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Etiqueta: PIB

Situación fiscal a octubre del año 2024

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía de la Universidad Nacional

Con la actualización más reciente de las cifras fiscales, según el Ministerio de Hacienda, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, presenta esta actualización del análisis de la situación fiscal del país, en seguimiento de los Análisis de la Coyuntura Fiscal que se han hecho públicos en otros momentos del año 2024, a fin de contribuir a la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica. Algunas variables han evolucionado de forma distinta a octubre, con respecto a meses previos, habiendo más ingresos con respecto al PIB, pero también un mayor crecimiento del gasto, lo que redundará en un cierre del 2024 muy similar al anteriormente proyectado.

En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de octubre para el caso de los años mostrados:

Cuadro 1

Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a octubre

 

2021

2022

2023

2024

INGRESOS TOTALES

12,50%

13,36%

12,42%

12,34%

Ingresos Tributarios

10,92%

11,37%

11,11%

10,92%

Impuesto a los ingresos y utilidades

4,20%

4,49%

4,35%

4,02%

Sobre importaciones

0,36%

0,30%

0,29%

0,31%

Sobre exportaciones

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

IVA

4,07%

4,00%

4,03%

4,08%

   Interno

2,43%

2,48%

2,52%

2,55%

   Aduanas

1,65%

1,52%

1,50%

1,53%

Selectivo de Consumo

0,41%

0,38%

0,48%

0,55%

   Interno

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

   Aduanas

0,39%

0,36%

0,46%

0,53%

Otros ingresos tributarios

1,87%

1,78%

1,95%

1,95%

Contribuciones sociales

0,97%

0,95%

0,98%

1,00%

Ingresos no tributarios

0,30%

0,55%

0,28%

0,32%

Transferencias

0,30%

0,48%

0,03%

0,09%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos totales presentan una reducción al décimo mes del 2024, con relación a los tres años precedentes, explicado por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,09% menos) con respecto al mismo periodo del año 2023, una caída menor que la que se contabilizaba a agosto del 2024, con respecto al PIB. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) a octubre hay una reducción del 0,19% del PIB con respecto al comportamiento del mismo periodo del año 2023, que se recupera con respecto a la reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta observada a agosto, pasando de una caída de 0,29% del PIB a una caída del 0,19% del PIB. La menor caída se produce como consecuencia del mejor comportamiento del impuesto sobre la renta a personas físicas, producto de los ajustes retroactivos pagados a lo largo del presente año en el sector público.

En el caso del impuesto al valor agregado, al mes de octubre también mejora la recaudación, incrementándose un 0,05% del PIB, con una mejora tanto en el impuesto recaudado a lo interno como en el IVA recaudado en aduanas. En el caso del impuesto selectivo de consumo también presenta un mejor desempeño, sumando un crecimiento de 0,07% del PIB con respecto a lo recaudado a octubre del 2023, lo que compensa la caída de los ingresos del impuesto sobre la renta. En el rubro de otros ingresos tributarios, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación) y el impuesto a la propiedad de vehículos, la recaudación se mantuvo sin cambios con respecto al PIB, explicado por el crecimiento de 14,7% en el impuesto único a los combustibles, a pesar de la caída en otros rubros.

GASTO PÚBLICO

En cuanto al gasto público, los primeros diez meses del 2024 suman un mayor gasto con respecto al mismo periodo del 2023, un 0,34% del PIB más, explicándose este aumento como consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones, que aumenta este año con relación al PIB luego de varios años de disminuir y de un mayor gasto de capital. El gasto en intereses se mantiene casi sin cambios en su total, apenas un 0,01% del PIB más en octubre del 2024 con respecto a octubre del 2023, aunque sí hay un cambio en su composición, pues hay menos gasto en intereses de deuda interna y más gasto en intereses de deuda externa.

En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, a octubre del presente año el porcentaje aumentó con respecto al mismo periodo del año 2023, explicado por el pago del ajuste retroactivo pendiente, creciendo un 0,11% del PIB. La partida de transferencias corrientes también se mantiene sin cambios significativos, aunque con una disminución en las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional y que se redujeron un 0,07% del PIB, mientras que las transferencias corrientes al sector público crecen un 0,06% del PIB.

En cuanto al gasto de capital, a octubre del 2024 creció con respecto al PIB, con relación al mismo periodo del 2022 y del 2023, a pesar de presentar variaciones importantes en su tasa de crecimiento a lo largo del 2024. A octubre del 2024 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 1,07%, mientras en el mismo periodo del 2023 fue de 0,92% del PIB y en el 2022 fue de 0,93% del PIB.

Cuadro 2

Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a agosto

 

2021

2022

2023

2024

GASTOS TOTALES

16,31%

15,16%

14,88%

15,22%

Gastos totales sin intereses

12,22%

11,10%

10,68%

11,01%

Gastos corrientes

15,26%

14,22%

13,95%

14,08%

Remuneraciones

5,09%

4,61%

4,46%

4,57%

Bienes y Servicios

0,56%

0,54%

0,49%

0,49%

Intereses    

4,09%

4,06%

4,20%

4,21%

         Deuda Interna

3,48%

3,42%

3,40%

3,29%

         Deuda externa

0,61%

0,64%

0,80%

0,92%

Transferencias

5,51%

5,02%

4,80%

4,81%

         Sector Privado

1,85%

1,71%

1,66%

1,59%

         Sector Publico

3,60%

3,29%

3,08%

3,14%

         Sector Externo

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

Gastos de Capital

1,04%

0,93%

0,92%

1,07%

         Inversión

0,45%

0,34%

0,41%

0,39%

        Transferencias

0,59%

0,59%

0,51%

0,68%

        Transferencias con recurso externo

0,09%

0,13%

0,03%

0,11%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

RESULTADO FISCAL

Al mes de octubre del 2024 el país presenta un superávit primario que se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2023. En los primeros diez meses del año el superávit primario alcanzó un 1,33% del PIB, para el mismo periodo del 2023 el superávit primario fue de 1,75%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales y el repunte del gasto en remuneraciones y del gasto de capital, cuya combinación (menos ingresos y más gasto) impactó el resultado primario. En cuanto al resultado financiero, el déficit a octubre del 2024 fue de 2,88% del PIB, mayor al déficit a octubre del 2023 que fue de 2,45% del PIB.

Tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, hay un deterioro de poco más de 0,30% del PIB, que mejora con respecto a agosto, cuando el deterioro en relación al mismo periodo del 2023 era de un 0,40% del PIB. Para el cierre del año la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos podría disminuir con respecto a lo recaudado en el 2023, volviendo a complicar el panorama fiscal, mientras que una menor dinámica económica en la segunda mitad del presente año podría afectar la mejora en la recaudación del IVA. El Observatorio Económico y Social, con los datos a octubre del presente año, prevé los siguientes resultados para el 2024:

  1. El déficit financiero del 2024 se ubicaría en un 3,8% del PIB.
  2. El resultado primario se ubicaría entre un 1,1% del PIB.
  3. El gasto en intereses sería de un 4,9% del PIB.
  4. La deuda del gobierno central se mantendría alrededor del 62% (+/- 0,5%) del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2024 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central, que no hay variaciones importantes en el tipo de cambio y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación al cierre del 2024.

Las anteriores proyecciones se hacen considerando que cualquier cambio en las variables señaladas, vendría a modificar dichas proyecciones. El Observatorio presentará un nuevo análisis de coyuntura fiscal con la información del cierre fiscal del 2024, a fin de analizar lo sucedido en este año y confirmar las proyecciones hechas.

Reiteramos que la posibilidad de hacer ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, muchos rubros de gasto urgen de una mayor asignación de recursos, mientras hacemos un respetuoso llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se hizo el año anterior con el impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en la última reforma del impuesto sobre la renta o las reformas recientes en el IVA. Recuperar los espacios de gasto perdidos requerirá de más ingresos tributarios y la discusión sobre cómo hacer eso deberá empezar pronto.

Insistimos en la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, a fin de reducir el pago de intereses, que para este año incluso alcanzaría un 4,9% del PIB. Parte de los recursos pagados en intereses podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población, de ahí la urgencia de plantear medidas para reducir el pago de intereses en próximos años.

Finalmente, considerando que se prevé que la deuda se mantendrá por encima del 60% del PIB en el 2024 y en el 2025, la aplicación de las restricciones sobre los ajustes salariales y la inversión pública seguirán vigentes, incluso todavía en el 2025. Urge una revisión de la eficacia y la aplicación de la regla fiscal, aún y cuando se deje atrás la parte más restrictiva de la misma, a fin de solventar problemas de la legislación que crea ese mecanismo de control del gasto, además de evitar que se exacerben otros problemas que incluso hoy se están presentando, como la extensión indefinida del congelamiento salarial en la remuneración de los funcionarios públicos.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
17 de diciembre de 2024

Sala Constitucional da plazo a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda para responder sobre mandato constitucional del 8% para la Educación Pública

El pasado 29 de julio Daniela Chaves Matamoros, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Raquel Loría Quesada, presidenta de la FEUNA; Valentina Palacio Mora, presidenta de la FEUCR; María Ortega Zamora, presidenta de la FEUNED; Allison Vargas Molina, representante de la UTN y Francini Mora Chacón, presidenta de la FEITEC, presentaron un recurso de amparo contra el Estado de Costa Rica por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, específicamente por el presupuesto asignado a educación y la vulneración a los derechos fundamentales y humanos que ello implica al no respetar el artículo 78 de nuestra Constitución Política.

Un mes después de la interposición del recurso, 28 de agosto del 2024, la Sala Constitucional emite una resolución sobre el caso presentado. La Sala ordena que se notifique a la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de los hechos alegados por las estudiantes. Se les otorga un plazo de tres días hábiles para dirigirse a lo expresado en el recurso, dejando claro que de no hacerlo y recurrir a un acto de omisión, los mismos serán tomados como ciertos y por ende, dándose con lugar el recurso.

El movimiento estudiantil que presentó el recurso de amparo manifiesta su satisfacción al ver que la Sala Constitucional ya ha emitido una primera resolución donde solicita este pronunciamiento de la ministra de Educación y el ministro de Hacienda. Esto implica que la Sala, en un primer análisis, ha identificado un posible roce entre las acciones del gobierno y lo establecido en la Constitución Política, lo que justifica la necesidad de que las jerarquías de Hacienda y Educación se pronuncien al respecto.

El papel de la educación en el desarrollo nacional. 

La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Nuestra nación ha apostado por la educación como la herramienta más poderosa para romper las barreras de la desigualdad y promover el crecimiento económico y social. Invertir en educación no solo es cumplir con un mandato constitucional, sino también asegurar que Costa Rica continúe siendo un referente en la región por su alto nivel de desarrollo humano. 

Desfinanciar la educación pública no solo es un ataque contra un derecho constitucional, sino también contra el futuro del país. La historia nos muestra que el progreso de Costa Rica ha estado directamente relacionado con su capacidad de ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Es la inversión en educación la que ha permitido que nuestra sociedad avance y se consolide como una de las más equitativas de América Latina.

Preocupación por la falta de pronunciamiento de los ministros.

La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles a los ministros para que rindieran sus informes, plazo que vence el día 2 de septiembre, a la medianoche. Hasta el momento, hemos estado monitoreando el expediente en línea y no hemos recibido ninguna notificación de que los ministros hayan presentado sus respuestas. Esta falta de pronunciamiento genera incertidumbre y preocupación, pues si los ministros no responden, los hechos alegados podrían considerarse ciertos y la Sala podría resolver el recurso en consecuencia. 

El objetivo principal de este comunicado es subrayar que el recurso de amparo ha superado el primer filtro de la Sala Constitucional, lo cual es un paso significativo en la defensa de la educación pública en Costa Rica. Esta admisión indica que la Sala reconoce la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de derechos constitucionales, lo que tiene con necesidad de escuchar las justificaciones del gobierno antes de emitir una resolución final, pero si estas no son presentadas la Sala tomará esta acción como un reconocimiento de aceptación a los hechos denunciados por parte de los ministros.

Presupuesto 2025 y la amenaza a la educación pública 

El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó recientemente el proyecto de ley del Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario para el año 2025, en el cual el presupuesto destinado a la educación pública es nuevamente inferior al 8% del PIB, situándose en un 4,9%. Aún más alarmante es que este presupuesto propuesto no contempla un ajuste por inflación, lo que en términos reales podría representar una disminución aún mayor en la inversión en educación. Esto no solo contraviene el mandato constitucional que exige un mínimo del 8% del PIB para la educación pública, sino que también pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación para millones de costarricenses. 

En declaraciones que nos generan gran preocupación, el Ministro Acosta afirmó que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto diferente, él no ejecutará ningún otro presupuesto que no sea el que presentó en su proyecto de ley. Además, sugirió que aumentar el presupuesto para la educación obligaría al gobierno a recortar fondos de otros sectores esenciales, como seguridad, o programas para adultos mayores. Estas declaraciones son altamente problemáticas y cuestionables desde una perspectiva constitucional y de administración pública. 

Las afirmaciones del Ministro Acosta pueden ser interpretadas como una interferencia en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual podría constituir una violación del principio de división de poderes. La Constitución Política de Costa Rica establece claramente la separación de poderes, donde el Poder Legislativo tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional, mientras que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Cualquier intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar o limitar las decisiones del Legislativo puede ser visto como una intromisión indebida en sus funciones y una violación de la autonomía legislativa.  

Al declarar que no ejecutará un presupuesto diferente al que él presentó, el Ministro Acosta no solo está desafiando la autoridad del Poder Legislativo, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad del orden constitucional al socavar el proceso democrático de debate y aprobación del presupuesto. Estas declaraciones sugieren una falta de disposición para dialogar y llegar a consensos, lo cual es esencial en una democracia sana. 

Más allá de las implicaciones constitucionales, las declaraciones del Ministro revelan una preocupante falta de compromiso con la educación pública, un sector que ha sido clave para el desarrollo de Costa Rica durante más de dos siglos. La educación pública no es un gasto que se pueda reducir sin consecuencias graves; es una inversión esencial en el futuro del país. Al reducir los fondos para la educación, especialmente sin ajustarse por inflación, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y limitar las oportunidades de millones de costarricenses, perpetuando desigualdades y frenando el progreso social y económico.

Un llamado a la acción 

Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. La educación ha sido nuestro motor del desarrollo y el principal instrumento para asegurar una sociedad más justa y equitativa. No podemos olvidar que el peor error de una sociedad es dar su democracia por sentado; la democracia nunca puede darse por sentado, porque se construye día a día. Las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y el presupuesto propuesto para el 2025 representan no solo una amenaza a la educación pública, sino también un potencial atentado contra la división de poderes que sustenta nuestra democracia, y por ende, un atentado directo a nuestro sistema democrático. 

Como Movimiento Estudiantil, estamos vigilantes de todas las acciones que el gobierno lleve a cabo en relación con este tema tan crucial. Sabemos que la educación no es solo un derecho; es un legado que hemos recibido gracias a las luchas del pasado, luchas que en su momento costaron sangre y vidas. Hoy, defender ese derecho no nos exige sacrificios tan extremos; lo único que requiere es nuestra voluntad firme y decidida. Es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo, para que, al igual que nos fue heredado, podamos entregarlo a las futuras generaciones aún más fortalecido. 

Nos comprometemos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro margen de acción, tanto en el sentido de oportunidades como en el legal, siempre respetando los procedimientos constitucionales, para proteger este derecho. No aceptaremos nada que sea inferior al 8% del PIB destinado a la educación pública, a menos que exista una garantía clara y firme de que se alcanzará ese 8% y que no se volverá a reducir en el futuro. Esta es una línea que no estamos dispuestos a cruzar, porque el futuro de nuestra educación y de nuestro país depende de ello.

Hacemos un llamado a toda la población para que se una a esta vigilancia activa. Invitamos a todos los costarricenses a mantenerse informados, a seguir de cerca cada paso que se dé en relación con el presupuesto de educación, y a exigir transparencia y respeto por los principios constitucionales. La defensa de una educación pública de calidad es una causa que nos concierne a todos, porque está en juego no solo el futuro de nuestra juventud, sino el desarrollo y bienestar de toda la nación. 

Este es un momento para la acción y el compromiso. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan nuestra democracia y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Necesitamos, como sociedad, estar unidos y alertas, porque la educación y la democracia no son dádivas; son derechos que debemos proteger y fortalecer continuamente.

“Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer; los derechos de mañana serán el fruto de las luchas que demos hoy.”

SEC: Nuestra educación no es negociable, defendamos su presupuesto

El martes 28 de mayo el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) informa al Magisterio Nacional, como también a las madre y padres de familia que poseen estudiantes en el programa educativo, que han hecho llegar una carta a la señora Ministra de Educación en donde realizan una protesta y manifestación por el motivo de preocupación debido a que ya se ha iniciado a elaborar el presupuesto de la Educación Pública del 2025.

Mismo que se está viendo afectado debido a una solicitud del Ministro de hacienda se debe hacer un recorte en 65,000 millones de colones, lo que dejaría el presupuesto de la Educación Pública en 4.7%, esta acción violenta nuevamente los establecimientos de la constitución política, en el respectivo artículo 78, en el que se establece que el presupuesto para la Educación Pública debe ser el total a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Estas acciones estarían violentando pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Procuraduría y de la Contraloría, donde se especifica y señala que se debe cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto, es por esto que se hace un llamado a la sociedad costarricense, a las madres y padres de familia, estudiantes, a las organizaciones magisteriales, se ensamble una organización para luchar y defender el presupuesto de la educación pública.

Le invitamos a escuchar el video con la declaración del presidente del SEC, Gilberth Díaz.

La importancia de la elección municipal según las cifras del Banco Central; las motivaciones, propuestas y remuneraciones entre los cantones ricos y pobres

German Masís Morales

El Banco Central presentó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) por región de planificación y cantón para el periodo 2019-2021. Las cifras económicas cantonales y regionales incluyen: el valor agregado por actividad económica, indicadores de exportaciones e importaciones de bienes, impuestos a los productos para el período. (Banco Central, comunicado de prensa,24-1-2024)

Estas cifras revelan el nivel de actividad económica, el valor agregado generado, la importancia de las exportaciones e importaciones, la captación de impuestos y la producción por habitante de las distintas regiones y cantones del país, en un panorama que resulta inquietante en este momento de elecciones municipales, por las diferencias y disparidades existentes en la actividad económica, en la producción y en la obtención de impuestos de los cantones y regiones.

Estas cifras son importantes, debido a que la elección por las alcaldías, vice alcaldías y demás puestos en los cantones de todas las provincias y la remuneración que éstos cargos reciban, está determinada por el nivel de actividad económica, de las exportaciones y de la cuantía de los impuestos que recibe cada cantón por las actividades económicas.

De ahí que los datos presentados, revelan que los cantones que tienen un PIB más elevado, son los que remuneran mejor los principales cargos municipales, siendo que San José, Alajuela, Heredia, Santa Ana, Cartago, Escazú, Belén, San Carlos, Montes de Oca y Goicoechea, resultan ser los más atractivos en la competencia electoral del 4 de febrero.

Mientras que Acosta, Montes de Oro, La Cruz, Guatuso, Río Cuarto, Nandayure, Dota, Hojancha, San Mateo y Turrubares, en ese orden, son los que tienen un PIB más bajo y en consecuencia serían los que ofrecen una menor remuneración y los menos atractivos en la contienda electoral.

Por provincias, San José sería el cantón más importante y atractivo en la provincia del mismo nombre, Alajuela central en esa provincia, Heredia central en esta provincia, Cartago central en esa provincia, Liberia en la provincia de Guanacaste, Puntarenas en esa provincia y Pococí en la de Limón.

Los cantones de menor importancia y atractivo por provincia, serían Turrubares en la provincia de San José, San Mateo en la de Alajuela, Santa Bárbara en Heredia, Alvarado en la de Cartago, Hojancha en la de Guanacaste, Montes de Oro en la de Puntarenas y Talamanca en la provincia de Limón.

En lo que respecta a la información por región del país, San José sigue siendo el más importante de la región Central, Liberia de la región Chorotega, Puntarenas de la Pacífico Central, San Carlos de la Huetar Norte, Pococí de la Huetar caribe y Pérez Zeledón de la región Brunca.

Mientras que Turrubares sería el menos importante y atractivo en la región Central, San Mateo en la Pacífico Central, Hojancha en la Chorotega, Río Cuarto en la Huetar Norte, Talamanca en la Huetar Caribe y Buenos Aires en la Brunca.

En estas cifras por región, sigue siendo notable que los cantones que tienen el Producto Interno Bruto más alto se encuentran en la región Central, con excepción de San Carlos y la totalidad de los cantones con el PIB más bajo pertenecen a las regiones periféricas.

Un comportamiento similar ocurre con la recaudación de impuestos por los cantones y regiones, donde San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Belén, Flores, Escazú, Goicoechea, Santa Ana y San Carlos son los que reciben una cuantía mayor de impuestos y por ende tienen un mayor incentivo en la lucha electoral cantonal.

En tanto, Turrubares, San Mateo, Hojancha, Río cuarto, Dota, Guatuso, Nandayure, Los Chiles, León Cortés, Zarcero, Tarrazú, la Cruz, Buenos Aires, Alvarado y Acosta son los que obtienen menor cantidad de recursos por impuestos.

De esta manera, el próximo 4 de febrero, la disputa por los principales puestos en las elecciones municipales de todos los cantones, puede tener motivaciones diversas, para algunos mantener el alto nivel de actividad económica y comercial que ya tienen, aumentar la inversión pública y privada y atraer mayor inversión extranjera, mejorar la recaudación de impuestos y manejar de manera más eficiente los presupuestos municipales.

En otros municipios, las motivaciones pueden ser dinamizar la actividad económica y comercial, mejorar la infraestructura vial y productiva, generar más empleos, tratar de ampliar los servicios públicos y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Así es que dentro de dos semanas, los electores deben preguntarse que nivel de actividad económica, que nivel de exportaciones genera, que cantidad de impuestos recibe el cantón en que vive y que motivaciones y propuestas presentan los candidatos a los diferentes puestos, según el lugar que ocupa su cantón en las cifras presentadas por el Banco Central.

Sería necesario que ubiquen si el cantón que habitan pertenece a los que presentan mayor actividad económica, recaudan más impuestos y remuneran mejor los cargos que se van a elegir o son de los cantones que tienen una menor actividad económica, reciben menos impuestos y en donde la elección es crucial para mejorar la condición económica y social de sus pobladores.

Una vez más dada, la concentración de la actividad económica en los cantones de las 4 provincias centrales o Gran Área Metropolitana frente a la débil actividad económica de los cantones de las provincias y regiones periféricas, define los cantones ricos y pobres del país, en una diferenciación que revela la desigualdad en el acceso a los recursos, en la inversión pública y privada, en las oportunidades económicas, en la presencia de la institucionalidad pública y en la importancia política de los gobiernos locales.

¿Cuál es la base científica para invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación?

Por: Pablo Chaverri Chaves

Académico Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Niñez

El Producto Interno Bruto (PIB), definido como el total del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un año, no depende solamente de aspectos como los recursos naturales, la infraestructura o el capital financiero. De hecho, ninguna de las anteriores dimensiones supera en importancia al factor número uno de todos para explicar el desarrollo económico de una nación: las capacidades de las personas que la habitan.

El crecimiento económico a largo plazo del producto interno bruto (PIB) de un país está fuertemente determinado por las habilidades de su población. Se estima que, aproximadamente, un 75% de la variación en el crecimiento del PIB per cápita de una sociedad puede explicarse por los resultados de las evaluaciones internacionales en habilidades cognitivas, matemáticas y ciencias de sus estudiantes (Hanushek & Woessmann, 2021).

El valor agregado de los bienes y servicios que se producen depende ampliamente del conocimiento. Los países que obtienen mayores ganancias no son los que producen materias primas, sino los que las transforman y les agregan valor con sus conocimientos. Entender que el conocimiento es costoso, pues implica grandes inversiones de tiempo y recursos, es particularmente crítico para las economías en desarrollo, como es el caso de Costa Rica.

Estas diferencias entre países también se pueden observar entre individuos. Cuando se invierte en programas de educación preescolar de calidad y se compara entre niños que los recibieron con respecto a sus pares que no los tuvieron y se analiza cuando ambos grupos son ya adultos, se estima que la diferencia de ingresos entre el primer grupo y el segundo es de un 25% a favor del primero (Gertler et al., 2014).

Aunque Costa Rica invierte porcentualmente más que sus vecinos en educación, el monto que invierte por estudiante es mucho menor al promedio de la OCDE, debido a que el PIB per cápita costarricense es significativamente menor al de la OCDE, razón por la cual la cantidad de dinero por estudiante ofrece un mejor comparativo que la proporción del PIB. Por ejemplo, mientras que Costa Rica invertía en 2019 un monto de $5.399 por estudiante en primaria y secundaria, en Chile el monto era de $6.639 y el promedio de la OCDE era de $10.316, es decir, que el promedio de la OCDE casi duplica el gasto por estudiante en Costa Rica.

Cerca de una tercera parte de las personas menores de edad viven en situación de pobreza en Costa Rica, lo cual compromete seriamente el cumplimiento de sus derechos y afecta su desarrollo integral a largo plazo de forma grave, tal como lo sugiere importante evidencia científica reciente (Chaverri Chaves, 2021). De acuerdo con datos de la OCDE, la situación socioeconómica explica el 16% de la varianza en el rendimiento en lectura en Costa Rica, mientras que el promedio de la OCDE es del 12%. Es decir, que el impacto de las desigualdades socioeconómicas en el rendimiento académico en lectura es cuatro puntos mayor en Costa Rica que en toda la zona OCDE.

Nacer en pobreza tiene un alto impacto en el desarrollo cognitivo posterior del niño. Sin embargo, un solo episodio de pobreza, incluso si es precedido y seguido por estados de no pobreza, también deja un impacto significativo en los puntajes en pruebas cognitivas. Para los niños que están persistentemente en pobreza durante sus primeros años, sus puntajes en pruebas de desarrollo cognitivo a los 7 años son significativamente más bajos que los de niños que nunca han experimentado pobreza (Dickerson & Popli, 2012). Esto es crucial, porque el desempeño global de un sistema educativo está fuertemente influido por sus niveles de equidad e inclusividad, algo que requiere una robusta inversión en programas de asistencia, protección y apoyo socioeconómico y psicosocial, en conjunto con programas académicos de alta calidad.

En pocas palabras, la inversión en educación se paga a sí misma y los recortes en educación se terminarán pagando demasiado caro, especialmente por parte de los niños más pobres.

Referencias científicas citadas

  • Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas En Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
  • Dickerson; A. & Popli, G. (2012). Persistent poverty and children’s cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study. Department of Economics, University of Sheffield. Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of London, ISBN 978-1-906929-39-8.
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  • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). Education and Economic Growth. En E. A. Hanushek & L. Woessmann, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651
  • Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Mesa de Diálogo Social y Productivo exige destitución de ministra de Educación, Anna Katharina Müller y rechaza declaraciones

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.

Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.

El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.

Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.

El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.

La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.

Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.

Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.

Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.

Absolutamente cierto

Herbert E, Contreras Vásquez.

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Nuestro PIB anual supera los $64.000.000.000,00 de USD, ver siguiente enlace.

https://datos.bancomundial.org/country/CR

Esto significa no menos de $1.000,00 mensuales per cápita o $5.000,00 mensuales por familia aportando a la producción de riqueza nacional.

Si dividimos los costos de producción en tres factores:

  1. Riesgo de inversión, capital financiero del emprendedurismo.
  2. Costo de propiedades, maquinaria, equipo, herramientas e insumos (agua, energía, materias primas y logística).
  3. Mano de obra o planillas: sueldos y salarios.

Aquí vemos sin espacio de discusión, la explotación y esclavitud descarada.

El pueblo percibe menos de la quinta parte de la riqueza nacional y tiende a disminuir esta proporción de participación por medio de leyes que han hecho retroceder un siglo atrás los derechos sociales y laborales conquistados.

Valga mencionar las leyes de prohibición de huelgas, prohibición de manifestaciones, empleo público, una ley de impuestos (eufemísticamente llamada de Justicia Tributaria) y la Ley 4 x 3 en discusión; que eliminaría el pago de horas extras a los trabajadores del sector más dinámico de nuestra economía en las zonas francas.

Hay que agregar que la planilla nacional antes de los años 80 absorbía, un 50% del PIB; hoy es menos de su cuarta parte.

La moraleja es que la «pobreza» de Costa Rica es un mantra que nos repiten sin cesar nuestros desgobernantes para sostener la explotación de los ciudadanos costarricenses a favor de los capitalistas de siempre.

La pregunta medular es: ¿Quo Vadis Costa Rica?

La engañosa baja del desempleo y la reducción de la población económicamente activa

Artículo de opinión por la académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, quien coordina el Proyecto de Investigación Trabajo y Crisis

La disminución del desempleo es algo que todas y todos queremos en este país. Por lo cual si se presenta un decrecimiento hay que celebrarlo y reconocer los avances que ello significa, en especial en esta época post pandemia en la que se han profundizado las asimetrías en los mercados laborales. Sin embargo, festejar una caída del desempleo que no se acompaña de un crecimiento de la población ocupada es dejarse engañar por las cifras, es pasar por alto que en los mercados laborales siempre hay que revisar dos veces lo que está sucediendo y analizar las diferentes aristas, a no ser que se esté consciente de ello y aun así se quiera confundir a la población.

Por ello, aunque podemos notar en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del I Trimestre 2023 (INEC, 2023) que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 11%, lo que también se puede visibilizar es que con respecto al trimestre anterior (INEC, 2022a) y al I Trimestre del 2022 (INEC, 2022b) hay una reducción significativa de la población ocupada.

Análisis interanual

En general, los datos del I Trimestre del 2023 con respecto al I Trimestre del 2022 reflejan que hay un total de 139.044 personas más fuera de la fuerza de trabajo y que la población ocupada se redujo en 3.974 personas, pese a que la cantidad de personas desempleadas bajó en 81.448, por lo que no se trata de que esas personas estén encontrando trabajo, por lo que se trata de una reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) que, en total corresponde a 85.421 personas en el lapso de un año.

Análisis trimestral

Asimismo, si comparamos el I Trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022 los cambios son más profundos, pues se evidencia una reducción de la cantidad de desempleados de 38.306, sin embargo, en este caso tampoco se trata de que pasen a engrosar la población ocupada, por lo contrario, esta se redujo en 74.958 personas, lo cual corresponde a una reducción de la PEA de 113.264 personas.

La población desalentada

Por otra parte, es importante considerar otro fenómeno importante en la población y es que si revisamos las cifras de las encuestas de empleo encontramos que la reducción del desempleo se explica en parte por la población desalentada -que termina ampliando aquella fuera de la fuerza de trabajo- y que corresponde a esa que no está buscando trabajo porque no tiene dinero, se cansó de buscar, no le dan trabajo, no hay trabajo en la zona o sabe que no en esta temporada no hay trabajo, en suma son 24.616 personas.

Pero, ¿quiénes son esas personas desalentadas? En cuanto a sus territorios, son personas mayoritariamente de zonas urbanas, se distribuyen mayoritariamente en la región Central, Brunca y Huetar Norte. En cuanto a su perfil educativo, son personas con una baja especialización, que se concentran mayoritariamente en el grupo etario que va entre los 45 y 59 años, y los 15 y 24 años, y que son sobre todo hombres.

Las presiones sobre la satisfacción de las necesidades

Por lo cual, se mantiene la preocupación sobre la condición de actividad de las personas en el país, pues si la PEA se reduce hay serias presiones sobre los ingresos de los hogares, los cuales dependen mayoritariamente de lo percibido por medio de sus labores -salario- para sostener la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, ello significa una mayor dependencia económica, por lo cual podríamos esperar incrementos en los niveles de pobreza de la población.

Crecimiento económico que no se traduce en nuevos empleos

Todo esto, mientras el crecimiento económico del país se mantiene al alza, pues según el Banco Central de Costa Rica (2023) la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado fue de un 4.3%, y se proyectó en 3.3% para el 2023, es decir, producimos más pero con menos gente, lo cual es esperable ante un contexto de cambio tecnológico global; sin embargo, plantea el desafío de cómo dotar a la población de las herramientas necesarias para insertarse en esas nuevas formas de trabajo, por un lado. Por el otro, el de cómo generar nuevos puestos de empleo a fin a la población desempleada -y desalentada- mientras se ajusta el perfil de especialización de estas personas, otorgándole una atención especial a la población joven y a las mujeres, para incentivar su inserción en las ciencias.

Alternativas como responsabilidad gubernamental sobre el bien común

Seguimos esperando la reactivación económica necesaria para que la población desempleada sea absorbida por la población ocupada y no por la que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Continúa la necesidad de que los sectores productivos nacionales se fortalezcan para que puedan producir y generar empleo, para ello, es preciso -primero- saber leer adecuadamente las cifras del mercado laboral para no caer en eso de pasar un gato por una liebre.

Se mantiene la urgencia de que el sector productivo nacional junto con el Estado -incluida la academia- generen alternativas para incrementar la productividad de las actividades económicas y generen puestos de empleo de calidad, para ello, por supuesto que no basta con hacer a la población trabajar más horas.

Ojalá que se vean pronto propuestas en esta materia y en especial, ojalá que estas propuestas estén a la altura del bien común, y no, del aprovechamiento de un sector de la población en detrimento de otros y otras; lo cual no es otra cosa que la responsabilidad del Gobierno electo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

¿Quién se está comiendo el queque?

Luis Paulino Vargas Solís

Supóngase que agarramos la serie de datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, desde la primera vez que se publicó hasta la más reciente que se hizo pública. Supóngase que nos interesan los datos de ingresos de la población y, con ese fin, comparamos el primer dato registrado con el más reciente. En tal caso, miraremos el dato del trimestre julio-agosto-septiembre de 2010 y el del trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022. En total, habrán trascurrido algo más de 12 años entre el primer dato y el segundo. Supongamos, además, que vamos a considerar los precios, medidos según el Índice de Precios al Consumidor, de modo que consideraremos el nivel de precios promedio que ese Índice nos reporta para cada uno de los dos trimestres mencionados. De esa manera, trataremos de expresar el poder adquisitivo real de los ingresos, una vez hemos descontado el aumento de precios registrados a lo largo de esos 12 años y pico.

Hecha esa operación, la conclusión que resulta se resume en lo siguiente: en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022, el ingreso promedio en el sector privado es inferior en -15,3% respecto de nivel que tenía en el trimestre en julio-agosto-septiembre de 2010, más de 12 años atrás. En el sector público hay apenas un pequeño aumento de 3%. Eso sí, debemos indicar que, si hacemos la misma operación a fin de comparar lo ocurrido entre mediados de 2019 y finales de 2022, encontraremos que el ingreso en el sector público, descontada la inflación, se desplomó un -18,4%. El mismo dato para el sector privado fue de -7,4%. O sea: los últimos tres años y unos meses, registran un desbarranco generalizado y catastrófico.

Supongamos que ahora revisamos los datos del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y, en particular, el PIB por habitante. Resulta que ese dato, tomado en términos “reales”, o sea, descontando la inflación, aumentó nada menos que un 29,1% entre 2010 y 2022. Inclusive en el período 2019-2022 se incrementa un 4,5%, no obstante que de por medio está la crisis pandémica. Ya vimos que, en este último período, los ingresos de la gente -en el sector privado y más agudamente en el público- sufren una fuerte contracción.

Compare la evolución del dato del PIB por habitante con los de los ingresos promedios de la población ¿cómo entender el abismo que se abre entre una cosa y otra?

Aquí hay anomalías diversas. Una de ellas se relaciona con el PIB, un indicador que ha perdido representatividad, y cada vez resulta más falaz y engañoso. Otra tiene que ver con el propio modelo de desarrollo. Algunos “alguienes” -tan privilegiados que las propias estadísticas del INEC no logran registrarlos- se están quedando con una tajada enorme del queque. Pero, la verdad, seguramente una parte sustancial de ese queque se va hacia el exterior.

No solo son un número en el PIB

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Por décadas, en Costa Rica, nos hemos acostumbrado a observar camiones repletos de trabajadores recolectores de café.

Hemos naturalizado las condiciones deplorables en las que estas personas trabajadoras son transportadas, quizá porque las incorporamos en el paisaje de temporada de fin e inicio de año y no reparamos en las consecuencias que estas formas de llevarlos y traerlos de las fincas cafetaleras podrían acarrear.

Tal vez en el fondo y parafraseando a Judith Butler, nuestra actitud se deba a que en la mayoría de los casos representan “cuerpos que no importan” o cuerpos descartables, por representar a ese otro extranjerizado, la mayoría de las veces ubicado en la periferia de los procesos socioculturales del país.

Hace muchos años en un trabajo de campo sobre las condiciones laborales de personas migrantes nicaragüenses en la actividad de la caña de azúcar, una entrevista con una mujer trabajadora me había impactado de forma profunda.

Al referirme su afectación en los riñones debido al calor de las quemas que se producen en los cañales y ante la falta de seguro (estaba en condiciones de irregularidad migratoria) me comentaba que la auto medicación y los puños de sal que consumía eran el remedio que utilizaba para calmar el dolor.

Hace pocos días el accidente en una finca cafetalera en el occidente del país en la que más de 30 personas trabajadoras recolectoras sufrieron heridas y una persona perdió la vida, pasó casi desapercibido en medio de la polifonía de fin y principio de año y los escándalos de comunicación política que han salpicado el ambiente nacional.

La contribución a las cuentas nacionales de este contingente de personas trabajadoras, que no es menor dicho sea de paso, no debiera ser el principal punto de interés de una sociedad que se nutre de sus aportes.

Antes bien, deberíamos reparar en sus condiciones laborales y exigir su mejora, sea cual sea su nacionalidad y su permanencia jurídica en el país.

Antes que un número en el PIB, son seres humanos con todos sus derechos inherentes. No olvidemos ese pequeño gran detalle.