Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas
FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.
Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).
A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:
Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”
Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”
Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.
Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)
Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).
Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.
La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.
El escenario pos-elecciones:
En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.
En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.
Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.
En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.
En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.
Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.
Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.
Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.
(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800
Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.
Representantes de distintas regiones del país se reunieron en San José para exponer las problemáticas del cultivo de piña en sus comunidades
El pasado jueves 19 de abril, representantes de comunidades campesinas y ambientalistas; junto a estudiantes del TCU “Cartografiando el conflicto Socioambiental” de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, compartieron sus experiencias respecto a las problemáticas socioambientales que se viven en distintas regiones del país a raíz de la producción piñera.
Las personas asistentes aprovecharon el espacio para hacer un repaso histórico de la lucha de las comunidades por atender las problemáticas que conlleva la producción piñera en las regiones más periféricas del país. Además, se discutió sobre la negativa del actual gobierno en aprobar una moratoria a la expansión piñera; y se expuso sobre el creciente aumento en la producción de este monocultivo. Según Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, “cada año la producción piñera aumenta aproximadamente un 7%”; lo que representa 4000 nuevas hectáreas dedicadas a la plantación de piña, de las cuales un 25% se hallan en áreas protegidas.
Por su parte, jóvenes del cantón de Siquirres, agrupados en la organización COCOA, manifestaron su interés por denunciar las contaminaciones que desde el año 2010, sufre la ASADA de Milano de Siquirres a causa de las plantaciones piñeras que se encuentran en la zona.
“Como miembros de la comunidad estamos en este encuentro por la contaminación con agroquímicos de una de las cinco fuentes de agua que abastecen a la comunidad. Hace 15 años se demostró que esta fuente de agua fue contaminada por el cambio en el uso de suelo al cultivar piña, ya que anteriormente, en esas tierras, se cultivaba guanábana, y no se usaban agroquímicos tan pesados como el bromacil, el cual se usa en la producción de piña” (…) Según Gabriel, de la organización COCOA: “queremos que gente joven, gente adulta, que talvez quiere incorporarse y no sabe mucho, se sume y nos apoye para detener o aplacar la contaminación piñera”.
Este espacio representa el primer encuentro de FRENASAPP (Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera), de cara al Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio, que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de agosto en San José.
Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio, 2017, 22 de junio, Revista la Agroecóloga.
Enviado por Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa
El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.
Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.
Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.
Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.
Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.
Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Un santuario de osos perezosos del país y la mayor finca orgánica de cacao del país, conocida como FINMAC, en Pueblo Nuevo de Guácimo fue vendida para ampliar una plantación de piña vecina.
La noticia tiene preocupados a vecinos y ambientalistas pues aseguran que están en riesgo el hábitat de unos 450 osos perezosos y otras especies. La Finca ha sido catalogada como el “Paraíso de los osos perezosos” y “oasis agroforestal” y ha sido objeto de varias investigaciones de estos tiernos y vulnerables animales.
Una tesis de maestría en Manejo de Recursos Naturales de la UNED para evaluar la exposición a plaguicidas se estudió una población de perezosos de la finca. El estudio se realizó del 2005 al 2008, se muestrearon un total de 58 perezosos, 46 de la finca y 12 de un centro de rescate. Se tomaron muestras para el análisis de residuos de plaguicidas y muestras de sangre. El estudio concluyo que los perezosos están expuestos a los plaguicidas ametrina, clorpirifos, clorotalonil, diazinón, difeconazol, deet, etoprofos y tiabendazol. La exposición de estos animales es probablemente por la ingesta de alimento contaminado y por contacto directo con los plaguicidas (Pinnock, M. UNED, 2010)
Esta última investigación ya revela el impacto de la producción de piña en estos animales por lo que los ambientalistas de la Asociación Pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC) solicitaron información al MINAE pues “temen se mande solapadamente a eliminar la fauna de la misma para borrar toda evidencia en caso de una inspección de las autoridades del ramo.”
APRENAC asegura que esa posible acción de la deforestación va agravar más el entorno de esas comunidades ya muy afectadas. Además, solicitan una intervención inmediata para verificar que esta sospecha que tienen los vecinos de la finca no se concrete.
Según una publicación de RAINFOREST ALLIANCE la finca FINMAC cuenta con 244 hectáreas, unos 120.000 árboles de cacao que están plantados bajo la sombra de cientos de árboles de almendro, sota caballo, cristóbal y eucalipto, así como cientos de plantas de banano y palmas de coco. Este sistema agroforestal, conocido como un “agrobosque” de cacao, es un hábitat ideal para aves, monos aulladores y especialmente para los osos perezosos que son tan icónicos de Costa Rica. La población de monos aulladores dentro de la finca, la cual ha crecido de cinco a 40 individuos en 10 años (Un paraíso de osos perezosos, 6-6-2016, RAINFOREST ALLIANCE).
Una reciente publicación confirmó la venta de la finca a la piñera por lo cual se dio la alerta de que en cualquier momento puede iniciar la destrucción de este santuario de perezosos, bosques y cientos de especies según esta fuente es la finca de cacao orgánico más grande del país y su destrucción representa una pérdida del 20% de la producción total de cacao del país y de la mayor parte de la producción de cacao orgánico costarricense. (ecolechocolat.com).
Informes con Walter Mora, 8793 6263, Presidente de Asociación Pro. Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC).
Foto de Vida silvestre: exposición a plaguicidas Margaret Pinnock Branford Ecotox-IRET-UNA.
El experimento de piña transgénica que desarrolla PINDECO, tuvo un significativo revés al rechazarse las intenciones de esta compañía de utilizar paracuat y quemar los rastrojos y remanentes de la piña transgénica “Rose”.
Ecologistas presentes en la Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado, se opusieron a la propuesta de aplicar herbicida (paraquat), quemar y destruir mecánicamente dicho cultivo, posición que fue avalada y respalda por todos los representantes estatales y técnicos que conforman la CTNB. Este experimento transgénico que PINDECO desarrolla desde 2011 arrastra un cuestionado permiso de la CTNB (Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011).
¿Por qué oponerse? Después de aplicar Paraquat (Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo) o cualquier otro herbicida con cloro y posteriormente quemar, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que “son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. La exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.” Fuente: OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ )
La práctica de usar el herbicida paraquat es generalizada para todas las plantaciones de la transnacional Del Monte. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo, por ejemplo en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea desde julio del 2007 por ser altamente tóxico (ver nota de la Corte de Justicia de la UE), a raíz de este fallo, la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).
Incluso el gobierno de China, una nación que poco se preocupa por la regulación ambiental, decidió en 2012 eliminar el paraquat “para salvaguardar la vida de las personas”, aunque todavía permite la producción para la exportación (Nytimes.com/20/12/2016).
Para Fabián Pacheco representante de FECON en la CTNB: “Comprendiendo que la bioseguridad debe partir de un análisis integral y de la responsabilidad del SFE y en general de los representantes del Ministerio de Salud de la Comisión se hace necesario que se prohíba esta mala práctica de la trasnacional que indiscutiblemente repercute de manera lamentable sobre la salud laboral y ambiental de Costa Rica”.
La FECON recomienda ilegalizar este tipo de “sahumerios” de dioxinas y exigir la práctica de destrucción de la biomasa mediante la acción mecánica de implementos agrícolas y evitar el uso de herbicidas y quemas en general. Se recuerda la importancia de que la destrucción de la biomasa y su posterior integración al suelo debe darse en un plazo no mayor a 5 días para evitar criaderos de Mosca (Stomoxys calcitrans).
*Informes con Fabián Pacheco, tel. 88262270, representante de FECON en Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB).
Este 21 y 22 de junio se realizará en el Centro de Ejercicios espirituales Claretianos en San José el I Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el Agronegocio, como lo son la piña, la palma, la caña, entre otros. En el evento participarán personas de diferentes organizaciones sociales, académicos y comunidades que se ven afectadas por los impactos de los agronegocios en la salud, acaparamiento de tierras, precarias condiciones laborales, deforestación, contaminación.
El evento consistirá en una serie de charlas con datos sobre los monocultivos, uso de plaguidicadas, salud, así como de entablar acciones de la lucha contra estas amenazas en el país.
Para confirmar su participación, comunicarse con Alejandra Porras Rozas, al 8358 2930 antes del lunes 19 de junio.
La piña costarricense esconde una serie de impactos que van desde la destrucción del bosque tropical a la violencia machista y laboral. La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica llegando a ocupar alrededor de 60 mil hectáreas. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen. Tanto así que se ha formado un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera la cual lleva 10 años trabajando el tema.
Uno de los casos más preocupantes presentados por casos de contaminación de agua se dio en comunidades como El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia del cantón de Siquirres, comunidades que son abastecidas por tres organizaciones comunitarias de acueductos (ASADAS) encargadas de abastecer de agua a 1.751 abonados, de fuentes provenientes de las cuencas de los ríos Peje y Destierro, afluentes del río Parismina. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) desde el año 2003 documentó la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas por el uso de bromacil y diurón y el fungicida triadimedón. Estas poblaciones reciben una cantidad reducida de agua potable semanalmente por porte de la institución nacional de Acueductos y Alcantarillados en una cisterna.
¿Sabemos cuánto le cuesta al país la actividad piñera? Lamentablemente es necesario investigar mucho más para responder esta pregunta con exactitud. Pero ya tenemos datos suficientes para decir, en lenguaje económico, cuánto cuesta aproximadamente al país producir piña. Importante mencionar que estos cálculos son realizados a partir de un escenario deseado donde las empresas piñeras tendrían que cumplir la ley nacional vigente, nada más.
Mediante la metodología de Análisis de Escenarios Objetivo (TSA por sus siglas en ingles) el Programa de Naciones Unidas para Pequeñas Donaciones (PNUD) en 2016 estimó los costos generados por los impactos sociales y ambientales de la actividad piñera en el país. Este documento es necesario complementarlo con otra investigación reciente generada por el mismo PNUD titulada: “Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo del Paisajes Productivo” (MOCUP) donde demuestra mediante Sistemas de Información Geográfica que la pérdida de bosque por deforestación ilegal por parte de la industria piñera acede a 5.568 hectáreas. Esto en uno país en el que los bosques tienen un valor cultural y económico importante.
Según el TSA los costos asociados a la actividad que no pagan las empresas piñeras (externalidades) contemplan cuatro aspectos: perdida de cobertura forestal, perdida de bosque y biodiversidad, pérdida de calidad de agua y erosión se suelos.
La pérdida de cobertura forestal se estima en 10 millones de euros por año
La pérdida de bosque y biodiversidad suma un total de 12 millones de euros por pérdida de biodiversidad
La pérdida de calidad de agua se ha registrado para este aspecto de 8 millones de euros al año
Erosión de suelo llega a 1 millón de euros por año
Además de estas afectaciones ambientales, la mala gestión de los desechos de la piña ha afectado y sigue afectando a pequeñas familias ganaderas que tienen sus fincas en las cercanías ya que se genera una mosca que ataca fuertemente al ganado, disminuyendo su producción de leche, generando debilidad y hasta muerte. Esta situación ha obligado a varias familias a tener que vender sus tierras a las mismas compañías piñeras que siguen expandiéndose. En lugares donde se producían granos básicos y ganado para los mercados nacionales y locales, se está substituyendo por piña.
La mano de obra contratada en zonas fronterizas es mayoritariamente extranjera y bajo contratos temporales, sin pago de la seguridad social, en condiciones de trabajo abusivas y con persecución y despido a quienes se organicen en sindicatos.
Faltan datos aún para cuantificar el impacto sobre salud humana y animal, la explotación laboral y el desplazamiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Organizaciones campesinas, ecologistas y de Economía Social Solidaria se han manifestado las últimas semanas para solicitar una moratoria ante la expansión piñera y controles eficientes del impacto ambiental y social de las piñeras existentes, como una forma casi desesperada ante los impactos que se están viviendo en las comunidades y ante la creciente demanda de piña de Costa Rica en los mercados internacionales. Las personas consumidoras deben de conocer el impacto de la producción de la piña y solidarizarse en las demandas que realizan las organizaciones de la sociedad civil denunciando y generando comunicados de apoyo. Ponemos nuestros contactos por si desean mayor información o expresar su solidaridad mediante cartas de sus organizaciones.
-Frente Nacional De Sectores Afectados por la Expansión Piñera
frenasappcr@gmail.com / FB: Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
Investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) promueve el uso de tratamiento alternativos al uso de plaguicidas altamente peligrosos, que ponen en riesgo la salud de los productores y el ambiente
Laura Ortiz C./Periodista UNA
Costa Rica importa cerca de 12 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por año, la mayoría proviene de China, India y Estados Unidos, de esa cantidad, cerca del 80 por ciento se considera Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), es decir, pueden causar graves daños a la salud y el ambiente, tanto de forma aguda como crónica.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la red PAN (Pesticide Action Network), han propuesto la reducción en el uso y la prohibición gradual de los PAP como una demanda mundial ante los riesgos para la salud y el ambiente que ocasionan estas sustancias químicas.
Desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se desarrolla el proyecto “Alternativas para la reducción y eliminación del uso de PAPs”, financiado por el Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y basado en el “Enfoque estratégico para el manejo de sustancias químicas (SAICM)”.
“A nivel internacional el fin es buscar controles y alternativas efectivas para los productores, con el propósito de abandonar por completo el comercio y empleo de estos plaguicidas y reemplazarlos por alternativas más seguras y agroecológicamente más sustentables. En el proyecto, lo que hicimos fue diagnosticar el uso, las prácticas agrícolas riesgosas y las alternativas de menor impacto en salud y ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los PAPs (importación, regulación, distribución, uso y disposición de residuos), en los cultivos de café y piña que se desarrollan en el país”, dijo Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA y coordinador del proyecto.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 se reportó que a nivel nacional se siembran 82.511 hectáreas de café y 37.644 de piña, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Iret-UNA, en promedio se utilizan 2,37 kilogramos (kg) de ingrediente activo PAPs por hectárea por año (i.a/ha/año) en la producción de café y 29,52 kg i.a/ha/año en el cultivo de piña, este último dato, tras un análisis en Pital de San Carlos, Alajuela.
Contra la roya
Una de las enfermedades más importantes que enfrentan los cultivos de café en el país es la conocida como “roya”, ocasionada por el patógeno Hemileia vastatrix. De acuerdo con el Centro de Investigaciones en café (Cicafé), durante muchos años los caficultores han controlado la plaga por medio de diferentes prácticas, una de ellas el empleo de fungicidas químicos sintéticos, pero el abuso de estas sustancias, ha producido incrementos en los costos de producción, riesgo de aparición de fungorresistencia, contaminación del ambiente, destrucción de la fauna beneficiosa y riesgos contra la salud pública.
Para este estudio se trabajó en dos fincas cafeteras de manejo convencional, la primera ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia, y la segunda en Pirrí de Alajuela.
En ambas fincas los ensayos se hicieron para evaluar la eficiencia contra la roya de los productos alternativos Bacillus subtilis, caldo bordelés, extracto de árbol Melaleuca alternifolia, caldo sulfocálcico y el hongo Lecanicillium lecanii, comparado con la eficiencia de tres fungicidas catalogados como PAP (triadimenol y epoxiconazol + piraclostrobina) y un sintético catalogado como no PAP (trifloxistrobina + ciproconazole). Se evaluó la incidencia y severidad de roya 30 días después de la aplicación de los tratamientos, los cuales se aplicaron en cuatro ocasiones durante el ciclo del café.
De acuerdo con la investigación, en lo referente a las alternativas, la que dio mejores resultados, es decir menor incidencia y porcentaje de hojas con menos lesiones, fue el extracto comercial de té + fungicida no AP, sin embargo, es el más costoso de todos y por lo tanto poco accesible para los productores.
En la finca El Cántaro, independientemente del tratamiento ya sea químico o alternativo, no hubo diferencias significativas en los rendimientos, lo que concluye que estos últimos pueden incorporarse en el manejo fitosanitario de la roya.
Según los resultados, el caldo sulfocálcico + Lecanicillium lecanni, fue el de mayor rendimiento, a pesar de que la incidencia alcanzó un 26 por ciento a finales de setiembre, este tratamiento tuvo un costo de 116.000 colones/ha, mucho menor al costo del tratamiento con extracto comercial del árbol de té + fungicida no AP, pero más costoso que los tratamiento químicos. El uso de caldo sulfocálcico +Lecanicillium lecanii constituye una opción para el manejo efectivo de la roya del café.
Además de Ramírez, en este estudio participaron las investigadoras Silvia Luna, Martha Orozco y Stephanie Williamson. Estos resultados fueron presentados el pasado 27 de abril en un taller regional denominado “Alternativas para la reducción y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en el cultivo de café”, donde participaron productores y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la producción.
En Costa Rica se utilizan 21 plaguicidas conocidos por ser extremadamente o altamente peligrosos según la clasificación de la OMS.
¿Qué es un PAP?
Un plaguicida se considera altamente peligroso si:
Tiene toxicidad aguda alta o extrema.
Puede causar muerte por inhalación.
Tiene toxicidad crónica (efecto a largo plazo).
Cumple con más de uno de los siguientes criterios: persistente, tóxico para organismos acuáticos y/o bioacumulable.
Es altamente tóxico para las abejas.
Está incluido en convenios ambientales internacionales.
***Para mayor información comuníquese con Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA (8812-2914) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3660.
SETENA, empresa y consultores cometieron errores, omisiones y negligencias
Piden nulidad a viabilidad ambiental, sanciones administrativas y penales a los responsables
Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.
En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.
El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.
Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.
Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:
Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
Bajo la finca existe un acuífero y el el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.
A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.
Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165
