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Etiqueta: participación ciudadana

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Gandoca-Manzanillo: entre la denuncia ciudadana y la respuesta del Estado

La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.

Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.

La brecha entre norma y realidad

Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.

Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable:
¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?

El rol de la denuncia ciudadana

Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.

En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Respuestas institucionales y límites operativos

Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.

Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.

Más que un conflicto local

Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.

La pregunta de fondo

La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central:
¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?

Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.

Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.

Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.


Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.

Ganar seguridad mediante la convivencia

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

Construir hacia adelante, no perder el tiempo intentando recuperar el pasado

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

Necesitamos construir Esperanza.

Necesitamos construir Rebeldía.

Necesitamos construir Humilde sabiduría.

¿Qué dejamos de hacer y, qué hicimos, que ha impedido construir un Movimiento popular?

¿Cómo es que hay divorcio entre intelectuales y movimientos sociales? ¿Entre dirigentes, políticos y afiliados, bases sociales?

¿Qué cambios en actitudes, conductas personales del tico llevan al aislamiento, a la evasión?

¿Por qué se hace difícil comprender que se está en una encrucijada que, o nos lleva a una economía de mayor concentración de riqueza y expansión de pobreza con un Estado más autoritario o, a una economía justa, solidaria, con un Estado plenamente democrático?

En Costa Rica, así como en el mundo, un modelo económico y político está llegando a su fin. No tiene sentido histórico luchar por algo que está dejando de existir. Construir otro camino pasa por el trabajo laborioso, paciente, humilde, de construir un Movimiento popular en donde, esa misma acción es la razón, el proyecto para integrar fuerzas, recursos.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.

Un millón de voces: el mandato imperativo

JoseSo (José Solano-Saborío)

Pasada la “goma” electoral del 1ero de febrero, y con la cabeza fría que otorga el silencio de las urnas, es momento de analizar no solo lo que pasó, sino lo que inevitablemente viene.

Empecemos por lo incómodo, breve y directo: el triunfo del oficialismo no se explica únicamente por gestión o carisma. Sería ingenuo ignorar el elefante en la habitación. La victoria de Laura Fernández y la continuidad del proyecto “chavista” se cimentaron, en gran medida, sobre una sofisticada maquinaria de desinformación y manipulación mediática. La estrategia de la posverdad, esa donde —recordando la advertencia de Pilar Cisneros— “a veces es necesario mentir”, fue ejecutada con precisión quirúrgica. El electorado fue bombardeado con realidades paralelas que terminaron por definir el voto. Ganaron, sí, pero el costo democrático de esa victoria basada en la distorsión es una factura que apenas empezamos a deber.

Sin embargo, el escenario en Cuesta de Moras cuenta otra historia.

La nueva Asamblea Legislativa se configura con una realidad aritmética que no puede ser ignorada: 26 diputados.

Este bloque, conformado por cuatro partidos de oposición (incluyendo la sobrevivencia del PLN gracias al arrastre personal de Álvaro Ramos y el crecimiento del Frente Amplio), no es un accidente estadístico. Representan a alrededor de un millón de costarricenses.

Hagamos una pausa en esa cifra. Un millón de personas que, a pesar de la fragmentación y los egos de las dirigencias que impidieron una coalición a tiempo, salieron a votar con un mensaje claro.

Esos 26 diputados deben entender que sus curules no son cheques en blanco para el “negociado” político. No están ahí para canjear votos por puestos en el Directorio, ni para suavizar el tono a cambio de embajadas o beneficios personales.

El mandato de ese millón de ciudadanos es inequívoco: fueron electos para ser un muro de contención. Su trabajo es ser una OPOSICIÓN férrea ante la deriva autocrática que el oficialismo ha demostrado y que, empoderado por el triunfo, intentará profundizar.

La ciudadanía, que en la última semana dio cátedra de unidad espontánea ante el peligro, les está exigiendo lo mismo. El mensaje de las calles fue claro: depongan las actitudes sectarias. Guarden las banderas partidarias en la gaveta y saquen la bandera de Costa Rica.

Si estos 26 legisladores se pierden en rencillas internas, dogmáticas o, peor, se venden al mejor postor oficialista, no solo traicionarán a sus partidos; traicionarán a ese millón de votantes que, en medio de la desinformación, les confió la última línea de defensa de nuestra institucionalidad.

Señores diputados: la unidad que no lograron en campaña, están obligados a forjarla en el plenario. No hay margen de error, pero menos a la traición.

Invitación a ver:

Se acabaron las excusas. El análisis completo en el video
https://www.facebook.com/share/v/17qoCE6ojK/

¿Qué dejaron las elecciones del pasado domingo 1ero de febrero?
https://www.facebook.com/share/v/184KnuKKLE/

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.