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Etiqueta: persecución sindical

Denuncian persecución sindical en Acueductos y Alcantarillados

La junta directiva del Sindicato de Trabajadores del AyA informa sobre la situación de su dirigente, quien fue perseguido y sancionado sin fundamento jurídico alguno. Esto sucedió el pasado miércoles 27 de noviembre cuando la Administración Superior del AyA, sancionó al secretario general del sindicato por defender un programa de saneamiento ambiental y las condiciones de los derechos laborales de los trabajadores del PAPS.

A pesar de que el secretario general del sindicato de trabajadores del AyA (SITRAA) mantiene un permiso firmado por la alta administración de Acueductos Alcantarillados para su trabajo de índole sindical, desde la gerencia general se instruye a la jefatura del señor Mario Rodríguez Bonilla  y otras áreas internas de la institución, para que le fuese rebajado el día laboral y además se le brindara una amonestación por escrito.

Acciones antijurídicas, que van contra la libertad sindical, contra las normas internacionales, y acciones que van contra los acuerdos generados en el seno del Ministerio de Trabajo con la alta administración.

A lo anterior se añade la situación actual que tienen los funcionarios de PAPS, quienes se movilizaron frente de las oficinas de gerencia general, subgerencia y presidencia ejecutiva, en Pavas, con el respaldo de SITRAA, para solicitar transparencia a sus condiciones laborales, la protección de los los proyectos que están generando y un documento donde se den respuesta a su continuidad o no en la institución.

FENTRAGH denuncia despido y recontratación de 650 trabajadores incluidos dirigentes sindicales

El lunes 6 de marzo del 2023, 650 trabajadores despedidos y recontratados, incluidos dirigentes sindicales…

El lunes 6 de marzo del 2023, 650 trabajadores despedidos y recontratados, incluidos dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA), organización afiliada a nuestra Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines.

Todos los trabajadores, aunque tengan muchos años de laborar para la empresa, ahora tienen condición de nuevo ingreso, por lo que deben se cumplir un periodo de prueba. Esto advertimos podría ser el medio que utilizará la empresa para despedir a todos los trabajadores sindicalistas.

Por medio de los nuevos contratos de trabajo la empresa redujo los salarios entre 14% y 40%, empobreciendo más a los trabajadores y precarizando aún más las condiciones de trabajo.

También se irrespetó el procedimiento especial de despido de trabajadores con fueros especiales, al haber despedido a dirigentes sindicales y mujeres embarazadas.

Puede escuchar el detalle en este enlace:

https://fb.watch/jbw9oE9tBU/?mibextid=qC1gEa

Catalina Crespo agrava la persecución sindical en la Defensoría de los Habitantes

Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.

Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.

En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.

Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.

Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.

“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”

Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.

Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.

Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.

Punto y Seguimos…

Enviado a SURCOS por SIDEF.

Solidaridad con Carlos Andrés Pérez

Carlos Andrés Pérez fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018, en el ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica contra RECOPE, consecutivamente fue sometido a un juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio.

Distintos grupos sociales como ACODEHU, el Bloque de Vivienda, el movimiento sindicalista costarricense y ciudadanos, muestran en las calles fuera de los Tribunales de Sentencia Penal de Goicoechea el apoyo en solidaridad ante la persecución política y la criminalización de la protesta social en el caso del señor Pérez.

¡Esperamos que, aunque la justicia sea lenta, sea correcta!

Costa Rica ausente en la 110a Conferencia Internacional del Trabajo

El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).

Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Para más información sobre estos temas, ingresar en el siguiente enlace: https://fb.watch/dlTQ2bw5xW/

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

Condena internacional por cancelación del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras organizaciones en Nicaragua

Centroamérica, 16 de febrero de 2022.

Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).

La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las trabajadoras y las mujeres más pobres del país. 

Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las personas defensoras de derechos humanos. 

La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a defender sus derechos y vivir dignamente. Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar algunos:

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Artículo 8:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.

 

Imagen ilustrativa.

Persecución sindical en Costa Rica: ¿Un delito continuado?

La Alianza por una Vida Digna transmitió mediante SURCOS Digital, la conversación sobre este tema entre Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Marielos Aguilar Hernández, historiadora, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica; y Jorge Barrientos Valverde, profesor e investigador asociado de la Universidad de Costa Rica. 

Las intervenciones tuvieron como referente el texto del profesor Antillón «¿El Asalto del Siglo?» el documento se encuentra en el siguiente enlace de SURCOS: https://wp.me/p6rfbZ-h83

El video de la conversación puede verse en Facebook Live de SURCOS o bien en el canal de YouTube del medio. Facebook: https://www.facebook.com/events/2221821301309168/ .

¿Cuántas piñas vale un ser humano?

Trabajadores descartables

Cándido Amador es un caso como los hay miles en el sector agrícola de Costa Rica, aunque el suyo se ha convertido en emblemático por el carácter dramático que presenta su enfermedad: la bradicardia, que provoca que con el esfuerzo físico su corazón lata a un ritmo muy bajo, tanto que llega a ser peligroso para su vida.

Carlos Amorín

“A mí me gusta trabajar. Conozco mi oficio porque lo hago desde hace años. He creado y sostenido a mi familia con el esfuerzo de mis brazos. Pero ya no estoy pudiendo hacerlo. La empresa no quiere entender que el primer perjudicado soy yo”, dice Cándido recién salido del Hospital, donde luego de una consulta lo dejaron internado la pasada semana.

“Los médicos me han dicho una y otra vez que tengo que cambiar de tarea en la empresa, pero ellos se niegan. Y yo estoy cada vez peor”, agrega.

Una población sin oportunidades

En la zona donde vive Cándido con su familia no hay otra fuente de trabajo. A tal punto que es normal que los hijos suplanten a los padres en las plantaciones; un destino marcado al nacer.

Ellos sufrirán el mismo sistema de hiperexplotación, negación de derechos laborales, violación de derechos humanos, maltrato, violencia verbal, humillación, persecución sindical, amenazas, despidos arbitrarios, denegación de justicia que perdura desde tiempos ya inmemoriales.

“La pasada semana me dijeron en el Hospital que era preferible que me viniera para casa porque allí hay muchos enfermos con Covid 19, y el contagio puede ser peor para mí. Así que me dieron dos días de descanso y ya el sábado tuve que volver a trabajar. Seguí el lunes y hoy, martes 3, pero estoy con una frecuencia cardíaca de 30 o menos”.

Es obvio que en esas condiciones el ritmo de trabajo de Cándido no puede ser el mejor, ni siquiera el que él acostumbra tener cuando su salud se lo permite, algo que ocurre cada vez menos. Uno de los argumentos preferidos de la empresa para negarle un cambio de tarea es que “soy un trabajador muy productivo”, relataba Cándido hace algunas semanas.

“Y hoy, los señores Christian Campos, gerente de Recursos Humanos, y Colman, que es gerente general de la empresa, me dicen que los temas de salud no son asunto de ellos, ya que solo se fijan en el rendimiento, y que el mío está siendo muy bajo, por lo que si no hago más esfuerzo me van a sancionar.

A ellos no les importa que los médicos hayan recomendado cambiarme de tarea por lo menos unos días hasta que me recupere. Solo quieren que trabaje más duro y produzca más”, relata Cándido con indignación.

“Cómo habrá sido de amenazador el señor Campos que hasta mis compañeros de trabajo reaccionaron, tratando de hacerle ver que no estoy bien de salud y no se me puede exigir más en este momento. Pero a él no le importó. Ya le dije que si quiere me entregue diez sanciones juntas, igual no voy a poder producir más. No me da el cuerpo”, expresa Cándido.

Una máquina ancestral al servicio del dinero

En Costa Rica, un país que supo ser buque insignia de la democracia en América Latina, los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola reciben un trato medieval por parte de un sistema que ha instalado una simbiosis entre el Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales.

Representantes empresariales ocupan cargos de gobierno y participan en (léase determinan) la definición de las políticas públicas que conciernen a sus propios sectores.

Así se han instalado las injusticias más repudiables contra trabajadores y trabajadoras, especialmente en el sector agrícola, que emplea a gran número de migrantes e indígenas, y se ha perseguido y golpeado a los sindicatos con una dureza que solo hace posible la certeza de una impunidad prácticamente absoluta. En efecto, la justicia laboral es lenta e ineficaz, al punto de consentir un estado de denegación de justicia para los más vulnerables.

La Inspección de Trabajo pocas veces llega hasta los cultivos, y jamás se entrevista con trabajadores que no sean los designados por las empresas. El Ministerio del ramo cobija esta “trampa legal”, que no es más que una cacería de fuerza de trabajo.

“El arriba nervioso, y el abajo que se mueve…”

La Rel UITA viene prestando particular atención a las enormes dificultades que enfrentan los trabajadores y trabajadoras agrícolas organizados en Costa Rica. En ese marco se han denunciado varios episodios de intoxicación y lesiones graves −ninguno reconocido por las empresas− de trabajadores en los cultivos de piña, así como amenazas a los dirigentes sindicales.

El episodio más reciente es la amenaza en estos días de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company|DOLE al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), Obeth Morales.

Esta empresa le exige al dirigente sindical que “se retracte de sus denuncias” sobre la intoxicación sufrida por una trabajadora como consecuencia de una fumigación imprudente ordenada por las autoridades de la empresa, so pena de iniciar contra él un juicio por difamación.

El compañero Obeth Morales, así como Cándido Amador y todos y todas aquellos que sean perseguidos, amenazados, atropellados en sus derechos básicos como ciudadanos y trabajadores del siglo XXI, tendrán siempre en la Rel UITA un decidido y férreo apoyo.


1 – La frecuencia cardíaca normal en reposo para adultos es entre 60 y 100 latidos por minuto.
2 – En un ensayo de próxima publicación por Rel UITA, el experto abogado laboralista Frank Ulloa, y el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, ambos de Costa Rica, realizan un pormenorizado análisis de esta realidad costarricense, y argumentan la urgencia de un cambio radical en el ámbito de las relaciones laborales en el sector agrícola.

 

Foto: Cándido Amador | Archivo personal

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/cuantas-pinas-vale-humano/

Ayer, hoy, ¿y mañana? El feudalismo antisindical como método

Gerardo Iglesias / Rel UITA

Este testimonio de un trabajador en los cultivos de piña de la corporación Dole tiene fecha: 8 de abril de 2021. Pero perfectamente podría datar del 8 de abril de 1930 y provenir de alguna de las bananeras estadounidenses en Centroamérica, en esa época llamadas Standard Fruit Company o United Fruit Company.
Casi un siglo después nada ha cambiado, y si no profundizamos y extendemos nuestra organización sindical, nada habrá cambiado tampoco dentro de un siglo.
Las empresas ejercen una violencia feudal sobre trabajadoras y trabajadores, violando todos sus derechos laborales, sistematizando la persecución sindical, arrasando con la dignidad humana de los más vulnerables.
Es necesario que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué tan duro sería para mí levantarme cada día para salir a ganar el pan de mi familia en estas condiciones? ¿Qué puedo hacer para ayudar a cambiar esta triste e indignante realidad?

Le invitamos a escuchar el podcast sobre este tema y otros complementarios.

“Se necesitan estrategias de resistencia y apoyo ante el avance de la ultraderecha” Rel Podcast

Mariano Hoya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA UGT), examina alcances y objetivos del acuerdo de cooperación suscrito junto a la Rel UITA y afiliadas de Argentina que enfrentan junto al resto del movimiento obrero la embestida del gobierno de Javier Milei. “Este acuerdo nos hace reflexionar sobre el grave problema que está teniendo Europa, el mundo, las sociedades democráticas ante la proliferación de movimientos de ultraderecha que gobiernan ya importantes países, con el propósito bien definido del adelgazamiento o eliminación en su totalidad del Estado de bienestar”. Escucha y difunde el Podcast.
  1. “Se necesitan estrategias de resistencia y apoyo ante el avance de la ultraderecha”
  2. Acordos nas empresas da alimentação com ganho real
  3. La falacia del sistema electoral de Panamá
  4. “La CGT, un lugar donde se respira historia y lucha”
  5. Conscientização, denuncia e prevenção

 

Foto: Gerardo Iglesias, Rel UITA

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/feudalismo-antisindical-metodo/