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Etiqueta: pensiones

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

¿Quién va a ganar las elecciones? Algunas reflexiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia, desde principios de enero, me preguntan sobre el posible ganador de las elecciones, o mi opinión sobre los que están compitiendo en posibilidades de ganar.

Al día de hoy no tengo idea de quien pueda ganar las elecciones del próximo 6 de febrero. Las siento flojas, descoloridas, sin pasión por parte de los candidatos ni de sus partidos. Con malas consignas propagandísticas, sin contenidos importantes para los electores en general o para electores en particular.

Las encuestas no me atrapan aún en la visualización del posible ganador o de los posibles finalistas. Las encuestas se mantienen en márgenes inferiores al 20% para los candidatos que van adelante en ellas.

El número de partidos y candidatos mantiene todavía la incertidumbre de la escogencia de candidato y de partido, no del abstencionismo. El abstencionismo histórico, en promedio, desde 1953 hasta el 2018, anda en el 23%, y el abstencionismo desde 1998 hasta el 2018 ronda el 31%, lo cual indica que al menos el 70% de los electores se presenta a votar. Que un grupo decide a última hora su voto, puede ser. Tengo la sensación de que en esta ocasión el abstencionismo se va a reducir. Los electores van a terminar votando por alguien. No van a dejar que la elección se vaya como agua por las manos. El dedito va a funcionar…

En esta ocasión me parece, es lo que percibo, los ciudadanos escogerán entre los que tienen más posibilidades de ganar por lo que digan las encuestas y por lo que cada quien perciba, viendo hacia atrás, en el proceso histórico, entre aquellos que tienen mayores posibilidades, o que ya han sido gobierno, tomando en cuenta experiencia personal de los candidatos o de su partido. Pero las sorpresas siempre pueden darse al final.

A la brava, quienes quieren enfrentar candidatos, están escogiendo para sus entrevistas o para sus llamados debates presidenciales, a un pequeño grupo entre seis y ocho de los candidatos, al resto poca importancia les dan y poco los toman en cuenta.

Aquí todo puede suceder, como resultó en las últimas dos campañas electorales y de manera más precisa en la última, en el 2018, cuando quedaron fuera de la posibilidad de ir a la final los dos partidos históricos, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, que tradicionalmente había cogobernado el país, y que fueron sacados de participar en la segunda ronda electoral, alejándose de esa posibilidad de volver a gobernar. Si esto se volviera a repetir sin duda esos partidos tendrían que hacer una reingeniería política total de sus estructuras organizativas, de sus dirigentes nacionales y regionales, pero sobre todo de sus planteamientos políticos, porque en el fondo estarían siendo derrotadas, o poco gustadas, sus tendencias neoliberales. En el escenario no hay una fuerza política ni electoral antineoliberal fuerte. El traje de la defensa y fortalecimiento de la democracia liberal costarricense, de respeto al orden y al proceso electoral al que se someten todos los partidos estatutariamente, no lo han sabido portar ni agitar… Para los partidos de izquierda, metidos en este traje, deben recordar que el mismo Lenin sostenía que al socialismo se podía llegar con más democracia, pero les falta este planteamiento, y la forma costarricense de expresarlo, esa idea del socialismo a la tica, en la condiciones de este nuevo siglo, del 2022, y no del período de la Guerra Fría, antes de 1990.

Estos son, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, partidos principalmente, que en el pasado jugaron con posiciones sociales, progresistas, reformistas, de carácter popular, que han abandonado. Con ese contenido es poco lo que suena, y es en mi opinión la principal bandera para atraer a todo el electorado, que son trabajadores, que 600.000 de ellos llegaron a quedar sin empleo en diciembre del 2020, que siguen sin empleo 450.000, que varios miles les rebajaron sus jornadas de trabajo y sus ingresos, que las mujeres cabeza de familia, principales ingresos de sus hogares, aún cuando tienen esposo o compañero, disminuyeron en el contexto de la pandemia de 350.000 a 250.000, que 120.000 jóvenes dejaron los estudios entre el 2020 y 2021, que casi 25.000 jóvenes de la enseñanza privada se matricularon en la pública, por las dificultades económicas de sus padres, que la brecha digital se fortaleció, que se han puesto en evidencia grandes huecos y fisuras en el engranaje institucional de carácter social nacional, que ha aumentado la pobreza, la pobreza extrema y las familias que solo aseguran una comida al día.

El electorado en general tiene una mayoría de mujeres sobre hombres, hay una mayoría de personas votantes mayores de 40 años que menores de 40. En este caso los mayores de edad son los que podrían estar viendo hacia atrás, en el proceso histórico, de entender que con los partidos tradicionales que gobernaron, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, tuvieron mejores condiciones de vida, que con el Partido Acción Ciudadana, y sus aliados legislativos, que han golpeado salvajemente a todos los ciudadanos y trabajadores, en general, en sus salarios, pensiones e ingresos. Por este motivo podrían valorar votar mejor por estos partidos que por otros, o por nuevos que, como el PAC, no se sabe que leche darán mejor.

El modelo económico neoliberal no está cuestionado por ninguno de los candidatos ni partidos en vallas publicitarias o en propaganda electoral, excepto por el candidato Jhon Vega, que tiene un planteamiento en sus intervenciones radiales y televisivas de lucha de clases.

Los nuevos votantes, lo que votan por primera vez, apenas pasan los 200.000 jóvenes. En las vallas publicitarias no hay mensajes para estos públicos. Las consignas en general son vagas, difusas y poco entendibles para los electores comunes y generales. Así por ejemplo, Rodolfo Piza ha mantenido vallas diciendo que van a legalizar las plataformas tipo Didi, incluso en la radial de Santa Ana Belén tiene una inmensa con esa leyenda, entre dos vallas, a 100 metros de distancia cada una, de la Plataforma Didi anunciándose como empresa. ¿Cuánta gente puede verse reflejada y favorecida electoralmente con esa propaganda? El mismo Rodolfo, lo que ha repetido también Lineth Saborío, tiene vallas amenazando con eliminar las pensiones de lujo.

Estas pensiones, las así llamadas, ya las han limitado y bajado al máximo posible. Al sector magisterial pensionado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional ya le rebajan el 60% de las mismas. Más no se puede. Pero al señalar que van a seguir bajando pensiones de lujo, de lujo también son las más altas que se cubren por la Caja Costarricense del Seguro Social, que, aunque tienen techo de 1.800.000 colones, es un porcentaje pequeño de trabajadores, pensionados de la Caja que pasan del millón de colones. Al ponerle techo a las pensiones, llámense de lujo, o no, se les pone techo a todas las pensiones, así como al ponerle techo a los salarios altos, se les pone techo a todos los salarios. El solo aumento de la edad de retiro para tener derecho a la pensión redujo el monto de la pensión posible a recibir por los trabajadores en el futuro, por el número de cuotas y años de servicio que se toman en cuenta ahora para definir futuras pensiones.

Decir que con menos impuestos se va a aumentar el trabajo, como sostienen los candidatos neoliberales y liberales, es decir mucho y es decir nada. La gente no puede entender cómo a la vez que aumentado el desempleo, se han reducido ingresos, salarios y pensiones, los impuestos municipales siguen cobrándose, los costos de los servicios públicos municipales se siguen cobrando, los alquileres de las casas siguen aumentando, el costo de la gasolina sigue aumentando y golpeando otros productos y bienes, que no tendrían por qué subir, porque cuando la gasolina baja, esos otros precios no bajan y se siguen cobrando y pagando y exprimiendo más a la gente…acumulando riquezas para otros.

En las consignas uno puede entender muchas cosas, pero, lo que ha hecho Otto Guevara de llamar a quebrar el voto, de manera que los ciudadanos voten por un candidato presidencial, cualquiera de los 25, y voten por diputados separados de ese candidato presidencial, proponiendo en ese sentido que voten por el candidato presidencial que quieran pero que le den el voto de diputado a él es bochornoso, asqueroso, desleal, deshonesto, porque el partido que propone la candidatura de Otto para diputado tiene de candidato presidencial a Federico Malavassi, quien también va de candidato a diputado. Así Otto está llamando a votar contra la candidatura de Federico Malavassi, su aliado, su candidato, quien le puede dar votos sanos con su figura, no la de Otto, que ha estado muy cuestionado en los últimos tiempos.

El nuevo gobernante probablemente necesitará muchos diputados propios, de sus propias filas partidarias, para poder realizar un buen gobierno. Necesitará músculo político legislativo.

Una situación como la que ha tenido el partido Acción Ciudadana, en sus dos gobiernos, con 14 y con 10 diputados de 57 no es recomendable para nadie que quiera ser buen Gobernante, como persona y como partido. Solo Rodrigo Chaves y, su mancuerna, Pilar Cisneros, lo mismo que Fabricio Alvarado, llaman a votar por las dos papeletas. El resto de los candidatos pareciera que solo les interesa su propia candidatura presidencial, y son los candidatos a diputados los que están quebrándose los lomos por salir electos por sus partidos y darle, no solo diputados a su candidato, sino también votos para asegurar el pago de la deuda política.

En el momento actual Liberación Nacional, con José María Figueres, y la Unidad Social Cristiana, con Lineth Saborío, tienen aparentemente las posibilidades de meterse al menos en los cuatro finalistas, de donde saldrán los dos que puedan ir a una segunda ronda, pues en la primera pareciera que ni ninguno está alcanzando el porcentaje necesario para llevársela el 6 de febrero. El tercero, de este cuarteto, me parece que quien se orienta con más fuerza es Fabricio Alvarado, de Nueva República, quien para mí es el que tiene mejor diseñado su esquema publicitario y su consigna principal. Una sola consigna en todas sus vallas: “la esperanza va a ganar” y una sola foto del candidato, que también llama a votar por las dos papeletas.

Para todos los votantes el proceso electoral es de esperanza, de ilusión, de sueños optimistas de pensar que el nuevo gobierno, que se elige el 6 de febrero, será una nueva esperanza de vivir mejor, de mayor bienestar, de superar las difíciles condiciones que impuesto la pandemia.

En el campo de las candidatas mujeres solo dos destacan publicitariamente, Lineth y Natalia Díaz, las dos sin un mensaje directo a la mujeres trabajadores, a las mujeres estudiantes, a las mujeres cabeza de familia, a las mujeres en general. Lineth diciendo con “con ella sí” y Natalia diciendo que rebajará impuestos para dar más trabajos.

Una valla de Cruishank señala que con él hay un liderazgo probado y que con él se puede avanzar, consignas ambas vacías en la práctica.

José María Villalta se cuela un poquito detrás de Fabricio con la idea de la esperanza para un mejor vivir, y con vallas que parecían cruzados un corazón con la entrada de una vagina, perdóneme si me equivoco en la imagen, pero así parecía la primera valla que puso, con una imagen desdibujada de Villalta.

José María Figueres más a la cola se trata de meter también con la idea de la esperanza de un mejor vivir.

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, en yunta, llamando a votar en las dos papeletas exaltando la idea de que los diputados son nacionales, y no provinciales, para fortalecer con la imagen de Pilar a las candidaturas a diputados de las provincias, y obviamente la de Pilar, que es el motor de esa campaña. A mí me parece que es válida esa campaña, le da fuerza, la pone a gravitar, como lo ha hecho.

La propaganda de Eli no me gusta. “Eli escucha”, con imágenes de jóvenes, hombres y mujeres, y hasta un niño, riéndose, ellos solos o con una foto de Eli, o podrían estar riéndose del mismo Eli, que “no escucha”, es una propaganda, para mí, con poca seriedad, porque Eli ni siquiera tiene orejas grandes para escuchar, como tenía un candidato latinoamericano cuya oreja grandota se usaba bien para decir que él oía al pueblo. Pero, en el caso de Eli, hasta le han hecho vallas con la cara de lado, donde no se destaca su oreja, ni tampoco se ve su rostro, que es el que tiene que posesionarse electoralmente. En estas vallas de Eli Feinzag se agrega “cambio para bien”, una consigna a la que le falta fuerza.

Cristian Rivera tiene vallas diciendo “que los buenos somos más”, sin indicar el nombre de su partido, ni su bandera. Le oí en una entrevista y me pareció muy preparado, conocedor, con buen discurso, didáctico para explicar. La verdad es que me impresionó muy bien, más allá de lo vacío de sus vallas.

De los otros candidatos no he visto nada importantes ni atractivo, en publicidad callejera. ¿Están en la calle? Puedo entender que no tengan recursos económicos para la publicidad y que no sea fácil avalar préstamos de bancos en ese sentido.

Algunos de los candidatos están haciendo un refrito de campañas electorales anteriores, que fueron perdedoras, de provocar la sensación de decirle al elector “contráteme”, consigna que no tuvo éxito. No es el “contrato” lo que expresa el candidato. El Candidato, de cualquier partido es el representante de una voluntad, de un pacto, de un voto que se le da. Es un mandatario en el sentido jurídico, obligado a ejecutar el “mandato” de los mandantes, de los electores. Por eso al Presidente se le llama también Primer Mandatario, porque está obligo a cumplir el mandato de bien gobernar y de hacer aquello que las leyes le permiten hacer. Antes de “Contráteme” los candidatos deberían señalar que serán los mandatarios de los mandantes, de los votantes, del pueblo. “Hágame su Primer Mandatario”, para obedecerle como pueblo, debería ser la consigna y no la de “Contráteme”.

Con estas ideas y opiniones, por ahora, así le estoy llevando el pulso y viendo el proceso electoral. Espero que se aclare en los siguientes días de mejor manera.

SIFUPCR: denunciamos el actuar de la diputada Yorleni León Marchena del Partido Liberación Nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR) llama a los trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), trabajadores del sector público y privado a castigar con nuestro voto al partido político Liberación Nacional (PLN) y a todo partido político que impulse iniciativas como la de la diputada Yorleni León Marchena de la fracción parlamentaria: Partido Liberación Nacional.
Esto debido a la propuesta de la diputada Yorleni de cerrar el fondo de retiro especial para pensiones.
En el siguiente enlace se puede encontrar una descripción de las motivaciones a cargo del dirigente sindical del SIFUPCR.

Condenamos impactante reforma de pensiones

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Este martes 14 de diciembre de 2021, a las 10:10 p.m., con 6 votos a favor y 1 en contra, la Junta Directiva aprobó una durísima Reforma de Pensiones que empobrecerá, aún más, a la familia costarricense.

La votación se dio con los 3 votos de la UCCAEP, 2 del gobierno, 1 de la representante del Movimiento Solidarista y solamente el voto en contra de la representante del Movimiento Sindical, Martha Elena Rodríguez González, con la ausencia del representante cooperativista y una del Gobierno.

Este es un duro golpe a toda la población trabajadora de este país, resuelto por una Directiva burocrática de 9 miembros.

UNDECA y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, condenamos esta maniobra que desde la Junta Directiva de la Caja, el sector neoliberal impulsó.

La aprobación de esta Reforma es un “martillazo” más de este Gobierno, a pocos días de navidad y cierre de año, contra la clase trabajadora y el pueblo en general.

Llamamos a pronunciarse enérgicamente contra este tipo de subterfugios en el cierre de un año tormentoso con pésimas noticias para las familias costarricenses.

El regalo navideño de la Junta Directiva de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Reforma de pensiones empobrecerá familias trabajadoras

La propuesta de reforma del sistema de IVM, está en la agenda de hoy, para ser aprobada por la Junta Directiva, aprovechando las celebraciones navideñas y político electorales. 

La consulta pareciera en un mero trámite, un requisito obligatorio, sin ningún proceso social participativo, manteniendo su carácter antidemocrático, su absoluta regresividad, recurriendo a la salida fácil, aumentar la edad de retiro y disminuir el monto de las pensiones. Reforzando, además, la deuda histórica, los obstáculos y discriminaciones en el acceso a sistemas de seguridad social para las mujeres. 

Mientras la ilegítima deuda del gobierno con el régimen aumenta exponencialmente, las pensiones de las personas no han sido revaloradas por muchos años, ni siquiera las pensiones mínimas, lo que produce pensionados del régimen de la CCSS cada día más pobres. 

El derecho a la seguridad social, así como el derecho a las pensiones, no son temas filosóficos, son derechos fundamentales, reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y en múltiples instrumentos internacionales, que deben ser inclusivos, progresivos y legítimos jurídica y socialmente. Esta neoliberal reforma, que se impone de manera autoritaria, carece totalmente de legitimidad democrática y desconoce principios fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la equidad y la justicia social. 

¡Con este acuerdo pierde la clase trabajadora y pierde el país! 

Martha E.  Rodríguez G. Representante sector sindical, CCSS.

San José, 14 diciembre de 2021.

SOY UN PRIVILEGIADO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

Consulta Pública del Foro Mario Devandas Brenes sobre la reforma al Reglamento del Seguro del IVM

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Foro Mario Devandas Brenes coordinado por la Arquidiócesis de San José y organizaciones sociales y sindicales, organizaciones de defensa de la Seguridad Social, personalidades políticas y legislativas, presentan la Consulta Pública sobre la Reforma a los artículos 5, 23 y 24, y Derogatoria de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Desde el foro se reiteran los cuestionamientos a la forma en que se ha venido abordando este debate tanto por la Gerencia de Pensiones de la CCSS como por su Junta Directiva, desde una mirada tecnocrática, en espacios y círculos cerrados de toma de decisiones.

Respecto al artículos 5 el Foro: 

  1. a) Reitera su oposición: a la eliminación de la posibilidad de “pensión por vejez adelantada” para el caso de los hombres si cumplen con las cuotas establecidas 
  2. b) Pensión por vejez anticipada para mujeres: Se oponen en todos sus extremos a la tabla de requisitos y condiciones que se incorpora en el artículo. La Reforma tal y como está planteada en el Artículo #5 implica un retroceso en materia de equidad de género. 

Sobre la Reforma al Artículo #23 :

  1. a) En el primer párrafo de dicho artículo se señala que la actualización por inflación de los salarios que permiten hacer el cálculo de la pensión de cada persona trabajadora se realizará tomando como base el índice mensual de precios al consumidor. No queda claro en la redacción la instancia técnica encargada definir dicho índice a la que la CCSS tomaría de referencia para el cálculo, se puede inferir o interpretar que sería una instancia nacional, pero también podría ser que sea un organismo internacional. 

Algunas de las propuestas del Foro son: 

  1. Que se evalúe redireccionar un porcentaje de los recursos de las cuotas obreras, patronales y del Estado que se destinan al financiamiento de FODESAF a fin de fortalecer financieramente el IVM. 
  2. Evaluar el redireccionar el destino de los recursos por la recaudación del impuesto único a los combustibles, el cuál es de un 33.6%. Establecer por medio de Ley un porcentaje entre un 1% y 3% del total de dicho impuesto para el fortalecimiento financiero del IVM. 
  3. Establecer un impuesto específico de un 1% a un 2% a las utilidades de las grandes empresas concesionarias de obra pública para el fortalecimiento del IVM. 
  4. Establecer un impuesto a las grandes fortunas, desagregado de la siguiente forma:
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades a: Grandes contribuyentes nacionales (personas jurídicas) y grandes empresas territoriales. 
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades al 1% superior de personas físicas con actividad lucrativa. 
  • Impuesto de un 1% al patrimonio sobre empresas del sistema financiero nacional 

Para conocer más sobre las propuestas puede acceder a los archivos adjuntos.

FORO-MARIO-DEVANDAS-BRENES-CARTA-A-AUTORIDADES-CCSS-REFORMA-REGLAMENTODescarga
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CCSS inicia consulta pública de reformas al Reglamento IVM

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Por: Xinia Bustamante Castillo

Desde este viernes 15 de octubre la Gerencia de Pensiones iniciará la consulta pública a las reformas del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, por un periodo de 15 días.

Luego de la publicación en el diario La Gaceta número 198 del 14 de octubre, la Gerencia en atención a lo instruido por la Junta Directiva de la Caja somete a consulta pública la reforma de los artículos 5, 23 y 24 y derogatoria de los Transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento, indicó el licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de pensiones.

Los miembros del órgano director tomaron la decisión en la sesión del 30 de setiembre de 2021, en concordancia con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.

La propuesta de reforma aborda a los artículos: 5º-Alternativas de pensión por vejez cuyo cambio consiste en eliminar la pensión anticipada para hombres e incluir la tabla de edad y cuotas para el retiro anticipado de las mujeres a partir de los 63 años.

El artículo 23.- Fórmula de cálculo del salario promedio, periodicidad del pago de la pensión y aguinaldo se establece el cálculo del salario promedio de referencia para el cálculo de la pensión como el promedio de los mejores 300 salarios cotizados actualizados con la inflación. Todos los salarios cotizados se actualizan con la inflación y de esos se seleccionan los 300 más altos.

Con respecto al artículo 24.- Monto de las pensiones por vejez, invalidez o muerte se modifica el cálculo del monto de la pensión. El salario para ubicar el beneficio básico se toma lo definido en el artículo 23; la cuantía adicional se aplica después de las 300 cuotas, que es el beneficio del 1% por cada año adicional de cotización después de 25 años.

También se derogan los transitorios XII, XIII, XIV y XV debido a que perdieron vigencia.

Las personas interesadas podrán hacer llegar sus observaciones con la respectiva justificación, a la Gerencia de Pensiones, en el plazo de quince días hábiles, del 15 de octubre al 4 de noviembre, al correo: consultapublicaivm@ccss.sa.cr

De igual manera se habilitó un micrositio en el sitio web de la CCSS: www.ccss.sa.cr/pensiones en el cual se pueden enviar observaciones, propuestas, ver y descargar los informes técnicos legales que fundamentan la propuesta, así como el documento que consigna el detalle de las modificaciones al reglamento.

 

Nota tomada de: https://www.ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia?ccss-inicia-consulta-publica-de-reformas-al-reglamento-ivm

Compartido con SURCOS por Marjorie Hernández.

Ley 9796: cuando la política tergiversa lo técnico, sale un proyecto irresponsable y sin visión

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Virginia Sánchez Molina
Jorge García Hidalgo
Hernán Alvarado Ugarte
Francisco Esquivel Villegas

En el tema de pensiones abundan los errores de bulto. So pretexto de unas cuantas pensiones altas que algunos obtuvieron aprovechando portillos legales, la legislación reciente atropella derechos fundamentales y patrimoniales adquiridos y garantizados legalmente de miles de personas que cotizaron toda su vida para obtener una pensión digna.

Con la excusa del déficit fiscal ahora el Estado pretende brincar la Constitución y las leyes específicas antes acordadas y aprobadas, afectando severamente el proyecto de vida de quienes siempre han pagado puntualmente sus impuestos y todos sus demás deberes. O sea, se legisló, una vez más, a favor del más fuerte e irresponsable, tal como se demuestra a continuación.

Los graves incumplimientos del Estado

Los errores de la legislación se multiplican cada vez que la «política» pasa por encima de lo técnico y que lo fiscal se usa como pretexto para evadir deberes irrenunciables del Estado. Nada puede estar por encima de la Constitución que representa hoy el pacto de concordia de 1949. Pero así sucede con la ley 9796, que se contradice a sí misma, de fondo y propósito.

Según el artículo 73 de nuestra Constitución Política, todo seguro social debe estar regulado “por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores”, como se estableció con la ley 2248 que creó el Régimen de Jubilaciones del Magisterio Nacional en 1958. Sin embargo, ese sistema tripartito no se cumplió; porque los educadores aportaron, pero el Estado no, ni como tal ni como patrón. Este doble incumplimiento generó fracturas financieras que condenaron a una parte importante de las pensiones del Magisterio al déficit estructural.

En efecto, el Estado nunca puso ninguna de las dos partes que le tocaba para crear el Fondo que mandó la ley 2248 y que debía administrar la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. El Fondo se había previsto para pagar de manera solidaria la pensión de los educadores, causando así una primera fractura. Las cuotas pagadas por los educadores tampoco se utilizaron para constituirlo. El Estado las desvió para financiar otros gastos de operación, violando flagrantemente el artículo 73. Ese desfalco de cuotas ajenas produjo la segunda fractura en el régimen del Magisterio Nacional.

El golpe de gracia

Cuando este déficit causado por el mismo Estado fue evidente se aplicaron algunos correctivos que resultaron insuficientes. El cambio más importante fue la ley 7531 de 1995. Esa reforma repartió a los trabajadores de la educación en dos grupos. En el primero, se ubicó a los educadores más antiguos, creándose el régimen transitorio de reparto (RTR). En el segundo, se ubicó a los restantes, estableciéndose el régimen de capitalización colectiva (RCC). Esa división del régimen inicial generó la tercera fractura financiera porque redujo la base contributiva del RTR, el cual perdió miles de cotizantes que pasaron al RCC. Eso disminuyó sus ingresos, dándole el golpe de gracia que se sumó a las dos fracturas anteriores. Además, esta ley eliminó la mención al Fondo establecido por la ley 2248 dejando sin sustento el artículo 73 de la Constitución.

La irracionalidad, desproporción y regresividad de la ley

El RTR arrastró ese vacío legal causado por la ley 7531, así como las fracturas mencionadas, por 25 años. Pero en vez de asumir responsablemente y resolver eficazmente el problema, en noviembre del año pasado se aprobó la ley 9796. Con ella se hace más rigurosa la cotización solidaria, establecida originalmente en la ley 7531. Para eso, se cambió el límite mínimo a partir del cual se aplica la contribución. Éste pasó de 4 millones a 2,2 millones, lo que significa una reducción antojadiza del 45%. Es un cambio exagerado que no se fundamentó técnicamente.

Por otro lado, la improvisación de esa ley fue tal, que sólo es aplicable a las pensiones intermedias, mientras se vendió la idea de que reduciría las pensiones más altas. En efecto, una combinación de factores legales, hacen que la “fórmula” de la ley recaiga sobre las pensiones intermedias (entre 2,2 y 5 millones). Se produce así una aberración que se muestra en la siguiente figura. Dicha ilustración indica que la ley 9796 generará una “curva de regresividad”. Ahí se puede observar que las pensiones menores a 5 millones (barras amarillas) pagarán una cotización creciente. Las que superan ese monto y hasta 9 millones (barras celestes) aportarán, pero decrecientemente. Mientras que las pensiones superiores a los 9 millones (barras rojas) el aporte resulta negativo, es decir, más bien aumentan. Parece extraño, pero es consecuencia de ese adefesio jurídico que contradice sus propios objetivos y fines; absurdo que niega los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad. Afirmar que esta ley combate las pensiones altas es un error, por el contrario, las hace más altas. El presidente, los diputados y muchos periodistas le deben una explicación a su auditorio.

Todo por un pellizco

La ley 9796 tomó un camino equivocado que fue advertido oportunamente por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. La ley no soluciona la falta del Fondo de Pensiones, pero causa una debacle financiera en miles de hogares costarricenses, al reducir arbitrariamente, sin estudios actuariales, las pensiones intermedias, de 2,2 a 5 millones, afectando de manera perversa el patrimonio de los jubilados.

Pero lo más grave es que el impacto de la ley no es significativo. Así fue ratificado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) cuando envió su opinión a la Comisión Legislativa que estudió el proyecto de ley. En ese documento, la SUPEN reconoce que el “ahorro” sería absolutamente irrelevante en cuanto a la proyección del gasto en pensiones del régimen de reparto, hasta el año 2106. O sea, en 85 años las finanzas del RTR no tendrán impacto relevante alguno derivado de la ley 9796.

En suma, se ha afectado gravemente los derechos de los pensionados del RTR para generar un resultado fiscal insignificante. Y quienes se habían creído el cuento de que se recortarían las pensiones altas pueden sentirse defraudados. No se produjo eso, pero se afectó sensiblemente las pensiones intermedias, menores a 5 millones.

Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com/el-autogol-politico-9796-pensiones/129090/