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Etiqueta: personas adultas mayores

Cuando la familia sufre, la sociedad entera está herida

Carta Pastoral Profética de la Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

“Si alguien no tiene ropa ni comida, de nada le sirve que tú le digas: “Que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes”, si no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien”.
Santiago. 2:15-16, TLA.

A las iglesias, congregaciones, familias, comunidades de fe y al pueblo costarricense:

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), fiel al Evangelio de Jesucristo y a su compromiso con la vida y la justicia, levanta su voz ante la difícil situación que vive Costa Rica. Nos preocupa lo que está pasando en nuestro país: el asesinato de un periodista que nos dijo que ya no tenía nada que perder porque la justicia sobre la base de falsos testimonios le arrebató su derecho a ser padre y disfrutar de sus hijos cotidianamente, sus denuncias sobre el “narcoestado”, el alto costo de la vida, la falta de trabajo, la pobreza, la inseguridad, la violencia y la creciente incertidumbre que golpea a tantas familias. Cada día hay hogares que no saben cómo completar la comida, personas que viven agobiadas por las deudas y padres y madres que sienten angustia al pensar en el futuro de sus hijos e hijas. No podemos acostumbrarnos a este sufrimiento ni mirar hacia otro lado mientras nuestra gente lucha por salir adelante.

Costa Rica ha construido, a lo largo de su historia, importantes conquistas sociales que debemos cuidar y fortalecer. Por esto nos preocupa que las diferencias políticas, las luchas de poder y algunas decisiones de gobierno, terminen afectando a quienes más necesitan el apoyo de la sociedad y de las instituciones públicas. No se trata de estar a favor o en contra de un partido o de un gobierno, sino de estar del lado de las personas, especialmente de las más necesitadas. Gobernar significa servir al pueblo, escuchar sus necesidades y buscar el bienestar de todas las familias. Como Iglesia, creemos que cuando una familia sufre, todo el país tiene una responsabilidad.

Levantamos nuestra voz de solidaridad con las familias cuyos hijos e hijas han dejado de recibir, o ven amenazados, los beneficios de los CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral), servicios fundamentales de alimentación, atención y protección de la niñez. Nos preocupa que los recortes presupuestarios y las limitaciones de cobertura puedan significar menos alimentación, atención y oportunidades para niños y niñas que necesitan protección desde sus primeros años. La nutrición y el desarrollo integral de la niñez no son gastos innecesarios, sino una responsabilidad fundamental del país. Exhortamos a las autoridades a garantizar la continuidad y cobertura de estos servicios, porque ninguna niña ni ningún niño debería pagar las consecuencias de las decisiones presupuestarias.

Nos solidarizamos también con las familias que buscan el pan nuestro de cada día mediante el trabajo informal, las ventas callejeras, los pequeños emprendimientos y los servicios ocasionales, muchas veces sin garantías sociales ni ingresos estables. Son personas que trabajan dignamente, pero que enfrentan la incertidumbre, de no saber cuánto podrán llevar a sus hogares.

Asimismo, nos preocupan las familias atrapadas en una cultura de consumismo y endeudamiento, algunas de las cuales recurren a préstamos informales para resolver sus necesidades y terminan enfrentando usura, intimidaciones y hasta amenazas de muerte. Denunciamos estas prácticas y hacemos un llamado a promover el empleo digno, la educación financiera y alternativas de crédito responsables y accesibles. Ninguna familia debería vivir con miedo por haber buscado recursos para sostener su hogar.

Expresamos nuestra preocupación por las personas pensionadas y adultas mayores, cuyas economías se encuentran cada vez más expuestas al aumento de los combustibles, los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos. Muchas viven con ingresos limitados que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades. Quienes dedicaron su vida al trabajo merecen una vejez digna, segura y libre de abandono. Exhortamos a proteger el poder adquisitivo de las pensiones y fortalecer las políticas de atención y acompañamiento a esta población.

Nuestra juventud también merece una atención especial. Muchos jóvenes experimentan frustración y decepción ante la falta de oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal, y sienten que no han podido disfrutar plenamente de los beneficios de un Estado Solidario. Necesitan espacios donde puedan organizarse, expresar sus demandas, defender pacíficamente sus derechos, dialogar y construir propuestas para su futuro. Hacemos un llamado a las instituciones, organizaciones sociales, sectores productivos e iglesias a escucharles y reconocerles como protagonistas del presente y del futuro de Costa Rica. No podemos permitir que la falta de oportunidades se transforme en desesperanza, exclusión o violencia.

Nos duelen también las familias marcadas por las adicciones, el abandono y las distintas formas de violencia. Hay hogares donde el miedo sustituye al diálogo y donde niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores sufren las consecuencias del abuso y la desprotección.

A esto se suma el deterioro de la salud mental, provocado o agravado por las dificultades económicas, las deudas, la soledad, la violencia y la incertidumbre. Son realidades que requieren prevención, educación, atención profesional, protección institucional y acompañamiento espiritual. La Iglesia debe ser un espacio seguro para quienes sufren. Perdonar no significa justificar el abuso, ni amar significa tolerar la violencia. Defender la familia es, ante todo, defender la vida y la dignidad de cada uno de sus integrantes.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, reconocemos el valor histórico del Estado Solidario y de las instituciones públicas que han contribuido a garantizar la educación, la salud, la alimentación, la protección social y las oportunidades para amplios sectores de nuestra población. Reconocemos también que estas instituciones necesitan fortalecerse, modernizarse, transparentarse y mejorar su eficiencia. Sin embargo, fortalecer no significa desmantelar; mejorar no significa excluir; y administrar responsablemente los recursos públicos no significa trasladar las consecuencias de las decisiones a quienes menos tienen. Nos preocupa cualquier medida que debilite los servicios esenciales y profundice las desigualdades. La solidaridad no debe considerarse una carga económica, sino una expresión de justicia, responsabilidad compartida y humanidad.

Ante esta realidad, nuestra herencia wesleyana nos recuerda que la fe y las obras no pueden separarse. La santidad personal debe expresarse también en el compromiso con la justicia, la misericordia y el bienestar de nuestras comunidades. John Wesley nos dejó el testimonio de una fe que no se limitaba a las palabras, ni a las prácticas religiosas, sino que se expresaba en el servicio a las personas y en la transformación de las condiciones sociales que producen sufrimiento.

Por esto, nuestra vocación no consiste únicamente en consolar a quienes sufren, sino también en reconocer las causas de ese sufrimiento y comprometernos con su transformación.

Como IMWC, hacemos un llamado a las congregaciones para fortalecer la solidaridad con las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad afectiva cuando está ausente uno de sus progenitores por opción o por decisiones injustas o venganzas, promover espacios seguros para la niñez y la juventud, acompañar a quienes enfrentan adicciones, violencia y problemas de salud mental, defender la dignidad de las personas adultas mayores, fomentar la educación financiera y participar responsablemente en los espacios de diálogo ciudadano y defensa de los derechos humanos.

Asimismo, debemos promover el cuidado del ambiente, conscientes de que el deterioro de los recursos naturales y los efectos del cambio climático afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

A las autoridades nacionales les decimos, escuchen el clamor de las familias, escuchen el clamor de los niños y niñas, de padres y madres, de las y los jóvenes que creen que su único camino es la informalidad, gobiernen para todas las personas y evalúen las consecuencias humanas de sus decisiones. Protejan los derechos sociales y fortalezcan las instituciones públicas.

A los sectores empresariales y productivos les llamamos a promover condiciones laborales dignas, salarios justos y oportunidades para la juventud.

A las organizaciones sociales y comunitarias les exhortamos a fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la defensa de los derechos.

A las familias costarricenses les invitamos a recuperar el respeto, la solidaridad, el diálogo y el cuidado mutuo.

Y a nuestras iglesias y comunidades de fe, les recordamos que no podemos permanecer indiferentes mientras tantas familias enfrentan el hambre, la violencia, la exclusión y la desesperanza.

Esta Carta Pastoral no pretende sembrar miedo ni alimentar el pesimismo, pretende despertar conciencias, convocar voluntades y recordarnos que todavía podemos deconstruir y reconstruir nuestra convivencia. No estamos condenados a aceptar la pobreza como destino, la violencia como costumbre, la desigualdad como normalidad ni la indiferencia como forma de convivencia. La esperanza cristiana no consiste en cerrar los ojos ante la realidad, sino en mirarla de frente, reconocer el sufrimiento y trabajar para transformarlo.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos que cada niño y cada niña merece ser amado y convivir con respeto al lado de sus progenitores, alimentarse y crecer con dignidad; cada joven merece oportunidades; cada familia merece vivir sin miedo; cada persona trabajadora merece condiciones justas; cada persona adulta mayor merece respeto y seguridad; y cada ser humano merece una vida libre de violencia, exclusión y humillación.

No queremos una Iglesia encerrada en sus templos, mientras las familias se quedan sin alimento material, espiritual y socio-afectivo, ni una fe que se conforme con discursos mientras la injusticia avanza. Queremos ser una Iglesia que ore, acompañe, denuncie, proponga, sirva y actúe. Que nuestras congregaciones sean espacios donde las familias encuentren refugio, la niñez protección, la juventud oportunidades y quienes sufren una comunidad dispuesta a caminar a su lado.

Que nuestra voz profética no sea una voz de odio, sino de verdad; no de confrontación estéril, sino de justicia; no de resignación, sino de esperanza activa.

Costa Rica necesita recuperar el sentido de comunidad y recordar que nadie se salva solo, que el bienestar de una familia está relacionado con el bienestar de todas y que una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide únicamente por sus indicadores económicos, sino por la dignidad de sus habitantes.

Mientras haya una familia con hambre, una niñez desprotegida, una juventud sin oportunidades, una persona adulta mayor abandonada o una víctima de violencia sin protección, la misión de la Iglesia seguirá teniendo una tarea pendiente.

Que Dios nos conceda valentía para hablar, sabiduría para discernir, humildad para escuchar y compromiso para actuar. Que el Evangelio de Jesucristo nos siga impulsando a construir una Costa Rica, donde la justicia no sea un privilegio, la solidaridad no sea una excepción y la esperanza no sea solamente una palabra.

Con fe, compromiso y esperanza cristiana,
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC)

“Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo: Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios”.
Miqueas. 6: 8, TLA.

RENASES pide no aprobar sin estudio técnico el traslado de recursos del Banco Popular para pensiones

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su posición ante el expediente 25.721, que propone financiar pensiones para personas adultas mayores en pobreza con recursos del Banco Popular. En un comunicado público titulado «Sí a las pensiones, no a las chambonadas», la organización afirma que quiere que estas personas reciban su pensión, pero considera que la forma en que el Gobierno pretende pagarlas es un error.

Según RENASES, más de 32.000 personas están en lista de espera para recibir una pensión, una espera que califica de «vergüenza nacional». Sin embargo, sostiene que «vestir a un santo desvistiendo a otro no es una política social; es una ocurrencia».

El proyecto

De acuerdo con el comunicado, el proyecto le quita al Banco Popular el 0,25 % de las planillas que hoy se queda en el banco, unos ¢37.506 millones al año, para financiar alrededor de 31.000 pensiones. La iniciativa ya fue dictaminada en comisión y pasa al Plenario legislativo.

Los criterios del banco y la SUGEF

RENASES recoge los criterios que la Gerencia del Banco Popular y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) enviaron a la Asamblea Legislativa:

  • El banco dejaría de capitalizarse en ¢150.028 millones entre 2027 y 2030.
  • Cada año de aporte respalda hasta ¢245.948 millones en crédito, más de seis veces lo que se quiere trasladar.
  • Habría menos crédito para vivienda y para empresas, y el banco sería empujado a priorizar la rentabilidad sobre su misión social.
  • La SUGEF no considera conveniente aprobar el proyecto sin un estudio técnico que mida sus efectos.

La organización aclara que el banco no proyecta incumplir sus requisitos, pero señala que se trata de una entidad que cumple su misión «y al que quieren quitarle la herramienta para cumplirla». «Quien debilita al banco de los trabajadores debilita a los trabajadores», afirma.

Las contradicciones

El comunicado señala que el Gobierno califica al Banco Popular de «sobrecapitalizado», mientras que, según RENASES, las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch atribuyen su fortaleza precisamente al aporte que se pretende eliminar. Agrega que el Gobierno afirma defender a las personas más pobres, pero ya recortó recursos a los CEN-CINAI, a los hogares para personas adultas mayores, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los comedores escolares.

«A las personas adultas mayores no se les ayuda con un parche que mañana se convierte en otro hueco», indica la organización, que propone una solución duradera que no ponga en riesgo el ahorro de las personas trabajadoras ni el crédito para vivienda, «y que no obligue a una familia pobre a pagar la pensión de otra».

Recaudación y costo de la deuda

Para RENASES, el problema no es la falta de recursos, sino que no se cobran. El comunicado cita una advertencia de la Contraloría General de la República: Hacienda habría dejado de recaudar ¢1,8 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026 por controles deficientes. Según el texto, las fiscalizaciones cayeron de 1.767 casos en 2023 a solo 2 en 2025, y algunos casos tardan hasta 600 días hábiles en resolverse. La organización calcula que los ¢37.506 millones que se pretende trasladar del Banco Popular equivalen a 2 de cada 100 colones que Hacienda dejó de cobrar.

A esto suma el costo de la deuda pública: según el comunicado, en 2025 el país pagó una tasa promedio cercana al 8,4 % y destina el 3,6 % del PIB al pago de intereses, frente al 2,3 % de Chile.

Lo que exige RENASES

  • Que el Plenario no apruebe el proyecto sin el estudio técnico que solicita la SUGEF.
  • Que las pensiones se financien cobrando lo que hoy no se cobra, y no quitándole recursos a otra institución social.
  • Un plan de choque de fiscalización tributaria y aduanera, con metas públicas.
  • Una revisión del costo de la deuda.
  • Que ningún programa dirigido a la población más pobre se recorte para pagar otro.

RENASES pone a disposición de todas las fracciones legislativas su equipo técnico para redactar una alternativa. «Defender las pensiones y defender el Banco Popular no son causas contrarias: son la misma causa», concluye. «No estamos en contra de unos pobres para ayudar a otros: estamos a favor de cobrarle a quien no ha pagado».

Investigar no es atropellar

Ana Virginia Calzada M.

La comparecencia de la magistrada Patricia Solano ante la Asamblea Legislativa obliga a reflexionar sobre los límites del poder y la responsabilidad de quienes lo ejercen. No se cuestiona la facultad de investigación parlamentaria, sino la forma en que se ejerce y el respeto que merece toda persona convocada ante una comisión legislativa.

El artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política reconoce a la Asamblea Legislativa amplias potestades de investigación. Pero ninguna atribución constitucional constituye una licencia para el abuso. La autoridad debe ejercerse con razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.

En el caso de Patricia Solano, se investiga un crédito otorgado por una asociación solidarista. Resulta indispensable distinguir entre las responsabilidades de quien solicita y recibe un préstamo y las de quienes administran la entidad que lo concede. La persona deudora responde por la información que suministra y las obligaciones que contrae. La aprobación del crédito, las políticas financieras, los análisis de riesgo y la aplicación de los reglamentos corresponden, en principio, a los órganos competentes de la entidad.

No resulta razonable exigir a una deudora explicaciones sobre decisiones administrativas en las que no se ha demostrado que haya participado, ni pretender que responda por la interpretación jurídica que los administradores hayan dado a las disposiciones aplicables.

Especial preocupación generan los cuestionamientos relacionados con la edad de la magistrada y la posibilidad de que fallezca antes de cancelar su obligación crediticia.

¿Desde cuándo cumplir años permite presumir que una persona no honrará sus compromisos? ¿Con qué fundamento se cuestiona el cumplimiento de una obligación a partir de un acontecimiento futuro e incierto?

Un crédito pactado a treinta años no significa necesariamente que permanecerá vigente durante todo ese plazo. Puede cancelarse anticipadamente, si las condiciones contractuales lo permiten. Nadie puede afirmar hoy que Patricia Solano no tendrá los recursos para hacerlo.

Más preocupante que especular sobre un incumplimiento hipotético debería ser examinar, con criterios objetivos y libres de sesgos, aquellos casos en que efectivamente se han incumplido obligaciones financieras y, pese a ello, las personas involucradas han sido designadas para ejercer responsabilidades públicas.

La fiscalización debe ser coherente. No puede convertirse en un ejercicio selectivo en el que unas situaciones despiertan un escrutinio extraordinario mientras otras, en circunstancias comparables, reciben un tratamiento diferente sin una justificación objetiva.

También merece aclararse la función de las pólizas de seguro vinculadas con operaciones crediticias. No existen para enriquecer al Estado, sino para cubrir los riesgos previstos en un contrato y proteger los intereses asegurados. Cuando ocurre una contingencia cubierta, la póliza cumple precisamente la finalidad para la cual fue contratada.

Se trata de una operación propia del sistema asegurador. No es correcto afirmar, sin demostrarlo, que la eventual aplicación de una póliza significa que los ciudadanos terminarán pagando la vivienda de la persona asegurada. Una afirmación de esa naturaleza exige explicar quién es el asegurador, quién paga las primas, cuál es la cobertura y quién asume efectivamente el riesgo. No se vale aprovechar el desconocimiento sobre el funcionamiento de los seguros para generar conclusiones alarmantes.

Además, la muerte o cualquier otro acontecimiento asegurado puede presentarse a cualquier edad. Precisamente por eso existen mecanismos técnicos de evaluación del riesgo, entre ellos las tablas actuariales. La protección del crédito debe analizarse con criterios técnicos, no mediante especulaciones sobre cuánto tiempo vivirá una persona.

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor protege la dignidad y la igualdad de oportunidades. La edad no puede utilizarse como instrumento de descrédito personal. Mucho menos cuando se trata de una persona que comparece ante una autoridad pública y merece un trato respetuoso, independientemente de su cargo.

Existe, además, una circunstancia que exige especial prudencia institucional. Esta investigación se desarrolla cuando la Asamblea Legislativa debe decidir sobre la reelección de la magistrada. Esa coincidencia no demuestra por sí sola una finalidad ilegítima, pero obliga a extremar el cuidado para que el control parlamentario no se convierta en un mecanismo de presión sobre la independencia judicial.

Como tantas veces hemos señalado, la independencia judicial no es un privilegio de los magistrados. Es una garantía de los ciudadanos frente a cualquier intento de condicionar a quienes administran justicia. Tampoco puede aceptarse que las potestades de investigación se utilicen para intimidar a los funcionarios públicos. La firmeza y el conocimiento jurídico de Patricia Solano no disminuyen la obligación de las autoridades de respetar sus derechos.

Una democracia necesita investigaciones serias, preguntas rigurosas y funcionarios dispuestos a rendir cuentas. Pero también necesita representantes conscientes de que la autoridad no se demuestra mediante insinuaciones, especulaciones o cuestionamientos personales.

La potestad de investigar no coloca a los diputados por encima de la Constitución. Quien exige rendición de cuentas también debe responder por la forma en que ejerce el poder.

Investigar es una potestad constitucional. Atropellar no lo es.

Las caídas en las personas adultas mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico especialista en geriatría y gerontología

Doctor académico en ciencias y humanidades
Decano de la Facultad de Medicina de la UCR
Miembro Honorario ACANAMED

Las caídas son de los accidentes más frecuentes y se presentan por condiciones médicas y también por la existencia de múltiples barreras arquitectónicas en el domicilio y en nuestras comunidades, donde abundan por la falta de previsión al planificarlas.

Las caídas muchas veces producen fracturas óseas, las cuales deben ser corregidas con intervenciones quirúrgicas.

Por lo general, estos accidentes dejan secuelas como las pérdidas de confianza y de independencia. Por tanto, deben tomarse las medidas necesarias para evitar sufrir una caída.

En ese sentido, se debe mencionar que la actividad física es vital para mantener una adecuada capacidad para caminar, aspecto fundamental para mantener la independencia y una buena calidad de vida. Esas capacidades contribuyen a nuestra autonomía y estimulan nuestra capacidad de juicio y toma de decisiones para elegir lo que deseamos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la caída como «la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a un paciente al suelo en contra de su voluntad”.

Una caída puede ser la primera sospecha de una enfermedad no detectada y la manifestación de fragilidad en el adulto mayor, además de un presagio de muerte.

Las personas mayores que tienen mayor riesgo de caer son: las personas mayores de 75 años, las personas con mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, por ejemplo: personas con dificultad para levantarse de una silla, los que consumen más de tres medicamentos al día (presión arterial, diabetes, psicofármacos), los que presentan alteraciones visuales y auditivas, las personas portadoras de enfermedades crónicas, osteoarticulares, neurológicas y musculares, aquellos que se exponen a barreras arquitectónicas y las personas con antecedentes previos de caídas (el 75 % podría sufrir una nueva caída en los siguientes seis meses).

Los factores ambientales en la prevención de las caídas son evitar los obstáculos que se encuentran dentro de la casa y fuera de ella también; por lo tanto, es fundamental que los adultos mayores y sus cuidadores los reconozcan y los controlen.

Dentro de la vivienda: Suelos: irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles y sin contraste de colores, en la iluminación las luces muy brillantes o insuficiente iluminación.

En las escaleras: iluminación inadecuada, ausencia de pasamanos, gradas irregulares, altas y sin descanso. En la cocina: muebles altos que requieren subirse en sillas o escaleras y suelos resbaladizos. En el baño: lavamanos muy bajos para la altura de la persona, ausencia de una barra en la ducha.

En el dormitorio: la cama muy alta o baja para la altura de la persona, cables sueltos, objetos en el suelo, muebles en desorden.

En los exteriores de la vivienda (calles, plazas, jardines): aceras estrechas, llenas de huecos, con desniveles y obstáculos, el pavimento defectuoso y/o mal conservado, también los charcos y regueros de agua.

La inadecuada distribución de los muebles. Es común observar muchos muebles en la sala o en los pasadizos, donde se vuelve difícil caminar para cualquier persona y mucho más para el adulto mayor.

Entre los factores predisponentes de las caídas están: las patologías neurológicas: enfermedad cardiovascular, hidrocefalia, normotensiva, mielopatías radiculopatías y polineuropatías.

En las patologías musculares: miopatías, polimialgia reumática y sarcopenia.

En las patologías osteoarticulares: cervicoartrosis, desviación de la columna (cifosis, escoliosis), artropatía de la cadera, rodilla y tobillo, inestabilidad articular, hallux valgus.

También hay otras condiciones como son la disminución de la visión, trastorno depresivo, hospitalización prolongada y malnutrición severa.

Existen también los factores precipitantes como son los cardiogénicos: trastornos del ritmo, infarto agudo al miocardio, embolismo pulmonar, valvulopatías (estenosis aórtica severa, miocardiopatías). Los factores vasculares: hipotensión ortostática, síndrome vasovagal, hipersensibilidad sinocarotídea, insuficiencia vertebrobasilar o carotídea. Los factores neurogénicos: enfermedad cerebrovascular, hematoma subdural, crisis convulsivas.

Los factores metabólicos: hipo o hiperkalemia, hipoglicemia, hipercalcemia. Los factores farmacológicos: neurolépticos, antidepresivos, benzodiacepinas, hipoglicemiantes, levodopa, antidepresivos y antiarrítmicos.

Se debe tomar en cuenta todo lo anterior y hacer mucha prevención para evitar las caídas y sus consecuencias.

Nota: El 1 de octubre se celebró el Día Nacional e Internacional de las Personas Adultas Mayores 2026.

Imágenes generadas con inteligencia artificial mediante Microsoft Designer, 2026

Defensoría solicita información sobre eventual revisión del beneficio tarifario en buses para personas adultas mayores

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) información precisa sobre los análisis que se estarían realizando en torno a la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores usuarias del transporte público colectivo.

La solicitud se realiza en el marco de las competencias de la Defensoría como órgano contralor de la actuación administrativa y de defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, particularmente ante la relevancia que tiene el transporte público para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de las personas adultas mayores.

La Defensoría tuvo conocimiento de diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en las que se señala que, según un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), la exoneración del pasaje para las personas adultas mayores podría ser objeto de revisión.

De acuerdo con dichas informaciones, el MOPT estaría analizando la sostenibilidad del beneficio y posibles fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, se ha informado que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ante esta información, la Defensoría considera necesario conocer con claridad si se está analizando únicamente la sostenibilidad y las fuentes de financiamiento del beneficio vigente o si también se estudia modificar las condiciones actualmente aplicables a las personas adultas mayores.

Por ello, solicitó al MOPT información sobre si existe o no algún estudio, análisis o valoración sobre la sostenibilidad o eventual modificación del beneficio y cuál es su estado; además, si se están considerando modificaciones a las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias actualmente establecidas.

También se consultó cuáles son los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados y cómo se están incorporando las obligaciones derivadas de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, si se ha valorado o no el posible impacto de una eventual modificación, especialmente en personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica, residentes en zonas rurales o que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales y si se contempla la participación o consulta de las organizaciones de personas adultas mayores y de las instituciones vinculadas con la protección de sus derechos, así como el cronograma previsto para concluir el análisis y eventualmente adoptar medidas.

La Defensoría solicitó, además, información a la ARESEP para conocer cuál ha sido su participación en los análisis que estaría realizando el MOPT y cuál sería su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, ante una eventual modificación de las condiciones del beneficio.

Asimismo, si ha realizado o tiene previsto realizar estudios sobre el impacto económico y tarifario de mantener, modificar o establecer mecanismos alternativos de financiamiento del beneficio, y se solicita remitir los estudios, informes o criterios técnicos correspondientes.

Hasta este miércoles 7 de octubre, solo ARESEP había respondido e indicó por medio de la Intendencia de Transporte que, no tenía conocimiento si el MOPT-CTP había realizado algún análisis en torno al beneficio tarifario de las personas adultas mayores en el servicio de autobús, de manera que no ha tenido participación en ese proceso, en caso de que se esté llevando a cabo.

Además, informó que en este momento la ARESEP es la contraparte técnica en nuestro país de la cooperación internacional que realiza el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que se procura asentar los primeros cimientos conducentes al diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público de Costa Rica que considera la situación de la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores y que, si bien las medidas asociadas a las fuentes necesarias para la sostenibilidad financiera de los servicios de transporte público requieren modificaciones legales y políticas públicas que corresponde gestionar al Poder Ejecutivo (MOPT-CTP), la ARESEP debe procurar la continuidad de los servicios públicos regulados, de manera que los resultados de esta cooperación internacional serán un insumo importante para esa discusión país.

Para la Defensoría, cualquier análisis sobre este beneficio debe contar con información técnica, financiera y jurídica suficiente, así como considerar los derechos de las personas adultas mayores y los posibles efectos que cualquier eventual modificación pudiera generar sobre su movilidad, autonomía y acceso efectivo a otros derechos y servicios.

La Defensoría enfatiza que su intervención tiene como propósito conocer y valorar la actuación de las instituciones competentes y verificar que los procesos de análisis y eventual toma de decisiones se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico y desde un enfoque de derechos humanos.

Envejecer con dignidad, autonomía y propósito: hacia una estrategia país ante la transición demográfica – (No jubilar a las personas de la vida). Parte II

Dra. María Luisa Castro Espeleta
Médica Cirujana
Especialista en Administración y Gerencia Hospitalaria
Escritora
Contacto: marialuisacastroespeleta@gmail.com
Cel. 8832 4900

No jubilar a las personas de la vida

Hay una pregunta que puede parecer sencilla durante una consulta médica:

—¿Qué hace usted durante el día? A veces la respuesta habla de trabajo, de la familia, de algún pasatiempo. Pero otras veces aparece un silencio, porque una persona puede haber dejado de trabajar, haber criado a sus hijos, haber enviudado, haber perdido algunas amistades y, poco a poco, haber dejado también de sentirse necesaria.

Ahí comienza una parte del envejecimiento de la que hablamos poco. Costa Rica se está convirtiendo en una sociedad más longeva. Pero prepararnos para vivir más no puede significar únicamente preparar más servicios de salud, más pensiones o más espacios de atención. También tenemos que preguntarnos: ¿Cómo queremos que vivan esos años adicionales?

La primera parte de esta propuesta plantea el desafío desde la perspectiva demográfica, económica y social. Esta segunda parte quiere mirar al ser humano que está detrás de esas cifras. Porque envejecer no debería significar desaparecer de la vida.

Cuidar no significa hacer todo por ellos

Cuando pensamos en una persona mayor que necesita ayuda, muchas veces nuestra primera reacción es hacer las cosas por ella. Le llevamos la comida. Le compramos lo que necesita. Le hacemos las diligencias. Le resolvemos los trámites. Le manejamos el teléfono. Le organizamos el día. Y, sin darnos cuenta, podemos terminar sustituyendo capacidades que todavía conserva.

Cuidar también significa preservar la autonomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea el envejecimiento saludable desde la capacidad funcional: aquello que permite a una persona satisfacer sus necesidades, tomar decisiones, movilizarse, mantener relaciones y participar en la sociedad. Esa capacidad depende tanto de las condiciones individuales como del entorno en el que vive (World Health Organization [WHO], 2015, 2025).

Por eso, quizá deberíamos hacernos una pregunta antes de ayudar: ¿Realmente necesita que lo hagamos por él o necesita que le facilitemos las condiciones para que pueda hacerlo? No hacer por nuestros adultos mayores aquello que todavía pueden hacer. Ayudarlos a seguir haciéndolo. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la manera de entender el cuidado.

La autonomía también se construye

Desde la medicina, envejecer bien no consiste simplemente en acumular años. Consiste en intentar conservar durante el mayor tiempo posible aquello que permite a una persona vivir su propia vida. Por eso, una consulta de salud de una persona mayor debería ir mucho más allá de preguntar por sus enfermedades.

¿Ve bien? ¿Escucha bien? ¿Tiene dolor? ¿Camina con seguridad? ¿Se ha caído? ¿Come adecuadamente? ¿Duerme bien? ¿Cuántos medicamentos toma y realmente necesita? ¿Cómo está su memoria y su estado de ánimo? ¿Con quién cuenta? ¿Qué hace durante el día?

La segunda edición de la guía ICOPE de la OMS propone una valoración centrada en la persona y rutas de atención que permiten detectar disminuciones de la capacidad intrínseca, necesidades de apoyo social y de cuidados, y elaborar planes personalizados (WHO, 2025). Esto obliga a cambiar una parte de nuestra mirada médica. No basta con tratar la enfermedad. También debemos tratar aquello que está haciendo que la persona deje de vivir como antes. Un problema de visión puede hacer que alguien deje de salir de casa. El dolor puede hacer que deje de caminar. Una pérdida auditiva puede hacer que deje de participar en conversaciones. Una caída puede generar miedo a volver a salir. Una carga excesiva de medicamentos puede complicar la vida cotidiana.

Y la soledad puede hacer que una persona deje de encontrar razones para participar. La medicina de la longevidad puede aportar nuevas herramientas para acompañar este proceso, siempre desde una perspectiva médica responsable, individualizada y basada en evidencia. Pero ninguna tecnología, medicamento o intervención sustituye lo esencial: conservar función, autonomía, vínculos y propósito.

La pregunta que puede cambiarlo todo

Hay otra pregunta que deberíamos hacer con mucha más frecuencia: ¿Qué sabe hacer usted? No solamente: ¿Qué necesita? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Quién lo cuida? Sino también: ¿Qué sabe hacer? Porque detrás de cada adulto mayor puede existir un conocimiento que no está escrito en ningún libro. Una mujer puede saber preparar una receta que nadie más conoce. Un agricultor puede reconocer señales del clima que aprendió observando durante décadas. Un carpintero puede enseñar un oficio. Una costurera puede enseñar a reparar una prenda. Un músico puede transmitir una canción. Un pescador puede contar cómo cambió la costa. Una persona que vivió toda su vida en una comunidad puede recordar historias que desaparecerán cuando ella ya no esté. La experiencia también es patrimonio. Y si no la recogemos, una parte de nuestra memoria colectiva puede desaparecer con cada generación.

¿Y si la experiencia pudiera convertirse en un legado?

Imaginemos a una abuela dictándole sus recetas a una computadora o a una herramienta de inteligencia artificial.

La tecnología puede ayudar a transcribir su voz, ordenar las recetas, organizar fotografías y convertirlas en un pequeño libro. Los nietos pueden tomar las fotografías. Un adolescente puede diseñar la portada. La abuela puede contar de dónde aprendió cada receta y en qué ocasión se preparaba. Y al final puede existir algo tan sencillo como:

“El libro de recetas de mi abuela”. La protagonista no sería la inteligencia artificial. La protagonista sería la abuela.

La tecnología solamente habría ayudado a que su conocimiento pudiera permanecer. Lo mismo podría hacerse con un agricultor que quiera dejar documentado su conocimiento sobre las prácticas tradicionales de su finca. Por ejemplo, podría registrar cuándo, según la tradición familiar, se sembraba, se cosechaba o se cortaba un árbol de acuerdo con determinadas fases lunares. Ese conocimiento puede documentarse y transmitirse sin presentarlo automáticamente como una verdad científica. Puede conservarse como conocimiento tradicional, estudiarse, compararse con evidencia científica y, sobre todo, evitar que se pierda.

Eso también es educación. Eso también es patrimonio

La escuela puede convertirse en un puente entre generaciones

¿Y si nuestros centros educativos fueran también lugares donde las generaciones se encontraran? Un adulto mayor podría ser invitado a una escuela para enseñar cocina, agricultura, costura, música, carpintería, historia local, artesanía o cualquier otro conocimiento que domine. No tendría que convertirse en profesor formal.

Podría simplemente convertirse en alguien que tiene algo que enseñar. Y la relación puede funcionar en ambas direcciones. El niño puede enseñar al adulto mayor a utilizar una computadora. El adolescente puede enseñarle a hacer una videollamada, utilizar una aplicación o explorar una herramienta de inteligencia artificial. Y el adulto mayor puede enseñarle al niño algo que quizá ninguna pantalla pueda transmitir.

Las iniciativas intergeneracionales pueden favorecer el contacto entre generaciones y formar parte de respuestas frente al edadismo y al aislamiento social (WHO, 2021, 2023a). Así dejamos de hablar de una generación que ayuda a otra y comenzamos a hablar de generaciones que se necesitan mutuamente.

Aprender a ponerse en los zapatos del otro

La educación para el envejecimiento también debería comenzar mucho antes de llegar a la vejez. Un niño que aprende desde pequeño a respetar a una persona mayor no necesita sentir lástima por ella. Necesita aprender a verla como una persona.

Con capacidades. Con limitaciones. Con historia. Con deseos. Con derecho a decidir. Con algo que aportar.

En algunos programas de formación sanitaria se utilizan simuladores de envejecimiento que restringen temporalmente movimientos, visión, audición o destreza manual para que los estudiantes experimenten algunas de las barreras funcionales que pueden aparecer con la edad.

La evidencia disponible sugiere que estas herramientas pueden favorecer determinados aspectos de la empatía y las actitudes hacia las personas mayores, aunque los resultados no son uniformes y los simuladores no reproducen de manera completa la experiencia real de envejecer (Gerhardy et al., 2022; Nelson et al., 2023).

Pero quizá el aprendizaje más importante ocurre después de quitarse el traje. Cuando el estudiante escucha a una persona mayor contar su propia historia. Porque ningún simulador puede sustituir la experiencia real de conversar con alguien. Ponerse en los zapatos del otro comienza por escucharlo.

No todos necesitan un hogar de larga estancia

Otro cambio de mirada es fundamental.

Envejecer no significa necesariamente ingresar a una institución. Hay personas que necesitarán cuidados permanentes y debemos garantizar que reciban atención digna, profesional y humana. Pero muchas otras no necesitan que alguien haga todo por ellas.

Necesitan un barrio que permita caminar. Una acera segura. Transporte accesible. Una consulta médica oportuna. Dolor tratado. Una buena evaluación de visión y audición.

Apoyo para utilizar la tecnología. Un lugar donde participar. Alguien con quien conversar.

Una actividad que esperar. Una razón para levantarse cada mañana.

La OMS señala que los entornos físicos y sociales pueden facilitar o limitar la capacidad funcional y la participación de las personas mayores. Su guía de programas nacionales de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores incluye vivienda, transporte, espacios públicos, servicios de salud y apoyo comunitario, comunicación, participación social, respeto e inclusión como ámbitos de acción (WHO, 2023b).

Por eso, una sociedad longeva no debería preguntarse únicamente: ¿Dónde vamos a cuidar a nuestros adultos mayores? También debería preguntarse: ¿Cómo hacemos para que puedan seguir viviendo dentro de su propia comunidad cuando sea posible y seguro?

La soledad también debería entrar en la historia clínica

Hay otra pregunta que debería formar parte de nuestra medicina cotidiana: ¿Con quién cuenta usted? No solamente: ¿Con quién vive?

Porque vivir acompañado no siempre significa sentirse acompañado. La OMS considera actualmente el aislamiento social y la soledad importantes determinantes sociales de la salud. La evidencia disponible los relaciona con efectos adversos sobre la salud física y mental, el bienestar y la calidad de vida, y reconoce intervenciones comunitarias y digitales como parte de las posibles respuestas (WHO, 2025b).

Y las respuestas no siempre requieren grandes presupuestos. Puede ser una llamada semanal. Una caminata. Un grupo de lectura. Un jardín comunitario. Una visita de estudiantes. Una actividad artística. Una persona de la comunidad que pregunte: “¿Cómo está?” Y, sobre todo, que tenga tiempo para escuchar la respuesta.

¿Y si cada comunidad construyera su propia red de longevidad?

No necesariamente necesitamos inventar una nueva institución. Podríamos conectar mejor las que ya existen.

El EBAIS.

La escuela.

La municipalidad.

Las asociaciones de desarrollo.

Las organizaciones comunitarias.

Las iglesias.

Los comercios.

Las familias.

Los jóvenes.

Los profesionales de salud.

Y, por supuesto, los propios adultos mayores.

Podríamos comenzar con algo pequeño

Diez adultos mayores.

Veinte estudiantes.

Una escuela.

Un profesional de salud.

Una actividad semanal.

Una caminata.

Una revisión básica de salud.

Una conversación.

Un taller de tecnología.

Una tarde para compartir historias.

Y al terminar, hacer una pregunta muy sencilla:

¿Qué aprendimos hoy unos de otros?

Eso puede parecer pequeño.

Pero las transformaciones sociales también pueden comenzar desde iniciativas locales, cuando las comunidades identifican sus propias necesidades y recursos. La OMS plantea que los programas de comunidades amigables con la edad pueden desarrollarse desde ámbitos nacionales y subnacionales, con participación significativa de las personas mayores (WHO, 2023b).

Japón y Europa: espejos, no moldes

Otros países llevan años enfrentando de manera intensa los cambios asociados al envejecimiento. Japón desarrolló el concepto de Community-based Integrated Care System, un sistema orientado a integrar atención sanitaria, cuidados, prevención, vivienda y apoyo cotidiano para facilitar que las personas mayores puedan continuar su vida en entornos conocidos, de acuerdo con sus necesidades (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, s. f.).

Europa, por su parte, ha desarrollado diferentes experiencias relacionadas con entornos amigables con la edad, participación social, accesibilidad, vivienda, transporte y relaciones entre generaciones. La OMS recoge experiencias europeas dentro de su marco internacional de comunidades amigables con la edad (WHO, 2018, 2023b).

No se trata de copiar ninguno de estos modelos.

Costa Rica tiene una historia, una cultura y una estructura comunitaria propias. Se trata de mirar qué están aprendiendo otros y preguntarnos qué podría tener sentido aquí. Quizá nuestra mayor fortaleza no sea construir una enorme estructura nueva. Quizá sea conectar mejor a las personas que ya tenemos.

Una sociedad que todavía necesite a sus mayores

Cuando hablamos de envejecimiento solemos pensar en pensiones, enfermedades, dependencia y costos.

Todo eso importa.

Pero hay otra conversación que necesitamos abrir. Queremos que nuestros adultos mayores reciban cuidados, sí. Pero también queremos que sigan participando en el cuidado de los demás. Que enseñen. Que aprendan. Que trabajen si desean y pueden hacerlo. Que creen. Que conversen. Que decidan. Que participen. Que sigan formando parte de la comunidad. No queremos adultos mayores ocupados solamente en recibir cuidados. Queremos adultos mayores participando en la vida de la comunidad. Y quizá ahí esté una de las claves de cómo Costa Rica puede enfrentar su transición demográfica.

No solamente construyendo un sistema para cuidar a quienes envejecen. Sino construyendo una sociedad donde envejecer no signifique dejar de pertenecer. Porque una persona puede jubilarse de un empleo. Puede dejar una profesión. Puede disminuir su ritmo. Puede necesitar ayuda. Pero no deberíamos jubilarla de la vida.

Quizá el verdadero éxito de una sociedad longeva no sea conseguir que más personas lleguen a los 90 o 100 años. Quizá sea conseguir que, cuando lleguen allí, todavía puedan decir: “Todavía tengo algo que dar”. Y que alguien pueda responderles: “Y nosotros todavía tenemos mucho que aprender de usted”. No jubilar a las personas de la vida. Ese podría ser uno de los mayores desafíos de la Costa Rica que está envejeciendo. Y también uno de sus mayores legados para las generaciones que vienen.

Referencias

Gerhardy, T. H., Schlomann, A., Wahl, H.-W., & Schmidt, L. I. (2022). Effects of age simulation suits on psychological and physical outcomes: A systematic review. European Journal of Ageing, 19, 953–976. https://doi.org/10.1007/s10433-022-00722-1

Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. (s. f.). Community-based integrated care system. Government of Japan. https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/establish_e.pdf

Nelson, E. E. C., Spence, A. D., & Gormley, G. J. (2023). Stepping into the shoes of older people: A scoping review of simulating ageing experiences for healthcare professional students. Age and Ageing, 52(12), Article afad235. https://doi.org/10.1093/ageing/afad235

World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042

World Health Organization. (2018). Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments. World Health Organization Regional Office for Europe. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289052746

World Health Organization. (2021). Global report on ageism. https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866

World Health Organization. (2023a). Connecting generations: Planning and implementing interventions for intergenerational contact. https://www.who.int/publications/i/item/9789240070264

World Health Organization. (2023b). National programmes for age-friendly cities and communities: A guide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240068698

World Health Organization. (2025a). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care (2nd ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240103726

World Health Organization. (2025b). Reducing social isolation and loneliness among older people. https://www.who.int/health-topics/ageing/reducing-social-isolation-and-loneliness-among-older-people

Envejecer con dignidad, autonomía y propósito: hacia una estrategia país ante la transición demográfica. Parte I

BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen Ejecutivo

Costa Rica atraviesa una transformación demográfica sin precedentes: el acelerado envejecimiento de su población. Este fenómeno, lejos de ser una crisis inevitable, representa el éxito de las políticas de salud pública del siglo XX. Sin embargo, plantea desafíos urgentes en materia fiscal, de pensiones, infraestructura urbana y sistemas de cuidados. El presente artículo analiza la heterogeneidad territorial y de género de este proceso en el país y propone el Plan Costa Rica 2030–2050, un marco operativo de siete pilares diseñado para transformar la longevidad en un activo macroeconómico y social a través de la autonomía, la economía plateada y la solidaridad intergeneracional.

Introducción: El nuevo panorama demográfico costarricense

Costa Rica está envejeciendo. No se trata de una posibilidad futura ni de un fenómeno exclusivo de los países desarrollados. Es una transformación demográfica que ya está modificando la estructura de nuestra sociedad y que durante las próximas décadas tendrá consecuencias profundas sobre las pensiones, la salud, el empleo, la vivienda, el transporte, las finanzas públicas, los sistemas de cuidados y la propia organización de nuestras ciudades.

La velocidad de la transición demográfica en Costa Rica obliga a abandonar la inercia reactiva. El país ha dejado atrás de forma definitiva la estructura piramidal joven que caracterizó su desarrollo durante el siglo XX. Una amplia población infantil y juvenil alimentaba progresivamente el mercado laboral y sostenía una relación favorable entre la población económicamente activa y la población dependiente; sin embargo, ese escenario ha cambiado.

  • Inversión de la pirámide: La población de 65 años y más pasó de representar aproximadamente el 6% en 2005 al 11,7% en 2025. Según las proyecciones actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este grupo alcanzará aproximadamente una cuarta parte de la población (24,9%) para el año 2050.

  • La velocidad del cambio: En menos de una generación, la relación de dependencia se transformará drásticamente, pasando de una persona mayor por cada nueve habitantes a una por cada cuatro.

  • Los motores del fenómeno: Este cambio estructural responde a una dinámica de doble tracción: un aumento sostenido en la esperanza de vida en combinación con una tasa global de fecundidad que se ubica en un umbral de ultra baja natalidad de 1,23 hijos por mujer. Vivimos más y nacen menos niños, lo que significa que el país deberá prepararse para una sociedad con relativamente menos trabajadores jóvenes y una población mayor considerablemente más numerosa. No prepararnos para esta transformación significaría trasladar el costo de la improvisación a las próximas generaciones.

La verdadera pregunta que debemos hacernos ya no puede limitarse a cuánto costará mantener a una población cada vez mayor. La pregunta de fondo es: ¿Cómo construimos una Costa Rica en la que las personas puedan vivir más años con autonomía, ingresos, salud, propósito y participación económica y social?

Este escenario macroeconómico exige sustituir la narrativa tradicional —que define el envejecimiento como una carga financiera pasiva— por una perspectiva de economía plateada (Silver Economy), donde la población mayor se integra como un agente activo de consumo, inversión, mentoría y producción. El envejecimiento representa una transformación económica, una oportunidad para innovar y una posibilidad real de aprovechar el conocimiento, la experiencia y la capacidad productiva de millones de personas.

Asimetrías del envejecimiento: Género y territorio

El proceso de envejecimiento no impacta al país de manera uniforme. Su análisis requiere una lectura interseccional que contemple las brechas de género y las profundas disparidades geográficas. Envejecer es un logro de la sociedad, pero el verdadero problema aparece cuando la longevidad se acompaña de pobreza, enfermedad, dependencia, aislamiento o pérdida de autonomía. Por eso debemos abandonar una visión homogénea de “los adultos mayores”: una persona de 65 años puede encontrarse trabajando, emprendiendo, enseñando, viajando o cuidando a otras personas, mientras que otra de la misma edad cronológica puede necesitar asistencia permanente bajo realidades sociales completamente diferentes.

La feminización de la vejez

La longevidad en Costa Rica tiene un rostro predominantemente femenino debido a la brecha en la esperanza de vida: 83,38 años para las mujeres frente a 78,45 años para los hombres. Esta ventaja biológica contrasta con una severa vulnerabilidad socioeconómica estructural:

  • Brecha de ingresos: Cerca del 60% de las personas mayores de 65 años que carecen de una pensión contributiva son mujeres.

  • La barrera del cuido: Históricamente, las mujeres han asumido de forma exclusiva y no remunerada las labores domésticas y de asistencia familiar. Esto interrumpió sistemáticamente sus trayectorias formales de cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), condenándolas a una mayor dependencia económica en la vejez.

Heterogeneidad territorial y puntos críticos

El Índice de Envejecimiento (personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años) devela realidades territoriales disímiles que impiden la aplicación de políticas públicas homogéneas:

Región / Zona

Dinámica Demográfica

Desafíos Estructurales

Gran Área Metropolitana (GAM)

Concentra el mayor volumen absoluto de adultos mayores. Distritos históricos como Carmen, Hospital, Merced y Mata Redonda viven un vaciamiento de población joven. En San Pedro de Montes de Oca, el índice pasó de 29,3% (año 2000) a 121,5% (2025).

Saturación de servicios de proximidad y necesidad de reconversión de infraestructura urbana residencial.

Zona de Los Santos (Dota)

Presenta de forma persistente una de las mayores proporciones de adultos mayores del país.

Migración sistemática de las generaciones jóvenes hacia el Valle Central o el extranjero por falta de oportunidades laborales, aislando a la población envejecida.

Península de Nicoya (Zona Azul)

Alta densidad de población octogenaria y centenaria de longevidad excepcional.

Entorno rural disperso que dificulta el acceso oportuno a servicios de salud especializados y transporte adaptado.

Zonas Fronterizas (Coto Brus / San Vito)

Combinación de contracción severa de natalidad y retención de poblaciones envejecidas.

Necesidad crítica de estrategias de arraigo, conectividad y asistencia social básica.

Cambio de paradigma: De la supervivencia a la autonomía de vida

Prolongar la vida biológica sin asegurar la calidad de la misma es un triunfo estéril. El objetivo de la política pública debe trasladarse hacia el indicador de años de vida saludable y autónoma, no simplemente prolongar la supervivencia. La pregunta que debería guiar las métricas del éxito país es: ¿Cuántos años adicionales de autonomía puede ofrecer Costa Rica a una persona que llega a los 65 años? Ese indicador es tan crucial como la propia esperanza de vida.

Para ello, el sistema de salud debe migrar de un enfoque puramente reactivo-médico a uno preventivo e integral, fundamentado en:

  • Prevención activa: Diagnóstico temprano de patologías crónico-degenerativas desde el nivel de atención primaria.

  • Salud mental y cognitiva: Programas comunitarios estandarizados de estimulación cognitiva y contención psicológica para combatir la depresión y el aislamiento.

  • Condición física adaptada: Implementación de redes cantonales de reacondicionamiento físico y nutrición guiada.

Propuesta operativa: Plan Costa Rica 2030–2050

Para articular los esfuerzos interinstitucionales de forma vinculante, se propone la creación de una estrategia de Estado estructurada en siete pilares de ejecución:

Pilar 1. Ingreso digno y sostenibilidad financiera

  • Objetivo: Garantizar seguridad económica, suficiencia para vivir con dignidad y mitigar el impacto de la informalidad laboral (que ronda el 40% de la población activa) sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

  • Acciones: Introducir educación financiera formal en la enseñanza secundaria; diseñar incentivos fiscales para el ahorro voluntario temprano en planes complementarios; incorporar nuevas formas de ahorro y flexibilizar legalmente el retiro a través de jornadas paulatinas que permitan prolongar voluntariamente la vida laboral sin penalizar la cuantía de la jubilación.

Pilar 2. Salud preventiva y envejecimiento activo

  • Objetivo: Descentralizar la atención de la CCSS, optimizar la capacidad funcional de los ciudadanos e invertir fuertemente en prevención, actividad física, alimentación y salud mental.

  • Acciones: Reorientar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) hacia la medicina de la longevidad, priorizando la detección temprana de la fragilidad física y el deterioro cognitivo, adaptando de forma integral los servicios sanitarios.

Pilar 3. Estructuración del Sistema Nacional de Cuidados

  • Objetivo: Formalizar la economía del cuidado para aliviar la carga histórica no remunerada de las mujeres, que tradicionalmente ha descansado sobre las familias, y generar a su vez un nuevo sector económico generador de empleo técnico profesional calificado.

  • Acciones: Crear una red de financiamiento mixto (público-privado) que integre de forma sistémica: atención domiciliaria profesionalizada, centros diurnos cantonales, programas de respiro familiar, servicios comunitarios y redes de apoyo a cuidadores familiares. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) operará como el ente rector de la certificación y capacitación técnica de cuidadores, apoyado por herramientas de telemedicina y tecnología de monitoreo clínico remoto.

Pilar 4. Mercado laboral flexible y empleo 50+

  • Objetivo: Capitalizar la experiencia acumulada durante 30, 40 o 50 años de vida profesional como un activo macroeconómico estratégico, erradicando el error frecuente de asumir que cumplir 65 años significa dejar de producir.

  • Acciones: Modernizar el marco normativo laboral para incentivar la retención y contratación de profesionales seniors bajo modelos flexibles adecuados para quienes desean continuar aportando: jornadas parciales, consultorías por proyectos, mentorías corporativas, docencia, emprendimiento, teletrabajo y esquemas de transmisión planificada de conocimiento hacia las generaciones de relevo.

Pilar 5. Hábitat sustentable y ciudades amigables con la edad

  • Objetivo: Garantizar la autonomía territorial, evitar el confinamiento forzado y el aislamiento del adulto mayor provocado por aceras deterioradas, cruces peligrosos, escasez de espacios de descanso o viviendas alejadas de los servicios básicos.

  • Acciones: Vincular de forma obligatoria al MIVAH, MOPT, IFAM y los 84 gobiernos locales en la planificación urbana estructurada bajo la premisa de: aceras accesibles + transporte público adecuado + vivienda adaptable + seguridad + espacios públicos + servicios de proximidad. Las intervenciones prioritarias contemplan aceras con accesibilidad universal, transporte público intermodal adaptado, señalización de alto contraste y complejos habitacionales accesibles o de co-housing.

Pilar 6. Inclusión tecnológica, ciudadanía digital y propósito

  • Objetivo: Eliminar la brecha digital que precariza el acceso a servicios esenciales y capitalizar la revolución tecnológica (inteligencia artificial, telemedicina, dispositivos de monitoreo) para ampliar la autonomía de las personas mayores de forma inclusiva.

  • Acciones: Ejecutar la Política Nacional de Alfabetización Tecnológica para el Adulto Mayor como parte de la nueva ciudadanía. El enfoque consiste en capacitar de manera práctica en el uso de teléfonos inteligentes, plataformas de salud virtual (EDUS), banca electrónica simplificada, sistemas de emergencia y herramientas de educación permanente.

  • Combate a la soledad: Capturar y mitigar la dimensión de la soledad y el aislamiento que provocan la jubilación, la viudez o la reducción de redes sociales, promoviendo de forma paralela la participación comunitaria, el voluntariado, el deporte, las actividades culturales y las redes de acompañamiento para asegurar que sigan teniendo un lugar activo en la sociedad.

Pilar 7. Pacto de solidaridad e integración intergeneracional

  • Objetivo: Neutralizar el edadismo (discriminación por edad), evitar la fragmentación social y recordar que el envejecimiento no debe convertirse en una confrontación entre jóvenes y adultos mayores, pues los jóvenes de hoy serán los adultos mayores de mañana.

  • Acciones: Promover programas cívicos, culturales, educativos y de voluntariado cantonal que conecten a jóvenes y adultos mayores en proyectos productivos, comunitarios y de transmisión de conocimiento mutuo, consolidando una visión unificada, inclusiva e inteligente del futuro del país.

El potencial de la Economía Plateada

Los adultos mayores no son únicamente beneficiarios pasivos de políticas públicas; son consumidores, profesionales, inversionistas, emprendedores y generadores de demanda. La denominada economía plateada puede abrir nuevos mercados y dinamizar la innovación empresarial en Costa Rica mediante servicios y productos diseñados específicamente para esta población en sectores como:

  • Salud y nutrición especializada.

  • Turismo y recreación adaptada.

  • Vivienda adaptable y soluciones urbanas.

  • Transporte y servicios financieros a la medida.

  • Tecnología accesible y educación permanente.

Esta transformación se traduce en nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas oportunidades de inversión, transformando la longevidad en un motor de desarrollo.

Conclusión: Una decisión histórica

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada institucional. Puede optar por mantener un enfoque reactivo que esperará a que el envejecimiento sature la infraestructura hospitalaria, desestabilice los fondos de pensión, presione las finanzas públicas y profundice las desigualdades sociales de las familias que asumen el cuido de forma aislada. O puede, por el contrario, decidir anticiparse.

El envejecimiento poblacional no es el anuncio de una crisis ni una amenaza inevitable; es el resultado elocuente y exitoso del desarrollo humano, la reducción de la mortalidad y la salud pública alcanzada por la sociedad costarricense durante el siglo pasado. El siguiente paso histórico es asegurar que vivir más años signifique vivir con plena dignidad, independencia, seguridad económica, salud y propósito.

La verdadera pregunta para la Costa Rica del siglo XXI no es cuánto costará una población que envejece; es cuánto podemos ganar como sociedad si conseguimos que esa población siga viviendo, produciendo, aprendiendo, enseñando, emprendiendo y participando activamente. Envejecer no debería significar dejar de pertenecer al futuro.

El Plan Costa Rica 2030–2050 permitirá transitar hacia una nueva sociedad: una sociedad más longeva, pero también más inteligente, inclusiva y profundamente solidaria entre generaciones.

Invitación a «Encuentro intergeneracional de escritores Adultos Mayores»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, Programa Integral del Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica, la Asociación de Médicos Jubilados y el Programa de la Persona Adulta Mayor de la Universidad Estatal a Distanciase complacen en invitarle al Encuentro intergeneracional de escritores Adultos Mayores.

Esta actividad se realiza en conmemoración del Día de la Persona Adulta Mayor 

La actividad, se celebrará en la Benemérita Biblioteca Nacional el jueves 8 de octubre a las 10:00 a.m.  y será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Violencia patrimonial contra personas adultas mayores requiere mayor respuesta institucional, advierte la Defensoría

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.

Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.

Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.

Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.

Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.

A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.

También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Respeto para las personas adultas mayores

15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.