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Etiqueta: Paola Valverde Alier

Carta abierta al Ministro de Cultura

Escrito en . Publicado en Cultura.

Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió

Señor Jorge Rodríguez Vives

Ministro de Cultura y Juventud

Estimado Señor Ministro,

Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:

Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.

Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.

En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.

Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.

Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.

Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.

Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.

Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.

Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.

El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.

No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.

Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.

El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.

De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).

Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.

La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.

Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.

Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.

Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.

Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.

Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.

Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.

Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.

También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.

Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?

Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6

Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.

Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.

Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.

Paola Valverde Alier

Poeta y gestora cultural

4 Incluir las muestras en anexo

Campo minado: legitimidad y poder en la literatura costarricense

Escrito en . Publicado en Cultura.

El pasado 11 de junio de 2026, participé como ponente en el ciclo El nuevo (des)orden literario del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa, titulada Campo literario, campo minado, fue moderada por el escritor Rodrigo Soto y contó con la participación de G. A. Chaves, Paul Benavides Vílchez, Guillermo Barquero y quien suscribe.
Lo que sigue es el texto íntegro de mi intervención. Es una investigación ciudadana documentada con fuentes primarias, registros audiovisuales públicos e información solicitada al Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Lo presento porque creo que esta información le pertenece a la ciudadanía.

Paola Valverde Alier
Poeta y gestora cultural

Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis dieciocho años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: “muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía”.

Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos; otras se retiraron, agotadas por ese entorno.

Poco, o nada, ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió “El ambiente tico y los mitos tropicales”i. Las tensiones identificadas ochenta y cinco años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo, en esencia, lo mismo: pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el Gran Área Metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder.

La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad, y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación: perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.

Distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar está hoy a solo un clic de distancia.

La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios.

La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado, a diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme.

Antes de abordar las fracturas que he documentado debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto.

En este sentido es justo reconocer las iniciativas de las instituciones. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del Gran Área Metropolitana. Todas son iniciativas valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos.

El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones.

El año pasado coincidieron, sin pretenderlo, diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones:

  • Un caso de plagio que involucraba un libro completo y la premiación de un poema en la Revista Nacional de Cultura.

  • Una obra con similitudes sustanciales publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos, en certámenes que exigían obra inédita, uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

  • La doble postulación a los Premios Nacionales de una misma obra en años consecutivos —descartada en 2023 y premiada en 2024—, publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con una ficha catalográfica que la identificaba como ‘primera edición’.

  • Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios.

Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.

Conozco de cerca el caso de los Premios Nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en este sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí varios audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes que, a mi criterio, evidenciaban un proceso opaco.

En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.

La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos; y en su Artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello “la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”. Como costarricense, me amparo en ese derecho.

Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados, debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de Premios Nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado.

En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros, cito textualmente: reedición o segunda edición; autopublicación o sin editorial; ensayo académico; no es ensayo; el período no corresponde; antología o recopilatorio; ensayo fotográfico; libro didáctico o libro infantil.

Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del período, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas del 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas: en una versión las anotaciones son visibles, en la que me entregaron a mí aparecen tachadas en negro.

Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisualesii de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que tres de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos.

Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el Artículo 5.d del Reglamento de Premios Nacionales.

Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerles a ustedes, esta noche, una comparativa. El Ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. Esto es muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información.

También se confirmó por escrito, mediante respuesta del director del SINABI, que los currículos de los jurados de 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional.

¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad?

La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración.

Para concluir el relato de lo ocurrido en los Premios Nacionales del 2024 debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados. Fue respondido con apenas dos páginas sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara: nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó, con documentación suficiente, fue el mecanismo previo.

A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Premios Nacionales. La nueva Ley está hoy siendo revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que la discusión generó incidencia.

Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadanaiii, realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender, el tema merece una investigación más profunda. Ojalá alguien tome nota.

Yolanda Oreamuno lo dejó por escrito: «Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No! Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente.». Y si se cuestiona demasiado, “rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado.”

El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los Premios Nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de «escarnio público». Y eso, paradójicamente, confirma todo lo que este texto señala.

Aquella frase que recibí a los dieciocho no era solo un prejuicio estético: era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad.

Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los tres días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos?

La memoria también es aquella persona que un día te dice: «soy un brujo; en cinco años te veré a los ojos y te diré que aquí no pasó nada.»

La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó.

Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio corremos el riesgo de una literatura sorda. Un campo fragmentado a pedazos. Un Frankenstein en busca de un padre.

Arrancándonos los ojos. Desollándonos la piel.

¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización?

Tengamos sentido de la responsabilidad.

Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también.

Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el Artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella.

Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura.

Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar.

Cierro con una pregunta: ¿cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia?

Muchas gracias.

El festival que le canta al Cerro de Plata

Escrito en . Publicado en Cultura.

Paola Valverde Alier

En julio se celebró la tercera edición del Festival Internacional de Poesía Tegussícanta, en la hermana república de Honduras, con la participación de poetas de trece países: Argentina, Chile, Venezuela, México, Cuba, España, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y, por supuesto, Honduras. Este festival no solo rinde tributo a la poesía, sino también al abrazo. Es un sueño colectivo que comenzó a gestarse mucho antes de existir.

Tegucigalpa proviene del náhuatl Taguz-galpa o Teguz-galpa, es decir, “cerro de plata” (dato encontrado en diversas crónicas coloniales y estudios etimológicos). De noche seduce, de día atormenta. Es ciudad de caos y destiempo, de pequeñas joyas. Sus callecitas empinadas —que un día recibieron carretas—, sus puentes imponentes, sus muros despintados, el parque La Leona en lo alto de la capital, la ocupación urbana como una herida expuesta, el vestido de luces al caer la noche, el blanco de sus iglesias y la mística de sus pueblos: todo cuenta una historia.

Hace 18 años viajé a Honduras por primera vez y lo hice por amor. Antes de aterrizar vi aquel terreno quebrado, un cuerpo abierto con flores en sus grietas. El poeta hondureño Dennis Ávila me recibió en el aeropuerto Toncontín con una convicción tan plena que dos meses después nos casamos en Costa Rica, en el Parque Morazán. Dennis me llevó a recorrer la ciudad; lo primero fue el centro. Caminamos las angostas calzadas mientras me describía el paisaje con una mano hundida en mi cintura; nos besábamos en cada esquina. En medio del caos, la poesía saltaba en los rincones más inesperados. Esa noche fuimos a Café Paradiso, ahí conocí a Rigoberto Paredes, Anarella Vélez, Pepe Luis Quesada y una gran camada de poetas jóvenes que me adoptaron como hermana. Comprendí que Tegucigalpa tenía una atmósfera, una nostalgia, un ritmo. El clima era distinto a otras ciudades que había conocido, y me gustaba.

Sin despedirnos, partimos rumbo a Santa Lucía, a “La Cueva del Jaguar”, donde el Jaguar nos leyó el horóscopo maya y sentenció nuestra compatibilidad: Tijax. Teníamos veinticinco y veintidós años; toda la locura a bordo. Al día siguiente seguimos recorriendo la ruta minera hasta San Juancito, luego bajamos a Valle de Ángeles, e hicimos planes para llegar a Ojojona y Sabanagrande. En el parque de Ojojona soñé con un festival de poesía. Para entonces yo venía de organizar la primera lectura pública de privados de libertad que se llevó a cabo en San José, Costa Rica; tenía la emoción a flor de piel y como gestora cultural, imaginaba escenarios para lecturas en cada lugar que visitaba.

Ese sueño se concretó gracias a Otoniel Guevara, Karen Ayala y el equipo de producción de la Fundación La Chifurnia. Ellos también lo imaginaron y trabajaron para llevar la voz de los poetas a los pueblos de Tegucigalpa. No podía ser de otra manera: Otoniel, nacido en El Salvador y habitante de la poesía, es experto en tender puentes entre la palabra y la educación, gestionando y editando libros a bajo costo para que la poesía circule y llegue a todos. Quienes creemos en la poesía como herramienta de transformación social, y hemos participado en los encuentros liderados por Otoniel Guevara, sabemos que este trabajo se hace con las botas hundidas en el barro. Oto no busca lujos, sino dignidad y honestidad en todos sus proyectos.

Tegussícanta se vistió de gala con voces de Hispanoamérica. Waldo Leyva, Elvira Hernández, Guillermo Bianchi, Juan Garrido Salgado, Mané Zaldívar, Luz Mary Giraldo, Omar Ortiz Forero, Heidy Lorenzo, Liset Lantigua, María Ángeles Pérez López, Delia Quiñonez, Guadalupe Elizalde, José Antonio Domínguez, Javier Fuentes Vargas, Antonio Trujillo, Esmeralda Torres, Vielsi Arias Peraza y yo, fuimos los invitados internacionales de esta edición, dedicada al poeta hondureño Efraín López Nieto. El festival también contó con la participación de poetas hondureños del peso de Livio Ramírez, Tulio Galeas, Yadira Eguigure, Jairo Mejía, Dennis Ávila y Venus Ixchel Mejía, entre otros.

El encuentro recorrió distintas sedes y visitó varios de los pueblos coloniales antes mencionados, caracterizados por sus calles empedradas, tradición artesanal, arquitectura colonial y paisajes mineros atravesados por montañas y los icónicos pinos. También se visitaron institutos educativos, casas de la cultura, albergues infantiles y se promovieron encuentros íntimos donde los poetas conversamos sobre nuestros procesos creativos. Hubo lecturas frente al fuego, bajo la lluvia, y resistimos los cierres provocados por una reciente ola de Covid que golpeó al país. Porque la poesía es resiliencia.

Como quien quiere que el sueño perdure, la organización eligió el mágico pueblo de Cantarranas para el cierre. Músicos, mimos y actores en zancos recibieron al público. Después, en la plaza, tuvo lugar la última lectura, seguida de una visita a la Casa de la Cultura Municipal, con una importante muestra de esculturas de artistas locales. Cantarranas es célebre por sus murales y esculturas al aire libre, un lienzo abierto gracias a la visión del escritor y gestor cultural Edilberto Borjas.

El último destino fue Valle de Ángeles, con su parque alado, sus artesanías e identidad. Un pequeño pueblo que te envuelve en dulzura, como una rosquilla en miel.

Ahí nos dimos el abrazo final y prometimos volver a encontrarnos.

Larga vida a Tegussícanta y a todos los festivales (Los Confines, Xela, Turrialba y más) que abren el surco de las palabras para nuestra gran región centroamericana.

Dignidad poética y violencia cibernética: testimonio desde la palabra

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Paola Valverde Alier

Escribo este texto con un propósito claro y necesario: denunciar un episodio de violencia simbólica y cibernética que trasciende lo personal y pone en evidencia una práctica ilegítima para el pensamiento crítico, la ética literaria y la integridad de los espacios culturales en Costa Rica.

El 30 de mayo de 2025 fui agredida, a través de las redes sociales de Facebook, por el poeta Ignacio Aru (José Ignacio Arias Ruiz). En una intervención pública, a propósito de un comentario propio al poeta Randall Roque —sin haberme dirigido a él ni provocar su reacción— Aru me respondió con un ataque verbal cargado de desprecio. Entre más de 25 personas que conformamos el “Movimiento Transparencia”, eligió señalarme directamente con expresiones denigrantes: “Paola Valverde, a usted el ácido le espumea hasta en las sienes”. Posteriormente: “usted ni con tres libros medianamente iguales se gana un premio. Debe ser frustrante, lo entiendo”.

¿Qué prácticas permitimos cuando toleramos este tipo de violencia simbólica y cibernética en nombre del accionar literario? ¿Qué implicaciones legales y éticas existen para una comunidad de escritores y lectores cuando la palabra se utiliza para lesionar y deslegitimar en lugar de construir y argumentar con presentación de hechos y pruebas? Estas preguntas no solo interpelan mi caso personal, sino el contexto más amplio del campo literario costarricense, en donde los premios, los afectos, las redes de poder y los silencios se entrelazan en formas que muchas veces excluyen, violentan y corrompen mediante padrinazgos.

No hablo desde el anonimato, ni desde el rencor. Denuncio desde una trayectoria de más de veinte años, construida con libros, talleres en cárceles y escuelas, acciones y compromiso con la poesía como oficio y forma de vida. Nunca he utilizado perfiles falsos, ni he manipulado los márgenes de legalidad de las bases de concursos literarios. Cada vez que he alzado la voz, lo he hecho de frente, con documentos en mano, con publicaciones reales, con registros verificables. La equidad le exige, a quien denuncia, hacerlo con la misma integridad.

En estos años he participado en concursos literarios porque representan una oportunidad, no una consigna. Por eso, he sido finalista, he obtenido menciones honoríficas y un premio. Todo ello bajo medidas éticas y profesionales. Mis libros existen. Están publicados. Tienen trayectoria editorial, crítica y lectora.

Lo que se espera de cualquier certamen literario financiado con fondos públicos es claridad en sus bases, transparencia en su aplicación y respeto a quienes compiten con honestidad. No es suficiente cumplir con la letra: también hay que sostener el espíritu ético de lo que hacemos. Y en eso, muchos de los que callan han fracasado. Si quienes escribimos desde la ética callamos, el campo será cada vez más hostil para quienes no aceptamos ni el amiguismo ni la humillación como norma.

Ignacio Aru no solo me insultó a través de un espacio cibernético público: desplegó un mecanismo de deslegitimación que apunta a una tendencia más amplia, la de castigar a quienes no callan, a quienes no se alinean con las redes de privilegio, a quienes creen que la poesía no se debe a los favores sino al lenguaje.

Escribo esto no para competir, sino para ejercer mi derecho a responder con dignidad y profundidad a un acto injusto. Porque si uno de los premios estatales más significativos que tenemos los escritores —el Aquileo J. Echeverría— se entrega en un entorno donde la trampa es tolerada y la denuncia es castigada, estamos frente a un problema estructural.

Siempre he trabajado por la poesía y lo seguiré haciendo. La palabra tiene historia. Y la historia tiene peso. Mi conclusión no es amarga, sino lógica: si permitimos que la agresión suplante al argumento, la literatura pierde su poder transformador y se vuelve arma para quienes se sienten impunes. Y eso, como comunidad, no lo podemos permitir.

Estoy donde está mi corazón. Y mi corazón está con la poesía que no negocia su dignidad.

Costa Rica, junio de 2025

SURCOS comparte la biografía de la escritora:

Paola Valverde Alier (Costa Rica 1984).

Poeta y gestora cultural. Dictó el taller literario del centro penal C.A.I. La Reforma (2002-2006). Fue productora general del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica (2015-2016). En 2019, dentro del marco de la Feria del Libro de Costa Rica, fue directora de los encuentros Canto a la Semilla y Fuego Cruzado, organizados por la UNESCO y la Cooperación Española. Actualmente es productora general de las lecturas de poesía que se llevan a cabo en el Teatro Nacional de Costa Rica a través del movimiento Palabra y Punto. Ha publicado: La quinta esquina del cuadrilátero (Ed. Cartonera Tuanis, Costa Rica 2010, Ed. Arlekin, Costa Rica 2013, Ed. Lápices de Luna, España 2016 y Ed. Cartonera Tica, Costa Rica 2019 y Ed. Nueva York Poetry Press, EEUU 2025); Bartender (Ed. Perro Azul, Costa Rica 2015); Las Direcciones Estelares (Ed. Amargord, España 2017); Cuando florecen los cactus (Ed. Amargord, España 2019); El Entrenador de Palomas (Costa Rica, 2019); Yesca para el fuego (Ed. Perro Azul, Costa Rica 2024).