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Etiqueta: participación ciudadana

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

FECTSALUD advierte sobre riesgos para la seguridad social y llama a defender la CCSS

El secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, realizó un llamado público a defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a mantener vigilancia ciudadana frente a decisiones que podrían afectar el sistema de seguridad social del país.

En una exposición difundida en las redes sociales de la organización sindical, Durán analizó la situación actual de la seguridad social costarricense y planteó preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta la institución.

El dirigente sindical subrayó que la CCSS constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y que su sostenibilidad depende del compromiso de la ciudadanía y de las autoridades públicas para proteger sus principios de solidaridad y universalidad.

Defensa de la seguridad social

Durante su intervención, Durán destacó la importancia de fortalecer la seguridad social como un derecho fundamental de la población costarricense.

Según explicó, la CCSS ha sido históricamente una institución clave para garantizar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese sentido, señaló que la defensa de la Caja no corresponde únicamente a las personas trabajadoras del sector salud, sino a toda la ciudadanía, ya que el sistema de seguridad social beneficia al conjunto de la sociedad.

Preocupaciones sobre el rumbo institucional

En su exposición, el representante de FECTSALUD expresó inquietudes sobre decisiones y propuestas que podrían debilitar la institución o alterar el modelo solidario que ha caracterizado al sistema de seguridad social costarricense.

Durán enfatizó que cualquier reforma o medida relacionada con la seguridad social debe orientarse a fortalecer la CCSS y garantizar la sostenibilidad del sistema, evitando acciones que puedan comprometer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de promover un debate público informado sobre el futuro de la institución y de mantener mecanismos de participación social en las decisiones que afectan al sistema.

Contexto de debate nacional

Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de discusión nacional sobre diversos temas relacionados con la seguridad social, entre ellos la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la gestión institucional de la CCSS y el cumplimiento de las obligaciones con los fondos de la seguridad social.

En los últimos años, distintos sectores sociales, sindicales y académicos han manifestado preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institucional de la Caja.

En ese marco, organizaciones del sector salud han reiterado que cualquier proceso de reforma debe realizarse mediante diálogo social amplio y con participación de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Durán hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la seguridad social.

El dirigente sindical señaló que la CCSS representa una conquista histórica del país y que su preservación requiere un compromiso colectivo para garantizar que continúe cumpliendo su misión de proteger la salud y el bienestar de la población.

La exposición completa puede encontrarse en las redes sociales de FECTSALUD.

El papel de la persona gestora local en las comunidades

Una producción audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) presenta una explicación sobre el papel de la persona gestora local, figura vinculada con los procesos de desarrollo comunitario y participación territorial.

El material forma parte de los contenidos divulgativos asociados al Técnico en Gestión Local de la UNED, programa orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo comunitario, organización social y gestión de iniciativas locales.

En el video se plantea la pregunta “¿Qué es una persona gestora local?”, a partir de la cual se introduce el enfoque de la gestión territorial como una herramienta para impulsar procesos de desarrollo desde las propias comunidades.

Formación para la gestión comunitaria

Según la propuesta formativa de la UNED, la persona gestora local es quien facilita procesos de articulación entre comunidades, instituciones públicas y organizaciones sociales, promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del territorio.

El programa de Técnico en Gestión Local busca precisamente fortalecer estas capacidades mediante herramientas para el análisis del entorno, la planificación participativa, la gestión de proyectos y la incidencia comunitaria.

Este enfoque reconoce que las comunidades poseen conocimientos y experiencias fundamentales para la construcción de soluciones a los problemas locales, y que la formación técnica puede contribuir a potenciar esos procesos.

Educación y desarrollo territorial

La producción audiovisual forma parte de los esfuerzos de la UNED por divulgar oportunidades de formación y promover el liderazgo comunitario, especialmente en territorios donde la organización social y la participación ciudadana resultan claves para impulsar proyectos de desarrollo.

La iniciativa también resalta la importancia de formar personas capaces de articular actores locales, promover procesos participativos y fortalecer la gestión comunitaria, elementos centrales en las estrategias de desarrollo territorial.

Invitamos a ver el video de la producción audiovisual de la UNED para conocer más sobre el rol de la persona gestora local y el Técnico en Gestión Local.

Le invitamos a ver el video:

https://www.facebook.com/share/v/1HqitdZ9xG/

Después de las elecciones en Costa Rica: ¿ganó el ser humano?

Por José Rafael Quesada Jiménez

Las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero ya son historia inmediata. Las urnas se cerraron, los votos se contaron y las mayorías se expresaron conforme a las reglas de nuestra democracia. Ese es un hecho relevante y valioso. Costa Rica sigue siendo una sociedad que confía en el mecanismo electoral para dirimir sus diferencias políticas.

Sin embargo, una vez pasado el momento electoral, surge una pregunta más profunda que no siempre nos atrevemos a formular con claridad: ¿ganó el ser humano?

No se trata solamente de saber qué partido obtuvo más votos o qué tendencia política logró imponerse. La pregunta verdaderamente importante es si el resultado de nuestras dinámicas políticas y de nuestra institucionalidad está efectivamente orientado a mejorar la vida concreta de las personas.

Porque la democracia formal puede funcionar —y en Costa Rica funciona—, pero eso no significa necesariamente que la democracia esté plenamente al servicio del ser humano.

Democracia formal y democracia real

Nuestra democracia posee los elementos clásicos que la definen: elecciones periódicas, alternancia en el poder, separación de poderes y legalidad institucional. Estos mecanismos son indispensables. Son conquistas históricas de las sociedades modernas y debemos defenderlos.

Pero el funcionamiento de esos mecanismos no garantiza, por sí mismo, que las decisiones públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Aquí aparece una distinción fundamental: la diferencia entre democracia formal y democracia real.

La democracia formal se expresa en procedimientos: votar, elegir representantes, aprobar leyes y administrar instituciones.

La democracia real se mide en resultados humanos: si las personas viven mejor, si las instituciones escuchan el sufrimiento social y si las decisiones públicas generan bienestar y sentido de futuro.

Desde el Humanismo Universalista, inspirado en el pensamiento de Mario Rodríguez Cobos (Silo), se plantea un principio fundamental: “Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro”.[1]

Este principio coloca a la persona humana como valor central de toda organización social. Ni el Estado, ni el mercado, ni los partidos políticos deberían situarse por encima de la dignidad humana.

Todas las estructuras sociales deben existir para servir al ser humano. Cuando ocurre lo contrario, cuando las instituciones empiezan a servirse a sí mismas comienza una crisis moral del sistema.

Y esa sensación es precisamente la que hoy recorre amplios sectores de nuestra sociedad.

El malestar ciudadano

En los últimos años hemos visto crecer una sensación persistente de malestar social.

No es un rechazo a la democracia. El pueblo costarricense sigue creyendo en ella. Lo que está en discusión es la eficacia humana del sistema político.

Muchas personas perciben que los partidos políticos se han alejado de la vida cotidiana de la ciudadanía. Existe desconfianza hacia las élites políticas, se habla de privilegios, de burocracias pesadas y de trámites interminables.

En las zonas rurales se percibe abandono. En las ciudades se experimenta una creciente sensación de inseguridad. Los servicios públicos muchas veces se vuelven lentos o insuficientes frente a problemas sociales complejos.

Los jóvenes miran el futuro con incertidumbre. Las oportunidades reales parecen cada vez más escasas. A esto se suma una creciente crisis psicosocial: ansiedad, estrés y sensación de desorientación colectiva.

En este contexto conviene recordar otra advertencia del humanismo de Silo: “La crisis del mundo actual no es solamente económica o política; es, ante todo, una crisis del ser humano”.[2]

Comprender esto permite mirar la situación con mayor profundidad. Porque la raíz del problema no es solamente institucional o administrativa. Es profundamente humana.

La ciudadanía no está en contra de la democracia. Está en contra de una democracia que no le resuelve la vida.

Lo que realmente pide la gente

Cuando uno escucha con atención a las comunidades, a las organizaciones sociales, al mundo cooperativo, a las asociaciones de desarrollo, a los trabajadores y a los pequeños empresarios, aparecen demandas muy claras.

La ciudadanía no está pidiendo milagros. Está pidiendo coherencia.

Entre las demandas más repetidas aparecen temas estructurales:

  • Un Estado más eficiente que resuelva problemas y no los multiplique.
  • Menos burocracia y más soluciones concretas.
  • Transparencia y rendición de cuentas.
  • Seguridad ciudadana con enfoque humano, pero con firmeza en prevención y en sanción.
  • Reforma educativa profunda, humanizada y con adaptación creciente a los cambios.
  • Atención al sistema de salud, humanizado y puesta al servicio de las personas no de empresas ni de organizaciones gremiales.
  • Atención a la salud mental y al deterioro psicosocial.
  • Oportunidades económicas reales para los jóvenes.
  • Descentralización efectiva y eficaz para las regiones del país.
  • Acción efectiva sobre el Cambio y Crisis Climática y que proteja la vida de las personas.

En el fondo, lo que se pide es que el poder político recuerde una verdad elemental: su función es servir.

Cuando la política pierde el sentido humano se convierte en una administración fría de estructuras. Y cuando esa administración fría domina la vida pública, la gente comienza a sentirse sola frente al sistema.

Un mensaje para quienes gobiernan y para quienes se oponen

Después de las elecciones conviene decirlo con serenidad, pero con claridad.

A quienes gobiernan: construyan reales esperanzas para la gente, el voto ciudadano no es un cheque en blanco. La mayoría electoral no legitima la insensibilidad ni autoriza a gobernar desde la polarización permanente.

A la oposición también le corresponde una tarea mayor. Criticar no es suficiente. El país necesita proyectos, no solamente resistencia.

La ciudadanía está cansada de la pelea ideológica vacía. Lo que el país necesita son soluciones estructurales.

La mirada humanista

Desde una perspectiva humanista el desafío de nuestra época no es simplemente cambiar gobiernos. El desafío es reorientar las estructuras sociales hacia el ser humano.

Esto implica instituciones centradas en la persona, participación ciudadana real, tecnología al servicio de la gestión pública, cultura activa de no violencia y recuperación del sentido comunitario.

Como señalaba Silo: “Humanizar la Tierra significa poner al ser humano como valor y preocupación central”.[3] Costa Rica ha demostrado en su historia que puede construir instituciones con sentido humano. La abolición del ejército, la seguridad social y el desarrollo cooperativo son ejemplos de una cultura política que alguna vez colocó al ser humano en el centro.

Hoy ese espíritu necesita ser actualizado para el siglo XXI.

Una crisis de sentido

Tal vez la crisis que vivimos no sea únicamente política. Tal vez sea una crisis de sentido.

Cuando una sociedad pierde su horizonte humano, cualquier modelo institucional comienza a fallar. La política se vuelve técnica, la economía se vuelve fría y las instituciones se vuelven burocráticas.

Por eso el desafío no corresponde únicamente a los gobiernos. Corresponde también a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones sociales y a quienes creemos que la política debe volver a su propósito original: servir al ser humano.

Las elecciones ya pasaron. Pero la historia continúa. Y la historia de un país no la escriben únicamente los gobiernos. La escribimos todos.

La democracia no termina en la urna. Comienza ahí.

[1] Silo. (1988). Humanizar la tierra. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.

[2] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

[3] Silo. (1992). Crisis de civilización y Humanismo [Conferencia]. Moscú. (Posteriormente publicada en el libro Habla Silo).

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

Concejo Municipal de San José crea comisión especial para analizar servicios de salud en San Sebastián

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.

Evaluación de la tercerización de servicios de salud

Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.

La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.

Fundamentos legales y derechos ciudadanos

La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.

Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.

Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.

Participación institucional y comunitaria

La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.

El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.

Salud y desarrollo local

En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.

Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.

El diálogo que no ha llegado

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

  1. En la encrucijada, en la que está desapareciendo una forma de Estado y, de Economía, cuando hay que imaginar-construir una nueva sociedad, es imprescindible el Diálogo.

  2. Este Diálogo requiere levantarse sobre interrogantes que, tanto políticos como dirigentes en la sociedad civil, han de proponerse: ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer que contribuye al aislamiento y ausencia de un proyecto económico-político viable?

  3. Los afiliados y miembros de organizaciones también han de ser requeridos del interrogarse: ¿Por qué no se atreven, por qué no hacen como plantear el problema de que sus organizaciones no hacen autocrítica reconociendo que son parte del problema de pérdidas en condiciones sociales y económicas?

  4. Este proceso requiere reconocer que en el país se carece tanto de actitud como de formas de Diálogo. Que lo que predomina son collages de monólogos:

    1. Documentos que no tienen sustento popular, ni se cree en ellos.

    2. Escritos y participaciones orales para que otros nos escuchen, pero sin respuesta ni interés por escucharlos.

    3. Técnicas “participativas” que no son más que ladrillos menores monologales, que no estimulan la creatividad, ni el pensar.

    4. Prácticas organizacionales por las que, o se excluye a los otros, o por los que se evade la confrontación respetuosa y productiva.

  1. Alguien ha de comenzar el movimiento. ¿Se atreve usted?

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR