Hace unos días asistí al teatro a ver la puesta en escena “La danza de la ira” protagonizada por la actriz costarricense Marian Li. En una tremenda demostración histriónica, Marian dio cuenta de una realidad compleja, a veces tirada debajo de la alfombra con el resto del polvo, porque forma parte de eso que se denominan los secretos familiares.
El abuso infantil en Costa Rica es una realidad que lacera y lastima la dignidad de las personas que lo experimentan y que crecen con todo tipo de cargas emocionales hasta bien entrada su edad adulta. Si no se acompañan desde el plano psicológico para sanar y reparar, difícilmente sus vidas transcurrirán de forma adecuada.
Así como esta ira descompone vidas, hay otras danzas de enojos que están comprometiendo la paz social en Costa Rica. En las últimas semanas, cada vez con mayor frecuencia, se ha empezado a notar el aumento de la violencia en espacios públicos, particularmente en carretera.
Son verdaderas batallas lo que se observa en videos que circulan en redes sociales, con el agravante de que en algunos casos las personas en disputa están armadas y eso agrava aún más el deterioro de la convivencia que una vez tuvimos como sociedad.
Las reglas del juego colectivo parecieran haberse agotado. La incapacidad de hablar, de compartir los espacios, de dirimir las diferencias (cualquiera que sean) de forma respetuosa, conversada y reposada, ha provocado una lesión sin retorno a los intercambios y las formas civilizadas de comportamientos.
Estas otras iras también son resorte de la Salud Pública y deben ser abordadas de forma integral. Es absolutamente urgente detener estas batallas campales y darle paso a otras maneras de hablarnos y vernos de nuevo a los ojos. Es imperativo.
Institución reitera el mensaje a la sociedad costarricense de dilucidar los asuntos públicos por vías institucionales y democráticas
La Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, hace un llamado al respeto de la vida, de la integridad y del seguimiento de los procedimientos jurisdiccionales del país.
Ante las recientes investigaciones que involucran a jerarcas y directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, este Órgano Defensor expresa su preocupación por amenazas de muerte a funcionarios y llama a todas las autoridades públicas a garantizar el cumplimiento del debido proceso en el trámite que llevarán a cabo las instancias competentes.
El respeto a la dignidad humana y el respeto al Estado de Derecho deben prevalecer en la discusión de los asuntos públicos.
Las decisiones que se tomen hoy condicionarán el futuro próximo y el desarrollo humano de largo plazo de Costa Rica, por lo que, las y los funcionarios públicos, particularmente quienes ostentan puestos jerárquicos, deben ajustar sus actuaciones a la Constitución Política, la moral, la justicia, las leyes y demás normativa vigente, sin propiciar discursos que puedan incentivar una profunda polarización en nuestra sociedad y una escalada de violencia inédita en la historia del país.
Es imperativo, como lo señaló el Informe Estado de la Nación 2023, que podamos recuperar la capacidad de diálogo entre distintos sectores de la sociedad. Para ello, la prudencia, la sensatez y el respeto son condiciones indispensables para avanzar en esa tarea colectiva.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional es fundamental para la estabilidad democrática y la paz social.Insta a defender los cimientos del Estado de Derecho
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.
El acatamiento de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional ante los asuntos sometidos a su conocimiento es necesario para la seguridad jurídica del país, indistintamente de las posiciones particulares de las partes involucradas.
La Defensoría de los Habitantes considera esencial que las controversias se canalicen a través de los mecanismos existentes, en apego al ordenamiento jurídico.
El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Habitantes seremos absolutamente respetuosos de las resoluciones que emita la Sala IV, siendo que sus fallos se basan a lo establecido en nuestra Constitución Política y que, las personas que somos funcionarias y funcionarios públicos, juramos respetar y defender.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.
Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.
Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.
Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.
El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.
Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.
Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.
Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo comparte un importante video que refleja la postura del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) en relación con las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves.
Expresamos nuestro firme repudio a cualquier forma de incitación a la violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la paz social y la estabilidad democrática de Costa Rica.
El Foro se realizará en conmemoración del 22 de marzo Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Agua para la Paz”, el evento contará con la participación del Viceministro de Salud, Ministro del MINAE, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o sus representantes, así como participantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el alcalde de Oreamuno y el Presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno.
Se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 3:00 p.m. en el Miniauditorio de la Facultad de Ingeniería, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad de la Investigación UCR, primera planta del edificio de Aulas de la Facultad.
Ante la inminente crisis desatada por la contaminación de metabolitos de agroquímicos, problemas de escasez y protección de las fuentes, este espacio busca en sus participantes el diálogo y el manejo de conceptos comunes en lo que respecta a la problemática del Agua Segura en el país y busca incentivar un trabajo político conjunto con los tomadores de decisión y las comunidades.
Este espacio es organizado por la Red GUIAS (Gestión Universitaria de Investigación en Aguas) de la Universidad de Costa Rica, que consideró contribuir con el desarrollo de una Hoja de Ruta País para el Agua Segura; es decir una descripción sistemática de un conjunto de principios, actitudes y pasos prácticos que orienten a las instituciones y a las personas tomadoras de decisión en la materia, cuyo trabajo conjunto posibilite la concreción de una meta ambiciosa pero plausible: que en Costa Rica toda comunidad y población pueda disfrutar, sin restricciones y obstáculos, de agua con calidad y cantidad para su desarrollo humano.
Contexto
Diversos estudios han apuntado que, si bien ciertas regiones del Planeta gozan de abundantes fuentes de Agua para los diversos usos que hacen sus habitantes, esto no implica de manera automática la certeza de que todas las poblaciones y personas puedan disfrutar del recurso en cantidad, calidad y continuidad, mediante un aprovechamiento sostenible. Igualmente, se ha evidenciado con diversos estudios de caso, que cuando coexisten comunidades que ven limitado su acceso al agua con otras que tienen un disfrute más pleno se presenta un caldo de cultivo para la conflictividad social, pugnas en los territorios y la aparición de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo humano.
En el caso de Costa Rica, nuestra tradición democrática nos ha llevado a valorar la Paz Social. Esta no implica la ausencia de discrepancias o diferencias entre grupos políticos y actores sociales; por el contrario, es necesario más bien en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y -en la medida de lo posible- unidos buscando soluciones a los problemas que nos aquejan y los retos que se avecinan.
Mesas vacías. La inseguridad y la violencia que experimentan algunas zonas del país infunde temor en los consumidores, lo cual se traduce en una menor visitación de los locales comerciales. Este fenómeno tiende a alejar a los emprendedores o los obliga a incrementar su inversión en mecanismos de seguridad. Foto de la OCI con fines ilustrativos.
Nueve vías hacia una economía del bienestar: vivir en paz social
La solución a la violencia es ir más allá de políticas punitivas y represivas
Para Hugo Vargas González, coordinador de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática del Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, este dato no es una mera percepción, sino que tiene un sólido asidero en una realidad estadística que señala que el 2023 es el año en el que se han cometido más homicidios en toda la historia del país.
Este delito se une a los hurtos, robos, asaltos, pago de peajes, tráfico de drogas estafas, entre otros, para crear un ambiente de inseguridad, principal ingrediente para desestimular la inversión nacional y extranjera y desalentar el surgimiento y consolidación de emprendimientos de negocios.
“La reactivación económica depende de factores como la confianza de los emprendedores. Las personas que pretenden realizar algún tipo de actividad económica tienden a analizar el contexto en el que lo realizarán. Si el modelo desarrollista apostó a la inversión extranjera y, con mucha más razón, el actual modelo neoliberal, necesariamente se deben ofrecer condiciones que resulten atractivas para que los inversionistas lleguen”, subrayó el docente e investigador.
Vargas recuerda que, históricamente, Costa Rica ha tenido tres grandes ventajas para el establecimiento de nuevos negocios: el nivel educativo de su población, un clima de seguridad y la estabilidad política que ofrece un Estado social y democrático de derecho. No obstante, estas tres características han sufrido un deterioro acelerado en los últimos años, lo cual pone en riesgo la inversión existente y la creación y sostenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales conforman casi la totalidad del parque empresarial costarricense y generan el 70 % del empleo en el país.
“Un clima de inseguridad altera buena parte de las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas, altera evidentemente la estabilidad. Las empresas tienen que invertir más recursos y en mecanismos de seguridad. De hecho, hay algo que se llama economía de seguridad, que es un concepto relativamente reciente, el cual hace referencia a todo el conjunto de inversiones en materia de seguridad de las empresas, incluyendo la ciberseguridad”, agregó Vargas.
Un clima de inseguridad altera buena parte de las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas y su estabilidad.
En este sentido, el especialista recuerda que estas inversiones en seguridad son más gravosas para los emprendimientos pequeños y medianos, los cuales tienen que contar cada colón en los primeros meses de actividad porque todavía no tienen una clientela consolidada. Pero independientemente de los mecanismos de seguridad que implementen los negocios, un alto nivel de delincuencia puede poner fin a la tranquilidad y confianza que necesita una persona para ingresar a un establecimiento comercial.
Al respecto, Kathia Cousin Brenes, profesora de Dirección de Empresas de la Sede del Pacífico de la UCR y coordinadora del Trabajo Comunal “Acompañamiento y fortalecimiento de las pymes de la región Pacífico Central”, ha observado que en su zona de trabajo la desconfianza está a flor de piel por la inseguridad que vive el país, lo cual ha obligado a algunos emprendimientos a incrementar las medidas de seguridad, como el refuerzo de rejas y tener un horario más restringido.
“Un negocio seguro empieza por conocer su vecindario.”
Kathia Cousin Brenes, profesora de Dirección de Empresas de la Sede del Pacífico de la UCR y coordinadora del Trabajo Comunal “Acompañamiento y fortalecimiento de las pymes de la región Pacífico Central
Por otro lado, Vargas considera que la solución a la creciente ola de inseguridad y de violencia que está afectando, directa o indirectamente el surgimiento y consolidación de emprendimientos comerciales, no pasa solamente por medidas punitivas y de represión, sino también por la prevención, el componente más importante de cualquier política de seguridad, a criterio del experto.
“Se puede mejorar la eficiencia de los Tribunales para que resuelvan los expedientes con mayor celeridad, pero no es esa la vía para eliminar la delincuencia. Hay que atacar los niveles de violencia, desde el núcleo familiar y las comunidades. Si logramos quebrar esos generadores de violencia lograremos disminuir significativamente los niveles de delincuencia y, con ello, obtener mejores condiciones para los entornos empresariales, desde el nivel de las pymes hasta la inversión extranjera”, señaló el docente e investigador.
En este sentido, Manuel Mojica Rojas, docente de la Escuela de Administración de Negocios y profesor colaborador del Trabajo Comunal “Desarrollo empresarial y fomento del emprendimiento”, menciona que el círculo vicioso de la pobreza y la violencia no se rompe solo, sino solo con la fuerza de decisiones políticas y una inversión estratégica.
“Si pensamos en crear una cultura de paz donde las personas no están pasando hambre, donde viven en una infraestructura adecuada y están en un ambiente seguro, de respeto, que no está contaminado y donde pueden hacer deporte, todo eso puede convencer a alguien de iniciar un emprendimiento en su propio lugar de residencia y eso le puede dar empleo a otras personas vecinas, quienes consumirán otros productos del lugar. Con esto, la economía local puede dinamizarse”, enfatizó el especialista.
Nadie puede decir “a mí no me va a pasar”
En un instante, Marco Tulio Abarca Cerdas vio romperse la paz y tranquilidad que ha caracterizado a su negocio durante 17 años. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El restaurante La Cocina de Marco, en Tejar de El Guarco de Cartago, tiene 17 años de existencia y su dueño, Marco Tulio Abarca Cerdas, más de medio siglo de vivir en la zona. Él asegura que ahí nunca había pasado ningún hecho violento hasta que el pasado 26 de junio un sicario ingresó al negocio persiguiendo a su víctima, quien intentó refugiarse infructuosamente en la cocina del lugar. El resultado: una persona fallecida en su restaurante, equipos y mobiliario dañado por las balas, un enorme susto del equipo de trabajo y una clientela que se alejó en los días posteriores. Este caso es un ejemplo más de que ningún lugar está exento de ser un escenario para la delincuencia. De acuerdo con Abarca, el Barrio Nuevo de Tejar de El Guarco siempre ha sido tranquilo y seguro, características ideales para emprender un negocio. Sin embargo, desde la experiencia de junio anterior, el personal del restaurante labora con más cautela y observa con mayor detenimiento a las personas que ingresan al local. De hecho, el equipo de la Oficina de Comunicación Institucional de la Universidad de Costa Rica que visitó el lugar percibió cierta desconfianza a su llegada. ¡Y con toda razón! Reponerse de un hecho tan violento no es sencillo.
“A veces viene gente extraña y ya uno está medio arisco, como la semana pasada que vinieron unos muchachos con bolsos, que eran como cobradores de gota a gota. Entonces, les pregunté ‘¿ustedes qué, no traen cola que les pisen?, ¿nadie los viene buscando?’. Ya uno se pone nervioso al ver gente que no ha venido o que se reconoce que son cobradores de este tipo de préstamos. Uno se pone rejego y cuando pasa una moto muy escandalosa uno se pone alerta”, confesó el dueño del restaurante.
“El hecho es una mala reseña para el pueblo porque nunca había pasado algo similar. Son cosas que uno ve por televisión que pasan en otros lugares, pero uno jamás se imagina que le pueda pasar a uno.”
Marco Tulio Abarca Cerdas, dueño del restaurante La Cocina de Marco
Abarca comenta que, luego del hecho delictivo, pensó en construir una “habitación del pánico” (un cuarto blindado) para refugiarse en situaciones similares. No obstante, terminó por desechar la idea, al igual que implementar otras medidas de seguridad, como colocar un portón en la entrada del restaurante o tener un arma de fuego, porque está convencido de que una persona que quiera hacer un daño, lo hará, aunque existan miles de mecanismos que se lo impidan.
Por otro lado, considera que la confianza es fundamental para todo negocio, pero sobre todo para un restaurante, el cual debe mantener sus puertas abiertas para que la gente se sienta bienvenida. De esta manera, sus opciones se reducen a aprender a vivir y a trabajar con el temor de que ocurra otro hecho parecido, con la fe de que no sea así.
Posterior al ajusticiamiento que se dio en su negocio, el restaurante perdió a parte de su clientela habitual, pero, en su lugar, otras personas se acercaron por curiosidad. Al día de hoy, el nivel de ventas ha logrado recuperarse, pero aún falta por reponer y reparar algunos daños sufridos. En este sentido, Abarca subraya la importancia de la seguridad para el surgimiento y consolidación de un negocio, tal y como ha sucedido con su restaurante a lo largo de 17 años. Sin embargo, reconoce la inexistencia de una organización vecinal que vele por ella y por la recuperación del espacio público para la misma comunidad. “Estoy seguro de que si algo está pasando nadie se va a meter. Puede que ayuden más a un perro o a un niño de una agresión, pero la gente no se mete a defender a otras personas”, acotó.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.
Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.
Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.
Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.
También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.
Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.
“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.
Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.
Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.
Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.
Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”
Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.
Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.
Entre los puntos planteados contiene:
Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
Lanegociación del FEES en la Comisión de Enlace
Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.
De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?
El gobierno por su parte, en el documento titulado:
“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:
En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).
Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).
Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:
“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:
“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).
Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
13 de junio del 2023.Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”
Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:
El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:
En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de “Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.
Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.
Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.
La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.
Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?
Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.
La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza
Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.
Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.
La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.
En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.
En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.
No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.
Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.
Con la campaña “¡Gracias CCSS!” el puntarenense Juan Atencio Obando, dirigente sindical de ANDE, nos recuerda la importancia del principio de solidaridad en la defensa de esta gran institución, base de la paz social y patrimonio del pueblo de Costa Rica.
El compañero Atencio también nos recuerda la importancia de defender y mejorar esta institución para garantizar el Derecho a la Salud de primer orden, como merecemos todos y todas.
Inauguración UNA-1973 Dr-Oscar Arias Sánchez-Margarita Penón, José Figueres Ferrer Pte CR- Karen Olsen de Figueres primera Dama.
Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel
Catedrático jubilado de la Universidad Nacional
Asesor de la Academia Solidarista Alberto Marten Chavarría.
La Universidad Nacional (UNA) fue creada por Ley N.° 5182 de 12 de febrero de 1973. El proyecto original fue impulsado, como una universidad pedagógica, por el Poder Ejecutivo de ese entonces (1970-1974) encabezado por Don Pepe Figueres, en su tercer gobierno, como Presidente de la República y Don Uladislao Gámez Solano como Ministro de Educación Pública. No obstante, en su tramitación en la Asamblea Legislativa, una iniciativa alternativa impulsada por los diputados en aquel tiempo: Daniel Oduber Quirós y Francisco Morales Hernández, se convirtió finalmente en ley de la República.
La ley referida encargó a una Comisión ad hoc organizar la nueva institución, la redacción del Estatuto Orgánico y la elección del primer rector. La Universidad abrió sus puertas el 14 de marzo de 1973. Fueron miembros de la comisión ad hoc, entre otros: Uladislao Gámez Solano, Óscar Arias Sánchez, Francisco Morales Hernández, Benjamín Núñez Vargas, Francisco Antonio Pacheco Fernández y Rose Marie Karpinski Dodero. La comisión citada designó al Pbro. Benjamín Núñez Vargas como primer rector de la UNA, quien ejerció la rectoría de 1973 a 1977. El señor Núñez concibió a la Universidad Nacional como una “universidad del pueblo”, como una Universidad Necesaria, al servicio de los sectores sociales más vulnerables. También para el Padre Núñez: “He ahí nuestra gran concepción de nuestra Costa Rica: una patria de propietarios, de hombres que poseen, que se poseen a sí mismos, que poseen sus propias opiniones, sus ideas propias, que poseen su propio instrumento de trabajo, sus propias viviendas, que poseen su propio pedazo de tierra para cultivarlo, que poseen su propio porvenir, que poseen su propia misión social, que poseen su propio derecho a la felicidad.”
El lema de la Universidad desde su fundación es: “la verdad nos hace libres”, propuesta por el Padre Núñez y esta institución desarrolla su oferta académica en áreas de docencia, investigación y extensión (similar a la acción social de otros centros universitarios públicos). Despliega más de 100 opciones de grado y posgrado.
La Universidad Nacional ha galardonado con el doctorado honoris causa entre otras, a las siguientes distinguidas personas, por haber alcanzado elevadas cumbres personales y profesionales, en beneficio de la sociedad: Uladislao Gámez Solano, José (Pepe) Figueres Ferrer, Franklin Chang Díaz, Óscar Arias Sánchez, Rodrigo Carazo Odio, Elizabeth Odio Benito, Benjamín Núñez Vargas, Rodrigo Zeledón Araya, Rigoberta Menchú Tum y Mario Boza Loría.
La Universidad Nacional cuenta con 5 sedes universitarias: A) La sede en Heredia: campus Omar Dengo y campus Benjamín Núñez. B) La región Chorotega (Liberia y Nicoya). C) La región Brunca (Pérez Zeledón y Coto). D) La región Huetar Norte y el Caribe (Sarapiquí). E) Sede interuniversitaria en Alajuela.
En la actualidad la UNA tiene 11728 estudiantes, distribuidos en las 5 sedes citadas. La Universidad Nacional cuenta con un Sistema de Colegios Humanistas Costarricenses. Estos colegios son académicos, preuniversitarios y responden al plan de estudios de educación diversificada del Ministerio de Educación Pública. Se ubican en Heredia, Coto, Nicoya y Sarapiquí. Atienden con altos niveles de excelencia académica a aproximadamente 300 estudiantes destacados.
Han ocupado la rectoría de la Universidad Nacional las siguientes personas: Benjamín Núñez Vargas, Alfio Piva Mesén, Edwin León Villalobos, Carlos Araya Pochet, Rose Marie Ruiz Bravo, Jorge Mora Alfaro, Sonia Marta Mora Escalante, Olman Segura Bonilla, Sandra León Coto, Alberto Salom Echeverría y Francisco González Alvarado (período 2020-2025).
En la actualidad, la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la UNA recoge la herencia del padre Núñez, en lo que respecta a la búsqueda de justicia, paz social, solidaridad, desarrollo integral de las personas, consecución de mejores condiciones de vida para los trabajadores y la edificación de una patria de propietarios; para ello, ha instituido la cátedra Alberto Martén Chavarría, instancia en la que se estudian, a profundidad, temas como los mencionados y se presentan soluciones pertinentes, desde una perspectiva solidarista.
En la Universidad Nacional desarrolla, desde 1974, su gestión el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN). Asimismo, ejecuta labores de bienestar laboral el Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional.
En la Universidad también actúa la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (ASOUNA) que es la organización laboral más grande de la institución. Cuenta con el aporte decisivo de la UNA, lo que ha posibilitado que el auxilio se convierta en una prima de antigüedad (es decir, en un derecho adquirido), pagadera en todo caso de terminación de la relación laboral, sin límite o tope alguno. Contribuyendo así a la paz, la justicia social, desarrollo integral de los trabajadores y la armonía laboral en el seno de la Universidad.
Ahora bien, la actual coyuntura del país, caracterizada por una sociedad injusta y desigual, reclama imperiosamente líderes valientes y visionarios, como el padre Benjamín Núñez Vargas, mentor indiscutible de la Universidad Nacional, en su concepción de Universidad Necesaria.
Deseo fervientemente que la Universidad Nacional transite en el futuro, por amplias veredas de imaginación, desarrollo positivo y constructivo, en beneficio directo de las personas y regiones más vulnerables del país, plasmando así las altruistas aspiraciones de los próceres de la Patria que coadyuvaron en la creación de esta prestigiosa casa de estudios.
José Figueres Ferrer Presidente de Costa Rica, firma ley UNA 1973 con Uladislao Gámez-Ministro de Educación a su derecha.
