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Etiqueta: participación ciudadana

La Democracia secuestrada

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.

Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.

Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.

Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.

De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).

En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.

En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.

Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.

Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.

Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.

Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).

Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.

Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.

Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.

Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)

La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.

Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).

Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).

Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).

Movimiento Popular Fragmentado

Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.

Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.

La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.

Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.

Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.

Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.

Agresión pareja

En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.

Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).

A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).

El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).

Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.

Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.

En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.

“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).

Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.

Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.

Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.

Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:

“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).

Actuario insta a pedir a la CCSS el reajuste de las pensiones para recuperar pérdida por inflación y violación del reglamento, las leyes y la Constitución

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente documento dirigido a la ciudadanía por el actuario Rodrigo Arias López. El experto en el tema de finanzas de la CCSS y pensiones llama a “sacar un ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS”. El propósito de esta acción ciudadana sugerida por el profesional e investigador es solicitar el “reajuste de los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima”.

Compartimos el documento y las cartas que se pueden utilizar como machote:

“Nuevamente me dirijo a los 340 mil pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a sus familiares y a los cotizantes de IVM; la última vez fue para mostrarles como les roban a los pensionados de IVM mediante el mecanismo de no recuperarle la pérdida de valor a las pensiones ocasionada por la inflación de los precios:

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04TsEgygnjTLkXsATWXTAuLGFGJTMEkBsEVYRWWXFkrzZuNZNKKHmCZrEksrQ5W2Ml&id=1136685301&mibextid=Nif5oz).

Esta vez es para sugerirles a cada uno de ustedes -pensionados, familiares y cotizantes activos de IVM- la entrega de un documento a la Junta Directiva de la CCSS solicitándole que reajuste los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima. Lo importante es que cientos de ustedes saquen el ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS, para lo cual les dejo las siguientes tres alternativas u opciones:

Opción 1: Si usted tiene firma digital complete y firme el documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y envíelo al correo oficial de la CCSS coinccss@ccss.sa.cr sin olvidar solicitar acuse de recibo.

Opción 2: Si usted no tiene firma digital complete, imprima y firme dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y entréguelo en las oficinas de la CCSS en San José cuya dirección es “Torre A – Centro Corporativo Internacional, en Barrio don Bosco, avenida 8, calles 26 y 28”. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Opción 3. Si le resulta difícil movilizarse hasta San José, puede completar, imprimir y firmar dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para la opción 3” y entregarlo en la sucursal de la CCSS más cercana de su casa. Si conoce el nombre del Jefe(a) de la Sucursal puede agregarlo al documento; pero no es necesario. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Recuerden que lo importante no es que lo entregue una persona, ni mil o 10 mil; lo importante es que sean cientos de ustedes. Si tiene alguna dificultad para manipular el texto o para ir a imprimirlo a una fotocopiado, pídale ayuda a un familiar o a una amistad. Si no tiene correo electrónico puede crear uno o bien incluya el de un familiar o el de una amistad; lo importante es que incluya un correo para notificaciones. Invito a los familiares de los pensionados y a los cotizantes activos de IVM a que también le entreguen el documento a la Junta Directiva de la CCSS, como dice el dicho “hoy por tí, mañana por mi”; la solidaridad siempre es muy importante.

Siéntanse con entera libertad de modificar y/o adicionar el texto del borrador que les comparto y que también puede descargar de este enlace:

https://docs.google.com/document/d/12uygnx4hg-TjX-rZCKgI0TsrmqqlpbVs/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

Saludos y manos a la obra. Att. Rodrigo Arias López

Texto para las opciones 1 y 2:

Fecha _________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.”

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”

Petitoria

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

Texto para la opción 3:

Fecha _________________

Sr(a) Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS de _______________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.”

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”

Octavo. Que el artículo 10 inciso b) de la Ley 9097 dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.”

Petitoria al Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS

Le solicito hacer llegar este documento a la Junta Directiva de la CCSS tal y como lo ordena el inciso b) del artículo 10 de la Ley No. 9097 y el artículo 27 de la Constitución.

Petitoria a la Junta Directiva de la CCSS

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

Nuestros niños, los más pobres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Impactó la noticia de que nuestro país es el que tiene mayor tasa de pobreza infantil de las 38 naciones que componen la OCDE. Según esos datos, el 27% de los menores de 17 años viven en pobreza. Por cierto, a diferencia de la de otros países, nuestras cifras son del 2021, lo que quiere decir que toman en cuenta la situación creada por la pandemia del Covid-19, que presumiblemente empeoró la situación de la población, especialmente la de la más pobre. Es decir, en la realidad estamos peor de lo que dicen los datos de la OCDE.

Es, además, dice ese organismo, el segundo país con mayor desempleo (solo superado por España).

Es posible que ambas cifras tengan que ver, pues son las mujeres las más golpeadas por el desempleo y la pobreza. Y mujeres solas crían a la mitad de los niños que nacen en este país.

Para ese organismo uno de los motivos que explican este fenómeno es la cantidad de niños nacidos de madres adolescentes. Pero sucede que nuestro país redujo esos índices de manera ejemplar en la pasada década. El porcentaje correspondiente cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Ese factor, el de ser hijos e hijas de madres adolescentes, sigue pesando, sin duda. Pero podríamos pensar que hay otros factores más decisivos.

El 70% de los niños que nacen en Costa Rica son nacidos fuera de matrimonio, y la mitad de ellos de madres solteras, es decir, sin pareja. Son un total de 24.140 pequeños. Y eso sí parece ser significativo, sobre todo porque las madres solteras siguen tomando la delantera. En el 2008 eran no más de 16.331.

Además, de los niños así nacidos, un 30% carece por completo de soporte económico de su padre.

La OCDE dice:

«La custodia de los hijos suele corresponder a la madre, quien frecuentemente tiene un ingreso personal menor que su expareja. Por consiguiente, no es de sorprender que el riesgo de pobreza (de 31%) de las familias monoparentales sea tres veces mayor que el de las familias con dos padres (10%) en toda la OCDE en promedio”.

Según el Banco Mundial (Oportunidades para reducir la pobreza en Costa Rica) “las madres solteras enfrentan desafíos mayúsculos. Sus ingresos laborales tienden a ser bajos y aquellos provenientes de transferencias públicas y privadas no resultan ser un complemento suficiente. Más de la mitad de todas las madres solteras pueden clasificarse como pobres y su situación pareciera haberse deteriorado en la última década”. La tasa de pobreza calculada por ese informe para las mujeres es de 27,7%. La de los niños de 0 a 14 años, del 40%.

El aumento de la pobreza infantil tiene esos componentes que tienen que ver con las malas prácticas de la sexualidad y la reproducción, la desigualdad a que se ve sometida la mujer, la poca efectividad de nuestras leyes y prácticas de paternidad responsable y muchas otras, que aparentemente tienen que ver con el comportamiento individual de las personas. Pero la verdadera causa no se encuentra allí. Está en un régimen social de por sí injusto, en la que el ser humano es mercancía de segunda, y donde los niños, por ser improductivos, por su vulnerabilidad y su dependencia, son los más sacrificados.

Resulta especialmente triste comprobar que los niños de todos los países de esa organización privilegiada, entre ellos el nuestro, sean el sector de la población que muestra mayores cifras de pobreza y que, además, representan un sector cuyo número va en aumento. Son más pobres que los ancianos, mucho, pero mucho más pobres que la media de la población adulta y además cada vez son más. Eso es así en todos los países, En España y en Israel, en Estados Unidos y en Francia, y más, como vemos, en Costa Rica.

Es el resultado más demoledor de un régimen estructuralmente injusto, cuyos males sociales se han agravado por las políticas de contención del gasto público y la privatización galopante.

Al fin y al cabo, la clave está allí, y el sacrificio de nuestros niños ante el altar del capital es un signo de la debacle de nuestro régimen social y político corrupto e inhumano. Esa sangre inocente clama por un cambio de régimen, que transforme esta democracia podrida que los condena a la muerte por otra democracia, popular, participativa, socialista.

La concepción del presidente Petro sobre el movimiento de masas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Asistí a la concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá DC, a la 1 pm el martes 14 de febrero de 2023. Miles de asistentes copaban una tercera parte del ágora, como se mencionaba en la antigua Grecia a la plaza pública. Una larga y siempre alimentada fila indicaba la entrada a la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño, donde desde una de sus ventanas se dirigió al país y al mundo el Presidente G. Petro. No se instaló una pantalla gigante para que ese conglomerado humano que allí permaneció toda la tarde pudiera verlo y escucharlo. Desplegó una pieza oratoria de una hora 40 minutos, propio de un estadista en que trató esencialmente lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la salud.

La oposición militarista la llamó “un discurso de campaña” y no la materialización de lo prometido en campaña. Queda registrado en los anales históricos del país que es la primera vez que se convoca a una manifestación de apoyo a la gestión de un presidente.

Asistimos a una aplicación de ejercicio político y participación directa de masas. La democracia directa no deja de ser un enunciado en la actual Constitución Política de 1991 (CP91) y esta democracia de la calle es una de las tantas formas de expresión del pueblo en forma directa.

Al día siguiente se observó el fenómeno de contra-manifestación, esta vez contra el gobierno del Presidente G. Petro, despotricando contra las reformas de fondo, que requiere tanto el país como el Estado colombiano en todos los niveles y aspectos institucionales. No existe en Colombia oposición estructurada. Constituye una oposición inmóvil cual una roca, resentida, guiada por el odio, la desinformación, la falsedad y la triquiñuela que resume lo reaccionario, retardatorio y repelente a cualquier cambio del actual estado de cosas en el país.

Se trata de la presentación de un conjunto de soluciones a mejorar las condiciones y calidad de vida a la mayoría del pueblo colombiano, y existe gente -de ese mismo pueblo- que se opone a esas reformas y al indispensable y necesario cambio de todo.

La explicación no es otra que ese grueso de población está sometida al modelo económico vigente y alienada producto de la impositiva dictadura mediática. Es decir, los medios de comunicación pre-pago que impone toda una infraestructura y superestructura ideológica del Estado, agobia a la persona y así, individualizada, la aliena, desinforma y engaña, conllevándola, accidentalmente, a ser una garantía infundada en el mantenimiento del estatus quo o actual estado de cosas.

El panorama político colombiano

Con el triunfo de un gobierno que encabeza del Presidente G. Petro y la valiosa Vicepresidenta Francia Márquez, de corte alternativo, progresista, liberal, socialdemócrata en Colombia no se está ni ad portas de una revolución. Se aplica un programa de desarrollo de conjunto de fuerzas productivas capitalistas.

Una oposición que enfrente un planteamiento contrario está condenada a desaparecer. Por ende, el Presidente G. Petro ni es izquierdista, ni socialista. Otra cosa es que la izquierda legal lo apoye en sus programas de renovación y la adecuación de un modelo económico nuevo, dado el fracaso y fin del ciclo del neoliberalismo salvaje, como fase accidental. Amplio es el aporte de teóricos y analistas de la izquierda, en particular la latinoamericana, respecto a programas de cambios profundos que trascienden el nivel académico y aplican en una realidad política transformadora.

Del paso de la rebelión de las masas a la multitud

Cuando el Presidente G. Petro llama y convoca a que el pueblo se exprese en las calles, en modo alguno está polarizando a la sociedad ni agudizando la lucha de clases. Está demostrando una posición ideológica renovadora que predomina en el mundo ante lo alternativo poscapitalista, resultado del fracaso neoliberal y la vulnerabilidad de la globalización hasta entonces no cuestionada.

Es sabido que el marxismo es una guía para la acción; pero el marxismo en su concepción dialéctica de la Historia y en el periodo de transición del estadio capitalista al socialista no cuenta con parámetros dogmáticos ni de imposición que distorsione el transcurrir. Así, V. Lenin concibió el Imperialismo como Fase Superior del Capitalismo. Pero el marxismo-leninismo no previó la fase del nazismo y el fascismo, cual orden sobreviniente al capitalismo. Esta accidental fase -que generó la II Guerra Mundial- buscó, incluso, sepultar el avance, permanencia y existencia del capitalismo y de contera abortar el estadio de desarrollo de la Humanidad hacia el socialismo.

Pues bien, una vez en posguerra anidan las formas del modelo neoliberal con una aplicación devastadora para la humanidad y para la clase obrera mundial, que es el sustento primordial hacia un orden socialista. Pero para el marxismo no hay nada desviado, la Historia continúa su curso materialista dialéctico.

Ubiquémonos entonces en el actual orden económico mundial y sin redundar en gráfico, de postpandemia y de crisis por el cambio climático, y observamos un dominio predominante de lo descualificado. Consultando Wikipedia entiendo, en complemento, por descualificación el proceso por el cual se elimina de la industria o de la economía el trabajo cualificado (que califica a alguien por sus aptitudes) mediante la introducción de tecnologías que pueden ser controladas por trabajadores a quienes se pretende o desconoce las precisas determinaciones que lo revindican como un alguien. Lo reducen a un semicualificado o sin cualificación. Esto ahorra costes al requerir una menor inversión en capital humano y reduce las barreras de entrada, debilitando así el poder de negociación del capital humano. Llueven las criticas puesto que ello se traduce en la pérdida de calidad y en la devaluación del trabajo (haciéndolo mecánico antes que fruto del pensamiento y convirtiendo a los trabajadores en autómatas antes que en artesanos, creadores), erosionando así a la comunidad.

Por lo anterior o por ello han surgido nuevos análisis marxistas del capitalismo. Lo encabezan pensadores posmarxistas. Para ellos los cambios sociales pueden conseguirse o lograrse a partir de las formas actuales de opresión en la necesidad de repensar lo común, es decir, acudiendo por ejemplo a la idea y aplicación del comunismo primitivo. Lo expresan en el decir “un nuevo mundo es posible” y convencidos que el cambio realmente tendrá lugar. Esta metodología social de comprensión a partir de los años sesenta hizo énfasis en el cambio de la fábrica a la “fabrica social”. También está relacionada con la vida política y la realización de la vida política aunado con lo autóctono de los fines políticos. De tal manera que conciben y explican que la política, como proyecto de trasformación social, no será incubada en las universidades, algo así como la “universidad de la vida”; tampoco lo será en la fábrica como centro de producción sino como “fabrica social” ya citada.

Así resumo la aplicación y explicación de una apropiación contemporánea del marxismo, con el atrevimiento y excusa de antemano a que en modo alguno es mi intención atribuirlo, bajo ningún motivo, como hacer suyo el llamado del Presidente G. Petro a la movilización de masas.

El Presidente G. Petro no acude al instrumento acumulado de proyección de la “rebelión de las Masas” en la recreación del escenario de la lucha de clases y de metodología de aplicación del movimiento social (revolucionario) marxista. A él no lo motiva “La psicología de las masas” del sociólogo francés Gustave Le Bon.

Más bien considero que su accionar político está bajo la guía orientadora de los trabajos del politólogo italiano Antonío Negrí (1933), en colaboración con el teórico filósofo y político estadounidense Michael Harat (1960). Esta dupla de genios ha aportado al conocimiento moderno de la política con la publicación de su famoso libro “Imperio” editado en el año 2000 y posteriormente con el libro “Multitud” que los catapultó como los teóricos visionarios del nuevo orden mundial.

Abordan el término Imperio como un poder difuso y centralizado que desplaza el Estado-Nación y retoma el escenario de actuaciones de cómo fue el imperio romano. Lo sitúa en creación y poder aunados en la red. Así llegan y se entrelazan actores monárquicos, norteamericanos, aristócratas, grandes compañías multinacionales, Ong´s, foros como los de Davos, etc. dando forma a una construcción imperial única basada en el poder en red. Generaron múltiples controversias al indicarles que con ello desconocen el imperialismo; pero al parecer los pueblos subyugados hoy se encuentran bajo la férula del Imperio y bajo la del imperialismo.

“Multitud expone la cuestión en tres partes: la primera parte, «Guerra», explora los aspectos más oscuros del imperio. Nos encontramos sumidos en un punto crítico en relación con los asuntos de la humanidad en el que los circuitos de poder han sobrepasado la capacidad que los actuales circuitos de soberanía política y justicia social tienen para contenerlos. En la Parte II, titulada «Multitud», explican cómo el imperio, mediante una constante y más profunda colonización e interconexión de más áreas de la vida humana, ha creado la posibilidad de un tipo de democracia nunca vista con anterioridad. Finalmente, en «Democracia», los autores plantean su estrategia de cómo la multitud global puede formar un robusto terreno comunitario biopolítico en el que la democracia puede progresar a una escala global.” (Tomado de La Casa del Libro).

Dejo así como abre-bocas para los activistas políticos y sociales el consultar a estos novedosos políticos actuales y en el empeño orientador en no distraer la construcción del partido político popular, en garantía a la consolidación y cualificación política del movimiento popular hacia grandes y radicales transformaciones sociales en Colombia.

Obligación ética y ambiental de Costa Rica de ratificar el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Consideramos:

1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.

2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.

3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.

4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.

5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.

6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.

7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.

8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.

9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.

10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.

Por lo tanto, expresamos:

  1. Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
  2. Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
  3. Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.

   San José, Costa Rica, 30 de enero del 2023.

Participación ciudadana en la toma de decisiones en la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La cuenta de Facebook del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) compartió la actividad o el espacio que permitió el acercamiento e incidencia de los representantes de las Juntas de Salud en la toma de decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), éste como un órgano y mecanismo de participación ciudadana. Esto se realizó este 24 de enero de 2023 con la gestión del Consejo Nacional de Juntas de Salud a través del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, que contó con la participación de Juntas de Salud de varias zonas del país y con la participación de algunos legisladores.

El encuentro contó con diferentes niveles de participación ciudadana, desde la local hasta la regional, en el que las y los integrantes de dichas Juntas ratificaron la importancia del rol y legitimación que tienen los representantes en las tomas de decisiones en la CCSS, esto de acuerdo con el artículo No. 9 de la Constitución Política. 

El FRENASS comparte además su apoyo a este tipo de iniciativas ciudadanas y comentan que también participan de dichos espacios con sus representantes en las Juntas de Salud, en este caso, con la participación de Vínyela Devendas Brenes, Deivis Ovares Morales y Carolina Somarribas Dourmound. 

Si desea observar la publicación completa de la página puede acceder al siguiente link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GvF2uFqc9Xu2nJBsLVBGWoWRXkwPRfBxCLnJSuZxMLK3t2j2gd72u2dp1ET4chmYl&id=100071130365963&mibextid=Nif5oz

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Imagen ilustrativa, Juntas de Salud.

Poder Judicial: ¿Cambiar de página?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Magistrado Corte Suprema de Justicia
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica

         Con la sensación personal de que se ha evitado caer en un abismo, la Corte Suprema, por segunda vez en los últimos años, logra escoger para presidirla a un Juez respetable, de mucha experiencia y credibilidad, que merece ser elevado a esa posición y que, aunque no esté de moda, sabe Derecho y conoce como el que más al Poder Judicial, sus fortalezas y debilidades. Ojalá el ilustre escogido logre cultivar el valor, la determinación y el aguante que los tiempos demandan.

         Una vez designado el Magistrado Aguirre Gómez, después de un inusualmente largo y penoso proceso, muchas voces, desde distintos lugares, han señalado que ha llegado la hora de pasar la página. Hago votos para que esto signifique, entre otras cosas de importancia, deponer las peleas intestinas, apoyar la gestión de la nueva administración, y que algunos y algunas no le hagan la vida imposible a don Orlando, tal y como se la hicieron a doña Zarela Villanueva y a don Fernando Cruz, bajo la consigna nada edificante de: “quítate tú pa´ponerme yo”. Para ponernos en sintonía con el clima, ya esta lastimada democracia padece los efectos de un huracán imprevisible, irresponsable y potencialmente devastador desde el Poder Ejecutivo, como para que el Judicial entre en la misma dinámica.

         Hago votos también para que una mayoría sensata de la Corte reconozca que esa nueva página, significa emprender de una vez por todas dos tareas impostergables: (1) la reforma integral y a fondo de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en coordinación, claro está, con la Asamblea Legislativa; y (2) como consecuencia de esa transformación, el aseguramiento de mecanismos de selección y promoción de los jueces, de todo nivel, que fortalezcan la independencia del Poder Judicial como institución y de la judicatura como elemento fundamental de control en un estado de derecho.

         La última fase de la crisis de la Justicia en Costa Rica tuvo su momento álgido en el 2017. Sus consecuencias siguen marcando el momento histórico que todavía vivimos. El origen del mal está en una designación de la cúpula judicial por parte del Legislativo, una instancia naturalmente politizada y partidarizada, que cada vez más antepone la escogencia de “amigos confiables” antes que “profesionales probos e independientes”. No podemos olvidar que en aquél año, el archivo acelerado y sin fundamento de un expediente contra prominentes políticos, terminó con la salida de tres magistrados de la Sala Tercera y del Fiscal General de entones. Estaremos condenados a que hechos similares se repitan si no realizamos los cambios urgentes y necesarios.

         Este problema era relativamente manejable en tiempos de estabilidad política bipartidaria, pero la atomización del poder, el fenómeno de la corrupción público-privada y la necesidad de controlar al Poder Judicial, han agravado los síntomas de una institucionalidad que ya no soporta los evidentes cuestionamientos y descréditos.

         Respecto de la reforma integral del Poder Judicial hay camino andado. La propuesta más a fondo y completa está en el Expediente Legislativo No. 20.980, desdichadamente archivado. Se trata de una reforma a todos los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Concebida la transformación sobre la base del modelo italiano de posguerra, probadamente independiente y despolitizado, en lo fundamental, crea un Consejo de la Judicatura para el gobierno y administración del Judicial; desaparece la Corte Suprema como tal, se organizan los tribunales supremos en todas las materias (para las competencias de casación); se asegura una carrera judicial con designaciones a cargo de ese Consejo conforme méritos, atestados y exámenes de ingreso y promoción; se democratiza la judicatura teniendo todos los jueces igual salario y diferenciándose sólo por sus competencias y especialidades; la Asamblea Legislativa deja de nombrar a los jueces del más alto rango y se logra así su despartidización. Aunque el Proyecto 20.980 establece un número de integrantes para este Consejo General de la Judicatura, de rango constitucional y órgano externo al mismo Poder Judicial, habrá que establecer esa cifra de integrantes con criterios técnicos y objetivos, pero en todo caso, debe dársele representación en su seno al menos a tres sectores: una mayoría compuesta por jueces y juezas escogidos en elecciones generales por los propios integrantes de la judicatura, con representación de distintos niveles y especialidades; y un número de concejales electos por la Asamblea Legislativa de entre juristas reconocidos, propuestos por la academia (Consejo Nacional de Rectores) y por el Colegio de Abogados (para la representación de litigantes). Este Consejo será presidido por el Presidente de la Corte Suprema, quien integra, por derecho propio, el órgano.

         Aunque no hay modelo perfecto, que exorcice la influencia política o partidaria por completo, se pueden lograr importantes avances y neutralizaciones. Quizá la mayor dificultad de esta propuesta será la ardua reforma constitucional y legal que implica y además, como siempre, el riesgo de que el nuevo Consejo pueda ser influenciado y controlado por los políticos mediante los concejales a designar por la Asamblea Legislativa, o bien por los propios jueces-consejales que se presten a juegos políticos indebidos.

         Desde lo interno del Poder Judicial también se han intentado propuestas. No puedo referirme a la última que se medio discutió porque, hasta el momento, ha sido abortada por falta de voluntad política de la misma Corte. Pero propuestas internas anteriores contienen transformaciones menos profundas que la descrita líneas atrás, pero que sin embargo, deberían tomarse en cuenta para un sano debate sobre el tema. Así, se ha propuesto que no se estaría eliminando la competencia de la Asamblea Legislativa para nombrar a los miembros de la cúpula judicial, pero sí se buscaría eliminar una serie de competencias que en la actualidad tiene Corte Plena. Se crea un Consejo de la Judicatura a lo interno del Poder Judicial que administre integralmente la carrera judicial; ni la Corte ni ningún otro órgano harían más nombramientos de jueces; se integraría este órgano con representación mayoritaria de jueces de distintas categorías y especialidades electos por el mismo colegio de la judicatura; la Corte tendría representación con un par de magistrados o magistradas por períodos cortos no reelegibles. Se prevé asimismo un Tribunal Disciplinario para la investigación y sanción de toda falta cometida por algún funcionario judicial; este tribunal especializado tendrá primera y segunda instancia; y también instruirá las denuncias contra miembros de la Corte Suprema, aunque la decisión última en estos casos corresponderá a la propia Corte. Se transforma el actual Consejo Superior en un Consejo de Administración para lo relativo al diseño y la ejecución presupuestaria, así como la administración del personal de apoyo de la institución. En resumen, la Corte no hará nombramientos (salvo los jerarcas del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Consejo de Administración y el Jefe de la Defensa Pública; también tendrá que hacerlo en el caso del Auditor General). La Corte tampoco disciplinaría a nadie, salvo en última instancia a sus propios integrantes. En materia de gobierno y administración, la Corte definirá prioridades anuales o quinquenales de proyectos estratégicos para la justicia; aprobará los presupuestos anuales y vigilará su correcta ejecución. Mantiene el juzgamiento a miembros de los supremos poderes, la representación oficial del Poder Judicial y las obligaciones constitucionales para relaciones con otros poderes de la República.

         Esta propuesta puede evitar el tránsito por una ardua reforma constitucional y legal, pero no resuelve el tema de la independencia necesaria en cuanto a los nombramientos de los integrantes de Corte Suprema, que los mantiene en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creemos que puede contribuir a despejar la atrofiada agenda de Corte y democratizaría internamente la carrera judicial.

         Finalmente me refiero a lo que ha ido diciendo el Estado de la Nación por medio de sus informes periódicos sobre el “Estado de la Justicia”. Si bien estos importantes análisis señalan problemas estructurales de gobierno y administración, en días recientes sus principales responsables han hecho un listado de prioridades que pasan por recomendar cinco temas principales: (a) la necesidad de reformas y mejoras normativas –se entiende de leyes ordinarias- referidas al funcionamiento del Poder Judicial; (b) la necesidad de implementar una “justicia electrónica” y aprovechar “la ciencia de datos” para asegurar el acceso a la justicia, así como la eficiencia, la simplificación y celeridad de los procesos judiciales y administrativos; (c) el desarrollo de la información y monitoreo de datos pertinentes para la toma de decisiones; (d) el fomento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, esto último mediante la retroalimentación con la ciudadanía usuaria, la implantación de votaciones públicas y la constancia en actas del trabajo de comisiones estratégicas: y (e) el aprovechamiento de los recursos humanos y su estrecha relación con la independencia de funcionarios y empleados. Según este último punto, habrá que actualizar los procesos de reclutamiento y elección, así como la evaluación de desempeño y la capacitación del personal.

         Si bien se trata de propuestas científicamente elaboradas y bien documentadas, además de ser recomendaciones totalmente válidas, el problema, según lo veo, es que la crisis de la justicia en Costa Rica es esencialmente política, no técnica. Sin una reforma estructural a fondo, no se le podrá dar solución a los graves síntomas que detecta El Estado de la Justicia. Sólo reparar en el hecho de que desde hace décadas ni la Corte Plena ni el Consejo Superior pueden realizar una efectiva vigilancia y control sobre la administración de justicia, nos lleva a la conclusión de que sin esas reformas estructurales, básicamente la separación de las tareas de gobierno de las tareas jurisdiccionales- no habrá cambios técnicos que valgan.

         En fin, creo que no hay que pasar de página; hay que cambiar de libro.

Carta abierta del sector cultura al presidente de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.

Sr. Rodrigo Chaves

Presidente de la República

San José – Costa Rica

 

Cc.

Natalya Díaz Q

Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.

 

Sra. Paulina Ramírez P

Presidenta Comisión de Hacendarios.

 

Sra. Nayuribe Guadamuz R

Ministra de Cultura y Juventud.

 

Sr. Juan Carlos Chavarría.

Departamento de Participación ciudadana.

 

Señores y Señoras Diputadas

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.

Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.

En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.

Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.

No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.

En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.

Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:

Considerando

1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.

2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.

3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»

4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.

7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.

8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.

9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.

10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.

11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.

Por lo tanto

Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:

– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.

– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.

– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.

– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.

– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.

– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.

– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041

-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.

– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.

– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.

Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.

Sin más por el momento se despiden,

 

Verónica Vado

Presidenta TUCUA

ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.

adeturismoculturalalajuelense@gmail.com

 

Edín Solís

Presidente ACAM

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica

edinsolismusic@gmail.com

 

Mari Murakami

Presidenta de AGITEP

Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional

juntadirectivaagitep@gmail.com

 

Esteban Monge

Presidente AIE

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica

presidencia@aiecostarica.com

 

Sergio Dávila

Presidente UTM

Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines

presidencia.jd@utm.cr

 

Coordinadora General AECR

Artes Escénicas Costa Rica

artesescenicascostarica@gmail.com

 

José G. Pottinger.

Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA

Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa

artistasalajuelsenses@gmail.com

 

Hazel Torrez

Presidenta

Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA

 

Leda Segura

Presidenta CIOFF Costa Rica

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos

leda.segura@cioffcostarica.org

 

Queilor Garro

Presidente AGICUP

Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.

agicupcr@gmail.com

 

Álvaro Brenes Arce

Presidente

Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines

Ventas@cedeeventos.com

 

José Luís Solís H.

Presidente

Cooperativa de Artes R.L

coopeartescr@gmail.com

 

José Fabio Alvarado R.

Presidente

Sindicato de de las Artes

sindicatodeartes@gmail.com

 

Alberto Campos B.

Secretario General

Sindicato de la industria cultural obrera

acumestizzo@gmail.com

 

Antonella Sudasassi Furniss.

Representante

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

directorascinecr@gmail.com

 

Yahaira Arias

Red Nacional de Teatro Comunitario

reddeteatrocomunitario@gmail.com

 

Mauricio Penagos V.

Director General

director@ticodecorazon.com

 

Carlos Soto

Presidente

Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)

direccion@embajadoresdelswing.com

 

Thais Elizondo Fallas

Vicepresidenta

Asociación Cultural Musical Mestizzo.

acumestizzo@gmail.com

 

Anneliss López

Presidenta

Producciones Folcloricas S.A

matambufolclorcr@gmail.com

 

Jorge Castillo

Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.

Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas

atenascasacultura@hotmail.com

 

Osca Valverde

Coordinador General

 

Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.

Imagen ilustrativa. UCR.

Magistrado Román Solís Zelaya ¡¡¡PRESENTE !!!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

La noticia la recibimos de golpe, el Magistrado Román Solís Zelaya, falleció. Es de las noticias que no esperamos recibir, pues es de las personas que viven todos los días con nosotros.

Nos conocimos en nuestra juventud, en Guadalupe, allá por el Cine Reina, de voz sonora y categórica, de ideas de vanguardia, estudioso, serio pero jovial, participábamos en un grupo de análisis de los problemas nacionales.

Nos reencontramos en Guápiles, en el 2011, ya Magistrado de la República, había llevado adelante una experiencia de participación ciudadana en San Carlos, donde se buscaba que el Poder Judicial estuviera más cerca de la ciudadanía y (nunca se lo pregunté, pero lo deduzco) enterado a través del Magistrado Rivas de la experiencia que desarrollábamos en Pococí desde el 2010, articulando el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, nos visitó para conocer de nuestra experiencia, para iniciar un proceso disruptivo en nuestro país, con el cual se comprometió desde el primer día.

La Comisión Nacional Administración para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ), era de su cosecha, un esfuerzo para que la ciudadanía comprendiera que la justicia era deber de todos y que la institucionalidad que la tenía bajo su égida, no era un pedestal inalcanzable, que debía estar a la altura del pueblo.

Con él y sus directrices en el seno del Poder Judicial, construimos los procesos metodológicos de rendición de cuentas, que se hicieron ejemplares a nivel nacional, donde la ciudadanía, amparada en el Artículo 11 Constitucional, aprendía a llamar a cuentas a sus funcionarios, sin distingo de jerarquía. Avanzamos en la elaboración de la Política de Transparencia de la Justicia, con él instalamos por primera vez en el Consejo de Administración del II Circuito de Pococí, una persona ciudadana para que representara a El Soberano; impulsamos su añoranza de promover los Facilitadores Judiciales y nuestro Movimiento se volcó a constituirlos en el cantón de Pococí y Sarapiquí y podemos seguir.

Su respaldo público a nuestro esfuerzo, nos ha obligado a superarnos todos los días.

Le apasionaba nuestra elaboración de El Soberano, sustentada en el Artículo 9 de la Carta Magna y se ocupó de abrir espacios y vencer el miedo de los jerarcas de incorporarse a las Actividades de Gala de Rendición de Cuentas realizadas en Pococí y Sarapiquí y después a nivel nacional, donde su presencia era siempre esperada y admirada.

Consejero afable y a la mano, vigilante de nuestras actuaciones para que creciéramos sin desenfocarnos. Crítico de la gestión judicial y de la actuación institucional, directo y contundente en sus apreciaciones.

Compañero Magistrado Román Solís Zelaya, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, le rinde tributo, conscientes de que el mayor respeto a su amistad y compromiso con nosotros, es cumplir con sus vehementes palabras expresadas en nuestros eventos, demostrar ser cada día mejores, más eficientes en la profundización de lo que establece nuestra Constitución Política en su Art. 9, para que la persona ciudadana se asuma y se construya como El Soberano, cumpliendo cabalmente la tarea de cogobernar esta república, desde el poder que nos asiste constitucionalmente, República que debe ser responsable y Participativa, alfabetizándonos constantemente, rescatando la institucionalidad y transparentando su gestión.

Ése es y será nuestro compromiso.

Carlos Campos Rojas

Guadalupe, 21 de agosto de 2022

Falleció el magistrado de la participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Román Solís Zelaya, magistrado de la Sala Primera, pero especialmente, el impulsor de la participación ciudadana falleció dejando una herencia conceptual en el Poder Judicial: Conamaj.

En una ocasión durante una actividad relacionada con esa propuesta política orientada a incentivar la participación ciudadana consciente Tito, -como le decíamos los amigos desde la UCR de los años 70 y la FEUCR de 74/75-, me dijo: “Hay personas dentro del Poder Judicial que piensan que la reforma al Artículo 9 de la Constitución Política que introdujo el concepto de gobierno participativo no es realizable”.

Pero a pesar de ese dato, Tito, Román Solís Zelaya dedicó su vida de magistrado a impulsar la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Con el desarrollo de los Círculos de Paz, del concepto de Justicia Abierta, de la formación de Personas Facilitadoras Judiciales, y el trabajo con Población Migrante y Refugiada como nombres de los cuatro programas básicos de CONAMAJ (https://www.conamaj.go.cr/), Román dedicó su tiempo, esfuerzo, inteligencia y compromiso social a imaginar y construir una sociedad mejor.

Nos quedó una conversación pendiente, pero tu ejemplo y convicción serán suficientes. Un abrazo por siempre Tito (Román).

Héctor Ferlini-Salazar