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El Caballo de Troya y las pensiones en Costa Rica
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Álvaro Vega Sánchez,
Sociólogo
El Plan Fiscal como el mítico Caballo de Troya deslumbraba por su grandeza redentora, y ahora resulta que de sus entrañas emerge una soldadesca revestida de proyectos de ley y medidas que tienden a la precarización de los empleados públicos, los pensionados y las pequeñas y medianas empresas, así como a la prohibición de la protesta social… Sale a relucir su verdadero objetivo: arrasar con lo que queda de nuestro Estado Social de Derecho, coartando libertades ciudadanas y derechos adquiridos. Es decir, someter al país a los dictados del capitalismo rupestre y salvaje.
El periódico La Nación, atendiendo a esos dictados –que es su misión histórica–, dedica una de sus “valiosas” páginas a una entrevista al ex superintendente de Chile don Guillermo Larraín. Destaca en el titular su opinión: “privilegios en pensiones, deben limitarse” (La Nación, 05-08-2019, p.16). Y otra de esas páginas de la misma edición la dedica a un artículo de uno de sus ideólogos, don Jorge Woodbridge, titulado “Ajustar privilegios y cumplir la regla fiscal” (¡una feliz coincidencia, querido Sancho!). Sí, así como se oye, al mejor estilo de la vieja pedagogía escolar, a punta de reglazos, tenemos que someternos a la “ley” (¿desde cuándo el ser humano se hizo por causa del sábado?), aunque esta mate la dignidad de las personas. La Nación se ha venido dedicando, un día sí y otro también, a sacar la basurita en ojo ajeno para ocultar la viga en ojo propio, la de los verdaderos privilegios en este país de la “dinastía de los conquistadores” (Samuel Stone).
El señor Larraín viene de Chile que junto con Argentina están entre los primeros países que privatizaron el sistema de pensiones llevándolo al fracaso total, según la OIT en su último Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018). Al parecer, no lo reconoce. Sin embargo, tratando de corregir el entuerto apuesta por la homogenización de los regímenes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores para coadyuvar a los Estados a superar los déficit fiscales crecientes. Una receta mágica, que también están impulsando algunos proyectos de ley en curso en la Asamblea Legislativa (¡caray, otra coincidencia!). Como hemos venido insistiendo, la receta es populista y fiscalista. De Chile y los chilenos hemos recibido valiosos insumos y debemos estar muy agradecidos. Pero en esta materia, y en la línea que recomienda el señor Larraín, no, y también muchas gracias.
El tope que se fijó de 1.5 millones –más tarde de 1.6– en el Régimen del IVM de la Caja es anacrónico y desfasado. Por esa razón, muchos profesionales del sector público prácticamente no se jubilan o lo hacen a edades muy avanzadas, cerrando horizontes laborales a la generación de relevo e incrementando las tasas crónicas del desempleo. ¿Quién en su sano juicios va a dejar de percibir un salario de 2.5 a 3.5 millones por una pensión de 1.6 millones? Al menos, lo pensaría y postergaría. Si se trata de equidad y razonabilidad, estamos hablando de trabajadores que han aportado cotizaciones brutas muy elevadas y, aunque estemos de acuerdo con el criterio de la contribución solidaria en que se basa el régimen, lo cierto es que resulta altamente inequitativo. También, por esta razón fue que se crearon regímenes especiales, es decir, para mantener el principio de la solidaridad pero también el de la equidad y garantizar la progresividad de los derechos de los pensionados.
Ahora bien, si se quiere ser serio con la reforma en una materia compleja y vital –que incluya régimen del IVM, regímenes especiales, ROP y Pensiones Complementarias– para garantizar desarrollo y bienestar social en un país donde cada vez serán más los jubilados, atendamos a algunos de los once consejos de la OIT en el Informe citado. Por ejemplo, el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación e información objetiva y veraz y conformar comisión o equipos técnicos representativos de los actores implicados.
En este campo y en muchos otros necesitamos concertar políticas de Estado para romper el círculo electoralista y apostar por la sana política que nos conduzca a la Costa Rica próspera y solidaria de los próximos 50 años.
*Imagen ilustrativa tomada de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social
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Sea parte de SURCOS:
UCR: Sala IV da curso a acción de inconstitucionalidad interpuesta por las universidades públicas contra artículos del plan fiscal
Escrito en . Publicado en Derechos.
UCR: Rectores de las universidades públicas interponen acción de nulidad contra decreto que regula el plan fiscal
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Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ministro
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En un video de menos de 4 minutos recibido por SURCOS, la seccional ANEP de la Fuerza Pública cuestiona al ministro de Seguridad por sus declaraciones en relación con la protesta social y los datos del supuesto costo que tuvo el accionar policial durante los movimientos contra el plan fiscal.
Sea parte de SURCOS:
2018 en perspectiva: El debate fiscal y los muertos que siguen vivos
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Luis Paulino Vargas Solís (*)
Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.
El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse
Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.
Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.
Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.
Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.
O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.
Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.
Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.
El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.
Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.
Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.
En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.
Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.
Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.
En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.
(*)Director CICDE-UNED, Presidente Movimiento Diversidad.
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De «ganadores» y «perdedores»
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Jiddu Rojas Jiménez
No uso mucho esas «categorías» inerciales, crueles y superficiales la mayoría de las veces… Me resultan chatas e innobles generalmente, menos si se le asignan a personas de carne y hueso. Esto, a sabiendas de que la política es un campo minado, de contradicciones políticos y antagonismos de clases, y de fuerzas sociales encontradas. La política deviene así un campo Heteronómico, donde casi no hay espacio para la Autonomía racional (Kant) del ser humano, salvo como horizonte utópico regulador… Es triste pero cierto.
En consecuencia creo que no hay dueños de la verdad acá, ni de la moral, ni menos de la política «principista» progresista o de izquierdas.
Concreto y me actualizo: En determinado momento admito que hubo una gran confusión acerca de complejos temas técnicos del mentado Plan Fiscal impuesto. Es un tema complejo, y el problema del Déficit es real, y no es un invento de esta Administración. Así honestamente lo creo.
Personalmente incluso, comencé mirando como inevitable al Plan Fiscal, siempre con una posición muy crítica y «posibilista». Conforme el debate político subió de tono, traté de hacer un esfuerzo por estudiarlo más críticamente, y de nunca traicionarme como Librepensador, y como un ciudadano de a pie más, pero con claras y fundadas convicciones democráticas de izquierdas. Así que radicalicé mi postura inicial respecto del polémico Proyecto.
En consecuencia, puedo decir con solvencia ética y racional que desde hace meses, ya estaba en contra de este Proyecto en concreto, y por considerarlo regresivo.
No me va el papel de fanático político sectario a estas alturas del partido, pero tampoco de oportunista y de arribista diciendo o escribiendo notas complacientes con la inconsecuencia política de nuestra cotidianeidad republicana.
Así que debo decirlo: Uno de los extraños grandes ganadores de esta controversial Huelga Nacional fui yo… mi consciencia (no mi ego).
«Dichoso aquel que no le debe nada ni los hombres ni a los dioses», repetía mi Padre… porque es libre de decir y de hacer lo que su consciencia libre le dicte.
Así que me sumo entre los afortunados/as que fuimos educados/ as por las movilizaciones populares recientes. Mal conducidas estratégicamente o no, con diferencias con sus dirigentes sindicales principales o no, etc., no importa, y sin caer en ningún obrerismo trasnochado, tuvimos la virtud de escuchar, cuestionar, estudiar y reflexionar a todos los bandos… y de aprender del pueblo político organizado.
Esto no significa convertirse jamás en un intolerante o justificar la intolerancia. Ni dejar de cultivar la amistad y respeto, y el debate racional con otros ciudadanos/as que piensan diferente respecto de esta dramática coyuntura nacional.
Quiero finalmente, mencionar a uno de estos grandes amigos y compañeros de otras grandes luchas, con el que ahora con sinceridad, me separan diferencias respecto del Plan Fiscal… pero con quien tengo coincidencias sobre sobre otros aspectos de la defensa del Estado Social de Derecho y de las conquistas históricas populares…
Quiero mencionar en concreto, a Federico Picado, con quién tuve el honor de degustar un tamal y un café como buenos ticos hoy más temprano… y de quién sigo aprendiendo desde su calidad humana y su vasta experiencia política al servico de la Patria.
Excursus:
Soy sin embargo, muy claro: el Gobierno CAQ-Piza con todo respeto, hizo un giro económico casi sin retorno; es un barco que se adentró en las peligrosas aguas del Neoliberalismo, con un gran hueco en la izquierda que hace aguas… Pero vendrá más. Vendrá un hueco por derecha, porque esas alianzas no son estratégicas sino apenas tácticas… y vendrá el tiempo de crujir de dientes… porque fue usado. Algunos incluso, nos sentimos usados/as nosotros mismos…
Y entonces, el segundo Gobierno PAC (Partido por el que voté dos veces ya, y ahora en vías de extinción), puede quedar sólo, doblemente solo, sin el apoyo popular y divorciado de los sectores progresistas que (como el suscrito) lo apoyamos contra el Fundamentalismo inicialmente, pero sin la derecha tecnócrata neoliberal que lo puso a hacer el trabajo sucio de la derecha bipartidista y del gran capital financiero local y global. Porque «de lo tibio vomitaré»…
¿Es este en realidad un Gobierno PAC? Si bien en política hay muertos que resucitan (el PUSC lo demostró), me atrevo a preguntar, ¿qué será del PAC y de sus cenizas?
La inteligente Oligarquía tica y el nuevo capital financiero globalizado tardaron décadas en penetrar al viejo PLN socialdemócrata de Figueres Ferrer y convertirlo en la Cueva de Alí Baba y los Arias…e imponer su proyecto neoliberal y la llamada «tiranía en democracia» (Oscar Arias dixit).
Bueno, con todo respeto, al PAC lo penetraron y controlaron en apenas 4 y medio años… Me resulta muy molesto ver como se repite la historia. La primera vez como tragedia, la segunda como comedia, escribió Marx sobre Napoleón III (ahora que hasta en Francia se agitan mareas ciudadanas).
Se abrirá sin embargo en CR, -a pesar de este Planeta convulso geopolíticamente-, y después de esta crisis política y económica local (con o sin Reforma Fiscal), un gran vacío político peligrosísimo…
Este vacío político, debería ser ocupado en principio, por una renovada fuerza política democrática y popular, creo, que de centro izquierda, y sino… atención: por un peligroso populismo de derechas… ¿acaso un Bolsonaro a la tica?
Es mi deber decírselo y advertirlo, a todos y todas, pero en particular, a los y las antiguos/as compañeros/as del PAC y del Gobierno Constitucional electo: La gente está enojada, está muy enojada, y con razón…
Está (estamos) enojada (os) no sólo con este tipo de Plan Fiscal regresivo, con la terquedad del Gobierno CAQ-Piza, y con la permanente elusión y evasión fiscal, sino además, con la desigualdad (caldo de cultivo del narco), y con la pobreza creciente del modelo económico heredado, o sea, con décadas de gobiernos, neoliberales o de «platos de babas»…
(Quién dude del crecimiento de la desigualdad y de la pobreza por favor que revisé el Coeficiente Gini de CR y el reciente Informe sobre el Estado de la Nación).
Con Plan Fiscal o no, con un país polarizado, y a pesar de las secuelas graves de la Huelga Nacional, y a pesar de los pesares…atención: No es hora de falsas lealtades con un partido invisible, o con un Gobierno neoliberal más, es hora de la lealtad con lo mejor de Costa Rica y la defensa de su Estado Social de Derecho. Lo digo con el mayor de los respetos para con los y las compas que persisten el PAC, y en colaborar con el Gobierno. Reflexionen… y actúen en consecuencia. No tengo recetas, ni se trata de «principismos» emotivos, el peligro para la democracia es real. Hay una creciente crisis de legitimidad democrática, en los tres Poderes de la República…
Por favor, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que los abra y vea… El Estado Social de Derecho está en peligro, y por lo tanto, nuestra paz social, y nuestra democracia. Sólo mi opinión fraternal.
Gracias por leerme y tolerarme.
Enviado a SURCOS por el autor.
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La cuestión fiscal y más allá: Lo que nos conviene y lo que nos quieren imponer
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Por Walter Antillon Montealegre (*)
No es este el momento de un minucioso análisis dogmático-jurídico del voto número 19.511 de la Sala Constitucional, porque sólo contamos con el ‘Por Tanto’. Para eso hay que esperar la publicación de los ‘considerandos’, que es donde se debe y se suele situar la fundamentación jurídico-racional de las decisiones judiciales. Sin embargo, si contamos con esos datos que ya son públicos, es posible y necesario, e incluso urgente hacer algunas reflexiones de carácter histórico y político-filosófico.
Como en tiempos del TLC y las leyes complementarias, una opaca Sala Cuarta sale de nuevo a autorizar lo indefendible, a bendecir lo irredimible. Nos recuerda aquel tiempo en que un magistrado suplente fue sorteado milagrosamente durante varios meses consecutivos, es decir: el tiempo necesario para que saliera libre de polvo y paja la última de las leyes complementarias Ahora, de nuevo las facciones de la oligarquía, que parecían distantes, escamoteando de nuevo la verdadera solución del problema fiscal que venimos arrastrando por decenios, se han reunificado para dar el siguiente paso contra la institucionalidad democrática ¡Cómo se adivina el compás de una batuta en el aparente silencio!
La cuestión de los impuestos
Estoy convencido de que, hagan lo que hagan, no podrán impedir que la cuestión fiscal sea finalmente resuelta en beneficio del pueblo, y ese es el sentido del movimiento que lleva el nombre de Alfredo González Flores. Y lo primero a plantear por ese camino es la exigencia de que el sistema general de los tributos vigentes en Costa Rica se funde en criterios de progresividad. Es decir, que en términos globales resulte que los ricos, pagando en relación directa con lo que ganan, estén contribuyendo a sufragar los gastos públicos en mayor proporción que los pobres; de modo que dentro del sistema no importará que haya tributos pagados en igual medida por unos y otros, siempre y cuando en el conjunto, la contribución de los ricos resulte ser más que proporcional a su riqueza, por virtud de ciertos impuestos capaces de determinar ese resultado.
Estamos hablando obviamente de los impuestos directos en el Mundo Globalizado, con tarifas progresivas, que obligan a tributar en razón de las manifestaciones directas de riqueza (de ganancia, de ingreso periódico, a escala mundial, etc.) que presente cada contribuyente. Entonces, cuando los impuestos directos pesan en el conjunto, más que los indirectos, podemos decir que el sistema tributario al que pertenecen está fundado en criterios de progresividad.
De acuerdo con lo anterior, me parece que debemos empezar por proponer una reforma de la disposición constitucional que consagra el deber de tributar, es decir, del artículo 18 de la Constitución, para que diga algo así como lo siguiente:
Art. 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos de conformidad con la capacidad contributiva de cada uno.
El sistema tributario se funda en criterios de progresividad.
Desde aquellos días (hace más de un siglo) en que don Alfredo González Flores descubrió en Europa la vigencia y operación del impuesto sobre la renta, éste se ha ido robusteciendo paulatinamente en aquellos países, experimentando notables mejoras en su configuración técnico-legislativa, así como en sus mecanismos de percepción y cobro. De modo que no podría hoy concebirse el progreso y la riqueza de los países del Primer Mundo sin el impuesto a la renta (hoy ‘renta mundial’) con tarifas progresivas, en sus diferentes modalidades.
Don Alfredo promulgó la respectiva Ley en 1916: los ricos la hicieron derogar y han conseguido hasta ahora no verse obligados a contribuir, por esa vía, de una manera regular y en una cuantía justa. Exhibiendo por años de años un impuesto a las rentas limitado y anodino, con esporádicos, milimétricos progresos dosificados a placer, las oligarquías centroamericanas han condenado a nuestros Países a la precariedad fiscal, al desgobierno y al subdesarrollo, a la vez que han mantenido una prosperísima escuela de evasión y de corrupciones que hoy se retroalimenta de narcotráfico y nos está pasando la factura.
En cambio, como consecuencia lógica de la vigencia de un sistema impositivo justo, racional y democrático, en los países civilizados se ha alcanzado además un grado mucho mayor de cultura tributaria del ciudadano en general, y del empresario en particular; y un grado mucho mayor de probidad y sensatez en los gobiernos, que han contribuido decisivamente a la robustez de la Hacienda Pública y a la ejecución sostenida de políticas y programas de bienestar colectivo. Todo lo cual sería impensable, repito, si en el centro del sistema no hubiera estado funcionando, desde hace más de un siglo, el grupo de los impuestos directos capitaneado por un impuesto a la renta mundial. Esto es visible hoy en general en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en los países europeos, señaladamente en los Escandinavos y en Suiza, Islandia, Alemania, Holanda y el Reino Unido.
Desafortunadamente no ha sido éste, repito, el caso de Costa Rica: desde el punto de vista de su tributación, la Suiza de Centroamérica sólo se distingue de Honduras y de Nicaragua porque recauda menos que ellos. Su estructura impositiva, después de doscientos años, conserva los rasgos regresivos de la Colonia: la ausencia persistente de un núcleo de impuestos directos que mantuviera la principalía en el sistema, ha hecho de aquélla un mecanismo injusto y deficitario. El fracaso crónico de los gobiernos en hacer tributar a los ricos en una proporción justa y suficiente; el expediente de los bonos y los empréstitos; y el recurrente asalto a los fondos de pensiones y a los activos de las instituciones y las empresas públicas, como las alternativas chapuceras y alevosas de las que han venido echando mano dichos gobiernos, ante el silencio cómplice de las instituciones de control, todo ello sumado a las inexplicables, abusivas exoneraciones y a una conducta derrochadora e irresponsable en las altas esferas, lejos de aportar soluciones, han terminado por minar severamente las finanzas públicas y tienen a los sectores más vulnerables de la comunidad costarricense, y al País entero, sometidos a un grave peligro.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Ahora, viniendo a la propuesta Ley de Fortalecimiento, sus mismos propulsores reconocen que no sólo es inocua frente a la emergencia, sino que tampoco resuelve la crisis (tan urgente e inaplazable como nos la quieran poner) ni siquiera en el mediano plazo. El Gobierno lo sabe desde el principio y apagará el incendio como lo han hecho los gobiernos anteriores: recurriendo a medidas de emergencia, gravemente onerosas para el País, que muy pronto harán sentir sus efectos.
Por esto, si en este campo queremos realmente hacer las cosas bien, es preciso replantear el proyecto mediante un fuerte golpe de timón que nos conduzca a la verdadera, definitiva solución de la cuestión tributaria de Costa Rica: la primacía de un conjunto de impuestos directos precedido por un moderno y eficiente Impuesto sobre la Renta. Esta alternativa, desechada oficialmente durante decenios como un tema tabú, ha sido reiteradamente propuesta al Gobierno actual, desde antes de que estallase la huelga.
El Gobierno se muestra temblando ante la inminencia del colapso fiscal, pero se niega tenazmente, sin justificación valedera, a impulsar aquella única solución efectiva: un moderno impuesto a la renta mundial, justo, eficiente y seguro, en el centro del sistema tributario. No quiere echarse la bronca con sus compinches de la oligarquía nacional y transnacional. Si no lo hicieron Luis Alberto ni Oscar, ni los Ángeles, ni Abel, ni Figuerillos, ni Laura, ni Luisgui ¿por qué voy a hacerlo yo? ¡Bonita cosa!
Pero, si vemos que, por un lado, el Proyecto en discusión no aporta una solución consistente al problema fiscal mismo; por otro lado, en cambio, sí es bien capaz de poner las bases de graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la esfera jurídica de otros conglomerados orgánicos estatales, cuya autonomía creíamos hasta ahora que estaba constitucional e internacionalmente garantizada. Y entonces de pronto empezamos a apreciar los perfiles equinoformes del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas: como lo han denunciado varios analistas, es un nuevo Caballo de Troya que, detrás de su denominación netamente fiscal, oculta los instrumentos para un ataque en toda regla contra la institucionalidad democrática del Estado costarricense: contra el principio de independencia de los poderes y de autonomía de los entes menores; contra el principio de reserva de ley, etc.
La ofensiva autoritaria y antidemocrática
El viernes 23 de noviembre de 2018 la Sala Constitucional dictó la sentencia Número 19.511, en la cual decidió, en lo que aquí interesa:
- a) que el Proyecto de Ley de Reforzamiento de las Finanzas Públicas no presenta visos de inconstitucionalidad;
- b) que nada de lo allí preceptuado afecta el funcionamiento del Poder Judicial; y
- c) que en su segundo debate en el Plenario de la Asamblea Legislativa, la aprobación de dicho Proyecto no requiere la mayoría calificada de 38 votos.
¿Qué decir? Es una resolución como un traje a la medida de las pretensiones de un Gobierno que, a los 200 días de estar en el poder, se revela como el abanderado del tripartido PLUSCAC y asociados menores. El dique constitucional aparentemente sólido construido en 1949 con la doctrina de los artículos 9, 154, 156 y 167 de la Carta, ha cedido ante la Raison d’Etat. Para aparentar que conjuran el peligro de un colapso fiscal, los tres poderes del Estado (igual que los tres partidos de la oligarquía: ¡qué casualidad!) se funden en una alianza para la defensa de la supuesta solución, encarnada en el protervo y claramente ineficaz Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo verdadero nombre tendría que ser ‘Proyecto de Debilitamiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Fundamentales.
Sus motivos resultan transparentes: ante “la magnitud del peligro y lo extremado de la urgencia”, los roces constitucionales y las dudosas nulidades desaparecen por insignificancia comparativa. La Sala Cuarta repite, diez años después, el deslucido sainete que le tocó ejecutar en relación con el TLC y las Leyes Complementarias en 2008. La consigna era similar: ante el peligro de perder el TLC y sus ríos de leche y miel (y sus Mercedes y sus BMW) desapareció toda posibilidad de encontrar roces constitucionales. Invoco un ejemplo doloroso: galvanizados por la misión de ‘salvar al País’ no advirtieron, o fingieron no advertir cómo el TLC rompía la exclusividad jurisdiccional de Costa Rica (art. 153 Const.); de modo que, a partir de entonces, los inversionistas han podido demandarnos válidamente en cualquier panel o tribunal internacional. Desde hace años he sospechado que conseguir este resultado fue siempre uno de los fundamentales, verdaderos objetivos del TLC.
Aquella flagrante violación constitucional (que es una herida abierta en el cuerpo del Estado) seguramente les pareció peccata minuta a los guardianes de la Constitución, frente a la magnitud de la consigna que entonces unificó Gobierno, Corte y Asamblea: librar al TLC y sus Leyes Complementarias de toda mácula de inconstitucionalidad, para salvar al País de la ruina económica. Y como ahora, también entonces, pero por la vía de los suplentes, se forzó la incorporación de ciertos magistrados ex post factum. Me pregunto si, frente a lo que está pasando, los ex y los magistrados que participaron en el complot, sentirán todavía la vergüenza de haber mancillado la Carta que juraron defender, por el infame plato de lentejas de aquella consigna.
Ahora estamos ante el hecho de que, diez años después de aquello, los dictados de la Geopolítica Neoliberal vuelven a determinar la Razón de Estado, y los Poderes se unen para que la Razón de Estado prevalezca decisivamente sobre la Razón Jurídica. La unidad de los Poderes es la delicia de los malos gobernantes y la perdición de los gobernados. Cuando los magistrados de la Sala Cuarta adoptan el punto de vista de los gobernantes y los legisladores, en relación con la valoración de una situación de conflicto social, desaparece la separación de Poderes y ellos pasan a ser meras partes en el conflicto; y se cumple entonces lo que advertía el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.
Costa Rica, la Suiza Centroamericana ¿sin Constitución? Ante este panorama de desolación política y jurídica donde ya se inscribe un fuerte debilitamiento de la independencia judicial y de las autonomías, y se ven venir la proscripción de los sindicatos, la huelga y la protesta social, el deber insoslayable de todo buen ciudadano es informarse y reflexionar para comprender y denunciar; convocar y organizarse para resistir y luchar.
Imagen ilustrativa.
Compartido con SURCOS por Arnoldo Mora Rodríguez.
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Balance del “plan fiscal” de Alvarado tras la resolución de la Sala IV: La crisis va pa’largo
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Luis Paulino Vargas Solís
Director CICDE-UNED
Presidente Movimiento Diversidad
Una sentencia ideológicamente motivada
Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.
Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.
Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer “…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.
Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.
O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.
El 20.580: una falsa solución
Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).
Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.
En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.
Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millones provenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.
De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.
He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.

¿Qué sigue?
Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar las reformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.
Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.
Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.
Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.
Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.
Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.
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El supuesto presidente social demócrata
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Marlín Óscar Ávila
La mundialmente conocida revista The Economist sacó un artículo titulado «Why Latin American governments spend money badly» usando el caso tico como muestra de ello. Es correcto en la mayoría de sus comentarios, advirtiendo que podríamos caer en manos del FMI como es el caso argentino, por el cual nadie ve luz al final del tunel, «a menos que Carlos Alvarado, un social demócrata…, gane este juicio de fuerza…» refiriéndose a su lucha por imponer el paquete fiscal inconsulto.
Habrá primero que aclararle al The Evonomist que nuestro presidente fue elegido como un social democrata, pero, al recibir el poder se colocó su verdadero atuendo de Democrata Crstiano. Es verdad lo que ese medio explica sobre la sociedad que construimos bajo la doctrina socialista y democratica (socialdemocrata) pero ahora en grave riesgo de perder lo logrado.
Tampoco aclara este medio, que no ha sido tanto el gasto público como la evación fiscal y otros abusos de la élite burocrática y económica, la que nos ha llevado a esta situación crítica, que ahora se le quiere cobrar a la clase trabajadora.
Que no es con el éxito soberbio del presidente Alvarado que saldremos del grave impase, pero del cobro estricto de impuestos y la anulación del sinnúmero de privilegios de élites sociales y económicas.
Los enemigos de nuestra social democracia están preparando nuevos ataques. Así que no habrá descanso en 2019.
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