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Etiqueta: Parlamento Cívico Ambiental

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Parlamento Cívico Ambiental denuncia exclusión de representación científica costarricense en conferencia de la ONU sobre océanos

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental manifiesta públicamente su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la exclusión deliberada de representantes científicos costarricenses durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), llevada a cabo en Niza, Francia, en junio de 2025.

La situación se torna especialmente alarmante tras conocerse que el Gobierno de la República retiró las acreditaciones previamente otorgadas a destacados científicos nacionales como la Dra. Cindy Fernández, el Dr. Jorge Cortés y el Dr. Juan José Alvarado, así como a otras personas cuya identidad y afiliación institucional aún no han sido debidamente aclaradas.

Esta acción representa no solo una falta de respeto hacia la comunidad científica nacional, sino que también contradice el discurso oficial que promueve la ciencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios multilaterales.

Ante esta situación, el Parlamento Cívico Ambiental exige respuestas claras e inmediatas por parte de las autoridades correspondientes, en relación con los siguientes puntos:

  1. ¿Quién dio la orden de retirar las acreditaciones de los 18 delegados costarricenses?

  2. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para excluir a estos representantes, particularmente a figuras académicas de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil?

  3. ¿Quiénes integraron finalmente la delegación oficial costarricense y con base en qué criterios fueron seleccionados?

Estas interrogantes que no son menores: apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la política exterior costarricense, especialmente en temas tan cruciales como la gobernanza oceánica.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda que Costa Rica no puede aspirar a liderar procesos internacionales en materia marina si a nivel interno, excluye deliberadamente a quienes han contribuido con años de investigación y compromiso técnico y científico.

Por ello, las organizaciones que componen el Parlamento Cívico Ambienta solicitan formalmente a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa convocar a una audiencia pública con la participación del MINAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil, con el fin de esclarecer estos hechos y evitar su repetición en futuras instancias internacionales.

Costa Rica merece una política científica coherente, participativa y basada en evidencia.

“No hay sostenibilidad posible sin transparencia”.

Sociedad civil rechaza propuesta de minería a cielo abierto en Crucitas y respalda alternativa de desarrollo sostenible

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Comunicado

San José, Costa Rica – 28 de mayo de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.

El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.

El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.

En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.

La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.

El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.

Como se señala en los acuerdos oficiales:

“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”

Demandas clave del PCA:

  • Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.

  • Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.

  • Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

“Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

Encuentro técnico resalta urgencia de la pesca sostenible en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

Comunicado
Parlamento Cívico Ambiental

La sostenibilidad pesquera en Costa Rica enfrenta un desafío crítico. Expertos en ciencias marinas, académicos, representantes de la sociedad civil y tomadores de decisión se reunieron el pasado 27 de enero en la Asamblea Legislativa en el Encuentro Técnico sobre Pesca Sostenible, organizado por la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental. Esta actividad fue concebida como un espacio esencial para generar insumos que alimenten el debate sobre el proyecto de ley N.° 24263 Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica que llegó a consulta al Parlamento Ambiental y que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Durante el conversatorio, especialistas abordaron temas clave como la sobreexplotación de especies, la falta de datos biológicos y socioeconómicos, la captura incidental, los efectos del cambio climático y la necesidad de reformas en la autoridad pesquera. Se destacó la necesidad de un manejo pesquero integral, basado en ciencia y gobernanza transparente, para evitar el colapso de los recursos marinos y asegurar el bienestar de las comunidades costeras.

Un punto de consenso fue la urgencia de implementar medidas inmediatas, aun cuando la información sobre las poblaciones pesqueras sigue siendo limitada. «No podemos esperar a tener todos los datos; debemos actuar ya con el conocimiento disponible y aplicar el principio precautorio», enfatizó Moisés Mug, biólogo pesquero con más de 40 años de experiencia.

El evento se desarrolló bajo la metodología Speed Talk, en la que cada experto contó con 10 minutos para presentar su visión sobre los elementos esenciales de la pesca sostenible. Entre las principales conclusiones, se resaltó la necesidad de:

  • Generar datos científicos sólidos sobre las especies objetivo para establecer límites de captura sostenibles.
  • Garantizar la transparencia en la actividad pesquera, asegurando que la información sobre capturas y esfuerzos de pesca esté disponible al público.
  • Fortalecer la gobernanza pesquera con un enfoque interdisciplinario e inclusivo, donde la academia, las ONG y el sector pesquero trabajen en conjunto.
  • Promover la diversificación económica en las comunidades pesqueras, impulsando alternativas sostenibles como el ecoturismo marino.
  • Incorporar estrategias de adaptación al cambio climático, ante la inminente reducción de especies y cambios en los ecosistemas marinos.

Los diputados presentes en el evento expresaron su compromiso con la sostenibilidad pesquera. «El desarrollo no puede existir sin equidad y sin respeto por el ambiente», afirmó el diputado Ariel Robles Barrantes del Partido Frente Amplio. Por su parte, la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista subrayó la importancia de tomar «una posición firme y estratégica para asegurar la conservación de nuestro océano.»

El presidente de la Comisión Marino Costera, Damián Martínez Fernández, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar un enfoque participativo en la creación de políticas públicas: «El desarrollo de una pesca sostenible es vital para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de Costa Rica. Mejorar este proyecto de ley con las sugerencias de los expertos y expertas es una oportunidad que no podemos dejar pasar.»

El encuentro concluyó con un llamado a la acción para reformar la gestión pesquera en Costa Rica, reforzar la fiscalización de la pesca ilegal y garantizar que las leyes ambientales sean efectivas y respetadas. Los hallazgos del evento serán recopilados en un documento técnico que se entregará a los tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas.

Con un país cuya economía y seguridad alimentaria dependen en gran medida de sus recursos marinos, el mensaje es claro: la pesca sostenible es una necesidad urgente, no solo para la conservación del ecosistema, sino para la supervivencia de miles de familias que dependen del mar.

Parlamento Cívico Ambiental se une a la oposición a la propuesta de nuevo decreto ejecutivo sobre pagos por servicios ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Comunicado

  • Por resolución de sus 41 organizaciones, manifiesta su apoyo a los señalamientos de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC que señala que generaría efectos negativos que impactarían a los afiliados al modelo de PSA.

  • Asimismo, se solidariza con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos abrazando las apuntadas inconsistencias tanto, legales como técnicas, además de cambios que no muestran una mejora al programa de Pago de Servicios Ambientales, ni al incentivo de conservación.

  • Insta a que se aprovechen las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paris que podrían traer recursos adicionales para mantener e incluso ampliar el Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica.

Este 11 de junio del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 36-24 en el que este foro cívico manifiesta su apoyo a los señalamientos de la Dirección de Mejora Regulatoria, solicitando al MINAE que atienda los efectos negativos que impactarían a los afiliados al modelo de PSA. Declara que entre las más preocupantes falencias están las que afectan la participación de los territorios indígenas en el sistema de pago por servicios ambientales. Asimismo, apoya que se solicite al MINAE determinar la evidencia empírica utilizada para identificar los aspectos del modelo actual de PSA que deberían ser modificados y que se pida determinar cuantitativamente las metas a alcanzar con la reforma. Se solidariza el Parlamento con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos abrazando las apuntadas inconsistencias legales y técnicas, además de cambios que no muestran una mejora al programa, especialmente las que se refieren a los cambios en los servicios ambientales reconocidos, la desmejora del incentivo en términos económicos y el debilitamiento de los requerimientos técnicos de regencia que inciden en la credibilidad de las prácticas nacionales de monitoreo, reporte y verificación. Instar a que se aprovechen las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paris que podrían traer recursos adicionales para mantener e incluso ampliar el PSA en Costa Rica

La resolución llama al Poder Ejecutivo a respetar y salvaguardar la integridad, autonomía técnica, funcionalidad y solidez financiera de la institucionalidad ambiental costarricense y exige el cumplimiento con la necesaria participación de los habitantes de la república en la toma de las decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente nacional. Insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que manifiesten su posición respecto a esta propuesta dado su potencial efecto sobre una de las principales herramientas de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costarricenses. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país.

Rebeca Vaglio de la Organización Regenerativa Matzù Insigne, presidenta de la Comisión de Turismo Ecológico, Agroecología y Economía Verde, señaló que el parlamento con esta resolución responde al fuerte llamado que han hecho varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Alejandro Muñoz de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, presidente de la Comisión de Energía y Minas y Victor Arce, de la Asociación Costas de Surf, secretario de la Comisión Marino y Costera resaltaron que a la par del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el PSA ha sido clave para reversar la deforestación en Costa Rica. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que velar por los mecanismos de conservación como el PSA es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación que se está presentado respecto a esta propuesta especialmente porque afecta los intereses de los afiliados más pequeños y de los pueblos originarios.

Para más información:

Vocerías: Bernardo Aguilar González (presidente Parlamento Cívico Ambiental) 89206174

Oscar Moya Cantero (primer secretario Parlamento Cívico Ambiental) 7297 7688

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

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Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

ACUERDO-10-24-DEL-PCA-SOBRE-DERECHO-AL-AGUA-Y-ARRESTOS-EN-HATILLODescarga

Parlamento Cívico Ambiental recuerda convocatoria para nuevas organizaciones interesadas en participar

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Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental abrió las solicitudes de convocatoria de inscripciones para nuevas organizaciones, del día 8 de enero al 8 de febrero como fecha límite. 

Los requisitos de solicitud son los siguientes: 

  • Solicitud de incorporación con reseña y naturaleza de la organización, empresa, institución o movimiento.
  • Nombre, correo electrónico y teléfono de representante titular y suplente.

Los requisitos deben ser enviados al correo: directorio.parlambiente@gmail.com 

Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y la de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud! 

Puede encontrar más información: 

Facebook: Parlamento Cívico Ambiental-Costa Rica

Instagram: Parlamento Cívico Ambiental-Costa Rica

Twitter: @ParlaAmbienCR

Convocatoria: Participación en el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Por Mauricio Bonilla Blanco

Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.

Se recibirán solicitudes del 8 de enero al 8 de febrero del 2023.

Requisitos de Solicitud:

-Breve reseña y naturaleza de la organización.

-Nombres, correo electrónico y teléfono de una persona representante titular y suplente.

Los requisitos deben ser remitidos al correo electrónico: directorio.parlambiente@gmail.com

Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y las de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!

Parlamento Cívico Ambiental saluda la lucha contra la explotación minera en Panamá y advierte sobre los intentos para revivirla en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado
28 de noviembre del 2023

Celebran la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras.

Con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

En San José, Costa Rica, el Parlamento Cívico Ambiental tomó una resolución el 24 de noviembre del 2023 considerando que la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social. Un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.

Asimismo, consideró que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. Los antecedentes históricos muestran una progresión de hechos que desembocaron en justas protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se opusieron al proceder gubernamental respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que causó costos enormes para la población de esta hermana nación.  

En reacción al nivel de las protestas el congreso panameño aprobó una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes.

El Parlamento Cívico Ambiental acordó declarar su solidaridad con esta lucha y Celebrar el llamado firme y decidido de la sociedad civil para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.

Llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico. Expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.

Finalmente, considerando que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068, acordó que con espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación de este proyecto.

Se adjunta el acuerdo completo.

  • Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
  • Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
  • Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
  • Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
  • Asociación Ecologista Desamparados.
  • Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
  • Asociación Montaña Verde.
  • Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
  • Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
  • Asociación Proyecto Camino Verde.
  • Asociación PEDAL
  • Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
  • Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
  • Asocuenca-Río Cañas.
  • Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
  • Centro de Acopio Preserva Planet.
  • Coalición Ambiental Costa Rica.
  • Cruzando Fronteras.
  • Escuela Socioambiental de Caraigres.
  • Federación Costarricense de Pesca.
  • For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
  • Fundación Confianza Verde.
  • Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
  • Fundación One Sea.
  • Fundación Operation Rich Coast.
  • Fundación Sombrilla del Bosque.
  • Fundación Somos Árboles y Vida.
  • Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
  • Green Wolf.
  • Hidrobag.
  • Milenio 3 S.A.
  • Movimiento Ciudadano PYMES CR.
  • Municipalidad de San Rafael de Heredia.
  • Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
  • Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
  • Programa de Gestión Local UNED.
  • Red Costarricense de Reservas Naturales.
  • Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Capítulo Costa Rica.
  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
  • Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
  • Universidad de Costa Rica.
  • Universidad Nacional.

Directorio Parlamento Cívico Ambiental
Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría

En representación de sus organizaciones miembro.

Texto del acuerdo completo

ACUERDO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL SALUDANDO LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN PANAMÁ Y ADVIRTIENDO LOS INTENTOS PARA REVIVIRLA EN COSTA RICA

Considerando:

Primero:  Que, desde el 12 de mayo del 2023, el Parlamento Cívico Ambiental ha manifestado vehemente y decidida oposición a propuestas que buscan implementar actividades extractivistas como la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.

Segundo: Que, de conformidad con los registros del Atlas Mundial de Justicia Ambiental, la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social.

Tercero: Que un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.

Cuarto:  Que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. 

Quinto: Que el proceso de conflictividad actual tiene como antecedente que, desde la administración Pérez Valladares en 1997, se aprueba la concesión administrativa de Cerro Quema y la concesión de Petaquilla, concediéndose exoneraciones, tierra y agua sin la licitación exigida por la normativa.

Sexto: Que esas concesiones debieron cancelarse por ausencia de inversión durante el gobierno de Mireya Moscoso, cosa que no se hizo.

Séptimo: Que en la administración Torrijos, siguiéndose sin hacer las inversiones de ley, se aprobó que la concesión de Petaquilla se dividiera en Petaquilla Gold, explotada por empresas dirigidas por el empresario Richard Fifer, y Petaquilla Cooper, que fue comprada por la empresa canadiense Inmet. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold.

Octavo: Que en la administración de Ricardo Martinelli se impulsaron diversas reformas de la normativa ambiental y laboral panameña (ley chorizo) buscando favorecer a las compañías mineras, permitiendo a empresas extranjeras invertir en minería, con lo que Corea del Sur compró acciones de la minera del cobre. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Cooper, Inmet le vendió la concesión a First Quantum, en medio de demandas de inconstitucionalidad (1998 y 2010) para el proyecto y acusaciones de manipulación y especulación con el precio de sus acciones.  

Noveno: Que en diciembre de 2017 se dictan los fallos de las dos acciones de inconstitucionalidad pero no se notifican. Asimismo, a pesar de ser inapelables, la administración Varela recurre los mismos. Indica la prensa panameña que esa administración pactó con la corte con el fin de que las mineras no fueran dejadas sin respaldo.

Décimo: Que en junio del 2021 se declara inconstitucional el proyecto minero nuevamente. Sin embargo, la corte se percata de que no se publicó el fallo del 2017 y procede a publicar un día el primer fallo y al día siguiente el segundo.

Décimo Primero: Que el gobierno de Varela había renovado el contrato de First Quantum en 2016 sin consulta, ni auditorías y con las demandas de inconstitucionalidad por fallarse. Esa administración no canceló tampoco la concesión de Cerro Quema.

Decimo Segundo: Que la administración Cortizo realizó el pacto del bicentenario y se renegocia el contrato con oposición clara de la ciudadanía a la minería. La Asamblea panameña recibe ese contrato en agosto del 2023 y producto de la consulta se le devuelve el contrato al ejecutivo a pesar de que el ordenamiento panameño establece que los contratos ley deben ser aprobados o rechazados. El gobierno retira el contrato el 10 de octubre y el 11 aprueba un nuevo contrato que es refrendado por la contraloría y vuelve al congreso el 16 de octubre. Se aprueba el contrato en primero, segundo y tercer debate y es firmado por Cortizo, saliendo publicado en la Gaceta para el 20 de octubre.

Décimo Tercero: Que inmediatamente después de estos hechos se desatan las protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se oponen al proceder respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que está cobrando costos enormes para la población de esta hermana nación.

Décimo Cuarto: Que en reacción al nivel de las protestas el congreso panameño ha aprobado una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes. Asimismo, se dictó anteriormente una resolución de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato que renegoció la administración Cortizo (Ley 406 de 2023) en la cual se ha declarado inconstitucional ese contrato, pero que tuvo defectos de forma en su publicación. En reacción a la situación se planteó un nuevo y definitivo recurso de inconstitucionalidad.

Décimo Quinto: Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

Por lo tanto, el Parlamento Cívico Ambiental acuerda:

Primero: Declarar su solidaridad con el pueblo panameño en la defensa de su derecho a un ambiente sano, de los derechos humanos de sus habitantes y en rechazo a estos contratos de minería a cielo abierto que atentan además contra la legalidad y la soberanía de esta hermana nación.

Segundo: Celebrar la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.

Tercero: Que llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico.

Cuarto: Que expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.

Quinto: Que con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

Sexto: Acordamos difundir este manifiesto con la ayuda del Departamento de Participación Ciudadana a la prensa nacional e internacional, en los sitios del Parlamento y a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

Dado en el Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a las 12:00 horas del 24 de noviembre del 2023.

Por las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental:

–           Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.

–           Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.

–           Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.

–           Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.

–           Asociación Ecologista Desamparados.

–           Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.

–           Asociación Montaña Verde.

–           Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.

–           Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.

–           Asociación Proyecto Camino Verde.

–           Asociación PEDAL

–           Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA

–           Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.

–           Asocuenca-Río Cañas.

–           Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.

–           Centro de Acopio Preserva Planet.

–           Coalición Ambiental Costa Rica.

–           Cruzando Fronteras.

–           Escuela Socioambiental de Caraigres.

–           Federación Costarricense de Pesca.

–           For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.

–           Fundación Confianza Verde.

–           Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.

–           Fundación One Sea.

–           Fundación Operation Rich Coast.

–           Fundación Sombrilla del Bosque.

–           Fundación Somos Árboles y Vida.

–           Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.

–           Green Wolf.

–           Hidrobag.

–           Milenio 3 S.A.

–           Movimiento Ciudadano PYMES CR.

–           Municipalidad de San Rafael de Heredia.

–           Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.

–           Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.

–           Programa de Gestión Local UNED.

–           Red Costarricense de Reservas Naturales.

–           Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica-Capítulo Costa Rica.

–           Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.

–           Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

–           Universidad de Costa Rica.

–           Universidad Nacional.

Firma su Directorio:

Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría