Ir al contenido principal

Etiqueta: pobreza

Las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano

Las poblaciones costeras subsisten con actividades como la recolecta de pianguas.

German Masís

La semana anterior el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (EEs-UCR) presentaron los resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2021 (Atlas 2021), instrumento que incluye datos de indicadores de desarrollo humano en los 82 cantones del país y que presenta un mapa desigual e inequitativo en el país.

Es importante mencionar que Costa Rica muestra resultados positivos en la medida en que ninguno de los cantones está ubicado en las franjas baja o muy baja de desarrollo humano.

No obstante, al hacer un ajuste por desigualdad de las personas que residen en los cantones, se encuentran diferencias en los logros alcanzados en materia de salud, educación y bienestar material, tal como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad.

En cuanto a los índices que consideran el tema de género (IDGc e IDG-Dc), se observa que disminuyó la cantidad de cantones con menor desarrollo de género (pasó de 14 a 9).

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, para el año 2020 los cantones más rezagados se encontraban en las zonas fronterizas del país. Si este análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional. (ElPais.cr,16-2-2022).

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revela como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales de León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza, son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

También es oportuno indicar los cantones que aparecen entre los primeros 10 lugares tanto del IDH-D, así como del IPM, que son Talamanca, Los Chiles, La Cruz, Buenos Aires y Coto Brus y entre los 25 de ambos índices, están Matina, Upala, Osa, Guatuso, Corredores, Golfito, Quepos, Sarapiquí, Siquirres, Pococí, León Cortés, Dota y Turrialba, todos ellos costeros, fronterizos o rurales.

En esta clasificación de cantones por IDH-D e IPM, llama la atención la gran riqueza natural y económica que poseen, en sus extensiones y actividades agrícolas, pecuarias, boscosas, hídricas y pesqueras, así como en infraestructura social, productiva y de servicios y sobre todo en su población, comunidades y cultura.

Vale la pena señalar en la coyuntura actual, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

La democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

El Discurso de la Anticorrupción

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!

Las múltiples cabezas de la hidra

Manuel Delgado

El capitalismo produce riqueza en uno de sus polos, en el polo minoritario de los grandes propietarios, pero produce pobreza y miseria en el otro, el de los trabajadores asalariados. Es el resultado normal, natural, de su funcionamiento.

En 1820, cuando la revolución industrial era una señora de setenta años de vida, casi el 90% de la población vivía todavía en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (para esta entidad, están en pobreza extrema aquellos que reciben por día un dólar y medio, llevado a valor presente).

Ese régimen se basaba en un sistema de libre empresa y libre mercado, y se inspiraba en una filosofía llamada liberalismo. Según el liberalismo, el mercado se regía por leyes naturales y sus formas de desarrollo estaban determinadas por lo que llamaron la “ libre mercado ”. Cualquier intervención que corrigiera los mandatos de esa “mano invisible” era inaceptable. Se suele identificar el liberalismo decimonónico con la frase francesa “Laisser faire, laisser passer”, que quiere decir: “Dejar hacer, dejar pasar”. Y añadían: “Que el mundo marcha por sí solo”.

Fue la libre mercado , sus sindicatos y sus partidos la que logró volcar esa mano invisible y conquistar mejoras en la condición de vida de los asalariados.

En los años siguientes muchos millones salieron de la pobreza extrema y se sumaron al ejército de los pobres no extremos. En 1820, estos sumaban 117 millones. En 1859, ya eran 164 millones. En 1910, 445 millones. En todo este tiempo, sin embargo, el número de pobres extremos siguió creciendo.

Esas espantosas cifras de pobreza, que se mantenían en momentos enorme crecimiento económico, tenían que ser subsanadas, aliviadas, para impedir estallidos sociales que ya se habían producido a montones, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ponían en peligro la existencia misma del capitalismo. Pero para subsanar esos extremos del capitalismo no bastaba el libre juego del mercado. Había que introducir correctivos desde fuera de la economía, desde la política y la lucha social. Es decir, eran correctivos extraeconómicos.

Así fue como tomaron auge las doctrinas reformistas procedentes de las iglesias y de los partidos reformistas, entre ellos los partidos socialdemócratas.

En Estados Unidos, esas reformas las introdujo el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, un plan de reforma de la economía basada en las doctrinas económicas de keynesianismo (llamadas así porque estaban inspiradas en la teoría del economista británico John M. Keynes).

En contra de la doctrina liberal que abogaba por la no intervención del estado en la producción, el New Deal inyectó sumas gigantescas a la economía para crear fuentes de empleo que la empresa privada no podía o no quería abrir. Con ese método, el desempleo se redujo del 25% al 10%.

Además, este plan elevó los salarios de los trabajadores; fortaleció los sindicatos obreros; creó un sistema de seguro de desempleo; creó un sistema de ayuda médica para la población más pobre; favoreció la educación; creó normas de protección al consumidor; protegió la agricultura; impuso severos controles a la banca.

En 1934, Roosevelt y sus diputados aprobaron una ley subiendo el impuesto de la renta al 79% para las fortunas más elevadas y del 70% para las grandes herencias.

El New Deal comenzó a aplicarse en 1933 y ya para 1950 el porcentaje de pobreza se había reducido en el país al 30%. En los siguientes 15 años, la pobreza se redujo al 15%. Curiosamente aún hoy se mantiene en esa cifra porcentual.

Esta experiencia fue muy similar a la vivida por los países capitalistas de Europa. También allí las cifras de pobreza descendieron en proporciones similares. Los detalles de ese proceso no son el tema de este material.

El capitalismo se mantuvo así hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado y, de nuevo, son las dos principales escuelas económicas, la norteamericana y la británica, los que crean un nuevo concepto de economía. Este nuevo concepto se llama neoliberalismo.

¿Cuál es el nervio teórico del neoliberalismo? Pues volver a la economía liberal de comienzos y mediado del siglo XIX, es decir, eliminar las “distorsiones” extraeconómicas que afectaban el mercado, volviendo hacer que reinara el “laisser faire, laisser passer”.

El neoliberalismo, aparecido en textos teóricos de mediados del siglo XX, no era nada novedoso ni revolucionario. Es la teoría más conservadora, una momia del siglo XIX. Es una teoría que, en esencia, se propuso hacer retroceder las cosas al estado en que se hallaban antes de la introducción de las reformas arriba descritas. Era la época de Reagan y Thatcher, los dos líderes del reaccionarismo mundial.

Para lograrlo los grupos dirigentes recurrieron a todas las medidas. En las ideológicas, por ejemplo, pusieron las universidades a formar líderes de opinión afines, y separaron de los puestos directivos y académicos a los intelectuales que no estaban de acuerdo. En nuestra región jugó un importante papel el INCAE, creado por Kennedy para otra cosa, fue copado por gente de esta ideología para formar los cuadros que hoy son los que dirigen el estado, los centros de investigación, los grupos empresariales y los partidos políticos.

Pero su carácter antipopular, esta teoría solo podía ponerse en práctica por la fuerza, con la persecución y la represión de los grupos progresistas y los sindicatos en las esas dos naciones, y mediante las dictaduras sangrientas en América Latina. Aquí se empezó con Pinochet, se pasó luego a las dictaduras del cono sur y luego lo extendieron por todo el continente.

Los resultados no pudieron ser más devastadores. Después de 1965 la pobreza en Estados Unidos había descendido aún más, colocándose cerca del 10%. Subió otra vez al 15% en 1983, producto de la crisis de los mercados mundiales. A partir de ese comento comenzó el ataque neoliberal y hoy la pobreza ha subido. Antes de la pandemia de la covid se había posicionado en 14,8%. Pero el número absoluto de pobres sí creció, pasando de 40 millones en 1983 a más de 47 millones antes de la pandemia. Ahora ha crecido mucho más.

Según fuentes cercanas al Banco Mundial, pobreza extrema ascendía, antes de la pandemia, a 20,5 millones, lo que obligaba a 39,5 millones de personas a recibir estampilla de comida, es decir, a vivir de la ayuda social.

Si exceptuamos los altos salarios de los ejecutivos de las grandes compañías, los salarios reales en EEUU se han reducido a la mitad entre 1993 y 2003, un descenso de alrededor de 0,75% por año.

En Europa las cosas son similares. Antes de la pandemia era pobre el 12% de la población. Ahora se habla de 120 millones de pobres, que corresponde al 25% de la población. En España son el 27%. La Unión Europea había creado el concepto de privación severa, que afectaba al 45,1% de la población en el 2010.

Si quisiéramos seguir, veríamos que las tendencias se repiten por todo el mundo.

Lo que no cesa de crecer es la riqueza. Hoy el 1% de la población adulta mundial es dueña del 51% de la riqueza mundial. El 10% de la población mundial es dueña del 89% de toda la riqueza. Mientras tanto solo una centésima parte de esa riqueza llega al 50% de la población. Lo anterior es un estudio del Credit Suisse Bank.

¿Qué se propuso y se propone el neoliberalismo? ¿Cuál es su programa? Hagamos un breve resumen.

-1. La fuerza de trabajo, es decir, la mano de obra, es una mercancía y su precio, el salario, lo fijan las leyes de la oferta y la demanda. Para corregir las injusticias provocadas por la “mano invisible” se crearon leyes, procedimientos y organismos de defensa de trabajador. Entre ellos cabe citar las leyes de protección del trabajo, los salarios mínimos, la jornada de ocho horas, las leyes de protección de los menores y las mujeres trabajadoras, los derechos a huelga y a contraer contratos colectivos de trabajo, así como una serie de formas del salario no monetario, como son la escuela gratuita, los seguros de salud y los regímenes de pensiones subvencionados por el estado.

El neoliberalismo cree que esa “intervenciones extraeconómicas” deben desaparecer y han estado trabajando para eliminarlas.

Dado que a veces no es fácil eliminar, por ejemplo, los salarios mínimos o las convenciones colectivas de trabajo, se legisla para hacer esos derechos o inaplicables o inservibles. En relación con los salarios mínimos, su propósito es bajarlo a tales niveles que simplemente sería una norma irrelevante, dejando el precio de la fuerza de trabajo por la libre. En el caso de las convenciones colectivas la ley ya aprobada hace el proceso tan engorroso que las hacen casi inaplicables.

Una parte esencial de este punto es que el neoliberalismo pretende eliminar la organización sindical, criminalizarla y reducirla a la mínima expresión. En esta tarea han avanzado mucho en nuestro país y en todo el mundo.

-2. Uno de los puntos esenciales de esta filosofía es reducir el tamaño del estado y sus funciones, privatizando la mayor parte de los servicios que presta. Para ello han levantado una gigantesca labor ideológica haciendo que la población reniegue del estado. Esa campaña va a acompañada de una labor de zapa consistente en empeorar los servicios para lograr el apoyo de la población a sus propósitos.

El programa privatizador tiene varias vertientes:

a.- Una es vender simple y llanamente. Aquí esa propuesta no ha sido efectiva por la oposición de los trabajadores y usuarios, pero también porque a la burguesía le conviene que el estado le brinde servicios eficientes y baratos, como lo hace el ICE con la producción y distribución de la electricidad, el AyA con el suministro de agua, Recope con la distribución de los combustibles, y otros.

b.- Una segunda forma es colocar al lado de las instituciones existentes empresas privadas que venden esos mismos servicios, pero exigiendo ventajas de parte de las entidades estales. Así ha ocurrido con la cogeneración eléctrica, la educación superior, la banca, los seguros, la infraestructura y la salud

c.- La tercera fórmula es la tercerización de servicios, de la que son testigos, principalmente, los servicios de salud.

3.- El país realizó grandes avances en materia social, una gran parte de ellos financiados con el dinero de los mismos usuarios o trabajadores, otros cubiertos por el fisco. Independientemente que los que han gobernado, muchos de ellos neoliberales convencidos, han utilizados esos recursos para la corrupción y la politiquería, lo cierto es que buena parte de la población más pobre se ha visto beneficiada por muchas décadas.

El plan neoliberal contiene propósitos muy claros de eliminar eso que llamó “estado de bienestar social” o “estado solidario”. Su meta más importante y ambiciosa es acabar con el sistema de salud, parte del cual ya han tercerizado, a veces con pésimos resultados, pero que se plantean reducir a los servicios básicos, dejando a las grandes empresas de la salud el ejercicio (y lucro) que representan los servicios y procedimiento más complejos.

Lo mismo ocurre con las pensiones, parte de las cuales se han privatizado por la vía de los sistemas de pensión complementaria que, aunque a veces en manos en entidades estatales, actúan como bancos privados de capitalización individual que favorecen en muy poco la población más pobre, que paga proporcionalmente mucho por esos ahorros.

En estos dos rubros el plan es ir reduciendo servicios, bajando su calidad y obligando a los trabajadores mejor remunerados a recurrir a los servicios privados.

Más o menos lo mismo ocurre con la educación. Hoy en día la educación superior estatal recibe a una minoría de los graduados de secundaria y la mayoría de los profesionales son graduados por las universidades privadas y carecen casi totalmente de control estatal.

4.- El neoliberalismo es inseparable de los programas fiscales regresivos e injustos. Ese fue uno de los mayores “logros” de Reagan: reducir a casi nada los impuestos a las grandes fortunas que habían sido creados por el programa de Roosevelt, y que mencionamos arriba.

Impedir toda ley o procedimiento que pretenda hacer tributar a los grandes ricos y las compañías extranjeras y, por el contrario, estrujar fiscalmente cada vez más a las clases medias, esa ha sido la política aplicada en nuestro país y en todo el mundo.

5.- La desregularización de la producción es otra de las vertientes de esa filosofía. El país ha hecho un enorme y sostenido esfuerzo por proteger el medioambiente y el entorno social y eso molesta a las grandes compañías, que siguen adueñándose de nuestras playas en contra de la ley y siguen aplicando sistemas productivos que dañan el ambiente, agotan o contaminan las fuentes de agua, deforestan y dañan nuestra fauna. Acabar con las leyes de protección de la salud y el medioambiente es parte de la política del neoliberalismo.

Pese a la enorme campaña ideológica de los medios de comunicación, las cámaras patronales y los partidos políticos, nuestro pueblo rechaza esta ideología y sus políticas. Desdichadamente esa es la ideología de los partidos más grandes del país, de Liberación Nacional, el PUSC, los religiosos fundamentalistas y, en buena medida, el saliente PAC. Lo candidatos de esta segunda vuelta no dan trazas de querer darle vuelta a las cosas. O más o menos palabras, insisten en la receta que ellos mismo generaron desde el gobierno del país y desde el Banco Mundial.

La justicia social, la erradicación de la explotación y la libertad y democracia verdaderas solo se pueden alcanzar en otro tipo de sociedad, la sociedad socialista. Pero la unión del pueblo y su lucha pueden hacer avanzar la sociedad hacia una relación más igualitaria, más justa, más responsable con el medioambiente y, sobre todo, una sociedad que preserve y mejore los logros del pasado, esa aspiración, digo, no es ilusoria. Tenemos derecho a pensar en un mundo mejor todos nosotros, los que creemos en una sociedad distinta del capitalismo, pero también los que creen que en capitalismo es viable, o irremediable o incluso defendible. Muchos cabemos en esa bandera que tiene como centro el humanismo.

Sobre las declaraciones de Eliecer Feinzaig y otras miradas necesarias

Juan Carlos Durán Castro

Las mayorías que ven como llevamos décadas esperando el cumplimiento de las promesas del PUSC-PAC, deben tener plena certeza que a Don Eliecer Feinzaig, no le hace falta, como dicen popularmente quemarse dando apoyos, lo cual aplica exactamente igual para otras banderas de inclinación conservadora que ocupan sillas en Cuesta de Moras. 

Estos actores políticos tienen una cuota del pastel otorgada por la gente, misma que nunca tuvieron y con la cual van a jugar a más no poder. 

Así dicho, lo que sí debe quedarle claro a la gente, es que en la oscuridad de los pasillos legislativos estas fracciones a las cuales le dieron su confianza  apoyarán ideas ( proyectos de ley),  que serán como un lobo con piel de oveja y que las mismas serán camufladas y distorsionadas por los medios de comunicación cuyos dueños tienen contrato firmado con sus marionetas legislativas, ya que estás  son parte de un sistema que genera pobreza, informalidad, precariedad social, robo de impuestos y concentración de la riqueza.

Visto este panorama, desde las organizaciones sindicales, sociales y socioproductivas con mayor autonomía política  debemos monitorear cómo evoluciona ese grupo legislativo de Don Eliecer y los otros debutantes, para ir viendo los signos del comportamiento a favor o en contra de los más pobres,  para así ir definiendo nuestras acciones de lucha social en los distintos escenarios .

Ahora bien y para ser asertivos y objetivos, decimos, que mientras no se logre empezar a descarrilar mínimamente este tren neoliberal absurdo, dogmático y excluyente los excluidos y oprimidos de Costa Rica, seguirán como dice nuestro pueblo, llevando palo, realidad que empezará a cambiar un poco de manera más efectiva cuando se inicie  una cirugía mayor en las direcciones sindicales y sociales o al menos se opte por mayor análisis político y se retome la autonomía política .

Por ahora nos es claro, que  no todo es blanco o negro y que  existen grises y otros colores, lo cual pone de relieve  la remota posibilidad  de futuras rupturas en determinados contextos dentro de este congreso inclinado sin duda a la derecha.

Así las cosas, si en esos grupos humanos legislativos la balanza se  inclina por posiciones de muy antihumanas que riñan con arraigos puramente ticos, hay que sin dilaciones potenciar esas contradicciones dentro de los operadores políticos sistémicos del capital, para no perder la oportunidad de potenciar y ver posibles eventos de  fricciones, que hay que aprovechar sin duda a favor de las mayorías empobrecidas.

Igual lectura debemos hacer de las demás fracciones legislativas, sin caer en la ingenuidad, claro está, todo esto, mientras no se logre modificar el estado de situación actual de los movimientos sindicales, sociales y socio-productivos, lo cual pasa dentro de otros ejes, por  cambios en las direcciones.  

Lo anterior impone igualmente no perder de vista  que  está en desarrollo  una nueva especie de totalitarismo que ostenta un traje bastante invisible y que debemos visibilizar para orientar con contundencia, ya que observamos tintes de un discurso engañoso de antipolítica y de necropolítica,  que es peor aún.

Lo anterior,  si analizamos el discurso de Doña Pilar Cisneros sobre el sector cultura y esto sin olvidar los temas de campaña ya conocidos y que ayudaron a que algunos votos migrarán a la derecha  y a la izquierda, respetando los enfoques que se tenga para ambos casos.

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

UN NO TEMA EN EL DEBATE

Por Guillermo Acuña González (Sociólogo y escritor costarricense)

Las sextas elecciones presidenciales del nuevo siglo llevadas a cabo el pasado domingo 6 de febrero confirmaron varios elementos en la evolución de las culturas políticas costarricenses.

En primer término, la desafección con la política como norma, provoca entre otras cosas que sea inalcanzable un resultado en primera ronda. Como viene sucediendo ya en otros contextos, al menos en America Latina, el desgaste de los sistemas democráticos permea el ejercicio electoral: la ciudadanía no se siente convocada.

En segundo lugar y muy de la mano con esta primera dimensión, la confirmación de un desencanto que una vez más se ubica en la epidermis de las costas, los territorios rurales, la periferia.

La desatención crónica propiciada desde el centro del país hacia estos espacios marcados por la pobreza, la desigualdad y la gestión y administración fáctica, terminan por expresarse en un abstencionismo que ya ahora si tiene visos de perpetuarse. No es apatía lo que expresa este hecho: es enojo, cansancio, hastío, soledad.

Un tercer elemento coloca la calidad de la democracia costarricense en el centro de la discusión. Quizá fue pasado por alto en los análisis posteriores al desarrollo de las elecciones el domingo anterior, pero debe tomarse en cuenta el desafío planteado a la institucionalidad costarricense por la misión de observación internacional que acompañó el proceso.

Fueron dos señalamientos en concreto los que formuló: trabajar más y con firmeza el tema del abstencionismo y garantizar un acceso igualitario a todos los partidos políticos a los mecanismos de comunicación y divulgación existentes. De nuevo, desafección y acceso parecieran mostrar algunas debilidades del sistema, lejos de la caricatura acerca de la “fiesta electoral” con que suelen narrarse estos procesos.

Está claro que no todos entraron a la fiesta ni todos quisieron estar allí.

De cara a la segunda ronda en abril próximo, las dos opciones contendientes han empezado a señalar el camino, tratando de diferenciar sus tesis y sus argumentos. Otra vez el país pareciera estar en una encrucijada obligado por las circunstancias. Y de nuevo, el rigor de la lectura de sus propuestas es tarea obligada para tomar decisiones sobre eventuales apoyos.

En lo que a nuestras preocupaciones respecta, la consideración sobre Costa Rica como escenario migratorio debe ser tomada en cuenta. Desde esta columna hemos reflexionado en extenso sobre el tema de las movilidades humanas en todas sus variantes.

Por ello, nos alerta el hecho de que en ambas propuestas programáticas no aparezca del todo en un caso o en el otro caso continúa abordándose desde una perspectiva securitaria y restrictiva alejada de los mecanismos de implementación de los derechos humanos.

Este tema no es menor en un país cuyo 12% de su riqueza es generada por el trabajo que realizan hombres y mujeres trabajadores migrantes. La invisibilización de sus aportes y la negación de su importancia social, el tratarse justamente como un “no tema”, terminan por legitimar luego conductas reprochables de discriminación y xenofobia.

Para que la calidad de la democracia costarricense eleve su nivel, todos los aspectos deben ser considerados. Comencemos por reflejarlos en su importancia social y política: todas las personas cuentan. Todas.

En Honduras el reto es mayor al estimado

Por: Marlin Oscar Ávila

El triunfo electoral de noviembre se debe a más de un millón setecientos mil y más ciudadanos electores de la presidente Xiomara Castro, todos deseosos de un estado democrático. Seguramente hubo ciudadanía que, sin haber votado por Xiomara Castro, después del proceso electoral se contaminó del entusiasmo y decidió apoyar su gestión.

Pareciera que todos los sectores sociales, deseosos de un país democrático en Honduras, está de acuerdo que hay una enorme tarea por delante, sin embargo, hay necesidad de seguir organizándose para lograr su cumplimiento. En la toma de posesión del nuevo poder Ejecutivo, se vio a la comunidad internacional dispuesta a brindarle apoyo.

A pocos días de la toma del poder, este nuevo gobierno ha iniciado con el cumplimiento de sus promesas, tanto con las medidas factibles a tomar según sus planes estratégicos, en lo nacional como en lo internacional. Desde luego, hay medidas que tienen que esperar a que se den las condiciones y otras tienen que pasar por el tamiz de la democracia o consulta social participativa. Los consensos y los disensos son factores que exigen tolerancia, tiempo, disciplina y tener los mecanismos adecuados para su aplicación. Algo que no hemos practicado en décadas, y quizás en siglos. Es decir, nuestra cultura no ha sido cultivada para ejercer la democracia sin grandes tropiezos. No digamos a los miembros del Partido Nacionalista acostumbrado a vivir del poder político durante los 12 años. No solamente despojaron de bienes inmuebles los edificios públicos, sino que se han resistido a abandonarlos, dejando de ser empleados porque se les finalizaron sus contratos y su exjefe no tiene más el poder de mantenerlos ocupando ese espacio.

Se ha tenido que aprender qué significa un estado republicano con tres poderes independientes para gobernar. Aun esto no se termina de comprender, porque históricamente se acostumbró a la existencia del caudillismo quien intervino a sus anchas, en el poder constitucional que le complacía. Actualmente, el poder legislativo todavía mantiene una división que sigue costando llevarla a consenso en asuntos de distribución del poder mismo. Lamentablemente, esto ha sido dentro del partido político al cual pertenece el Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación LIBRE, quien tiene la mayor militancia de los partidos políticos del país. Hemos visto como ha habido mutuas acusaciones, donde las otras fuerzas políticas han estado provocando e instrumentalizando a su favor la controversia.

Mientras tanto, los enemigos locales más grandes de este empobrecido pueblo (74% de pobreza) siguen actuando con impunidad, puesto que el Poder Judicial sigue bajo su control por los próximos dos años, los marcos legales no se han reformado, para volverlos accesibles a la justicia social ideal. Además, las instituciones armadas siguen teniendo el poder que han mantenido en los años de Juan Orlando Hernández, con cuerpos armados involucrados en el narco tráfico. Los carteles de la droga siguen activos. Los capitales robados a las instituciones por actos corruptos, que son muchos millones de dólares y lempiras, se mantienen en poder de las mafias que gobernaron hasta hace un mes, sin que se logre su recuperación en lo más mínimo. Con ese capital se resolvería el presupuesto de todo un año de gestión pública.

Por esto y más, podemos ver que hay una enorme tarea por delante. Tarea que solamente sería posible cumplirla con la participación organizada de toda la ciudadanía consciente. Cuando decimos esto, no quiere decir que la ciudadanía sea correa de transmisión de una dinastía ni de un caudillo determinado. Se requieren discusiones amplias, con criterio propio, organizadas y expresando intereses de la colectividad, que trabajen y hagan llegar sus opiniones y presiones para que el programa definido con antelación se cumpla e ir construyendo juntos esa Honduras democrática por etapas, sin alterarse, puesto que esto exige tolerancia, madurez y perseverancia. Las movilizaciones cambian su blando hacia lo que obstaculiza la realización del plan estratégico. El primer gran logro se tiene, pero hay que cuidarlo, cuidar de la estabilidad y consolidación de la presidente Xiomara Castro.

Seguramente las disidencias seguirán existiendo, lo cual es parte de la democracia participativa. No vale acusar de primas a primera de traidor a quien piensa diferente, puesto que solamente demuestra incapacidad de discusión y ausencia total de tolerancia frente a compañeros que desean los mismos grandes objetivos. No debemos repetir la dolorosa experiencia de la izquierda de otros países, como fue la del asesinato del compañero Roque Dalton en El Salvador (1975). Saber diferenciar quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, con criterios objetivos y no emotivos, es un aprendizaje que tenemos pendiente, pero urge aprenderlo. Así seguiremos con confianza en la reconstrucción de Honduras, para beneficio de las grandes mayorías y futuras generaciones.

A ESTA HORA, OTRO PAÍS

Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)

Costa Rica se enfrenta a su segunda disyuntiva de este siglo. Debe escoger un proyecto, seleccionar unos planos de construcción para levantar su edificio con distintos materiales, que pueden fortalecerlo o llevarlo a perder los cimientos que durante décadas se han levantado para garantizar inclusión, igualdad, oportunidades.

El primer momento clave fue en 2007 cuando hubo de dirimir también entre dos tesis que partieron en dos el mapa de las culturas políticas locales. El referéndum para decidir la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significó no sólo un resultado, sino la escogencia de una ruta que a la vuelta de lo años ha implicado polarización, polifonía, incertidumbre. La imposibilidad de vernos y hablarnos entre diferentes: el diálogo truncado.

Son estos juegos electorales, los sextos del presente siglo. Los primeros de la era pandémica, los que inauguran una nueva posibilidad civilizatoria. Los que marcan la continuidad de las votaciones de la diáspora costarricense que algunos medios comerciales utilizan como anécdota, pero que en lo profundo implica reconocer qué hay gente que se ha ido y se ha alejado del paraíso costarricense por distintas razones.

Serán estos los primeros comicios donde la idea de franquicia ha pulverizado de una vez y para siempre el significado de los partidos políticos en su sentido amplio, como organizaciones intermediarias entre los sujetos y la sociedad.

Si bien se presentan a si mismos como la oportunidad de elegir entre 25 opciones, la cantidad no implica diversidad en un espectro ideológico que tiende a correrse en su amplia mayoría del centro a la derecha, con muy pocas, poquísimas alternativas hacia el otro lado.

Los juegos del hambre electoral no resuelven las profundas fracturas de un país sin proyecto común, sin comunidad amplia, sin ruta integradora hacia el futuro. En su lugar, la idea del consumidor político ha sustituido a la de ciudadano que elige. Por ello la “burguerización” del espectáculo electoral, la hamburguerización del debate, la sensación de superficialidad en la discusión, la confirmación de que el principal partido existente en todas las encuestas de intención de voto sigue siendo el indeciso.

A esta hora otro país espera y aguarda. Estaremos a punto de decidir o ya habremos decidido. En la novela Cruz de Olvido del escritor costarricense Carlos Cortés el personaje central comenta “En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang”.

En efecto, habremos de haber pasado de nuevo por una hora clave y probablemente el estupor y la cacofonía de las redes sociales disputarán para si el sentido de la discusión profunda y necesaria.

Otra vez, de nuevo, temas como la desigualdad, la pobreza, la desterritorialización de los pueblos originarios, la violencia, la fragmentación territorial, cederán a la lectura epidérmica y con ello la memoria irá de plano dando paso a la urgencia del presente.

Muchas veces hemos dicho en esta columna la necesidad de recomponernos como comunidad, ampliada e imaginada. No para homogenizarnos. Sino para salvarnos.

A esta hora, otro país que no necesariamente sea el de la bullaranga electoral, aguarda por lo segundo.

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

Honduras socialista y democrática

Luis Fernando Astorga Gatjens

El compromiso, claro y firme, de la presidenta Xiomara Castro de llevar a Honduras, por la senda del socialismo-democrático, debe llenar de esperanzas a un pueblo azotado por la pobreza y la miseria, la desigualdad social y la desesperanza, la corrupción rampante y la violencia, a la que lo empujaron, con mayor profundidad y fuerza, los once años de gobiernos neoliberales y corruptos, que preceden su mandato.

El jueves, 27 de enero le fue colocada la banda presidencial a la primera mujer hondureña en convertirse en la jefa del Ejecutivo, en los 200 años de vida republicana del hermano país centroamericano.

Su primer discurso como presidenta, expresado ante su pueblo y delegaciones representantes de diversos Estados, fue sólido y categórico, en distintos sentidos. No se anduvo por las ramas. Ni edulcoró las cifras duras de la realidad social y económica de su país (tal y como la deja la presidencia de Juan Orlando Hernández), ni dejó de expresar que tomará distancia del neoliberalismo, que ha heredado cifras trágicas para su país, al convertirlo en el más pobre del continente americano.

La pobreza en Honduras alcanza alrededor del 70 % de su población y se incrementó hasta un 75 % como consecuencia de la pandemia, combinada con las graves inundaciones y otras secuelas, provocadas por los huracanes Eta e Iota. Prácticamente, ocho de cada 10 hondureños son pobres. Igualmente, la miseria ha alcanzado a una mayor cantidad de familias, mientras la riqueza se ha concentrado aún más.

La crisis económica y la descomposición social son causas, junto a violencia delictiva, en gran medida provocada por la actividad del narcotráfico, de la migración hacia el norte del continente. Muchas familias y personas al vislumbrar un horizonte tan sombrío para sus vidas se organizan en caravanas para aventurarse a un peligroso viaje en la ruta Guatemala-México para llegar a la hostil frontera estadounidense.

La presidenta Castro Sarmiento fue electa en noviembre anterior, como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Obtuvo una holgada diferencia en la segunda ronda. Se impuso con el 51,12 % de los votos frente a Nasry Asfura del oficialista Partido Nacional, que logró el 36,93 %. En el año 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por desarrollar políticas sociales que favorecieron a los trabajadores y al pueblo de su país, y por proyectar convertir el aeropuerto de la base militar de Estados Unidos en Palma Sola, en un aeropuerto comercial; lo que no fue bien visto por el gobierno de Obama-Biden que –con su actuación y omisiones– mostró que respaldó el golpe contra Zelaya.

En su discurso, la presidenta formuló una apreciación situacional del país tan esclarecedora como sombría. Mostró como en el periodo que calificó de dictadura (2009-2022), el país fue saqueado en distintos campos y se impuso un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico, que ha ido tan lejos en su complicidad como que un hermano del expresidente saliente ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, Juan Orlando Hernández para eludir la justicia y asegurarse disfrutar la impunidad en los próximos cuatro años, se hizo elegir diputado en ese refugio inoperante que es el Parlamento Centroamericano.

«El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota, el país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos, mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura; tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje», expresó Xiomara Castro con energía y claridad meridiana.

Por su parte, en el ámbito de la política exterior, se pronunció a favor del multilateralismo y la complementariedad entre los Estados y naciones del orbe. Con ello toma una prudente distancia con las políticas de la Casa Blanca, que sigue obsesionada en un unilateralismo hegemonizado por Estados Unidos, cuando este país nunca se ha encontrado en una posición de tanta debilidad como en el presente, tanto en el crepitar de su deteriorada democracia como en un mundo caracterizado por una creciente multilateralidad.

Al final de su esperanzadora alocución, la presidenta de Honduras enumeró 22 medidas económicas, sociales, anticorrupción, por la justicia y la seguridad. Tengo la certeza de que tiene por delante un camino muy empinado y desafiante. Hay poderosas fuerzas externas e internas que buscarán evitar que avance en la ejecución de su programa de Gobierno y que, incluso, lo buscarán descarrilar. De hecho, aún antes de jurar como mandataria, ha debido enfrentar la traición de 18 diputados de su partido, que se aliaron con los partidos del desastre reciente, a la hora de definir al presidente del Poder Legislativo. Así las cosas, se ha elegido dos directorios para el Congreso Nacional; situación que está en las sedes judiciales y que tendrá que quedar definida pronto.

«Nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre las reglas del mercado…», expresó Castro Sarmiento, con lo que busca orientar un cambio del modelo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Se trata de transitar del individualista modelo neoliberal (terrible para las mayorías, exitoso para una minoría plutocrática) a uno centrado en la inclusión social y en la defensa de los derechos humanos, para todos.

Con un profundamente sentido: «¡Hasta la victoria siempre!», la presidenta Xiomara Castro selló un discurso que traza un camino hacia un Socialismo Democrático hondureño, que aviva las esperanzas del pueblo catracho por mejores tiempos y que debe ser motivo de aliento de los pueblos latinoamericanos, que han venido eligiendo en los años recientes, gobiernos de corte progresista que rompen con un neoliberalismo, que es responsable de desastres sociales por doquier.

Ojalá que este flujo de corrientes progresistas de la región se exprese en estas elecciones del 6 de febrero en nuestro país, para que la democracia costarricense sea fortalecida y retornemos por la senda abandonada por los Gobiernos del PLN, PUSC y PAC, de un Estado Social de Derecho, como el que singularizó al país a finales del siglo anterior.

(1 de febrero, 2022)