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Etiqueta: Playa Panamá

Organizaciones respaldan a Juan Bautista Alfaro y defienden la libertad de expresión en temas ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Un grupo de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales emitió un comunicado público en el que expresa su respaldo al activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, en el contexto del proceso judicial que enfrenta por una demanda por difamación relacionada con sus manifestaciones sobre el caso de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo.

En el documento, las organizaciones señalan que la discusión sobre la protección de los ecosistemas y las concesiones turísticas constituye un asunto de interés público y recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

El comunicado sostiene que el caso de Playa Panamá ha generado un amplio debate nacional en medios de comunicación, redes sociales, espacios académicos y otros ámbitos públicos, así como cuestionamientos sobre el modelo turístico aplicado en el Golfo de Papagayo. Añade que, en torno a este tema, se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo, y que una de esas acciones dio lugar a medidas cautelares que posteriormente generaron una campaña mediática contra un magistrado de la Sala Constitucional.

Las organizaciones afirman que el régimen especial bajo el cual se administra el Golfo de Papagayo fue establecido mediante legislación aprobada antes del desarrollo del actual marco jurídico ambiental costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la reforma constitucional del artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su juicio, esta situación ha generado tensiones jurídicas entre ese régimen especial y la evolución posterior del derecho ambiental nacional e internacional.

El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en asuntos vinculados con temas de interés público y con las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), señalando que estos criterios reconocen una protección reforzada cuando se trata de debates relacionados con la defensa del ambiente y las concesiones estatales.

Las organizaciones describen a Juan Bautista Alfaro Rojas como un activista comprometido con la defensa de los ecosistemas y sostienen que el proceso que enfrenta se enmarca en una tendencia regional de criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en América Latina.

En el comunicado, las organizaciones firmantes:

  • Manifiestan su apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

  • Exigen respeto a la libertad de expresión.

  • Reafirman el valor jurídico del derecho humano a la libertad de expresión.

  • Invitan a la ciudadanía a expresar muestras de apoyo hacia el activista.

  • Solicitan la difusión del comunicado.

Asimismo, recuerdan que el 26 de junio están programadas dos audiencias del proceso judicial, a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m., en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. El comunicado concluye invitando a la ciudadanía a respaldar una petición pública de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

Organizaciones firmantes

  • Grupo Salvemos el Bosque de Playa Panamá

  • APREFLOFAS

  • FECON

  • Bloque Verde

  • Comité Punta Pelencho

  • Salve Monos

  • CREMA

  • Alianza Escazú

  • UESPRA

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Antigentrificación

  • Defensores de la Casa Común

  • Fundación Orgánica

  • Mar & Comercio

  • Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

  • Causa Sur

  • Colectivo Costa Rica por el Océano

  • Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Frente Ecologista Universitario (FECOU)

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • COECOCEIBA

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Un Metro más Limpio

  • CODECE

  • Canto de Fauna

UCR expresa profunda preocupación por posible tala de árboles en Playa Panamá y llama a revisar el modelo turístico de Papagayo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

• UCR promoverá estudios científicos
• Exige a las instituciones gubernamentales cumplir la legislación ambiental vigente
• Expresa solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que han sido víctimas de persecución

San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas autorizada en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de la primera fase de un proyecto turístico e inmobiliario que contempla la construcción de hoteles, residencias y otras infraestructuras dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un acuerdo aprobado hoy 18 de junio de 2026, el Consejo Universitario advirtió sobre los potenciales impactos ambientales que podría generar la eliminación de esta cobertura arbórea, tanto para la biodiversidad como para los ecosistemas y la vida silvestre asociada a la zona.

La Universidad recordó que existen criterios técnicos que señalan que el área donde se pretende desarrollar el proyecto podría corresponder a un bosque ubicado en terrenos estatales administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), condición que le otorgaría la categoría de patrimonio natural del Estado y, por tanto, una protección especial bajo la legislación nacional.

“Ante la existencia de criterios contrapuestos sobre la naturaleza del área intervenida, la Universidad considera fundamental que prevalezca el rigor científico y el análisis técnico independiente”, señala el acuerdo.

Por esta razón, la UCR instó a sus unidades académicas especializadas en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios científicos que permitan determinar si el terreno donde se autorizó la tala reúne las características necesarias para ser clasificado legalmente como bosque.

La Universidad enfatizó que la posible eliminación de 748 árboles podría ocasionar daños graves e incluso irreversibles sobre los ecosistemas locales, afectando especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.

Asimismo, destacó que la conservación de los recursos naturales constituye uno de los principales activos de la región y una de las bases fundamentales de la actividad turística en Guanacaste. En ese sentido, advirtió que la pérdida de cobertura forestal podría comprometer los mismos valores paisajísticos y ambientales que sustentan el atractivo turístico del territorio.

Como parte del acuerdo, la UCR hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de la biodiversidad.

La Universidad recordó que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar su protección.

El acuerdo también expresa solidaridad con personas comunicadoras, activistas y líderes comunales que han denunciado posibles irregularidades relacionadas con el proyecto y que, según se ha señalado públicamente, enfrentan situaciones de persecución y presiones derivadas de su labor de denuncia ambiental.

Sobre este punto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Dra. Ilka Treminio Sánchez, señaló que “en los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales. Prueba de ello es que precisamente la próxima semana se realizará el juicio contra el influencer Juan Bautista Alfaro, quien ha defendido con mucha fuerza y valentía los recursos naturales de Playa Panamá”.

La UCR reafirmó que toda persona tiene el derecho constitucional de denunciar acciones que puedan afectar el ambiente sin ser objeto de represalias, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.

Más allá del caso específico de Playa Panamá, la Universidad considera necesario abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo propia de otra época y requiere ser analizada a la luz de los actuales desafíos ambientales, sociales y territoriales.

En este contexto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Dra. Natalia Solano Meza, afirmó que “como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación. Esta concesión funciona, sin lugar a dudas, bajo una lógica similar a la de los enclaves productivos de los siglos XIX y XX en Costa Rica, y además pone en riesgo la capacidad del Estado costarricense para regular el impacto ambiental de estos proyectos”.

La Universidad considera necesario evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.

Foto con fines ilustrativos, archivo OCI UCR.

Causa Sur convoca a acuerpar a activista ambiental Juamba durante juicio por denuncias sobre Playa Panamá

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

La organización Causa Sur hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales y personas defensoras del ambiente a acompañar al activista ambiental conocido como Juamba durante las audiencias judiciales programadas para el próximo 26 de junio en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

Según la convocatoria, el proceso judicial surge a raíz de denuncias realizadas por Juamba en 2025 sobre presuntos daños ambientales, tala irregular y afectaciones al bosque en Playa Panamá, Guanacaste, vinculadas al megaproyecto turístico Bahía Papagayo de Enjoy Hotels.

De acuerdo con la información divulgada por Causa Sur, tras visibilizar públicamente esta problemática, la desarrolladora turística presentó demandas en su contra y promovió un embargo preventivo sobre sus cuentas y bienes.

La organización sostiene que el caso trasciende la situación individual del activista y representa una preocupación para quienes defienden el ambiente, los territorios y la libertad de expresión. En ese sentido, considera que las acciones judiciales emprendidas contra Juamba constituyen un intento de desalentar la denuncia ciudadana frente a posibles afectaciones ambientales.

Por esta razón, Causa Sur convoca a manifestar solidaridad y respaldo durante las audiencias previstas para el viernes 26 de junio, con el objetivo de acompañar al activista y reafirmar el apoyo a las personas que participan en la defensa de los bienes naturales y los territorios.

La actividad de acompañamiento se realizará en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón en dos horarios: a las 7:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde.

Bajo la consigna “Defendemos a quienes defienden los territorios”, la organización invita a asistir, compartir la convocatoria y sumarse a las acciones de solidaridad con quienes promueven la protección ambiental y la participación comunitaria.

Datos de la convocatoria

Lugar: Tribunales de Justicia, Pérez Zeledón.
Fecha: Viernes 26 de junio de 2026.
Horarios: 7:30 a.m. y 1:30 p.m.

“Este caso no es solo contra Juamba; es un intento de silenciar la defensa comunitaria y la libertad de expresión en nuestro país”, señala la convocatoria difundida por Causa Sur.

Escuela de Biología de la UCR pide revisión de los criterios que autorizaron la tala en Playa Panamá

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  • Personal académico advierte sobre impactos ecológicos irreversibles y cuestionan criterios utilizados para autorizar corta de árboles en Papagayo

La Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su profunda preocupación ante la autorización de corta de árboles en Playa Panamá, en el marco de las controversias generadas por el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un pronunciamiento público dirigido a la ciudadanía nacional, la Escuela solicitó una revisión “rigurosa, transparente y técnicamente fundamentada” de los criterios utilizados para justificar la intervención, especialmente ante la existencia de procesos judiciales, administrativos y penales en curso relacionados con el caso.

Las personas académicas señalaron que la discusión pública no puede reducirse a una falsa oposición entre ambiente y desarrollo, ni limitar la valoración ecológica de un bosque a cálculos numéricos o compensaciones simplificadas.

“Un bosque tropical es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo donde interactúan plantas, animales, microorganismos, suelo, agua y clima”, destaca el documento, el cual insiste en que la estructura ecológica, la conectividad biológica y las funciones ecosistémicas deben formar parte central de cualquier evaluación ambiental.

La Escuela de Biología advirtió que los remanentes boscosos en Guanacaste cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y para la sostenibilidad de la actividad turística, particularmente en una región cada vez más afectada por la urbanización, el cambio climático y la fragmentación ecológica.

Además, cuestionó la idea de compensar la tala de árboles adultos mediante la siembra de árboles jóvenes, recordando que la recuperación de funciones ecológicas equivalentes puede tardar décadas y que la supervivencia de árboles sembrados en bosque seco suele ser muy baja.

“El bosque reforestado no reemplaza de forma inmediata la estructura, las interacciones, el suelo, el microclima, la fauna asociada ni la historia ecológica de un sistema ya establecido”, subraya el pronunciamiento.

La Asamblea también alertó sobre los impactos acumulativos que ha sufrido la región costera de Papagayo durante las últimas décadas, incluyendo procesos de sedimentación marina asociados a la pérdida de cobertura forestal y terraceos, lo que ha afectado ecosistemas marinos y la relación ecológica entre tierra y mar.

Según la Escuela, la protección de la cobertura boscosa no es un obstáculo para el turismo, sino una condición indispensable para su sostenibilidad. En ese sentido, advirtió que la pérdida de bosques puede traducirse en más calor, escasez de agua, erosión, pérdida de fauna y deterioro del paisaje, afectando incluso la viabilidad económica del propio sector turístico.

Asimismo, manifestaron preocupación por propuestas regulatorias que podrían aumentar la fragmentación forestal en Papagayo, considerando que este caso debe servir para fortalecer, y no debilitar, la protección de los remanentes boscosos y la calidad de la toma de decisiones ambientales en Costa Rica.

Finalmente, la Escuela de Biología solicitó que las autoridades garanticen una revisión independiente y libre de presiones políticas sobre los permisos otorgados y que se aplique el principio de cautela mientras persistan dudas técnicas y procesos pendientes.

Puede descargar el pronunciamiento desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Pronunciamiento-corta-arboles-Playa-Panama.pdf

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Denuncian amenaza irreversible a bosque primario en Playa Panamá por proyecto inmobiliario en Papagayo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Un comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca advierte sobre el riesgo de destrucción de un bosque primario en Playa Panamá, Bahía Papagayo, ante la intención de talar más de 700 árboles para un proyecto que, según se señala, no corresponde a desarrollo turístico sino inmobiliario residencial. El texto subraya el carácter irreparable del daño ecológico, expone el respaldo jurídico que protege estos bosques como patrimonio natural del Estado y cuestiona la falta de claridad de las autoridades sobre la legalidad del proyecto. Asimismo, llama a la intervención urgente de instancias judiciales y reafirma la defensa del Estado de derecho ambiental y el derecho ciudadano a la información.

Comunicado Asociación Confraternidad Guanacasteca

¿Turismo o qué?
Sereno Reserve — Bahía Papagayo, Playa Panamá

I- El bosque que está en juego

En la finca inscrita bajo el plano de catastro 5-1155786-2007, ubicada en Playa Panamá, Bahía Papagayo, existe un bosque que pericias técnicas oficiales han certificado como Bosque Primario. No es una denominación menor: el Bosque Primario es la categoría de máxima integridad ecológica, aquel que jamás ha sido objeto de perturbación humana significativa y que ha alcanzado su estado de desarrollo pleno.

En ese bosque viven árboles de entre 15 y 30 metros de altura. Sus copas albergan fauna silvestre, insectos, aves, reptiles y mamíferos que dependen de esa estructura para sobrevivir. Sus raíces sostienen suelos, regulan el ciclo del agua y fijan carbono. Es un ecosistema completo, funcional y activo.

La empresa Enjoy Hotels & Resort pretende cortar más de 700 de esos árboles para iniciar obras. Frente a eso, es indispensable ser absolutamente claros:

Sembrar 700, 1.000, 5.000 o 10.000 arbolitos pequeños hoy no restituye lo que se destruiría. Un árbol recién plantado no alberga la fauna que vive en una copa de 25 metros. No cumple las funciones ecosistémicas de un árbol centenario. La pérdida de un bosque primario es, en toda escala de tiempo humana, absolutamente irreversible. Ningún monto de dinero, ninguna compensación ambiental y ninguna resolución posterior puede devolver lo que se destruye.

Cortar ese bosque no es solo una afrenta al patrimonio forestal del Estado costarricense: es un daño ecológico permanente, sin posibilidad de reparación real.

II- El respaldo jurídico: patrimonio natural del Estado

La Ley Forestal N.° 7575, en sus artículos 13 y 14, establece que los bosques ubicados en terrenos del Estado integran el patrimonio natural del Estado, con independencia del título registral que figure en el folio real. Se trata de bienes de dominio público: inembargables, inalienables e imprescriptibles.

La simple constatación pericial de bosque primario activa esta afectación legal de manera automática e inmediata.

La Sala Constitucional ha sido consistente en aplicar el principio de irreductibilidad ecológica sin distinción entre tipos de bosque. Bosque es bosque: la ley no establece categorías de protección diferenciada.

Existen dos fuentes de prueba técnica oficial, independientes entre sí y separadas por cuatro años, que convergen en acreditar la presencia de cobertura forestal significativa en el área del proyecto. Esas pruebas hacen jurídicamente inviable cualquier intervención sin las autorizaciones del SINAC y de SETENA, autorizaciones que, hasta la fecha, no constan.

En el marco del expediente penal activo, se ha solicitado a la autoridad competente que dicte, con carácter de urgencia extrema, una medida cautelar que suspenda de manera inmediata toda actividad de tala, descapote o remoción de vegetación en dicha finca, mientras no se demuestre ante el juez penal que ninguna fase del proyecto afecta el bosque primario certificado.

III- El Proyecto Papagayo: ¿turismo o negocio inmobiliario?

El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo es el proyecto estatal de desarrollo turístico más grande de Costa Rica, administrado por el ICT. Sus tierras son propiedad del Estado, otorgadas en concesión por períodos determinados, y la ley establece con claridad que su destino es exclusivamente el desarrollo turístico.

Turismo implica visitantes temporales: personas que viajan con fechas de inicio y fin, que utilizan servicios de hospedaje, transporte, gastronomía y recreación, y que regresan a su lugar de origen. Es una actividad importante, temporal, rotatoria, que genera empleo local y derrama económica en la comunidad.

Lo que Enjoy Hotels & Resort pretende construir son condominios residenciales de lujo, cada uno con piscina privada, destinados a la venta a compradores extranjeros. Eso es un proyecto inmobiliario residencial. Es legal en muchos contextos del país. Pero no es turismo.

No todo extranjero que compra una propiedad en Costa Rica es turista. Hay residentes, inversionistas, migrantes, jubilados que se trasladan definitivamente. Eso no activa la definición de valor turístico que la ley exige y que el Estado estableció para Papagayo.

Ante esta pregunta central —¿es esto turismo o un negocio inmobiliario en tierras del Estado? — no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del ICT ni de la empresa. El silencio, en este caso, es también una respuesta.

Continuamos en defensa del bosque de Playa Panamá y en defensa del Estado de derecho ambiental costarricense. Los casos abiertos —penales, constitucionales y administrativos— siguen su curso.

La ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre en sus tierras.

Sala IV fundamenta medidas cautelares en Playa Panamá por posible regresión ambiental y riesgo irreparable al bosque

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La resolución mediante la cual la Sala Constitucional ordenó medidas cautelares en el caso de Playa Panamá no solo suspendió permisos y autorizaciones vinculadas al desarrollo inmobiliario en la zona, sino que dejó expuestos los argumentos jurídicos y ambientales que llevaron al magistrado instructor a intervenir de forma urgente. El documento identifica posibles violaciones constitucionales, ausencia de estudios técnicos y riesgo de daños graves e irreparables al ambiente.

El expediente cuestiona reformas introducidas por el Decreto Ejecutivo N.° 44448 MP-TUR, relacionado con el reglamento del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Según se expone en la resolución, la normativa permitiría trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas incluso cuando no son colindantes, lo que podría ocasionar aumentos de densidad superiores a los límites originalmente autorizados.

Procuraduría advirtió inconstitucionalidad

Uno de los elementos centrales considerados por el magistrado Fernando Cruz Castro fue el criterio rendido por la Procuraduría General de la República, según el cual la figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” podría ser inconstitucional.

De acuerdo con la resolución, la Procuraduría señaló que esa regulación:

  • vulneraría el principio de no regresión ambiental;
  • fue aprobada sin estudios técnicos suficientes;
  • transgrediría el principio precautorio;
  • sería incompatible con el artículo 50 de la Constitución Política, que protege el derecho a un ambiente sano.

Riesgo inmediato por tala de 700 árboles

Otro aspecto determinante fue la advertencia presentada por el accionante sobre la autorización para talar aproximadamente 700 árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, dentro del contexto de un proyecto hotelero. El magistrado consideró que esa eventual afectación justificaba actuar de inmediato para prevenir daños materiales y posiblemente irreparables.

Aplicación del principio Pro Natura

La resolución también subraya que en materia ambiental debe prevalecer el Principio Pro Natura, criterio jurídico según el cual, ante dudas razonables o posibles impactos graves, debe optarse por la interpretación más favorable a la protección de la naturaleza. Este razonamiento fortaleció la decisión de imponer medidas preventivas mientras se analiza el fondo del caso.

Más que un conflicto local

El caso de Playa Panamá trasciende la disputa puntual por un proyecto turístico. La resolución pone en debate los límites del desarrollo inmobiliario en zonas frágiles, la obligación estatal de respaldar sus decisiones con evidencia técnica y la vigencia de principios constitucionales ambientales en Costa Rica.

El documento fue firmado por el magistrado instructor Fernando Cruz Castro.

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado al cese de persecuciones contra liderazgos sociales en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.

En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:

La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.

La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá

La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.

Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.

Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!