Comunicado de Prensa
Demandamos intervención del Presidente de la República en los centros penitenciarios del país
Hoy lunes 13 de abril, hemos recibido la lamentable noticia del suicidio del compañero Dagoberto Marín Artavia, quién ante su reciente despido sin responsabilidad patronal, tomó la trágica decisión de suicidarse.
Considérese que el despido, y peor aún, sin responsabilidad patronal, es la sanción más grave que puede sufrir una persona trabajadora. No se requiere ser psicólogo para darse cuenta de la tragedia personal, familiar y social que causa el hecho de ser expulsado del trabajo, sobre todo cuando se tiene certeza de que la sanción no es proporcional al hecho que se pretende disciplinar, como lo es el caso que nos ocupa. El compañero Marín Artavia fue despedido por tener dos “chip” de teléfono celular; hecho que jamás ameritaba el despido como sanción.
La UNT ha venido denunciando ante autoridades del Ministerio de Trabajo y Casa Presidencial, la forma abusiva, irracional, desproporcionada y arbitraria en que las autoridades del Ministerio de Justicia están ejecutando las medidas disciplinarias.
Tómese nota que a una Policía Penitenciaria, que no milita activamente en ningún partido político, pero que en su cuenta de Facebook llamó a votar por un cambio en las pasadas elecciones, solo por este hecho, se le acusó de beligerancia política y fue despedida.
Otro caso: el de otra compañera que laboraba en el Centro Penitenciario La Leticia y fue despedida por haber subido a su cuenta de Facebook una noticia que apareció en el Diario Extra, donde se denunciaba las condiciones insalubres en que pretendía que pernoctaran las compañeras Policías de ese centro penitenciario. Hacer uso del sagrado derecho de defensa de las condiciones laborales, el derecho a la denuncia, el derecho a la información, le costó el puesto de trabajo.
Otro caso que da vergüenza ajena: Diario Extra recientemente denunció los millones de colones que por desperdicio de chatarra, se botan en los centros penitenciarios. Un policía del Centro Penitenciario la Marina, echó en un saco unos pedazos de tubo de desecho que tenían más de 6 años de estar botados, los trasladó hacia el Puesto de Oficialía para solicitar se le autorizara llevárselos. En el procedimiento administrativo se acreditó que era desecho y que el compañero nunca los sacó del centro, tan solo planteó que solicitaría permiso para hacerlo, y a pesar de eso la Ministra de Justicia lo despidió sin responsabilidad patronal, echando por la borda 30 años de servicio y un expediente limpio.
Se modifican horarios y jornadas cuando a las autoridades les da la gana, “arrollan” (trasladan) al que protesta por sus derechos, en fin, la amenaza y el terror se ha convertido en una especie de política institucionalizada contra las y los policía penitenciarios; situación que se agrava de por sí con el enorme estrés que implica laborar con privados de libertad y en las condiciones infrahumanas en que debe prestar sus servicios este cuerpo policial.
Como UNT, sindicato mayoritario en la Policía Penitenciaria, demandamos del señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, intervenir de forma personal e inmediata a fin de ponerle fin a estas políticas de maltrato contra el Cuerpo de la Policía Penitenciaria.
Tomado de la página de Facebook de la UNT: https://www.facebook.com/sindicato.unt/posts/625280234271446
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