En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.
Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.
Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.
La afirmación merece atención. También merece serenidad.
Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.
Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.
El miedo tiene razones
Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.
La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.
Son imágenes comunicativamente poderosas.
La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
La pregunta parece inevitable.
Pero precisamente allí debemos detenernos.
Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.
Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.
Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.
La paradoja institucional
Hay además una cuestión difícil de ignorar.
Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.
El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.
La paradoja merece explicación.
Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?
No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.
No debemos afirmarlo.
Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.
Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.
Cooperación e intervención no son sinónimos
Costa Rica necesita cooperación internacional.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.
Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.
Las palabras importan porque las diferencias también importan.
Una cosa es cooperación internacional.
Otra, asistencia policial.
Otra, coordinación operativa.
Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.
Cuando lo excepcional se vuelve imaginable
Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.
Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.
También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.
Primero algo resulta impensable.
Después alguien lo menciona.
Luego provoca escándalo.
Más tarde se discute.
Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.
No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.
Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.
Y eso merece discusión democrática.
El problema del secreto
A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.
También aquí necesitamos mesura.
Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.
El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.
La pregunta es otra:
¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?
Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.
Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.
Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.
Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse
En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.
El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.
Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.
Hay que escuchar a quienes denuncian.
Documentar sus casos.
Conocer las amenazas.
Determinar su procedencia cuando sea posible.
Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.
Exigir respuestas institucionales.
Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.
Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.
La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.
Una pregunta incómoda para quienes criticamos
Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.
¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?
Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.
La advertencia es necesaria.
Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.
Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.
Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.
Y entonces ocurre una paradoja.
Desde el Gobierno puede decirse:
la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.
Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:
las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.
Los discursos son políticamente antagónicos.
Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:
miedo, ansiedad e impotencia.
Cuando el miedo gana la discusión
El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.
Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:
¿qué debemos hacer?
Y comenzamos a preguntarnos:
¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?
Pero existe otro efecto menos visible.
Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:
¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?
Ahí el miedo deja de movilizar.
Paraliza.
Satura.
Agota.
Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.
Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.
No solamente que tengamos miedo.
Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.
No regalemos el miedo
Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.
Podemos hacer algo mucho más difícil.
Advertir sin aterrorizar.
Denunciar aquello que podemos demostrar.
Investigar aquello que sospechamos.
Preguntar aquello que desconocemos.
Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.
La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.
Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.
El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.
Las denuncias de persecución deben investigarse.
La violencia debe combatirse.
Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.
La esperanza también puede ser política
Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:
esperanza.
No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».
La historia no concede semejantes garantías.
Tampoco la esperanza como simple optimismo.
Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.
Una posibilidad no es un destino.
Una amenaza no es un acontecimiento consumado.
Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.
Todavía existen instituciones.
Todavía existen tribunales.
Todavía existe prensa crítica.
Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.
Todavía podemos investigar.
Todavía podemos denunciar.
Todavía podemos recurrir.
Todavía podemos organizarnos.
Todavía podemos escribir.
Todavía podemos disentir.
Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.
La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.
Es la antípoda política de la impotencia.
Septiembre bajo la sombra del miedo
Todo esto ocurre durante septiembre.
Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.
Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.
Soberanía no significa aislamiento.
Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.
Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.
Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.
Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.
Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.
Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.
Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.
Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.
Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.
Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:
la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.
Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:
Hay declaraciones de funcionarios públicos que no deberían despacharse simplemente como desafortunadas. Algunas obligan a detenerse y formular una pregunta más profunda: ¿qué concepción de la democracia y de los límites constitucionales del poder revelan esas palabras?
Por eso resulta preocupante escuchar al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, referirse a «los zurdos» y, todavía más, hablar de personas que se reúnen como «los identificados».
No es solamente una cuestión de lenguaje. Cuando una expresión proviene de una autoridad pública, deja de ser una frase cualquiera: adquiere un peso institucional. Y cuando se trata de un ministro de Justicia, ese peso obliga a preguntarse qué entiende el poder por derechos, ciudadanía y disidencia.
¿Quiénes son «los identificados»?
La pregunta es inevitable: ¿identificados por qué? ¿Identificados para qué? ¿Identificados por quién? No son preguntas menores.
En Costa Rica pueden reunirse los ciudadanos de izquierda y los de derecha; los liberales y los conservadores; quienes respaldan al Gobierno y quienes lo cuestionan; quienes militan en un partido y quienes no se identifican con ninguno. Pueden reunirse “todos”.
No porque el Gobierno sea generoso y lo permita. No porque un ministro lo conceda. No porque una autoridad considere legítima o conveniente la causa que los convoca. Pueden hacerlo porque es un derecho.
El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos a reunirse pacíficamente y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Dice todos
Y el artículo 28 establece una garantía todavía más contundente: nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley. Esto debería ser elemental para cualquier funcionario público. Pero debería serlo especialmente para quien ocupa el Ministerio de Justicia y Paz. Porque aquí no estamos hablando solamente de una opinión política. Estamos hablando del lenguaje con el que el poder mira a los ciudadanos.
Una pregunta para el ministro:
Señor ministro, ¿qué significa exactamente «ya los tenemos identificados»? Si se refiere a personas vinculadas con hechos delictivos, dígalo. Si existen investigaciones concretas, corresponde explicar —dentro de los límites legales— cuál es su fundamento. Si se trata de personas que han cometido actos violentos, la autoridad tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar conforme a la le
Pero si se está hablando simplemente de ciudadanos que se reúnen pacíficamente para expresar sus ideas políticas, la frase adquiere otra dimensión- vale decir que usted no se refería a personas en situación de cárcel en ese momento-
Porque entonces el problema ya no sería lo que esas personas hicieron, sino quiénes son, qué piensan o qué posición política se les atribuye. Y ahí es donde una democracia debe encender sus luces de advertencia.
Una democracia constitucional no persigue ideas. Persigue conductas cuando estas infringen la ley. No clasifica ciudadanos entre confiables y sospechosos por sus convicciones políticas. No convierte la discrepancia en una amenaza. Y no transforma el ejercicio de un derecho en un indicio de peligrosidad.
¿Error jurídico o concepción del poder?
Aquí está, quizá, la cuestión de fondo. ¿Qué puede llevar a un ministro de Justicia a realizar una interpretación equivocada de la Constitución? Puede ser desconocimiento jurídico. Puede ser ligereza. Una declaración improvisada. Presión política. Una lectura ideológica de la realidad. Pero existe una posibilidad más inquietante: que no estemos solamente ante una interpretación equivocada de la Constitución, sino ante una determinada concepción del poder.
Porque cuando el poder comienza a interpretar los derechos desde sus propias necesidades, y no a entender sus propias facultades desde los límites que le imponen los derechos, algo fundamental se ha invertido.
Hoy son «los zurdos». ¿Mañana quiénes serán? Esta es quizá la pregunta que más debería preocuparnos. Mañana podrían ser los periodistas incómodos, los estudiantes críticos, los sindicatos, los ambientalistas, los universitarios, quienes marchen contra una decisión del Gobierno o simplemente quienes cuestionen a la presidenta.
¿En qué momento la discrepancia empieza a convertirse en sospecha? Señor ministro, le recuerdo que usted también está sometido a la Constitución. Y esa es, precisamente, la grandeza del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, tampoco quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir.
Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.
Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.
1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.
Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.
2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.
Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.
3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.
Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.
4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.
Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.
5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.
Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.
6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.
Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.
7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.
Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.
8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.
Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.
[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.
[2]Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.
[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.
El martes 13 de enero la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que está bajo el mando directo del presidente de la República, incrimina a la comunicadora Stella Chinchilla Mora en un supuesto plan para asesinar al mandatario. La “noticia” resuena primero en medios de prensa afines al gobierno.
Stella Chinchilla Mora es una mujer inteligente, sensible y valiente, con una larga trayectoria de lucha y defensora de múltiples causas sociales y ambientales. También es una persona muy afín a los ideales de El Buen Vivir. Para ella nuestra solidaridad. Sin duda alguna Stella sabrá defenderse, lo hará bien y ya cuenta con todo el apoyo de la diversidad de movimientos sociales.
¿Por qué el aparato político de la “inteligencia” gubernamental seleccionó a Stella como objetivo para este montaje propagandístico? Porque ella, con su cámara, sus videos y sus redes sociales ha estado visibilizando durante años las luchas de los movimientos sociales de: agricultores, estudiantes, mujeres, ecologistas, comunidades indígenas, comunidades de la diversidad sexual, pacifistas, animalistas, personas con alguna discapacidad, defensoras del agua y muchas más. Con la incriminación a Stella nos envían una advertencia a quienes le estamos plantando cara al autoritarismo desde diferentes trincheras. Lo que le pasó a Stella te lo pueden hacer también a vos.
La torpe jugada de la DIS contra Stella y un grupo de luchadores y luchadoras sociales es un comportamiento propio de regímenes fascistas dictatoriales. Es un paso más hacia la radicalización del autoritarismo que ha caracterizado a Rodrigo Chaves y el proyecto de la derecha extrema en Costa Rica. Esta vez el blanco son los activistas y los movimientos sociales.
La Comunidad Buen Vivir Costa Rica, ante esta secuencia de hechos exhorta a:
1- Acuerpar a Stella Chinchilla en su defensa y que su nombre sea limpiado públicamente.
2- Estimular el surgimiento de más personas generadoras de contenido para que reproduzcan e intensifiquen el trabajo de difusión de las luchas sociales.
3- Unificar las diversas luchas de los movimientos: ecologistas, feministas, ambientalistas, educadores, agricultores, diversidad sexual, indígenas, etc. Si tocan a una-o nos tocan a todas-os.
4- Insistir en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para disolver la DIS.
5- Votar en las próximas elecciones contra los partidos políticos afines al chavismo.
Consejo Nacional del Buen Vivir Costa Rica Costa Rica, 15 de enero de 2026
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos se solidariza con la compañera Stella Chinchilla Mora, por la persecución política que está enfrentando en este momento. Estamos ante la más cobarde de las acciones políticas, en una coyuntura política electoral sin antecedes en la historia de la Costa Rica de la segunda república. Debemos entender que una acción de la Dirección de Inteligencia y Seguridad – DIS, es una acción de gobierno, pues la seguridad personal del presiente. Se está judicializado a una militante social sin recursos económicos, como un distractor por oponerse al Gobierno y al presidente y sólo dos semanas antes de las elecciones presidenciales.
La compañera es una militante social y comunicadora proba, desde hace más de 25 años está cubriendo los acontecimientos del movimiento social, con sus propios recursos y sin pedir nada a cambio ni patrocinio empresarial.
Rechazamos toda acción de los Poderes de la República que limiten la libertad de opinión de las personas habitantes, con protección en los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 28 y 29 de la Constitución Política que deben ser garantía plena de participación libre y democrática.
Si la compañera Chinchilla a participado cubriendo noticias del movimiento social en contra de las políticas de gobierno, e incluso si ha emitido su opinión en contra de las acciones de gobierno, no debe ser perseguida y mucho menos judicializada por hacerlo. Un sistema que se dice democrático debe defender la libertad de expresión y opinión de las personas habitantes, esto es lo siempre ha hecho Stella, de manera que lejos de procesarla judicialmente, el Estado debe protegerla, pues su voz política es acción de democracia.
Hacemos un llamado al movimiento social nacional e internacional para que manifieste su apoyo a la compañera Stella Chinchilla Mora, militante social, activista, luchadora y defensora de los derechos humanos en Costa Rica. Demostrémosle al gobierno y al Poder Judicial que Stella no está sola.
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidente
Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU
Las evidencias y acciones alrededor de la supuesta amenaza contra el presidente dejan en claro que se trata de un montaje burdo con motivaciones políticas. La propia actuación del Gobierno delata la farsa, el director de la DIS, Jorge Torres, confesó que «no profundizamos en la investigación, inmediatamente lo que hicimos fue trasladarlo», si lo hubieran hecho, hubieran descubierto la farsa.
Es decir, presentaron una denuncia estrafalaria sin siquiera corroborar la veracidad de la supuesta amenaza. Todo se sostiene únicamente en un par de pantallazos de WhatsApp de origen dudoso (una conversación de diciembre) entregados por una “fuente confidencial”. Esta ligereza deja en evidencia que la intención nunca fue proteger al presidente de un peligro real, sino montar un espectáculo mediático.
¿Cuál es el propósito de este acto circense? Claramente, distraer a la opinión pública de los problemas reales del país y silenciar a una voz crítica, ¡Iniciar la práctica autoritaria al estilo de Bukele si se diera un triunfo de Laura Fernández en las elecciones? La acusada, Stella Chinchilla, es una comunicadora reconocida por denunciar en sus redes los abusos y desaciertos del gobierno, ¿Contenido que ha incomodado al gabinete de Chaves?
Han mancillado su honor difamándola como si fuera una criminal, acto de mala fe de Rodrigo Chaves, la DIS y todo ese aparato represor de las libertades. Esta maniobra irresponsable y vergonzosa busca intimidar a cualquiera que se atreva a cuestionar al poder, pintando al presidente como víctima de un complot absurdo.
En lugar de aclarar los hechos con seriedad, se optó por un show politiquero que fabrica una historia inverosímil para dañar la reputación de una ciudadana honesta.
Como ciudadano, condeno enérgicamente esta acción, que no solo es infame e inmoral, sino que además socava la confianza democrática al utilizar las instituciones de seguridad como herramientas de juego político. Un gobierno seguro de su legitimidad no recurre a circos mediáticos; esta burda maniobra merece el repudio de toda la sociedad.
14 de enero 2026
Imagen: Stella Chinchilla habla ante la prensa este 14 de enero.
El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.
Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.
Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.
En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.
El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:
La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.
La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.
Exigimos al gobierno:
Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.
Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.
El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.
Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.
La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.
El director de la DIS convoca a la prensa cuando hace esa denuncia ante el OIJ, contrario a los protocolos de este y otros países en donde un hecho de esa magnitud se maneja con protocolos estrictos y la población se entera después de que los organismos de investigación han hecho su trabajo y en la mayoría de los casos ya hay detenidos.
Se imputa a una comunicadora que ha difundido videos incómodos en muchos gobiernos y poco después de que publicara un video donde participó la candidata oficialista; se ve claramente cuando al final la prensa la busca para entrevistarla y una persona la toma del brazo y lo impide.
Coincide con la llegada de un presidente de un país vecino en donde no existen las garantías individuales, se construyó una mega cárcel en donde igual ingresan criminales que simplemente sospechosos quienes pueden permanecer años sin juicio alguno y que participa del lucrativo negocio del turismo carcelario. El mensaje de mano dura es obvio a tres semanas de las elecciones.
Aquí el oficialismo ya ha hablado de suspender garantías individuales en zonas conflictivas del país. ¿El próximo 1º de febrero encontraremos en las escuelas, en vez de jóvenes guías a policías o peor aún se suspenderán las elecciones por temas de seguridad?
Costa Rica, 13 de enero de 2026. Desde los colectivos, movimientos sociales y organizaciones aquí firmantes, alzamos la voz con profunda preocupación ante el señalamiento público y la exposición mediática que hoy enfrenta nuestra querida compañera, comunicadora y activista Stella Chinchilla. Lo que se intenta instalar en la opinión pública no es únicamente una acusación sin sustento probado: es un mensaje de amedrentamiento dirigido a quienes se atreven a incomodar al poder.
Stella es una mujer comprometida que ha puesto su voz, su tiempo y su cuerpo al servicio de causas colectivas: la defensa de la vida, del ambiente, de los territorios y de las comunidades históricamente ignoradas. Su trabajo como comunicadora nace desde el afecto, la cercanía y la convicción ética de qué informar y acompañar también es una forma de cuidar. Pretender vincularla con un delito gravísimo, sin indicios ni elementos verificables, constituye un acto de violencia política y simbólica que no podemos ni debemos normalizar.
Los supuestos “indicios” y los insumos de la denuncia que han sido filtrados públicamente no corresponden a un plan ni siquiera mínimamente creíble. Por el contrario, presentan rasgos burdos, prefabricados y carentes de rigor, y que carecen de lógica y seriedad. Resulta poco creíble que, en una época de tecnologías avanzadas y capacidades técnicas reales, se pretenda sostener una acusación de esta naturaleza a partir de audios y mensajes de WhatsApp. Subestimar de ese modo la inteligencia social resulta inaceptable.
Por otro lado, la actuación de cuerpos como la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la DIS ha sido reiteradamente cuestionada en contextos de conflicto socioambiental. En numerosas comunidades del país se ha documentado su presencia para el seguimiento de personas y colectivos considerados “incómodos”, mediante prácticas de vigilancia abiertas o poco transparentes. En ese sentido, no sorprende que esta denuncia surja en un contexto electoral y previo a la visita del presidente Nayib Bukele, en un intento por instalar la narrativa de que el encarcelamiento y la mano dura constituyen la solución a problemas estructurales como el narcotráfico y la violencia.
Este hecho no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón cada vez más evidente de hostigamiento, estigmatización y persecución contra personas defensoras ambientales y sociales en Costa Rica, muchas de ellas señaladas, amenazadas o judicializadas por enfrentar intereses económicos y decisiones gubernamentales que ponen en riesgo bienes comunes. El mensaje es claro y profundamente peligroso: se puede montar cualquier denuncia sin mayor sustento y dañar gravemente la imagen pública de quienes se organizan, cuestionan o se oponen al poder.
Además, no es casual que hayan escogido a Stella Chinchilla como nuevo blanco de sus ataques. Su selección revela un componente profundamente misógino y patriarcal, coherente con un clima político que ha normalizado el ataque a las mujeres que piensan, cuestionan y se organizan. Atacarla a ella no es solo intentar silenciar su trabajo, sino amenazar de forma ejemplarizante a comunicadores independientes, activistas y ecologistas, y debilitar de paso a la oposición política y a la democracia costarricense.
Stella encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar: mujer, madre soltera, luchadora, crítica y pensante. Golpearla a ella es intentar sembrar miedo en muchas otras; por eso nuestra respuesta debe ser colectiva, firme y sin concesiones.
Denunciamos que este clima ha sido alimentado por discursos y prácticas provenientes del propio poder político, que presentan a activistas y voces críticas como enemigas, obstaculizadoras o amenazas, debilitando la legitimidad de la defensa socioambiental y erosionando las bases democráticas del país.
Solicitamos a los medios de comunicación mayor rigor, responsabilidad y ética profesional, para que no se presten a este montaje, mantengan un enfoque balanceado y no pierdan de vista que esta acusación se inscribe en un patrón más amplio de acoso, descalificación y violencia contra periodistas, comunicadores y medios críticos.
Exigimos a las autoridades judiciales y políticas que se abstengan de utilizar el aparato institucional y mediático como herramientas de persecución y disciplinamiento social. Asimismo, demandamos el cierre definitivo de la policía política, ya sea en su versión DIS o UEI.
Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales y a los organismos de derechos humanos a mantenerse alertas frente a esta escalada de criminalización del activismo.
Nuestra solidaridad con Stella. La abrazamos con el cariño que se le da a quien cuida, acompaña y quien no ha dejado de creer en la fuerza de lo común incluso en los momentos más duros. No está sola. Defender el ambiente, la vida y los derechos humanos no es un crimen. Criminalizar a quienes lo hacen sí lo es.
Bloqueverde
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Red de Coordinación en Biodiversidad
COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR
Frente Eco Cipreses
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