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Etiqueta: paz social

UCR: La inseguridad es el principal factor que ahuyenta la inversión y el emprendimiento

Mesas vacías. La inseguridad y la violencia que experimentan algunas zonas del país infunde temor en los consumidores, lo cual se traduce en una menor visitación de los locales comerciales. Este fenómeno tiende a alejar a los emprendedores o los obliga a incrementar su inversión en mecanismos de seguridad. Foto de la OCI con fines ilustrativos.

Nueve vías hacia una economía del bienestar: vivir en paz social

La solución a la violencia es ir más allá de políticas punitivas y represivas

De acuerdo con la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la población costarricense sigue manifestado que el principal problema del país es la inseguridad y la delincuencia, muy por encima de la corrupción, el desempleo y el costo de la vida.

Para Hugo Vargas González, coordinador de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática del Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, este dato no es una mera percepción, sino que tiene un sólido asidero en una realidad estadística que señala que el 2023 es el año en el que se han cometido más homicidios en toda la historia del país.

Este delito se une a los hurtos, robos, asaltos, pago de peajes, tráfico de drogas estafas, entre otros, para crear un ambiente de inseguridad, principal ingrediente para desestimular la inversión nacional y extranjera y desalentar el surgimiento y consolidación de emprendimientos de negocios.

“La reactivación económica depende de factores como la confianza de los emprendedores. Las personas que pretenden realizar algún tipo de actividad económica tienden a analizar el contexto en el que lo realizarán. Si el modelo desarrollista apostó a la inversión extranjera y, con mucha más razón, el actual modelo neoliberal, necesariamente se deben ofrecer condiciones que resulten atractivas para que los inversionistas lleguen”, subrayó el docente e investigador.

Vargas recuerda que, históricamente, Costa Rica ha tenido tres grandes ventajas para el establecimiento de nuevos negocios: el nivel educativo de su población, un clima de seguridad y la estabilidad política que ofrece un Estado social y democrático de derecho. No obstante, estas tres características han sufrido un deterioro acelerado en los últimos años, lo cual pone en riesgo la inversión existente y la creación y sostenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales conforman casi la totalidad del parque empresarial costarricense y generan el 70 % del empleo en el país.

“Un clima de inseguridad altera buena parte de las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas, altera evidentemente la estabilidad. Las empresas tienen que invertir más recursos y en mecanismos de seguridad. De hecho, hay algo que se llama economía de seguridad, que es un concepto relativamente reciente, el cual hace referencia a todo el conjunto de inversiones en materia de seguridad de las empresas, incluyendo la ciberseguridad”, agregó Vargas.

Un clima de inseguridad altera buena parte de las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas y su estabilidad.

Hugo Vargas González, coordinador de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática del Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

En este sentido, el especialista recuerda que estas inversiones en seguridad son más gravosas para los emprendimientos pequeños y medianos, los cuales tienen que contar cada colón en los primeros meses de actividad porque todavía no tienen una clientela consolidada. Pero independientemente de los mecanismos de seguridad que implementen los negocios, un alto nivel de delincuencia puede poner fin a la tranquilidad y confianza que necesita una persona para ingresar a un establecimiento comercial.

Al respecto, Kathia Cousin Brenes, profesora de Dirección de Empresas de la Sede del Pacífico de la UCR y coordinadora del Trabajo Comunal “Acompañamiento y fortalecimiento de las pymes de la región Pacífico Central”, ha observado que en su zona de trabajo la desconfianza está a flor de piel por la inseguridad que vive el país, lo cual ha obligado a algunos emprendimientos a incrementar las medidas de seguridad, como el refuerzo de rejas y tener un horario más restringido.

“Un negocio seguro empieza por conocer su vecindario.”

Kathia Cousin Brenes, profesora de Dirección de Empresas de la Sede del Pacífico de la UCR y coordinadora del Trabajo Comunal “Acompañamiento y fortalecimiento de las pymes de la región Pacífico Central

Por otro lado, Vargas considera que la solución a la creciente ola de inseguridad y de violencia que está afectando, directa o indirectamente el surgimiento y consolidación de emprendimientos comerciales, no pasa solamente por medidas punitivas y de represión, sino también por la prevención, el componente más importante de cualquier política de seguridad, a criterio del experto.

“Se puede mejorar la eficiencia de los Tribunales para que resuelvan los expedientes con mayor celeridad, pero no es esa la vía para eliminar la delincuencia. Hay que atacar los niveles de violencia, desde el núcleo familiar y las comunidades. Si logramos quebrar esos generadores de violencia lograremos disminuir significativamente los niveles de delincuencia y, con ello, obtener mejores condiciones para los entornos empresariales, desde el nivel de las pymes hasta la inversión extranjera”, señaló el docente e investigador.

En este sentido, Manuel Mojica Rojas, docente de la Escuela de Administración de Negocios y profesor colaborador del Trabajo Comunal “Desarrollo empresarial y fomento del emprendimiento”, menciona que el círculo vicioso de la pobreza y la violencia no se rompe solo, sino solo con la fuerza de decisiones políticas y una inversión estratégica.

“Si pensamos en crear una cultura de paz donde las personas no están pasando hambre, donde viven en una infraestructura adecuada y están en un ambiente seguro, de respeto, que no está contaminado y donde pueden hacer deporte, todo eso puede convencer a alguien de iniciar un emprendimiento en su propio lugar de residencia y eso le puede dar empleo a otras personas vecinas, quienes consumirán otros productos del lugar. Con esto, la economía local puede dinamizarse”, enfatizó el especialista.

Nadie puede decir “a mí no me va a pasar”

En un instante, Marco Tulio Abarca Cerdas vio romperse la paz y tranquilidad que ha caracterizado a su negocio durante 17 años. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El restaurante La Cocina de Marco, en Tejar de El Guarco de Cartago, tiene 17 años de existencia y su dueño, Marco Tulio Abarca Cerdas, más de medio siglo de vivir en la zona. Él asegura que ahí nunca había pasado ningún hecho violento hasta que el pasado 26 de junio un sicario ingresó al negocio persiguiendo a su víctima, quien intentó refugiarse infructuosamente en la cocina del lugar. El resultado: una persona fallecida en su restaurante, equipos y mobiliario dañado por las balas, un enorme susto del equipo de trabajo y una clientela que se alejó en los días posteriores. Este caso es un ejemplo más de que ningún lugar está exento de ser un escenario para la delincuencia. De acuerdo con Abarca, el Barrio Nuevo de Tejar de El Guarco siempre ha sido tranquilo y seguro, características ideales para emprender un negocio. Sin embargo, desde la experiencia de junio anterior, el personal del restaurante labora con más cautela y observa con mayor detenimiento a las personas que ingresan al local. De hecho, el equipo de la Oficina de Comunicación Institucional de la Universidad de Costa Rica que visitó el lugar percibió cierta desconfianza a su llegada. ¡Y con toda razón! Reponerse de un hecho tan violento no es sencillo.

“A veces viene gente extraña y ya uno está medio arisco, como la semana pasada que vinieron unos muchachos con bolsos, que eran como cobradores de gota a gota. Entonces, les pregunté ‘¿ustedes qué, no traen cola que les pisen?, ¿nadie los viene buscando?’. Ya uno se pone nervioso al ver gente que no ha venido o que se reconoce que son cobradores de este tipo de préstamos. Uno se pone rejego y cuando pasa una moto muy escandalosa uno se pone alerta”, confesó el dueño del restaurante.

“El hecho es una mala reseña para el pueblo porque nunca había pasado algo similar. Son cosas que uno ve por televisión que pasan en otros lugares, pero uno jamás se imagina que le pueda pasar a uno.”

Marco Tulio Abarca Cerdas, dueño del restaurante La Cocina de Marco

Abarca comenta que, luego del hecho delictivo, pensó en construir una “habitación del pánico” (un cuarto blindado) para refugiarse en situaciones similares. No obstante, terminó por desechar la idea, al igual que implementar otras medidas de seguridad, como colocar un portón en la entrada del restaurante o tener un arma de fuego, porque está convencido de que una persona que quiera hacer un daño, lo hará, aunque existan miles de mecanismos que se lo impidan.

Por otro lado, considera que la confianza es fundamental para todo negocio, pero sobre todo para un restaurante, el cual debe mantener sus puertas abiertas para que la gente se sienta bienvenida. De esta manera, sus opciones se reducen a aprender a vivir y a trabajar con el temor de que ocurra otro hecho parecido, con la fe de que no sea así.

Posterior al ajusticiamiento que se dio en su negocio, el restaurante perdió a parte de su clientela habitual, pero, en su lugar, otras personas se acercaron por curiosidad. Al día de hoy, el nivel de ventas ha logrado recuperarse, pero aún falta por reponer y reparar algunos daños sufridos. En este sentido, Abarca subraya la importancia de la seguridad para el surgimiento y consolidación de un negocio, tal y como ha sucedido con su restaurante a lo largo de 17 años. Sin embargo, reconoce la inexistencia de una organización vecinal que vele por ella y por la recuperación del espacio público para la misma comunidad. “Estoy seguro de que si algo está pasando nadie se va a meter. Puede que ayuden más a un perro o a un niño de una agresión, pero la gente no se mete a defender a otras personas”, acotó.

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Ante la situación del FEES y otros atropellos: La dignidad ciudadana y el ejercicio democrático

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales

Lo que pude constatar el 20 de junio

Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.

Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.

Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.

Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.

También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.

Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.

“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.

Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.

Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.

Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.

Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”

Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.

Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.

Entre los puntos planteados contiene:

  • Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
  • Liberar a la educación pública de la regla fiscal.

La negociación del FEES en la Comisión de Enlace

Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.

De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?

El gobierno por su parte, en el documento titulado:

“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:

En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).

Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).

Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:

“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:

“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).

  • Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.

13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.

Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”

Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:

El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:

En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.

Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.

Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.

La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.

Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?

Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.

La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza

Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.

Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.

La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.

En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.

En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.

No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.

Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.

Junio de 2023.

¡Gracias CCSS!, mensaje de Juan Atencio dirigente sindical de ANDE

Con la campaña “¡Gracias CCSS!” el puntarenense Juan Atencio Obando, dirigente sindical de ANDE, nos recuerda la importancia del principio de solidaridad en la defensa de esta gran institución, base de la paz social y patrimonio del pueblo de Costa Rica.

El compañero Atencio también nos recuerda la importancia de defender y mejorar esta institución para garantizar el Derecho a la Salud de primer orden, como merecemos todos y todas.

¡Unite vos también!

¡LA CAJA NO SE VENDE!

¡LA CAJA SE DEFIENDE!

#frenass #Gracias a la CCSS

#lacajanosevendelacajasedefiende

Para ver el vídeo completo, haga click en el siguiente link: https://fb.watch/kDoU_jMXuD/?mibextid=qC1gEa

50 aniversario de la Universidad Nacional

Inauguración UNA-1973 Dr-Oscar Arias Sánchez-Margarita Penón, José Figueres Ferrer Pte CR- Karen Olsen de Figueres primera Dama.

Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel

Catedrático jubilado de la Universidad Nacional

Asesor de la Academia Solidarista Alberto Marten Chavarría.

La Universidad Nacional (UNA) fue creada por Ley N.° 5182 de 12 de febrero de 1973. El proyecto original fue impulsado, como una universidad pedagógica, por el Poder Ejecutivo de ese entonces (1970-1974) encabezado por Don Pepe Figueres, en su tercer gobierno, como Presidente de la República y Don Uladislao Gámez Solano como Ministro de Educación Pública. No obstante, en su tramitación en la Asamblea Legislativa, una iniciativa alternativa impulsada por los diputados en aquel tiempo: Daniel Oduber Quirós y Francisco Morales Hernández, se convirtió finalmente en ley de la República.

La ley referida encargó a una Comisión ad hoc organizar la nueva institución, la redacción del Estatuto Orgánico y la elección del primer rector. La Universidad abrió sus puertas el 14 de marzo de 1973. Fueron miembros de la comisión ad hoc, entre otros: Uladislao Gámez Solano, Óscar Arias Sánchez, Francisco Morales Hernández, Benjamín Núñez Vargas, Francisco Antonio Pacheco Fernández y Rose Marie Karpinski Dodero. La comisión citada designó al Pbro. Benjamín Núñez Vargas como primer rector de la UNA, quien ejerció la rectoría de 1973 a 1977. El señor Núñez concibió a la Universidad Nacional como una “universidad del pueblo”, como una Universidad Necesaria, al servicio de los sectores sociales más vulnerables. También para el Padre Núñez: “He ahí nuestra gran concepción de nuestra Costa Rica: una patria de propietarios, de hombres que poseen, que se poseen a sí mismos, que poseen sus propias opiniones, sus ideas propias, que poseen su propio instrumento de trabajo, sus propias viviendas, que poseen su propio pedazo de tierra para cultivarlo, que poseen su propio porvenir, que poseen su propia misión social, que poseen su propio derecho a la felicidad.”

El lema de la Universidad desde su fundación es: “la verdad nos hace libres”, propuesta por el Padre Núñez y esta institución desarrolla su oferta académica en áreas de docencia, investigación y extensión (similar a la acción social de otros centros universitarios públicos).  Despliega más de 100 opciones de grado y posgrado.

La Universidad Nacional ha galardonado con el doctorado honoris causa entre otras, a las siguientes distinguidas personas, por haber alcanzado elevadas cumbres personales y profesionales, en beneficio de la sociedad: Uladislao Gámez Solano, José (Pepe) Figueres Ferrer, Franklin Chang Díaz, Óscar Arias Sánchez, Rodrigo Carazo Odio, Elizabeth Odio Benito, Benjamín Núñez Vargas, Rodrigo Zeledón Araya, Rigoberta Menchú Tum y Mario Boza Loría.

La Universidad Nacional cuenta con 5 sedes universitarias: A)  La sede en Heredia: campus Omar Dengo y campus Benjamín Núñez. B) La región Chorotega (Liberia y Nicoya). C) La región Brunca (Pérez Zeledón y Coto). D) La región Huetar Norte y el Caribe (Sarapiquí). E) Sede interuniversitaria en Alajuela.

En la actualidad la UNA tiene 11728 estudiantes, distribuidos en las 5 sedes citadas. La Universidad Nacional cuenta con un Sistema de Colegios Humanistas Costarricenses. Estos colegios son académicos, preuniversitarios y responden al plan de estudios de educación diversificada del Ministerio de Educación Pública. Se ubican en Heredia, Coto, Nicoya y Sarapiquí. Atienden con altos niveles de excelencia académica a aproximadamente 300 estudiantes destacados.

Han ocupado la rectoría de la Universidad Nacional las siguientes personas: Benjamín Núñez Vargas, Alfio Piva Mesén, Edwin León Villalobos, Carlos Araya Pochet, Rose Marie Ruiz Bravo, Jorge Mora Alfaro, Sonia Marta Mora Escalante, Olman Segura Bonilla, Sandra León Coto, Alberto Salom Echeverría y Francisco González Alvarado (período 2020-2025).

En la actualidad, la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la UNA recoge la herencia del padre Núñez, en lo que respecta a la búsqueda de justicia, paz social, solidaridad, desarrollo integral de las personas, consecución de mejores condiciones de vida para los trabajadores y la edificación de una patria de propietarios; para ello, ha instituido la cátedra Alberto Martén Chavarría, instancia en la que se estudian, a profundidad, temas como los mencionados y se presentan soluciones pertinentes, desde una perspectiva solidarista.

En la Universidad Nacional desarrolla, desde 1974, su gestión el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN). Asimismo, ejecuta labores de bienestar laboral el Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional.

En la Universidad también actúa la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (ASOUNA) que es la organización laboral más grande de la institución. Cuenta con el aporte decisivo de la UNA, lo que ha posibilitado que el auxilio se convierta en una prima de antigüedad (es decir, en un derecho adquirido), pagadera en todo caso de terminación de la relación laboral, sin límite o tope alguno. Contribuyendo así a la paz, la justicia social, desarrollo integral de los trabajadores y la armonía laboral en el seno de la Universidad.

Ahora bien, la actual coyuntura del país, caracterizada por una sociedad injusta y desigual, reclama imperiosamente líderes valientes y visionarios, como el padre Benjamín Núñez Vargas, mentor indiscutible de la Universidad Nacional, en su concepción de Universidad Necesaria.

Deseo fervientemente que la Universidad Nacional transite en el futuro, por amplias veredas de imaginación, desarrollo positivo y constructivo, en beneficio directo de las personas y regiones más vulnerables del país, plasmando así las altruistas aspiraciones de los próceres de la Patria que coadyuvaron en la creación de esta prestigiosa casa de estudios.

José Figueres Ferrer Presidente de Costa Rica, firma ley UNA 1973 con Uladislao Gámez-Ministro de Educación a su derecha.

Manifiesto conjunto por la democracia ante los hechos ocurridos en Brasil

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Brasil, la Asociación Brasileña de Apoyo a la Infancia y la Fundación Vida para Todos – ABAI,  realizaron este 10 de enero de 2023 un manifiesto en conjunto ante el intento de golpe de Estado realizado en Brasil, en el cual comunican:

“Las instituciones de la sociedad civil, antes nombradas, sin fines de lucro, que actúen en la defensa de los derechos humanos, solidaridad, respeto al medio ambiente y producción de alimentos saludables, por sus respectivos representantes, expresan su repudio a los actos violentos de terrorismo real practicados ayer en Brasilia, contra Instituciones Públicas de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia.

La democracia no es compatible, ni con actos violentos, conspiraciones u omisiones de nadie, y mucho menos de autoridades constituidas para defender los intereses más grandeslulu del país – una vida digna para todos los brasileños y brasileñas, el estado de derecho, el patrimonio público, la riqueza natural y la Constitución Federal de la República.

Brasil necesita paz y unidad para reconstruir el país después de toda la destrucción de economía y derechos fundamentales de los últimos años. En este contexto, nos unimos a todas las fuerzas democráticas, en particular al gobierno legítimamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de promover la paz social y la reconstrucción de un país justo y solidario para todos y cada uno”.

 

Imagen recuperada de InfoNews.

Hacia una Costa Rica en paz social

El lunes 07 de noviembre, se llevó a cabo un conversatorio sobre el tema «Hacia una Costa Rica en Paz Social. Aportando en el contexto internacional en pro de la eliminación de las guerras y de todo tipo de violencias», en la sala de conferencias -3, de la Asamblea Legislativa.

El 07 de noviembre es una fecha memorable, debido a que fue ese mismo día pero de 1889, que se dio el primer alzamiento popular presente en Costa Rica, donde se exigió que se respetarán los resultados electorales, puesto que habían dos partidos políticos, uno de ellos el Liberal Progresista (del Gobierno) y el Constitucional Democrático. En ese momento el presidente era Bernardo Soto, el cual apoyaba a Ascención Esquivel Ibarra, candidato del partido del gobierno, y por ende, quería favorecerlo, y desconocer el resultado de las elecciones, debido a que fue el señor Jose Joaquín Rodríguez quién ganó, lo anterior fue el detonante del alzamiento. Por eso, actualmente este día se conoce como «Día de la democracia costarricense», porque conmemora la lucha de los ciudadanos por respetar sus derechos.

Ahora bien, en el conversatorio también se mencionó la importancia de reconocer los derechos de las comunidades, el tener una identidad propia, lo cual es fundamental para construir la paz, al igual que los derechos laborales, los cuales se dan por sentado, porque se está enajenado, pero que es importante conocerlos.

«Realmente es en las brechas sociales, es en la desigualdad, es en ese odio, en esa ignorancia, es en esa incapacidad de reconocernos los unos a los otros que se gesta las guerras» (Rocío Alfaro), asimismo, menciona que hasta que entendamos que el otro soy yo, va a haber paz.

Se adjunta video del conversatorio para más detalles:

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Colombia: el cambio viene. Potencia mundial de la paz, de la vida, contra la economía extractivista y en defensa del cambio climático

Votar por el Pacto Histórico, es votar por la hora del CAMBIO por la vida

Alfonso Pardo Martínez
Trino Barrantes Araya
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional
Partido Vanguardia Popular

San José, miércoles 1 de junio de 2022

Independientemente del esfuerzo mediático y la puesta en servicio de algunos “analistas políticos”, que sin saber de qué cábalas echan mano; sin ningún pudor ya dan por sentado políticas de alianza ante el balotaje, que tendrá lugar en nuestra hermana República de Colombia el próximo 19 de junio, apostando a un desconocido multimillonario.

Nosotros, sin embargo, afirmamos que, lo de Gustavo Petro y Francia Márquez no es un techo, sino que ese 40.3% es la plataforma para afirmar la presidencia a través del PACTO HISTÓRICO.

Las mujeres, los campesinos, los jóvenes, profesionales y luchadores sociales de la primera línea y otros miles de actores sociales y votantes que apostaron a otras opciones electorales, ven ahora el momento preciso de dar un salto de calidad en la historia de este hermoso país, apoyando en esta segunda vuelta al PACTO HISTÓRICO.

La consigna: “Llegó la hora de cambiar. Colombia será Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto Histórico”, no es un simple clisé de propaganda, es la suma de 10 puntos esenciales que las grandes mayorías esperan HACER REALIDAD, porque electoralmente y políticamente, el Pacto Histórico brinda seguridad, paz, recuperación de la economía y es garantía de honradez y blindaje absoluto para establecer un sistema judicial eficaz y derrotar el narcotráfico.

El pueblo no quiere al Uribismo; el desastre del actual gobierno de Iván Duque, es la mejor muestra, de que las mayorías apuestan hacia un cambio profundo y verdadero, no a un continuismo disfrazado con ropaje populista.

En política electoral adelantar criterio como lo hizo Federico a favor de Rodolfo Hernández; es, como dicen los y las abuelas de Colombia, hacerlo cargar con la mala sombra que pese en el espectro social y económico de Colombia en este momento por los malos gobiernos. Fico le tira un fardo sucio, nauseabundo y muy pesado a Hernández, le hereda los vicios del uribismo, los cuales los colombianos ya no quieren nada con ellos.

Pero que es lo que hace diferente al PACTO HISTÓRICO en este momento de cara a la segunda vuelta. Solo 10 simples propuestas programáticas que serán resorte del pueblo y de las nuevas autoridades, bajo el mando de Petro y Francia. Veámoslos:

  • Salud y pensiones justas
  • Seguridad en una era de paz
  • Educación para todos y de calidad
  • Poder para el pueblo
  • Tierra, créditos, seguridad y soberanía alimentaria
  • Pacto para recuperar la economía, el trabajo y la productividad del país
  • Techo para todas y todos
  • Reforma al sistema judicial eficaz
  • Política integral contra el cambio climático
  • Sistema integral del cuidado

Este decálogo no es sustraído de la manga de la camisa. No es una ocurrencia que sacaron los magos del sombrero volteado, o una estrofa bien habida de una cumbia o de un vallenato. Por el contrario, en este vasto programa, se afirma la voluntad del soberano que hará historia, que construirá un cambio por la vida, pues son los que más cercanía tienen con ese 45% que no acudió a las urnas, pero que sabe que están representados en el PACTO HISTÓRICO y que sumarán millones de votos más, a favor de Francia y Petro.

Francia y Petro deben cautivar al soberano en la ruta de La voluntad y el propósito de cambio, pero a la vez, el pueblo de Colombia, debe entender que la posibilidad de enrutar a Colombia por un buen camino, está en sus manos. Inclusión, pluralismo, solidaridad y productividad, como parte de un proyecto político de nuevo tipo, solo será posible con la voluntad del voto popular en esta segunda ronda. El pueblo tiene la palabra para volver hacia un gran pacto por la vida y derrotar la corrupción de una vez y por todas.

Digamos como el bolero ranchero de José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, sino que debemos saber llegar. La meta está muy cerca, se avizora un nuevo amanecer, una tierra de esperanza para nuestra hermana República de Colombia.

Colombianas y colombianos, su voto es el arma de poder en este crucial momento, es LA HORA DEL CAMBIO POR LA VIDA.

Un ataque directo al corazón de los principios republicanos, contra la democracia y el Estado social de Derecho

Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Uno de los derechos democráticos fundamentales, es aquel que tutela la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada persona a profesar la fe que prefiera, y hacerlo sin ser de ninguna manera importunada, ni mucho menos perseguida. En las sociedades contemporáneas, complejas y heterogéneas, tal cual es la sociedad costarricense actual, la plena vigencia de este principio exige que exista cierta saludable distancia entre la política y, en general, el manejo de los asuntos públicos, respecto de la religión. Porque, en un contexto democrático y republicano, al Estado de derecho le toca velar por el respeto de todas las expresiones religiosas, con especial atención a las religiones minoritarias que, por ello mismo, podrían en mayor grado ser vulnerables. Lo cual materializa un principio republicano fundamental, que aspira a la plena igualdad ante la ley, y, por lo tanto, a la supresión de cualquier tipo de privilegio a favor de un sector u otro de la sociedad.

En Costa Rica, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicado en julio de 2021, el 47,5% de la población se declaraba católica, y un 19,8% evangélica. De tal modo, cerca del 33% de la población costarricense -una de cada tres personas- se identifica con otras denominaciones religiosas (como el judaísmo o el islamismo), u otras formas de espiritualidad, o bien son personas que se consideran a sí mismas agnósticas o ateas.

Claramente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una sociedad compleja y diversa. Frente a eso, los principios fundamentales del republicanismo, la democracia y los derechos humanos, establecen una obligación ineludible: en este multicolor conglomerado social y humano, ninguna persona merece menos respeto que cualquiera otra, indistintamente de si es católica, evangélica o de otra confesión religiosa, o si es no creyente. Por otra parte, esa es la base, absolutamente indispensable, en que descansa el principio de libertad religiosa.

Alarma que los candidatos presidenciales que disputan la segunda ronda electoral, señores Figueres Olsen y Chaves Robles, no hayan dado muestras de entender claramente lo que eso significa, y de las grandes implicaciones que de ahí se derivan. El que llegue a ser presidente, debe ser presidente de todos y todas, y para todas y todos, sin distingo de fe religiosa. No puede gobernar condicionado a ninguna fe religiosa particular, sea esta la que fuere, porque al hacerlo así, automáticamente dejará por fuera a quienes no profesen esa religión.

Ahí está el germen de la violencia contra los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la república, la democracia y el Estado social de derecho. Más aún, ahí está el germen que puede destruir la paz social.

Es gravísimo que haya líderes religiosos dispuestos a subordinar la democracia a su fe religiosa, a sabiendas de que, al hacerlo así, estarán atropellado los principios republicanos de igualdad ante la ley y de universalidad de los derechos humanos, en que se asienta nuestro Estado social de derecho y la democracia ¿Acaso no captan que su propia libertad religiosa depende del respeto a la libertad de las otras personas para tener una fe distinta, no tener fe alguna o, en fin, vivir otras formas de espiritualidad?

Más que terrible, es sumamente peligroso que haya candidatos presidenciales que subordinan su eventual gobierno a las consignas e imposiciones de una religión en particular, y todavía peor, cuando se firman documentos de compromiso, en que se llega al extremo de entregar en manos de los representantes de una religión particular, nombramientos en ministerios importantísimos como Salud, Educación y Relación Exteriores.

Detrás de esto hay un ataque directo al corazón mismo de la república y la democracia, orquestado por líderes religiosos que no tiene escrúpulo en imponer sus intereses inmediatos y directos, incluso en prejuicio de la paz social. Pero muchísimo más grave es que tengamos dos candidatos presidenciales incapaces de asumir, como les corresponde y es su obligación, una posición de defensa de los principios republicanos, y de resguardo de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos. Es indignante verlos claudicar, con tal grado de ligereza e irresponsabilidad, ante imposiciones abiertamente antidemocráticas y contrarias a la igualdad y los derechos humanos.

Hacemos un llamado vehemente a ambos candidatos presidenciales para que enmienden de inmediato la peligrosa deriva antidemocrática y antirrepublicana en la que se han embarcado. Y ante la ciudadanía costarricense, advertimos acerca del grave peligro que esto comporta. La democracia y el Estado social de derecho están siendo puestos en gravísimo peligro.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Luis Paulino Vargas Solís

Cédula 2-0327-0373

Erika Susana León Rey

Cédula 1-0871-0011

Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 1-0432-0270

Mujeres por Costa Rica invita a marcha contra la farsa democrática en Nicaragua

Mujeres por Costa Rica:

Invitamos a participar en esta marcha del domingo 07 de noviembre contra la farsa democrática y la liberación de quienes han sido apresados injustamente. No es tiempo de ser indiferentes. La defensa de la democracia y la paz social es vital para eliminar las condiciones que generan las desigualdades y la pobreza.

Tomado de https://www.facebook.com/190805514859896/posts/956538044953302/?sfnsn=mo

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

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