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Etiqueta: participación ciudadana

Ser y razón de ser de la campaña electoral

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Nuestras campañas electorales se asemejan a los partidos de futbol: tienen dos tiempos separados por un intermedio que abarca – en el caso de nuestras campañas electorales – el mes de diciembre, porque en ese mes la gente se dedica a preparar y celebrar los festejos de fin de año. Pero ambos períodos son diferentes: el primero se destina a dar a conocer a los candidatos y sus partidos, cosa muy necesaria dado el (sin)número de partidos y candidatos que se exhibe como oferta electoral ante el electorado. No pocos de ellos son totalmente desconocidos y representan un “partido” igualmente poco conocido, por lo que aspiran tan sólo a lograr una diputación. En el “segundo tiempo”, que abarca el mes de enero, la campaña se centra en la figura de los candidatos, quienes deben confrontar sus ideas y programas de gobierno frente a sus adversarios políticos. Pero lo realmente importante de esta contienda electoral, como de toda actividad política, lo constituye el mayor o menor protagonismo del pueblo, pues son los ciudadanos – ¡y sólo ellos! – quienes deben decidir quiénes los gobernarán desde Cuesta de Moras y Zapote.

Lo más significativo de la actitud de la mayoría de nuestros compatriotas es su indecisión, que no es sinónimo de indiferencia, porque estoy convencido de que el costarricenses gusta de inmiscuirse en los asuntos políticos, cosa que en lo personal me parece muy bien. Por eso considero que la indecisión no necesariamente implica indiferencia y menos menosprecio o despreocupación sobre los destinos de la Patria, al menos en la mayoría. Ciertamente habrá un número –y mucho me temo que cada vez sea mayor- de quienes repudian la política en sí misma; esos son la verdadera y más radical “oposición”, pues, si bien hay un porcentaje que no puede ejercer el derecho al voto por razones válidas, como es estar enfermo o imposibilitado por alguna u otra razón, lo cierto es que aquellos que menosprecian a la clase política en no pocos casos ya no creen en el sistema político que nos rige. Por su parte, los ciudadanos conscientes deben convencer a sus conciudadanos de la importancia de que, si realmente quieren perfeccionar nuestro régimen democrático, deben tomar conciencia de la importancia de interesarse en la contienda electoral, porque allí se deciden en buena medida los destinos de la Patria. La campaña electoral debe servir para esos fines de educación cívica. Si se me permite el símil, el “primer tiempo” de esta campaña fue para conocer la oferta electoral; por lo que los costarricenses deben aprovechar la pausa decembrina para reflexionar seriamente en torno a la importancia de la misma para estar plenamente conscientes de la trascendencia de la decisión que tomen en la soledad del recinto electoral, dado que la conducción política del país no recae únicamente- si bien de manera prioritaria – en los miembros de los supremos poderes, ya que la democracia auténtica se rige por la participación directa, consciente y mayoritaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. La democracia somos todos. El control político no debe estar en manos únicamente de los diputados de oposición, si bien es sobre ellos que recae esta responsabilidad a tenor de las normas constitucionales. Una ciudadanía organizada no sólo para las elecciones, sino para todos los asuntos que conciernen el bien común, es la única posibilidad de que podamos preservar el mayor y mejor legado de nuestros antepasados: el Estado Social de Derecho. La calidad y solidez de nuestra democracia se mide en proporción al nivel de la conciencia cívica de los ciudadanos. La campaña electoral debe ser considerada como un tiempo fuerte en que se inviertan esos inmensos recursos económicos y mediáticos a inculcar en la ciudadanía lo que realmente significa construir una comunidad nacional libre. Por eso debe comenzar por estar bien informado.

El “segundo tiempo” de la campaña debe servir para motivar. Nadie hace una actividad si no está debidamente motivado, lo cual sólo se logra cuando se valora lo que se hace. Los candidatos deben centrarse en los temas a tratar y en los debates en torno a los desafíos que enfrenta actualmente la democracia costarricense, con vehemencia, pero sin recurrir al insulto o a ataques que aludan a la vida privada de sus contendientes. El pueblo financia la campaña con el fin de conocer de primera mano a quienes va a elegir, delegando en ellos buena parte de su poder, sin por ello renunciar a ejercerlo a tenor de las normas constitucionales cuando lo crea necesario. Por algo la Constitución califica al pueblo como el único SOBERANO, porque su soberanía nunca se delega. Esto no significa que debamos pasar por alto los errores y vicios de quienes aspiran a gobernarnos. El ejercer el poder no es sólo un honor, es ante todo, demostrar fehacientemente ante la ciudadanía que se está en capacidad de asumir las responsabilidades que esto implica. Quienes confunden, como se ha hecho lastimosamente costumbre en tiempos recientes, sus intereses privados con los del bien común, sólo merecen que el pueblo les aplique “el voto castigo”. Quienes amamos a nuestra querida Costa Rica esperamos que así sea el próximo 1ro. de febrero.

LA DEMOCRACIA (con mayúscula) sólo se logra cuando se sustenta en la ética, cuando política y ética se identifican, como enseñaba Sócrates. Por eso una – y, quizás, la principal- razón de ser de esta campaña es luchar contra los prejuicios de quienes ven en la política algo intrínsecamente malo, hasta el punto de que para ellos hacer política e, incluso, hablar de política es incurrir en algo perverso. Por lo contrario, la política es algo noble y nos ennoblece hacerla con espíritu patriótico. Es aquí donde radica lo que he titulado “el ser y razón de ser de esta campaña”.

Conversatorio abordará el aporte de la fe a la defensa de la democracia

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en conjunto con la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Seminario Andino San Pablo (SASP) y la Asociación Educativa Teológica Evangélica (AETE–Perú), invita al conversatorio “La importancia de la fe en la defensa de la democracia”, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 3:00 p. m., en la sede del DEI en Sabanilla.

La actividad forma parte de una peña cultural organizada en el marco del lanzamiento en Costa Rica de la campaña regional Fe y Democracia (2025–2028), una iniciativa ecuménica y académica que busca abrir espacios de reflexión pública sobre el aporte de las espiritualidades a la convivencia democrática, la participación ciudadana y la justicia social.
Esta campaña articula a instituciones de diversos países de América Latina y se propone acompañar debates actuales sobre derechos humanos, vida pública y construcción de alternativas frente a discursos fundamentalistas o excluyentes.

Fe y Democracia

Desde esta perspectiva, el conversatorio en Sabanilla se plantea como un espacio para dialogar sobre cómo las experiencias de fe pueden contribuir a defender la democracia, fortalecer la participación y promover relaciones sociales más justas. Las organizaciones convocantes destacan que la región atraviesa tensiones marcadas por desigualdades, discursos de odio y prácticas autoritarias, lo que hace necesario renovar conversaciones amplias, diversas y respetuosas sobre los sentidos públicos de la espiritualidad.

La jornada cultural del 6 de diciembre se suma a otras acciones iniciales de la campaña Fe y Democracia, que en 2025 impulsará materiales pedagógicos, actividades comunitarias y contenidos orientados a promover una espiritualidad comprometida con la dignidad humana, la equidad y la justicia social.

Fe y Democracia

El DEI y las instituciones coparticipantes reiteran la invitación al público interesado y subrayan la importancia de abrir espacios de encuentro que reconozcan la diversidad religiosa y cultural de la región, fomenten el pensamiento crítico y fortalezcan la vida democrática.

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.


La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.


Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.


Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.


Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Fe y Democracia: iniciativa regional abre un proceso de reflexión sobre espiritualidad, derechos y vida pública en América Latina

Cuatro instituciones ecuménicas y académicas de la región anunciaron el inicio de “Fe y Democracia”, una campaña continental que se desarrollará entre 2025 y 2028 y que busca abrir espacios de diálogo público sobre el aporte de las espiritualidades a la convivencia democrática, los derechos humanos y la justicia social.

La iniciativa es impulsada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Seminario Andino San Pablo (SASP) y AETE–Perú, y surge como respuesta a un contexto en el que discursos fundamentalistas vienen utilizando argumentos religiosos para restringir derechos, legitimar prácticas autoritarias y profundizar la polarización política.

Según las entidades convocantes, la campaña pretende visibilizar y fortalecer experiencias de fe comprometidas con la dignidad humana, la participación democrática y la defensa de la vida en todas sus expresiones, en oposición a discursos que instrumentalizan la religión para justificar exclusiones o retrocesos en materia de derechos.


Un proceso de cuatro años para pensar vínculos entre fe, sociedad y democracia

El proyecto propone una mirada escalonada, organizada en cuatro ejes temáticos, uno para cada año:

  • 2025 — Fe y Democracia: diálogo, participación y alternativas frente a narrativas regresivas.

  • 2026 — Fe y justicia de género: reconocimiento de mujeres y disidencias en espacios religiosos y comunitarios.

  • 2027 — Fe, pueblos originarios y afrodescendientes: espiritualidades territoriales, justicia histórica y memoria colectiva.

  • 2028 — Fe y justicia socioambiental: defensa del territorio, ética ecológica y cuidado de la creación.

La campaña busca articular procesos sostenidos en distintos países latinoamericanos, conectando reflexiones teológicas, prácticas comunitarias y debates de actualidad sobre la vida democrática.


Una espiritualidad que sostiene la democracia

El comunicado subraya que en América Latina las comunidades de fe son diversas y están lejos de constituir un bloque homogéneo o necesariamente conservador. Existen experiencias que promueven valores como la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

Para Natalia Serrano Álvarez, coordinadora regional de la campaña, los desafíos actuales requieren abrir conversaciones amplias entre actores diversos:

“Necesitamos abrir espacios de conversación que salgan de nuestros círculos habituales y permitan encontrarnos con voces diversas. El objetivo es generar conversaciones capaces de reconstruir confianza y convivencia democrática”.

Desde esta perspectiva, la iniciativa plantea dos preguntas centrales:
¿Qué tipo de fe está moldeando hoy la vida pública en América Latina? y ¿cómo puede la espiritualidad contribuir a fortalecer la democracia y la justicia social?

La campaña incorporará también una propuesta visual inspirada en la diversidad cultural latinoamericana, con símbolos, historias e imágenes que expresan esperanza y una espiritualidad que defiende la vida.


Actividades iniciales en 2025

Durante el primer año se prepararán materiales pedagógicos, contenidos digitales, acciones públicas y actividades culturales para promover la reflexión sobre fe, democracia y participación ciudadana.

La campaña tendrá dos actividades de lanzamiento:

Perú – 29 de noviembre de 2025 (9:00 a.m. – 12:30 p.m.)

Acto cultural y celebración litúrgica “Justicia, memoria y dignidad humana”, en el Monumento Memorial El ojo que llora, en Lima.

Costa Rica – 6 de diciembre de 2025 (3:00 p.m. – 8:00 p.m.)

Peña cultural conmemorativa del Día de los Derechos Humanos, en la sede del DEI, en Sabanilla.
La programación puede consultarse en:
https://drive.google.com/file/d/1Tga8GnhsNmvfcOBr3jXRjCQcxo8OSOPw/view?usp=sharing


Una apuesta por el diálogo y la diversidad en tiempos de polarización

El comunicado señala que la región vive un momento marcado por desigualdades, discursos de odio y crecientes tensiones políticas. Frente a ello, la campaña busca promover un debate público plural, respetuoso y comprometido con la vida democrática.

Las organizaciones participantes llaman a sumarse a esta propuesta mediante el intercambio de ideas, la participación comunitaria y la construcción de espacios colectivos que dignifiquen la vida y fortalezcan la justicia social.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Reclamo formal por silencio administrativo en caso de presunto daño ambiental en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó un reclamo formal ante la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) por la ausencia total de respuesta institucional a una denuncia ambiental presentada el 27 de octubre de 2025. El caso se relaciona con presuntas obras ilegales ejecutadas por la empresa ODIO Y GÁMEZ S.A. —propietaria del Hotel Almendros y Corales— dentro del Sitio Ramsar n.º 783, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El reciente oficio AEL-00359-2025, fechado el 1 de diciembre de 2025, sostiene que ACLAC ha incurrido en silencio administrativo absoluto, sin emitir acuse de recibo, sin asignar número de expediente y sin responder a la solicitud de medidas cautelares ni a los requerimientos de información ambiental formulados en el oficio previo AEL-00356-2025 del 27 de octubre. Este último documento expone con detalle las denuncias de presunto cambio de uso de suelo, drenajes, rellenos, tala, fraccionamientos y construcción de piscinas dentro del área protegida, actuaciones que —según se argumenta— continúan sin intervención administrativa alguna.

Exposición de los hechos denunciados

En el oficio AEL-00356-2025 se solicita información técnica basada en imágenes digitales del IGN y del SNIT, conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, para verificar posibles afectaciones ambientales en el plano L-124962-1993 (folio real 7-060570-000), propiedad de la empresa señalada. La petición se fundamenta en:

  • El derecho constitucional de petición y acceso a la información pública (arts. 27 y 30).
  • El derecho a un ambiente sano (art. 50).
  • La Ley de Biodiversidad.
  • El Acuerdo de Escazú.
  • Jurisprudencia nacional e internacional que ordena máxima divulgación de información ambiental.

El documento también denuncia que, pese a lo reportado, las obras ilegales continúan en un sitio Ramsar, contraviniendo el principio de no regresión ambiental, el principio precautorio, el principio preventivo y obligaciones internacionales de Costa Rica.

Reclamo por incumplimiento institucional

El oficio AEL-00359-2025 enfatiza que han transcurrido más de 24 días hábiles sin que ACLAC haya emitido respuesta alguna, lo que constituye —según el reclamante— una violación a:

  • La Ley Marco de Acceso a la Información Pública n.º 10554.
  • La Constitución Política.
  • La Ley General de la Administración Pública.
  • Obligaciones internacionales del Estado costarricense, incluyendo el Convenio Ramsar y el Convenio 169 de la OIT.

El reclamo sostiene que esta omisión deja en indefensión al Sitio Ramsar n.º 783 y a las comunidades costeras y afrodescendientes vinculadas a dicho ecosistema.

Solicitudes formales dirigidas a ACLAC

El oficio exige que, en un plazo máximo de tres días hábiles, ACLAC:

  1. Responda de forma integral la denuncia del 27 de octubre de 2025, incluyendo:
    • Acuse de recibo.
    • Número de expediente.
    • Informe técnico actualizado.
    • Detalle de medidas cautelares adoptadas o explicación motivada de su ausencia.
  2. Ordene la paralización cautelar inmediata de todas las obras en el plano L-124962-1993, hasta que se resuelva el fondo del caso.

Asimismo, el reclamante anuncia que, de persistir el silencio administrativo, interpondrá:

  • Recurso de amparo.
  • Denuncia penal por abuso de autoridad y prevaricato.
  • Queja ante la Secretaría Ramsar en Ginebra.

Personas y entidades copiadas en ambos oficios

Los documentos fueron enviados también a:

  • Defensoría de los Habitantes.
  • Contraloría General de la República.
  • Procuraduría General de la República.
  • Fiscalía Agrario Ambiental.
  • Municipalidad de Talamanca.

Firma los oficios

  • Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.

Sala Constitucional ordena investigar marcación de árboles en Brasilito y reafirma el derecho ciudadano a participar en decisiones ambientales

El 21 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con una amenaza de tala ilegítima de árboles en el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho. La resolución fue notificada oficialmente el 25 de noviembre y establece directrices contundentes sobre la protección ambiental, la participación ciudadana y el acceso público a las playas.

Sobre el deber de investigar y establecer los responsables de la amenaza cierta de tala ilegítima de árboles:

La Sala Constitucional determinó que existió una amenaza real y comprobada de tala ilegítima en la zona, evidenciada por la marcación de al menos 68 árboles. Ante esta situación, el Tribunal concluyó que, al no existir autorización para cortar árboles, las autoridades debieron actuar de inmediato, no solo retirando las marcas, sino también abriendo de oficio una investigación para determinar a los responsables y adoptar medidas preventivas bajo el principio precautorio. Declaran que “lo adecuado era que de inmediato y de oficio se procediera a investigar lo ocurrido y a establecer las responsabilidades y medidas correspondientes ante las acciones constatadas, que, se reitera, implicaron una amenaza cierta de tala ilegítima y, por ende, al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resguardo en el artículo 50 de la Constitución Política”.

Por lo que, la Sala Constitucional ordena de manera inmediata una investigación para identificar el motivo y a los responsables de la marcación de árboles, así como adoptar medidas precautorias que impidan cualquier tala sin autorización. Además, impone un plazo de dos meses para concluir el procedimiento y dictar la resolución respectiva, garantizando la protección efectiva del ambiente y el cumplimiento conforme a las disposiciones de la resolución y el ordenamiento jurídico”

Razones adicionales de los magistrados sobre la participación ciudadana y consulta a la comunidad:

Los magistrados señalaron que la Municipalidad de Santa Cruz no garantizó el derecho a la participación ciudadana en relación con el proyecto de mejoras del camino público amparado en el “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03138”. La Sala destacó que dicho proyecto tiene implicaciones ambientales relevantes, entre ellas la posible afectación de un corredor biológico utilizado por fauna local, especialmente monos aulladores. Ante la ausencia total de mecanismos de consulta o comunicación con la comunidad, el Tribunal consideró transgredido el derecho constitucional de participación ciudadana y ordenó a la Municipalidad implementar los procesos necesarios para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía antes de ejecutar cualquier obra vinculada a dicho convenio.

En sus palabras: “consideramos transgredido el derecho a la participación ciudadana, toda vez que, efectivamente, no consta que, de alguna manera, este se haya garantizado por parte de la municipalidad accionada. En ese tanto, se desprende que, dentro de las obras a ejecutar con base en el convenio antedicho, está la poda o corte de determinados árboles del camino público en cuestión (en ese tanto, véase que se constató que al menos 68 árboles de esa zona fueron marcados); además, el accionante expone que también se podría afectar un corredor biológico esencial para la fauna local (especialmente monos aulladores). […] De tal manera, es claro que el desarrollo del proyecto de mejora del camino en el marco del convenio de marras tiene implicaciones ambientales, que no fueron efectivamente comunicadas ni consultadas a través de algún mecanismo a la ciudadanía”. […] Así las cosas, en consideración a la posible afectación ambiental del proyecto a ejecutar, la ausencia absoluta de algún mecanismo de consulta ciudadana constituye un agravio susceptible de ser declarado en esta vía constitucional” […]

Sobre el cierre del camino mediante aguja:

La Municipalidad de Santa Cruz informó ante la Sala Constitucional que no ha autorizado la colocación de agujas ni barreras que obstruyan el libre tránsito hacia las playas bajo su jurisdicción. Esto implica el reconocimiento, por parte de la Municipalidad y sus funcionarios, de su obligación de ajustar sus actuaciones al ordenamiento constitucional, por encima de cualquier recomendación del Plan de Manejo de la Asociación Punta Loros o de cualquier otro ente interesado en promover potenciales bloqueos al paso público hacia el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho, o hacia cualquier otra playa bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz.

Con ello, la Municipalidad confirma su apego al respeto del derecho constitucional y, en particular, a la libertad de tránsito y, por lo tanto, se sobreentiende el compromiso de mantener el acceso público a las playas de su jurisdicción. Lo cual implica la obligación de proteger los bienes patrimoniales naturales del Estado bajo su administración, entendiendo que la zona marítimo-terrestre forma parte del patrimonio natural del Estado, según el ordenamiento jurídico costarricense, y que las disposiciones constitucionales y convencionales prevalecen sobre cualquier directriz administrativa o plan de manejo impulsado por terceros.

Desde el Comité Punta Pelencho reiteramos nuestro compromiso con la defensa del territorio y con la protección integral del patrimonio natural y cultural que nos define como comunidad. Este pronunciamiento reafirma no solo la obligación de las instituciones públicas de actuar conforme al ordenamiento jurídico, sino también nuestro derecho democrático a participar, vigilar y alzar la voz cuando el bienestar ambiental y social del país se ve comprometido.

Confiamos en que la Municipalidad de Santa Cruz cumplirá plenamente con lo dispuesto por la Sala, fortaleciendo sus procesos y actuando con transparencia, rigor técnico y diálogo abierto con la ciudadanía. Esperamos que este precedente marque el camino hacia una gestión más responsable, participativa y respetuosa del ambiente, construyendo soluciones que beneficien tanto a la comunidad como a nuestra casa común.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Diálogos por la democracia y los derechos humanos: convocatoria abierta para este 2 de diciembre

Para este 2 de diciembre se propone un espacio abierto de reflexión y análisis sobre los desafíos actuales que enfrenta Costa Rica en materia democrática y de derechos humanos. La actividad, titulada “Diálogos por la democracia y los derechos humanos”, se realizará el martes 2 de diciembre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Café Kracovia, ubicado en el Hotel Ave del Paraíso, San Pedro de Montes de Oca.

El encuentro reunirá a personas investigadoras, docentes y autoras que abordarán procesos políticos, legislativos y sociales que atraviesa el país. La actividad incluye:

  • Presentación del libro “Nuevas cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI”, a cargo de Carolina Sánchez y Carlos Sandoval.
  • Balance del Informe del Programa Estado de la Nación, a cargo de Leonardo Merino.
  • La agenda legislativa de la extrema derecha en Costa Rica, presentada por María Eugenia Román.
  • Entrega del libro “Pensamiento crítico, totalitarismo del mercado y extrema derecha. Franz Hinkelammert, in memoriam”, presentada por Norman Solórzano.

La actividad es organizada por tres organizaciones comprometidas con la promoción del pensamiento crítico y la defensa de los derechos humanos:

  • Fundación Rosa Luxemburg
  • Voces Nuestras
  • Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional

La invitación es abierta al público interesado en comprender los retos que enfrenta la institucionalidad democrática costarricense, así como en promover espacios de diálogo informados y plurales.

El legado del pacto de concordia

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

1º. de diciembre de 1821 – Primer ensayo democrático en Costa Rica

Al finalizar el largo período de dominio español en América, el proceso de independencia iniciado en México y Guatemala tuvo grandes repercusiones en la provincia de Costa Rica. Al igual que en otras provincias del Istmo Centroamericano, la búsqueda de una nueva alternativa de organización política ya fuera autónoma o confederada, supuso una época de gran incertidumbre e intensos debates ciudadanos.

Por ello, la fecha del 1º. De diciembre de 1821 ha trascendido en la historia nacional como un momento fundamental en la consolidación de la independencia de nuestro país, dando por concluido el largo período del dominio español e inaugurando un complejo proceso a través del cual nos convertiríamos, paulatinamente, en un nuevo estado libre y soberano.

A partir del 15 de setiembre de 1821, día en el que la Capitanía General de Guatemala declaró el fin del dominio español en sus provincias, se vivió en la nuestra una coyuntura de gran inestabilidad política, la cual repercutió en los diferentes ayuntamientos y poblaciones que se debatían entre dos alternativas: mantenerse dentro de los dictados de la Constitución de Cádiz de 1812, o impulsar un proceso por medio del cual se daría inicio a una nueva época de vida independiente. Por suerte, nuestros antepasados criollos escogieron ésta última, la vía de la libertad y la autonomía.

Al respecto, años después el historiador don Ricardo Fernández Guardia señalaba:

A los tres meses justos de haberse planteado ante ellos el muy escabroso problema de la Independencia llovida del cielo, nuestros abuelos, a pesar de su inexperiencia, de su falta de recursos de todo género, de las encontradas opiniones y de las dificultades que surgieron, habían logrado darle la mejor solución posible, instituyendo un gobierno constitucional libremente electo por el pueblo”. *

Todo aquello fue posible gracias a la temprana aprobación del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, también conocido como el Pacto de Concordia, el 1º. De diciembre de 1821. Con este instrumento jurídico se dio inicio al largo y complejo proceso que ha llevado a Costa Rica por los senderos de la vida republicana, la independencia nacional y la construcción de una democracia, cuya trayectoria no ha estado exenta del paso de políticos autócratas y de algunos intentos para socavar los cimientos de nuestra cultura política, pero que hasta ahora ha sobrevivido frente a diversas vicisitudes.

En ese sentido, debemos tener presente los acontecimientos del día 7 de noviembre de 1889, cuando los ciudadanos que apoyaban la elección del candidato don José Joaquín Rodríguez se manifestaron públicamente en defensa de su triunfo electoral, ante el peligro de que el gobierno en ejercicio no reconociera su legítima elección. Por esa razón, en esa fecha celebramos el Día de la Democracia Costarricense.

El doloroso paréntesis que significó el período transcurrido entre 1917 y 1919, cuando la paz costarricense se vio amenazada con la instauración de la cruel dictadura de los hermanos Tinoco, es un hecho que tampoco debe borrarse de la memoria nacional. Asimismo, deben tenerse presente las complejas circunstancias que en marzo de 1948 arrastraron a este pequeño país a una guerra civil, con consecuencias tan profundas que aún hoy resuenan en los oídos de nuestras generaciones mayores.

Sin embargo, la salida constitucional por la que apostaron los sectores vencedores en 1949 contribuyó a forjar una nueva etapa en nuestra historia nacional, con mayor justicia social y con valiosos proyectos para la modernización económica del país. Desde este punto de vista, no podemos dejar de mencionar también la Abolición del Ejército en Costa Rica en una fecha como ésta, el 1º. de diciembre de 1949, lo cual constituyó un paso de incalculable valor para garantizar la estabilidad futura del Estado costarricense.

En lo que va del siglo XXI, las luchas contra el Tratado de Libre Comercio en el año 2007 constituyeron otro antecedente inédito. La creación de los llamados comités patrióticos, a lo largo de todo el territorio nacional, fue una experiencia inédita de ejercicio democrático pues se convirtieron en centros de estudio y reflexión sobre el significado de nuestra independencia nacional.

Por todas esas razones, la actual coyuntura electoral nos debe llevar a reflexionar sobre la voluntad y la creatividad que necesita la sociedad costarricense para defender, una vez más, nuestra democracia y nuestra independencia. Hoy día, estamos lejos de vivir en un sistema democrático verdaderamente satisfactorio, sin diferencias económicas y sociales tan marcadas y con un consenso social exento de las amenazas del crimen, del aumento de los feminicidios, de la proliferación del narcotráfico y de la impunidad.

Por otra parte, echamos de menos el verdadero respeto por la división de poderes, como debe darse en cualquier régimen democrático y pluralista. Asimismo, clamamos por una participación más decidida del Estado costarricense para resolver los problemas de la creciente pobreza, del deterioro del sistema educativo y de la CCSS, de la producción agrícola nacional, del respeto a las diferencias de criterio de toda la ciudadanía, en fin, necesitamos seguir construyendo el país que queremos con paz social, tranquilidad, optimismo y estabilidad nacional.

El Instituto Sindical de Formación Democrática se compromete con este difícil reto para recuperar los avances obtenidos a lo largo de 204 años de vida independiente. El fomento de la consciencia cívica de la ciudadanía es indispensable para comprometerse en la solución de los graves problemas que hoy amenazan a nuestro país. Alimentar el espíritu del pluralismo, la participación ciudadana y el respeto a las diferencias políticas, religiosas, ideológicas y culturales será nuestra tarea prioritaria.

*. Peralta G. Hernán (1955) El Pacto de Concordia. Orígenes del Derecho Constitucional de Costa Rica. 2ª. Edición.

Foro del FA analizará la independencia judicial como pilar de la democracia

Este viernes 28 de noviembre, a las 5:00 p. m., se realizará el foro “La independencia judicial como pilar de la democracia”, organizado por el despacho del diputado Jonathan Acuña, del Partido Frente Amplio. La actividad será presencial, en el local del Frente Amplio ubicado en barrio González Lahmann, San José.

El espacio contará con la participación de dos personas invitadas con amplia trayectoria en el campo jurídico:

  • Walter Antillón Montealegre, jurista y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica.

  • Diana Madrigal Valerín, abogada y asesora legislativa.

La moderación estará a cargo del profesor Alejandro Guevara Arroyo, quien destaca que el foro busca reflexionar sobre los fundamentos constitucionales que sostienen el principio de independencia judicial, indispensable para cualquier república democrática.

En la invitación se señala que el orden constitucional costarricense se basa en la soberanía popular y en la división republicana de poderes. La independencia del Poder Judicial —“tan terrible entre los hombres”, en palabras de Montesquieu— constituye una garantía esencial para la legitimidad democrática, al asegurar que jueces y juezas decidan los casos sin presiones externas, a partir del derecho que protege a las partes.

El texto subraya además que la democracia costarricense enfrenta hoy una crisis de legitimidad con múltiples causas: prácticas institucionales acumuladas, limitaciones en el diseño constitucional y tensiones sociales amplificadas por décadas de políticas neoliberales. Este escenario, en Costa Rica y otros países de Occidente, ha favorecido el avance de movimientos populistas autoritarios que erosionan el pluralismo, buscan intervenir el funcionamiento de los poderes públicos —incluido el Judicial— y se consolidan controlando las instituciones.

Frente a estos riesgos, el llamado del foro es a activar la participación cívica y reforzar la defensa de la institucionalidad democrática. En el encuentro se discutirán diagnósticos y posibles rutas de reforma para fortalecer la independencia judicial y protegerla como elemento esencial de un orden social basado en libertad y justicia.

Las personas interesadas en asistir pueden completar el formulario disponible en:
🔗 https://forms.gle/YZGcpmDW9bpv5Gmc6