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«La defensa de los derechos humanos no admite categorías de personas»: defensora de los Habitantes ante la moción legislativa

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, anunció que no presentará su renuncia al cargo, como le solicitó una moción aprobada en la Asamblea Legislativa por 29 diputaciones. «Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí», afirmó en un pronunciamiento público emitido el jueves 19 de noviembre.

Según explicó, la moción le fue notificada el día anterior. En ella se le pide la renuncia inmediata y se le advierte que, de no hacerlo, se abrirá un procedimiento de investigación para determinar si procede su destitución.

La inspección al CACCO

De acuerdo con la defensora, la moción se fundamenta en la inspección que realizó el viernes 13 de noviembre, junto con el equipo técnico de la Defensoría, al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). En la moción se cuestiona el establecimiento de prioridades institucionales en la defensa de los derechos humanos y se le atribuye haberse conducido de forma «altanera e irrespetuosa» con el personal administrativo y policial del centro penitenciario.

Cruickshank Lambert indicó que la visita se realizó en el marco de una investigación que la Defensoría tramita desde mayo de 2025, a raíz del anuncio del proyecto de construcción de una megacárcel. Su objetivo, señaló, fue recabar insumos objetivos mediante observación directa sobre las condiciones de funcionamiento del centro y de las personas privadas de libertad.

La defensora relató que, al responder la invitación de la presidenta de la República a la inauguración del CACCO, el 12 de octubre de 2026, le comunicó que no participaría en el acto, pero le informó de su interés en realizar lo antes posible una visita técnica de inspección, como lo ha hecho en otros centros de detención e instituciones públicas.

Recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta a la institución para inspeccionar oficinas públicas sin previo aviso y requerir la información necesaria para sus funciones. Según indicó, la Defensoría ha realizado más de 210 visitas a centros educativos, albergues del PANI, EBAIS, hospitales, ministerios, centros de larga estancia para personas adultas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.

Sobre los señalamientos de conducta, afirmó que en ningún momento se condujo de manera altanera o irrespetuosa. Según su versión, comunicada formalmente al ministro de Justicia y Paz, hubo conductas del personal a cargo de ese ministerio que «no solamente fueron irrespetuosas» de su investidura, «sino que también obstaculizaron, incluso físicamente, e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización institucionales». Ante ello, explicó, tanto ella como otras personas funcionarias que participaron en la inspección pidieron de manera contundente el cese de esas conductas.

Víctimas y personas privadas de libertad

La defensora sostuvo que la defensa de los derechos humanos «no admite categorías de personas cuyos derechos puedan desconocerse o relativizarse». Afirmó que es posible, y además una obligación ética e institucional, mostrar solidaridad con las víctimas y sus familias al tiempo que se velan los derechos de las personas privadas de libertad.

Presentar ambas posiciones como contrapuestas, advirtió, «constituye una narrativa de división, que atenta contra la convivencia democrática y la propia cultura de derechos humanos de nuestro país», y parte de «una indebida instrumentalización de las víctimas y sus familias dolientes, para constituirse en discursos de odio que promueven la violencia».

Cruickshank Lambert enumeró a las poblaciones cuyas voces, afirmó, la Defensoría ha atendido:

  • personas en listas de espera;
  • familias de mujeres víctimas de femicidio;
  • personas migrantes y deportadas;
  • pacientes en salones de emergencia;
  • familias de personas privadas de libertad;
  • jóvenes universitarios;
  • pueblos indígenas y afrodescendientes;
  • niñas y niños albergados en el PANI.

En cuanto a las víctimas de la delincuencia, mencionó acciones como el seguimiento a la Política Nacional de Seguridad, el acompañamiento a familias de víctimas de femicidio y la atención a víctimas de ciberdelincuencia, de las que la institución ha dado cuenta en sus informes anuales ante la Asamblea Legislativa.

«No renunciaré»

La defensora expresó su confianza en que las presidentas de los supremos poderes coincidirán en que «Costa Rica no quiere ver más instituciones divididas y luchando entre sí, sino instituciones que conversen francamente y que respeten los derechos humanos».

Recordó que la Asamblea Legislativa le encomendó un mandato de cuatro años y que es su intención y su deber completarlo. «No renunciaré a las responsabilidades que la ley me ha encomendado ni dejaré de ejercer las competencias institucionales que corresponden. La defensa de los derechos humanos exige objetividad, firmeza y responsabilidad, aun cuando el ejercicio de esta labor técnica e independiente genere incomodidad, cuestionamientos o amenazas a nuestra labor», concluyó.

Angie Cruickshank Lambert, Asamblea Legislativa, CACCO, Defensoría de los Habitantes, derechos humanos, discurso de odio, independencia institucional, órganos de control, personas privadas de libertad, sistema penitenciario