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Etiqueta: personas adultas mayores

Respeto para las personas adultas mayores

15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

Defensoría celebra avance de proyecto a favor de 30 mil personas pensionadas que llevan más de 5 años sin aumentos

La Defensoría de los Habitantes mostró su satisfacción por el avance en la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley que descongelaría los ajustes por costo de vida a unas 30 mil personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

La Defensoría de los Habitantes, en febrero anterior, realizó un llamado a la Asamblea Legislativa de la urgente necesidad que esta iniciativa fuera aprobada debido a que estas personas tenían 5 años sin recibir un ajuste por costo de vida.

Esta situación del congelamiento de los aumentos trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo, así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, la compra de medicamentos, alimentación y servicios públicos, colocando a esta población en una situación de vulnerabilidad económica.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal. Por ello y dado que la ausencia de ajustes en las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia, la Defensoría ha sido insistente en cuanto a que el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, al disminuir la protección económica previamente garantizada. Asimismo, la Defensoría ha señalado que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría insta aprobación de proyecto de pensión mínima intocable

Resolución de la Sala Segunda refuerza la tesis de la Defensoría sobre la intangibilidad de un monto mínimo para garantizar una vida digna.

Proyecto de Ley N.º 24.940 busca blindar la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.º 24.940, iniciativa que surgió para garantizar que ninguna persona vea comprometida su subsistencia básica, por deducciones desproporcionadas de su pensión.

La Defensoría considera urgente esta legislación debido a que personas adultas mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.

La iniciativa se ve respaldada a nivel jurídico con una reciente resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual marca un hito en la protección de los derechos humanos al definir la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el Tribunal, este límite de intangibilidad es esencial para asegurar que el Estado y las entidades financieras respeten el derecho de toda persona pensionada o jubilada a una vida digna, incluso cuando existan compromisos crediticios previos.

Destaca de la resolución, la nota de la Magistrada Varela Araya quien señaló la relevancia del tema sobre el que versa este pronunciamiento, mismo que dio origen al proyecto de ley N.° 24940 que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Dicho proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad extrema de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones son reducidas a montos ínfimos y no cuentan con una protección de un monto mínimo que la Sala II ha denominado núcleo vital y la Defensoría llamó, pensión mínima intocable.

Con la aprobación del proyecto de Ley N° 24940, se busca garantizar a nivel legislativo, la protección a nuestra población adulta de su pensión mínima intocable, lo que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma, de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación. La iniciativa propone:

Establecer la «Pensión Mínima Intocable»: Un monto inembargable equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con recursos para sus necesidades básicas (salud, alimentación y vivienda).

Respetar la autonomía financiera: Permite a las personas pensionadas gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero bajo un marco legal que evita el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.

Fomento de la «Economía Plateada»: Al brindar seguridad jurídica sobre sus ingresos, se incentiva la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Respuesta de la CCSS confirma reajuste de pensión mínima del IVM y señala ausencia de estudios sobre pérdida de valor del RNC

La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respondió a una consulta presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, en la que se solicitaba información sobre el reajuste de la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y sobre la situación del Régimen No Contributivo (RNC).

De acuerdo con el oficio GP-0607-2026, firmado por el gerente de pensiones Jaime Barrantes Espinoza y fechado el 9 de marzo de 2026, la pensión mínima del IVM pasó de ₡159.692, monto vigente en diciembre de 2025 y enero de 2026, a ₡162.295, lo que representa un reajuste del 1,63%.

La institución indicó que este incremento se aplicó conforme al Reglamento del Seguro de IVM y que se pagó en la planilla de febrero de 2026, incluyendo el retroactivo correspondiente al mes de enero.

Según la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, este ajuste constituye un dato relevante porque, hasta el momento, no había sido informado por medios de comunicación, pese a su impacto para las personas pensionadas que reciben el monto mínimo.

Régimen No Contributivo: no existen estudios recientes sobre pérdida de valor de la pensión

Uno de los aspectos señalados en la respuesta de la Gerencia de Pensiones es que no se han realizado estudios sobre la pérdida del poder adquisitivo del monto básico del Régimen No Contributivo en los últimos años.

Esto responde a consultas realizadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que había solicitado conocer los estudios técnicos relacionados con la pérdida de valor real de esta pensión, la cual no ha sido reajustada durante varios años.

En su respuesta, la Gerencia de Pensiones explica que la política presupuestaria del RNC ha priorizado ampliar la cobertura antes que aumentar el monto de las pensiones, debido a la cantidad de personas adultas mayores en condición de pobreza que carecen de protección social.

Más de 30 mil solicitudes de pensión pendientes

El documento también señala que actualmente existen más de 30 mil solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo que ya han sido valoradas, pero no se han otorgado debido a falta de financiamiento.

Según se explica, el financiamiento del RNC proviene principalmente de transferencias del Gobierno Central, el FODESAF y la Junta de Protección Social, y las limitaciones presupuestarias han obligado a priorizar la ampliación de cobertura para nuevas personas beneficiarias.

El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 establece como meta incorporar 20 mil nuevas pensiones del RNC durante el período, lo que implica alrededor de 5 mil nuevas pensiones por año, además de las que se reasignan anualmente por cancelaciones o fallecimientos.

Pendiente nuevo estudio sobre revalorización de pensiones del IVM

En relación con la solicitud de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social sobre un nuevo reajuste de las pensiones del IVM, la Gerencia de Pensiones informó que ya existe un estudio actuarial que analiza la revalorización de los montos para el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2025.

Asimismo, indicó que se está a la espera de un nuevo estudio técnico que analizará la posibilidad de revalorizar las pensiones del IVM para el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

Seguimiento ciudadano al tema

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha venido dando seguimiento a este tema mediante diversas gestiones ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, solicitando información sobre la situación de los montos de pensiones y los estudios técnicos que fundamentan su actualización.

El análisis de esta respuesta institucional forma parte de ese proceso de seguimiento ciudadano a las políticas públicas relacionadas con el sistema de pensiones y la protección social.

Caminata ecológica del amor y la amistad invita a compartir en familia y apoyar a personas adultas mayores

La Fundación de Caminantes invita a toda la comunidad a participar en la Caminata Recreativa Ecológica del Amor y la Amistad, una actividad pensada para disfrutar en familia, promover la salud y fortalecer la solidaridad.

La caminata se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., con salida desde el Domo del Parque La Libertad, en Fátima de Desamparados. El recorrido interno contempla opciones de 2 km y 4 km, accesibles para personas de distintas edades y condiciones físicas.

La inscripción está abierta y tiene un costo de ₡4.000, que puede cancelarse por SINPE al 6226-2080. La actividad incluye refrigerio, guías, rifas y premios, y tiene un propósito solidario: apoyar al grupo de caminantes adultos mayores.

Quienes deseen más información pueden comunicarse al teléfono 7189-4252.
La invitación es a caminar por la salud, el amor y la amistad, en un entorno natural y de convivencia comunitaria.

Defensoría alza la voz por 45 mil pensionados que siguen sin aumentos por costo de vida

*Llevan ya 5 años sin recibir un ajuste a sus pensiones. Se trata de personas jubiladas que están en el Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y otros que también están con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.

Un total de 45 mil personas pensionadas llevan 5 años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas legislativas que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y también aquello con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica.

Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, y en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título IV, de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—, pues únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.

Para la Defensoría el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal, en virtud de que la ausencia de ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado. Lo anterior obedece, en primer término, a que el incremento aún no se ha materializado y, en segundo lugar, a que continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.

En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.

La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ante la Asamblea Legislativa se presentó el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario.

Caminata promueve el movimiento humano como herramienta terapéutica para personas adultas mayores

La Fundación Caminantes de Costa Rica impulsa una iniciativa orientada a promover el movimiento humano como herramienta terapéutica para la población adulta mayor, a través de una caminata que busca fomentar el contacto con la naturaleza, la actividad física y el bienestar integral.

La actividad se realizará en el Parque de la Libertad, en el sector de Fátima de Desamparados, e incluye un recorrido interno aproximado de tres kilómetros, diseñado para facilitar la participación de personas adultas mayores en un entorno seguro y accesible.

Desde la Fundación señalan que el propósito central de la caminata es destacar la importancia del movimiento consciente y del vínculo con la naturaleza como elementos que contribuyen a la salud física, emocional y social de las personas adultas mayores, fortaleciendo además espacios de encuentro comunitario.

La participación en la actividad se realiza mediante contribución voluntaria. Como parte de la jornada, se entregará una medalla alusiva al evento, así como productos de personas patrocinadoras y rifas.

Las personas interesadas pueden solicitar información directamente con la organización a través del número telefónico indicado por la Fundación Caminantes de Costa Rica: Tel 71894252

Para la contribución voluntaria: Sinpe 62262080

Yimba Cájc rinde homenaje a sus adultos mayores

Por Uriel Rojas

Son fuente de saberes ancestrales.

Los adultos mayores de la comunidad indígena de Curré Yímba, recibieron este viernes 12 de diciembre un merecido homenaje como muestra de agradecimiento por sus invaluables aportes a la identidad cultural de la comunidad.

Son personas que a lo largo de su vida han sido ya sea artesanos, cuenta leyendas, boteros, parteras, hilanderas, tejedoras, conocedoras de medicinas naturales, agricultores tradicionales, transmisores de saberes culturales que son pilares que sostienen la cultura y la cosmovisión indígena de Yímba Cájc.

Los adultos mayores disfrutaron de un delicioso almuerzo tradicional, música en vivo con acordeón, presentaciones artísticas, rifas y muchos regalos para todos.

Fueron momentos de mucha alegría tanto para la comunidad como para los adultos mayores, que tuvieron espacio para el reencuentro y la conversación intergeneracional recordando momentos y anécdotas antiguas que forman parte de la historia local y regional.

Esta importante actividad fue organizada por la Asociación de Desarrollo Indígena de Curré con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Cultural y el Museo Comunitario de Yímba Cájc.

La comunidad de Yímba Cájc se enorgullece de sus adultos mayores a quienes se les respeta por ser fuentes de saberes ancestrales que se transmite de generación en generación.