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Etiqueta: paz social

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

El Arte de la Convivencia Afectiva

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            Hoy, cuando el estruendo de los misiles busca acallar el gemido de los niños y niñas abatidos, en un mundo donde la crueldad y la inmisericordia ganan terreno frente a la sensatez y un mínimo de calidez humana, hay que redoblar esfuerzos para propiciar el arte de la convivencia afectiva. Y decimos arte porque no se trata simplemente de un proyecto social, político o económico alternativo. Hay que abocarse con pasión a reconstruir los cimientos de la casa común, a la manera del quehacer artístico donde prevalece la actitud creadora y gratuita que se despoja del cálculo utilitario para recrearse y extasiarse en transformar el soporte material o lingüístico en un símbolo excelso, artístico, que expresa belleza e irradia siempre la luz de la vida.

No pretendamos, con ello, construir el reino de los cielos en la tierra, pues como dijera un sabio teólogo procurando crear el paraíso los seres humanos creamos más bien un infierno. Las pretensiones paradisiacas de construir mundos ideales, cimentadas en verdades y certezas que se afirman y defienden como únicas, exclusivas y excluyentes, ponen en evidencia la arrogancia de un ser humano que se resiste a asumir con humildad su condición de ser vulnerable y limitado. Es el comportamiento propio tanto de los fundamentalismos religiosos como seculares, que elevan a la condición de “becerro de oro” sus doctrinas y creencias, así como sus ideologías y visiones particulares de mundo. Y al sobrevalorarlas e imponerlas contribuyen a arar el terreno para que germinen diversas formas de comportamientos violentos y destructivos.

No olvidemos que la violencia verbal, simbólica, psicológica y política, que ya de por sí hace mucho daño al fomentar el odio entre hermanos y hermanas, entre pueblos y culturas, crea las condiciones para la violencia física, así como la instauración de regímenes déspotas y autoritarios.

Para ejercer un contrapeso a este tipo de comportamiento, tenemos que cultivar el arte de la convivencia afectiva, donde prevalece el reconocimiento humilde de nuestras limitaciones y, por consiguiente, de la necesidad de contar siempre con el aporte de los otros-diferentes. En palabras del filósofo judío Martín Buber, una sociedad es verdaderamente humana ahí donde sus miembros se afirman recíprocamente; es decir, se reconocen como sujetos dignos y capaces de contribuir desde el diálogo, en igualdad de condiciones, a encontrar mejores horizontes para la convivencia pacífica y, por lo tanto, justa y digna. Y, como condición necesaria de esta convivencia afectiva global, tenemos que abrazar con generosidad a nuestra madre tierra propiciando su cuido y dignidad.

Apuntamos, así, a un nuevo orden bioecosistémico donde toda entidad vital es complementaria y constitutiva. Tal es el señalamiento que hace el maestro budista Tich Nath Han: “Todos contribuimos a crear al otro… No podemos ser solamente, solo podemos entreser. Somos responsables de todo lo que pasa alrededor de nosotros”. Somos convocados a sentirnos implicados en la vida y el destino de los demás. Los sufrimientos de los pueblos en guerra, empezando por las víctimas del genocidio en Gaza, no pueden resultarnos ajenos, bajo ninguna circunstancia. Propiciar el arte de la convivencia afectiva empieza por sentirnos implicados radicalmente en el destino de quienes hoy sufren el embate cruel de los misiles.

La jornada esclavista de 12 horas de trabajo a discusión amplia, en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El expediente legislativo de la jornada esclavista que quiere establecer jornadas de trabajo de 12 horas diarias, sin pago de horas extras, con reducción proporcional del aguinaldo y de las futuras pensiones que los trabajadores podrían llegar a tener, se rechazó para ser discutido en el trámite parlamentario, bajo la modalidad de “trámite rápido”.

Este trámite permite discutir el expediente del proyecto de ley en trámite de una manera muy rápida, de allí su nombre, “trámite rápido”. De esa manera se reduce el tiempo de discusión de las mociones, y del mismo proyecto de ley, a fracciones ridículas de tiempo reloj de los diputados que quieran opinar sobre el Proyecto de Ley. Pero, especialmente, el «trámite rápido” está hecho para limitar el tiempo y reducirlo de los que se oponen al proyecto de ley bajo esa modalidad de discusión. En la práctica es para aprobarlo sin discusión.

Para establecer el trámite rápido de discusión se requiere una votación calificada de 38 diputados. Es natural que así sea por la importancia de reducir el tiempo y calidad de discusión del proyecto sometido a este trámite, de un tema tan sensible como es el establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas diarias.

El lunes pasado en la Asamblea Legislativa votaron en contra de la aplicación del trámite rápido nueve diputados del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, Oscar Izquierdo, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Pedro Rojas y Monserrat Ruiz, los cinco diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio y los diputados Gloria Navas, Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba, Johana Obando, considerados “independientes”, además de Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progresista Social Demócrata.

De estos diputados, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero, a pesar de estar a favor del proyecto de la jornada de 12 horas, votaron en contra del trámite rápido porque responsable y conscientemente consideraron que por la importancia de la discusión el trámite debe ser el ordinario, con una discusión amplia, profunda, más seria, por la importancia de lo que se quiere aprobar. Bien hicieron estos diputados a favor de la democracia nacional y parlamentaria, de darle más pensamiento a este Proyecto de Ley. Además, señalaron estos diputados que se necesitaba que en el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo diario, se establecieran propuestas que reforzaran la inspección laboral, las redes de cuido, las situaciones particulares de los trabajadores independientes, y negociaciones que incluyeran a otros sectores y actores sociales.

No es un problema de creer o no creer en el Proyecto, como el diputado Daniel Vargas señaló. Es un asunto que debe aprobarse no por creencias favorables, sino por datos que así confirmen y justifiquen la necesidad y bondad de la jornada de 12 horas diarias. En el mundo, en Europa particularmente, en los países de la OCDE, organización de la cual formamos parte, la tendencia es a reducir el tiempo de trabajo semanal a 36 horas o menos, y de rebajar la jornada diaria a 6 horas sin disminución del salario. Esto sí garantiza mayores oportunidades a más trabajadores. Esto sí garantiza turnos de trabajo con mayor contratación de trabajadores, mayor calidad en el trabajo y menor cantidad de accidentes de trabajo que se producen por el estrés de la extensión de las jornadas, como por las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional. En Costa Rica el promedio anual de accidentes de trabajo, atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y su maravilloso Hospital del Trauma, atiende más de 110.000 (ciento diez mil) trabajadores, personas atendidas, por accidentes bajo la modalidad de jornadas de ocho horas. ¿Qué tal sería con jornadas esclavistas, extenuantes de 12 horas de trabajo, con menos horas garantizadas para el descanso diario?

El expediente legislativo de la jornada esclavista se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Actualmente tiene alrededor de 200 mociones presentadas para ser conocidas. Con el trámite rápido pudieron haberse cortado. Sin el trámite rápido pueden aumentarse las mociones de discusión, alargando su discusión a varios meses que se mezclarían con los meses del proceso electoral, lo que no quieren los representantes de los esclavistas en la Asamblea Legislativa, que así se mezcle. Recordemos una situación parecida, la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El Tratado había sido negociado por los gobiernos socialcristianos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. En diciembre del 2004 el presidente Pacheco firmó el Tratado, que se discute entre gobiernos, a nivel de los Poderes Ejecutivos. El trámite que seguía era presentarlo a los diputados para que le dieran el aval respectivo en el año 2005. Pero, el año 2005 era, como ahora, 2025, un año electoral. Las elecciones serían en febrero del 2006, como serán en el 2026.

Inteligentemente, Abel Pacheco, y los sectores que le apoyaban en ese Tratado, entendieron que no era un tema de discusión parlamentaria en período electoral. Así, Abel Pacheco le dio el trámite legislativo al Tratado en diciembre del 2005 que era, en ese tiempo, período de sesiones extraordinarias, que estaba suspendido por las elecciones. De esa manera, el Tratado iniciaría su discusión parlamentaria en febrero, pasadas las elecciones, ganara quien ganara, fuera Oscar Arias u Ottón Solís, finalistas principales de ese proceso electoral, con Ottón Solís, quien tenía una posición floja de oposición al Tratado, que terminó discutiéndose, con un amplio debate nacional durante el 2006 y 2007, cuando se resolvió su aprobación por la convocatoria de un Referéndum Nacional, en el gobierno de Oscar Arias, quien se impuso en las elecciones.

En mi opinión esto es lo que más le conviene a la discusión del proyecto de ley de la jornada esclavista de 12 horas diarias. Que se discuta en el 2026, pasadas las elecciones, con el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa.

Si el actual gobierno de Rodrigo Chaves se siente afectado por el trámite ordinario y no rápido que se aprobó el lunes, no tiene nada que perder porque está confiado, el presidente Rodrigo Chaves, de que la próxima Asamblea Legislativa tendrá un mínimo de 38 diputados a su favor, que continuarán su obra de gobierno, y con ellos podría aprobar esa jornada de trabajo, si así de fácil fuera.

La decisión de los diputados del lunes pasado puso en evidencia algunas cuestiones políticamente importantes.

1.- El candidato presidencial del partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se opuso al trámite rápido. No se ha opuesto de manera definitiva al fondo de la Ley, pero ya es algo. Hizo bien Álvaro Ramos de oponerse al trámite rápido. No fue suficiente su posición para haber logrado mayor cohesión en la fracción de diputados de ese partido, que solo puso nueve diputados de los 18 que tiene en contra del trámite rápido. Evidencia en cierta forma su débil candidatura, no tan consolidada como líder político interno en ese partido. ¿O, jugaron las dos cartas, a favor y en contra? Solo ellos, como partido lo saben. Liberación Nacional, con su tradición social demócrata, debió estar defendiendo la jornada de ocho horas diarias, así lograda desde 1920, fortalecida en 1943 y 1949, y respetada desde entonces en los nueve gobiernos que tuvo Liberación Nacional desde 1953 hasta el 2014.

Ninguno de los ministros de Trabajo de Liberación Nacional alzó su voz o se hicieron sentir en la actual discusión para imponer la jornada esclavista de 12 horas.

Liberación Nacional ha bajado sus banderas laborales, de defensa y de representación de sectores laborales. No tiene la influencia que antaño tenía en sindicatos, ¿o la tendrá negativamente, en el momento actual, haciendo que los sectores laborales organizados que se identifican con ellos no se pronuncien en contra de la jornada de 12 horas y de otros temas sensibles, como la defensa de los salarios y pensiones?

2.- El partido Unidad Social Cristiana con ocho de sus diputados, Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, Carlos Robles, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas, se abanderaron con el proyecto de las jornadas esclavistas. Con ellos estaban igualmente abrazados los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, y el hasta ahora candidato presidencial de ese partido, Juan Carlos Hidalgo. Grave error político.

La Reforma Social más importante del país, la lograda en 1943, fue hecha en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y con el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Pilar esencial de la Costa Rica democrática a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Reforma Social, en este campo fue respetada por el jefe y presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres, lo que se materializó en la Constitución actual de 1949. Allí también quedaron inscritas, entre otras cosas, en letra de oro, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, instituciones atacadas a muerte por el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

El Partido Unidad Social Cristiano, impulsado por Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del caudillo de la Reforma Social, ha claudicado de la Reforma Social. Se ha empeñado con sus diputados en venir acompañando todas las políticas anti sociales, anti Reforma Social, que se han venido implementando desde 1990.

El Partido Unidad Social Cristiano que se decía el heredero de esa Reforma Social ya no existe. De hecho, ha eliminado su adjetivo de socialcristiano. Sus principales dirigentes son neoliberales en todas sus concepciones políticas y económicas. Cuando desde el 2012 Rafael Ángel Calderón Fournier y otros dirigentes de la Unidad Social Cristiana, iniciaron procesos de coalición, con sectores derechistas y neoliberales, echaron por la borda las banderas social cristianas de la Reforma Social, y borraron de la memoria histórica la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

En las elecciones del 2014 la ruptura de Rafael Ángel Calderón Fournier con la Unidad Social Cristiana impulsando al Dr. Rodolfo Hernández, quien renunció a su candidatura, a pocos días del cierre de inscripción de candidato ante el TSE, les llevó a formar el partido Republicano Social Cristiano, que trataba de reivindicar para sí la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia sin éxito alguno, al punto de que este partido ya ni existe ni sus dirigentes opinan de nada, relacionado con la defensa de los temas sociales de la Reforma Social de 1943. Rafael Ángel Calderón Guardia está casi convertido en un recuerdo antediluviano, que las lluvias del tiempo han ido borrando.

La Unidad Social Cristiana ante las próximas elecciones iza las peores banderas, las políticamente antisociales. Se alía y casa con el actual gobierno antidemocrático, autoritario, despótico, antisistema de Rodrigo Chaves. En nada se distingue de este gobierno. Están como si fueran el furgón de cola del gobierno. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez avalando la jornada de 12 horas empieza a borrar la importante reforma laboral de su gobierno a favor de los trabajadores.

3.- El partido Nueva República, con sus diputados Rosalía Brown, Olga Morera, David Segura, José Pablo Jiménez y su candidato presidencial Fabricio Alvarado, estuvieron, como han estado de furgón de cola del actual gobierno de Rodrigo Chaves, apoyando las jornadas, nada cristianas y esclavistas de 12 horas de trabajo diario.

4.- Tres diputados del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, y su candidato presidencial Eliécer Feinzaig, de igual modo se montaron en el tren antisocial del gobierno chavista.

Contradictorio comportamiento cuando al mismo tiempo Eliécer Feinzaig, y sus diputados, acusan al presidente de la República, ante la Fiscalía General de la República, por sus aviesas y perversas amenazas directas a la democracia, al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la paz social.

5.- Los diputados del Frente Amplio, Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro, hicieron honor a su trabajo parlamentario y a la defensa que han mantenido de los temas sociales. La única fracción parlamentaria que ha sido consecuente en esta lucha y con estas banderas.

Este fue el escenario político de la sesión parlamentaria del lunes. ¿Qué sigue? La lucha sostenida contra la Jornada esclavista de trabajo de las 12 horas diarias. El apoyo a los diputados que se oponen a ella. Llevar esta discusión hasta el nivel de las elecciones que se aproximan obligando a que los candidatos presidenciales y a diputados se pronuncien sobre este tema. Obligar a que los partidos políticos que participarán en las elecciones digan con claridad de qué lado están, del lado de las jornadas esclavistas o en contra de ellas. Hacer de la discusión de las jornadas esclavistas una jornada de lucha similar a la de la oposición contra el Tratado de Libre Comercio y del Referéndum.

6.- El Proyecto de Ley de la Jornada esclavista de 12 horas ya había sido aprobado en el 2023, pero fue rechazado por la Sala Constitucional, que lo anuló por vicios en el trámite de su aprobación legislativo.

7.- Ninguno de los partidos que ya están inscritos en el proceso electoral próximo, se ha pronunciado sobre este régimen de jornadas de trabajo. Por ahora siguen siendo partidos mudos, ciegos y sordos frente a la discusión de los grandes temas nacionales. ¿Qué esperan de los electores? ¿Qué ofrecen a los electores?

8.- La ley de 12 horas que se pretende imponer es violatoria de Tratados Internacionales, de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Costa Rica, de Tratados que tienen que ver con Derechos Humanos y con la propia Constitución Política nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

  • Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.

  • Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?

  • Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!

Propuestas del Encuentro Patriótico sobre Seguridad Ciudadana

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Encuentro Patriótico es una instancia de diálogo social coordinado por la Iglesia Católica, que integra diversos sectores sociales, organizaciones, colegios profesionales, asociaciones de desarrollo, academia, sindicatos, sector empresarial, ciudadanía, que desean aportar a la solución de los principales problemas nacionales, que ponga en riesgo la paz social en detrimento del Estado Social, Democrático y de Derecho de los costarricenses.

El documento con las propuestas del Encuentro Patriótico sobre Seguridad Ciudadana fue remitido a SURCOS por el presbítero Luis Alejandro Rojas A., coordinador del Encuentro Patriótico.

Le invitamos a descargar el documento en el enlace del párrafo anterior, o bien en la siguiente opción:

Encuentro Patriótico. Propuestas en favor de la Seguridad CiudadanaDescarga

La otra danza de la ira

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace unos días asistí al teatro a ver la puesta en escena “La danza de la ira” protagonizada por la actriz costarricense Marian Li. En una tremenda demostración histriónica, Marian dio cuenta de una realidad compleja, a veces tirada debajo de la alfombra con el resto del polvo, porque forma parte de eso que se denominan los secretos familiares.

El abuso infantil en Costa Rica es una realidad que lacera y lastima la dignidad de las personas que lo experimentan y que crecen con todo tipo de cargas emocionales hasta bien entrada su edad adulta. Si no se acompañan desde el plano psicológico para sanar y reparar, difícilmente sus vidas transcurrirán de forma adecuada.

Así como esta ira descompone vidas, hay otras danzas de enojos que están comprometiendo la paz social en Costa Rica. En las últimas semanas, cada vez con mayor frecuencia, se ha empezado a notar el aumento de la violencia en espacios públicos, particularmente en carretera.

Son verdaderas batallas lo que se observa en videos que circulan en redes sociales, con el agravante de que en algunos casos las personas en disputa están armadas y eso agrava aún más el deterioro de la convivencia que una vez tuvimos como sociedad.

Las reglas del juego colectivo parecieran haberse agotado. La incapacidad de hablar, de compartir los espacios, de dirimir las diferencias (cualquiera que sean) de forma respetuosa, conversada y reposada, ha provocado una lesión sin retorno a los intercambios y las formas civilizadas de comportamientos.

Estas otras iras también son resorte de la Salud Pública y deben ser abordadas de forma integral. Es absolutamente urgente detener estas batallas campales y darle paso a otras maneras de hablarnos y vernos de nuevo a los ojos. Es imperativo.

Defensoría ante resolución de la Sala Constitucional sobre Ley Jaguar

Escrito en . Publicado en Derechos.

El respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional es fundamental para la estabilidad democrática y la paz social. Insta a defender los cimientos del Estado de Derecho

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

El acatamiento de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional ante los asuntos sometidos a su conocimiento es necesario para la seguridad jurídica del país, indistintamente de las posiciones particulares de las partes involucradas.

La Defensoría de los Habitantes considera esencial que las controversias se canalicen a través de los mecanismos existentes, en apego al ordenamiento jurídico.

El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Habitantes seremos absolutamente respetuosos de las resoluciones que emita la Sala IV, siendo que sus fallos se basan a lo establecido en nuestra Constitución Política y que, las personas que somos funcionarias y funcionarios públicos, juramos respetar y defender.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

La violencia económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

SEC repudia la incitación a la violencia por parte del presidente Rodrigo Chaves

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La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo comparte un importante video que refleja la postura del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) en relación con las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves.

Expresamos nuestro firme repudio a cualquier forma de incitación a la violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la paz social y la estabilidad democrática de Costa Rica.