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Etiqueta: participación ciudadana

Auditoría Ciudadana Integral busca transparentar manejo de fondos públicos y de pensiones

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.

  1. ¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?

El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.

  1. ¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?

ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.

  1. ¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?

Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.

  1. ¿Cuáles avances se pueden mencionar?

Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.

  1. ¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?

En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.

  1. ¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?

ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.

La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.

Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.

La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies – libro

Escrito en . Publicado en Mi Arado.

Héctor Ferlini-Salazar

Comparto mi libro La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies. Es una producción de la Editorial de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.

En la Introducción expongo lo siguiente:

En mi artículo “Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, las juventudes, y la participación en política pública”, -que se puede consultar en el anexo de este libro y fue publicado en 2017 por la Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica-, señalo que “hablar de democracia, o incluso de democracia participativa resulta un ejercicio cotidiano y en riesgo de estar vaciado de contenido. Por esto, como primer elemento, es necesario establecer una conceptualización para la democracia participativa no como un momento culminante o punto de llegada sino como un proceso de acumulación orientado al logro de un sistema político, según el cual, se supera la democracia representativa (o delegativa) para dar paso a la participación o incorporación efectiva de la ciudadanía en cuatro dimensiones: la formulación de la política pública, su ejecución, el control, y la re-formulación de política pública”.

A tono con este enfoque, en este volumen se incorporan tres artículos: “El consumismo como práctica irracional en una sociedad que se define como solidaria”, “Formación de estrategas para construir ciudadanía desde la dignidad como piedra angular” y “Construcción de comunidad y patrimonio cultural”. En estas reflexiones se muestra una situación que alude al título principal de portada: La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies.

Efectivamente, en el primer capítulo se aborda lo que denomino una supra-relación clave en la construcción de bloqueos a la participación consciente: la promoción del consumismo irracional; en el segundo se avanza en cuanto a la conceptualización de los procesos que pueden llevar a la construcción de cultura de ciudadanía, para, precisamente, superar ese bloqueo; el tercer artículo refiere a una experiencia concreta de construcción de cultura de ciudadanía mediante la patrimonialización de valores comunitarios.

Esa dinámica entre los recursos del sistema dominante para evitar la participación ciudadana consciente y comprometida y la construcción de ciudadanía gracias a la vida comunitaria, es lo que permite imaginar la ruta hacia la democracia participativa como un viaje entre los riesgos y durezas del risco y la fertilidad de la planicie que propicia los asentamientos humanos y la producción de la tierra.

Como resulta evidente, que en el 2003 se haya reformado el Artículo 9 de la Constitución Política para incluir el concepto de gobierno participativo, no es suficiente para asegurar la presencia ciudadana en la toma de decisiones claves. Por ello, en las siguientes páginas se aborda el reto de construir democracia de calidad teniendo presente las murallas que hay que enfrentar, la metodología que nos permite hacerlo con éxito, y los avances comunitarios que podemos tener en cuenta.

Puede descargar el libro desde este enlace.

Realidad nacional y pueblos indígenas – Panamá

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por: Kevin Sánchez Saavedra
Universidad de Panamá, Departamento de Historia
kevin.esanchez@up.ac.pa

Avivan el engendro minero en AGOSTO

Con gran preocupación nacional, críticas diversas y protestas de calle, se discutió en primer debate, en la comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional de diputados de Panamá, el contrato minero entre el estado panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la minera «canadiense» First Quantum Minerals Ltd. Las autoridades indígenas representadas en COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) expresaron su rechazo al contrato minero, participaron en el debate, y el 30 de agosto enviaron una nota al presidente de dicha Comisión en la asamblea.

A partir de la conformación de la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel entre el gobierno y COONAPIP, a fines de julio de 2022, para resolver tres asuntos prioritarios sobre seguridad territorial de los pueblos indígenas de Panamá (titulaciones colectivas, invasiones y desalojos, demarcaciones), en los primeros meses de 2023, los técnicos de COONAPIP, sacaron a relucir el título de propiedad privada que el estado panameño, de manera ilegal, otorgó a la empresa Sinclair Oil Corporation, con una extensión de 326 mil hectáreas, y que traslapa con las comarcas Embera-Wounaan y Wargandi, el Parque Internacional Darién, y varios territorios ancestrales que actualmente se encuentran en proceso de titulación colectiva. COONAPIP y sus autoridades han denunciado y solicitado la derogación de dicho título y gestionan una serie de acciones legales. A fines de julio de 2023, luego de su asamblea ordinaria en Puerto Lara (Darién), COONAPIP exigió al gobierno panameño el cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Condipi), especialmente el no imponer sus decisiones o las del Banco Mundial, respetar la autodeterminación y propias decisiones de los pueblos indígenas en Panamá.

Por otro lado, la data del Censo de Población y Vivienda de 2023 [2020] ya ha sido puesta a disposición pública bajo el uso de REDATAM. La información refleja que la población indígena en Panamá representa el 17.2 por ciento de la población total del país (4.2 millones de habitantes), mientras que en 2010 era de 12.3 por ciento (de 3.6 millones de habitantes).

El engendro minero se aplaca en SEPTIEMBRE

El debate nacional por la aprobación del nuevo contrato minero entre Panamá y la empresa Minera Panama, S.A., fue álgido y controversial. Protestas y el rechazo de dicho contrato, desde diversos sectores sociales y gremiales, se incrementaron en las principales ciudades del país, más en la ciudad de Panamá. Autoridades y técnicos de COONAPIP participaron en una marcha masiva contra la minería en Panamá.

Coaliciones de junio y julio de 2022, como Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) y dirigentes de la Comarca Ngäbe-Bugle, cuyas acciones masivas de protestas paralizaron al país y obligaron al actual gobierno a sentarse a negociar diversos temas de calidad de vida y políticas económicas (precio del combustible, alimentos, medicamentos, etc.), emergieron para oponerse a la aprobación del contrato minero que se ecnontraba en la fase final de discusión del primer debate en la asamblea nacional de diputados. Dirigentes ngäbe de distintas regiones del país dieron ultimátum de 8 días para retirar el contrato o realizarían bloqueos nacionales. Representantes del gobierno consideraron retirar el proyecto-ley de contrato minero para incluir modificaciones. La comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional, en donde se discute el contrato, suspendió el debate y emitió una resolución al ejecutivo para retirar el proyecto.

Por otro lado, la migración en la frontera entre Panamá y Colombia, en la región biogeográfica neotropical húmeda Chocó-Darién, fue adquiriendo mayor notoriedad, tanto por las cifras como por sus efectos y crisis humanitarias, sociales, ambientales, políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad. Este drama humano del siglo XXI mantiene importantes repercusiones en territorios y comunidades locales indígenas en Darién y algunas comarcas, por ejemplo, en la contaminación de cursos altos de importantes ríos de los que dependen su subsistencia y estilos de vida, pero también en la transformación de las comunidades. La junta directiva de COONAPIP se reunió y trató este fenómeno migratorio, sobre las necesidades de atención humanitaria y de seguridad de las comunidades y los territorios colectivos.

Leyes nacionales transcendentales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley N° 88 de 2010 sobre Educación Bilingüe Intercultural y la Ley N° 37 de 2016 sobre consentimiento libre, previo e informado se encontraban en fases de reglamentación, y los documentos borradores estaban en procesos de revisión. El BID es una de las entidades que financió estos procesos, así como también el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas de Panamá (PEMIP 2025), aprobado bajo Decreto Ejecutivo N° 18 de septiembre de 2023. No obstante, sus acciones serían ejecutadas desde distintos programas de los ministerios de gobierno, y no desde los congresos o consejos indígenas.

En la conmemoración del Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista en Panamá se realizó un reconocimiento importante a 100 mujeres del país por sus contribuciones en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, dentro de las cuales estaba la coordinadora del Componente de Género del actual proyecto COONAPIP-PRODESO-TF, Yanel Venado Jiménez.

La bestia minera cobra vida en OCTUBRE y el pueblo la enfrenta

Dada la compleja y crítica situación en que se encentraba el país como resultado de la veloz aprobación del contrato minero bajo la Ley N° 406, cualquier intento de síntesis con intenciones de reflexionar sobre lo que acontecía siempre corrió el riesgo de no dar cuenta de todo el proceso de lucha del pueblo panameño contra la minería a cielo abierto. Como a fines de septiembre el proyecto de contrato ley minero ⸻bajo un procedimiento erróneo⸻, fue devuelto por la asamblea al órgano ejecutivo, con una serie de observaciones (la asamblea sólo podía aprobar o rechazar el contrato, no brindan recomendaciones o devolverlo), el consejo de gabinete vuelvió a aprobar el proyecto de contrato ley modificado el 10 de octubre, y el ministro de comercio e industrias lo entregó para su discusión en la asamblea el 16 de octubre. En esta nueva “discusión” legislativa, la participación de los gremios, organizaciones y el público en general fue limitada, la transmisión pública por el canal de la asamblea fue interrumpida, y en 48 horas la asamblea nacional aprobó la Ley N° 406, y para la tarde del 20 de octubre el presidente Laurentino Cortizo la sancionó y se publicó en la gaceta oficial.

Los gremios, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones se encontraban en protestas en las calles cuando todo esto ocurrió, y a partir de allí, las manifestaciones nacionales fueron masivas en todo el territorio nacional, varios paros y huelgas indefinidas docentes y obreras declaraban su inicio, mientras que las clases fueron suspendidas al nivel nacional. Hasta por mar se produjeron manifestaciones, muy cerca al puerto de Punta Rincón en el Caribe panameño, desde donde la empresa minera ha exportado millones de toneladas de concentrado de cobre, oro, plata y molibdeno.

Producto de la presión ciudadana en las calles, el 24 de octubre, 27 de octubre y 29 de octubre, el presidente Cortizo brindó declaraciones al país, siendo la última la más importante para los manifestantes y cierta tranquilidad en el país, pues la prohibición de la minería metálica al nivel nacional pasa de solo ser un decreto ejecutivo a discutirse y aprobarse como ley de la república, en sesiones extraordinarias, en la asamblea nacional de diputados.

En el proceso, varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley N° 406 fueron interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, que los tiempos de protestas también transcurrieron a la espera de los fallos de la Corte. En el desarrollo de todos estos eventos, COONAPIP participó en las marchas y manifestaciones, con pronunciamientos oponiéndose a la aprobación del contrato minero, exigiendo la moratoria minera, la celeridad en el fallo de la Corte como la derogación del contrato minero. De hecho, influyó para que el Consejo Indígena de Centroamérica emitiera un pronunciamiento sobre la situación en Panamá. Por otro lado, durante el 12 de octubre, en ciudad de Panamá, organizó una gran marcha en memoria de la resistencia indígena. Al final de dicho evento, el ministro de gobierno, Roger Tejada, habló ante las autoridades de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de declarar este día como de Reflexión Nacional.

Heridas de muerte a la bestia minera en NOVIEMBRE

Aunque habituales desfiles de fiestas patrias fueron suspendidos en todo el país por las masivas y diversas manifestaciones antimineras, el 3 de noviembre la población panameña marchó y celebró la publicación en gaceta oficial de la Ley N° 407, que establece moratoria indefinida de la minería metálica en Panamá. Simultáneamente, medios de comunicación comercial hacían eco de la solicitud que formuló el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al Ministerio de Trabajo para autorizar la suspensión de contratos de miles de trabajadores, justificando la acción en los efectos económicos producidos por los cierres de calles.

Grupos de poder político, económico y mediático exigían la suspensión de manifestaciones, cierres de calles y huelgas de los grupos organizados de indígenas, estudiantes, jóvenes, ambientalistas, docentes, obreros, científicos, campesinos y pescadores opuestos a la Ley N° 406. Dichos grupos organizados señalaban dos caminos para terminar con las protestas: 1) derogatoria o 2) inconstitucionalidad de la Ley N° 406. Adicional, denunciaban la parcialidad de los medios comerciales de comunicación y la manipulación de la información para criminalizar las protestas y cierres. Diversos medios alternativos fueron cruciales en la comunicación de redes sociales.

La crítica mediática fue tan excesiva, que una editorial contra el pueblo ngäbe provocó la indignación y réplicas de la población, incluyendo de las organizaciones, líderes y autoridades indígenas aglutinadas en COONAPIP, quienes se reunieron con el defensor del pueblo para tratar esta afrenta racista y otros temas de derechos humanos. La criminalización y ambiente de odio sembrado cobró sus lamentables frutos con el asesinato a sangre fría de dos manifestantes de gremios docentes. La Defensoría del Pueblo señaló que la lucha antiminera del pueblo dejó 5 personas muertas y varias con pérdida de visión.

Aunque gremios organizados de “Alianza Pueblo Unido por la Vida” insistían en el camino de la derogatoria de la Ley N° 406, y varios juristas avalaban esa posibilidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la presión popular creciente instalada en sus inmediaciones, se ajustó a los tiempos procesales y brindó la esperanza de un fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato-ley minero. Los cierres de vía se mantuvieron firmes en múltiples puntos del país, y en la memoria colectiva queda la gran lucha de los “guerreros del mar”, pescadores de Donoso que impedían actividades portuarias de la empresa minera, hasta impactar directamente sus acciones internacionales en la bolsa de valores.

COONAPIP participó en reiteradas marchas y acciones colectivas, incluyendo los cierres totales. Además, colocó carpas, banderas y pancartas frente a la CSJ para unirse a las vigilias y mítines junto a otros grupos organizados. El 28 de noviembre, en la conmemoración de la independencia de Panamá de España, COONAPIP marchó y celebró el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ sobre la Ley N° 406, como día histórico de la gesta nacional del siglo XXI. Protestas y bloqueos casi han cesado, y el ministro de Comercio e Industrias ha renunciado a su cargo.


Caminata: Puntarenas unidos con pasos de esperanza

Escrito en . Publicado en Derechos, Ejercicio y salud.

El Departamento de Participación Ciudadana comparte el siguiente mensaje: 

La caminata “Puntarenas unidos con pasos de esperanza” corresponde a un evento dirigido a la promoción de la salud en la sociedad civil. En este caso, para la divulgación de información sobre la enfermedad del cáncer y para la prevención de este mismo. 

Esta actividad le incumbe un trenzado de relaciones de trabajo entre la institucionalidad costarricense y la ciudadanía de la comunidad seleccionada. Por lo que su realización comprende un trabajo entre el Departamento y entidades como la Municipalidad de Puntarenas, la Caja de Costarricense del Seguro Social (CCSS), Asamblea Legislativa, organizaciones no gubernamentales, personas ciudadanas costarricenses y personas extranjeras.

Por ello, con mucho entusiasmo anunciamos que por segundo año consecutivo junto con la Fundación Adamas Costa Rica, la CCSS, la Municipalidad de Puntarenas, el Comité de Deportes y otras organizaciones, se llevará a cabo el  el próximo sábado 14 de octubre a partir de las 8:00 a.m.

¡Asiste y únete al movimiento!

Para más información puede escribir al correo participacioncr@asamblea.go.cr ó a las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana, FB: Participación Ciudadana – Asamblea Legislativa Costa Rica e Instagram: @dpc_asamblea_legislativa

#ciudadanía #CCSS #Puntarenas #actividadesrecreativas 

 

Compartido por Piarela Astúa a SURCOS.

Comisión Legislativa de Ambiente investigará Plan Regulador de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.

La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.

Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.

Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.

Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.

Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.

Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Señalan irregularidades en el borrador de la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Selva Melody Baker Felton

Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.

En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.

Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.

Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.

Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.

Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.

Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.

En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.

Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.

Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.

SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.

¿Nuevo reglamento en SETENA?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.

Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión  del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:

  • Presiona al personal de SETENA al imponerle plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
  • Beneficia al empresariado no sólo al disminuir el papeleo para los permisos y los controles, sino que les baja las penas (sanciones en caso de incumplimiento).

Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.

Es tiempo de oxigenar la democracia con la participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Derechos.

José Luis Pacheco Murillo

Los procesos democráticos en cualquier país del mundo deberían de fortalecerse mediante una mayor participación ciudadana y además, con un reordenamiento de aquellas actividades en las que esa ciudadanía debe participar para escoger a quienes les representarán en los puestos de elección popular.

Por ejemplo, sería más democrático que los ciudadanos escojan a quienes llevarán a la Asamblea Legislativa y no como sucede actualmente, en donde se vota por una papeleta propuesta por los partidos políticos y que obliga al ciudadano a votar por quienes no les representarán, por múltiples razones. La elección debería ser escogiendo por nombre y no por papeleta. Eso fortalecería la democracia participativa. Otro avance importante sería que, para las elecciones municipales, si fuese factible, que quienes participan lo puedan hacer sin necesidad de tener que ser postulados por partidos políticos, sino que simplemente se postulen y que los munícipes decidan. Y que esas postulaciones puedan ser para un solo puesto ya sea Alcaldías, regidurías o sindicaturas. O bien, como un paso a ese fortalecimiento democrático, que en las elecciones municipales los que participen sean partidos cantonales solamente ya que, al fin y al cabo, la circunscripción en que se disputa la elección es cantonal.

El que sean partidos nacionales puede llevar a que en dichos partidos las decisiones que afectan a un cantón sean tomadas por mayorías que no pertenecen a ese cantón, y por ende, no conocen sobre las problemáticas que se viven en el cantón, incluso pueden llegar a imponer candidatos que no necesariamente sean los elegidos por las estructuras cantonales de dichos partidos, con lo que, antes de fortalecer la democracia se vivirían procesos anti democráticos.

Es tiempo de oxigenar la democracia. Es tiempo de hacer que la participación ciudadana sea real y efectiva y no una simple simulación en la que al final son unos pocos los que deciden por la mayoría y obligan a los demás a elegir a quién no desean, o bien, abstenerse de votar con el daño que eso representa para la democracia.

Dios quiera que se puedan generar los cambios para fortalecer la democracia y que haya más participación real y efectiva en los procesos electorales y con ello, que haya más responsabilidad ciudadana en esa participación y una mayor confianza en el sistema y en la toma de decisiones.

Planes Reguladores Participativos: Del discurso al aprendizaje real

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Asociación CODECE desarrolló en 2008 un minucioso proceso de reflexión y organización en un texto, que aborda la participación activa de los habitantes en la creación de planes reguladores cantonales. Esta iniciativa tiene como fin ofrecer una herramienta práctica para todas aquellas personas interesadas en el presente y futuro de las comunidades.

El contenido del proyecto incluye una explicación sobre la importancia de la planificación y la definición de un plan regulador. Asimismo, se aborda la planificación del territorio donde vivimos, la planificación comunitaria, la participación ciudadana, entre otros temas.

El equipo encargado de la realización de este material está compuesto por los diseñadores gráficos Olman Bolaños y Luis Gutiérrez, y la redacción y edición del texto estuvo a cargo de Paulina Chaverri, con contribuciones adicionales en el texto y edición de Romano Sancho, Patricia Guevara, Aurora Chaverri (QEPD) y Olman Bolaños.

La publicación fue impresa por Editorama SA y llevada a cabo por la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, conocida como Asociación CODECE, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A pesar de ser un material del 2008, contiene un mensaje válido en cuanto a la relación entre los planes reguladores y la participación ciudadana.

Puede descargar el documento aquí.

 

Información compartida con SURCOS por Marco Palma Leiva.

ATEC defiende turismo social y ambientalmente responsable y pide verdadera participación y transparencia en Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

La Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación (ATEC) dirigió una carta a la Municipalidad de Talamanca, en la cual señala que “el ecoturismo procura proteger la naturaleza y preservar los estilos de vida de las comunidades tradicionales, entendiendo que sin estos dos importantes elementos un territorio pierde toda su esencia y lo que lo hace único en el mundo”.

Asimismo, indica que “el ecoturismo verdadero es un fenómeno que produce resultados económicos muy favorables pues hoy más que nunca el turista consciente busca disfrutar de zonas donde la actividad humana conviva en armonía con la naturaleza, y donde a la vez, las personas locales puedan vivir dignamente en sus territorios conservando sus formas culturales de vivir y sin ser desplazados”.

La carta firmada por la presidenta de ATEC enfatiza que “cualquier otra propuesta turística, especialmente el modelo de mayor escala que se promueve en este Plan Regulador Costero posiblemente hará que el Caribe Sur pase de ser un sitio diferente, único y llamativo a un sitio común y equiparable a cualquier destino de playa y sol donde este modelo de mayor escala se encuentra instaurado”.

“Además, señala el documento de ATEC, restará su identidad, creará mayor presión sobre la naturaleza, encarecerá el costo de la vida y posiblemente traiga consecuencias sociales comunes en sitios donde existen desarrollos turísticos de mayor escala”.

Por ello propone suspender la consulta programada para el 4 de agosto a fin de propiciar “verdadera participación y transparencia” en torno a este tema que interesa a la comunidad y organizaciones sociales de la zona.

SURCOS comparte el texto de la carta enviada por Elena Spencer Buril, presidenta de ATEC a la Municipalidad de Talamanca.

Concejo Municipal de Talamanca
Sr. Alcalde Rugeli Morales Rodríguez
Comisión PRC

Puerto Viejo, 25 de julio, 2023

Estimadas señoras y señores:

Enviamos un cordial saludo de parte de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) y a la vez mostramos agradecimiento por su respuesta, mediante oficio OLPSDV-029-23 redactado por el Sr. Enrique Joseph, a nuestras primeras observaciones referentes a la propuesta de la Municipalidad de Talamanca del Plan Regulador Costero.

Primero deseamos indicar que entre los objetivos de ATEC se encuentra el promover un turismo social y ambientalmente responsable apoyando iniciativas y el manejo de facilidades, servicios y actividades ecoturísticas de la población local de Talamanca. El ecoturismo procura proteger la naturaleza y preservar los estilos de vida de las comunidades tradicionales, entendiendo que sin estos dos importantes elementos un territorio pierde toda su esencia y lo que lo hace único en el mundo. El ecoturismo verdadero es un fenómeno que produce resultados económicos muy favorables pues hoy más que nunca el turista consciente busca disfrutar de zonas donde la actividad humana conviva en armonía con la naturaleza y donde a la vez las personas locales puedan vivir dignamente en sus territorios conservando sus formas culturales de vivir y sin ser desplazados.

Este es el caso del Caribe Sur, que creó de forma orgánica y exitosa su propio modelo ecoturístico que motiva al turista a visitar este sitio único, irreplicable y ejemplar, en muchas ocasiones regresan y también promueven que otros viajeros visiten la localidad debido a esas características únicas. El ecoturismo educa a visitantes y genera comunidades locales con habitantes comprometidos de ser guardianes y protectores de sus bosques, humedales, ríos, playas y mar. Cualquier otra propuesta turística, especialmente el modelo de mayor escala que se promueve en este PRC, posiblemente hará que el Caribe Sur pase de ser un sitio diferente, único y llamativo a un sitio común y equiparable a cualquier destino de playa y sol donde este modelo de mayor escala se encuentra instaurado. Además, restará su identidad, creará mayor presión sobre la naturaleza, encarecerá el costo de la vida y posiblemente traiga consecuencias sociales comunes en sitios donde existen desarrollos turísticos de mayor escala.

En respuesta al oficio OLPSDV-029-23 y a su propuesta del PRC queremos agregar lo siguiente:

1. Dado a que los estudios de IFA contienen muchos términos técnicos y en el enlace que compartieron hubo formatos de Shape imposibles de abrir, la población y diferentes organizaciones de las comunidades están expresando que no hubo suficiente transparencia de información y participación en la planificación, solicitamos a la Municipalidad de Talamanca de facilitar antes de cualquier audiencia pública presentaciones de expertos correspondientes donde nos den explicaciones de los resultados de los diferentes estudios de fragilidad ambiental y que den la oportunidad de responder cualquier pregunta de parte de la población.

2. Consideramos que los talleres indicados que se llevaron a cabo en julio 2018 eran más que todo de carácter diagnóstico y poco informativo, y no fueron realmente participativos. Pensamos que para garantizar una verdadera participación y transparencia habría que facilitar toda una serie de charlas y talleres de forma tal que la población adecuadamente informada y conociendo los diferentes términos que integran un plan regulador pueda verdaderamente ser parte de la propuesta para cada área de cobertura, tamaño mínimo y máximo de lotes, y cantidad permitida de habitaciones, comercios y viviendas, entre otras.

3. Consideramos que propiedades, especialmente en zonas fuera de los cuadrantes de los pueblos designadas como MIX y TAP con una cobertura de 70% y 50 habitaciones/hectárea estarían causando serios daños a la aún exuberante naturaleza que hace el Caribe Sur diferente y especial a otros destinos en el país y a nivel internacional, además de interrumpir los corredores para la vida silvestre, fauna y flora, que aún existen. Sugerimos que se permitan solamente hoteles de no más de 25 habitaciones por propiedad con un mínimo de 10.000 m2 y la misma cantidad de habitaciones en caso de propiedades aún más grandes. Eso para garantizar que serían mayoritariamente empresas familiares con énfasis en la población local y con menor impacto ambiental. La cobertura que sugerimos para todas las áreas fuera de los cuadrantes sería no más de 20%, y la altura de edificaciones máxima de 2 pisos. Enfatizamos que en cualquier propiedad construida debería ser obligatorio garantizar un corredor bilógico ininterrumpido a largo entre todas las zonas para mantener sana conexión de hábitat para la flora y fauna.

4. Urge un reglamento de tamaños permitidos de propiedades, densidad de construcciones e infraestructura no solamente para la zona marítima terrestre sino una visión integral para toda la zona del Caribe Sur. Vemos que ya se están presentando graves problemas de deterioro de nuestros recursos donde en fincas de cacao con todo su propio ecosistema se cortan todos los árboles y segregan en parcelas de 300 y 500 m2.

5. El problema grave del faltante de abastecimiento de agua potable ya ampliamente conocido dentro y fuera de la ZMT no se resolvería solamente con un aumento de número de pozos. Sabemos que Talamanca no cuenta con acuíferos adecuados para el consumo humano. Una inversión y ejecución de nuevos acueductos puede llevar años y hoy no se puede garantizar su eficiencia ni capacidad real. No se debe ni se puede promover un modelo sin contar hoy con la disponibilidad suficiente de agua, sin asegurar que la población local no sufrirá de escasez y asumiendo que puedan haber alternativas que hoy no cuentan con diseños, planes o estudios técnicos.

6. Queremos dar énfasis en que estamos en pro de un planeamiento responsable del desarrollo del Caribe Sur, del cual se desprenda un plan de ordenamiento o plan regulador, que no solamente abarque la ZMT sino incluya el resto de la jurisdicción de cada comunidad costera de Talamanca, que no promueva dependencia hacia una sola actividad como es el turismo sino que promueva diversidad de actividades económicas locales, que promueva el empoderamiento cultural y mejoras reales en la calidad de vida, una soberanía alimentaria y que la preservación de los recursos naturales se sostenga a través del tiempo.

Les recordamos que en el año 2004 la comunidad de Puerto Viejo entregó una propuesta de Uso de Tierras y de zonificación a la Municipalidad de Talamanca y al ICT como contra propuesta a la del ICT de 2003, elaborada por una comisión de trabajo del pueblo, y aprobada por la ADI PV de entonces.

Para terminar, solicitamos respetuosamente que la audiencia pública del 4 de agosto no se lleve a cabo, para dar paso a un proceso de verdadera participación ciudadana en la construcción conjunta de un plan regulador acorde con las decisiones y necesidades de la comunidad.

Nos despedimos con la esperanza de que esta Municipalidad escuche y facilite soluciones viables con una verdadera participación de la población en la planificación. Esperando su respuesta, atentamente.

Elena Spencer Buril, Presidenta de ATEC