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Etiqueta: PIB

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

Costa Rica y el FMI: Un camino trillado, un fracaso seguro

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Uno de los argumentos favoritos para justificar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es aquel que insiste que ello nos dará una “carta de presentación” o, mejor aún, un “certificado de buena conducta”, ante los mercados financieros internacionales. Y entonces, nos dicen, al mejorar la imagen de Costa Rica, lograremos mayor acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables. Lo cual, a su vez, pondría en marcha una espiral virtuosa de baja en las tasas de interés, reanimación de la inversión empresarial, creación de empleos y, a fin de cuentas, bonanza económica.

Esto que digo no es ni quiere ser una caricatura. Es, casi textual, lo que repiten los economistas de la corriente dominante, cuyos rostros en la televisión se han vuelto tan familiares como los de los futbolistas más famosos. Y, sin embargo, la suya es la oferta propia de una casta de brujos y hechiceros: superstición y pensamiento mágico. Pende de supuestos épicos, extremadamente audaces, pero, además, no hay evidencia histórica que respalde tales desvaríos.

El caso de la crisis de la deuda pública europea

El problema estalló a finales de 2009, cuando se dio a conocer que, contando con la complicidad de Goldman Sachs, poderoso banco de inversiones neoyorkino, el gobierno griego había “maquillado” los datos. Falsamente se había informado que el déficit fiscal era del 3,7% del PIB, cuando la cifra real alcanzaba el 12,7% (meses después el dato se revisó al alza, por encima del 13%). Se desató así la crisis de la deuda europea, conforme los juegos especulativos en los mercados financieros extendían el “contagio” hacia las deudas de Italia, España, Irlanda y Portugal, o sea, los países de la así llamada “periferia de la zona euro”. Ello provocó que las tasas de interés sobre sus emisiones de deuda se elevaron peligrosamente.

Empezó entonces una sucesión de “programas de rescate” para estos países. En el caso de Grecia, el primer programa, por €110 mil millones, se aprobó en mayo de 2010. A poco quedó en evidencia el fracaso de esta iniciativa, lo que obligó a un segundo programa de rescate, aprobado en julio de 2011 por €130 mil millones. Programas similares fueron aplicados para los otros países involucrados en la crisis de la deuda. En todos los casos, sin excepción, estuvo presente el FMI, como parte de la llamada “troika”, junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

¿Se logró así restablecer la “confianza” de los mercados financieros y la de esos entes fantasmagóricos llamados “los inversores”? ¿Se logró estabilizar la situación y reducir las tasas de interés, de forma que Grecia y los otros países afectados tuviesen acceso a financiamiento en condiciones favorables? Rotundamente NO.

Los acontecimientos a lo largo de 2011 y hasta bien entrado 2012 resultan muy ilustrativos. Mientras las tasas de interés de la deuda alemana de largo plazo se movían por debajo del 2%, la de Grecia por momentos alcanzaba la cota surrealista del 27-28%. La de Portugal llegó a rozar el 14%, la de Irlanda el 12%, y las de Italia y España rondaban el 7%.[1] Y, por favor, tangamos presente que en esos mismos momentos estaban en vigencia los célebres “programas de rescate”. Estos, conviene enfatizar, materializaban al detalle los énfasis de política económica característicos del FMI, es decir, su marcado sesgo hacia la austeridad fiscal, el recorte y la restricción, sumadas a las infaltables privatizaciones. Tal sería la vía “correcta”, de hecho, la única posible, para sanar los desequilibrios fiscales. Y, sin embargo, la realidad proclamaba ruidosamente otra cosa.

Y, a fin de cuentas, ¿cómo se logró estabilizar la situación e impedir que la eurozona colapsara? No fue gracias a estos programas austeritarios. Un momento, en particular, resultó decisivo para modificar el curso de los acontecimientos, cuando Mario Dragi, presidente del BCE, estando en Londres, lanzó el 26 de julio de 2012, su famosa frase: “el BCE está listo para hacer lo que sea necesario. Créanme que será suficiente”[2]. Ello marcó un punto de quiebre decisivo en el enfoque de la crisis por parte del BCE. Engavetada la ortodoxia, en adelante el BCE siguió la ruta que, desde finales de 2008, transitaba la Reserva Federal de Estados Unidos, la llamada política de facilitación cuantitativa (o “quantitative easing” según su designación original en inglés), lo cual incluye la adquisición masiva de bonos de deuda pública, con el expreso objetivo de reducir significativamente sus tasas de interés.

Posteriormente a esto las primas sobre la deuda de los países de la periferia europea, o sea, el margen sobre las tasas de interés de la deuda alemana, bajaron y se estabilizaron, lo que, a fin de cuentas, impidió que la eurozona implosionara.

O sea, y en breve, el patrocinio del FMI fue por completo incapaz de propiciar que se recuperara “la confianza de los mercados financieros”. No ocurrió tal cosa, y quizá la razón principal de ello es que los paquetes de rescate, lejos de “rescatar” las economías (a lo más “rescataban” a los bancos), más bien provocaron recesión, desempleo al alza e hirviente malestar social. Todo lo cual hacía mucho más difícil recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. De hecho, se fracasó dramáticamente justo en aquello que se suponía ser el objetivo prioritario: controlar y reducir la deuda pública. En el caso de Grecia, por ejemplo, siendo que la deuda representaba un 127% del PIB en 2009 -o sea, el año en que se gatilla la crisis de la deuda- a las alturas de 2019, se ubicaba en 165%. Es significativo el título que Stiglitz quiso poner al capítulo 7 de su libro sobre el euro: “Políticas de crisis: cómo contribuyeron las políticas de la troika a empeorar la estructura de la eurozona y a garantizar la depresión” (Stiglitz 2017).

Recordemos que en 2008-2009, el impacto de la crisis financiera y la Gran Recesión originadas en Estados Unidos, provocó una severa recesión también en Europa, incluyendo estos países de la llamada periferia. A las alturas de 2010, y con excepción de Grecia, las economías de los otros cuatro países involucrados en el problema, ya habían logrado reemerger a territorio positivo. Las políticas de austeridad impuestas a través de los “programas de rescate”, produjeron una segunda recesión, incluso más prolongada que la primera, ya que se extendió hasta 2013 (2015 en el caso griego), y cuyos efectos en el desempleo fueron incluso mucho más severos de los que se habían sufrido con motivo de la recesión de 2008-2009.

En síntesis: los programas de austeridad fiscal, liderados por el FMI como parte de la “troika europea”, fueron, desde cualquier ángulo que se les mire, un completo fracaso.

La crisis de 1997 en el sudeste asiático aporta material adicional para la reflexión

Es un tema que el célebre Joseph Stiglitz analiza en su libro “El malestar en la globalización” (Stiglitz 2002). El problema inició con la devaluación de la moneda de Tailandia (el bath) hacia julio-agosto de 1997, y rápidamente se extendió a Corea del Sur, Malasia e Indonesia, con repercusiones que se hicieron sentir posteriormente en Rusia y Brasil.[3] Las políticas de liberalización financiera que el FMI había promovido, crearon las condiciones propicias que dieron lugar a la crisis. Una vez que ésta se precipitó, las recetas fondomonetaristas de austeridad fiscal y privatización dificultaron su superación.

Malasia optó por rechazar la participación del FMI, y decidió seguir su propio camino y generar sus propias respuestas. Desestimó así las advertencias catastrofistas que se le formularon, las cuales le auguraban el castigo de “los inversores” y, desde luego, un desastre seguro (¿verdad que suena familiar?). Y, sin embargo, fue el país que logró la más rápida y sólida recuperación, aunque no fue el único “alumno mal portado”. Tampoco Corea siguió al pie de la letra las recetas que la ortodoxia prescribe.

La herejía de Malasia reiteró una blasfemia que también le dio buenos resultados a la India y China, y les mantuvo al resguardo de la tormenta: la imposición de diversas formas de control sobre los movimientos de capital, diseñadas con sentido pragmático y flexible.

En breve: no aplicar las políticas austeritarias, de privatización y desregulación que prescribe el FMI, puede resultar lo más sensato y correcto.

Y la década pérdida de América Latina…

Podríamos todavía extendernos ampliamente acerca de lo que significaron los programas de austeridad fiscal y “ajuste estructural”, que el FMI, en colusión con el Banco Mundial, aplicaron durante el decenio de los ochenta del pasado siglo en América Latina, como respuesta a la crisis de la deuda externa que tan duramente golpeó a nuestro continente a inicios de ese decenio. Correspondió eso a un paquete de política que a finales de los ochenta recibió la designación de “Consenso de Washington”. Este término fue propuesto por John Williamson (Williamson Septiembre 2003), y posteriormente devino de uso generalizado.

El abordaje que se hizo de la crisis, con base en esa propuesta de políticas, devino devastador para las economías, las sociedades y, en especial, los pueblos latinoamericanos, y sus perniciosos efectos se hicieron sentir durante todo ese decenio e, inclusive, entrados los años noventa[4]. Ello ameritaría una discusión mucho más amplia que, a fin de no alargar en exceso este artículo, dejaré para un momento posterior.

A modo de conclusión, quiero enfatizar que la experiencia latinoamericana de los años ochenta, ofrece conclusiones que coinciden con las que es posible extraer de la crisis de la deuda europea en el período reciente. En particular las dos siguientes:

  1. Las políticas de austeridad fiscal, recorte y restricción que el FMI promueve, provocan recesión y desempleo, y conllevan elevados costos sociales y humanos, con repercusiones negativas que, potencialmente, se prologan por decenios. Tristemente es el camino que, con notoria terquedad ideológica, está siendo elegido por las élites políticas de Costa Rica (tanto el gobierno de Carlos Alvarado como asimismo la Asamblea Legislativa, con pocas excepciones).
  2. El objetivo prioritario de estas políticas es devolverles sostenibilidad a las finanzas públicas, pero, sobre todo, poner la deuda pública bajo control. En ese sentido, su fracaso es total: no lo lograron en América Latina en los ochenta. No lo han logrado en Europa en el período reciente. Tampoco lo lograrán en Costa Rica.

Retomaré este asunto en artículos posteriores.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Alonso, Nuria, y David Trillo. 2015. «Riesgo soberano en la eurozona ¿una cuestión técnica?» Papeles de Europa Vol. 28 núm. 1 1-26.

Becker, Victor A. 27 septiembre 2013. «The experience of three crises: the Argentine default, American subprime meltdown and European debt mess.» Real-World Economic Review 64 65-115.

González Sarro, Iván. 2013. Impactos de la década perdida en América Latina ¿Una lección para los países periféricos de la Unión Europea? Reexaminando el modelo neoliberal. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Alcalá.

Kokkinakis, Yiannis. marzo 2018. «From Bologna to Athens: the political economy of reforms in Europe.» Real-World Economic Review 147-162.

Palley, Thomas. Septiembre 2017. «Fixing the euro’s original sins: the monetary –fiscal architecture and monetary policy conduct.» Real-World Economics Review 81 15-26.

Soros, George. 1999. La crisis del capitalismo global. México: Plaza & Janes.

Stiglitz, Joseph. 2017. El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Barcelona: Penguin Random House.

—. 2002. El malestar en la globalización. Buenos Aires: Aguilar Ediciones.

Ugarteche, Oscar. julio-septiembre 2016. «Lecciones de la crisis del euro para la cooperación financiera regional.» Problemas del desarrollo 186 (47) 31-57.

Vilariño Sanz, Ángel, Nuria Alonso Gallo, y David Trillo del Pozo. 2011. «La falacia del spread de la deuda soberana como indicador de la solvencia del Estado.» XIII Reunión de la Economía Mundial.

Williamson, John. Septiembre 2003. «No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencia sobre los pasos a dar.» Finanzas y Desarrollo 10-13.

Wishart, Ian. 2012. «ECB ‘will do whatever it takes’ to save the euro.» PolíticoPro, 26 de Julio.

[1] Algunos trabajos interesantes sobre la crisis europea de la deuda son los siguientes: (Alonso y Trillo 2015); (Vilariño Sanz, Alonso Gallo y Trillo del Pozo 2011); (Ugarteche julio-septiembre 2016); (Becker 27 septiembre 2013); (Kokkinakis marzo 2018); (Palley Septiembre 2017)

[2] Wishart lo cita en estos términos: “Draghi, the ECB’s president, who was speaking in London today (26 July), said he was “ready to do whatever it takes” to save the euro, adding: “Believe me, it will be enough.” (Wishart 2012)

[3] En (Soros 1999) se ofrece una crónica interesante de los acontecimientos, y un análisis muy sugerente.

[4] En (González Sarro 2013) se aporta una síntesis muy ilustrativa sobre las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del Consenso de Washington en América Latina.

 

Publicado en https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/01/costa-rica-y-el-fmi-un-camino-trillado.html?m=1 y compartido con SURCOS por el autor.

¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.

En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.

1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?

2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.

3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.

4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.

5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.

6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?

7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.

8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.

9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.

10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.

11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.

12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.

13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.

14) En resumen, tenemos lo siguiente:

  1. Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
  2. Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
  3. Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
  4. Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
  5. La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.

15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.

No a los recortes en cultura. Un país sin cultura es un país sin identidad

SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.

Compartimos la carta:

17 de octubre 2020, San José, Costa Rica

Señoras y señores Diputados

Comisión de Asuntos Hacendarios

Asamblea Legislativa

Asunto: No a los Recortes en Cultura

Estimadas señoras y señores Diputados,

Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.

Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.

Lamentablemente estos recortes representan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.

Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:

  • Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
  • Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
  • Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
  • Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.

Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.

Un país sin cultura, es un país sin identidad.

Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)

Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)

Consorcio Animation Costa Rica (ACR)

Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds

Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)

 

Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Por nuestra independencia económica

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Costa Rica frente al Fondo Monetario Internacional

Un pequeño país, con una economía precaria y en una situación de recesión inducida por la pandemia del COVID 19 observó como su gobierno recurre con candidez al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es algo así como le sucede al padre de familia sin empleo ni dinero que recurre a un prestamista, agiotista, mejor dicho, para evitar que su familia muera de hambre.

La sociedad ha creado esta función, el prestamista, que es frecuente en el mundo de los pobres, asalariados, carentes de riqueza. Es un alivio provisional que pronto se vuelve en un tormento. El capitalismo internacional por medio de los gobiernos de las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que le dio la posibilidad de crear la estructura económica favorable a sus intereses, es el gestor y dueño del FMI.

El FMI es uno de sus instrumentos de dominación económica, el más importante, para controlar a los países subdesarrollados. Es un instrumento poderoso del capitalismo internacional, representado por el Gobierno Estadunidense Americano, que mediante préstamos a países en dificultades económicas, establece reglas que lo mantendrán alineados estrictamente, evitando cualquier viso de desarrollo independiente. Se le exige siempre al país endeudado la reducción del gasto público y del aparato estatal, previendo que pueda ser factor determinante en inversiones que el sector privado del país en cuestión no las puede hacer. Se afirma por parte del FMI que una deuda reducida y un gasto público decreciente son determinantes del crecimiento económico del país, lo cual no siempre es cierto y muchas más veces es falso.

Obviamente los Estados Unidos de América no tiene nunca que recurrir al FMI, que se abstiene de opinar sobre la política económica de ese país, a pesar de tener ese país una deuda pública mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Como en el orden económico mundial está establecida la dominación monetaria, en donde el US$ es la moneda de intercambio internacional y de acumulación de valor, la Reserva Federal del gigantesco país, que funge como banco central emisor, sostiene la deuda de su gobierno con millonarias emisiones. Mientras los países periféricos subdesarrollados tienen que acumular en sus bancos los billetes verdes del país emisor y no los pueden usar aún cuando no tengan con que pagar sus deudas. ¿Por qué? porque el Capitalismo Internacional, mediante sus calificadoras de riesgo, los tiene amenazados de dejarlos fuera de sus inversiones y préstamos.

A.-) ¿Por qué en Costa Rica algunos tienen temor y prejuicios sobre la emisión monetaria?

La estructura económica tiene dos subestructuras concatenadas, una real y otra ficcional. Lo real son los bienes materiales, las ciudades, las estructuras públicas, a saber, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y todos los demás bienes de producción y de consumo, en manos privadas o públicas. Todo lo económico real está aparejado por una ficción matemática; se ha establecido una moneda, que es ni más ni menos que una unidad de medida, mediante la cual se mide el valor de todos los bienes económicos reales. Ella por si sola no tiene valor real, pero tomada como tal, o sea, si es aceptado por todos, un valor ficticio convencional, o cercano a ella, se convierte en un acumulador de valor y en un medio de intercambio. Es decir, cobra realidad. Así quien tiene el poder de emitir moneda, dinero, tiene la capacidad de acrecentar su riqueza muy por encima de la riqueza real que verdaderamente ostenta. En eso consiste el negocio bancario, reciben depósitos guardan un mínimo de dinero como reserva, lo prestan y vuelven a recibir depósitos de ese mismo dinero, así repiten indefinidamente el proceso creando más y más dinero.

La FED, la federación de bancos de la Reserva Federal, quien es el emisor del omnipresente US$, ha estado haciendo emisiones continuas, a pesar de que en el 2008 se consideró que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estas emisiones son usadas para comprar letras del tesoro, mediante las cuales se financia el enorme déficit del gobierno federal y para financiar a los bancos comerciales. El señor Ben Bernanke, quien comandó la FED por 14 años y quien fue el sucesor del connotado señor Greenspan, quien se retiró en el 2006 y fue acusado de provocar la crisis del 2008, continuó la misma política expansionista de su antecesor. Se le llamó el señor helicóptero, porque alguien decía que se debía repartir dinero desde esa aeronave. Ambos disminuyeron el encaje legal de los bancos para que estos crearan y crearan más dinero.

 Siempre existe el peligro de que la expansión monetaria no se trasforme en riqueza real mediante la producción y rebote produciendo inflación. Eso puede suceder cuando hay ocupación plena, que constituye el límite para la producción. Entonces y solo entonces el exceso de dinero y su velocidad de circulación hace aumentar los precios provocando la inflación, en cambio cuando hay capacidad de aumentar la producción “la ficción se vuelve realidad”.

Pero además el límite del dólar se estira sobre el de cualquier otra moneda, porque siendo la moneda de intercambio internacional este sobre pasa la capacidad de su país de origen y ejerce presión para aumentar la producción de otros países. El caso más connotado en los últimos treinta años ha sido China. Y si esto no fuera suficiente, se cuenta con una red de bancos mundiales que acumulan la moneda como riqueza, en respaldo no sabemos de que ya que la única razón que dan es tener reservas para financiar meses de importación, como si desapareciendo las exportaciones, no por ello no disminuirían las importaciones.

 El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo son los cancerberos del dólar, cuidan que los bancos centrales conserven celosamente sus reservas monetarias, apartándose de las necesidades de su país y de su gobierno, y ni siquiera en casos de absoluta necesidad, como es el caso de la pandemia actual, les permiten ni siquiera pensar en hacer uso de ella

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿De dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos porque decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas, T, multiplicadas por los precios, P.

 Esa igualdad se presenta así: M x V = T x P.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la temida inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta a la descrita en párrafo anterior, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo mediante una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10, entonces si T=100, P=100.

La igualdad sería: 1000 x 10 = 100 x 100.

Si en la época del –cobid 19 ; la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido. por ejemplo a 80, y la velocidad del dinero disminuid a 8, el resultado será la siguiente igualdad :

1000 X 8 = 80 x 100.

(Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad y un nivel de precios igual al anterior.)

Si mediante una emisión monetaria extraordinaria del BCCR la cantidad de circulante aumentara a 1200, lo que pasaría seria lo siguiente:

1200 x 10 igual a 120 x 100

El aumento se daría en las transacciones y no en los precios a pesar del lógico aumento de la velocidad de circulación del dinero.

B.-) ¿Cuál es la problemática económica que nos ha ocasionado la pandemia?

La pandemia ha desatado una recesión, ha inducido una recesión y se hace necesario un Ajuste Económico.

Si bien en el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales, aunque esto está bien, no es suficiente.

El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?

Sí sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar, no solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

El periódico diario La Nación en su editorial del día lunes 21 de septiembre encabeza diciendo: “Aumento Alarmante del desempleo”. Y a continuación nos muestra las cifras que reveló la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El hallazgo de esta encuesta en el trimestre de mayo a julio del presente año que el porcentaje de desocupados ascendió al 24 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo y no lo encontraron. Este dato no nos muestra el número de personas que han desistido de buscar trabajo ni tampoco las personas con subempleo de menos de 40 horas por semana. El 54% de la desocupación son personas que no terminaron su educación formal, y eso nos está indicando que clase de empleos debe crearse para ser ocupado por ellos.

Es obvio que sin trabajo no hay producción, estamos ante una disminución de la producción significativo, PIB que es el indicador que usamos para valorar nuestra deuda pública, y como lo dice el ex ministro de hacienda Señor Rodrigo Chávez: “Acuérdense que la razón deuda/PIB, que es el principal indicador que el fondo monetario quiere modificar, también depende del PIB. Si el PIB crece, la Deuda/PIB decrece”

El también exministro de hacienda señor Thelmo Vargas dice: “La solución obvia es volver a crecer, a alta velocidad y cuanto antes”, para lo cual propone incentivos a la inversión privada y también “la concesión de obra pública nueva y existente”.

Ya en el año 2015, Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, advertía del peligro de la histéresis que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.

Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?

Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:

1. Hay sectores económicos paralizados.
2. El desempleo se incrementó peligrosamente.
3. Las transacciones económicas disminuyeron.
4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido.
5. Ha aumentado la morosidad en los créditos.
6. La mayoría de la población está endeudada.
7. Hay muy pocas oportunidades de inversión.
8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente.
9. El valor de la moneda se mantenía estable, en los primeros meses, pero ha comenzado a disminuir.
10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.

C.-) ¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?

La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.

Por tres razones:

  1. Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
  2. El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.

Costa Rica ante la grave situación en que se encuentra está solicitando un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este organismo se apresta a poner montura y rienda a nuestro país para gobernarnos económicamente.

Si bien las consecuencias de la atención y prevención de la pandemia están afectando los fundamentos de la organización social y económica de nuestra población, nuestro Estado tiene la capacidad de establecer la política y los instrumentos económicos para salir delante de la crisis. No debemos ceder nuestra soberanía por un puñado de dólares.

Veamos cual es la situación en que nos encontramos y cuales puede ser la salida que nos permita superar la crisis creada por la pandemia.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

D.-) ¿Crédito disponible, a bajas tasas de interés y incentivos fiscales a las empresas serán la solución que esperamos para hacer crecer la producción y el empleo en forma acelerada?

Premisa fundamental que encontramos en cualquier libro de finanzas o de administración de negocios es la siguiente: “el planeamiento financiero de la empresa comienza con un pronóstico de ventas”

Toda empresa privada produce para vender en el mercado, por lo tanto, es el pronóstico de ventas la variable más importante para realizar una inversión, luego vienen las condiciones financieras y tributarias que servirán para establecer los términos de la inversión a realizar. El problema es que el mercado está super deprimido, son pocos los nichos de mercado que son favorables para la inversión y no es previsible a mediano plazo que esa situación sea diferente. El caso más significativo es el turismo, y ese sector dadas la circunstancia internacional se repondrá muy lentamente y no es posible prever cuando alcanzará la magnitud anterior a la pandemia.

En conclusión, los incentivos tributarios, que algunos economistas y ex ministros proponen, no servirán para incentivar la inversión; tampoco lo hará el crédito barato que ofrezca el sistema bancario nacional con base en los préstamos del Banco Central. Tómese en cuenta la lentitud con la cual crece actualmente el crédito bancario y el crecimiento inusual de los saldos en las cuentas bancarias. Eso nos está indicando la baja velocidad de circulación del dinero y la disminución de las transacciones económicas. Que también se reflejan en un índice de precios con disminuciones mensuales que son reflejo de la recesión económica que sufrimos.

Recuérdese que hace tres meses nada más la variación interanual de los bancos públicos estaba cerca de cero por ciento y la variación en crédito en dólares en menos doce por ciento. No creo que esos porcentajes hayan variado mucho en estos últimos meses. En compensación y dado el aumento en los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de esos bancos, su inversión en bonos de Hacienda ha tenido un aumento que hasta abril pasado llegó a ser de i,79 billones de colones. Esto significa un incremento del 37% respecto al saldo de diciembre anterior. Decía el reportaje de La Nación que el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras había explicado que la ralentización de la demanda del crédito obliga a los bancos a buscar opciones de inversión. Otros datos dados en el reportaje del periódico citado fue el aumento del saldo de la cuenta corriente de la banca pública y privada, que pasó de 2,87 billones en diciembre anterior a 3,93 billones de colones en mayo de este año. A todo esto, las tasas de interés estaban y están en mínimos históricos.

El índice mensual de actividad económica, IMAE, muestra variaciones negativas desde marzo de este año, en julio la variación interanual fue de un 7,8 %, eso significa una contracción de nuestra economía. El Banco Central estima que la producción se contraerá como nuca antes, el déficit será el peor que se ha registrado, el crédito no crecerá y los riesgos para un mayor deterioro persisten. La previsión del BCCR apunta a una contracción del 5% del PIB.

No creo necesario seguir aportando evidencia de la “pandemia económica” que estamos afrontando y tampoco de la necesidad de torcer el curso de los acontecimientos para lograr de nuevo el crecimiento. Es evidente que la actividad económica privada no volverá a crecer si no crece la demanda, y ante este círculo económico vicioso solo hay un actor que puede actuar para romperlo.

Y ese actor económico que está por encima de las exigencias del mercado y que es capaz de actuar con propiedad, y es más con responsabilidad histórica, es el Estado.

Y pensar que algunos lo quieren desmembrar cuando nunca en tiempos de bonanza fueron capaces de mejorar su estructura y su funcionalidad.

Todos los países en esta época aciaga de pandemia han recurrido a la emisión monetaria y al crédito público Los Estados Unidos de América tendrá un déficit fiscal del 18% del PIB y el coeficiente deuda/PIB superará el 100%. Recuérdese que USA para financiar la Segunda Guerra Mundial llegó a acumular una deuda equivalente al 119%. Ahora se enfrentan a una problemática más grave que una guerra, ya que esta generó empleo, mientras la pandemia de hoy está generando desocupación. Así como la economía americana se repuso en aquella ocasión aumentando la producción ahora lo podrá también superar si se proyecta hacia el crecimiento económico. No es reduciendo el gasto público como lo puede lograr, es aumentando este para generar una mayor demanda que reactiva las empresas a producir y vender.

En Costa Rica debemos también financiar la reactivación, para lo cual debemos aumentar nuestra deuda pública mediante créditos a baja tasa de interés y de largo plazo. Estos dos factores son muy importantes, pero lo es más el destino que se le de a los recursos provenientes de los préstamos. Debemos hacer inversiones que además de generar mucho empleo, para los puestos de trabajo que requieren los desocupados, deben ser estratégicos para generar producción y que esta mejore su competitividad internacional. Como ejemplo básico pongo la urgencia de modernizar el puerto de Caldera y poner a funcionar el ferry con el puerto de Acajutla en El Salvador. Ni que decir de las vías que van a los puertos y a las fronteras y las que terminaran con el entrabado vial del Área Metropolitana. Y con repercusión social y económica la construcción extensiva ya acelerada de vivienda popular y de centros educativos.

E.-) ¿Quién puede decirnos que estas inversiones no serían un disparador para la empresa privada?

Todas las obras públicas las construyen empresas privadas. Todos los materiales, herramientas, maquinarias y repuestos las producen, las importan y las venden empresas privadas. Todos los empleos que se generarían son demandantes de productos de las empresas privadas.

F.-) ¿Que podría aplicarse de los impuestos propuestos por el Gobierno?

 Respecto al financiamiento del Gobierno mediante nuevos impuestos debo opinar lo siguiente para cada uno de ellos:

  1. Impuesto a transacciones y retiros en los cajeros automáticos.

 Cubre en forma casi absoluta todos lo movimientos de dinero que pasan por las entidades bancarias y financieras. Se dice que este impuesto generaría un 3% del PIB, yo me pregunto, ¿de cuál PIB, de cualquier de los montos que adopte el PIB? Si es tan absoluto que prácticamente grava toda actividad económica, una y otra vez, sobre el mismo ingreso de la persona, entonces porque no convertirlo en impuesto único, sustituyendo el impuesto a la renta y al salario, eso sí dando un perfil progresivo hacia los de mayor ingreso. Si no me parece que mediante él tal y como está propuesto, se estaría gravando por segunda vez una misma transacción económica. Por ejemplo, el salario paga un tributo, y si al depositarlo en la cuenta del trabajador se e cobrara también la tasa cobin, eso significaría una doble imposición. Otro ejemplo, si compro un bien que paga el IVA y lo hago con una tarjeta pagaría un segundo impuesto por una misma compra. Si quiero hacer la compra con dinero efectivo, voy al cajero y saco el dinero, igual me cobrarían este nuevo impuesto. Este impuesto al igual que el impuesto de renta debería regirse por una tabla con excepciones para pensiones y sueldos menores a 840 mil colones y para compras menores a medio millón de colones.

Por otra parte, me pregunto lo siguiente: ¿si el gobierno estaría exento de pagar este nuevo tributo, porque la Caja Costarricense de Seguro Social, agobiada en su actuar y en sus ingresos por la pandemia, debería pagarlo?

  1. Impuestos sobre las remesas al exterior

Es un incremento de un 5% sobre impuestos que ya están legalizados según la reforma fiscal aprobada en 2018, se estima un resultado del un 0,18% del PIB lo cual resulta poco significativo, se plantea como temporal y a mi parecer debería ser permanente.

  1. Sobre tasa de un 10% sobre el impuesto de renta.

El impuesto de renta es progresivo, en igual forma lo debería ser el aumento que se propone a efecto que no distorsione el efecto progresivo.

  1. Impuesto sobre la propiedad.

Este gravamen no debería afectar a los productores agrícolas con pequeña propiedad y residentes permanentes en su finca, tampoco a los propietarios de viviendas cuya única propiedad sea su casa de habitación. Si debiera ser permanente para los propietarios de tierras en desuso, sean agrícolas o urbanas, no así las dedicadas a la arboricultura, silvicultura, y otros usos.

Desigualdad social acerca a Costa Rica a escenarios peligrosos

Cuatro posibles escenarios esperan a Costa Rica en el futuro: uno catastrófico, dos de peligro y el escenario deseable o escenario apuesta.

De no rectificar el rumbo, el país se dirige hacia escenarios muy peligrosos según se desprende de la investigación “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, realizada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), mediante consulta a más de 200 representantes de distintos sectores sociales.

Al presentar los resultados de este estudio, Juan Carlos Mora, coordinador y especialista en prospectiva –análisis de futuro-, empezó con el escenario del “país del juego /sueño perdido”, considerado el catastrófico, por ser –dijo- el que más coincide con la situación que está viviendo el país y con la que podría experimentar una vez superada la pandemia.

En este escenario se da la mayor desigualdad social, mientras la producción nacional no crece para lograr un equilibrio en el desarrollo.

“No estamos tan lejos de tomar ese rumbo. Las tendencias del país caminan hacia ese escenario y por eso es que “un cisne negro” como la pandemia que estamos viviendo ha venido a acelerar la marcha”, advirtió el investigador.

Y es que el elemento más claro en el futuro del país, en términos tendenciales, es precisamente la desigualdad social, como lo muestra el comportamiento del coeficiente de Gini.

A esto se suma, una ralentización del crecimiento de la producción, medida por Producto Interno Bruto (PIB), que también contribuye a acercar al país al peor escenario.

No por casualidad, se han venido perdiendo aceleradamente posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que también da cuenta del rumbo poco deseable que lleva el país.

Escenarios de peligro

Entre los cuatro escenarios más posibles, destacan también dos de peligro, de alta inestabilidad.

A uno de ellos se le ha denominado “el país de unos pocos”, el cual está caracterizado por la concentración de la riqueza en un sector muy pequeño de la población, lo que provoca altos índices de desigualdad social, sin que el Estado logre implementar una política pública redistributiva para revertir el proceso.

Costa Rica tampoco está lejos de este escenario de peligro. “Hay una tendencia hacia la concentración del ingreso, que la pandemia va a acelerar”, dice Mora, quien considera preocupante que se esté tratando de contrarrestar esta tendencia con política pública cortoplacista, que no la revierte.

El otro escenario de peligro es “el país que reparte lo que no tiene”, donde se logra mejorar en temas de igualdad, pero a costa de endeudamiento, de un sistema de impuestos regresivo, de una política pública populista, que deja muy comprometidas las posibilidades de desarrollo.

Hacia “el país donde quiero vivir…”

“Es importante indicar que la ocurrencia o no de un escenario todavía está en manos nuestras; por eso, la investigación contempla como probabilidad el escenario apuesta, que es el país donde quiero vivir el resto de mi vida”, subrayó el académico de EPPS.

¿Podría Costa Rica alcanzar cambiar el rumbo y caminar hacia este escenario apuesta, en el que crece el PIB y disminuye la desigualdad?

Este escenario no está cerca, según reconoce el coordinador de “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, para quien el empuje hacia “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” va a requerir esfuerzo, así como varios gobiernos; “no se va a lograr en cuatro años ni con el mejor gobierno del mundo”.

Aunque las tendencias se oponen, este escenario alcanzó en el estudio un 42% de probabilidad, lo cual es importante –afirma el investigador- porque refleja que se ven posibilidades de que Costa Rica rectifique el rumbo, de manera que pueda superar factores evidentes de desigualdad social, como baja conectividad, educación desigual, disparidad territorial, bajo acceso a tecnología, brecha en ingresos e impuestos regresivos, entre otros.

 “En este escenario vemos la Costa Rica del futuro como un país virtual en muchas de las cosas que hace, pero es una Costa Rica donde el Estado universaliza la conectividad y eso hace que la educación, por ejemplo, no sea un factor de exclusión social, sino que podamos llevar las oportunidades a todas las regiones del país”.

Mora fue enfático en que en “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” no se podría aceptar que haya estudiantes que reciban clase en la casa con un teléfono celular, tal como se mostró en el reciente informe del Estado de la Educación.

“Tenemos que resolver el problema educativo. Nuestra principal razón de desigualdad social sigue siendo el tema educativo. La diferencia salarial entre una persona que estudió y una que no lo hizo, es abismal. Entonces, ahí está el verdadero problema de la desigualdad”, subrayó Mora.

El país donde quiero vivir el resto de mi vida es un escenario se logra un acuerdo en torno a las decisiones que debe tomar los gobiernos de los próximos 10 0 12 años en este y otros temas esenciales, como economía y en ambiente.

Para lograrlo es preciso poner atención en la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, así como contar con solidaridad, liderazgo, compromiso y disciplina.

El investigador de EPPS considera que ese acuerdo nacional es imprescindible. “No podemos atender el futuro, tan disruptivo que se nos presenta, con las mismas medidas y decisiones de siempre. Deberá venir un compromiso del Estado por hacer cosas diferentes. Solo de esa manera alcanzaremos ese escenario apuesta”, advirtió.

***Mayores detalles con Juan Carlos Mora, investigador EPPS al 8893-9950 o con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

Bajar la curva de los intereses

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Así como tenemos que preocuparnos por bajar la curva de contagios por el coronavirus, de la misma manera debemos hacer un esfuerzo por disminuir el pago de los intereses que el Gobierno Central está enfrentando.

UNAS CUANTAS CIFRAS NOS AYUDARÁN A ENTENDER LA MAGNITUD DEL PROBLEMA. En el año 2008, cuando tuvimos la relación deuda de Gobierno Central a PIB más baja en al menos 30 años (era 39.4% del PIB), el pago que hizo el Gobierno por intereses representó el 14.1 % del total de los impuestos recaudados.

En lo que va del 2020, con cifras acumuladas entre enero y junio, los intereses se comen 39,7 % de los impuestos recaudados. Claro que a junio de este año tenemos también una caída grande en la recaudación por la crisis. Además, el saldo de la deuda a esta fecha está por arriba de 60% del PIB. En doce años cambió mucho la situación.

Para ilustrar la evolución de este indicador se presenta el siguiente cuadro:

AÑO

INTERESES/IMPUESTOS

 (%)

2013 19,2
2015 20,7
2017 23,3
2018 26,9
2019 31,0
Junio 2020 39,7

Los intereses cada vez más se llevan los recursos del Gobierno.

INTERESES CONTINÚAN PARA ARRIBA. Es claro que conseguir préstamos a tasas de interés bajas nos conviene. Pero eso no nos quita encima el problema. No es suficiente. Ante la caída en la recaudación y el aumento de gastos por la emergencia sanitaria, el endeudamiento seguirá creciendo y, en consecuencia, el pago de los intereses en el futuro va a irse comiendo el esfuerzo productivo nacional.

El documento que elaboró el Fondo Monetario a raíz del Préstamo de Financiamiento Rápido que Costa Rica solicitó, presenta estimaciones para algunos indicadores seleccionados. En lo que estamos tratando, quiero mencionar que el pago de intereses seguirá creciendo hasta el año 2024 y en el 2025, aunque cae (₡1.980 billones), será mucho mayor a lo que se estima se pagará este 2020 (₡1.769 billones). A pesar de que no tenemos claro qué otras condiciones se incluyen en esas proyecciones (digo ¿venta de activos?, ¿nuevos impuestos?, ¿recorte de gastos? ¿cierre o fusión de instituciones?, ¿todas las anteriores?) porque el Gobierno no lo ha aclarado, valga señalar el incremento de pago de intereses que el FMI visualiza.

LOS INTERESES “ESTRUJAN” EL GASTO PÚBLICO. Como cada año hay que gastar más plata en intereses, entonces queda muy poco espacio para otras obligaciones, igualmente importantes. El cuadro es realmente amenazante. Por eso hay que apartarse del menú tradicional.

HAY QUE BAJAR ESA CARGA A COMO HAYA LUGAR. Puede ser por medio de canjes de deuda, o alargar los plazos de los préstamos, o sustitución de deuda cara por barata. Debe explorarse en los mercados internacionales de bonos sostenibles, los cuales tuvieron muy buena aceptación en el segundo trimestre de este año; sobretodo por los componentes ambientales y sociales de esos bonos. Costa Rica cumple con esos parámetros.

HAY OTRAS INICIATIVAS. Para atender las necesidades de los países de renta media, como nosotros, Bolton, profesor de la Universidad de Columbia y otros, han sugerido crear un mecanismo manejado por una institución financiera internacional (tipo Banco Mundial, o alguna regional, tipo BID o CAF) que lo llaman Central Credit Facility (CCF), que permitiría que los pagos por intereses, durante un período definido, vayan a ese fondo y los países los puedan usar como parte de los gastos de la pandemia. Las amortizaciones también se diferirían.

Requiere un acuerdo general entre deudores y acreedores, públicos o privados. Los acreedores podrían tener el incentivo de participar pues se les garantizaría que, al volver las cosas a la normalidad, los países seguirían honrando sus deudas. Estrictamente hablando, a nadie le conviene un default (dejar de pagar). José Antonio Ocampo, quien ha estado señalando posibilidades, ha elaborado sobre esta idea para Latinoamérica.

CONCLUYO. Los intereses nos comen. Buscar en los mercados sostenibles, o iniciativas tipo CCF daría un gran alivio a los países; nos darían espacio; mitigarían golpes y dolores. Merecen por lo menos ser estudiados por parte de nuestras autoridades.

Tomado del blog: https://notasaltema.blogspot.com/

La obsesión por el dinero

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que  incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia. 

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas-  distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

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