Mi padre viajó a la frontera entre Ecuador y Perú para recibir a don Máximo Cisneros y a uno de sus hijos que venían huyendo de una verdadera dictadura militar en su país. Sin lugar a duda, porque así siempre lo expresó, don Máximo escogió a Costa Rica por su reconocimiento a la tradición democrática y pacífica de nuestro país, que no era para nada una tiranía perfecta como ahora insiste Chaves.
Don Máximo vivió en mi casa alrededor de dos meses mientras lograba reubicarse. Todos nosotros los recibimos con mucho cariño y con mucha solidaridad por la situación de persecución política por la que estaba pasando. Al cabo de ese tiempo, la gran mayoría de los miembros de la familia Cisneros, incluida Pilar, se trasladaron también a Costa Rica y se instalaron en una casa en Lourdes.
El día de hoy, estoy seguro de que tanto mi padre como don Máximo deben estarse revolcando en su tumba al ver a Pilar arrastrar nuestra democracia por el fango, cuestionando todas las instancias de separación de poderes y de control político, desmantelando toda la institucionalidad y dando, tanto ella como Chaves, el peor ejemplo posible contra el diálogo democrático y la cultura de paz.
Las razones que obligaron a su familia a huir de su patria son hoy las mismas que pretenden imponernos con bravuconadas y autoritarismos. Pero, se equivoca Pilar y se equivoca Chaves, la tradición democrática y pacífica sigue totalmente viva en muchas personas de este país y estaremos siempre en pie de lucha activa para defenderla.
Los Tribunales de Probidad y los Tribunales de Sanciones Inmediatas se crearon por decretos en mayo de 1948 y se disolvieron por decreto en noviembre de 1949.
Se crearon y funcionaron durante la postguerra de odios exacerbados, espíritu de venganza y ambiente de violencia política, a la sombra de un gobierno de facto que gobernó como dictadura.
Entre las obras de la historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Claudia Quirós Vargas, me interesa destacar su libro “Los Tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas”, de la Editorial Costa Rica. En esta obra de historia política, jurídica y social Quirós Vargas nos habla de causas y objetivos de la creación de estos Tribunales, los mecanismos y procedimientos legales aplicados, personas sobre las que tuvieron jurisdicción, resultados de los juicios seguidos, las sanciones decretadas y los beneficios aportados a los ciudadanos y al Estado.
Según la autora, “este Tribunal va a tener su proyección en el campo de la estrategia política, porque coadyuvará a la realización de dos objetivos, el primero, asegurar la estabilidad de la Junta de Gobierno; el segundo, decidir la inmediata proscripción del Partido Comunista”. pag.17.
Partiendo de esos dos objetivos que señala la historiadora, me permito hacer la siguiente reflexión.
Con la sublevación sediciosa de Figueristas y Ulatistas José Figueres da el Golpe de Estado al presidente Constitucional Lic. Teodoro Quirós y se instala como presidente de facto. Quien había prometido “libertad electoral y rescate de la democracia” para justificar su levantamiento armado, ahora en el poder incumple los pactos, crea los Tribunales y promulga los decretos para la represión, encarcelamiento y exilio contra quienes habían pactado con él la finalización de la Guerra Civil de 1948. ¡Olvidó sus consignas libertarias!
¿Ironía del destino de José Figueres, acompañada de sarcasmo? Hay que leer su libro “El Espíritu del 48”, para entender los intereses bélicos, políticos, los métodos de terror, campañas de miedo y falacias utilizados desde 1942 a 1949 y en la posguerra las tergiversaciones de acontecimientos históricos y de los beneficios obtenidos para la Patria y los trabajadores con la revolución social entre 1940 y 1948.
El decreto 105 de junio de 1948, ilegaliza al Partido Vanguardia Popular y más de 150 sindicatos. En ese proceso de ilegalización y disolución de sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Cosa Rica, participa activamente el Presbítero Benjamín Núñez que era ministro de Trabajo, el mismo que por mandato de su General José Figueres Ferrer, firmó el pliego de Garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular para el desarme y poner fin a la Guerra Civil. Pliego que fue entregado a Manuel Mora Valverde en la Embajada de México el 19 de abril de 1948.
Con esos decretos y esos Tribunales se inaugura un largo periodo de persecución política y mutilación de las libertades públicas republicanas, de las propias garantías sociales constitucionales, negando a miles de costarricenses el derecho al sufragio, la libertad política electoral, la libertad de prensa, de pensamiento, de reunión y de organización sindical y política, el derecho a huelga y la convención colectiva, se promueve el exilio de Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra, el encarcelamiento y exilio de militantes del Partido Vanguardia Popular.
La historiadora Claudia Quirós en su libro nos dice: “Mi interés en este tema se fundamenta en que este, como otros tópicos relevantes del periodo no ha sido investigado. Considero que es aquí donde radica la importancia de mi trabajo que, por supuesto no pretende agotar ni decir la última palabra al respecto, mi objetivo primordial es motivar a otros investigadores a que profundicen en este tema, y no dudo contribuirá a dilucidar la Historia contemporánea de nuestro país”.
Creo que mucho se ha avanzado con los nuevos historiadores e investigadores en lo que va de este siglo y aún falta mucho por hacer.
Algunos juristas costarricenses, por ejemplo, el Lic. Vargas Fernández, en el debate sobre estos Tribunales argumentó que eran: “un gran error del Gobierno, que representan un regreso a la Edad Media”.
Para el Lic. Fernando Guier Esquivel … se asemejan a organismos de la “Santa Inquisición”.
El Lic. Celso Gamboa, diputado de la Constituyente, expresó: “Ya en la práctica había llegado al convencimiento de que se procedía tan solo animados por odios y venganzas; que los asuntos se resolvían a base de pasión, de intrigas, de mezquinos recursos”.
No hay duda de que esos Tribunales y los objetivos señalados dieron pie para legalizar la persecución y la violencia política, extender las prácticas arbitrarias y provocar crímenes políticos, como el Crimen del Codo del Diablo, donde fueron asesinados Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Federico Picado, Octavio Sáenz, además de un nicaragüense de apellido Sotomayor, y Don Carlos Aguilar.
El crimen cometido contra Horacio Montiel, Edwin Vaglio, Mónico Hernández, presos en la Penitenciaría Central por decisión de esos Tribunales, sacados y llevados hasta el lugar conocido como La Cangreja, donde fueron cruelmente asesinados los tres militantes comunistas.
Me parece importante transcribir un párrafo que se lee en la contraportada, en el que dice la autora: “Reconocemos con profundo desengaño que la corrupción administrativa no es nueva en nuestro país, y lo que más desalienta es saber que el Tribunal de Probidad más bien fue otro instrumento de corrupción, dado que por su medio se enriquecieron otros sectores de la sociedad. Y que por tal razón este Tribunal no tuvo trascendencia ni proyección histórica. De lo contrario, cómo explicarnos la persistencia del peculado, la malversación de fondos, las estafas, el soborno, la extorsión, el contrabando etc. de las administraciones posteriores a 1948 y tan en boga en el presente”.
En la página 9 la autora dice “A la memoria de Carlos Luis Fallas, (Calufa) el líder popular que en los momentos más adversos mantuvo su honestidad y supo ser fiel a sus ideales”. Un emotivo reconocimiento al líder que los Tribunales llevaron a la cárcel por haber robado unas gallinas para alimentar a su tropa.
Vale recordar que ningún comunista fue encontrado culpable de corrupción ni actos criminales. La Historia más bien reconoce a Carlos Luis Fallas por evitar el fusilamiento de algunos alzados detenidos en la guerra y destaca haber salvado la vida del señor Fernando Ortuño Sobrado soldado en las filas figueristas durante la guerra civil
Creo que hoy se puede afirmar que el juicio de la Historia reivindica a los políticos y militantes ilegalizados, perseguidos, a los clandestinos y clandestinas, entre 1948 y 1970 y terminaron absueltos.
Por el contrario, la Historia nos enseña que lo que se llama “Junta Fundadora de la II República” o “Gobierno de facto que gobernó como dictadura”, y sus integrantes y subordinados, actúo con violencia política contra sus adversarios y les negó las libertades que prometían defender.
No hablo de sentencias o declaraciones de culpabilidad, hablo del reconocimiento histórico justo a la probidad de los comunistas, entiéndase: honradez, integridad y rectitud en el actuar.
Debe reconocerse la reivindicación de daños morales y perjuicios a quienes fueron perseguidos y encarcelados sin existir delito, lo que enaltece aún más la limpia trayectoria histórica de los comunistas.
Una vez estando preso por razones políticas en Parrita, en marzo de 1964 recibí de mi Padre un telegrama, que dice, «prisión, cuando no hay delito enaltece al hombre, junto con ustedes me siento orgulloso, abogados en acción» días después los cinco detenidos fuimos absueltos. Los carceleros eran excombatientes Figueristas.
Para terminar, quiero conmemorar a todas y todos los que alguna o muchas veces estuvieron en prisión en el periodo de los Tribunales de Sanciones Inmediatas y en los tiempos de la posguerra sin causa penal, que los días o meses de cárcel los enaltezca, debemos sentir orgullo de la vida militante.
A seguir caminando, viendo en el horizonte la utopía.
¡Por memoria, por verdad y por justicia, nunca olvidar!
*Militante comunista 1961 1991, en el presente militante sin Partido.
Sin duda alguna, desde la salida de Rafael Correa de la presidencia del Ecuador, Jorge Glas quien fuera su vicepresidente, ha sido sometido a una persecución política que raya en lo sorprendente.
Jorge David Glas Espinel, es ingeniero eléctrico y político ecuatoriano. Fue vicepresidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 2013, hasta el 6 de enero de 2018. Fue electo en las elecciones presidenciales de 2013, y reelecto en las elecciones presidenciales de 2017. Desempeñó varios cargos en el gobierno de Rafael Correa, entre los que figuran: presidente del Fondo de Solidaridad, Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
El político proviene de la clase media de Guayaquil. Nació el 13 de septiembre de 1969, es el mayor de tres hijos de una familia abandonada por su padre cuando era niño. En medio de dificultades económicas, salió adelante con los estudios hasta graduarse de ingeniero en electricidad, aunque en realidad quería ser médico. Se formó en un centro salesiano y participó en el grupo de boy scouts, donde conoció a Rafael Correa, que fue su jefe de tropa.
Resaltamos desde temprana edad, su relación con Rafael Correa, ya que, para ir respondiendo a la pregunta del título del artículo, son amigos desde su niñez y juventud. Fue la mano derecha del presidente, quien lo eligió como compañero de fórmula en su último periodo. En 2016 lo designó como responsable, de los proyectos de reconstrucción en dos provincias afectadas por un terremoto de 7,8 que dejó más de 600 muertos.
Glas, fue el superministro a cargo de todas las empresas estratégicas del Estado. Glas era responsable de la política pública de los recursos petroleros, minas, electricidad, telecomunicaciones y agua.
Y hay un dato interesante, Correa pensó en él como candidato a las elecciones presidenciales de 2023, una jugada arriesgada, que finalmente no se dio porque pensaron que la justicia ecuatoriana acabaría por inhabilitarlo.
Glas es como el Correa que no pudieron atrapar. Su cercanía y relación con Correa, lo han hecho merecedor de ser acusado, vejado y perseguido. De allí que haya sido imputado por acusaciones infundadas.
Lo que, si es cierto, es que Glas se ha ganado entre los suyos la reputación de hombre leal. No se acogió a ninguno de los tratos que le ofreció la Fiscalía ecuatoriana, a cambio de delatar a sus compañeros de partido o a Correa. Se le puede imputar, pero no es un traidor.
Ya vamos observando el porqué de la saña contra Glas. No es mera coincidencia que Glas haya manejado Ecuador, durante más de una década, entre 2007 y 2018. Obvio, entonces que lo persigan.
Otra verdad es, no podemos negar que se trata de un político para estudiar, en un mundo donde la deslealtad y la traición son la regla general, lo de este personaje es particularmente sui generis.
Es un ciudadano ecuatoriano capaz de sacrificarse por su proyecto, en el error o en el acierto, no se puede negar que se trata de un ser humano con códigos, capaz, además, de gestos de suprema valentía y serenidad.
Entonces, el proyecto imperial norteamericano en Ecuador, tiene claro que, golpear a Glas implica afectar, en todos los campos posibles a Correa. Ellos son amigos. De esos que muy pocas veces encuentras en la vida. Perseguirlo, por consiguiente, debe ser leído en clave política.
En este sentido, han aplicado a Glas una guerra jurídica, que tiene al menos cuatro pasos, según el jurista ecuatoriano, Pedro Granja:
Hay que convertir al personaje que les interesa acabar, en culpable. ¿de qué? No importa, en la guerra jurídica eso, es lo de menos. En el arranque de la operación, es imperioso degradar, convertir al atacado en una «no persona». Hay que divorciarlo de las masas, hacerle creer a la gente que este personaje es malo, es feo, no tiene sentimientos, merece ser linchado, los ha traicionado, es un insolente que no merece nunca más su apoyo.
Luego es entregado, en este proceso de deshumanización, a los sacerdotes de la desinformación, que atomizan las redes sociales, prostituyen los debates, mutilan conceptos, degradan a los seres humanos y los hacen culpables de cualquier atrocidad, sin ser culpables de nada. Intoxicando con mensajes durante las 24 horas del día, para asfixiar toda posibilidad de análisis racional.
Luego de un histérico bombardeo, que puede durar años, logran que la ciudadanía deje de ser un ser pensante, moldeado como ellos desean que pienses, hasta que odies y lo veas como algo moderno, atractivo, interesante o admirado.
Finalmente, el personaje opositor es culpable. ¿De qué? No importa. Eso lo decidirán luego fiscales y jueces, siempre dispuestos a firmar lo que sea con tal de mantenerse en sus puestos a los que se aferran con ferocidad. Estos fiscales y jueces, si no actúan condenando al acusado, les envían amenazas, y si no hacen lo que los dueños del país quieren, lo mínimo es que les allanen las casas. La condena que se dicta, generalmente en tiempo record, contra las víctimas de la guerra jurídica, deben ser siempre bendecidas por los sacerdotes de las falsas noticias, por los dosificadores de la verdad.
Por otro lado, hay un principio jurídico, que se ha violado flagrantemente a Glas, y es que, resulta que las personas van detenidas o presas, cuando se les prueba que han incurrido en un comportamiento punible (delito), lo que se condensa en una máxima conocida como nullum crimen, nulla poena, que significa: si no hay delito, no hay pena sin ley.
Es obvio entonces, que a Glas se le han violado, la frase trillada, un cúmulo de sus derechos humanos.
Finalmente, deseamos reseñar los aportes de dos juristas connotados, Oswaldo Ruiz Chiriboga y Gina Donoso, quienes hicieron un análisis del caso «Odebrecht», vinculado a Glas por el delito de asociación ilícita.
Los mencionados juristas enfatizan que, «luego de cotejar los estándares internacionales de derechos humanos con los actos de las autoridades administrativas y judiciales, concluimos que Jorge Glas no tuvo un juicio justo, que las medidas cautelares dictadas en su contra fueron inmotivadas y arbitrarias, que la pérdida del cargo de vicepresidente representó una violación a sus derechos políticos, que la condena penal no se basó en pruebas fehacientes, que el tipo penal de asociación ilícita permitió un indeseable arbitrio de las autoridades».
Afirmando, además, «el caso de Jorge Glas representa un cúmulo de violaciones a los derechos humanos. Un estudio detallado de las actuaciones judiciales y fiscales muestra que desde el inicio hasta la condena no existió prueba sobre la supuesta participación de Glas en el delito acusado».
Lo último acaecido contra Glas, el pasado 5 de abril por la noche, es el arresto en (dentro) la embajada de México en Ecuador, luego de habérsele dado asilo por parte del país azteca.
Ahora se vuelve arremeter contra Glas, y después de cinco años en prisión, se pretendía volver a condenarlo a la cárcel. Glas se refugió en la embajada de México y obtuvo el asilo otorgado por ese país, gran defensor de ese recurso que ha salvado muchas vidas provenientes de muchas partes, porque la brutalidad sí es hegemónica.
Hay que denunciar a la vez, que este asalto es una violación del Convenio de Viena de 1961, en el cual los gobiernos de todo el mundo, se comprometieron a respetar los territorios diplomáticos sin excepción. El artículo 22 del Tratado de Viena indica: «la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas con una prohibición categórica y explícita de la entrada a los mismos de agentes del estado receptor. Este tiene la obligación de proteger esos locales y a los diplomáticos de cualquier intrusión no autorizada o daño a la paz y dignidad de la misión. Incluso en caso de abuso de las inmunidades y privilegios, o de una emergencia, el estado receptor no puede entrar a esos locales sin el consentimiento del jefe de la misión diplomática».
Finalmente, deseamos hacernos eco de las palabras del científico social Xavier Lasso, ex vice canciller de Correa: «Y entonces hay que exhibir una cabeza, como un trofeo, y ese es Jorge Glas, ex vicepresidente con Rafael Correa y acusado de corrupción en el llamado caso «Soborno», sin que nunca se haya presentado una sola prueba de esa maldita corrupción. Es el mismo caso con el que también se ha perseguido a Rafael Correa y que, ante la falta de pruebas, la fiscal del Estado, Diana Salazar, se inventó lo del «influjo psíquico»: «Correa irradió enorme influencia a sus ministros para cometieran delitos contra la fe pública y se dedicaran a asaltar a las instituciones del Estado».
La representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes de la República, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada, en el juicio político que se le sigue desde casa presidencial y el Consejo de Gobierno de títeres de Chaves.
Contrario a lo que sucede cotidianamente, el automóvil en el que transportaba a la dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, y representante electa por el Movimiento Sindical Nacional ante la Junta Directiva de la Caja, fue detenido y requisado por perros antidrogas en la entrada a casa presidencial. Ningún otro automóvil, ni antes ni después de que saliera el de Martha Rodríguez fue requisado de la misma forma.
En una evidente acción intimidatoria y que forma parte del juicio político que el gobierno autoritario de Rodrigo Chaves, en contubernio con la presidenta designada en la CCSS, Marta Esquivel, sigue contra la dirigente sindical que con su voto y el de toda la junta directiva de la Caja, autorizó el pago del ajuste salarial a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS, que correspondía al año 2020 y que por Pandemia de Covid-19, se retrasó su pago hasta el año 2022. Este ajuste salarial de ¢7 mil colones fue previamente autorizado por el gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda de ese entonces, el hoy presidente de la República Rodrigo Chaves.
Hoy, desde la presidencia, Chaves no solo desconoce su propia firma como ministro de Hacienda para ese ajuste salarial, si no que, además, con el afán de quitar todo obstáculo para privatizar y destruir la salud pública costarricense, la CCSS, realiza un juicio político, contra la dirigente sindical en la Junta Directiva de la Caja, la que había sido suspendida por el autoritario presidente, pero que la Sala Constitucional obligó a reinstalar.
Toda Ley vigente, incluida la máxima autoridad legal costarricense, la Constitución Política, ha sido vilmente violentada por este gobierno y sus títeres en la Junta Directiva de la Caja, solamente Martha Elena Rodríguez González, representante del sector sindical, es quien fiscaliza que no se destruya, privatice y quiebre la institución más emblemática e importante de Costa Rica.
No cabe duda, de que este autoritario y criminal gobierno, cuenta con la complicidad política de todos los partidos políticos, las autoridades de los poderes legislativo y judicial. Por menos, e incluso, con inventos y mentiras, gobernantes latinoamericanos fueron destituidos del gobierno, en Costa Rica la confabulación es total, es absoluta, porque se están beneficiando todos.
La representante de los trabajadores en la Junta directiva de la CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada fijada este martes 21 a las 9:00 a.m.
Este lunes 6 de noviembre de 2023, la legítima representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodríguez González, se hará presente en Casa Presidencial, a las 8:30 a.m., para lo que será la segunda comparecencia de la persecución política del gobierno de Rodrigo Chaves.
En diciembre del año anterior, violando la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y el Estado de Derecho, Rodrigo Chaves suspendió a cuatro directivos y montó una ilegítima Junta Directiva de la Caja, con el fin de maniobrar en contra de la institución. La Sala Constitucional acogió un recurso y determinó que los cuatro directivos debían ser restituidos de inmediato, lo que sucedió, a excepción de Marta Esquivel, presidenta de la CCSS nombrada por Chaves.
De los cuatro miembros restituidos, por presiones políticas, uno renunció posteriormente y tres continúan en el cargo, pero el gobierno de Rodrigo Chaves decidió mantener la persecución política contra Martha Elena Rodríguez González, al considerarla un obstáculo para lograr la privatización de la emblemática institución de la salud pública.
Martha Rodríguez González, se hará presente este lunes y martes en casa presidencial, para hacer valer la democracia, la ley y la Constitución Política en el ejercicio de su función en representación de la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
Las Américas, 12 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes condenamos la criminalización, persecución y aprehensión sin fundamento de la abogada defensora de derechos humanos Claudia González Orellana, ex funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), abogada litigante y defensora de fiscales anticorrupción criminalizados como Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra.
Es lamentable que el Ministerio Público de Guatemala siga actuando de manera arbitraria y criminalice el ejercicio de la abogacía de Claudia González Orellana sin ninguna base legal, afectando el derecho de defensa de decenas de fiscales que han sido acusados de forma espuria, obstaculizando sus casos, además de ser un acto de intimidación y represalia hacia la abogada González Orellana por realizar su trabajo. Es preocupante que, lejos de detener estas prácticas autoritarias, la política de persecución selectiva que ha implementado el Ministerio Público siga en escalada, especialmente contra de personas operadoras de justicia independientes, periodistas, litigantes y personas defensoras de derechos humanos quienes han trabajado en la lucha contra la corrupción e impunidad y en la defensa de los derechos humanos en el país.
Resulta inadmisible que, nueve días después de la detención de la abogada Claudia González Orellana, el día de celebración de la audiencia de primera declaración se haya declarado bajo reserva el caso promovido en su contra, violando con ello las garantías del debido proceso al incumplir sin fundamento con el principio de publicidad que como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen”.
Hacemos un llamado para que se ordene la inmediata liberación de Claudia González Orellana y al Estado de Guatemala para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se respete el debido proceso y garantice la integridad de esta abogada defensora de derechos humanos.
FIRMAN Acción Solidaria ACI PARTICIPA: Asociación para una CIUDADANIA PARTICIPATIVA American Jewish World Service (AJWS) Amnistía Internacional Article 19 Oficina para México y Centroamérica Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH Be Just Cadena Derechos Humanos Honduras (CADEHO) Centro de Derechos de Mujeres, CDM Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM) Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas Chile Civilis Derechos Humanos Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Cross Border Network Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer Disonancias Radio Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC) Honduras Delegation Impunity Watch Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Instituto de Defensa Legal – IDL International Service for Human Rights La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) LASCWM Latin America Caribbean Working Group of Mass Peace Action Latín America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice Latin American Working Group (LAWG) Mujeres Libres COLEM AC Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Organización Ayudamos Honduras Protección Internacional Mesoamérica Red COMAL Red Rompe el Miedo Guatemala Red Solidaria de Derechos Humanos Robert F. Kennedy Human Rights Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe Women’s Link Worldwide
¡NO puede haber conflicto de intereses porque fue una decisión de la Comisión Nacional Negociadora de Salarios del Sector Público!
Lo que buscan es retrasar lo inevitable, pagarle a TODOS los trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social el ajuste que les corresponde desde hace tres años, violentando la Ley, la Constitución Política, la institucionalidad pública y, ahora, utilizando la infamia como arma para intentar afectar la reputación de una persona honesta y de principios éticos y morales comprobados en la función pública.
Orlando Barrantes es un dirigente social que ha dedicado gran parte de su vida en apoyar luchas por conseguir condiciones de vida y de trabajo dignas y justas para campesinxs, ex-estibadores, transportistas independientes, indígenas y afectadxs por el Nemagón, principalmente en la Zona Atlántica. Actualmente, a pocos meses de cumplir 70 años, no ha dejado de luchar por causas justas, centrando su trabajo en el acceso a una vivienda para poblaciones en condición vulnerable.
Orlando Barrantes es además una persona que ha tenido que soportar 22 años de procesos judiciales. Estos abiertos por el Ministerio Público, es decir el Estado de Costa Rica, por hechos que no cometió, siendo este el caso de persecución política más extenso de la historia de nuestro país.
Luego de múltiples juicios inconclusos y de haber sido absuelto en dos ocasiones, en septiembre será llamado a audiencia en el que sería su séptimo juicio bajo la misma acusación. Es por esto que exigimos de una vez por todas ¡la libertad de Orlando Barrantes!
Para informarse y apoyar esta campaña por la libertad de Orlando Barrantes, siga nuestras redes:
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*En la imagen se observa a Orlando Barrantes. Además, acompañan los logos de CONATRAB, del MTC, del Bloque de Vivienda, del FECOU, de la FECON y del NPS.
Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.
Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.
A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.
Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».
Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.
García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.
(*) Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana. (gat96@hotmail.com)
