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Etiqueta: periferia olvidada

Frontera sociopolítica de la industria piñera vs el Estado. ¿Desterritorialización o reterritorialización capitalista?

Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez

El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.

Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.

Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.

Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.

Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.

Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.

Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.

Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión.  Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.

Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.

Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.

De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente.  Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.

 

Imagen ilustrativa.

Protestas sociales: descontento acumulado

Silvia Monturiol Fernández

“Estas protestas sociales están manifestando la heterogeneidad y pluralidad de un descontento que no ha nacido en estas semanas, es un descontento acumulado, donde se combinan muchas cosas”, afirma el sociólogo Abelardo Morales, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

El desempleo, el estrechamiento de las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y la desesperación en algunos grupos sociales son –según Morales- parte de los elementos que han generado este descontento acumulado.

Pero también, -dice- hay un enorme desencanto social, no solo con el gobierno, sino con los poderes políticos, las instituciones y la sociedad misma. “Estamos en medio de la sociedad del desorden. La legitimidad y la representatividad de dirigentes, fuerzas políticas, instituciones y organizaciones están profundamente cuestionadas por altos niveles de desconfianza popular en el sistema social y político, y con fundamento”, destaca.

En su criterio, el país se ha fragmentado en numerosos grupos de interés, cada uno sin capacidad de influencia sobre la totalidad social, lo cual -agravado por la desigualdad social-, mantiene al país dividido en diversos frentes, que hasta el momento de instalación de los bloqueos, no dialogaban. “Se había perdido la capacidad de negociación. Estas protestas sociales se han enfrentado a un gobierno débil y errático en sus decisiones”.

Periferia olvidada

A diferencia de protestas anteriores en la Gran Área Metropolitana, protagonizada por empleados públicos y otros sectores con presencia urbana y centralista, las actuales protestas manifiestas en los bloqueos evidencian que hay una periferia olvidada.

“En esa periferia olvidada están los pescadores de las costas, cientos o miles de agricultores, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes, muchos de ellos en francos procesos de empobrecimiento”, recalca el sociólogo.

Reconoce que en los bloqueos de carreteras en la periferia hay muchos actores involucrados legítimamente, pero también hay otros agentes irregulares, lo cual no es extraño. “Cuando hay vacíos de liderazgo y de poder, emergen un conjunto de actores informales o irregulares, incluyendo a las mafias, que ocupan esos vacíos”, subraya el analista de la UNA.

“Eso ocurre en Centroamérica y, si los poderes y actores formales no toman conciencia de ello, podemos tomar el mismo camino. Puede ser un grave error criminalizar la protesta social con el argumento de la presencia de agentes criminales. Estos actores están en muchos espacios no solo de la periferia del país, sino también en la GAM, precisamente como consecuencia de la deslegitimación de la política tradicional”, advirtió.

Por otra parte, considera que mirar las protestas sociales como una reacción a la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pensar que el descontento se va a resolver con el retiro de ese proyecto, es una simplificación o simple ceguedad ante la realidad del país. “El descontento es estructural y está originado por la situación económica, por los efectos de la pandemia, el descontento es político y moral porque está alimentado por la desconfianza”, insistió.

Se requiere más que un simple conversatorio

Al referirse al hecho de que se mantengan los bloqueos, pese al llamado a deponerlos de parte de José Miguel Corrales, de Rescate Nacional, el sociólogo de la UNA insistió en que esta protesta no es un movimiento social, sino que se trata de múltiples fuegos de un descontento que brota por aquí y por allá sin una articulación manifiesta, aunque con muchas articulaciones latentes.

Por esta razón, -dijo- no hay tampoco una relación aparente entre la persistencia de los bloqueos y la mecánica del diálogo, “menos si el diálogo continúa bajo los mismos parámetros en que dialogan las élites, es decir, diálogos pautados desde arriba, desde quien dice o cree tener la palabra, la ley, el monopolio del orden”.

En cuanto al papel que le correspondería asumir al gobierno, Morales considera que debe ser el de facilitador de un diálogo multisectorial, para el cual el gobierno debe ofrecer, lo más pronto posible, un esquema con objetivos y una metodología.

En su opinión, es muy claro que el gobierno no debe pretender ponerse él como el interlocutor de todos los sectores convocados. “Si el gobierno quiere hacer algo bien, deben preparar una plataforma de diálogo con una perspectiva de mediano plazo. No puede organizar un simple conversatorio para que se apacigüe la crisis actual, debe proponer un diálogo para ver problemas y salidas a mediano plazo. Debe ser un diálogo que nos sirva para aprender a dialogar y el primero que tiene que poner en práctica ese aprendizaje es el gobierno”, subrayó el sociólogo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen: UNA.

Enviado por UNA Comunicación.