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Etiqueta: perspectiva de género

Nuevo juicio, mismo trauma: “Exigimos justicia para sobrevivientes de violencia sexual” – con firmas

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento sobre el nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. En el enlace puede ver las firmas que apoyan el siguiente texto:

  • Inicia nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. 

  • Sobrevivientes deben volver a declarar tras anulación de sentencia.

El próximo martes 03 de marzo a las 8:00am en los Tribunales de Cartago, dará inicio un nuevo juicio contra el psicólogo, exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exdocente universitario, que en marzo de 2024 fue condenado a 111 años de prisión (pena ajustada a 36 años) por múltiples delitos de violación y violencia sexual en perjuicio de tres mujeres pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut.

Los hechos ocurrieron en 2013, cuando las mujeres se encontraban internadas en condición de alta vulnerabilidad. Según quedó acreditado en el primer juicio, el imputado se aprovechó de su posición de poder y de la condición médica y emocional de las pacientes para agredirlas sexualmente en el contexto de supuestas sesiones terapéuticas.

Aunque el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en 2024, el fallo fue posteriormente anulado por errores en la fundamentación jurídica de la sentencia. No se trató de falta de pruebas ni de descrédito de los testimonios, sino de aspectos técnicos en la redacción de la argumentación judicial.

Esto implica que el proceso debe iniciar nuevamente desde cero y al menos dos de las sobrevivientes vinculadas al caso tendrán que declarar de nuevo.

Volver a declarar: Cuando el sistema obliga a revivir el trauma

La anulación de la sentencia obliga a las sobrevivientes a volver a declarar, y con ello narrar con detalle hechos profundamente dolorosos que ya fueron probados ante un tribunal.

Una de las sobrevivientes, lo explica con claridad:

Lo que más duele es que cuando tengo que volver a contar todo lo que pasó, con lujo de detalles, mi cerebro lo revive. Mi cerebro no entiende que estoy contándolo porque estoy en un juicio. Empiezan las pesadillas, los flashbacks, empieza todo otra vez. Estoy muy molesta y frustrada de tener que volver a contar lo que ese tipo me hizo. No fue porque no nos creyeron, fue por algo técnico… y yo tengo que regresar a contar mi historia otra vez.”

Desde la neurociencia del trauma sabemos que en casos de violencia sexual el cerebro no distingue con facilidad entre el recuerdo narrado y el evento vivido. Las memorias traumáticas se almacenan con una carga sensorial y emocional tan fuerte, que activan la amígdala, el sistema límbico y las respuestas fisiológicas del estrés. Cuando una persona sobreviviente es obligada a relatar repetidamente los hechos en contextos adversos, puede experimentar reactivación traumática, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad intensa y desregulación emocional. Esto tiene nombre: victimización secundaria. Y ocurre cuando el propio sistema que debería garantizar justicia reproduce la violencia, generando aún más daño.

¡Exigimos Justicia!

Este caso evidencia una falla estructural en el sistema judicial costarricense: procesos excesivamente largos, errores técnicos que derivan en nulidades y una carga desproporcionada para quienes denuncian.

Han pasado más de diez años. Las agresiones ocurrieron en 2013. La primera denuncia formal se presentó en 2017. La sentencia condenatoria llegó en 2024. Y ahora, en 2026, las sobrevivientes deberán enfrentar nuevamente un juicio completo.

La justicia que llega tarde, No es justicia.
La justicia que revive el trauma, Tampoco.

Por eso hacemos un llamado respetuoso pero firme a jueces y juezas a emitir sentencias sólidamente fundamentadas, con ética, perspectiva de género, empatía y enfoque en derechos humanos, colocando en el centro la vida, la dignidad y la integridad de las personas sobrevivientes.

Los errores técnicos no pueden seguir traduciéndose en nuevas formas de violencia institucional.

Un llamado a acuerpar y a movilizarnos

Estamos a las puertas del 8 de marzo, fecha emblemática de lucha, reivindicación y memoria colectiva. Pero la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no puede limitarse a una fecha en el calendario. La lucha se sostiene todos los días. Especialmente cuando alguna necesita que la acuerpemos.

Por eso convocamos a los movimientos de mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes comunitarias y ciudadanía comprometida a acompañar este juicio, a mantenerse vigilantes y a exigir una sentencia firme y justicia efectiva.

Porque si tocan a una, respondemos todas.
Porque la justicia no puede seguir siendo un camino desgarrador, para quienes ya hemos sobrevivido a tanto.
Porque la ternura radical también es presencia.

Hoy alzamos la voz y el corazón al lado de nuestras compañeras valientes. 

Exigimos justicia en firme y que la dignidad de las personas sobrevivientes sea el centro del sistema judicial.

Documento con firmas y adhesiones: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/COMUNICADO-DE-PRENSA-NUEVO-JUICIO-CONTRA-PSICOLOGO-Y-EX-DOCENTE-CONDENADO-POR-VIOLACIONES-2.pdf

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA se solidariza ante denuncia por abuso sexual

Ante la denuncia por abuso sexual interpuesta contra un candidato presidencial y actual diputado de la República, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo, que ha decidido hacer pública una denuncia por abuso sexual contra un diputado y candidato a la presidencia de la República, por hechos ocurridos cuando ella tenía trece años y él treinta y dos.

Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia. Denunciar en estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente han revictimizado a las mujeres y minimizado las agresiones cometidas por figuras con poder.

Recordamos que, en Costa Rica, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley N.º 9685, Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo. Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los dieciocho años, y puede interponer la denuncia hasta veinticinco años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.

El hecho de que el denunciado sea actualmente diputado de la República y aspirante a la presidencia plantea una responsabilidad ética y política de mayor magnitud. El fuero parlamentario, o inmunidad, no puede ni debe convertirse en un escudo de impunidad ante denuncias de delitos sexuales, en especial aquellos que involucran a menores de edad. En un Estado de Derecho, todas las personas deben ser investigadas con igualdad ante la ley.

Por ello, el Instituto de Estudios de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que solicitan a la Asamblea Legislativa valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de permitir una investigación judicial transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.

El Estado costarricense tiene la obligación internacional, derivada de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos de derechos humanos, de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia sexual y de protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.

Como institución académica comprometida con la igualdad y la no violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer:

● Rechaza toda forma de descrédito por la violencia sexual sufrida o manipulación política de la víctima; exhorta a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad, transparencia y perspectiva de género; e insta a los medios de comunicación a abordar el caso con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian.

● El Instituto reafirma su compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género y sexual, y con la defensa del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia.

Este caso nos recuerda la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, y la necesidad de que el poder político sea ejercido con responsabilidad, ética y transparencia.

El silencio social y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia. Por eso, acompañar, creer y respetar a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática.

Firma responsable:
Dra. Fannella Giusti Minotre
Directora
Instituto de Estudios de la Mujer
Universidad Nacional de Costa Rica
Heredia, 8 de octubre de 2025

La ampliación de la jornada de trabajo de las mujeres a 12 horas como expresión de la violencia de género

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Frank Ulloa Royo

La violencia de género también impregna las leyes laborales y por tanto tiene un impacto significativo en el trabajo de las mujeres. En la vida diaria y en su incorporación al proceso de trabajo, las mujeres enfrentan una serie de desafíos que reflejan las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas en la sociedad. Existe una relación directa e interacciones entre la violencia social, el trabajo de las mujeres, la discriminación y las desigualdades en el ámbito laboral. En razón del proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo a doce horas, examinamos esta propuesta desde la óptica de las mujeres trabajadoras, porque este cambio en la regulación de la jornada busca aumentar la jornada laboral de las mujeres a 12 horas, dejando de lado la perspectiva de género y a la luz de los Convenios Internacionales de la OIT.

La violencia social, la discriminación y las desigualdades en el trabajo son fenómenos interconectados que afectan negativamente a las mujeres. Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas ignoran las realidades de la doble carga de trabajo y los riesgos asociados para la salud de las mujeres. Es esencial adoptar políticas laborales que promuevan la igualdad, protejan la salud y bienestar de las trabajadoras y respeten los derechos humanos.

La OIT (2021) ha señalado que las mujeres trabajan en promedio 4 horas más que los hombres cuando se combinan las responsabilidades laborales y domésticas. Este proyecto de ley va a afectar al 47 % de las mujeres costarricenses que son encargadas de su propia familia. A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento desde la perspectiva de género con la intención de ser inclusivos en la formulación de las leyes.

Violencia social y trabajo de las mujeres

Las mujeres no solo enfrentan acoso y violencia en el hogar, sino también en sus lugares de trabajo. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas, desde el acoso sexual hasta la violencia física y psicológica. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Consecuencias de aumentar la jornada laboral a 12 horas:

Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas para las mujeres tienen implicaciones severas para su salud y bienestar y la de sus familias. Estudios han demostrado que largas jornadas laborales están asociadas con un aumento en enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental y fatiga crónica. La OMS (2016) ha advertido que trabajar más de 55 horas por semana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 35% y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en un 17%.Para las mujeres, estas consecuencias pueden ser aún más graves debido a la doble carga de trabajo. Aumentar las jornadas laborales sin proporcionar apoyo adicional puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y mental de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes.

Derechos humanos y normativas internacionales

La propuesta de aumentar las jornadas laborales contraviene los principios de los derechos humanos y las normativas internacionales. El Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual muchos países de América Latina son signatarios, establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo jornadas laborales razonables. La OIT también aboga por jornadas laborales que no comprometan la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT y las condiciones de trabajo de la mujer

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado varias propuestas y estrategias para mejorar y equilibrar el trabajo de la mujer. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025

Este plan se centra en promover la igualdad de género en el mundo del trabajo y aborda temas como la discriminación, la violencia y las desigualdades salariales. Entre sus objetivos se encuentran:

  • Promover la igualdad de oportunidades: Asegurar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos dignos y productivos.

  • Mejorar la protección social: Fortalecer la cobertura y eficacia de la protección social para todos los trabajadores.

  • Fomentar el diálogo social: Promover el tripartismo y el diálogo social para abordar las desigualdades de género.

Convenios y recomendaciones claves

La OIT ha establecido varios convenios y recomendaciones que son fundamentales para la igualdad de género en el trabajo. Algunos de los más importantes incluyen:

  • Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156): Protege a los trabajadores con responsabilidades familiares.

  • Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183): Garantiza la protección de la maternidad y el derecho a la licencia por maternidad.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De manera concreta el proyecto de ley para ampliar la jornada de la mujer a doce horas contraviene el Convenio (núm. 156) que tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y tratamiento para hombres y mujeres trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento internacional reconoce que las responsabilidades familiares pueden afectar negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y busca abordar estas desigualdades a través de diversas medidas.

Lo anterior lo afirmo porque el Convenio propone fomentar la igualdad de oportunidades y tratamiento al establecer que las trabajadoras con responsabilidades familiares deben recibir igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo, sin discriminación. Asimismo, busca proteger a las trabajadoras con responsabilidades familiares contra el despido injustificado, como podría ocurrir por las ausencias para atender responsabilidades familiares por enfermedad o cuidados. Finalmente propone mas bien reducir jornadas por distintos medios y horarios flexibles y trabajo remoto, para ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, en busca de promover en la practica la igualdad de género en el ámbito laboral y de apoyar a los hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares.

Estrategias para la igualdad de género

La OIT también promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades y políticas. Esto incluye:

  • Divulgación de información: Aumentar la conciencia sobre los derechos laborales y la igualdad de género que debe considerarse al modificar las leyes.

  • Medidas diferenciadoras: Implementar medidas de apoyo específicas para responder a las necesidades y intereses de las mujeres y los hombres.

  • Promoción de la igualdad en el lugar de trabajo: Asegurar que tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a los derechos laborales. Reducción de las jornadas de trabajo y la creación de apoyos familiares.

Costa Rica contra corriente:

Mientras los países de América Central avanzan en derechos el país avanza contra corriente, en favor de la eliminación de derechos y generando mayores desigualdades al proponer proyectos como el de aumento de jornada que parece que tiene los votos inconscientes necesarios para contribuir destruir la calidad de vida de miles de mujeres. Costa Rica con esta propuesta de ampliación de jornada contraviene las propuestas y estrategias buscan crear un entorno laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. 1

De esta manera sectores de la Asamblea legislativa lejos de darle una perspectiva de género a la legislación para crear un entorno laboral más equitativo y justo, reconociendo la importancia de las responsabilidades familiares y su impacto en la vida laboral de los trabajadores, promueven nuevas y mayores desigualdades.2

Así, Costa Rica dejó atrás su doble moral y de manera clara impulsa estrategias contrarias a la corriente de derechos humanos que impulsa la OIT y que se resume en varias propuestas pro derechos de las mujeres.

Bibliografía

  • Aznar Aguilarte, Alexandra María. «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848).»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). «Ending violence and harassment against women and men in the world of work.»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). «World Employment and Social Outlook: Trends 2021.»

  • Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). «Long working hours and the risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis.»

  • Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1988).

  • Vázquez Macías, Ana. (2022). «La evolución del régimen jurídico del trabajo de la mujer: la conciliación de la vida laboral y familiar como vía estratégica para alcanzar la igualdad de género.» Tesis de Máster, Universidad de Oviedo. España.

1 La perspectiva de género en el derecho laboral es un tema de especial importancia que busca abordar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el libro «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848)», Alexandra María Aznar Aguilarte analiza cómo las políticas laborales comenzaron a reconocer y tratar estas desigualdades desde sus primeras formulaciones. Allí examina la evolución de las leyes y políticas laborales que surgieron durante este período y cómo estas leyes comenzaron a reconocer el trabajo como un derecho fundamental.

2 Ana Vázquez Macías (Universidad de Oviedo,2022) concluye que la corresponsabilidad en las responsabilidades domésticas y familiares es esencial para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ella argumenta que, aunque formalmente se reconoce la igualdad, la realidad material muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, lo que lleva a una doble jornada de trabajo-hogar y limita las oportunidades de promoción laboral para las mujeres, lo que se afecta con normas aparentemente neutras como la ampliación de una jornada para estimular la inversión extranjera.

¿Qué es y cuáles son las consecuencias para Latinoamérica de las nuevas normas europeas sobre Debida Diligencia?

Imagen: https://www.parservicios.com

Por dos días tendremos la oportunidad de comprender, discutir y pensar las oportunidades y riesgos que este marco jurídico implica para países como Costa Rica. Personas expertas de Italia, España y Latinoamérica, en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica debatirán al respecto el 21 y 22 de noviembre, incluyendo el análisis de ese marco normativo, la discusión de proceso en marcha y la inclusión de perspectiva de género, flujos migratorios, cambio climático y los daños en las cadenas de valor.

Este evento, que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene como objetivo discutir y analizar el marco normativo europeo y su impacto en las cadenas de valor globales, así como los desafíos y oportunidades que esto representa para el trabajo y los derechos laborales. A continuación, se resume las actividades a llevar a cabo cada día:

Día 1: Jueves 21 de noviembre

–   Apertura: Inicia con una inscripción y una mesa inaugural con representantes académicos y del colegio de abogados.

–   Primera Mesa: En esta sesión, se abordan temas como el marco normativo europeo en la debida diligencia, la relación con acuerdos internacionales, la negociación colectiva y el cambio climático. Los expositores incluyen expertos de universidades europeas que discuten cómo estas regulaciones impactan la sostenibilidad corporativa.

–   Segunda Mesa: Se enfoca en casos específicos y estudios sobre la aplicación de la debida diligencia en sectores como el transporte y las industrias textil y agrícola. También se explora la situación de las cadenas de valor de productos como la piña y el banano y las relaciones con sindicatos europeos y latinoamericanos.

–   Presentación de Informes Nacionales: Delegaciones de países latinoamericanos presentan sus informes sobre la situación laboral en sus respectivos países, abriendo un espacio para el análisis de problemáticas específicas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.

Día 2: Viernes 22 de noviembre

–   Tercera Mesa: Este bloque se enfoca en temas específicos como la migración en cadenas de valor, la perspectiva de género en los acuerdos internacionales, y los daños en el ámbito laboral. Estos temas son abordados desde una óptica latinoamericana.

–   Cuarta Mesa: Se discuten los impactos socio-ambientales y las externalidades en las cadenas de monocultivos, el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el marco europeo de debida diligencia. Además, se analizan los riesgos y oportunidades de estos acuerdos como espacios de disputa.

–   Cierre y Mesa de Trabajo: Al final del evento, los delegados exbecarios se reunirán en mesas de trabajo para discutir las oportunidades y amenazas de la debida diligencia y los acuerdos internacionales en el contexto de sus propios países. Este cierre busca formular conclusiones y fortalecer el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.

Este encuentro promete ser una plataforma importante para el diálogo entre personas expertas y la promoción de mejores prácticas laborales en cadenas de valor globales, considerando las realidades y desafíos específicos de cada región.

Puede descargar el programa a continuación:

Defensoría pide cuentas por chalecos para mujeres de la policía penitenciaria

La Defensoría de los Habitantes investiga una denuncia sobre la disponibilidad de chalecos de seguridad adecuados para mujeres que laboran en la policía penitenciaria del país.

Para la Defensoría no solo es importante estos dispositivos por un tema de seguridad sino también que se considere la perspectiva de género en su diseño, pues deben adaptarse adecuadamente al cuerpo de las mujeres tomando en consideración las diferencias anatómicas.

En el presente año la Defensoría realizó una solicitud de información a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para conocer las acciones realizadas para la adquisición de estos chalecos, a raíz de una queja presentada por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

En respuesta a esta Defensoría, el 05 de abril anterior la Dirección de Adaptación Social informó que, si bien se cuenta con un contrato activo para la adquisición de estos equipos y se han efectuado varias cargas de contrato -se adquirieron 1.231 unidades-, también es cierto que se han dejado de utilizar un grupo de chalecos debido a su vencimiento, para un total de 1.971 entre el periodo del 2021 al 2024.

Además, se indicó que, para el periodo actual se cuenta con una asignación presupuestaria cercana a los 200 millones de colones para la adquisición en el primer semestre del año 2024 de unos 212 chalecos, los cuales deberán ser distribuidos de manera equitativa en todos los centros penitenciarios y unidades de trabajo, dando prioridad a aquellos que presentan un mayor déficit.

Adaptación Social señaló que como parte del cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional se hizo una carga al contrato para la adquisición de 67 chalecos femeninos, las cuales dadas las características de la contratación constituirían 134 agentes de policía femenina que se estarán cubriendo en esta primera etapa, y de acuerdo al presupuesto asignado a esa partida se irán progresivamente adquiriendo más chalecos a las mujeres policías de acuerdo a la necesidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes continuará con el proceso de investigación y seguimiento a este tema, para generar las recomendaciones del caso.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Estado debe atender pendientes con mujeres y niñas con discapacidad

Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública

La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.

Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.

En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.

Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.

En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.

En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.

En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.

A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.

Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ideología de género ¿Qué es eso?

Marcia Aguiluz Soto.

Por Marcia Aguiluz Soto[1]

Soy feminista y no sé qué es la “ideología de género”. Tengo 18 años como defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, me ha correspondido representar a víctimas de violencia frente a instancias internacionales, dar conferencias, documentar casos, dar clases, escribir artículos… digamos que algo sé de temas de género, pero reconozco que no sé nada de la “ideología de género”, ninguna de mis maestras nunca me habló al respecto y nunca la he aplicado en mi vida.

En estos días y a propósito de las noticias sobre varios presidentes que se enorgullecen por prohibir esta ideología, me di a la tarea de indagar un poco más sobre el concepto. Lo primero que hice, por supuesto, fue “googlear” y preguntar. Resulta que fue el Papa Benedicto XVI quien primero se refirió a este tema y, desde entonces, grupos religiosos y conversadores han utilizado la frase para estigmatizar el concepto de género e intentar borrarlo.

¿Qué es el género? Marcela Lagarde lo describe como “una construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo”. Seyla Benhabib explica que “es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. El género no es un hecho natural sino parte de un proceso histórico y social”.

El género nos permite comprender que las diferencias entre los seres humanos (hombres y mujeres) no están determinadas solo por la biología, sino que han sido construidas y asignadas por las sociedades, de acuerdo con sus culturas y creencias. Así, entre otras cosas, el género nos ayuda a entender por qué se asignan roles diferenciados en la familia a los hombres y a las mujeres, por qué los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres son distintos de aquellos que sufren los hombres, por qué los trabajos de cuidados no están bien remunerados, por qué a las mujeres se nos exige ciertos estándares de belleza y no a los hombres, por qué a los hombres se les cuestiona si son sensibles.

Gracias a este concepto y a la aplicación de la perspectiva de género en políticas públicas, así como en espacios públicos y privados, se han cuestionado los roles, y los estereotipos que históricamente se han asignado a los hombres y a las mujeres, y que han afectado profundamente a ambos, aunque la peor parte la han llevado estas últimas.

Aunque el camino es largo y los obstáculos siguen siendo importantes, hoy tenemos algunos avances que buscan equilibrar la balanza de la desigualdad y saldar algunas deudas históricas, por ejemplo: se reconoce que las mujeres podemos votar y acceder a cargos públicos, que podemos trabajar fuera de casa o decidir no hacerlo, que tenemos derecho a devengar salarios iguales a los de colegas hombres, que las tareas domésticas no son solo un asunto de mujeres, que los hombres pueden demostrar sus emociones, que los hombres pueden elegir asumir las tareas de cuidado, que las mujeres no debemos ser objeto de ningún tipo de violencia, entre otras. Claro está, estos avances no se expresan igual en muchas de nuestras sociedades, y las mujeres siguen siendo juzgadas y violentadas por transgredir el rol que históricamente se las ha asignado.

Entonces, me resulta insólito y lamentable que autoridades, e incluso personas ciudadanas, celebren la prohibición de la denominada “ideología de género”, o crean que no es relevante. Esta decisión, además de que estigmatiza el concepto de género como algo “negativo”, podría implicar una revisión de las políticas públicas que se han creado para avanzar en la igualdad. Es evidente que los políticos usan estas discusiones para distraer, polarizar y entretener a sus seguidores, mientras las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres persisten y no se pueden ocultar.

Las Naciones Unidas han señalado que nos tomará 286 años avanzar plenamente hacia la igualdad; ahora bien, si estos u otros gobernantes insisten en eliminar el género, lo único que estarán consiguiendo es que este plazo se duplique y que a las presentes y futuras generaciones se les niegue la oportunidad de crecer en sociedades más igualitarias y diversas. Aprovechemos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para celebrar los avances, y recordar que los desafíos todavía son muchos como para dar marcha atrás.

[1] Abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Conversatorio: Nuestra Agenda de Mujeres en los planes de gobierno 2022-2026

El Comité Coordinador del Foro Consultivo de Mujeres del INAMU, invita a participar del Conversatorio Nuestra Agenda de Mujeres en los planes de gobierno 2022-2026.

Desde hace 20 años el Foro Consultivo ha discutido, e incidido, en torno a la necesidad de desarrollar políticas públicas con perspectiva de género para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Esta discusión encuentra su sustento en la experiencia y reflexión de las organizaciones presentes en el mismo con representación de todas las regiones del país.

Desde el Foro, consideran que Costa Rica es uno de los países con mayor avance en legislar y en implementar acciones afirmativas a favor de las mujeres, sin embargo, aún falta camino para ver el cumplimiento y disfrute pleno las vidas de las mujeres.  Hacer uso de los derechos constitucionales es una responsabilidad como soberanas y un deber de comprometerse con el cumplimiento de todos los derechos de las mujeres, de quienes aspiran a tomar decisiones en el país.

Esta actividad será el 02 de diciembre de 2021. La convocatoria es para conversar sobre la agenda del Comité y lo que han contemplado los planes de gobierno de las y los candidatos para quienes representamos la mitad de la población costarricense, las mujeres.

Para más información al correo electrónico listacomiteforomujers@inamu.go.cr o vía WhatsApp al 8791-4590 o 8918-1798.

Información difundida por Beatriz Castro Zúñiga del Comité Coordinador del Foro Consultivo de Mujeres INAMU.

KIT de Género

A continuación se adjunta la herramienta del KIT de Género, como aporte de la Licda. Sandra Chaher, presidenta del Colectivo Argentino: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.

El documento del KIT fue realizado en el contexto del Proyecto Velocidad que lleva adelante SembraMedia para el uso de medios de comunicación nativos digitales de tamaños medianos y pequeños de América Latina, con el objetivo de acompañar el proceso de visibilización de espacios libres de discriminaciones y perspectiva de género dentro de los mismos.

 

Compartido con SURCOS por Sindicato Nacional de Periodistas de C.R.

Seminario Web «CONSTRUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ»

La Iniciativa de Acceso México, el Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú y el Proyecto Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert (FES), le invitan a participar en el Primer Seminario Web «CONSTRUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL ACUERDO DE ESCAZÚ» que se realizará el jueves 29 de octubre a las 12:00 horas (Ciudad de México).

El seminario tiene como objetivo «Difundir y promocionar el Acuerdo de Escazú entre personas, organizaciones y redes que trabajan con mujeres para que se conviertan en promotoras de la ratificación del Acuerdo de Escazú y colaboren en la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del mismo».

Para inscribirse debe ingresar en el siguiente enlace y participe contestando las preguntas del cuestionario https://forms.gle/Djoz3V2ff7LQqQnS7

Al inscribirte recibirá el enlace de la sesión en zoom.