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Etiqueta: personas privadas de libertad

Carta abierta a Su Santidad papa León XIV con motivo de la visita de la presidenta de Costa Rica

SURCOS comparte esta carta abierta, publicada por su autor el 28 de octubre, con motivo de la audiencia de la presidenta Laura Fernández Delgado con el papa León XIV.

San José, 28 de octubre de 2026
A Su Santidad León XIV
Ciudad del Vaticano
Santo Padre:

Me entero de que mañana recibirá a nuestra presidenta, Laura Fernández. Como costarricense y cristiano, considero mi deber advertirle algunas cosas. No quisiera que Su Santidad terminara recibiendo lecciones de cristianismo de una mandataria cuya interpretación del Evangelio parece haber pasado por la oficina de Donald Trump.

Le comparto diez advertencias. No son artículos de fe, aunque algunas requieren bastante fe para creerlas.

  1. Cuidado con las Biblias.

Nuestra presidenta asegura que gobierna con la Biblia. En Costa Rica hemos descubierto que las Escrituras sirven para todo: gobernar, ganar elecciones y hasta, según denunció ella misma, para que Fabricio Alvarado intentara arrinconarla en una oficina con el pretexto de regalarle una. Él negó la acusación, pero el episodio dejó una enseñanza: no basta con llevar la Palabra de Dios bajo el brazo; importa también lo que uno hace con el otro brazo. Aquí la Biblia se utiliza para casi todo, excepto, aparentemente, para amar al prójimo.

  1. No se sorprenda si menciona a Donald Trump.

Nuestra presidenta siente una fascinación política por el mandatario estadounidense. Suscribe sus iniciativas con un entusiasmo que haría palidecer a los propios republicanos. Quizá deba explicarle que el Sermón del Monte se pronunció mucho antes de la construcción de Mar-a-Lago y que las bienaventuranzas no necesitan autorización de Washington.

  1. Si hablan de Irán, recuerde quién es el príncipe de la paz.

Mientras usted condena la guerra y recuerda la dignidad de las víctimas, nuestro Gobierno parece encontrar más fácil acompañar políticamente a Washington que cuestionar sus decisiones militares. Tal vez convenga recordarle que los misiles no son instrumentos de evangelización y que bombardear a un enemigo no es exactamente lo que Jesús quiso decir con poner la otra mejilla.

  1. No acepte invitaciones a excursiones escolares.

Nuestra presidenta propuso llevar estudiantes a conocer una cárcel de máxima seguridad para mostrarles las consecuencias de delinquir. Una pedagogía inspirada en Bukele. Usted podría recordarle que Jesús enseñaba con parábolas, no organizando visitas guiadas al sufrimiento.

  1. Pregúntele por los presos.

En nuestro país las megacárceles se han convertido en un espectáculo político. Las personas privadas de libertad aparecen como trofeos de una supuesta victoria moral. Conviene recordarle Mateo 25:36: «Estuve preso y vinisteis a verme». Jesús no agregó: «Y procurasteis que las cámaras captaran mi peor perfil».

  1. No confunda la justicia con una escenografía.

Nuestra presidenta admira el modelo penitenciario salvadoreño. Parece convencida de que cuanto más aterradora resulte una cárcel, más virtuoso será el Gobierno. Tal vez pueda explicarle que la justicia no se mide por la cantidad de barrotes y que la misericordia no es una conspiración internacional de delincuentes contra las buenas costumbres.

  1. Si le ofrece firmar algo, revise el bolígrafo.

En julio de 2024, cuando todavía era ministra, protagonizó una firma pública en la que el bolígrafo no tocó el papel. Después explicó que se trataba de un acto simbólico y que firmó posteriormente. En Costa Rica aquello nos recordó la multiplicación de los panes, pero sin panes. Si mañana firma un compromiso por la paz, compruebe que la tinta llegue al documento. No todos los milagros administrativos están reconocidos por el Vaticano.

  1. No se deje impresionar por su humildad.

Nuestra mandataria probablemente llegará hablando de Dios, de la familia y de su amor por Costa Rica. Todo muy edificante. El problema es que la humildad cristiana también exige escuchar críticas, reconocer errores y admitir que el Espíritu Santo no tiene carné de ningún partido político. Sería bueno recordarle que Jesús lavó los pies de sus discípulos; no les exigió que primero reconocieran su liderazgo.

  1. Recuérdele que Costa Rica no tiene ejército.

Lo abolimos en 1948 y durante décadas hicimos de la paz una seña de identidad. Ahora nuestra política exterior parece cada vez más seducida por las alianzas de seguridad de las grandes potencias. Sería una ironía histórica que, después de casi ochenta años sin ejército, nuestra principal contribución a la paz mundial consistiera en aplaudir las guerras ajenas.

  1. No permita que confunda la audiencia con una canonización.

Es probable que la fotografía con usted se convierta en un importante recurso propagandístico. Comprenderá que una audiencia papal tiene un valor electoral considerable.

Santo Padre:

Le escribo con humor, pero también con preocupación. Existe una distancia enorme entre invocar el nombre de Dios para ejercer el poder y permitir que el Evangelio cuestione ese poder.

Usted ha hablado de paz, misericordia, justicia y dignidad humana. Precisamente esas palabras resultan incómodas para quienes prefieren el espectáculo del castigo, la obediencia a los poderosos y las fotografías piadosas.

No le pido que reprenda a nuestra presidenta. Solamente que le hable de Jesús. Del Jesús de los Evangelios, no del que algunos asesores de comunicación parecen haber contratado para las campañas electorales.

Y si todavía le queda tiempo, recuérdele que la Biblia no es un programa de gobierno, que la verdad no es un accesorio de la propaganda y que el prójimo incluye también a los presos, los extranjeros, los enemigos y quienes piensan distinto.

Reciba mi respeto y mis mejores deseos.

Y, por favor, Santidad, si nuestra presidenta le ofrece firmar un compromiso por la paz, asegúrese de que esta vez el bolígrafo toque el papel.

José Chacón
Costa Rica

Publicado por el autor en https://www.facebook.com/jose.chacona

Presentan recurso de amparo por el trato a personas privadas de libertad trasladadas al Centro de Alta Contención y llaman a sumarse como coadyuvantes

José Manuel Ortiz Durman y Mario Piedra Montalbán presentan ante la Sala Constitucional un recurso de amparo a favor de las personas privadas de libertad trasladadas el lunes 26 de octubre al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, y de las que sean trasladadas en el futuro. El recurso se dirige contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi Calvo.

Las personas interesadas en apoyar el recurso pueden firmar una solicitud de coadyuvancia.

Los hechos que se alegan

Según el recurso, que cita información de distintos medios de noticias:

  • un grupo considerable de personas privadas de libertad fue trasladado a las nuevas instalaciones;

  • “presumiblemente en contra de su voluntad expresa”, las raparon antes de ingresar;

  • las obligaron a sentarse con las piernas abiertas y las manos entrecruzadas sobre la cabeza, “en posición de absoluta sumisión”, y las fotografiaron, “presumiblemente sin su consentimiento”;

  • en las imágenes aparecen con pantalones cortos y camisas anaranjadas, “emulando la vestimenta utilizada por el sistema carcelario de los Estados Unidos de América”. Según el recurso, las posiciones simulan el trato que da a sus privados de libertad el sistema carcelario salvadoreño de Nayib Bukele.

Los recurrentes afirman además que, según tienen entendido, los traslados se hicieron sin conocimiento del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz ni del juez de ejecución de la pena correspondiente.

Fundamentos

El recurso se apoya en los artículos 40 y 33 de la Constitución Política: el primero prohíbe los tratamientos crueles o degradantes y el segundo, la discriminación contraria a la dignidad humana. Cita además varios instrumentos internacionales:

  • la Declaración Universal de Derechos Humanos;

  • el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

  • la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

  • la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

  • la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;

  • la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

  • las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Los recurrentes sostienen que se trata de una “exhibición inhumana, obscena, con intención degradante y cruel” de un grupo de costarricenses, sin norma legal que la ampare. “¿Cuál es el beneficio real que se obtiene a través de estas formas represivas? ¿Cuál es su utilidad práctica?”, preguntan. Agregan que, “salvo por un perverso revanchismo irracional, no parece ser que exista beneficio, recompensa o compensación alguna” para las víctimas de los delitos.

Lo que se solicita

El recurso pide a la Sala Constitucional:

  • que lo declare con lugar por violación de los derechos a la dignidad humana y la integridad personal;

  • que ordene medidas para hacer cesar las actuaciones lesivas y restablecer los derechos de las personas amparadas;

  • que dicte medidas provisionales y exija un plan de cumplimiento con plazos y mecanismos de verificación;

  • que prevenga a las autoridades de no reiterar esas conductas;

  • que condene al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Cómo sumarse

Quienes deseen apoyar el recurso como coadyuvantes deben copiar e imprimir el formulario, completarlo con su nombre y número de cédula, firmarlo, escanearlo y enviarlo a José Manuel Ortiz Durman, al correo-e ortizescribano@gmail.com o bien por WhatsApp al número 7206-3054.

Formulario de coadyuvancia:

EL (LA) suscrito (a), _______, CIUDADAN_ COSTARRICENSE, portador de cédula de identidad número ____, en este acto suscribo y adhiero los términos establecidos en RECURSO DE AMPARO, y por tanto me apersono como coadyuvante en ese proceso, presentado ante la SALA CONSTITUCIONAL contra la PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ y EL DIRECTOR DE LA POLICÍA PENITENCIARIA por entre otros, los señores JOSÉ MANUEL ORTIZ DURMAN y MARIO PIEDRA MONTALBÁN por sus actuaciones en torno al traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado el día lunes 26 de octubre del año 2026. Para notificaciones señalo el correo electrónico ortizescribano@gmail.com

Defensoría pide cuentas a Cancillería sobre asistencia consular que reciben costarricenses detenidos en EUA

  • Solicitó información sobre notificación de arrestos, visitas consulares y atención a personas en situación de vulnerabilidad ante procesos de deportación derivada de la privación de libertad y de la eventual separación de su entorno familiar y comunitario.

La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos, particularmente aquellas sometidas a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.

La consulta se enmarca en las competencias de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos y responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99, que establece obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre este derecho y garantizar la comunicación con sus autoridades consulares.

La asistencia consular reviste particular importancia para el acceso a la información, la comunicación con las autoridades del país de origen y la protección de las garantías procesales.

La consulta abarca tres puntos fundamentales:

Notificación de detenciones: Si el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe información sistemática de las autoridades estadounidenses o a solicitud expresa de la persona detenida, sus familiares o por intervención de autoridades consulares, sobre arrestos de costarricenses en procesos de deportación, y si existen protocolos o convenios de coordinación para ello.

Alcance de la asistencia consular: Qué acciones realizan los consulados —visitas, entrevistas privadas, orientación jurídica— y qué mecanismos existen para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, como personas menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres en condición de embarazo o personas con necesidades médicas.

Además, consulta sobre las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares, así como si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.

Protección y seguimiento: Cómo se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas y desafíos institucionales identificados para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la asistencia consular en estos casos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

Glenm Gómez Álvarez, presbítero

A propósito de la visita ad limina de los obispos de El Salvador, concluida en Roma este 11 de septiembre de 2026

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

La pregunta no es inocente. Si se la hacemos hoy a muchos costarricenses, probablemente la respuesta aparezca de inmediato: la seguridad.

El Salvador pasó, en pocos años, de ser identificado internacionalmente con las maras, pandillas y una violencia insoportable a exhibir una caída extraordinaria de los homicidios. Hay salvadoreños que dicen haber recuperado sus barrios, sus calles y algo tan elemental como salir de casa sin miedo.

Mientras tanto, en Costa Rica aprendimos un vocabulario que antes nos parecía lejano. Sicariato, territorios disputados, crimen organizado, ajuste de cuentas. Los homicidios dejaron de sorprendernos como deberían.

Es comprensible, entonces, que alguien mire hacia El Salvador y pregunte: ¿por qué ellos pudieron y nosotros no?

Pero ahí comienza la parte difícil.

El modelo salvadoreño no puede analizarse solamente desde las cifras de homicidios. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado una y otra vez, que ha permitido detenciones masivas y ha restringido garantías constitucionales. Decenas de miles de personas han pasado por las cárceles. Y junto a la satisfacción de una parte importante de la población por la recuperación de la seguridad, han aparecido denuncias sobre detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias, debido proceso y respeto de los derechos humanos.

Las dos realidades existen. Negar cualquiera de ellas empobrece la discusión.

Precisamente por eso resulta tan significativa la reciente visita ad limina Apostolorum de los obispos salvadoreños a Roma y su encuentro con el papa León XIV.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez resumió una convicción que parece sencilla, pero que en circunstancias como estas adquiere un peso enorme: la persona humana debe estar en el centro.

También la persona encarcelada.

Este punto es esencial para la Iglesia. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el Evangelio deja de entrar. Al contrario. Si hay un lugar donde la presencia cristiana resulta necesaria es allí donde el ser humano corre el riesgo de quedar reducido a un número, un expediente, una condena o un uniforme.

La sociedad tiene derecho a defenderse del delincuente. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo. Nada de eso puede relativizarse.

Pero el preso sigue siendo persona.

Y aquí el compromiso de los obispos salvadoreños adquiere una dimensión particularmente importante. La Iglesia no está llamada a escoger entre las víctimas y los privados de libertad, como si la misericordia hacia unos significara indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Tiene que estar donde duele: con la familia que perdió un hijo por la violencia, con la comunidad que durante años estuvo sometida por una pandilla, pero también dentro de las cárceles, acompañando, escuchando, anunciando la posibilidad de conversión y defendiendo la dignidad que ninguna sentencia puede borrar.

Ese equilibrio incomoda. Pero el Evangelio muchas veces incomoda precisamente porque se niega a dividir el mundo entre seres humanos que merecen dignidad y seres humanos que ya no la merecen.

Durante la visita a Roma estuvo presente, además, una figura imposible de separar de la historia salvadoreña: san Óscar Romero. Los obispos entregaron a León XIV una reliquia del santo.

No es un detalle menor.

Romero conoció la violencia de su país y entendió que la Iglesia no podía contemplarla desde lejos. Se acercó a las víctimas, denunció los abusos del poder y defendió la vida cuando hacerlo tenía consecuencias. Su palabra no nació de una teoría sobre El Salvador. Nació de escuchar a su pueblo.

Quizá esa sea también una lección para Costa Rica.

No necesitamos copiar modelos. Mucho menos idealizarlos. Necesitamos recuperar la seguridad, y con urgencia. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales. Pero tampoco deberíamos aceptar la idea de que para recuperar la tranquilidad necesariamente haya que disminuir el valor de la dignidad humana.

Seguridad y derechos humanos no deberían ser enemigos.

Y la Iglesia tampoco puede mirar esta discusión desde la gradería. Si el narcotráfico está reclutando muchachos en nuestras comunidades, allí tiene que estar. Si las familias viven atemorizadas, allí tiene que estar. Si nuestras cárceles están llenas de personas para quienes la sociedad ya no espera nada, también allí tiene que estar.

No solamente para denunciar. También para acompañar, prevenir, reconstruir y anunciar el Evangelio.

Entonces vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué le envidiamos a El Salvador?

Tal vez no deberíamos envidiarle nada.

Deberíamos mirarlo con respeto, reconocer lo que ha conseguido, atrevernos a discutir el costo de algunas de sus decisiones y, sobre todo, aprender de una sociedad que ha conocido extremos de violencia que Costa Rica todavía puede evitar.

Porque nuestro desafío no consiste únicamente en volver a sentirnos seguros.

Consiste en lograrlo sin dejar a nadie fuera de la condición humana.

Comunicado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los supuestos actos de tortura referidos por la Fiscalía

San José, Costa Rica —14 de agosto 2026. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) recibió una notificación el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República relacionada a supuestos actos de tortura contra personas privadas de libertad en el Circuito de Alta Contención. Al respecto, el MNPT considera importante manifestar que:

Cualquier forma de tortura está totalmente prohibida y debe ser investigada. La prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. En el ámbito nacional, este delito se encuentra tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal.

Dicha prohibición no admite excepciones ni justificaciones, independientemente de la gravedad del delito imputado, la peligrosidad de la persona privada de libertad, el estado de emergencia o razones de seguridad nacional. La persecución de la criminalidad jamás justifica la adopción de prácticas arbitrarias o violatorias de los derechos humanos por parte del Estado, ya que esto vulneraría los fundamentos del propio Estado de derecho. En consecuencia, toda sospecha o denuncia de tortura debe ser investigada de oficio.

Sobre el MNPT. De acuerdo con la Ley 9204, el MNPT tiene un mandato estrictamente preventivo realizado a través de inspecciones periódicas, sin previo aviso e independiente, a cualquier lugar de privación de libertad en el país, sean cárceles, celdas de OIJ o Fuerza Pública, centros de detención migratoria, entre otros. No le corresponde tramitar denuncias individuales, ni realizar investigaciones de carácter judicial o administrativo.

Desde la creación del Circuito de Alta Contención en abril de 2025 —el cual incluye el centro conocido como «Máxima Seguridad»—, el MNPT ha elaborado nueve informes al respecto, resumidos en el Capítulo 3 del Informe Anual de Labores 2025. En estos documentos se advierte que las medidas restrictivas aplicadas corren el riesgo de constituir un entorno torturante. Dichos informes han sido remitidos a la Sala Constitucional, al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Ministerio de Justicia y Paz, entre otras entidades, y también se encuentran disponibles en la página web del MNPT.

Defensoría investigará información aportada por Fiscalía sobre presuntos malos tratos y tortura

La Defensoría de los Habitantes recibió hoy a la 1:37 de esta tarde información de la Fiscalía General de la República relacionada con manifestaciones realizadas por dos personas privadas de libertad (extraditables) que estuvieron ubicadas en el Centro Nacional de Atención Específica, quienes les manifestaron a la Fiscalía haber sido presuntamente víctimas de actos de tortura.

Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo (OPCAT). Conforme a estos instrumentos vinculantes, existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen.

Ante esta situación la Defensoría de los Habitantes adoptará las siguientes medidas concretas:

-Se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo en relación con la información aportada por la Fiscalía General de la República.

-Una vez analizada la información, se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba en relación con las condiciones en las que se encuentra dicha población, las condiciones materiales de detención y los protocolos de custodia aplicados por personal de la Policía Penitenciaria.

¿Desde cuándo crear dejó de ser trabajo?

Glenm Gómez Álvarez, Pbro

Hay declaraciones públicas que preocupan no solamente por lo que dicen, sino por la visión de sociedad que revelan. Que el ministro de Justicia afirme que las actividades artísticas, literarias o artesanales no constituyen un trabajo, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad que buscan descontar pena mediante esas labores, resulta profundamente cuestionable.

Y preocupa más todavía porque no se trata de una discusión técnica. Lo que está en juego es la comprensión misma de la dignidad humana, del valor de la cultura y de la capacidad transformadora del trabajo creativo.

¿Desde cuándo escribir no es trabajar? ¿Desde cuándo pintar, hacer música, elaborar artesanías o desarrollar actividades culturales dejaron de exigir disciplina, tiempo, talento y esfuerzo? Quien haya escrito un artículo, compuesto una canción, producido una pieza artesanal o dedicado horas a una expresión artística sabe perfectamente que detrás de ello existe trabajo real. Trabajo intelectual, emocional y muchas veces físico.

Como periodista, me cuesta entender ese razonamiento. Porque buena parte de mi vida ha girado precisamente alrededor de la palabra, de la observación, de la construcción de contenidos y del ejercicio crítico. Y nadie podría afirmar seriamente que eso no es trabajo. Sería absurdo. Pero además sería ofensivo para miles de personas que viven de actividades creativas y culturales.

Hay una tendencia peligrosa a reducir el concepto de trabajo únicamente a aquello que produce un bien material inmediato o que encaja en ciertos moldes tradicionales. Como si el valor de una persona dependiera exclusivamente de cargar bloques, mover maquinaria o ejecutar tareas manuales visibles. Pero las sociedades modernas también se construyen desde las ideas, desde la cultura, desde el arte y desde la capacidad humana de crear sentido.

En el caso de las cárceles, el tema es todavía más delicado. La reinserción social no puede entenderse únicamente desde la lógica del castigo. Precisamente las actividades artísticas, literarias y artesanales han demostrado en muchísimos contextos ser herramientas poderosas de rehabilitación. Ayudan a canalizar emociones, desarrollar disciplina, descubrir talentos y reconstruir autoestima. Negarles valor es desconocer incluso experiencias internacionales exitosas.

Además, resulta contradictorio que una sociedad celebre a escritores, músicos, periodistas o artistas cuando alcanzan reconocimiento, pero desprecie esas mismas actividades cuando las realiza alguien privado de libertad. Como si la creatividad tuviera valor solamente en determinados sectores sociales.

El problema de fondo quizá no sea jurídico, sino cultural. Seguimos arrastrando una visión muy limitada del trabajo y una enorme dificultad para reconocer el valor de lo intelectual y lo artístico. Y eso termina empobreciendo la discusión pública.

Porque sí: escribir es trabajar. Crear es trabajar. Hacer arte es trabajar. Y, muchas veces, también es una forma profundamente humana de reconstruirse.

Defensoría interviene de oficio ante proyecto de carpas en centros penales

A propósito de la información divulgada en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el Estado proceda con la construcción de cárceles a través de la utilización de carpas, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Justicia y Paz informar sobre varias inquietudes.

Entre ellas, si el Ministro de Justicia y Paz, el Director General de Adaptación Social u otras instancias administrativas de dicho ministerio, se han asesorado en otras latitudes para obtener información acerca de cómo se han construido y operan cárceles en las que se han utilizado carpas para albergar a la población privada de libertad. En caso de ser así, indicar cuáles países fueron los abordados para recopilar experiencia al respecto, si han sido visitadas cárceles, detallar cuáles y los resultados de las mismas, así como señalar las buenas prácticas de protección de los derechos de las personas privadas de libertad que el Ministerio ha observado luego de tener contacto con este tipo de construcciones o proyectos, más allá del tema estrictamente presupuestario.

Además, especificar si el Ministerio de Justicia y Paz tiene contemplado dentro de su portafolio institucional de proyectos de construcción, la construcción de cárceles utilizando carpas. En caso de ser así, efectuar una descripción del proyecto, en qué lugar se construiría, el presupuesto a utilizar, cómo se incluirían las obras complementarias que se requieren para la operatividad de un centro penitenciario, así como para garantizar plenamente la prestación de servicios técnicos y de seguridad de un establecimiento de este tipo.

En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz aclaró que el nombre correcto es “construcciones livianas” en los centros penitenciarios del país e indicó que este proyecto se encontraba en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones, con el fin de tomar la decisión que convenga a los intereses del Sistema Penitenciario del país y bajo el respeto de los Derechos Humanos. Agregó que cuando esa cartera ministerial concrete y defina la viabilidad del proyecto, y con mayores especificaciones, lo podrán en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y dará respuesta a las inquietudes que existan.

Asimismo, el Ministro de Justicia y Paz indicó que, actualmente, se estaba en la fase previa del proyecto, considerando aspectos asociados como estudio de mercado y factibilidades, y que, como parte de las etapas que se debían desarrollar para su ejecución, estaba la inclusión del perfil del proyecto ante MIDEPLAN, para lo cual se hacía necesario finalizar la etapa previa del mismo que les permitiría definir el alcance del proyecto, y su estudio económico, entre otros aspectos, los que serían incluidos dentro de la inscripción del proyecto.

Considerando la anterior información y de conformidad con los procedimientos institucionales, la Defensoría procedió a la apertura de una Intervención de Oficio, tratándose de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la población privada de libertad, y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros penitenciarios que deben ser cumplidos por la Administración Penitenciaria.

La realidad de las cárceles muestra una cantidad ilimitada de elementos que inciden de manera negativa en la prestación de los servicios para dicha población. La privación de libertad es una condición derivada de un proceso jurisdiccional, mediante el cual se genera una consecuencia jurídica, cuya implicación es la pérdida de la libertad para una persona, durante un lapso de tiempo determinado. Esta condición no implica la suspensión de garantías o demás derechos de las personas que se encuentran en dicha circunstancia.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

¿Cómo abordar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

  • Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.

  • Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.

Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.

Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.

Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.

Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.

La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.

Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.

La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Imagen ilustrativa.

UNA: Invitación a actividades en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz

¡Derechos para todas las personas!

 

La Asociación de Estudiantes PPS-UNA invita este próximo miércoles 14 de marzo, a lo que será una jornada de actividades con personas privadas de libertad.

Serán dos actividades, llenas de esperanza, diversidad y desafíos por seguir caminando en la construcción de oportunidades y derechos para todas las personas.

FERIA DE ARTESANÍAS – PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Horario: 8:00am – 1:00pm

Lugar: Plaza de la Diversidad, a un costado del Deck Ciencias Sociales, UNA- Sede Omar Dengo

FORO: La Planificación de Proyectos vinculados a la promoción de los Derechos Humanos; experiencia de las personas privadas de libertad en Costa Rica

Campaña: Yo creo en Segundas Oportunidades- Ministerio de Justicia y Paz.

Proyecto: UNA pedagogía para el reencuentro; Laboratorio de Poesía.

Personas invitadas;

-Personas privadas de libertad

-Emanuel Calvo Canossa

-Mónica Rojas Víquez

-Ministro de Justicia y Paz Marco Feoli Villalobos

Lugar: Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias Sociales- Universidad Nacional

Hora: 2:00 pm

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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