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Etiqueta: pobreza

La sufrida, ocupada y neocolonial: Haití

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Lic. José A. Amesty R.

19-julio-2021

La República de Haití, en la parte occidental de una de las grandes islas del Caribe (su vecino oriental es la República Dominicana), es el tercer país más extenso de la subregión (27.750 km2), con una población que ya superó los 11 millones de habitantes (90% de origen africano) y entre la cual más del 80% vive en la absoluta pobreza.

Haití es el primer país latinoamericano que se liberó de la esclavitud. Su realidad económica, social y política, tanto como su historia, son normalmente desconocidas en la misma América Latina, lo que acentúa el aislamiento del que ha sido víctima el país desde la época de la colonia.

Haití es uno de los países menos desarrollados y más pobres del mundo. El 65% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La miseria económica, unida a la inestabilidad política, tiene una incidencia muy importante en la situación de los niños haitianos, sobre todo en ámbitos como la salud o la educación.

Haití es el primer país negro que tomó su independencia en la sangre de sus combatientes el 1er de enero 1804. Al momento de la independencia su populación era de 500.000 habitantes, su territorio había una cobertura forestal de 80 %. Hoy la populación sobrepasa 12 millones y los bosques originales están alrededor de 1%. Se puede entender que la situación del medio ambiente esta gravísima. Este país, madre de la libertad, cruza uno de los peores momentos de su historia.

Haití no es un país pobre. Haití ha sido empobrecido. Fue instalado, por las ideologías colonialistas, como un territorio habitado por subhumanos. Haití fue la primera nación moderna de América Latina en ser diseccionada del sentido global de humanidad.

Haití, como laboratorio del revanchismo colonial, sufrió la génesis de un proceso de des-reconocimiento de la vida. Haití es la génesis del capitalismo gore en Nuestramérica. Haití fue empujado a un olvido dirigido y coordinado por las potencias del mundo, heridas en su ego colonial.

En este sentido, ahora más que nunca Haití necesita de la solidaridad internacionalista y del rechazo a cualquier injerencia e intervención neo-colonizadora.

Veamos algunos datos de la sufrida Haití, los altos índices de inflación y pobreza, la escasez de alimentos y combustible y un desempleo galopante son la radiografía más precisa de la situación en este pequeño país del Caribe con cerca de 11 millones de habitantes.

Datos preliminares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hablan de que la economía haitiana cayó al menos 3% en 2020, aunque ya venía en terreno negativo antes de la pandemia con una contracción del 1,7% en 2019.

Padece así mismo, de una alta inflación del 25% anual y se cree que seis de cada diez personas son pobres, o sea unos 6,3 millones, según un informe del Banco Mundial basado en la encuesta de salud y servicios humanos de 2012, la más reciente disponible. El umbral de pobreza, según Naciones Unidas, es de menos de dos dólares al día.

“El 22% de los niños sufre desnutrición crónica. El hambre en Haití va más allá: de los 2,1 millones de personas afectadas por el huracán Mathew en octubre de 2016, un millón sigue necesitando ayuda humanitaria”, de acuerdo con un informe reciente de la ONG Acción Contra el Hambre.

Por otro lado, hoy y desde hace más de cien años, la ocupación norteamericana en Haití gestiona la muerte, el revanchismo colonial, y por ende también el olvido.

El imperialismo quiere una nueva constitución en el país para permitir a las transnacionales comprar tierras legal y abiertamente en Haití para controlar los recursos naturales del país. Se trata de un proyecto de muerte para el campesinado, un proyecto de saqueo definido en el plan de economía verde.

Y si como dicen, el Estado haitiano es “fallido”, es porque así EEUU, Francia y Canadá, potencias colonizadoras e interventoras, lo quisieron. Esa tesis (hiede a racismo), se vuelve a esgrimir para justificar más tropas invasoras. No debemos olvidar que Haití posee litio, tierras raras y titanio.

Recientemente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los episodios de escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que caracteriza a una república sin paz ni desarrollo.

Ante estos hechos, obligada a dar una respuesta más fuerte ante la crisis en Haití, la Casa Blanca insistió en los últimos días que “Estados Unidos continúa atento y envuelto en consultas estrechas” con sus socios “para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente”.

El gobierno también dijo que enviará personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Puerto Príncipe “tan pronto como sea posible para evaluar la situación”, según informó la secretaria de Prensa, Jen Psaki. “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de Haití es una prioridad clave de Estados Unidos. Lo era antes del asesinato de hace unos días y continúa siéndolo”, dijo.

La Casa Blanca también adelantó que enviará cinco millones de dólares para “fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Haitiana para trabajar con las comunidades para resistir a las pandillas”. El envío de tropas, en un momento en que Biden está más concentrado en retirar las que estuvieron en Afganistán por dos décadas, por ahora no está previsto.

Ante tantos agravios al pueblo haitiano, la campaña internacional Stop silence Haití (Basta de Silencio en Haití), exige entre otros los siguientes puntos:

1). Respetar la soberanía de los haitianos y haitianas y denunciar toda injerencia;

2). Escuchar a los actores de la sociedad civil haitiana, que se han pronunciado pública y repetidamente en contra de la celebración de un referéndum y de unas elecciones que, en las condiciones actuales, no serán ni libres ni democráticas, y sólo podrán ser una trágica farsa, con el riesgo de conducir a la restauración de la dictadura;

3). Denunciar la ilegitimidad del referéndum y del proceso electoral, así como la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres y democráticas;

4). Apoyar un proceso de transición demandado e implementado por los haitianos y haitianas, basado en la Constitución de 1987”.

Es importante sumarse a la campaña Stop silence Haití, como una forma de solidaridad internacionalista con el pueblo haitiano y por el fin de la injerencia imperialista-neocolonial en dicha nación.

Los sectores de izquierda y revolucionarios de nuestra América y el mundo deben expresar su apoyo internacionalista para que la voluntad del pueblo haitiano se escuche y se respete, como el primer paso, para poner fin a la opresión mayor ejercida por el capitalismo-imperialista y a favor de la liberación real mediante la construcción del socialismo en Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, hoy, el pueblo haitiano nuevamente está luchando por sus derechos y en contra de la pretensión de los presidentes títeres colocados por Estados Unidos, de prolongar ilegalmente el ejercicio del poder, sustentado en la fuerza y la represión que llevan a cabo las organizaciones paramilitares creadas para reprimir las insurrecciones rebeldes.

Finalmente, en Nuestra América, las voces de justicia para Haití, deben multiplicarse y extenderse, para el fin de tantos años de opresión y el surgimiento de una nueva realidad para la primera nación latinoamericana revalidada al calor del deseo de independencia y soberanía. La esperanza de Haití es la misma que tienen todos los pueblos en el mundo.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

Pensiones y pobreza. Lo que el Gobierno y la Junta Directiva de la CCSS no deben olvidar. (Parte 3)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es “un conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio”. Esta incluye lácteos, carnes, pescado, frutas, cereales, etc. En el año 2020 el costo de la CBA estimada por el INEC fue ₡41.973 la rural y ₡50.245 la urbana.

Para el INEC un hogar es catalogado en extrema pobreza si el ingreso promedio por persona del hogar es igual o inferior al costo de la CBA; por eso a la CBA el INEC también le llama “Línea de pobreza extrema” (LPE). Supongamos que en el año 2020 un hogar tenía un ingreso mensual total de ₡200.000 mensuales y estaba compuesto por 4 miembros, por lo que el promedio por persona era ₡50.000. Como este monto es superior a ₡41.973 ese hogar no estaría en pobreza extrema si fuera de una zona rural; pero si fuera de una zona urbana sí estaría en extrema pobreza, ya que los ₡50.000 son menos que ₡50.245. Lo resumo así, en 2020, un viejo, vieja o joven que mensualmente represente en el hogar un ingreso promedio inferior a ₡48.000 -redondeando el promedio rural y urbano-, estaría catalogado en condición de extrema pobreza.

Aunque a alguien no le suene razonable que esa “línea de extrema pobreza” no utilice otros componentes esenciales para vivir en adición a unos cuantos productos alimenticios, no se estrese, porque esos otros bienes y servicios, como vestido, calzado, vivienda, agua, electricidad, etc., el INEC los utiliza para definir lo que llama “Línea de Pobreza” (LP). Además, el INEC también hace otros análisis con Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM) que utilizan otras variables para medir la pobreza. En 2020 ese instituto estimó la LP urbana en ₡112.266 y la rural en ₡86.439. Un hogar es catalogado pobre, pero no en extrema pobreza, si el ingreso promedio por persona es superior a la LPE, pero igual o inferior a la LP. Los hogares cuyo ingreso promedio por miembro es superior a la LP son catalogados como no pobres. Si usted vive en el hogar del ejemplo del párrafo anterior, sería catalogado como en extrema pobreza si es de una zona urbana y como pobre -pero no tan pobre- si fuera de una zona rural. Si el ingreso total de los 4 miembros fuera ₡400.000 -o sea ₡100.000 cada uno en promedio- sería pobre (pero no tan pobre) si vive en zona urbana; pero sería no pobre si vive en zona rural.

En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los hogares costarricenses de 2020 según esos tres grupos definidos por el INEC, usando un promedio redondeado de las líneas de pobreza rural y urbana en el eje horizontal.

Sumando la cantidad de hogares pobres y en extrema pobreza se obtiene un total de 420.433 hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, o un 26,2%; el restante 73,8% de los hogares es considerado como no pobre. Si se cuentan las personas que viven en los hogares pobres la distribución relativa aumenta a un 30% de la población nacional o 1.529.255 personas pobres o no pobres, pues el número promedio de personas que vive en los hogares pobres es 3.6, mientras que en los hogares no pobres viven en promedio 3 personas. En el gráfico siguiente se muestra la población nacional de 2020 distribuida según los tres grupos de pobreza.

Lo mostrado hasta aquí es usando el método de la LP para medir la pobreza; pero como dije anteriormente, el INEC también utiliza el método IPM, el cual considera otras dimensiones tales como acceso a educación, vivienda, uso de internet, salud, trabajo y protección social. Este método es complementario al método LP. Bajo el método IPM en el año 2020 el INEC determinó que un 16,1% de los hogares resultaban clasificados como pobres. De ese 16,1%, un 8,5% también era un hogar pobre usando el método LP y el restante 7,5% no aparecía como pobre usando el método LP. Por lo tanto, al considerar ambos métodos lo que se obtiene es que la proporción de hogares pobres de 2020 aumenta de un 26,2% usando solo la LP a un 26,2% + 7,5% = 33,7% usando ambos métodos; el restante 66,3% es de hogares no pobres. La cantidad de hogares pobres aumenta de 420.433 a 540.904.

En el cuadro siguiente se presentan los hogares y personas de julio de 2020 distribuidos en cinco grupos de nivel de pobreza usando ambos métodos IPM y LP. Como puede verse, la cantidad de personas pobres aumenta de 1.529.255 a 1.971.149, que representa un 38,6% de la población; el restante 61,4% de personas es no pobre.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY99SXppbxAhWMVN8KHXrPANwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.inec.cr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumetos-biblioteca-virtual%2Frenaho2020.pdf&usg=AOvVaw069WZ5VXaMMyIv5-OuGpfZ

Un régimen de pensiones es un modelo económico que permite a un país o sector, entregar bienes y servicios a las personas que no pueden producirlos y a sus dependientes, debido a que han llegado a una edad poco apta, o bien por causa de otras contingencias, como la incapacidad permanente o la muerte. Esos bienes y servicios deben ser suficientes, para evitar que las personas y hogares entren en condición de pobreza o de extrema pobreza; además, para que inyecten dinamismo y estabilidad a la economía.

En el cuadro siguiente se presenta la población nacional del año 2020 distribuida según nivel de pobreza y edad, por condición de aseguramiento en el seguro de salud de la CCSS. Hay que tener presente que los datos son de una encuesta, por lo cual podrían presentar desviaciones de los datos reales; no obstante, ayudan a tener algún conocimiento de la situación real que no se tendría de otra forma. Estos datos sólo incluyen la medición con LP.

Fuente: Misma fuente.

Las políticas públicas de los Estados deben enfocarse a eliminar los dos primeros grupos del cuadro anterior y evitar los retrocesos en materia social. Sin duda, como veremos, los regímenes de pensiones ayudan con esa tarea. El cuadro anterior contiene la información vista al principio de este documento; pero agrega la edad y la condición de seguro en salud, lo cual es importante para la toma de decisiones.

Abajo se presentan distribuciones relativas totales y marginales de la población nacional según varios grupos. Por ejemplo, diríamos que el 6,9% de la población nacional está pensionada por el IVM, el 3% por el RNC y un 1,3% está pensionada por otros regímenes de pensiones. Como el aseguramiento en salud y en pensiones es obligatorio, salvo casos excepcionales, se concluye que la mayoría del 30,3% que aparece asegurada como familiar de asegurado, el 15,6% como no asegurada y otros grupos, están excluidos de cobertura de pensión. Un importante grupo de ellos ni siquiera forman parte de la población económicamente activa, lo cual los excluye de los regímenes de pensiones contributivos, salvo que se afilien de manera voluntaria.

Nótese que una proporción de los asegurados por cuenta del Estado aparecen clasificados como no pobres. Esto podría deberse a varias causas que no están claras para mí. Podrían ser errores de la encuesta, que aparezcan como pobres bajo IMP, que sean realmente no pobres con el seguro u otras razones.

Como era de esperar, casi todos los pensionados por otros regímenes de pensiones (Otros pen) distintos a IVM y RNC aparecen clasificados como no pobres. En el caso de pobreza extrema es importante notar que solamente un 1,3% es pensionado de IVM y 2,5% del RNC, que suman un 3,8%, reafirmándose la importancia de los regímenes de pensiones para evitar la extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, se observa el problema de exclusión o falta de cobertura al ver la edad, principalmente en los grupos “Fam Aseg”, “No Aseg” y “Estado”.

Desafortunadamente no sucede lo mismo en el caso de pobreza no extrema, en la cual los pensionados de IVM tienen una participación de 17,3%, que sumada al 1,6% en extrema pobreza da un total de 18,9% de pensionados de IVM en pobreza o pobreza extrema (55 mil pensionados en 2020). Los pensionados de IVM surgen del aseguramiento como asalariados, independientes, convenio y voluntario en IVM, los cuales tienen una participación de un 85,5% en el nivel “No pobres” en salud. El porcentaje de 81,1% de pensionados de IVM que aparece como No pobre sugiere que, al pensionarse, aproximadamente un 5,4% de ellos pasa de No pobre a pobreza no extrema. De ahí la importancia de evitar que este valor se incremente, dado que sería un retroceso.

Como la ayuda que otorga el RNC es de solamente ₡82 mil mensuales, era de esperar que no estuviera ayudando de manera adecuada, pues un 36,6% permanece como pobre, proporción que es parecida a la de los asegurados por cuenta del Estado, que en teoría no reciben la pensión del RNC; aunque esto también podría ser un problema de captura de información por parte de la encuesta. Sumando a esa proporción los que están en extrema pobreza se tiene un 43,7% de pensionados del RNC en pobreza no extrema o en extrema pobreza, que representa aproximadamente 56 mil pensionados. Esto me recuerda las sugerencias de algunos sectores de trasladar dineros de estos sectores al IVM, en lugar de exigir que se usen para los fines que fueron creados.

¿Pandemia o sindemia de la COVID-19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En setiembre del año anterior, la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” propuso –a través de su editor jefe, Richard Horton– que era necesario analizar al coronavirus, desde un enfoque biológico y social. Esta propuesta tiene como inmediata consecuencia que es imperativo redefinir la propagación universal de la covid-19, no como una pandemia sino como una sindemia.

La diferencia estriba en que mientras la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS); la sindemia es un concepto más amplio que incluye la visión médico-sanitaria, pero abarca los orígenes y las múltiples repercusiones sociales que genera la enfermedad.

Cabe destacar que el concepto de sindemia fue propuesto por vez primera en la década de los años noventa del siglo anterior, por el antropólogo y médico estadounidense Merrill Singer, quien razonó que un enfoque sindémico incluye “interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”.

El editor de “The Lancet” argumentó que los enfoques basados, exclusivamente, en detener la pandemia desde un punto de vista biomédico, no son suficientes. Ha argumentado para apoyar su tesis que “la covid-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, las medidas que se tomen deben ir necesariamente a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos”.

Dentro de esa visión se subraya que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna para combatir la enfermedad, pues la búsqueda de una respuesta puramente médica no alcanzará el éxito deseado. Analizar al virus dentro del concepto de sindemia invita a una visión más amplia, que engloba educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.

Esta reconceptualización con respecto a la covid-19, por su razonabilidad y solidez argumental, debe ser tomada en cuenta no sólo en el marco teórico e investigativo, sino y muy especialmente, en el diseño y aplicación de las políticas que deben emprender los Estados y los Gobiernos de cara a esta enfermedad y otras de repercusión global, que puedan aparecer en el futuro. La prolongada devastación que genera la covid-19 demanda acciones tan amplias como profundas.

Considero por ello que una perspectiva tan válida como la propuesta, es necesario aplicarla a las condiciones actuales de la sociedad costarricense. Es claro que el país ha sufrido en los últimos años, un proceso de incremento de la desigualdad social y un estancamiento alarmante en la reducción de la pobreza. Y que estos problemas sociales, se han agravado (incluyendo un aumento significativo de la pobreza), desde que se dio el primer contagio el 6 de marzo del 2020 hasta nuestros días.

Al 2 de junio del año en curso, el país tiene un número de 323 598 personas contagiadas por el coronavirus y 4 098 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Es muy probable que, si se realiza un estudio sobre la pertenencia social de las personas contagiadas y fallecidas, una mayoría desproporcionada provendrá de sectores afectados por la pobreza y exclusión social.

Es claro que para grupos que pertenecen a la élite económica, las posibilidades de exposición al contagio han sido y son mucho más reducidas. Asimismo, la forma de combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos y el acceso a la vacuna viajando al exterior, también coadyuva a una repercusión mucho más limitada.

También hay otros sectores que, por el tipo y condiciones de su actividad laboral y profesional, han estado menos expuestos en virtud de que han utilizado el teletrabajo, como principal modo para desarrollar sus actividades productivas.

Sin embargo, hay amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que, por la naturaleza de sus actividades laborales, no tienen más remedio que realizarlas presencialmente; con lo cual han estado y estarán más expuestos al contagio. Eso se da de manera más extendida entre los trabajadores informales cuyo número se ha incrementado a raíz de la pandemia. Y no es lo de menos observar que una inmensa mayoría de personas con discapacidad, que podría superar el 75 %, solo encuentran opciones productivas de este tipo. Así que quienes no tienen otro camino para la procura del sustento familiar que estas modalidades de trabajo, las probabilidades de contagio se incrementan en forma significativa.

Así las cosas, aunque el término de pandemia se siga utilizando masivamente porque ya está muy arraigado en el imaginario colectivo, tiene mucho sentido que tras la búsqueda de soluciones políticas y sociales más justas, adecuadas y rigurosas, se utilice el término y el enfoque de sindemia.

(7 de junio, 2021)

Post-pandemia: ¿Auge del neoliberalismo del desastre o de un mundo más justo e inclusivo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».

En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.

Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.

El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.

Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.

«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».

En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.

En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».

Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.

Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.

Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»

Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?

Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.

Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.

(1 de junio, 2021)

Las personas con discapacidad en lucha por nuestros derechos – 29 DE MAYO, DÍA NACIONAL

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, en conversación con el entonces diputado, Alberto Salom Echeverría le planteé que en Costa Rica no existía un día nacional de las personas con discapacidad (como en otros países latinoamericanos) y que sería bueno que se aprobara una ley que lo proclamara.

El diputado Salom se interesó en mi idea y eso hizo que también le propusiera como fecha posible, el 29 de mayo, ya que es la fecha que en 1996 fue promulgada la «Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad». Esta ley –como es sabido—es la principal referencia en el país, en el ámbito normativo de los derechos de las personas con discapacidad; aún cuando la distancia entro lo escrito y lo aplicado es abismal en aspectos sustantivos.

El legislador Salom convirtió esta idea en un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 2008, mediante la Ley Nº 8671. Desde entonces y hasta el presente, los 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa es su historia.

Sin embargo, ya antes que se iniciara esta devastadora pandemia, había pocos avances que reconocer y muy pocos motivos que celebrar para las personas con discapacidad y, con la pandemia, todavía hay mucho menos que recordar. Todo lo contrario. Es seguro que se ha dado un significativo retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, en todos los campos. Ya cuando podamos mirar la pandemia por el retrovisor y se realicen estudios sobre esta involución, se podrá cuantificar y calificar en todas sus duras dimensiones.

Tanto en el Gobierno como en esta Asamblea Legislativa, este es un tema relegado, de valor meramente simbólico. Ah, pero si es bueno sacarse la foto con personas con discapacidad, por motivos meramente utilitarios para el usufructo político (o quizás sea mejor decir: politiquero). Se hace algún ruido con alguna ley poco trascendente o se anuncia un programa, cuyo impacto en la vida de las personas con discapacidad es tan limitado como efímero. Realmente, no existe una conexión política entre el peso poblacional del sector (18, 2 % de la población nacional adulta, ENADIS 2018) y el alcance, real y efectivo en su atención.

La pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad, afectan en forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El aislamiento social ha aumentado significativamente ante la enorme brecha digital que las afecta. El derecho a la salud se ve menoscabado cuando las autoridades en este campo, desatienden los argumentos del CONAPDIS, de diciembre del 2020, en la necesidad de priorizar algunos grupos de personas con discapacidad en la vacunación anti-covid, por su grado de vulnerabilidad. La educación que nunca ha sido ni inclusiva ni de calidad, para este sector, hoy con seguridad es más esquiva. El desempleo asociado a discapacidad que siempre ha exhibido cifras muy altas con certeza en presente, serán más elevadas. La seguridad social para las personas con discapacidad es una aspiración hasta ahora postergada y lejana; nunca una realidad tangible y concreta. Y la participación política completamente marginal, casi igual que cero.

Nada o muy poco que celebrar…

Es por eso que muchas personas con discapacidad y muchas otras sin tal condición, que nos cansamos ante la apreciación diagnóstica descrita, decidimos avanzar por un camino propio. Es esta justa y buena razón que nos ha impulsado a crear el PARTIDO FUERZA SOLIDARIA.

Queremos mediante este proyecto que las personas con discapacidad seamos protagonistas políticos de nuestros propios procesos en función de nuestros intereses, aspiraciones y sueños.

Esa es y será nuestra principal contribución en un día, donde la solidaridad y la inclusión social, deben ser guía y propósito de acción justiciera.

(28 de mayo del 2021)

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.  De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales.  El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

 

Imagen: Semanario Universidad.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

Excepcionalidad en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

“Día del Agricultor”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Dicho conjunto escultòrico compuesto por un campesino, una campesina y un niño, doblados arando el surco, representan bastante bien a gran parte de nuestra Costa Rica, la de origen campesino, que muestra arraigo con la tierra y con ciertos elementos simbòlicos que evocan mucho de lo bueno, de lo que nos caracteriza como pueblo: trabajo tenaz y sencillo, semilla que darà fruto abundante producto del esfuerzo y dedicaciòn de hombres y mujeres, sustento dignamente ganado y una gran fertilidad que viene del amor y el cuidado a travès de la familia. Hace màs de 500 años nuestros abrigenes obtenìan su sustento, de la tierra mayoritariamente y ocasionalmente del mar. El mestizaje del cual somos herederos, ha permitido construir una patria que en pocos meses celebrarà el Bicentenario, en el cual ni hombres ni mujeres campesinas parecieran estar invitados.

Tan poco significado tiene el campesinado costarricense, ese que nos da de comer y que ha sido fragua de la democracia costarricense, que dicho monumento fue retirado en diciembre de 2012, habiendo sido presa del vandalismo terrible de unos pocos, la indiferencia de muchos, blanco de orines y heces de perros y otros bichos, lienzo de grafittis y tòrrido refugio para fugaces aventuras amorosas nocturnas. Han pasado 9 años de su retiro y muchas promesas rotas que auguraban su restauracion pronta. Hasta un alcalde ahora metido a precandidato ofreciò recursos para que el retiro de la obra fuera breve.

Para colmo de males, una vez màs, estamos en presencia de otra grave y horrorosa omisiòn por parte del MEP al no inluir dicha celebraciòn en el Calendario Escolar, ello a pesar de que hay una ley de la repùblica que asi lo establece (Ley 4096). Dicha ley fue dictada el 11 de mayo de 1968.

Les comparto estas lìneas en medio del escenario màs espantoso ocasionado por la pandemia, que ha traido muerte, destrucciòn, dolor, sufrimiento y angustia al pueblo cotarricense y al mundo entero. Y ello significa ni màs ni menos que el aparato productivo y el empleo decente y de calidad no escapan ante tan atroz panorama. Si los polìticos de turno, ayer y hoy ya no les importa el agro costarricense, el agro profundo que nos da arroz, frijoles, maìz, chayotes, yuca, papas, cebollas, frutas y otros; les invito para que ustedes y nosotros sì seamos capaces de reivindicar a nuestros agricultores. La crisis ocasionada por el COVID tiende a profundizarse y la produccion de alimentos podrìa tornarse critica en los proximos meses. Alimentos nutritivos y frescos junto a la leche y otros productos, podrian escasear y con ello experimentar una descomunal escalada de precios y que el fantasma del hambre aparezca grotesco e inmisericorde. Hoy por hoy, producto de polìticas agrìcolas equivocadas y erràticas, el paìs tan sòlo produce la mitad de lo que consume. Vergonzosamente hay que importar alimentos en un paìs verde, con un buen règimen de lluvias, tierra feraz y con conocimientos ancestrales. Por eso resulta temerario pensar en cerrar el CNP y eliminar el Programa de Abastecimiento Institucional, que constituyen uno de los ùltimos refugios del agricultor y campesinado costarricense.

Vean que curioso, el Censo Nacional Agropecuario fue en 2014. Antes de èste, el ùltimo fue en 1984. Todos sabemos lo importante que resulta para un paìs la existencia de censos  que muestran datos y estadisticas oficiales y que conribuyen al diseño de politicas pùblicas y a tomar decisiones. Este año correspondia hacer censo y se ha anunciado por parte de autoridades gubernamentales que no se llevarà a cabo, al no presupuestar recursos para su financiamiento.

En cuanto a producciòn de alimentos si comparamos los datos entre ambos censos (2014 y 1984) la cantidad de terreno dedicada a maiz, frijoles, papa, cebolla, yuca y otros tuberculos ha venido en descenso, a contrapelo de una agricultura de exportacion (flores, follajes, naranja, piña, frutas y banano) que compite por ese mismo terreno con la produccion agroalimentaria. Eso tiene que llamarnos a reflexion.

El promedio de edad –en 2014- del agricultor costarricense fue de 53,9 años. Ojo costarricenses, pueden cotejarlo con pagina 41 del VI Censo Nacional Agropecuario. De modo que el 38% de la fuerza laboral en el campo, ese que produce alimentos, oscila entre los 43 y 59 años. Hombres y mujeres que ven sacrificada muchas veces su vida por el efecto de las plagas, los malos precios, los efectos del cambio climatico y el nefasto contrabando en nuestras fronteras de productos como papa y cebolla, denunciados una y otra vez donde el esfuerzo de autoridades fronterizas y aduaneras, pareciera no ser suficiente y se ven superados por el afàn desmedido de ganancias de malos costarricenses y un inescrupuloso espìritu de obtener ganacias a como de lugar. Nuestros campesinos no merecen ser tratados como una corronga y folclòrica alegorìa de las pinturas de Fausto Pacheco o un lejano recuerdo sumido en virtuosas letras en  Juan Varela, el Sitio de las Abras o cuentos de Carlos Salazar Herrera. Son personas de carne y hueso a quienes tambièn debemos de cuidar, de ellos dependerà nuestra sobrevivencia y en un plazo mucho màs corto de lo que muchos suponen.

Esta crisis sanitaria y econòmica ya empieza a mostrar un nuevo rostro y es crisis alimentaria, si no tomamos medidas. Debemos cuidar la producciòn de nuestros alimentos y ademàs a quienes los producen. El campo ya no puede ser màs el gran ausente en los grandes debates nacionales. Antes de la pandemia, en 55 paìses 183 millones de personas se encontraban en situacion de inseguridad alimentaria. Esta cantidad según FAO, puede haber aumenado en un 82%.  En varios paìses caribeños su aparato productivo solo era capaz de cubrir el 40% de sus necesidades alimenticias, lo demàs constituìan importaciones de alimentos, pagàndolas muchas veces mucho màs caras.

La pobreza y desempleo en el paìs han crecido. Si no hacemos lo suficiente estaremos condenando a muchas familias de costarricenese al hambre y a la sub-alimentacion, con lo cual estarìamos a las puertas de una desnutriciòn que hace varias dècadas gracias a asertivas politicas de nutriciòn y educativas, ya habiamos superado. Vivir en el campo y producir alimentos no deben ser sinònimo de pobreza. Ante el aumento de la desigualdad, el funcionamiento de la economìa debe evitar ambos, de manera que la prosperidad y los avances sociales sean para todos.

Requerimos pues, inteligencia, valor y sapiencia por parte de nuestras autoridades, partidos políticos y sus representantes. El bien común debe ser el sano motor de la política y de la economía. Hoy más que nunca la solidaridad y la lucidez deben ser las armas con que gobernantes y ciudadanos podamos seguir construyendo una meta y un destino común. La pandemia y su atención han consumido importantes recursos de la producción nacional.

Hemos sido testigos en estos 15 meses, como en lo social y económico se ha acelerado un peligroso y desgarrador proceso de exclusión y desigualdad, generando mayor concentración de la riqueza. Ante la pandemia, en víspera de la celebración del cacareado bicentenario, no a todos nos ha ido igual, negarlo, es ser cómplice de silenciosas y perniciosas injusticias. En el mundo el 1% de la población mundial se ha hecho mucho más rico de lo que era y el 99% restante resulta ser más pobre. Por eso no nos debe sorprender posiciones como las de Biden en EEUU, el FMI, el Banco Mundial recomendando a los países que con carácter transitorio graven los capitales para poder ayudar a los que menos tienen.

La pandemia nos lo está enseñando. “Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior, no puede considerarse progreso” La solidaridad nos dice el papa Francisco, “no debe ser sólo una virtud, sino un modelo operativo de la economía; y que la fraternidad no sea una simple aspiración, sino un criterio de gobernabilidad nacional e internacional”.

La situación del agro costarricense y de nuestro campesinado puede sufrir penosas consecuencias, pues bien dice el papa emérito Benedicto XVI “el estar sin trabajo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona con graves daños en el plano psicológico y espiritual” 25 Caritas in Veritate

El gobierno no debe perder de vista que el impacto del COVID y su atención, ha ocasionado una caída de 2,2% en el PIB. Estas cifras traducidas en destrucción de empleos, significa que 475 mil costarricenses ya no tienen empleo pues la tasa de desempleo aumentó en algunos momentos hasta un 24,4%. Con estos miles de costarricenses y sus familias son víctimas de una gran indolencia por parte de cúpulas políticas y de grandes empresarios. El tejido social se desgarra y no se está haciendo lo suficiente para evitarlo. Ello, agravado con un 25% de la fuerza productiva afectada con reducción de sus jornadas y en consecuencia.

Todo esto alimenta una terrible sensaciòn de frustración, soledad y desesperaciòn, o sea una peligrosa desmoralización que puede hacer al pueblo presa fácil de quién sabe que insondables intereses.

Como sociedad no debemos caer en una especie de “nostalgia superficial y triste, que lleve a copiar y comprar, en lugar de crear y producir y dar espacio a una autoestima nacional muy baja” 51. Fratelli tutti, advierte el papa Francisco a inicios de octubre del a pasado, ya en plena pandemia. Con sentido de urgencia hay que dignificar a nuestros agricultores con acciones efectivas y no con sórdidos discursos cada 15 de mayo que a nadie convencen.

En los últimos 3 años hemos sido testigos del desmantelamiento del estado de derecho en una forma acelerada. Mucho de los logros históricos de los últimos 100 años, que como pueblo hemos alcanzado, han ido desapareciendo uno a uno tras sendos mazazos. El campo ha sido una de esas víctimas. Nuestros agricultores al igual que Ulises en La Odisea, no deben dejarse atrapar por sonoros cantos de sirena, con que una y otra vez tratan de endulzarlos y disimular de esa manera la incapacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas que agobian al agro costarricense.

Aún hay chance para que el presidente y su equipo muestren algo de liderazgo y nos convenzan que, en sus manos, verdaderamente la política es una herramienta para mostrar “capacidad y visión para anteponer el interés y bienestar de las personas” tal y como reza su programa de gobierno, ofrecido a la ciudadanía.

El abrazar la Costa Rica del Bicentenario más que un eufemismo, es una nueva oportunidad de oro para –con humildad- escuchar y ver…y gobernar para todos, sobre todo para los que menos tienen. Hay crispación, furia y rabia. Los problemas se han acumulado y golpean a los de siempre. Debemos de entender que no son las guerras ni las enfermedades la principal causa de muerte, sino el hambre y el desamparo.

Hoy, más que estar ante un fracaso económico, estamos ante un saqueo exitoso por parte de algunos cuantos.

El agro merece más que eso. Hoy es un buen momento para que nuestro homenaje sea el de pedir perdón por ese olvido y no reconocerle su aporte a la construcción de la patria y sobre todo de que nuestra salud y nutrición depende de ellos.

Por eso ante el descuido y el olvido, la estulticia de quienes tuercen la historia y hacen una pésima lectura del presente y futuro de la patria, se asemejan a “apretar aguacates, pretendiendo madurarlos” como decía don Pepe.

Adjuntamos algunas fotografías: