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Etiqueta: participación ciudadana

Fundación Caminantes de Costa Rica invita a jornada de salud comunitaria

Este sábado 11 de octubre de 2025, la Fundación Caminantes de Costa Rica y el Grupo de Adultos Mayores Andariegos invitan a la comunidad a participar en una Prueba de Esfuerzo Física abierta y solidaria, que se realizará en la Plaza Roosevelt de San Pedro, costado este, zona de juegos.

Durante la actividad, las personas podrán conocer sus destrezas y habilidades, presión arterial y frecuencia cardíaca, mediante una evaluación sencilla, útil y práctica. La jornada se desarrollará entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, en un ambiente comunitario que promueve la salud y la prevención.

La participación es mediante contribución voluntaria y las inscripciones están abiertas. Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda y calzado apropiado.

Para más información, puede comunicarse al teléfono 7189-4252.

¿Y si el cansancio moral incuba una esperanza?

Henry Mora Jiménez

Días atrás tuve la ocasión de leer el motivador artículo “El cansancio moral de un país decente”, escrito por Vinicio Jarquín, a quien no tengo el gusto de conocer.

El artículo, aunque sugestivo y conmovedor, trasluce un halo de desaliento que seguramente el mismo autor no desea transmitir. Por eso, quiero aprovechar la gran audiencia que el artículo de V. Jarquín ha tenido en redes, para proponer un mensaje más esperanzador, porque incluso cuando navegamos en aguas turbulentas y no se avizora tierra cercana, nunca debemos de renunciar a ese rayo de “pesimismo esperanzador” que nos permitirá encontrar una salida. Mi visión no es opuesta a la de V. Jarquín, quizás más bien complementaria.

V. Jarquín diagnostica un malestar profundo, pero (supongo que conscientemente) nos deja en el límite de lo sintomático. ¿Y si la esperanza no es solo un «algo que volverá”, sino que puede y debe ser cultivada de manera activa y estratégica?

Jarquín describe como la mayoría decente «se ha replegado a su vida privada porque el espacio público se volvió inhabitable». Esto, aunque comprensible, indicaría una rendición tácita.

¿Y si en lugar de un simple «repliegue», lo que podría estar ocurriendo es un proceso de incubación? La gente no se está rindiendo; está buscando y creando espacios públicos alternativos donde al menos la decencia sea una norma imbatible.

Si es así, entonces la energía no se pierde, se redirige. Pero seguramente, por el momento, la esperanza está en fortalecer las comunidades locales, reales y virtuales, nuevas esferas públicas donde la ética, el debate de altura y la cooperación sí funcionan.

Como lo he expresado en otro momento, en lugar de solo quejarnos de los espacios (y los algoritmos) que premian el escándalo y la corrupción, debemos apoyar con gran entusiasmo a periodistas, artistas y creadores que producen contenido sensato, riguroso, valiente y constructivo. Esto «reprograma» el espacio digital.

Jarquín dibuja a la mayoría silenciosa como agotada y sin voz. Esto, nuevamente trasluce desánimo, porque nos presenta como víctimas inermes.

¿Y si el silencio no es sinónimo de impotencia? Puede ser una elección deliberada y hasta estratégica de no participar en una conversación pública que se ha vuelto estéril y tóxica. Es un «cansancio activo» que rechaza las reglas del juego actual.

El desafío no es que esta mayoría «recupere su voz» en el mismo escenario ruidoso y ruinoso, sino que cambie el canal de comunicación.

El boicot a medios y espacios que patrocinan la vulgaridad y la violencia es imperativo. Impulsemos el voto informado y masivo en las elecciones que se avecinan. Incluso el acto deliberado de ignorar el circo mediático es una forma poderosa de actuar sin necesidad de gritar.

Cada persona que en su día a día elige la honestidad, la paciencia y el respeto, está siendo un líder activo. Esta es una revolución silenciosa pero constante.

Otro punto. La visión de Jarquín presenta el cansancio como una carga. No lo descarto, pero podemos verlo también con otros ojos, alineándonos incluso con su última y hermosa frase: «Es el alma del pueblo respirando antes de volver a ponerse de pie».

El «cansancio moral» puede ser la señal de salud de un cuerpo social que se da cuenta de que un sistema (el de la confrontación, la mentira y la vulgaridad como normas) no nos representa y no es funcional a la democracia. Puede ser el agotamiento que precede a una gran transformación. Es el fin de un ciclo, no el fin del camino.

Así, en lugar de lamentar el cansancio, es muy positivo advertir que lo estamos reconociendo a tiempo. Nos está diciendo: «Este camino no es viable. Busquemos otro».

Porque la esperanza reside en usar este momento de creciente rechazo para reflexionar colectivamente sobre qué tipo de comunicación y política (y políticos) queremos.

¿Y si este malestar es el caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de diálogo y nuevas plataformas de participación que sean inherentemente más éticas, respetuosas y constructivas?

La mayoría no está en retirada, está en un proceso de reagrupamiento y redefinición de sus tácticas.

El cansancio no es el final, puede ser el síntoma de que algo está a punto de cambiar para mejor. Es la señal de que lo viejo se está agotando para dar paso a lo nuevo.

La verdadera esperanza no es una expectativa pasiva de que las cosas mejoren, sino la convicción activa de que tenemos la capacidad de construirlas mejor.

El artículo de Jarquín nos da la razón para actuar; el optimismo nos da el impulso para hacerlo.

Sostenibilidad y sustentabilidad como conceptos complementarios en el desarrollo contemporáneo: Una propuesta (Énfasis en la participación ciudadana)

Alberto Salom Echeverría

Marco Conceptual

1. Introducción

En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.

2. Valor semántico de los conceptos

Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.

• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.

• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.

3. Marco teórico de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:

1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.

2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.

3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.

La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.

4. Enfoque crítico de la sustentabilidad

En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.

Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:

• Justicia ecológica y social.

• Respeto a la diversidad cultural y territorial.

• Participación ciudadana de comunidades locales.

• Autonomía en la gestión de recursos.

La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.

4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable

Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.

Participación y sostenibilidad

Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.

Participación y sustentabilidad

En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.

Tipos y niveles de participación

Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:

• Transparencia en la gestión pública.

• Acceso equitativo a la información.

• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.

• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.

Implicaciones en el contexto latinoamericano

En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.

5. Implicaciones prácticas en América Latina

En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:

• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.

• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.

Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:

• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.

• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.

• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.

6. Aplicación sugerida al caso costarricense

Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:

• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.

• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.

• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.

7. Conclusión

Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.

La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Reforma al Reglamento del Plan Regulador de Escazú: la comunidad exige más participación

La organización CODECE informa a la comunidad de Escazú que este martes 30 de septiembre los regidores municipales presentarán una reforma al Reglamento de la Comisión del Plan Regulador de Escazú.

Desde la organización se recalca que cualquier modificación a este reglamento debe fortalecer la participación ciudadana y no restringirla, pues las decisiones sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón impactan directamente en la vida de sus habitantes, el uso del suelo y la protección de los recursos naturales.

CODECE advierte que se mantendrá atenta y vigilante ante la propuesta de reforma, recordando que el futuro de Escazú no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía. La consigna es clara:
“¡Reforma en camino! La comunidad espera más participación”.

La organización hace un llamado a vecinos y vecinas a involucrarse activamente en este proceso, para asegurar que las decisiones que se tomen realmente reflejen los intereses colectivos y promuevan un desarrollo local sostenible, inclusivo y democrático.

En Montes de Oro presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción del relleno sanitario Galagarza

El pasado 24 de setiembre, la Municipalidad de Montes de Oro otorgó a la empresa EBI de Costa Rica S.A. el permiso de construcción definitivo para el proyecto denominado Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, segundo relleno sanitario en ese cantón.

El hecho generó una reacción inmediata en la comunidad. El 30 de setiembre, un grupo de 111 habitantes de diferentes comunidades —en su mayoría de Zagala Vieja, señalada en el estudio de impacto ambiental como la población más cercana al proyecto— presentó ante el Departamento de Desarrollo Urbano un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución MMO-DDU-43-2025 que otorgó el permiso.

Las y los firmantes alegan que el permiso municipal fue otorgado sin cumplir con requisitos técnicos y legales esenciales, entre ellos:

  • La ausencia de autorización para el tanque de autoabastecimiento de combustibles.

  • La falta del permiso de vertidos para aguas residuales tratadas.

  • La inexistencia de alineamiento oficial del INVU sobre los cuerpos de agua presentes en la finca.

  • El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 metros cuadrados respecto a la realidad registral.

El documento subraya que estas omisiones constituyen vicios sustantivos que afectan la validez del acto administrativo, al vulnerar principios de legalidad, seguridad jurídica y derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Las y los vecinos también cuestionan que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, pese a tratarse de un asunto de alto interés local. Según explicaron, se enteraron del otorgamiento de manera informal dos días después de emitido. Esto obligó a que el recurso se elaborara y recolectara firmas en un plazo muy corto, con el esfuerzo de recorrer casa por casa.

De las 111 firmas, más de 60 pertenecen a personas de Zagala Vieja, comunidad directamente afectada.

Finalmente, las personas recurrentes denunciaron que, tras enviar el documento a la Municipalidad, un número anónimo comenzó a difundirlo en chats comunales con información tergiversada, buscando desacreditar la gestión vecinal.

Imagen: Los rellenos sanitarios son definidos por las comunidades como territorios de sacrificio y resistencia.

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre la seguridad social y la Caja Costarricense del Seguro Social

Una sociedad democrática requiere de un sistema de protección y seguridad social sobre una base universal, equitativa y solidaria. Entre otros ámbitos, en el centro de esa aspiración se encuentra la salud y, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución cuyo fortalecimiento demanda reflexión crítica y acciones efectivas que aseguren su sostenibilidad.

El seguro de salud de origen contributivo evolucionó hacia la universalidad con la ampliación progresiva de asegurados cubiertos por este régimen, y con el incremento también gradual de prestaciones en los diferentes niveles de atención. Además, se creó un régimen subsidiado de carácter no contributivo, con prestaciones similares a las del régimen contributivo, pero financiado enteramente por el Estado con recursos fiscales.

No obstante, se ha dado un reiterado incumplimiento del financiamiento a la CCSS por parte del Estado a lo largo del tiempo, lo cual ha generado una importante deuda acumulada. Ello compromete seriamente la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y amenaza el acceso equitativo a la salud.

La actual administración, además, ha debilitado los principios de solidaridad y universalidad al promover la provisión de servicios en el mercado privado, pero sin regulación de precios por parte de la CCSS e ignorando regulaciones existentes, con el riesgo de generar exclusión. También se ha debilitado la gobernabilidad de la institución, y se suspendieron temporalmente inversiones estratégicas.

Si bien se han acumulado reservas financieras del seguro de salud, e impulsado importantes inversiones en infraestructura y personal, persiste la necesidad urgente de fortalecer políticas de prevención, así como mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones. Es necesario lograr un acuerdo nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Estado que coadyuve a la viabilidad global del seguro de salud, así como analizar estratégicamente el modelo financiero de la CCSS para asegurar su sostenibilidad. Paralelamente, es fundamental garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución.

Está en curso un envejecimiento en el país, en el cual los grupos en edad laboral van a disminuir, en tanto que el grupo de personas mayores de 65 años va a aumentar. Este patrón demográfico contribuirá a causar un desbalance estructural entre ingresos y gastos en la CCSS. Se requiere un debate plural y técnicamente riguroso sobre opciones que permitan enfrentar este problema, tales como el pago de la deuda estatal, una política tributaria progresiva, impuestos a productos nocivos para la salud, reducción de la informalidad, promoción de mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral de la mano de políticas de cuido y aumento de la edad de retiro, entre otras alternativas.

La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles impone nuevas exigencias al sistema de salud, que hacen necesario fortalecer el primer nivel de atención, reducir inequidades territoriales y mejorar el acceso para poblaciones vulnerables. La investigación científica y tecnológica debe jugar un rol central para comprender y atender estos desafíos, mediante alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales.

La gestión en la CCSS enfrenta serios problemas, tales como crisis de liderazgo, ruptura de la gobernanza institucional en cuanto a su autonomía conforme a la ley y turbulencias en la composición de la junta directiva de la institución, lo cual complica la toma de decisiones, nombramientos inestables de la máxima autoridad de la institución y de las gerencias, politización, debilitamiento de la rendición de cuentas y desmotivación del personal. Mejorar la gestión es una condición necesaria para que cualquier reforma tenga éxito. De lo contrario, la CCSS no podrá hacer frente a los enormes retos que tiene por delante.

El déficit de especialistas, agravado por la fuga de talentos y la sobrecarga laboral, exige nuevas estrategias de formación, incentivos adecuados y el uso de tecnologías como la telemedicina y la inteligencia artificial. Por otra parte, la crisis de las listas de espera, que refleja deficiencias en la planificación, podría reducirse significativamente con una mejor gestión. Es crucial reformar el sistema de contratación extraordinaria para enfocarlo en la eficiencia y así evitar incentivos distorsionados.

Costa Rica debe avanzar hacia un modelo que supere el enfoque reactivo que prioriza la atención de las enfermedades y evolucionar hacia un modelo centrado en la producción social de la salud y la promoción de la salud. En última instancia la salud es un producto social y la consolidación de nuestra seguridad social debe fortalecerse con una amplia participación ciudadana e institucional.

Nuestro país debe renovar los pactos sociales que permitan consolidar la seguridad social en salud y en otros ámbitos de la vida nacional. Es esencial fortalecer los valores de universalidad, equidad y solidaridad que han sido el fundamento de nuestra salud pública.

*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, Edgardo Moreno Robles, Henriette Raventós Vorst y Catharina Wesseling, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, celebrado el 19 de junio del 2025 con la participación como panelistas de María Luisa Ávila Agüero, Luis Rosero Bixby, Ana Sojo Martínez y Carlos Zamora Zamora.

El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:

La fundación de la República no fue un acto simbólico. Fue un acto de afirmación nacional – estudiante Adriana Shaleth Sánchez Moya

La fundación de la República de Costa Rica no fue un acto simbólico. Fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional, de reconocimiento como nación, libre, soberana y responsable de su destino.

(Discurso pronunciado por la estudiante Adriana Shaleth Sánchez Moya, del Liceo Dr. José María Castro Madriz, en el acto cívico oficial, organizado por la Dirección Regional de Educación de San José Central, en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica, celebrado el domingo 31 de agosto del 2025, frente al busto del Dr. José María Castro Madriz, ilustre fundador de nuestra República, ubicado en la Avenida Central, calle 4, ciudad de San José.)

Es un honor dirigirme a esta distinguida audiencia, conformada por representantes del Estado costarricense, por miembros de nuestra comunidad educativa y por ciudadanos que, con su presencia, reafirman el valor de la memoria histórica y el compromiso con nuestra nación.

Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la historia de Costa Rica: el 177 aniversario de la Fundación de la República. Un 31 de agosto de 1848, el entonces Jefe de Estado, José María Castro Madriz, emitió el Decreto 134, mediante el cual se oficializó el cambio de nombre de “Estado de Costa Rica” a “República de Costa Rica”, marcando así un momento decisivo en nuestro camino hacia la plena soberanía y consolidación institucional.

Este acto no fue meramente simbólico ni un simple ajuste jurídico. Representó la culminación de un proceso que había iniciado décadas atrás cuando Costa Rica, como parte de las Provincias Unidas del Centro de América, comenzó su tránsito como Estado libre tras la Independencia de España en 1821. La disolución progresiva de la Federación Centroamericana entre 1838 y 1841 permitió que Costa Rica asumiera de facto su autonomía, pero fue en 1848 cuando esta independencia se consolidó jurídica y políticamente con la proclamación de la República.

La decisión de constituirse como República fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional. Fue entonces que Costa Rica se reconoció como nación, libre, soberana y responsable de su destino.

Este hito fue liderado por uno de los estadistas más notables de nuestra historia, José María Castro Madriz. Su figura merece un reconocimiento especial no solo por haber fundado la República, sino por su incansable labor a favor de la educación, la libertad de prensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Bajo su liderazgo se sentaron las bases del sistema educativo costarricense moderno, se promovió la participación ciudadana y se consolidaron las instituciones democráticas que hoy nos definen.

Castro Madriz comprendió que la educación era la herramienta más poderosa para construir un República sólida. Por eso impulsó la creación de escuelas, el acceso a la educación para todos y la formación de ciudadanos críticos, informado y comprometidos.

Su legado sigue vivo hoy en cada aula, en cada maestro, en cada joven que estudia con la esperanza de forjar un mejor país.

La proclamación de la República no fue el final de una lucha, sino el inicio de un proyecto nacional que continúa hasta nuestros días. Ser una República implica mucho más que una forma de gobierno. Significa asumir un compromiso permanente con los valores de la libertad, la justicia, la equidad y la participación ciudadana.

Y es precisamente aquí, donde radica el verdadero valor de esta conmemoración. No celebramos solo un hecho del pasado. Celebramos una decisión valiente que nos permitió construir una identidad propia, una institucionalidad sólida y una democracia que, aunque perfectible, es ejemplo en la región.

La defensa de esa República, fundada hade 177 años nos convoca hoy. Nos recuerda que la democracia no se sostiene sola; necesita ciudadanos comprometidos, instituciones firmes y servidores públicos éticos. Nos exige recordar que las conquistas de la historia deben ser protegidas con educación, participación y respeto mutuo.

Por eso, en este día especial, renovemos nuestro compromiso con Costa Rica. Sigamos honrando la visión de aquellos líderes que nos dieron patria, y trabajemos cada día por una nación más libre, más justa y solidaria.

Que el aniversario de la República no sea solo una efeméride, sino una oportunidad para reafirmar los valores que nos definen como costarricenses.

Y en ese mismo espíritu de compromiso nacional, reconozcamos también que la República se construye desde la diversidad que nos conforma. Por ello, al conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, establecido por la Ley No. 8938, y reforzado por la Ley No. 9526, destacamos el valor de todas las culturas que han contribuido a la historia costarricense.

Esta efeméride, también celebrada cada 31 de agosto, honra los aportes históricos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes en nuestro país, y nos recuerda que la República que conmemoramos hoy debe ser inclusiva, respetuosa y consciente de su riqueza multicultural.

Que el aniversario de la fundación de la República nos inspire a seguir construyendo una Costa Rica donde todas las voces sean escuchadas y todos los ciudadanos tengan un lugar digno en la historia que compartimos.