de Mayo, desde ese año.

Todo esto se mezcla con los índices de pobreza y de pobreza extrema. Históricamente la pobreza y la pobreza extrema han existido desde hace bastante tiempo. De esta manera la pobreza y la pobreza extrema no es la misma. Hay “movilidad” social hacia arriba y hacia abajo en esto conceptos, es decir hay gente que sale de esas categorías y hay gente nueva que entra a ellas. Hoy estamos ante una situación de ver quienes “entran”, más que considerar quienes salen, y sobre todo de evitar que esa caída sea acelerada.

Desde finales del siglo XIX se hablaba de pobreza y se asociaba visualmente a tres “grandes males sociales”, los “chinchorros”, la mala vivienda, las drogas, como la marihuana y el alcoholismo, y las enfermedades venéreas.

En los programas políticos electorales de los partidos políticos, en las campañas electorales, no se agitaban problemas relacionados con la pobreza ni con la pobreza extrema. Todavía hoy estos temas, pobreza en general y pobreza extrema, no son de atención especial en los programas políticos que presentan los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de elecciones, en cada campaña, que tienen obligación de presentar un Programa Político o un eventual Programa de Gobierno.

Al no tener estos temas como Planes de Gobierno a resolver, no son prioridades políticas de los gobiernos, ni obligaciones a resolver por quienes les toca desempeñarse como los gobernantes. Pero tampoco lo son, porque la pobreza y la extrema pobreza, que no es la misma históricamente, es en la realidad un gran negocio económico, de quienes pululan con sus entramados negocios para atenderla alrededor de los distintos gobiernos y partidos gobernantes. Así por ejemplo, el tema de vivienda social no responde a políticas públicas de gobierno, sino que responde a los proyectos que desarrolladores privados ofrecen a las instituciones con capacidad de decidir sobre ellos, al Ministerio de Vivienda como al Banco que los financia. Y muchos de estos proyectos son verdaderas estafas al Estado y a la Sociedad, y resultan un fiasco, en la realidad, para las familias beneficiadas, por los malos terrenos y las malas calidades de construcción donde se terminan haciendo estas soluciones de vivienda.

En el gobierno de Abel Pacheco, el Ministro de Vivienda, Helio Fallas, me parece, hizo la mejor propuesta para resolver los problemas de vivienda social en el país distinguiendo tres tipos de vivienda, para tres tipos de zonas en el territorio nacional, señalando además que debían tener dos y tres cuartos para tratar de resolver los problemas de hacinamiento en sus efectos de violaciones, incestos y malas relaciones familiares surgidas de esas condiciones de vida. Fueron proyectos que debieron asumirse, desde esos años, como políticas de Estado a largo plazo. Si esto se hubiera empezado a resolver de esa manera desde esos años, hoy tendríamos un mejor frente de batalla contra la pandemia, sin lugar a dudas. Pero, probablemente se impuso el alacranerío de los vividores de la construcción de viviendas sociales que viven a expensas del Estado, de sus fondos económicos, del sometimiento de las juntas directivas institucionales ante esos desarrolladores y sus agentes asesores, y de los malos controles institucionales sobre esos proyectos, que generan grandes ganancias, como las que se destinan proporcionalmente a las obras de infraestructura en general…acordémonos de la Trocha…o de las carreteras que en sus contratos y licitaciones se permite “arreglarlas” al año de entregadas nuevas, porque el negocio no es hacer carreteras perdurables sino hacer arreglos periódicos de mantenimiento. Pareciera que, hasta ahora, con Rodolfo Méndez Mata, se ha puesto un freno a este tipo de acciones. Sin embargo, siempre veremos cuanto durarán las nuevas obras para empezar a ser arregladas.

Sin embargo, por el impacto de la pandemia, por el crecimiento de desempleados, de subempleados, de mujeres desempleadas, con tasas que llegan al 30% de pobreza en general, por el deterioro de la clase media, especialmente de la clase media baja, y de la clase media media, estos temas si van a ser temas de la campaña electoral del 2022.

Los índices históricos de la pobreza han oscilado entre el 17 y el 22 % y los de la pobreza extrema entre el 4 y 7%. Hoy de manera alarmante se acercan al 30% y al 11%. Esto es explosivo.

Para muchos empresarios, especialmente los grandes, la crisis que vive el país solo les repercute en una reducción de sus ganancias, lo que no los empobrece, no es su ruina, dejan de ganar más, pero siguen ganando, siguen siendo los mismos ricos.

Los empresarios afectados son los micro, los pequeños, y los medianos, que están ubicados en el sector de servicios, alimentación “callejera”, en el encadenamiento de ciertos tipos de actividades económicas… Los agricultores de alimentos básicos se han mantenido produciendo. Gracias a ellos no hay más agudeza en la crisis de la Pandemia. A estos es a quienes urgentemente hay que ayudarlos. Son la base de la inmensa contratación laboral nacional. Son parte de la llamada clase media.

Si se salva la clase media en esta crisis se salva el país. Este es el colchón principal, hacia arriba y hacia abajo en todas sus repercusiones.

Las políticas que vienen ejecutándose contra las clases medias profesionales, laborales en general y productivas en particular, solo están preparando el país para grandes confrontaciones sociales y políticas. Las sociales probablemente se resolverán más en las calles con repercusión al escenario político electoral, las políticas se expresarán con las caídas de los partidos políticos, que principalmente han ejercido el Gobierno de la República, y han dominado la Asamblea Legislativa, abriendo el cauce a las corrientes populistas desde la izquierda hasta la derecha, con un amplio espectro.

En la calle, asociadas al hambre, y no al simple vandalismo, se podrán realizar asaltos de carros o de transportes distribuidores de alimentos. En estos días la prensa ha informado de esos asaltos, muy esporádicos, más como simples robos. Pero podrían darse asaltos organizados políticamente para distribuir esos alimentos en las poblaciones pobres, donde pasan esos vehículos. Así se desarrollaron los Tupamaros en Uruguay, gozando de mucha simpatía política.

En Costa Rica todavía no han surgido organizaciones de este tipo, pero bien podrían aparecer. No es un problema de la vieja literatura de la izquierda latinoamericana. Puede ser de la nueva literatura y de discursos de movimientos populistas, del siglo XXI, en su práctica antisistema, anti políticas, antipolíticos, anti partidos políticos. ¡Cuidado!

La reducción brutal de salarios, de pensiones y de ingresos de los distintos grupos sociales, inevitablemente conducirá a la reducción de estilos de vida, de condiciones y calidades de vida, de capacidad de consumo, de “empobrecimientos” de quienes ven reducidos sus salarios, sus pensiones o sus ingresos, principalmente de los asalariados en general, pero especialmente de las clases medias, que han sido el colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales en el país. Esta es la bomba social. Esa reducción conduce literalmente al hambre, y el hambre a la desesperación sin control.

Conozco situaciones por las cuales elementos hoy de las clases medias, que tienen a sus hijos en colegios privados, de un pago mensual no muy alto, ya consideran no inscribir a sus niños en esos centros escolares en próximo año, porque ya se les redujeron sus ingresos. Para ellos es literalmente una bajada de piso, pero es también una presión muy alta sobre los centros educativos públicos que tienen que recibirlos, y sobre los privados que pierden esos ingresos. De los que asisten a las escuelas y colegios públicos probablemente habrá una fuga y una deserción del ciclo escolar inevitable.

Una parte de la clase media media, la clase media alta, y los ricos, probablemente mantendrán a sus niños en las escuelas y colegios públicos, concierto sacrificio aún soportable o con cierta holgura. Solo dos colegios privados del país tienen más de 3000 estudiantes, a más de $1.500 dólares mensuales. Estos probablemente no sufran nada en su matrícula, pero otros sí.

La pandemia ha puesto en evidencia la crisis de los centros educativos, principalmente públicos, por sus instalaciones, por su falta de instrumentación técnica, por la carencia de apoyos tecnológicos, computadoras, ipads y otros, no necesariamente teléfonos inteligentes, en sus estudiantes, pero también en sus profesores, así como en la capacitación para poder enfrentar situaciones como las que se están viviendo de educación “virtual”.

Los teléfonos inteligentes son más de uso para redes y afines, que para estudio. Aun así, en su conjunto, solo el 40% del estudiantado tiene algún instrumento de este tipo, y las condiciones del país no facilitan las fibras ópticas ni las bandas anchas para que todo el proceso educativo nacional pueda tener acceso, y ojalá libre acceso, para poderse comunicar y realizar de mejor forma el proceso educativo. La teleeducación como el Teletrabajo, igual que el coronavirus, llegó para quedarse en muchos aspectos. La brecha en el campo educativo, ¿cómo la vamos a enfrentar y a resolver? ¿Qué solo los ricos y las clases medias puedan educar a sus hijos con perspectivas reales futuras?

La situación acumulada que vive el país de excesos que se cuestionan es responsabilidad de todos los actores políticos, en los distintos momentos históricos que se han tomado.

Si el Estado y la organización estatal e institucional requiere una ingeniería, independientemente de si se piensa en un Estado más pequeño, igual al actual o más grande, hay que hacerla, pero como resultado de un gran pacto nacional. Nadie puede quedar excluido de esta decisión si queremos perfilar la Costa Rica de los próximos 30 o más años.

El país no está para más tensiones de las que la Pandemia produce. Requiere sensatez, madurez y capacidad de negociación de los principales actores y conductores políticos, de los partidos políticos, de las asociaciones de trabajadores, de los distintos sectores sociales, y del Gobierno. Se requiere urgentemente un Gran Pacto Nacional, una voluntad nacional capaz de tomar acuerdos nacionales, de perspectiva histórica de largo plazo, de carácter estratégico. En el pasado se tomaron esos acuerdos, ¿por qué no ahora intentarlo? En un acuerdo en que necesariamente todos los actores deberán contribuir y ceder en lo que cada quien deba hacerlo. Si de sacrificios se trata se deben compartir solidaria y proporcionalmente a la capacidad de cada grupo y actor político nacional. ¿Hay líderes para enfrentar esta situación? El país los tiene.

Solo así podemos salir adelante si realmente queremos salir bien. Solo así se pueden tomar las decisiones políticas para que no se produzca un desempleo y un hambre explosiva socialmente.

Solo así se puede llegar a verdaderos acuerdos que permitan tomar las medidas del caso desde el punto de vista de recursos públicos para evitar que nos vayamos al foso.

Se requiere una actitud muy patriótica para poder enfrentar los retos y desafíos que este momento nos impone.

Si de sacrificios se trata, que todos los sectores se sacrifiquen proporcionalmente a sus posibilidades. Que no se cargue todo únicamente sobre el lomo de los trabajadores, de los asalariados y de los pensionados.

Que no se destruya más la clase media. Salvando la clase media, en todas sus expresiones, se salva el país como un todo.