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Etiqueta: participación ciudadana

Denuncian ante la Auditoría Interna del SINAC presunta afectación de más de mil hectáreas de humedal palustre en Limón

Una denuncia formal presentada ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (CORAC-ACLAC) y la Auditoría Interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) solicita la intervención urgente de esa instancia de control interno ante la presunta afectación de un humedal palustre registrado en Bananito Sur, distrito Valle de la Estrella, cantón de Limón. La gestión fue presentada por Marco Vinicio Levy Virgo, quien solicita investigar posibles omisiones institucionales y adoptar medidas inmediatas para la protección y restauración del ecosistema.

La denuncia se fundamenta en dos dictámenes técnicos oficiales emitidos por la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua del MINAE, los cuales documentan la existencia de un canal de drenaje agrícola que atraviesa gran parte del área inscrita en el Registro Nacional de Humedales (Palustre), así como una zona de tala y quema ubicada dentro del humedal. Según el escrito, la afectación comprometería un polígono de aproximadamente 1.002 hectáreas.

El primero de los dictámenes determinó que en el sitio existen dos cuerpos de agua: una quebrada que corresponde al dominio público y un canal de drenaje agrícola que no constituye un cauce de dominio público. Sin embargo, el informe también estableció que gran parte del recorrido del canal se ubica dentro del área delimitada como humedal palustre registrado.

Posteriormente, un segundo informe técnico concluyó que, aunque las labores de mantenimiento del canal no configuraban un posible delito por obras ilegales en cauce, sí existían elementos para considerar una posible afectación ambiental al humedal, debido a la ubicación del canal dentro del área protegida y a la presencia de una franja con evidencia de tala y quema. Por esa razón, la Dirección de Agua dispuso trasladar el caso al SINAC para que investigara los hechos y determinara las actuaciones correspondientes.

En la denuncia presentada esta semana, Levy sostiene que, pese a esos dictámenes oficiales y a la recomendación expresa de intervención, persiste una omisión prolongada en el cumplimiento de las obligaciones de protección por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe. Además, señala que el drenaje artificial del humedal habría provocado alteraciones hidrológicas, fragmentación del ecosistema, pérdida de vegetación, disminución de la biodiversidad y posibles impactos irreversibles sobre un ecosistema especialmente vulnerable.

Como antecedente, el documento recuerda que la Sala Constitucional admitió para trámite un recurso de amparo relacionado con estos hechos y solicitó informes al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Ministerio de Ambiente y Energía sobre la presunta afectación del humedal y sobre las actuaciones institucionales desarrolladas en este caso.

Asimismo, la denuncia hace referencia a una constancia emitida por la propia Sala Constitucional el 6 de julio de 2026, en la que se dejó constancia de que el director ejecutivo del SINAC no había presentado el informe requerido dentro del plazo establecido por el Tribunal.

Entre las solicitudes planteadas se pide admitir formalmente la denuncia, activar los mecanismos de control interno, ordenar la intervención del Auditor Interno del SINAC para valorar el impacto ambiental y la gestión institucional, determinar eventuales responsabilidades administrativas y proponer las medidas correctivas, sancionatorias y de restauración que correspondan. También se solicita al CONAC y al CORAC-ACLAC disponer acciones inmediatas para la protección, investigación y recuperación del humedal.

La denuncia sostiene que la urgencia de estas actuaciones responde al carácter progresivo y potencialmente irreversible del daño denunciado, así como a la necesidad de preservar la evidencia y evitar un mayor deterioro del ecosistema mientras continúan los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el caso.

Imagen con fines ilustrativos. Fuente: Observatorio de Bienes Comunes UCR.

Gestión ciudadana logra que Sala Constitucional abra proceso por omisión legislativa en nombramiento de magistraturas suplentes

La participación organizada de la ciudadanía obtuvo un primer resultado en la defensa del funcionamiento de la justicia constitucional. La Sala Constitucional dio trámite al recurso de amparo presentado por tres ciudadanas y respaldado por 1.845 personas, mediante el cual se cuestiona la omisión de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de las magistraturas suplentes del tribunal constitucional.

La resolución ordena a la Presidencia de la Asamblea Legislativa rendir un informe en un plazo de tres días hábiles sobre los hechos denunciados, luego de que la mayoría del Pleno de la Sala considerara procedente iniciar el trámite del recurso.

La gestión ciudadana surgió ante la preocupación por el riesgo que representa la falta de magistraturas suplentes para el funcionamiento regular de la Sala Constitucional, una situación que podría afectar la resolución oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus y otros procesos vinculados con la protección de derechos fundamentales. Desde la convocatoria para respaldar el recurso, las personas promoventes insistieron en que la acción no pretendía intervenir en las competencias de la Asamblea Legislativa ni impulsar nombres específicos, sino exigir el cumplimiento del deber constitucional de realizar los nombramientos necesarios para garantizar la continuidad del Tribunal.

Días antes, la Defensoría de los Habitantes había advertido públicamente sobre las consecuencias de mantener esa situación. En un informe remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa señaló que la ausencia de magistraturas suplentes ya estaba afectando el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, recordando que durante 2025 estas participaron en la resolución de aproximadamente 43.144 expedientes y que existían al menos 87 asuntos pendientes por dificultades para integrar el Tribunal. Asimismo, alertó que esa situación comprometía el derecho de acceso a una justicia pronta y efectiva y podía vulnerar obligaciones internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos.

En la resolución de admisión, la Sala Constitucional resume los argumentos planteados por las recurrentes. Entre ellos destaca que las magistraturas suplentes constituyen una garantía indispensable para asegurar la continuidad del servicio público de justicia constitucional cuando magistraturas propietarias se encuentran incapacitadas, recusadas, de vacaciones, con licencia o enfrentan otros impedimentos temporales. También señala que la omisión legislativa denunciada podría poner en riesgo el acceso efectivo de la ciudadanía a la tutela judicial de sus derechos fundamentales.

El recurso sostiene que la Asamblea Legislativa no puede convertir una competencia constitucional de nombramiento en un bloqueo indefinido mediante sucesivas postergaciones, votaciones fallidas o devoluciones de nóminas, pues ello afecta no solo al Poder Judicial sino a toda persona que pueda requerir protección constitucional frente a una eventual vulneración de sus derechos.

La admisión del recurso no resuelve aún el fondo del asunto, pero representa un paso relevante dentro del proceso impulsado desde la ciudadanía para procurar que se garantice el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional y, con ello, la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población.

Cuando los partidos dejan de tocar el alma del pueblo

José Rafael Quesada

Los partidos políticos no mueren el día que pierden una elección. Mueren antes, cuando dejan de comprender a la sociedad que dicen representar… cuando su lenguaje ya no emociona, sus símbolos ya no convocan y sus dirigentes hablan entre ellos, pero no con el país. Esa es, quizá, la señal más profunda de la crisis política contemporánea.

En Costa Rica estamos viendo una transformación de fondo. No se trata solamente de encuestas, campañas o candidaturas. Hay una ciudadanía que sigue creyendo en la democracia, pero que ya no entrega fidelidad automática a las viejas estructuras partidarias. La gente pregunta, con razón: ¿para qué sirve hoy este partido?, ¿qué problema real me ayuda a resolver?, ¿qué futuro me propone?

El país real habla de inseguridad, empleo, costo de vida, abandono, corrupción, educación y miedo. Si los partidos responden con frases viejas, procedimientos internos o nostalgias históricas, se produce una ruptura. La política se vacía cuando deja de escuchar el dolor concreto de las personas.

Desde una mirada humanista, esta crisis no es solo electoral: es una crisis de sentido. Un partido conserva vida cuando abre futuro, cuando transforma el malestar en proyecto colectivo y cuando actúa con coherencia y solidaridad. Pero empieza a morir cuando se burocratiza, cuando se vuelve club de dirigentes, cuando sustituye el pensamiento por maquinaria y cuando ya no expresa una dirección humana.

Por eso aparecen liderazgos personalistas. La gente no deja de buscar orientación; simplemente la busca en otra parte. Cuando una estructura partidaria deja de emocionar, una figura puede ocupar el vacío. Esto puede producir renovación, pero también riesgos: liderazgo sin comunidad, poder sin ética, emoción sin proyecto.

La democracia, sin embargo, no está necesariamente muerta. Lo que está en crisis son ciertas formas de representación que dejaron de tocar la vida cotidiana de la gente. Los partidos no tienen derecho natural a existir: deben ganarse su utilidad histórica todos los días.

La pregunta clave, entonces, no es solamente por qué mueren los partidos, sino qué nace cuando ellos mueren. Puede nacer una política más humana, más participativa y más conectada con el pueblo. O puede nacer una política de espectáculo, marketing y concentración personal del poder.

El desafío para Costa Rica es recuperar la política como instrumento de orientación, reconciliación y transformación social. Un partido no muere cuando pierde votos. Muere cuando deja de ser respuesta humana para su época. Y solo renace cuando vuelve a escuchar, vuelve a pensar y vuelve a tocar el alma viva de su pueblo.

Organizaciones y personas demandan proceso participativo en la reorganización del INAMU

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

COMUNICADO SOBRE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INAMU

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INAMU, A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS Y A LAS MUJERES DE COSTA RICA

CONSIDERANDO:

Que el INAMU fue creado como el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, con el mandato de ejercer la rectoría de las políticas públicas de igualdad, promover la incorporación del enfoque de género en la institucionalidad pública y velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Que Costa Rica ha asumido obligaciones nacionales e internacionales que exigen contar con una institucionalidad sólida, especializada y con capacidad de rectoría para avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, conforme a la Constitución Política, la Ley de Creación del INAMU, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que durante 2024 y 2025 se desarrolló un amplio proceso de Auditoría Social sobre el INAMU, impulsado por el Equipo Central de Auditoras Sociales, con el acompañamiento de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, en el que participaron aproximadamente quinientas mujeres provenientes de todas las regiones del país y de los territorios indígenas, mediante un ejercicio democrático, participativo y transparente.

Que dicho proceso de auditoría social generó conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional del INAMU, sustentadas en la experiencia y conocimiento de mujeres diversas, organizaciones y liderazgos territoriales.

Que, pese a ello, la propuesta de reorganización institucional nunca fue presentada oficialmente a las participantes en el proceso de Auditoría Social antes de su implementación, desconociendo este proceso legítimo de participación ciudadana y contraloría social.

Que las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y activistas feministas hemos sido informadas de las múltiples irregularidades que rodean el proceso de reorganización institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se encuentra en marcha.

CONSTATAMOS:

Que la propuesta de reorganización institucional que ya se está ejecutando, nunca fue socializada ampliamente con el personal de la institución ni con las organizaciones de mujeres. Y que tampoco fue entregada al Equipo Central de Auditoras Sociales ni a las mujeres participantes en el proceso de auditoría social realizado durante 2024-2025, y se hizo caso omiso de las reflexiones, conclusiones y propuestas de ésta.

Que la reorganización institucional actualmente en marcha deteriora la función rectora del INAMU como ente responsable de conducir las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, y que se desconoce la información que demuestre que su aplicación fortalecerá la rectoría política y técnica del INAMU, incluyendo una regionalización que efectivamente lleve a las regiones servicios integrales, especializados y suficientes para la atención de las necesidades y demandas de las mujeres en su diversidad.

Que de acuerdo con el marco normativo que regula los procesos de reorganización institucional destaca de manera prioritaria que los mismos deben estar técnicamente justificados y que su ejecución implique una mejora medible en cuanto al cumplimiento de la misión y visión institucionales y, en este caso también, en la prestación de servicios institucionales.

Que en este caso ninguno de estos objetivos se cumple. Por el contrario, observamos que esta reorganización implica:

– Un proceso de des-especialización y despolitización institucional del mecanismo especifico, creado por ley y amparado en el derecho convencional y supraconstitucional, para el adelanto de las mujeres.

– Un proceso de burocratización interna que lentifica los procesos internos concentra poder de decisión y provoca una pérdida de capital humano y técnico.

Que durante los últimos años la institución ha experimentado una deslegitimación progresiva a nivel de la opinión pública, lo que contribuye a profundizar la desprotección que vivimos las mujeres.

DEMANDAMOS:

  1. La suspensión de la implementación de la reorganización institucional en el INAMU hasta que exista un proceso amplio, transparente y participativo de diálogo con las organizaciones de mujeres y con el personal de la institución liderado por un agente externo e imparcial.
  2. La publicación íntegra del estudio técnico que fundamenta la reorganización institucional del INAMU.
  3. La habilitación de un espacio de diálogo e interlocución con las nuevas autoridades del INAMU en torno al proceso de reorganización institucional ya en marcha.
  4. La garantía plena del respeto de los derechos laborales de todas las personas funcionarias del INAMU.
  5. La instalación de una comisión de vigilancia social de este proceso de reorganización institucional, en el que participen mujeres de todas las regiones del país y que hayan participado en la auditoría social realizada en 2024-2025.
  6. El acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes a este proceso.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con el fortalecimiento del INAMU como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres y como institución rectora de las políticas públicas de igualdad de género.

Las organizaciones sociales, de mujeres y feministas, de derechos humanos y activistas independientes abajo firmantes permaneceremos vigilantes sobre el rumbo de este proceso de reorganización institucional, defenderemos y velaremos por una institucionalidad pública fortalecida de cara a la defensa de nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas.

Siguen las firmas de personas y organizaciones, las cuales pueden consultarse descargando el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/COMUNICADO-SOBRE-REORGANIZACION-INSTITUCIONAL-DEL-INAMU.pdf

Organizaciones respaldan a Juan Bautista Alfaro y defienden la libertad de expresión en temas ambientales

Un grupo de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales emitió un comunicado público en el que expresa su respaldo al activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, en el contexto del proceso judicial que enfrenta por una demanda por difamación relacionada con sus manifestaciones sobre el caso de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo.

En el documento, las organizaciones señalan que la discusión sobre la protección de los ecosistemas y las concesiones turísticas constituye un asunto de interés público y recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

El comunicado sostiene que el caso de Playa Panamá ha generado un amplio debate nacional en medios de comunicación, redes sociales, espacios académicos y otros ámbitos públicos, así como cuestionamientos sobre el modelo turístico aplicado en el Golfo de Papagayo. Añade que, en torno a este tema, se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo, y que una de esas acciones dio lugar a medidas cautelares que posteriormente generaron una campaña mediática contra un magistrado de la Sala Constitucional.

Las organizaciones afirman que el régimen especial bajo el cual se administra el Golfo de Papagayo fue establecido mediante legislación aprobada antes del desarrollo del actual marco jurídico ambiental costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la reforma constitucional del artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su juicio, esta situación ha generado tensiones jurídicas entre ese régimen especial y la evolución posterior del derecho ambiental nacional e internacional.

El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en asuntos vinculados con temas de interés público y con las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), señalando que estos criterios reconocen una protección reforzada cuando se trata de debates relacionados con la defensa del ambiente y las concesiones estatales.

Las organizaciones describen a Juan Bautista Alfaro Rojas como un activista comprometido con la defensa de los ecosistemas y sostienen que el proceso que enfrenta se enmarca en una tendencia regional de criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en América Latina.

En el comunicado, las organizaciones firmantes:

  • Manifiestan su apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

  • Exigen respeto a la libertad de expresión.

  • Reafirman el valor jurídico del derecho humano a la libertad de expresión.

  • Invitan a la ciudadanía a expresar muestras de apoyo hacia el activista.

  • Solicitan la difusión del comunicado.

Asimismo, recuerdan que el 26 de junio están programadas dos audiencias del proceso judicial, a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m., en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. El comunicado concluye invitando a la ciudadanía a respaldar una petición pública de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

Organizaciones firmantes

  • Grupo Salvemos el Bosque de Playa Panamá

  • APREFLOFAS

  • FECON

  • Bloque Verde

  • Comité Punta Pelencho

  • Salve Monos

  • CREMA

  • Alianza Escazú

  • UESPRA

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Antigentrificación

  • Defensores de la Casa Común

  • Fundación Orgánica

  • Mar & Comercio

  • Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

  • Causa Sur

  • Colectivo Costa Rica por el Océano

  • Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Frente Ecologista Universitario (FECOU)

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • COECOCEIBA

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Un Metro más Limpio

  • CODECE

  • Canto de Fauna

Foro de Justicia invita a participar en consulta nacional sobre reforma judicial democrática y viable

El Foro de Justicia informó que se encuentra habilitada una consulta en línea dirigida a todas las personas interesadas en aportar ideas y propuestas para la iniciativa “Diálogos propositivos para una reforma judicial democrática y viable”.

La consulta complementa una serie de actividades presenciales que se desarrollan en distintas regiones del país y busca recoger perspectivas, experiencias y propuestas que contribuyan a la construcción colectiva de alternativas para fortalecer la administración de justicia en Costa Rica.

Según la información suministrada por las organizaciones impulsoras, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura compleja marcada por cuestionamientos sobre el desempeño institucional, desafíos relacionados con la administración de justicia y presiones derivadas de la inseguridad y el crimen organizado. Ante este escenario, el Programa Estado de la Nación, con el apoyo del Foro de Justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, impulsa un proceso de diálogo orientado a identificar rutas de reforma que fortalezcan la independencia, legitimidad y capacidad de respuesta del sistema judicial.

La consulta tiene como objetivo recopilar aportes técnicos, analíticos y prácticos provenientes de diversos sectores de la sociedad para construir una agenda de reforma plural, técnica y viable. Las organizaciones promotoras señalan que la intención es avanzar del diagnóstico a la formulación de propuestas concretas que permitan ofrecer una justicia pronta, cumplida e igual para toda la población.

El proceso se fundamenta en un enfoque propositivo, centrado en la construcción de soluciones y alternativas más allá de la crítica. Asimismo, se informa que la participación es confidencial, que no se requiere identificación individual y que las respuestas serán analizadas de manera agregada, privilegiando el contenido de las ideas aportadas.

El cuestionario tiene una duración aproximada de diez minutos y estará disponible hasta el 29 de junio.

Las personas interesadas pueden participar en la consulta mediante el formulario que se encuentra en este enlace.

Paso Ancho por la Paz muestra que la construcción de conciencia nace desde las comunidades

El pasado 20 de junio, el Parque Los Héroes de Paso Ancho fue escenario de una jornada cultural, comunitaria y educativa que reunió a vecinas, vecinos, artistas, personas jóvenes, personas adultas mayores y delegaciones invitadas en torno a una misma convicción: la construcción de una cultura de paz comienza en los territorios y se fortalece mediante el trabajo organizado de las comunidades.

La actividad, denominada “Paso Ancho por la Paz”, formó parte del Festival Nacional Grito por la Paz, promovido por Buen Vivir Costa Rica y desarrollado simultáneamente en diversos cantones del país, entre ellos Desamparados, San Ramón, Nicoya, Tibás y León Cortés. En Paso Ancho-San Sebastián, la iniciativa fue impulsada mediante la articulación de organizaciones e instituciones comunitarias, entre ellas la Biblioteca Municipal Emma Gamboa, la Feria del Agricultor, el Hogar de la Esperanza y el Parque Los Héroes.

A lo largo de la jornada se realizaron diversas actividades orientadas a fortalecer la convivencia, la memoria histórica y el compromiso ciudadano con la paz. Entre ellas destacaron la inauguración del nuevo Mural de los Héroes, la exposición de fotografías históricas de la comunidad, la presentación de grupos de break dance, la siembra de árboles, juegos tradicionales para niñas y niños, la firma de la Carta por la Paz y la participación de cantores y poetas provenientes de Naranjo, Atenas, Moravia, Desamparados, San Francisco, Sarapiquí, Talamanca, Nicaragua y Paso Ancho.

La programación artística reunió expresiones musicales y poéticas que hicieron del parque un espacio de encuentro y reflexión. Asimismo, la presencia de estudiantes bribris de Talamanca y representantes de la Casa del Indio en Cartago aportó una dimensión intercultural que enriqueció la actividad y fortaleció los vínculos entre comunidades de distintos territorios.

Las personas organizadoras destacan que este tipo de iniciativas reflejan una convicción que ha venido creciendo en numerosos barrios y comunidades del país: la transformación social y la construcción de conciencia colectiva no se producen desde espacios externos, sino, más bien, desde los espacios comunitarios donde las personas se encuentran, dialogan, recuperan su memoria, fortalecen sus lazos y construyen propuestas compartidas para el futuro.

“Paso Ancho por la Paz” constituye así un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede convertirse en una herramienta concreta para promover valores de convivencia, solidaridad, respeto y participación ciudadana. La experiencia se suma a otras iniciativas impulsadas en el marco del Festival Grito por la Paz, cuyo propósito es generar espacios de encuentro capaces de fortalecer la cultura de paz desde los territorios.

Las personas organizadoras expresaron además su agradecimiento a las más de 50 personas que colaboraron en la preparación de la actividad, a la delegación de estudiantes bribris de Talamanca, a la Casa del Indio en Cartago, a la comunidad que respondió al llamado y a todas las personas visitantes que compartieron mensajes de amor, esperanza y paz durante la jornada.

Conversatorio analizará implicaciones de un eventual TLC entre Costa Rica e Israel

Las organizaciones Causa Sur y Ballena Vibes invitan al conversatorio “¿Debe Costa Rica firmar el TLC con Israel?”, un espacio de análisis y reflexión sobre las negociaciones de un eventual Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel.

La actividad contará con la participación de Paolo Nigro, de la Coalición Palestina Costa Rica, quien abordará diversos aspectos relacionados con el proceso de negociación del tratado y sus posibles implicaciones para el país.

Según la información difundida por las personas organizadoras, el conversatorio permitirá discutir el contexto de la negociación, el estado actual del documento en la Asamblea Legislativa, los aspectos diplomáticos y legales vinculados al acuerdo, así como posibles impactos para Costa Rica en caso de concretarse su firma.

La convocatoria también señala que se abordarán inquietudes planteadas por distintos sectores ciudadanos respecto al acceso a la información relacionada con este proceso y las posibles acciones que podrían impulsarse desde la Zona Sur del país.

La actividad se realizará el próximo sábado 11 de julio a las 3:00 p.m. en Ballena Vibes, Uvita. La participación será gratuita y se ofrecerá traducción del español al inglés.

Además, durante la jornada habrá venta de comidas, camisas, banderas y pines relacionados con la solidaridad con Palestina.

Detalles de la actividad

  • Conversatorio: ¿Debe Costa Rica firmar el TLC con Israel?
  • Expositor: Paolo Nigro, Coalición Palestina Costa Rica
  • Fecha: Sábado 11 de julio
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Ballena Vibes, Uvita
  • Organizan: Causa Sur y Ballena Vibes
  • Entrada: Gratuita
  • Idioma: Español con traducción al inglés

1845 personas presentan recurso de amparo para defender el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional

La iniciativa busca proteger el derecho de la ciudadanía a contar con una justicia pronta y efectiva ante situaciones que afectan la salud, la libertad y otros derechos fundamentales.

San José, 19 de junio de 2026.

Un total de 1845 personas respaldan la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para exigir que la Asamblea Legislativa cumpla con su obligación constitucional de nombrar las magistraturas suplentes de ese tribunal.

La acción nace de una preocupación sencilla pero profunda: cuando la Sala Constitucional no puede funcionar plenamente, quienes resultan afectados no son las instituciones, sino las personas.

Detrás de cada expediente hay historias humanas. Hay pacientes que esperan un medicamento para continuar viviendo. Hay familias que luchan para que un ser querido reciba atención médica. Hay personas que acuden a la Sala porque sienten que sus derechos han sido vulnerados. Hay comunidades que defienden el ambiente, estudiantes que reclaman acceso a la educación y ciudadanos que buscan protección frente a decisiones arbitrarias del Estado.

La Sala Constitucional es la última puerta a la que muchas personas tocan cuando sienten que nadie más las escucha.

Por eso preocupa que, pese a existir una lista de personas candidatas remitida por la Corte Suprema de Justicia y a pesar del tiempo transcurrido, la Asamblea Legislativa no haya concretado el nombramiento de las magistraturas suplentes necesarias para garantizar el funcionamiento pleno del tribunal.

Las magistraturas suplentes no son un lujo ni un trámite administrativo. Son parte esencial de un sistema diseñado para que la Sala pueda seguir resolviendo casos cuando alguna magistratura propietaria se encuentre incapacitada, de vacaciones, recusada o imposibilitada para participar en una votación.

Sin esas suplencias, existe el riesgo de atrasar o paralizar decisiones que pueden tener un impacto directo sobre la vida, la salud, la libertad y la dignidad de las personas.

Las 1.845 personas que respaldan este recurso consideran que la falta de acuerdos no pueden poner en peligro el acceso de la ciudadanía a la justicia constitucional.

Esta acción no pretende imponer nombres ni sustituir las competencias de la Asamblea Legislativa. Lo que busca es que se cumpla un deber establecido por la Constitución Política y que se garantice que la Sala Constitucional continúe siendo un instrumento efectivo para proteger los derechos de todas las personas.

Porque cuando una persona necesita un hábeas corpus para recuperar su libertad, cuando una madre lucha por el tratamiento médico de su hijo, cuando una comunidad busca proteger sus recursos naturales o cuando cualquier ciudadano requiere que se respeten sus derechos fundamentales, la justicia no puede esperar.

La defensa de la Sala Constitucional es, en realidad, la defensa de cada persona que algún día podría necesitarla.

Autoritarismo o democracia: panel analizará el papel de las instituciones autónomas y las garantías sociales

El programa Alternativas realizará el próximo 19 de junio de 2026 un panel dedicado a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas, las garantías sociales y las instituciones autónomas en el contexto de los cambios políticos y económicos contemporáneos.

La discusión partirá de una pregunta central planteada por la convocatoria: ¿cómo enfrentar el plan de los grupos de poder encabezados por Estados Unidos para eliminar los Estados nacionales? Según el texto de presentación del programa, una de las principales fortalezas para enfrentar esos procesos ha sido la existencia de las instituciones autónomas y las garantías sociales, las cuales continúan actuando como contrapesos frente a una arremetida autoritaria de intereses imperiales y transnacionales.

Bajo el eje temático “Autoritarismo o democracia”, el panel reunirá a cuatro personas invitadas con experiencia en ámbitos académicos, políticos, sociales y periodísticos.

Participarán:

  • Manuel Delgado Cascante, filósofo y periodista.

  • Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, asesor legislativo, exregidor municipal y excandidato a diputado por Heredia.

  • Patricia Mora Castellanos, socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica, exdiputada (2014-2018), exministra del INAMU (2018-2020) y presidenta del Frente Amplio.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La actividad forma parte de la programación del espacio Alternativas, iniciativa del Colectivo Reflexión-Acción, y será transmitida en vivo el 19 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

La transmisión también contará con la difusión de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

El panel propone un análisis sobre la vigencia de las instituciones públicas, la democracia, los derechos sociales y los desafíos políticos que enfrenta Costa Rica en el contexto regional e internacional.

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