Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado al país y a los medios de comunicación nacionales para abrir un debate serio, informado y basado en evidencia sobre el futuro de la descarbonización, la movilidad eléctrica y la política energética de Costa Rica.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificando la descarbonización como una “estafa intelectual”, no pueden reducirse a una diferencia de opinión política. Se refieren a una política pública que tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la salud de la población, el transporte, la dependencia de los combustibles importados y la seguridad energética del país.

Costa Rica merece discutir estos temas con datos y no mediante descalificaciones.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda, en primer lugar, que el cambio tributario actualmente aplicable a los vehículos eléctricos no corresponde a la creación repentina de un nuevo impuesto del 30 %. Se trata de la reducción gradual de exoneraciones contemplada desde 2022 en la legislación de promoción del transporte eléctrico. Por esta razón, resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda explique con absoluta claridad a la ciudadanía cuáles disposiciones son nuevas y cuáles forman parte de un calendario tributario previamente establecido.

La discusión tampoco puede limitarse al argumento de que Costa Rica representa una proporción pequeña de las emisiones globales.

Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para beneficiarse de ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente del petróleo.

La descarbonización representa una oportunidad económica concreta para un país que cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sustituir progresivamente combustibles fósiles importados por electricidad producida en Costa Rica significa fortalecer nuestra soberanía energética y mantener una mayor proporción de los recursos económicos dentro del país.

La evidencia disponible también contradice la idea de que la descarbonización constituye únicamente un costo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han estimado que la implementación del Plan Nacional de Descarbonización podría generar alrededor de US$41.000 millones en beneficios económicos netos entre 2020 y 2050, como resultado del ahorro energético, menores tiempos de congestión, reducción de accidentes, mejoras productivas y protección de servicios ecosistémicos.

A esto debe agregarse una realidad que millones de costarricenses experimentan todos los días: las presas también tienen un costo.

El congestionamiento vial significa combustible desperdiciado, pérdida de productividad, deterioro de la calidad del aire, accidentes y horas que las personas dejan de dedicar a sus familias, al descanso, al estudio y al trabajo. Diversas estimaciones han situado el costo económico de la congestión vial en varios puntos porcentuales del producto interno bruto.

Ese costo existe, aunque no aparezca identificado como un impuesto en una factura.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental considera que Costa Rica necesita avanzar simultáneamente en adaptación climática y reducción de emisiones. Proteger comunidades e infraestructura frente a inundaciones, sequías y eventos extremos no es incompatible con transformar un sistema de transporte caro, contaminante e ineficiente.

El país requiere una política integral que incluya movilidad eléctrica, pero que vaya mucho más allá del automóvil particular.

Debe priorizarse la electrificación de autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo, acompañada por inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica.

Asimismo, resulta fundamental preservar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad, la planificación energética pública y la generación renovable como instrumentos estratégicos para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles.

El Parlamento Cívico Ambiental no sostiene que los incentivos fiscales deban mantenerse indefinidamente ni que las políticas públicas no puedan revisarse. Por el contrario, toda política debe ser evaluada y mejorada conforme evolucionan las condiciones económicas y tecnológicas.

Pero esas decisiones deben sustentarse en estudios públicos, evidencia técnica y análisis de sus consecuencias fiscales, ambientales, sociales y energéticas.

Por esta razón, hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales para divulgar y analizar el Manifiesto “La descarbonización no es una estafa: es una política de desarrollo, salud pública y soberanía energética”, mediante el cual el Parlamento Cívico Ambiental presenta argumentos y evidencia para contribuir a este debate nacional.

Cuando el debate público se aleja de los hechos y de la evidencia, pierde Costa Rica.

La democracia requiere información, contraste de posiciones y rendición de cuentas. El país merece decidir el rumbo de su política energética, ambiental y de movilidad con base en evidencia y pensando en sus propios intereses de largo plazo.

La descarbonización no es un lujo. No es una estafa. Es una oportunidad para construir una Costa Rica más eficiente, saludable, soberana y justa.