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Etiqueta: pobreza

Las Agencias de Desarrollo Económico Local y su papel en la Gestión del Desarrollo Territorial

Escrito en . Publicado en Derechos.

German Masís Morales

Se ha divulgado recientemente que nueve organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Agencias de Desarrollo (RENADEL) pretenden atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Estas agrupaciones denominadas Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) son sin fines de lucro e integran a empresarios, gobiernos locales, entidades académicas y otras organizaciones en cada región. Las ADEL pretenden lograr un consenso regional en torno a las necesidades de desarrollo.

En RENADEL están integradas, la Agencia para el Desarrollo Económico de la zona Sur, la Agencia para el Desarrollo Económico del Pacífico Central, la Agencia para el Desarrollo Económico de la región Huetar Norte, la Agencia para el Desarrollo Económico del Caribe, la Agencia para el Desarrollo Económico de Tilarán, la Agencia para el Desarrollo Económico de Turrialba-Jiménez, la Zona Económica Especial de Cartago y la Zona Económica Especial de Pérez Zeledón.

Según la nota divulgada, estas agencias y la Red que las agrupa tienen un enorme potencial para generar impacto en los territorios, maximizando en el engranaje entre los sectores productivos, gobiernos locales y la academia.

Datos de Procomer indican como en el 2019, sólo un 25% del valor de las exportaciones en Costa Rica, se origina en las zonas fuera de la GAM y sólo 2 de cada 10 empresas de zona franca se ubican fuera de esta área.

Roberto Zeledón, Presidente de la Red, indicó que ésta pretende ser como un enlace entre el sector privado con las instituciones, lo que interesa es la generación de propuestas en el sector privado y la generación de empleo, explicó que la red trabaja para mejorar el tema de la competitividad.

Con la RENADEL se intenta promocionar las potencialidades de cada zona, por ejemplo, en el Pacífico Central, la idea es atraer empresas de logística, marinas y agroindustrias. Se apoya a escala general, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, mediante el cual los proveedores locales de empresas multinacionales en zonas rurales puedan gozar igualmente de los beneficios de las zonas francas. La propuesta establece como requisito, que las multinacionales al menos adquieran un 40% de los insumos con proveedores locales. (LN.com,23-8-2021).

La iniciativa de RENADEL es muy válida y se fundamenta en las desigualdades del desarrollo regional, confirmadas, por el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior.

De acuerdo con ese estudio, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En un artículo anterior afirmamos que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

El estudio del Banco Central en coincidencia con la iniciativa de RENADEL, sugiere “continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, lo que no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial. Además, señaló que se requiere un análisis de los determinantes que mejoran la competitividad de las diferentes regiones y la necesidad de impulsar más esfuerzos en infraestructura y educación. (Alterdescr, febrero 2021)

Por su parte, debido a la prevalencia de las políticas concentradas en la GAM y a la ausencia de una planificación regional que favorezca un desarrollo más equitativo de las actividades económicas, sería oportuno que la Red participe en el análisis y discusión de la recientemente presentada Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada impulsada por MIDEPLAN.

Esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Igualmente, es importante que la iniciativa de Renadel conozca los alcances de los procesos de diálogo regional y de los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones.

Así mismo, sería fundamental que la Red y las ADEL adopten un enfoque de desarrollo territorial apropiado, que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

¿Podrán las Agencias de desarrollo económico local, tener un papel decisivo hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios o únicamente pretende atraer inversiones, generar fuentes de empleo y lograr una mayor coordinación entre las empresas y las instituciones en las regiones fuera de la GAM?

La verdad sobre las pensiones de “lujo” en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

El video al final de la nota es difundido por Jubilados en Acción, y se encuentra en el canal de Youtube del investigador Federico Sobrado. En este material se expone el conflicto que gira en torno a la administración indebida del fondo del Magisterio, que tiene su exposición masiva a principios de los años 2000 ya que se hace popular el concepto calificativo “pensionados de lujo”.

A estas personas se les responsabiliza de la crisis fiscal, la desigualdad, la pobreza, el alza de impuestos y el desempleo. El término “pensionados de lujo” hace referencia a esas personas que pueden retirarse antes de tiempo, recibir montos elevados sin haber cotizado lo suficiente o heredar las pensiones a sus hijos. En el video, se explican los regímenes de gracia y cómo estos beneficios han sido adoptados por la clase política, diplomática y docente.

Este material es un producto de Prisma Latinoamerica y Jubilados en Acción, la investigación y edición  fue llevada a cabo por Federico Sobrado y Fernanda León.

Le invitamos a ver, difundir y compartir el video: 

Encuesta sobre sus prácticas y preferencias de comercio electrónico

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa Conjunto del Fondo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible «Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo», implementado por ONU Mujeres, PNUD, FAO y OIT, con el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fideicomiso del IMAS (FIDEIMAS), está desarrollando una plataforma de comercio electrónico para que mujeres empresarias y emprendedoras en situación de pobreza o vulnerabilidad económica vendan sus productos en línea.

Con el fin de recolectar información clave para este proceso, le pedimos su amable ayuda completando la siguiente encuesta sobre sus prácticas y preferencias de comercio electrónico, la cual ayudará a orientar el desarrollo de la plataforma y la estrategia de mercadeo.

Haga click en la imagen para ir a la encuesta:

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.

La sufrida, ocupada y neocolonial: Haití

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Lic. José A. Amesty R.

19-julio-2021

La República de Haití, en la parte occidental de una de las grandes islas del Caribe (su vecino oriental es la República Dominicana), es el tercer país más extenso de la subregión (27.750 km2), con una población que ya superó los 11 millones de habitantes (90% de origen africano) y entre la cual más del 80% vive en la absoluta pobreza.

Haití es el primer país latinoamericano que se liberó de la esclavitud. Su realidad económica, social y política, tanto como su historia, son normalmente desconocidas en la misma América Latina, lo que acentúa el aislamiento del que ha sido víctima el país desde la época de la colonia.

Haití es uno de los países menos desarrollados y más pobres del mundo. El 65% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La miseria económica, unida a la inestabilidad política, tiene una incidencia muy importante en la situación de los niños haitianos, sobre todo en ámbitos como la salud o la educación.

Haití es el primer país negro que tomó su independencia en la sangre de sus combatientes el 1er de enero 1804. Al momento de la independencia su populación era de 500.000 habitantes, su territorio había una cobertura forestal de 80 %. Hoy la populación sobrepasa 12 millones y los bosques originales están alrededor de 1%. Se puede entender que la situación del medio ambiente esta gravísima. Este país, madre de la libertad, cruza uno de los peores momentos de su historia.

Haití no es un país pobre. Haití ha sido empobrecido. Fue instalado, por las ideologías colonialistas, como un territorio habitado por subhumanos. Haití fue la primera nación moderna de América Latina en ser diseccionada del sentido global de humanidad.

Haití, como laboratorio del revanchismo colonial, sufrió la génesis de un proceso de des-reconocimiento de la vida. Haití es la génesis del capitalismo gore en Nuestramérica. Haití fue empujado a un olvido dirigido y coordinado por las potencias del mundo, heridas en su ego colonial.

En este sentido, ahora más que nunca Haití necesita de la solidaridad internacionalista y del rechazo a cualquier injerencia e intervención neo-colonizadora.

Veamos algunos datos de la sufrida Haití, los altos índices de inflación y pobreza, la escasez de alimentos y combustible y un desempleo galopante son la radiografía más precisa de la situación en este pequeño país del Caribe con cerca de 11 millones de habitantes.

Datos preliminares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hablan de que la economía haitiana cayó al menos 3% en 2020, aunque ya venía en terreno negativo antes de la pandemia con una contracción del 1,7% en 2019.

Padece así mismo, de una alta inflación del 25% anual y se cree que seis de cada diez personas son pobres, o sea unos 6,3 millones, según un informe del Banco Mundial basado en la encuesta de salud y servicios humanos de 2012, la más reciente disponible. El umbral de pobreza, según Naciones Unidas, es de menos de dos dólares al día.

“El 22% de los niños sufre desnutrición crónica. El hambre en Haití va más allá: de los 2,1 millones de personas afectadas por el huracán Mathew en octubre de 2016, un millón sigue necesitando ayuda humanitaria”, de acuerdo con un informe reciente de la ONG Acción Contra el Hambre.

Por otro lado, hoy y desde hace más de cien años, la ocupación norteamericana en Haití gestiona la muerte, el revanchismo colonial, y por ende también el olvido.

El imperialismo quiere una nueva constitución en el país para permitir a las transnacionales comprar tierras legal y abiertamente en Haití para controlar los recursos naturales del país. Se trata de un proyecto de muerte para el campesinado, un proyecto de saqueo definido en el plan de economía verde.

Y si como dicen, el Estado haitiano es “fallido”, es porque así EEUU, Francia y Canadá, potencias colonizadoras e interventoras, lo quisieron. Esa tesis (hiede a racismo), se vuelve a esgrimir para justificar más tropas invasoras. No debemos olvidar que Haití posee litio, tierras raras y titanio.

Recientemente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los episodios de escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que caracteriza a una república sin paz ni desarrollo.

Ante estos hechos, obligada a dar una respuesta más fuerte ante la crisis en Haití, la Casa Blanca insistió en los últimos días que “Estados Unidos continúa atento y envuelto en consultas estrechas” con sus socios “para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente”.

El gobierno también dijo que enviará personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Puerto Príncipe “tan pronto como sea posible para evaluar la situación”, según informó la secretaria de Prensa, Jen Psaki. “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de Haití es una prioridad clave de Estados Unidos. Lo era antes del asesinato de hace unos días y continúa siéndolo”, dijo.

La Casa Blanca también adelantó que enviará cinco millones de dólares para “fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Haitiana para trabajar con las comunidades para resistir a las pandillas”. El envío de tropas, en un momento en que Biden está más concentrado en retirar las que estuvieron en Afganistán por dos décadas, por ahora no está previsto.

Ante tantos agravios al pueblo haitiano, la campaña internacional Stop silence Haití (Basta de Silencio en Haití), exige entre otros los siguientes puntos:

1). Respetar la soberanía de los haitianos y haitianas y denunciar toda injerencia;

2). Escuchar a los actores de la sociedad civil haitiana, que se han pronunciado pública y repetidamente en contra de la celebración de un referéndum y de unas elecciones que, en las condiciones actuales, no serán ni libres ni democráticas, y sólo podrán ser una trágica farsa, con el riesgo de conducir a la restauración de la dictadura;

3). Denunciar la ilegitimidad del referéndum y del proceso electoral, así como la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres y democráticas;

4). Apoyar un proceso de transición demandado e implementado por los haitianos y haitianas, basado en la Constitución de 1987”.

Es importante sumarse a la campaña Stop silence Haití, como una forma de solidaridad internacionalista con el pueblo haitiano y por el fin de la injerencia imperialista-neocolonial en dicha nación.

Los sectores de izquierda y revolucionarios de nuestra América y el mundo deben expresar su apoyo internacionalista para que la voluntad del pueblo haitiano se escuche y se respete, como el primer paso, para poner fin a la opresión mayor ejercida por el capitalismo-imperialista y a favor de la liberación real mediante la construcción del socialismo en Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, hoy, el pueblo haitiano nuevamente está luchando por sus derechos y en contra de la pretensión de los presidentes títeres colocados por Estados Unidos, de prolongar ilegalmente el ejercicio del poder, sustentado en la fuerza y la represión que llevan a cabo las organizaciones paramilitares creadas para reprimir las insurrecciones rebeldes.

Finalmente, en Nuestra América, las voces de justicia para Haití, deben multiplicarse y extenderse, para el fin de tantos años de opresión y el surgimiento de una nueva realidad para la primera nación latinoamericana revalidada al calor del deseo de independencia y soberanía. La esperanza de Haití es la misma que tienen todos los pueblos en el mundo.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

Pensiones y pobreza. Lo que el Gobierno y la Junta Directiva de la CCSS no deben olvidar. (Parte 3)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es “un conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio”. Esta incluye lácteos, carnes, pescado, frutas, cereales, etc. En el año 2020 el costo de la CBA estimada por el INEC fue ₡41.973 la rural y ₡50.245 la urbana.

Para el INEC un hogar es catalogado en extrema pobreza si el ingreso promedio por persona del hogar es igual o inferior al costo de la CBA; por eso a la CBA el INEC también le llama “Línea de pobreza extrema” (LPE). Supongamos que en el año 2020 un hogar tenía un ingreso mensual total de ₡200.000 mensuales y estaba compuesto por 4 miembros, por lo que el promedio por persona era ₡50.000. Como este monto es superior a ₡41.973 ese hogar no estaría en pobreza extrema si fuera de una zona rural; pero si fuera de una zona urbana sí estaría en extrema pobreza, ya que los ₡50.000 son menos que ₡50.245. Lo resumo así, en 2020, un viejo, vieja o joven que mensualmente represente en el hogar un ingreso promedio inferior a ₡48.000 -redondeando el promedio rural y urbano-, estaría catalogado en condición de extrema pobreza.

Aunque a alguien no le suene razonable que esa “línea de extrema pobreza” no utilice otros componentes esenciales para vivir en adición a unos cuantos productos alimenticios, no se estrese, porque esos otros bienes y servicios, como vestido, calzado, vivienda, agua, electricidad, etc., el INEC los utiliza para definir lo que llama “Línea de Pobreza” (LP). Además, el INEC también hace otros análisis con Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM) que utilizan otras variables para medir la pobreza. En 2020 ese instituto estimó la LP urbana en ₡112.266 y la rural en ₡86.439. Un hogar es catalogado pobre, pero no en extrema pobreza, si el ingreso promedio por persona es superior a la LPE, pero igual o inferior a la LP. Los hogares cuyo ingreso promedio por miembro es superior a la LP son catalogados como no pobres. Si usted vive en el hogar del ejemplo del párrafo anterior, sería catalogado como en extrema pobreza si es de una zona urbana y como pobre -pero no tan pobre- si fuera de una zona rural. Si el ingreso total de los 4 miembros fuera ₡400.000 -o sea ₡100.000 cada uno en promedio- sería pobre (pero no tan pobre) si vive en zona urbana; pero sería no pobre si vive en zona rural.

En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los hogares costarricenses de 2020 según esos tres grupos definidos por el INEC, usando un promedio redondeado de las líneas de pobreza rural y urbana en el eje horizontal.

Sumando la cantidad de hogares pobres y en extrema pobreza se obtiene un total de 420.433 hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, o un 26,2%; el restante 73,8% de los hogares es considerado como no pobre. Si se cuentan las personas que viven en los hogares pobres la distribución relativa aumenta a un 30% de la población nacional o 1.529.255 personas pobres o no pobres, pues el número promedio de personas que vive en los hogares pobres es 3.6, mientras que en los hogares no pobres viven en promedio 3 personas. En el gráfico siguiente se muestra la población nacional de 2020 distribuida según los tres grupos de pobreza.

Lo mostrado hasta aquí es usando el método de la LP para medir la pobreza; pero como dije anteriormente, el INEC también utiliza el método IPM, el cual considera otras dimensiones tales como acceso a educación, vivienda, uso de internet, salud, trabajo y protección social. Este método es complementario al método LP. Bajo el método IPM en el año 2020 el INEC determinó que un 16,1% de los hogares resultaban clasificados como pobres. De ese 16,1%, un 8,5% también era un hogar pobre usando el método LP y el restante 7,5% no aparecía como pobre usando el método LP. Por lo tanto, al considerar ambos métodos lo que se obtiene es que la proporción de hogares pobres de 2020 aumenta de un 26,2% usando solo la LP a un 26,2% + 7,5% = 33,7% usando ambos métodos; el restante 66,3% es de hogares no pobres. La cantidad de hogares pobres aumenta de 420.433 a 540.904.

En el cuadro siguiente se presentan los hogares y personas de julio de 2020 distribuidos en cinco grupos de nivel de pobreza usando ambos métodos IPM y LP. Como puede verse, la cantidad de personas pobres aumenta de 1.529.255 a 1.971.149, que representa un 38,6% de la población; el restante 61,4% de personas es no pobre.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY99SXppbxAhWMVN8KHXrPANwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.inec.cr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumetos-biblioteca-virtual%2Frenaho2020.pdf&usg=AOvVaw069WZ5VXaMMyIv5-OuGpfZ

Un régimen de pensiones es un modelo económico que permite a un país o sector, entregar bienes y servicios a las personas que no pueden producirlos y a sus dependientes, debido a que han llegado a una edad poco apta, o bien por causa de otras contingencias, como la incapacidad permanente o la muerte. Esos bienes y servicios deben ser suficientes, para evitar que las personas y hogares entren en condición de pobreza o de extrema pobreza; además, para que inyecten dinamismo y estabilidad a la economía.

En el cuadro siguiente se presenta la población nacional del año 2020 distribuida según nivel de pobreza y edad, por condición de aseguramiento en el seguro de salud de la CCSS. Hay que tener presente que los datos son de una encuesta, por lo cual podrían presentar desviaciones de los datos reales; no obstante, ayudan a tener algún conocimiento de la situación real que no se tendría de otra forma. Estos datos sólo incluyen la medición con LP.

Fuente: Misma fuente.

Las políticas públicas de los Estados deben enfocarse a eliminar los dos primeros grupos del cuadro anterior y evitar los retrocesos en materia social. Sin duda, como veremos, los regímenes de pensiones ayudan con esa tarea. El cuadro anterior contiene la información vista al principio de este documento; pero agrega la edad y la condición de seguro en salud, lo cual es importante para la toma de decisiones.

Abajo se presentan distribuciones relativas totales y marginales de la población nacional según varios grupos. Por ejemplo, diríamos que el 6,9% de la población nacional está pensionada por el IVM, el 3% por el RNC y un 1,3% está pensionada por otros regímenes de pensiones. Como el aseguramiento en salud y en pensiones es obligatorio, salvo casos excepcionales, se concluye que la mayoría del 30,3% que aparece asegurada como familiar de asegurado, el 15,6% como no asegurada y otros grupos, están excluidos de cobertura de pensión. Un importante grupo de ellos ni siquiera forman parte de la población económicamente activa, lo cual los excluye de los regímenes de pensiones contributivos, salvo que se afilien de manera voluntaria.

Nótese que una proporción de los asegurados por cuenta del Estado aparecen clasificados como no pobres. Esto podría deberse a varias causas que no están claras para mí. Podrían ser errores de la encuesta, que aparezcan como pobres bajo IMP, que sean realmente no pobres con el seguro u otras razones.

Como era de esperar, casi todos los pensionados por otros regímenes de pensiones (Otros pen) distintos a IVM y RNC aparecen clasificados como no pobres. En el caso de pobreza extrema es importante notar que solamente un 1,3% es pensionado de IVM y 2,5% del RNC, que suman un 3,8%, reafirmándose la importancia de los regímenes de pensiones para evitar la extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, se observa el problema de exclusión o falta de cobertura al ver la edad, principalmente en los grupos “Fam Aseg”, “No Aseg” y “Estado”.

Desafortunadamente no sucede lo mismo en el caso de pobreza no extrema, en la cual los pensionados de IVM tienen una participación de 17,3%, que sumada al 1,6% en extrema pobreza da un total de 18,9% de pensionados de IVM en pobreza o pobreza extrema (55 mil pensionados en 2020). Los pensionados de IVM surgen del aseguramiento como asalariados, independientes, convenio y voluntario en IVM, los cuales tienen una participación de un 85,5% en el nivel “No pobres” en salud. El porcentaje de 81,1% de pensionados de IVM que aparece como No pobre sugiere que, al pensionarse, aproximadamente un 5,4% de ellos pasa de No pobre a pobreza no extrema. De ahí la importancia de evitar que este valor se incremente, dado que sería un retroceso.

Como la ayuda que otorga el RNC es de solamente ₡82 mil mensuales, era de esperar que no estuviera ayudando de manera adecuada, pues un 36,6% permanece como pobre, proporción que es parecida a la de los asegurados por cuenta del Estado, que en teoría no reciben la pensión del RNC; aunque esto también podría ser un problema de captura de información por parte de la encuesta. Sumando a esa proporción los que están en extrema pobreza se tiene un 43,7% de pensionados del RNC en pobreza no extrema o en extrema pobreza, que representa aproximadamente 56 mil pensionados. Esto me recuerda las sugerencias de algunos sectores de trasladar dineros de estos sectores al IVM, en lugar de exigir que se usen para los fines que fueron creados.

¿Pandemia o sindemia de la COVID-19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En setiembre del año anterior, la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” propuso –a través de su editor jefe, Richard Horton– que era necesario analizar al coronavirus, desde un enfoque biológico y social. Esta propuesta tiene como inmediata consecuencia que es imperativo redefinir la propagación universal de la covid-19, no como una pandemia sino como una sindemia.

La diferencia estriba en que mientras la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS); la sindemia es un concepto más amplio que incluye la visión médico-sanitaria, pero abarca los orígenes y las múltiples repercusiones sociales que genera la enfermedad.

Cabe destacar que el concepto de sindemia fue propuesto por vez primera en la década de los años noventa del siglo anterior, por el antropólogo y médico estadounidense Merrill Singer, quien razonó que un enfoque sindémico incluye “interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”.

El editor de “The Lancet” argumentó que los enfoques basados, exclusivamente, en detener la pandemia desde un punto de vista biomédico, no son suficientes. Ha argumentado para apoyar su tesis que “la covid-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, las medidas que se tomen deben ir necesariamente a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos”.

Dentro de esa visión se subraya que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna para combatir la enfermedad, pues la búsqueda de una respuesta puramente médica no alcanzará el éxito deseado. Analizar al virus dentro del concepto de sindemia invita a una visión más amplia, que engloba educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.

Esta reconceptualización con respecto a la covid-19, por su razonabilidad y solidez argumental, debe ser tomada en cuenta no sólo en el marco teórico e investigativo, sino y muy especialmente, en el diseño y aplicación de las políticas que deben emprender los Estados y los Gobiernos de cara a esta enfermedad y otras de repercusión global, que puedan aparecer en el futuro. La prolongada devastación que genera la covid-19 demanda acciones tan amplias como profundas.

Considero por ello que una perspectiva tan válida como la propuesta, es necesario aplicarla a las condiciones actuales de la sociedad costarricense. Es claro que el país ha sufrido en los últimos años, un proceso de incremento de la desigualdad social y un estancamiento alarmante en la reducción de la pobreza. Y que estos problemas sociales, se han agravado (incluyendo un aumento significativo de la pobreza), desde que se dio el primer contagio el 6 de marzo del 2020 hasta nuestros días.

Al 2 de junio del año en curso, el país tiene un número de 323 598 personas contagiadas por el coronavirus y 4 098 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Es muy probable que, si se realiza un estudio sobre la pertenencia social de las personas contagiadas y fallecidas, una mayoría desproporcionada provendrá de sectores afectados por la pobreza y exclusión social.

Es claro que para grupos que pertenecen a la élite económica, las posibilidades de exposición al contagio han sido y son mucho más reducidas. Asimismo, la forma de combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos y el acceso a la vacuna viajando al exterior, también coadyuva a una repercusión mucho más limitada.

También hay otros sectores que, por el tipo y condiciones de su actividad laboral y profesional, han estado menos expuestos en virtud de que han utilizado el teletrabajo, como principal modo para desarrollar sus actividades productivas.

Sin embargo, hay amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que, por la naturaleza de sus actividades laborales, no tienen más remedio que realizarlas presencialmente; con lo cual han estado y estarán más expuestos al contagio. Eso se da de manera más extendida entre los trabajadores informales cuyo número se ha incrementado a raíz de la pandemia. Y no es lo de menos observar que una inmensa mayoría de personas con discapacidad, que podría superar el 75 %, solo encuentran opciones productivas de este tipo. Así que quienes no tienen otro camino para la procura del sustento familiar que estas modalidades de trabajo, las probabilidades de contagio se incrementan en forma significativa.

Así las cosas, aunque el término de pandemia se siga utilizando masivamente porque ya está muy arraigado en el imaginario colectivo, tiene mucho sentido que tras la búsqueda de soluciones políticas y sociales más justas, adecuadas y rigurosas, se utilice el término y el enfoque de sindemia.

(7 de junio, 2021)

Post-pandemia: ¿Auge del neoliberalismo del desastre o de un mundo más justo e inclusivo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».

En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.

Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.

El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.

Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.

«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».

En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.

En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».

Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.

Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.

Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»

Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?

Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.

Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.

(1 de junio, 2021)

Las personas con discapacidad en lucha por nuestros derechos – 29 DE MAYO, DÍA NACIONAL

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, en conversación con el entonces diputado, Alberto Salom Echeverría le planteé que en Costa Rica no existía un día nacional de las personas con discapacidad (como en otros países latinoamericanos) y que sería bueno que se aprobara una ley que lo proclamara.

El diputado Salom se interesó en mi idea y eso hizo que también le propusiera como fecha posible, el 29 de mayo, ya que es la fecha que en 1996 fue promulgada la «Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad». Esta ley –como es sabido—es la principal referencia en el país, en el ámbito normativo de los derechos de las personas con discapacidad; aún cuando la distancia entro lo escrito y lo aplicado es abismal en aspectos sustantivos.

El legislador Salom convirtió esta idea en un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 2008, mediante la Ley Nº 8671. Desde entonces y hasta el presente, los 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa es su historia.

Sin embargo, ya antes que se iniciara esta devastadora pandemia, había pocos avances que reconocer y muy pocos motivos que celebrar para las personas con discapacidad y, con la pandemia, todavía hay mucho menos que recordar. Todo lo contrario. Es seguro que se ha dado un significativo retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, en todos los campos. Ya cuando podamos mirar la pandemia por el retrovisor y se realicen estudios sobre esta involución, se podrá cuantificar y calificar en todas sus duras dimensiones.

Tanto en el Gobierno como en esta Asamblea Legislativa, este es un tema relegado, de valor meramente simbólico. Ah, pero si es bueno sacarse la foto con personas con discapacidad, por motivos meramente utilitarios para el usufructo político (o quizás sea mejor decir: politiquero). Se hace algún ruido con alguna ley poco trascendente o se anuncia un programa, cuyo impacto en la vida de las personas con discapacidad es tan limitado como efímero. Realmente, no existe una conexión política entre el peso poblacional del sector (18, 2 % de la población nacional adulta, ENADIS 2018) y el alcance, real y efectivo en su atención.

La pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad, afectan en forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El aislamiento social ha aumentado significativamente ante la enorme brecha digital que las afecta. El derecho a la salud se ve menoscabado cuando las autoridades en este campo, desatienden los argumentos del CONAPDIS, de diciembre del 2020, en la necesidad de priorizar algunos grupos de personas con discapacidad en la vacunación anti-covid, por su grado de vulnerabilidad. La educación que nunca ha sido ni inclusiva ni de calidad, para este sector, hoy con seguridad es más esquiva. El desempleo asociado a discapacidad que siempre ha exhibido cifras muy altas con certeza en presente, serán más elevadas. La seguridad social para las personas con discapacidad es una aspiración hasta ahora postergada y lejana; nunca una realidad tangible y concreta. Y la participación política completamente marginal, casi igual que cero.

Nada o muy poco que celebrar…

Es por eso que muchas personas con discapacidad y muchas otras sin tal condición, que nos cansamos ante la apreciación diagnóstica descrita, decidimos avanzar por un camino propio. Es esta justa y buena razón que nos ha impulsado a crear el PARTIDO FUERZA SOLIDARIA.

Queremos mediante este proyecto que las personas con discapacidad seamos protagonistas políticos de nuestros propios procesos en función de nuestros intereses, aspiraciones y sueños.

Esa es y será nuestra principal contribución en un día, donde la solidaridad y la inclusión social, deben ser guía y propósito de acción justiciera.

(28 de mayo del 2021)