La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.
Le invitamos a leer el documento.
3 de febrero del 2025
Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones
Presente
Estimados señores:
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.
De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).
No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.
No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.
Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.
En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.
Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.
Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa
Marjorie Hernández D. Presidenta.
Gerardo Romero E. Vicepresidente.
Alexander Hernández L. Tesorero.
Anabelle Castillo L. Fiscal.
