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Etiqueta: personas adultas mayores

Defensoría solicita información sobre eventual revisión del beneficio tarifario en buses para personas adultas mayores

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) información precisa sobre los análisis que se estarían realizando en torno a la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores usuarias del transporte público colectivo.

La solicitud se realiza en el marco de las competencias de la Defensoría como órgano contralor de la actuación administrativa y de defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, particularmente ante la relevancia que tiene el transporte público para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de las personas adultas mayores.

La Defensoría tuvo conocimiento de diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en las que se señala que, según un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), la exoneración del pasaje para las personas adultas mayores podría ser objeto de revisión.

De acuerdo con dichas informaciones, el MOPT estaría analizando la sostenibilidad del beneficio y posibles fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, se ha informado que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ante esta información, la Defensoría considera necesario conocer con claridad si se está analizando únicamente la sostenibilidad y las fuentes de financiamiento del beneficio vigente o si también se estudia modificar las condiciones actualmente aplicables a las personas adultas mayores.

Por ello, solicitó al MOPT información sobre si existe o no algún estudio, análisis o valoración sobre la sostenibilidad o eventual modificación del beneficio y cuál es su estado; además, si se están considerando modificaciones a las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias actualmente establecidas.

También se consultó cuáles son los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados y cómo se están incorporando las obligaciones derivadas de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, si se ha valorado o no el posible impacto de una eventual modificación, especialmente en personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica, residentes en zonas rurales o que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales y si se contempla la participación o consulta de las organizaciones de personas adultas mayores y de las instituciones vinculadas con la protección de sus derechos, así como el cronograma previsto para concluir el análisis y eventualmente adoptar medidas.

La Defensoría solicitó, además, información a la ARESEP para conocer cuál ha sido su participación en los análisis que estaría realizando el MOPT y cuál sería su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, ante una eventual modificación de las condiciones del beneficio.

Asimismo, si ha realizado o tiene previsto realizar estudios sobre el impacto económico y tarifario de mantener, modificar o establecer mecanismos alternativos de financiamiento del beneficio, y se solicita remitir los estudios, informes o criterios técnicos correspondientes.

Hasta este miércoles 7 de octubre, solo ARESEP había respondido e indicó por medio de la Intendencia de Transporte que, no tenía conocimiento si el MOPT-CTP había realizado algún análisis en torno al beneficio tarifario de las personas adultas mayores en el servicio de autobús, de manera que no ha tenido participación en ese proceso, en caso de que se esté llevando a cabo.

Además, informó que en este momento la ARESEP es la contraparte técnica en nuestro país de la cooperación internacional que realiza el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que se procura asentar los primeros cimientos conducentes al diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público de Costa Rica que considera la situación de la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores y que, si bien las medidas asociadas a las fuentes necesarias para la sostenibilidad financiera de los servicios de transporte público requieren modificaciones legales y políticas públicas que corresponde gestionar al Poder Ejecutivo (MOPT-CTP), la ARESEP debe procurar la continuidad de los servicios públicos regulados, de manera que los resultados de esta cooperación internacional serán un insumo importante para esa discusión país.

Para la Defensoría, cualquier análisis sobre este beneficio debe contar con información técnica, financiera y jurídica suficiente, así como considerar los derechos de las personas adultas mayores y los posibles efectos que cualquier eventual modificación pudiera generar sobre su movilidad, autonomía y acceso efectivo a otros derechos y servicios.

La Defensoría enfatiza que su intervención tiene como propósito conocer y valorar la actuación de las instituciones competentes y verificar que los procesos de análisis y eventual toma de decisiones se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico y desde un enfoque de derechos humanos.

Envejecer con dignidad, autonomía y propósito: hacia una estrategia país ante la transición demográfica – (No jubilar a las personas de la vida). Parte II

Dra. María Luisa Castro Espeleta
Médica Cirujana
Especialista en Administración y Gerencia Hospitalaria
Escritora
Contacto: marialuisacastroespeleta@gmail.com
Cel. 8832 4900

No jubilar a las personas de la vida

Hay una pregunta que puede parecer sencilla durante una consulta médica:

—¿Qué hace usted durante el día? A veces la respuesta habla de trabajo, de la familia, de algún pasatiempo. Pero otras veces aparece un silencio, porque una persona puede haber dejado de trabajar, haber criado a sus hijos, haber enviudado, haber perdido algunas amistades y, poco a poco, haber dejado también de sentirse necesaria.

Ahí comienza una parte del envejecimiento de la que hablamos poco. Costa Rica se está convirtiendo en una sociedad más longeva. Pero prepararnos para vivir más no puede significar únicamente preparar más servicios de salud, más pensiones o más espacios de atención. También tenemos que preguntarnos: ¿Cómo queremos que vivan esos años adicionales?

La primera parte de esta propuesta plantea el desafío desde la perspectiva demográfica, económica y social. Esta segunda parte quiere mirar al ser humano que está detrás de esas cifras. Porque envejecer no debería significar desaparecer de la vida.

Cuidar no significa hacer todo por ellos

Cuando pensamos en una persona mayor que necesita ayuda, muchas veces nuestra primera reacción es hacer las cosas por ella. Le llevamos la comida. Le compramos lo que necesita. Le hacemos las diligencias. Le resolvemos los trámites. Le manejamos el teléfono. Le organizamos el día. Y, sin darnos cuenta, podemos terminar sustituyendo capacidades que todavía conserva.

Cuidar también significa preservar la autonomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea el envejecimiento saludable desde la capacidad funcional: aquello que permite a una persona satisfacer sus necesidades, tomar decisiones, movilizarse, mantener relaciones y participar en la sociedad. Esa capacidad depende tanto de las condiciones individuales como del entorno en el que vive (World Health Organization [WHO], 2015, 2025).

Por eso, quizá deberíamos hacernos una pregunta antes de ayudar: ¿Realmente necesita que lo hagamos por él o necesita que le facilitemos las condiciones para que pueda hacerlo? No hacer por nuestros adultos mayores aquello que todavía pueden hacer. Ayudarlos a seguir haciéndolo. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la manera de entender el cuidado.

La autonomía también se construye

Desde la medicina, envejecer bien no consiste simplemente en acumular años. Consiste en intentar conservar durante el mayor tiempo posible aquello que permite a una persona vivir su propia vida. Por eso, una consulta de salud de una persona mayor debería ir mucho más allá de preguntar por sus enfermedades.

¿Ve bien? ¿Escucha bien? ¿Tiene dolor? ¿Camina con seguridad? ¿Se ha caído? ¿Come adecuadamente? ¿Duerme bien? ¿Cuántos medicamentos toma y realmente necesita? ¿Cómo está su memoria y su estado de ánimo? ¿Con quién cuenta? ¿Qué hace durante el día?

La segunda edición de la guía ICOPE de la OMS propone una valoración centrada en la persona y rutas de atención que permiten detectar disminuciones de la capacidad intrínseca, necesidades de apoyo social y de cuidados, y elaborar planes personalizados (WHO, 2025). Esto obliga a cambiar una parte de nuestra mirada médica. No basta con tratar la enfermedad. También debemos tratar aquello que está haciendo que la persona deje de vivir como antes. Un problema de visión puede hacer que alguien deje de salir de casa. El dolor puede hacer que deje de caminar. Una pérdida auditiva puede hacer que deje de participar en conversaciones. Una caída puede generar miedo a volver a salir. Una carga excesiva de medicamentos puede complicar la vida cotidiana.

Y la soledad puede hacer que una persona deje de encontrar razones para participar. La medicina de la longevidad puede aportar nuevas herramientas para acompañar este proceso, siempre desde una perspectiva médica responsable, individualizada y basada en evidencia. Pero ninguna tecnología, medicamento o intervención sustituye lo esencial: conservar función, autonomía, vínculos y propósito.

La pregunta que puede cambiarlo todo

Hay otra pregunta que deberíamos hacer con mucha más frecuencia: ¿Qué sabe hacer usted? No solamente: ¿Qué necesita? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Quién lo cuida? Sino también: ¿Qué sabe hacer? Porque detrás de cada adulto mayor puede existir un conocimiento que no está escrito en ningún libro. Una mujer puede saber preparar una receta que nadie más conoce. Un agricultor puede reconocer señales del clima que aprendió observando durante décadas. Un carpintero puede enseñar un oficio. Una costurera puede enseñar a reparar una prenda. Un músico puede transmitir una canción. Un pescador puede contar cómo cambió la costa. Una persona que vivió toda su vida en una comunidad puede recordar historias que desaparecerán cuando ella ya no esté. La experiencia también es patrimonio. Y si no la recogemos, una parte de nuestra memoria colectiva puede desaparecer con cada generación.

¿Y si la experiencia pudiera convertirse en un legado?

Imaginemos a una abuela dictándole sus recetas a una computadora o a una herramienta de inteligencia artificial.

La tecnología puede ayudar a transcribir su voz, ordenar las recetas, organizar fotografías y convertirlas en un pequeño libro. Los nietos pueden tomar las fotografías. Un adolescente puede diseñar la portada. La abuela puede contar de dónde aprendió cada receta y en qué ocasión se preparaba. Y al final puede existir algo tan sencillo como:

“El libro de recetas de mi abuela”. La protagonista no sería la inteligencia artificial. La protagonista sería la abuela.

La tecnología solamente habría ayudado a que su conocimiento pudiera permanecer. Lo mismo podría hacerse con un agricultor que quiera dejar documentado su conocimiento sobre las prácticas tradicionales de su finca. Por ejemplo, podría registrar cuándo, según la tradición familiar, se sembraba, se cosechaba o se cortaba un árbol de acuerdo con determinadas fases lunares. Ese conocimiento puede documentarse y transmitirse sin presentarlo automáticamente como una verdad científica. Puede conservarse como conocimiento tradicional, estudiarse, compararse con evidencia científica y, sobre todo, evitar que se pierda.

Eso también es educación. Eso también es patrimonio

La escuela puede convertirse en un puente entre generaciones

¿Y si nuestros centros educativos fueran también lugares donde las generaciones se encontraran? Un adulto mayor podría ser invitado a una escuela para enseñar cocina, agricultura, costura, música, carpintería, historia local, artesanía o cualquier otro conocimiento que domine. No tendría que convertirse en profesor formal.

Podría simplemente convertirse en alguien que tiene algo que enseñar. Y la relación puede funcionar en ambas direcciones. El niño puede enseñar al adulto mayor a utilizar una computadora. El adolescente puede enseñarle a hacer una videollamada, utilizar una aplicación o explorar una herramienta de inteligencia artificial. Y el adulto mayor puede enseñarle al niño algo que quizá ninguna pantalla pueda transmitir.

Las iniciativas intergeneracionales pueden favorecer el contacto entre generaciones y formar parte de respuestas frente al edadismo y al aislamiento social (WHO, 2021, 2023a). Así dejamos de hablar de una generación que ayuda a otra y comenzamos a hablar de generaciones que se necesitan mutuamente.

Aprender a ponerse en los zapatos del otro

La educación para el envejecimiento también debería comenzar mucho antes de llegar a la vejez. Un niño que aprende desde pequeño a respetar a una persona mayor no necesita sentir lástima por ella. Necesita aprender a verla como una persona.

Con capacidades. Con limitaciones. Con historia. Con deseos. Con derecho a decidir. Con algo que aportar.

En algunos programas de formación sanitaria se utilizan simuladores de envejecimiento que restringen temporalmente movimientos, visión, audición o destreza manual para que los estudiantes experimenten algunas de las barreras funcionales que pueden aparecer con la edad.

La evidencia disponible sugiere que estas herramientas pueden favorecer determinados aspectos de la empatía y las actitudes hacia las personas mayores, aunque los resultados no son uniformes y los simuladores no reproducen de manera completa la experiencia real de envejecer (Gerhardy et al., 2022; Nelson et al., 2023).

Pero quizá el aprendizaje más importante ocurre después de quitarse el traje. Cuando el estudiante escucha a una persona mayor contar su propia historia. Porque ningún simulador puede sustituir la experiencia real de conversar con alguien. Ponerse en los zapatos del otro comienza por escucharlo.

No todos necesitan un hogar de larga estancia

Otro cambio de mirada es fundamental.

Envejecer no significa necesariamente ingresar a una institución. Hay personas que necesitarán cuidados permanentes y debemos garantizar que reciban atención digna, profesional y humana. Pero muchas otras no necesitan que alguien haga todo por ellas.

Necesitan un barrio que permita caminar. Una acera segura. Transporte accesible. Una consulta médica oportuna. Dolor tratado. Una buena evaluación de visión y audición.

Apoyo para utilizar la tecnología. Un lugar donde participar. Alguien con quien conversar.

Una actividad que esperar. Una razón para levantarse cada mañana.

La OMS señala que los entornos físicos y sociales pueden facilitar o limitar la capacidad funcional y la participación de las personas mayores. Su guía de programas nacionales de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores incluye vivienda, transporte, espacios públicos, servicios de salud y apoyo comunitario, comunicación, participación social, respeto e inclusión como ámbitos de acción (WHO, 2023b).

Por eso, una sociedad longeva no debería preguntarse únicamente: ¿Dónde vamos a cuidar a nuestros adultos mayores? También debería preguntarse: ¿Cómo hacemos para que puedan seguir viviendo dentro de su propia comunidad cuando sea posible y seguro?

La soledad también debería entrar en la historia clínica

Hay otra pregunta que debería formar parte de nuestra medicina cotidiana: ¿Con quién cuenta usted? No solamente: ¿Con quién vive?

Porque vivir acompañado no siempre significa sentirse acompañado. La OMS considera actualmente el aislamiento social y la soledad importantes determinantes sociales de la salud. La evidencia disponible los relaciona con efectos adversos sobre la salud física y mental, el bienestar y la calidad de vida, y reconoce intervenciones comunitarias y digitales como parte de las posibles respuestas (WHO, 2025b).

Y las respuestas no siempre requieren grandes presupuestos. Puede ser una llamada semanal. Una caminata. Un grupo de lectura. Un jardín comunitario. Una visita de estudiantes. Una actividad artística. Una persona de la comunidad que pregunte: “¿Cómo está?” Y, sobre todo, que tenga tiempo para escuchar la respuesta.

¿Y si cada comunidad construyera su propia red de longevidad?

No necesariamente necesitamos inventar una nueva institución. Podríamos conectar mejor las que ya existen.

El EBAIS.

La escuela.

La municipalidad.

Las asociaciones de desarrollo.

Las organizaciones comunitarias.

Las iglesias.

Los comercios.

Las familias.

Los jóvenes.

Los profesionales de salud.

Y, por supuesto, los propios adultos mayores.

Podríamos comenzar con algo pequeño

Diez adultos mayores.

Veinte estudiantes.

Una escuela.

Un profesional de salud.

Una actividad semanal.

Una caminata.

Una revisión básica de salud.

Una conversación.

Un taller de tecnología.

Una tarde para compartir historias.

Y al terminar, hacer una pregunta muy sencilla:

¿Qué aprendimos hoy unos de otros?

Eso puede parecer pequeño.

Pero las transformaciones sociales también pueden comenzar desde iniciativas locales, cuando las comunidades identifican sus propias necesidades y recursos. La OMS plantea que los programas de comunidades amigables con la edad pueden desarrollarse desde ámbitos nacionales y subnacionales, con participación significativa de las personas mayores (WHO, 2023b).

Japón y Europa: espejos, no moldes

Otros países llevan años enfrentando de manera intensa los cambios asociados al envejecimiento. Japón desarrolló el concepto de Community-based Integrated Care System, un sistema orientado a integrar atención sanitaria, cuidados, prevención, vivienda y apoyo cotidiano para facilitar que las personas mayores puedan continuar su vida en entornos conocidos, de acuerdo con sus necesidades (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, s. f.).

Europa, por su parte, ha desarrollado diferentes experiencias relacionadas con entornos amigables con la edad, participación social, accesibilidad, vivienda, transporte y relaciones entre generaciones. La OMS recoge experiencias europeas dentro de su marco internacional de comunidades amigables con la edad (WHO, 2018, 2023b).

No se trata de copiar ninguno de estos modelos.

Costa Rica tiene una historia, una cultura y una estructura comunitaria propias. Se trata de mirar qué están aprendiendo otros y preguntarnos qué podría tener sentido aquí. Quizá nuestra mayor fortaleza no sea construir una enorme estructura nueva. Quizá sea conectar mejor a las personas que ya tenemos.

Una sociedad que todavía necesite a sus mayores

Cuando hablamos de envejecimiento solemos pensar en pensiones, enfermedades, dependencia y costos.

Todo eso importa.

Pero hay otra conversación que necesitamos abrir. Queremos que nuestros adultos mayores reciban cuidados, sí. Pero también queremos que sigan participando en el cuidado de los demás. Que enseñen. Que aprendan. Que trabajen si desean y pueden hacerlo. Que creen. Que conversen. Que decidan. Que participen. Que sigan formando parte de la comunidad. No queremos adultos mayores ocupados solamente en recibir cuidados. Queremos adultos mayores participando en la vida de la comunidad. Y quizá ahí esté una de las claves de cómo Costa Rica puede enfrentar su transición demográfica.

No solamente construyendo un sistema para cuidar a quienes envejecen. Sino construyendo una sociedad donde envejecer no signifique dejar de pertenecer. Porque una persona puede jubilarse de un empleo. Puede dejar una profesión. Puede disminuir su ritmo. Puede necesitar ayuda. Pero no deberíamos jubilarla de la vida.

Quizá el verdadero éxito de una sociedad longeva no sea conseguir que más personas lleguen a los 90 o 100 años. Quizá sea conseguir que, cuando lleguen allí, todavía puedan decir: “Todavía tengo algo que dar”. Y que alguien pueda responderles: “Y nosotros todavía tenemos mucho que aprender de usted”. No jubilar a las personas de la vida. Ese podría ser uno de los mayores desafíos de la Costa Rica que está envejeciendo. Y también uno de sus mayores legados para las generaciones que vienen.

Referencias

Gerhardy, T. H., Schlomann, A., Wahl, H.-W., & Schmidt, L. I. (2022). Effects of age simulation suits on psychological and physical outcomes: A systematic review. European Journal of Ageing, 19, 953–976. https://doi.org/10.1007/s10433-022-00722-1

Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. (s. f.). Community-based integrated care system. Government of Japan. https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/establish_e.pdf

Nelson, E. E. C., Spence, A. D., & Gormley, G. J. (2023). Stepping into the shoes of older people: A scoping review of simulating ageing experiences for healthcare professional students. Age and Ageing, 52(12), Article afad235. https://doi.org/10.1093/ageing/afad235

World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042

World Health Organization. (2018). Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments. World Health Organization Regional Office for Europe. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289052746

World Health Organization. (2021). Global report on ageism. https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866

World Health Organization. (2023a). Connecting generations: Planning and implementing interventions for intergenerational contact. https://www.who.int/publications/i/item/9789240070264

World Health Organization. (2023b). National programmes for age-friendly cities and communities: A guide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240068698

World Health Organization. (2025a). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care (2nd ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240103726

World Health Organization. (2025b). Reducing social isolation and loneliness among older people. https://www.who.int/health-topics/ageing/reducing-social-isolation-and-loneliness-among-older-people

Envejecer con dignidad, autonomía y propósito: hacia una estrategia país ante la transición demográfica. Parte I

BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen Ejecutivo

Costa Rica atraviesa una transformación demográfica sin precedentes: el acelerado envejecimiento de su población. Este fenómeno, lejos de ser una crisis inevitable, representa el éxito de las políticas de salud pública del siglo XX. Sin embargo, plantea desafíos urgentes en materia fiscal, de pensiones, infraestructura urbana y sistemas de cuidados. El presente artículo analiza la heterogeneidad territorial y de género de este proceso en el país y propone el Plan Costa Rica 2030–2050, un marco operativo de siete pilares diseñado para transformar la longevidad en un activo macroeconómico y social a través de la autonomía, la economía plateada y la solidaridad intergeneracional.

Introducción: El nuevo panorama demográfico costarricense

Costa Rica está envejeciendo. No se trata de una posibilidad futura ni de un fenómeno exclusivo de los países desarrollados. Es una transformación demográfica que ya está modificando la estructura de nuestra sociedad y que durante las próximas décadas tendrá consecuencias profundas sobre las pensiones, la salud, el empleo, la vivienda, el transporte, las finanzas públicas, los sistemas de cuidados y la propia organización de nuestras ciudades.

La velocidad de la transición demográfica en Costa Rica obliga a abandonar la inercia reactiva. El país ha dejado atrás de forma definitiva la estructura piramidal joven que caracterizó su desarrollo durante el siglo XX. Una amplia población infantil y juvenil alimentaba progresivamente el mercado laboral y sostenía una relación favorable entre la población económicamente activa y la población dependiente; sin embargo, ese escenario ha cambiado.

  • Inversión de la pirámide: La población de 65 años y más pasó de representar aproximadamente el 6% en 2005 al 11,7% en 2025. Según las proyecciones actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este grupo alcanzará aproximadamente una cuarta parte de la población (24,9%) para el año 2050.

  • La velocidad del cambio: En menos de una generación, la relación de dependencia se transformará drásticamente, pasando de una persona mayor por cada nueve habitantes a una por cada cuatro.

  • Los motores del fenómeno: Este cambio estructural responde a una dinámica de doble tracción: un aumento sostenido en la esperanza de vida en combinación con una tasa global de fecundidad que se ubica en un umbral de ultra baja natalidad de 1,23 hijos por mujer. Vivimos más y nacen menos niños, lo que significa que el país deberá prepararse para una sociedad con relativamente menos trabajadores jóvenes y una población mayor considerablemente más numerosa. No prepararnos para esta transformación significaría trasladar el costo de la improvisación a las próximas generaciones.

La verdadera pregunta que debemos hacernos ya no puede limitarse a cuánto costará mantener a una población cada vez mayor. La pregunta de fondo es: ¿Cómo construimos una Costa Rica en la que las personas puedan vivir más años con autonomía, ingresos, salud, propósito y participación económica y social?

Este escenario macroeconómico exige sustituir la narrativa tradicional —que define el envejecimiento como una carga financiera pasiva— por una perspectiva de economía plateada (Silver Economy), donde la población mayor se integra como un agente activo de consumo, inversión, mentoría y producción. El envejecimiento representa una transformación económica, una oportunidad para innovar y una posibilidad real de aprovechar el conocimiento, la experiencia y la capacidad productiva de millones de personas.

Asimetrías del envejecimiento: Género y territorio

El proceso de envejecimiento no impacta al país de manera uniforme. Su análisis requiere una lectura interseccional que contemple las brechas de género y las profundas disparidades geográficas. Envejecer es un logro de la sociedad, pero el verdadero problema aparece cuando la longevidad se acompaña de pobreza, enfermedad, dependencia, aislamiento o pérdida de autonomía. Por eso debemos abandonar una visión homogénea de “los adultos mayores”: una persona de 65 años puede encontrarse trabajando, emprendiendo, enseñando, viajando o cuidando a otras personas, mientras que otra de la misma edad cronológica puede necesitar asistencia permanente bajo realidades sociales completamente diferentes.

La feminización de la vejez

La longevidad en Costa Rica tiene un rostro predominantemente femenino debido a la brecha en la esperanza de vida: 83,38 años para las mujeres frente a 78,45 años para los hombres. Esta ventaja biológica contrasta con una severa vulnerabilidad socioeconómica estructural:

  • Brecha de ingresos: Cerca del 60% de las personas mayores de 65 años que carecen de una pensión contributiva son mujeres.

  • La barrera del cuido: Históricamente, las mujeres han asumido de forma exclusiva y no remunerada las labores domésticas y de asistencia familiar. Esto interrumpió sistemáticamente sus trayectorias formales de cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), condenándolas a una mayor dependencia económica en la vejez.

Heterogeneidad territorial y puntos críticos

El Índice de Envejecimiento (personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años) devela realidades territoriales disímiles que impiden la aplicación de políticas públicas homogéneas:

Región / Zona

Dinámica Demográfica

Desafíos Estructurales

Gran Área Metropolitana (GAM)

Concentra el mayor volumen absoluto de adultos mayores. Distritos históricos como Carmen, Hospital, Merced y Mata Redonda viven un vaciamiento de población joven. En San Pedro de Montes de Oca, el índice pasó de 29,3% (año 2000) a 121,5% (2025).

Saturación de servicios de proximidad y necesidad de reconversión de infraestructura urbana residencial.

Zona de Los Santos (Dota)

Presenta de forma persistente una de las mayores proporciones de adultos mayores del país.

Migración sistemática de las generaciones jóvenes hacia el Valle Central o el extranjero por falta de oportunidades laborales, aislando a la población envejecida.

Península de Nicoya (Zona Azul)

Alta densidad de población octogenaria y centenaria de longevidad excepcional.

Entorno rural disperso que dificulta el acceso oportuno a servicios de salud especializados y transporte adaptado.

Zonas Fronterizas (Coto Brus / San Vito)

Combinación de contracción severa de natalidad y retención de poblaciones envejecidas.

Necesidad crítica de estrategias de arraigo, conectividad y asistencia social básica.

Cambio de paradigma: De la supervivencia a la autonomía de vida

Prolongar la vida biológica sin asegurar la calidad de la misma es un triunfo estéril. El objetivo de la política pública debe trasladarse hacia el indicador de años de vida saludable y autónoma, no simplemente prolongar la supervivencia. La pregunta que debería guiar las métricas del éxito país es: ¿Cuántos años adicionales de autonomía puede ofrecer Costa Rica a una persona que llega a los 65 años? Ese indicador es tan crucial como la propia esperanza de vida.

Para ello, el sistema de salud debe migrar de un enfoque puramente reactivo-médico a uno preventivo e integral, fundamentado en:

  • Prevención activa: Diagnóstico temprano de patologías crónico-degenerativas desde el nivel de atención primaria.

  • Salud mental y cognitiva: Programas comunitarios estandarizados de estimulación cognitiva y contención psicológica para combatir la depresión y el aislamiento.

  • Condición física adaptada: Implementación de redes cantonales de reacondicionamiento físico y nutrición guiada.

Propuesta operativa: Plan Costa Rica 2030–2050

Para articular los esfuerzos interinstitucionales de forma vinculante, se propone la creación de una estrategia de Estado estructurada en siete pilares de ejecución:

Pilar 1. Ingreso digno y sostenibilidad financiera

  • Objetivo: Garantizar seguridad económica, suficiencia para vivir con dignidad y mitigar el impacto de la informalidad laboral (que ronda el 40% de la población activa) sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

  • Acciones: Introducir educación financiera formal en la enseñanza secundaria; diseñar incentivos fiscales para el ahorro voluntario temprano en planes complementarios; incorporar nuevas formas de ahorro y flexibilizar legalmente el retiro a través de jornadas paulatinas que permitan prolongar voluntariamente la vida laboral sin penalizar la cuantía de la jubilación.

Pilar 2. Salud preventiva y envejecimiento activo

  • Objetivo: Descentralizar la atención de la CCSS, optimizar la capacidad funcional de los ciudadanos e invertir fuertemente en prevención, actividad física, alimentación y salud mental.

  • Acciones: Reorientar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) hacia la medicina de la longevidad, priorizando la detección temprana de la fragilidad física y el deterioro cognitivo, adaptando de forma integral los servicios sanitarios.

Pilar 3. Estructuración del Sistema Nacional de Cuidados

  • Objetivo: Formalizar la economía del cuidado para aliviar la carga histórica no remunerada de las mujeres, que tradicionalmente ha descansado sobre las familias, y generar a su vez un nuevo sector económico generador de empleo técnico profesional calificado.

  • Acciones: Crear una red de financiamiento mixto (público-privado) que integre de forma sistémica: atención domiciliaria profesionalizada, centros diurnos cantonales, programas de respiro familiar, servicios comunitarios y redes de apoyo a cuidadores familiares. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) operará como el ente rector de la certificación y capacitación técnica de cuidadores, apoyado por herramientas de telemedicina y tecnología de monitoreo clínico remoto.

Pilar 4. Mercado laboral flexible y empleo 50+

  • Objetivo: Capitalizar la experiencia acumulada durante 30, 40 o 50 años de vida profesional como un activo macroeconómico estratégico, erradicando el error frecuente de asumir que cumplir 65 años significa dejar de producir.

  • Acciones: Modernizar el marco normativo laboral para incentivar la retención y contratación de profesionales seniors bajo modelos flexibles adecuados para quienes desean continuar aportando: jornadas parciales, consultorías por proyectos, mentorías corporativas, docencia, emprendimiento, teletrabajo y esquemas de transmisión planificada de conocimiento hacia las generaciones de relevo.

Pilar 5. Hábitat sustentable y ciudades amigables con la edad

  • Objetivo: Garantizar la autonomía territorial, evitar el confinamiento forzado y el aislamiento del adulto mayor provocado por aceras deterioradas, cruces peligrosos, escasez de espacios de descanso o viviendas alejadas de los servicios básicos.

  • Acciones: Vincular de forma obligatoria al MIVAH, MOPT, IFAM y los 84 gobiernos locales en la planificación urbana estructurada bajo la premisa de: aceras accesibles + transporte público adecuado + vivienda adaptable + seguridad + espacios públicos + servicios de proximidad. Las intervenciones prioritarias contemplan aceras con accesibilidad universal, transporte público intermodal adaptado, señalización de alto contraste y complejos habitacionales accesibles o de co-housing.

Pilar 6. Inclusión tecnológica, ciudadanía digital y propósito

  • Objetivo: Eliminar la brecha digital que precariza el acceso a servicios esenciales y capitalizar la revolución tecnológica (inteligencia artificial, telemedicina, dispositivos de monitoreo) para ampliar la autonomía de las personas mayores de forma inclusiva.

  • Acciones: Ejecutar la Política Nacional de Alfabetización Tecnológica para el Adulto Mayor como parte de la nueva ciudadanía. El enfoque consiste en capacitar de manera práctica en el uso de teléfonos inteligentes, plataformas de salud virtual (EDUS), banca electrónica simplificada, sistemas de emergencia y herramientas de educación permanente.

  • Combate a la soledad: Capturar y mitigar la dimensión de la soledad y el aislamiento que provocan la jubilación, la viudez o la reducción de redes sociales, promoviendo de forma paralela la participación comunitaria, el voluntariado, el deporte, las actividades culturales y las redes de acompañamiento para asegurar que sigan teniendo un lugar activo en la sociedad.

Pilar 7. Pacto de solidaridad e integración intergeneracional

  • Objetivo: Neutralizar el edadismo (discriminación por edad), evitar la fragmentación social y recordar que el envejecimiento no debe convertirse en una confrontación entre jóvenes y adultos mayores, pues los jóvenes de hoy serán los adultos mayores de mañana.

  • Acciones: Promover programas cívicos, culturales, educativos y de voluntariado cantonal que conecten a jóvenes y adultos mayores en proyectos productivos, comunitarios y de transmisión de conocimiento mutuo, consolidando una visión unificada, inclusiva e inteligente del futuro del país.

El potencial de la Economía Plateada

Los adultos mayores no son únicamente beneficiarios pasivos de políticas públicas; son consumidores, profesionales, inversionistas, emprendedores y generadores de demanda. La denominada economía plateada puede abrir nuevos mercados y dinamizar la innovación empresarial en Costa Rica mediante servicios y productos diseñados específicamente para esta población en sectores como:

  • Salud y nutrición especializada.

  • Turismo y recreación adaptada.

  • Vivienda adaptable y soluciones urbanas.

  • Transporte y servicios financieros a la medida.

  • Tecnología accesible y educación permanente.

Esta transformación se traduce en nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas oportunidades de inversión, transformando la longevidad en un motor de desarrollo.

Conclusión: Una decisión histórica

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada institucional. Puede optar por mantener un enfoque reactivo que esperará a que el envejecimiento sature la infraestructura hospitalaria, desestabilice los fondos de pensión, presione las finanzas públicas y profundice las desigualdades sociales de las familias que asumen el cuido de forma aislada. O puede, por el contrario, decidir anticiparse.

El envejecimiento poblacional no es el anuncio de una crisis ni una amenaza inevitable; es el resultado elocuente y exitoso del desarrollo humano, la reducción de la mortalidad y la salud pública alcanzada por la sociedad costarricense durante el siglo pasado. El siguiente paso histórico es asegurar que vivir más años signifique vivir con plena dignidad, independencia, seguridad económica, salud y propósito.

La verdadera pregunta para la Costa Rica del siglo XXI no es cuánto costará una población que envejece; es cuánto podemos ganar como sociedad si conseguimos que esa población siga viviendo, produciendo, aprendiendo, enseñando, emprendiendo y participando activamente. Envejecer no debería significar dejar de pertenecer al futuro.

El Plan Costa Rica 2030–2050 permitirá transitar hacia una nueva sociedad: una sociedad más longeva, pero también más inteligente, inclusiva y profundamente solidaria entre generaciones.

Invitación a «Encuentro intergeneracional de escritores Adultos Mayores»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, Programa Integral del Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica, la Asociación de Médicos Jubilados y el Programa de la Persona Adulta Mayor de la Universidad Estatal a Distanciase complacen en invitarle al Encuentro intergeneracional de escritores Adultos Mayores.

Esta actividad se realiza en conmemoración del Día de la Persona Adulta Mayor 

La actividad, se celebrará en la Benemérita Biblioteca Nacional el jueves 8 de octubre a las 10:00 a.m.  y será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Violencia patrimonial contra personas adultas mayores requiere mayor respuesta institucional, advierte la Defensoría

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.

Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.

Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.

Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.

Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.

A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.

También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Respeto para las personas adultas mayores

15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

“La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

Defensoría celebra avance de proyecto a favor de 30 mil personas pensionadas que llevan más de 5 años sin aumentos

La Defensoría de los Habitantes mostró su satisfacción por el avance en la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley que descongelaría los ajustes por costo de vida a unas 30 mil personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

La Defensoría de los Habitantes, en febrero anterior, realizó un llamado a la Asamblea Legislativa de la urgente necesidad que esta iniciativa fuera aprobada debido a que estas personas tenían 5 años sin recibir un ajuste por costo de vida.

Esta situación del congelamiento de los aumentos trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo, así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, la compra de medicamentos, alimentación y servicios públicos, colocando a esta población en una situación de vulnerabilidad económica.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal. Por ello y dado que la ausencia de ajustes en las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia, la Defensoría ha sido insistente en cuanto a que el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, al disminuir la protección económica previamente garantizada. Asimismo, la Defensoría ha señalado que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

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Defensoría de los Habitantes

Defensoría insta aprobación de proyecto de pensión mínima intocable

• Resolución de la Sala Segunda refuerza la tesis de la Defensoría sobre la intangibilidad de un monto mínimo para garantizar una vida digna.

• Proyecto de Ley N.º 24.940 busca blindar la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.º 24.940, iniciativa que surgió para garantizar que ninguna persona vea comprometida su subsistencia básica, por deducciones desproporcionadas de su pensión.

La Defensoría considera urgente esta legislación debido a que personas adultas mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.

La iniciativa se ve respaldada a nivel jurídico con una reciente resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual marca un hito en la protección de los derechos humanos al definir la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el Tribunal, este límite de intangibilidad es esencial para asegurar que el Estado y las entidades financieras respeten el derecho de toda persona pensionada o jubilada a una vida digna, incluso cuando existan compromisos crediticios previos.

Destaca de la resolución, la nota de la Magistrada Varela Araya quien señaló la relevancia del tema sobre el que versa este pronunciamiento, mismo que dio origen al proyecto de ley N.° 24940 que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Dicho proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad extrema de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones son reducidas a montos ínfimos y no cuentan con una protección de un monto mínimo que la Sala II ha denominado núcleo vital y la Defensoría llamó, pensión mínima intocable.

Con la aprobación del proyecto de Ley N° 24940, se busca garantizar a nivel legislativo, la protección a nuestra población adulta de su pensión mínima intocable, lo que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma, de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación. La iniciativa propone:

• Establecer la «Pensión Mínima Intocable»: Un monto inembargable equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con recursos para sus necesidades básicas (salud, alimentación y vivienda).

• Respetar la autonomía financiera: Permite a las personas pensionadas gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero bajo un marco legal que evita el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.

• Fomento de la «Economía Plateada»: Al brindar seguridad jurídica sobre sus ingresos, se incentiva la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes