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Etiqueta: penitenciario

UCR: Costa Rica requiere limitar uso de prisión

Comunicado de Prensa

 

La Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 6 de septiembre del 2017, en Ciudad de México. La misma presentó información relacionada con el aumento de la población penitenciaria en Costa Rica en los últimos años, sus orígenes y consecuencias.

Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes. “Costa Rica tiene una población carcelaria mayor a la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala”, señaló Manuel Rojas, representante de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR.

Indicó que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad sobre aquellas menos restrictivas; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; normas que posibilitan vulneración de garantías reconocidas en la Convención Americana; entre otros. Igualmente, señaló que algunos jueces han sido perseguidos por aplicar la Convención y por realizar sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, aunque permitidas por el ordenamiento.

Por su parte, Gisela De León, de Cejil, agregó que, para que un centro penitenciario funcione de manera adecuada, debe contar con infraestructura apropiada, personal suficiente y capacitado y programas adecuados para la reinserción social. Sin embargo, todos estos factores son insuficientes ante el aumento de la población penitenciaria, lo que a su vez incide negativamente en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Las organizaciones peticionarias reconocieron los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo de la Ministra Cecilia Sánchez, para reducir el hacinamiento penitenciario. Sin embargo, resaltaron que la respuesta a este problema parte de la necesidad de un cambio en la política criminal.

La representante de Cejil explicó que, dentro de la población penitenciaria, hay grupos que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, las mujeres, las personas de pueblos indígenas, personas LGTBI. En particular se refirió a las afectaciones que sufren éstas últimas, a partir de la información obtenida a partir de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea. Asimismo, Gisela reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias.

A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó, dentro de su exposición, que actualmente trabaja en conjunto con Cejil en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI.

Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores. En respuesta, los representantes de la Comisión Interamericana dieron muestras de su solidaridad. En particular James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad calificó su trabajo de extraordinario y un ejemplo para las Américas.

Las organizaciones solicitaron que, en atención a lo anterior, la Comisión respalde el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y Paz costarricense y que solicite información al Estado en relación a las medidas adoptadas para adaptar su política criminal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

VEA LA AUDIENCIA COMPLETA

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Sobre la audiencia

La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual fue escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última emitirá recomendaciones.

Prensa de Cejil contactar con Fancisca Stuardo al correo fstuardo@cejil.org

Prensa UCR contactar con Gabriela Mayorga López al correo gabriela.mayorgalopez@ucr.ac.cr

 

*Imagen tomada de video de audiencia.

Enviado por Boletines ODI, UCR.

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Suicidio De Trabajador Penitenciario

Comunicado de Prensa

Demandamos intervención del Presidente de la República en los centros penitenciarios del paísUNT

 

Hoy lunes 13 de abril, hemos recibido la lamentable noticia del suicidio del compañero Dagoberto Marín Artavia, quién ante su reciente despido sin responsabilidad patronal, tomó la trágica decisión de suicidarse.

Considérese que el despido, y peor aún, sin responsabilidad patronal, es la sanción más grave que puede sufrir una persona trabajadora. No se requiere ser psicólogo para darse cuenta de la tragedia personal, familiar y social que causa el hecho de ser expulsado del trabajo, sobre todo cuando se tiene certeza de que la sanción no es proporcional al hecho que se pretende disciplinar, como lo es el caso que nos ocupa. El compañero Marín Artavia fue despedido por tener dos “chip” de teléfono celular; hecho que jamás ameritaba el despido como sanción.

La UNT ha venido denunciando ante autoridades del Ministerio de Trabajo y Casa Presidencial, la forma abusiva, irracional, desproporcionada y arbitraria en que las autoridades del Ministerio de Justicia están ejecutando las medidas disciplinarias.

Tómese nota que a una Policía Penitenciaria, que no milita activamente en ningún partido político, pero que en su cuenta de Facebook llamó a votar por un cambio en las pasadas elecciones, solo por este hecho, se le acusó de beligerancia política y fue despedida.

Otro caso: el de otra compañera que laboraba en el Centro Penitenciario La Leticia y fue despedida por haber subido a su cuenta de Facebook una noticia que apareció en el Diario Extra, donde se denunciaba las condiciones insalubres en que pretendía que pernoctaran las compañeras Policías de ese centro penitenciario. Hacer uso del sagrado derecho de defensa de las condiciones laborales, el derecho a la denuncia, el derecho a la información, le costó el puesto de trabajo.

Otro caso que da vergüenza ajena: Diario Extra recientemente denunció los millones de colones que por desperdicio de chatarra, se botan en los centros penitenciarios. Un policía del Centro Penitenciario la Marina, echó en un saco unos pedazos de tubo de desecho que tenían más de 6 años de estar botados, los trasladó hacia el Puesto de Oficialía para solicitar se le autorizara llevárselos. En el procedimiento administrativo se acreditó que era desecho y que el compañero nunca los sacó del centro, tan solo planteó que solicitaría permiso para hacerlo, y a pesar de eso la Ministra de Justicia lo despidió sin responsabilidad patronal, echando por la borda 30 años de servicio y un expediente limpio.

Se modifican horarios y jornadas cuando a las autoridades les da la gana, “arrollan” (trasladan) al que protesta por sus derechos, en fin, la amenaza y el terror se ha convertido en una especie de política institucionalizada contra las y los policía penitenciarios; situación que se agrava de por sí con el enorme estrés que implica laborar con privados de libertad y en las condiciones infrahumanas en que debe prestar sus servicios este cuerpo policial.

Como UNT, sindicato mayoritario en la Policía Penitenciaria, demandamos del señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, intervenir de forma personal e inmediata a fin de ponerle fin a estas políticas de maltrato contra el Cuerpo de la Policía Penitenciaria.

 

Tomado de la página de Facebook de la UNT: https://www.facebook.com/sindicato.unt/posts/625280234271446

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