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Etiqueta: patrimonio público

La herencia y el espectro radioeléctrico, un tema que atañe a la cultura

Por José Luis Amador

Cuando el padre, ya en su lecho de muerte, llamó a sus hijos y a la madre, les dijo con serenidad: “Aquí les dejo esta herencia. Es una finquita; no es la más grande, pero es lo que tenemos. ¿Para qué la van a usar?”

Entonces el hijo mayor, que era empresario dijo: Ah, la podemos vender y hacer negocios. Podemos poner el dinero en la bolsa de valores y capitalizar. ¡¡Sacarle plata!!

Y el menor que era músico y poeta dijo: podemos organizar grandes conciertos, actividades culturales, la finquita podría ser útil para la difusión de la música, la cultura, la poesía y la belleza…

Y así todos los hijos fueron diciendo según su criterio, para qué podía servir la heredad que dejaba el padre.

El sacerdote vio una iglesia y así sucesivamente.

Solo la madre dijo: esta herencia es la única que tenemos y tiene que servir para todos. Para hijos, nietos y bisnietos. Tiene que permitirnos cosechar el pan, tiene que permitirnos convivir, tiene que ser sostenible en el tiempo y también tiene que haber un espacio para el regocijo, la cultura y la alegría, por supuesto. Pero es de todos. No solo de dinero vive el hombre, ni solo de oraciones, o de música y belleza tampoco.

Este patrimonio no será exclusivamente para una cosa, o para las necesidades de uno u otro. Por pequeña que sea, tendrá que servir a todos, porque es patrimonio de todos, mientras estemos aquí.

Y así ocurre con todo.

Una de las características fundamentales del espectro radioeléctrico, es su enorme potencial económico. ¿Cómo no darse cuenta de ello? Es un patrimonio que permite capitalización, que permite generar grandes recursos económicos. Por supuesto que es carne de vaca para los negocios.

El otro aspecto del patrimonio radio eléctrico es que es potencial político. El manejo de la información, las noticias, la comunicación ha sido utilizado como un cuarto poder. Quien posea las ondas hertzianas tendrá participación y acceso al poder.

El otro aspecto que está presente en el espectro radioeléctrico es el campo del entretenimiento. Y cuando hablamos de entretenimiento hablamos de negocios y dinero. Pero hablamos también de identidad y cultura.

La cultura no es una mercancía ordinaria como algunos creen. Sino que está enormemente vinculada a la identidad de los pueblos. La cultura y la forma en que se mercantilizan los recursos culturales, permiten o niegan el manejo de identidad nacional y regional también.

El manejo del espectro radioeléctrico no es solamente un asunto de hacer negocios y de que cada cual pague un derecho y sacar una tajada para las arcas de Hacienda. Esta finquita es de todos, incluyendo los grupos específicos, las comunidades, las universidades, grupos profesionales sindicales, todos necesitan espacio y voz. Además de ser un negocio, las ondas hertzianas deben ser vistas como espacio para la comunicación educativa. Las universidades, los centros culturales tiene que tener un acceso al espectro radioeléctrico.

No todo en la vida puede ser comercializado. Por lo menos no todo debe ser comercializado en la misma medida. No podemos medir el valor de los espacios culturales, regionales y religiosos, con la misma vara de medir las grandes empresas.

Tampoco ganamos con grandes empresas transnacionales enquistadas en nuestro espectro radioeléctrico y en nuestra vida social comunitaria y nacional; si perdemos esta herramienta, este recurso necesario para el ejercicio del arte, la cultura, la acción política, la expresión, el conocimiento, y la ciencia de nuestros hijos y nietos.

Pienso que aquella madre tenía razón a la hora de repartir la finquita. Hay que pensar en todos estos aspectos. El espectro radioeléctrico tiene que ser para todos de acuerdo con sus necesidades, que al final y al cabo, son las necesidades de toda la colectividad.

Aunque viéndolo bien, esto no pasa solo con la finquita radio-eléctrica.

Toda la Finquita Nacional debería tener una repartición más o menos parecida. Porque la gran familia nacional tiene necesidades, no solo los poderosos. No solo los que pueden comprar las acciones en la gran subasta de la vida.

Un chantaje inaceptable con las pensiones

Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.

¡Cinco millones de dólares paralizados por un software fallido!

Comunicado

ERP-SAP pone en riesgo salud de la población

UNDECA denuncia con profunda preocupación y firmeza que el robot de farmacia del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, una inversión pública superior a los $5 millones de dólares, se encuentra completamente paralizado debido a la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este robot de alta tecnología fue adquirido con fondos públicos para modernizar el proceso de dispensación de medicamentos, mejorar la atención a los usuarios de la región Pacífico Central. Sin embargo, no puede operar debido a que el nuevo sistema informático ERP-SAP no es compatible con el Sistema de Información Farmacéutica Automatizado (SIFA), impidiendo su integración, conexión y funcionamiento.

Esta grave situación está provocando riesgo ocupacional, síndrome de «born out» por trabajo manual sobrecargado a las personas trabajadoras e incremento del riesgo de errores.

Graves consecuencias por una mala planificación tecnológica

Este hecho evidencia la improvisación, falta de previsión técnica y ausencia de pruebas piloto rigurosas en la implementación del sistema ERP-SAP, que ha sido impuesto de forma inconsulta e irresponsable por la alta gerencia institucional.

Los resultados están a la vista:

  • Equipamiento de última generación inutilizado por meses.
  • Grave afectación a la continuidad del servicio farmacéutico.
  • Riesgo de deterioro tecnológico y obsolescencia por inactividad.

Responsabilidades deben asumirse

Exigimos a las autoridades de la CCSS:

  1. Una rendición de cuentas inmediata y pública sobre el estado del robot y la incompatibilidad con el SIFA.

  2. La suspensión del ERP-SAP hasta garantizar que los sistemas críticos de salud estén plenamente integrados y funcionales.

  3. Se investigue la responsabilidad técnica, administrativa y financiera de quienes autorizaron esta implementación sin asegurar previamente su operatividad con sistemas esenciales.

  4. Que se retomen las soluciones tradicionales mientras se resuelve el fallo, con el fin de no seguir afectando el servicio y poniendo en riesgo recursos millonarios.

La Caja no puede seguir actuando con improvisación tecnológica, afectando directamente la salud del pueblo y malgastando recursos que provienen del esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de este país.

¡UNDECA no se quedará callada! ¡La tecnología debe estar al servicio de la salud, no de la improvisación!

UNDECA
Por la defensa de la salud, la institucionalidad y el patrimonio público

San José, Costa Rica, 07 de agosto de 2025