Ir al contenido principal

Etiqueta: pandemia

Más de 60 mil indígenas MIFUTES costarricenses olvidados por la Defensoría

Sra. Catalina Crespo Sancho
Defensora de los habitantes

Reciba un cordial saludo de MIFUTE-COSTA RICA (Migrantes-Indígenas-Fuera Territorios de Costa Rica) (Migrantes Indígenas Fuera de Territorios), y de Asociación Indígena ARIFUTESUR.

Según el censo 2011 de INEC indica que los indígenas MIFUTES son el 65% de la totalidad de los indígenas que viven en Costa Rica. (62.800 indígenas).

La Defensoría ha invocado la no discriminación para ninguna persona en tiempos de PANDEMIA y hasta hoy ni el gobierno, ni la Defensoría nos ha contestado nuestras peticiones, ni se han acordado de que por lo menos existimos.

Estamos organizados en Consejos de Mayores, Asociaciones de la ley 2018, y filiales en todo el país.

Según el último informe del Tribunal Supremo de Elecciones elecciones 2018, página 445, indica se estima que 16mil indígenas que viven dentro de los territorios ejercieron su derecho al voto, por lo que nosotros estimamos que más de 32 mil indígenas MIGRANTES MIFUTES votaron en las pasadas elecciones. Esto revela la importancia que debe tener y que no se le está dando a los indígenas MIFUTES.

El proyecto MIFUTE-COSTA RICA fue escogidos entre uno de los primeros proyectos a abordar bajo el Decreto Ejecutivo 41529MP, para la atención especial del Cantón de Buenos Aires.

Ante la emergencia del Covid 19 urge que nos tomen en cuenta ya que a la fecha solo se han hecho gestiones para ayudar una minoría indigena que está dentro de los territorios (35%), dejando por fuera los MIFUTES.

POR LO TANTO:

A- Solicitamos una cita virtual para explicar con más detalles nuestra problemática.

B- Solicitamos apoyo para los agricultores indígenasg puedan sembrar y cosechar mediante el Proyecto Agricola Indigena Las Tres Lunas.

C- Solicitamos atención inmediata para atender con alimentos o diarios igual que se atendió a algunos indígenas que viven dentro de los Territorios.

No omitimos manifestar que hemos enviado solicitud desde que empezó la pandemia del covid19 a Heiner Blanco de casa presidencial para articular acciones en favor de nuestros indígenas en tiempos de PANDEMIA y hasta la fecha no se ha gestionado nada, o bien si lo ha hecho no nos damos cuenta.

De usted atentamente. Stefany Fernandez Vargas, presidente MIFUTE COSTA RICA y PRESIDENTE DE ASOCIACION INDIGENA ARIFUTESUR.

cc- Comisión Local de Emergencia de Buenos Aires.
Eduardo Rojas Méndez: Asesor Experto en MIGRANTES- MIFUTES.
TELEFONOS 8303-0073.

*Imagen ilustrativa: UCR.

Somos analfabetos políticos

Por Sergio Ortiz Pérez

Nuestro país tiene más de 30 años de malas administraciones. Hemos visto la corrupción danzante que debilitó a un Estado y sus instituciones en contubernio con empresarios privados y la clase política corrupta.

Hemos dejado de participar en política, nos aburre, dejamos que una minoría elija y elija a los mismos, nos conformamos con lo mínimo, agradecemos al gobernante que haga lo básico, si roba no importa siempre y cuando cumpla con lo mínimo, votamos por lo emocional, no leemos planes de gobierno ni mucho menos exigimos que se cumplan, criticamos al que exige mejores servicios y acciones del gobierno, nos quedamos metidos en la discusión de la Negrita, de los homosexuales y lo verdaderamente importante pasó por encima de todos y todas sin contemplación.

La clase política siempre se alió de los grandes capitales, esos que tienen acciones y asientos en los medios de comunicación hegemónicos, en los bancos y en paraísos fiscales. Estos lograron dividirnos entre empleados públicos y empleados privados, cuando todos somos trabajadores. Lograron incluso hacerle creer a muchos inflados que eran capitalistas sin capital.

Pero hoy nos apretan a todos por igual. Vieron, éramos los mismos. ¿Y los grandes capitales? Nadie los toca.

Ningún país estaba preparado para una Pandemia, pero les aseguro que si no hubiésemos sido tan tolerantes con la clase política y más que todo con la corrupción a nivel país (desde la mordida al oficial de Tránsito hasta el Cementazo) talvez hoy, tendríamos un mejor panorama económico, mejores reservas financieras, mejores políticos, instituciones más sólidas, menos pobreza, mejor educación, una inmigración controlada, mejores fronteras; y definitivamente una mejor cultura ciudadana que acatara las disposiciones del Ministerio de Salud y respetara la vida de sus semejantes.

Golpe de timón

Alejandra Espinoza

Les cuento amigos que ayer di un golpe de timón a “Ale” (mi barco se salía de rumbo, me di cuenta porque me empezaba a costar dormir).

Después de auto analizarme decidí hacer unos pequeños cambios que se los comparto porque el budismo afirma que “para que un propósito se vuelva un compromiso, debe de auto definirse y compartirse en un entorno seguro.”

Así que les cuento:

Decidí no ver todo lo que sale sobre la pandemia, me roba la paz. (no me voy a informar por canales sensacionalistas, pondré el informe oficial en el canal 13).

También leí que el ejercicio hace descansar, entonces voy a pasar mi rutina para la noche antes de una bebida caliente y una relajante ducha.

Trabajaré lo que pueda y como pueda sin auto presión, la idea es dar lo mejor de forma responsable para el entorno y segura para mí. “El primer objetivo en pandemia no es solo sobrevivir”.

Jamás perderé de vista que hay personas fuera de mi entorno que la están pasando mal, esta es época de ayudar (empezando por la gente más cercana) e ir abriendo el círculo hasta donde alcancen los abrazos.

La Asociación Mundial de Psicólogos califica a “las redes sociales, el wassap y el televisor como la nueva compulsión del siglo 21” y las voy a tratar como eso, al igual que el café deben de dosificarse.

Hay tantas cosas tan bellas que disfrutar y que aprender en internet que edifican, dan paz y colaboran con el entorno que es una lástima perder 15 minutos leyendo o escuchando tonterías.

Dicen nuestros hijos que uno es el reflejo de las 5 personas más cercanas en tu vida, la verdad por eso me encanta compartir con ciertos grupos, a partir de hoy no tengo tiempo para discusiones que no llevan a nada, es mucho más edificante una acción concreta por pequeña que sea que un discurso bien argumentado pero que no lleva a ningún puerto y lo que es peor que guarda dentro de sí intereses personalistas o políticos.

El Covid 19 nos está dando una lección de vida, se contagia el mendigo y el “rey” el habitante de las favelas y el presidente, el idealista y el dictador, es época de equilibrio, de familia, de amistad, de dar gracias, amar, crear, escribir, apoyar, cantar y al igual que en todas las travesías siempre es importante estar revisando el rumbo.

Experiencias adversas en la infancia en tiempos de pandemia

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

infancia COVID-19 vulnerabilidad factores de riesgo pobreza violencia sistema patriarcal neoliberalismo Estado Código de la niñez y la adolescencia PANI programas sociales solidaridad confinamiento nueva normalidad

Nicaragua: la lucha contra la pandemia y el desgobierno

*Es justo aclarar que vivo fuera de Nicaragua y escribo esto auspiciándome en datos y notas de medios oficialistas e independientes, así como del Ministerio de Salud (MINSA) del país*

Joel Herrera

En la actualidad, como ya todas las personas estamos enteradas, la población global se encuentra enfrentándose a una pandemia. Un virus relativamente nuevo que ha cobrado una cantidad muy significativa de vidas alrededor del mundo, que ha logrado colapsar los sistemas de salud de todos los países y que paralizó a una sociedad que desde hace mucho tiempo estaba corriendo de una forma muy acelerada. Es cierto que todas y todos estamos aprendiendo sobre este microorganismo y el padecimiento que causa , por la simple razón de que nadie se esperaba una crisis de salud pública de esta magnitud y el paroxismo con el que apareció fue solamente un preámbulo de la velocidad de su expansión; no obstante, a pesar de este aprendizaje sobre la marcha y de estar enfrentándose a una pandemia, existen países como Nicaragua, que también enfrentan a un desgobierno que pone en peligro la vida e integridad física de la ciudadanía.

Desde el inicio de la expansión de la pandemia y las primeras recomendaciones que han brindado las organizaciones regionales y mundiales de la salud, la población Nicaragüense vislumbraba como la situación se podría tornar incluso más complicada en el país, el presidente Daniel Ortega , la vicepresidenta –quien también es primera dama y vocera del gobierno- Rosario Murillo y todo el aparataje estatal y oficialista iniciaron a emitir discursos irresponsables al tildar a esta enfermedad como un “padecimiento de ricos y burgueses” , se negaban a acatar recomendaciones mientras convocaron concentraciones masivas en las calles –la marcha llamada “amor en tiempos de covid”, es solo un ejemplo- y actividades deportivas/culturales que a la fecha se continúan realizando ; aunado a todo esto, iniciaron una campaña de comunicación para deslegitimar cualquier noticia sobre el virus, adjudicándolo a otro intento de desestabilización de la oposición.

Con el paso del tiempo y debido a que era innegable la presencia del virus en Nicaragua, el ministerio de salud encontró su escaparate al implementar un sistema de manipulación de información, elaborando actas de defunción donde la causa de muerte se adjudicaba a una “neumonía atípica” y se continuaba replicando el discurso que Nicaragua solo tenía un par de casos importados, pero que no había transmisión comunitaria; durante el tiempo transcurrido del primer caso diagnosticado el 18 de Marzo a la fecha del 12 Mayo, se contabilizaban 25 casos positivos y 8 fallecimientos, pero el último informe emitido, el día 19 de mayo, expresa que han incrementado a 254 casos, lo que representa una alza significativa en la curva de contagio; no obstante, el mandatario en su última comparecencia admite una alza de muertes por neumonía en el país, en comparativa con los datos obtenidos en los últimos 5 años.

Ante la desinformación y la falta de transparencia de las autoridades de salud y el estado de Nicaragua, la población optó por establecer mecanismos de observación y comunicación de manera independiente, surgiendo la iniciativa del “Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua”, que –como sus redes sociales indican- son un esfuerzo colaborativo para brindar información sobre el COVID-19; esta iniciativa representa solo un ejemplo de las medidas que ha tenido que implementar la población nicaragüense debido a que el gobierno no responde, no informa y no protege a sus conciudadanos, pero, a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos que puedan llevar a cabo las y los nicas, el panorama a mediano y largo plazo se ve muy negativo, el sistema de salud –significativamente pobre- puede colapsar, las personas no pueden hacer cuarentena porque no tienen garantías para el sustento de un par de semanas o un par de meses , los precios de mascarilla, guantes y alcohol en gel se han disparado por los cielos y, como si se tratase una competencia por cual es la situación más trágica, muchas localidades del país no tienen acceso a agua potable.

Es cierto que el papel de la ciudadanía es llevar a cabo las medidas de prevención y protección ante el virus, pero también el estado tiene una gran responsabilidad de velar por la salud, integridad física y bienestar de la población a quienes –en teoría- representan, pero lamentablemente la tiranía y sed de poder ciega a sus gobernantes a tal punto de dejar morir a sus gobernados, incluso a sus fieles seguidores.

Testimonio de enfermera hondureña que labora en medio de la pandemia

Reflexión de una enfermera del Hospital Escuela: Lo que la pandemia sacó a la luz

Osiris Rovelo

Para mí salir a trabajar significa ponerme en una situación de peligro inminente, es ir a una guerra desarmada, cansada y frustrada por el desolador panorama. Gente tirada en el piso, familiares buscando sus parientes, heridos sin opción a una camilla porque las que hay están ocupadas, quirófanos cerrados por solo haber un anestesista de guardia, máquinas y equipos funcionando a medio vapor por falta de reparación desde hace mucho tiempo y, así muchas cosas que no se han resuelto por décadas ya que no ha existido voluntad política para resolver.

Les escribe una enfermera, una profesional de salud con muchos años de experiencia, les escribo desde nuestro querido Hospital Escuela en Tegucigalpa donde me desempeño como Supervisora de Enfermería desde el año 2015. Les escribo no sólo a título personal, si no cómo vocera de este sentimiento colectivo que existe en el silencio de las que nunca dejamos de trabajar, las que sólo escuchamos a la distancia los debates en la televisión sobre los insumos y los corruptos. Las que no nos vemos en la pantalla, ni en los periódicos, ni se nos escucha en la radio y que se nos conoce hasta que la desgracia ha llegado y los y las pacientes les toca experimentar de primera mano está desgracia que nosotras vivimos todos los días.

Esto ya era un desastre, pero este desastre con la pandemia se convirtió en una calamidad. La carpa que se instaló en el hospital, y que ahora es un lugar de atención donde a diario hay más de 40 personas hospitalizadas en condiciones deplorables y otras decenas más haciendo fila paras ser atendidas, se ha convertido en un centro de batalla para las enfermeras que cada día somos testigos de la inequidad social y de la falta de interés de este gobierno para mitigar el sufrimiento de un pueblo empobrecido por corruptos. Es lamentable que lo único nuevo de todo esto es la cantidad de pacientes que hoy demandan atención médica.

Atrasos

Se atrasaron en todo: en contratar personal, en hacer hospitales, en comprar hospitales provisionales, en comprar insumos, en arreglar el equipo, en pagar los salarios, en definir más espacios de atención, en mantener a la gente restringida, en mantener cerrada los sectores no esenciales de la economía. Se atrasaron en todo, menos en gastarse el dinero. Y se vienen atrasando no desde marzo, si no desde hace muchos años. La pandemia sólo saco a flote la podredumbre que cubría un río que ya se secó.

Lo irónico es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 2020 como el año Internacional de Enfermería, considerando que desempeñamos una función crucial en el cuidado de la salud de los pueblos en todos los niveles asistenciales de los sistemas sanitarios del mundo. “El personal de enfermería y partería son la columna vertebral de todos los sistemas de salud: en 2020 alentaremos a todos los países a que inviertan en el personal de enfermería y partería como parte de su compromiso con la salud para todos¬” mencionó el Dr. Tedros Adhanom G, Director General de la OMS.

Aunque fue alentador el que se reconociera nuestro esfuerzo y dedicación a nivel mundial, y a una la emocionen esas campañas en las que nos aplauden y se nos reconoce, bastante rápido regresamos a una realidad que nos golpea la cara.

Por la emergencia sanitaria se nos fueron quitados feriados que por ley nos corresponden y que los demás centros de atención sanitaria e instituciones públicas gozaron aun haciendo trabajo desde casa, tampoco tenemos otros beneficios ni garantías.

Para nosotras no es nada nuevo la falta de insumos, equipos médicos de atención hospitalaria, personal de enfermería suficiente para atender a los miles de pacientes que llegan a este centro de atención médica a diario, ni siquiera los actos de corrupción, tráfico de plazas y contratos, compras amañadas, en fin, todo lo que se ha escuchado en los medios de comunicación y que mucha gente con poder hizo caso omiso pensando que no le afectaría.

Lo nuevo aquí es la pandemia y la cantidad de hondureños necesitando asistencia médica y para los cuales no hay respuesta sanitaria, y entre ellos nosotras las enfermeras y enfermeros que dedicamos nuestras vidas al cuidado de los pacientes, hoy necesitamos de esos cuidados, también sumamos a las cifras entre los positivos y las defunciones por Covid 19 que anuncia SINAGER cada día en Cadena Nacional.

El 60 por ciento estamos enfermos o hemos estado, y no paramos. Mientras sigue el debate de quienes son o no los culpables, sigue también nuestro trabajo. Porque la vida depende de ello.

 

Foto: https://proceso.hn

Compartido con SURCOS por Marlin Óscar Ávila.

Tenemos derecho a vivir sin violencia

Milena Barrientos Blanco es licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación de internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.

Junto con Sebastián Barrientos Arroyo y Roberto Barrientos Arroyo, y como un aporte a esta sociedad que está enfrentando la pandemia, han producido una serie de videos.

-Introducción al curso – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Autoestima – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Derechos – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia intrafamiliar parte 1 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia parte 2 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Salida de la violencia – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Desde la profundidad de mi alma de mujer – Tenemos derecho a vivir sin violencia

Podrá ver y compartir cada uno de los videos que encontrará en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCIypsD7l_ADept5YIVIAsOQ

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

En primera línea por Costa Rica

En primera línea con una enorme carga de moral para pedirle a la UCCAEP que frene ya su oprobiosa dinero-manía y que aspiren al menos a hacer un verdadero ejercicio humano patriótico que evite más pobreza extrema, pobreza, informalidad, concentración de riqueza.

Lo que suceda en el corto y mediano plazo en el país será responsabilidad exclusiva de este sector aliado con un Gobierno débil y un Congreso muy efectivo en destruir el Estado Social de Derecho.

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN

Financiamiento de los Servicios Públicos Esenciales en Tiempos de Pandemia-conversatorio

La Internacional de Servicios Públicos realizará este próximo 17 de julio el conversatorio: «Financiamiento de los Servicios Públicos Esenciales en Tiempos de Pandemia» y será transmitido por medio de Facebook y la plataforma Zoom. Las personas interesadas debe confirmar su participación al correo-e oscar.rodriguez@world-psi.org

Más información en la siguiente imagen.