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Etiqueta: pobreza

Privilegios fiscales de las empresas piñeras y bananeras deben de ser revisados

Para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones, todo exento de IVA.

Red de Coordinación en Biodiversidad.
COECOCEIBA Amigos de la Tierra
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(2-10-2020) El reciente informe de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SECSA-MAG) (i) pone de manifiesto el grado de desigualdad social y económica vivida por las poblaciones rurales en Costa Rica, pero al mismo tiempo las industrias exportadoras de la piña, del banano y la ganadería extensiva representan los grandes ganadores. La mayoría de las empresas con ganancias sobresalientes exentas de impuestos.

Según el informe, los grandes ganadores en este contexto de crisis fiscal son la industria de la piña, el banano y la ganadería extensiva para la exportación. Los cuales reportan incrementos importantes en el Valor Agregado (ii) para el año 2019 según los datos publicados en setiembre por el SECSA-MAG en setiembre anterior. El primer lugar se lo lleva el cultivo de la piña, el cual ha experimentado un incremento de su Valor Agregado de casi un 10 por ciento en el período del año 2013 a 2019.

Por su parte el SEPSA- MAG calcula que para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones solamente en términos de Valor Agregado y en el tercer puesto podemos mencionar la ganadería extensiva que llegó en el 2019 a ₡204 mil millones.

En el caso de la piña y el banano, estas sumas millonarias de Valor Agregado (bases de la ganancia del sector) no están sujetas a impuesto. Las exportaciones agropecuarias se encuentran exentas de IVA, por lo que esta riqueza no aporta de forma directa a uno de los principales problemas que tiene el país: la crisis fiscal.

Al mismo tiempo se incrementa la desigualdad. Según el mismo informe del SECSA-MAG de este mes de setiembre: la población asalariada rural enfrenta niveles de desigualdad alarmantes, donde el 9% de las personas asalariadas rurales de mayor ingreso perciben 5 veces más que la población de menor ingreso en el campo. Estos salarios de los trabajadores y trabajadoras más empobrecidos son tan bajos que el 60% de las personas no alcanzan a ganar el salario mínimo estipulado por ley.

Investigadores del SECSA-MAG concluyen que en el Sector Agropecuario las brechas en los ingresos son más amplias que en el resto los sectores, pues es en el agronegocio donde una menor cantidad de personas concentran la mayor proporción de los ingresos generados.

Por otro lado, hay que recordar que, en la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la exención del sector agroexportador al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo (iii). También hay que recordar que el sector del agronegocio defendió sus privilegios fiscales y se negó a que sus ventas en el exterior fueran sujeto de un impuesto que inclusive lo carga la Canasta Básica, pero que los ingresos millonarios piñeros y bananeros no lo harán.

Para dar un ejemplo un impuesto del 5% sobre al Valor Agregado (no sobre el valor total de las exportaciones, nada más sobre el Valor Agregado) de la industria de piña y banano aportarían más de 25 mil millones de colones al año. Pero sin duda este monto puede ser más o menos importante según se tenga voluntades políticas para buscar justicia fiscal.

Notas:

i Sector Agropecuario Pesquero y Rural. “El Sector Agropecuario en la economía costarricense2003-2019”. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Sepsa 2020-014 | Setiembre 2020. http://www.sepsa.go.cr/docs/2020-014-Sector_Agropecuario_economia_costarricense_2003-2019.pdf?fbclid=IwAR0tetPAy9Y3mCgnhs9WmjoKZr5_NqmqbsGia0Whffe8GMHem14mQSI-M5o

ii Valor agregado: valor de exportación menos costo de producción.

iii. Exportaciones seguirán exoneradas en el IVA…, piña incluida https://doblecheck.cr/exportaciones-seguiran-exoneradas-en-el-iva-pina-incluida/

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

¡Costa Rica no se vende! El SEC rechaza propuesta del Gobierno ¡NO SEAN SERVILES DEL FMI!

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC; rechaza categóricamente el conjunto de medidas retrógradas anunciadas por el Gobierno de la República, en su afán de servir una vez más a los organismos internacionales sin importar que con ello estén poniendo precio a nuestra Patria.

Es inaceptable el grado de insensibilidad y falta de seriedad mostrado en la propuesta anunciada este jueves, la cual basa su vago argumento en la imposición de más impuestos, esto mientras que el pueblo apenas supera el trago amargo del nefasto Plan Fiscal que afectó gravemente a la clase trabajadora y la población en general.

Aplicar una nueva regla fiscal, tomar decisiones deliberadas entorno al Empleo Público, aplicar un congelamiento salarial, además de la venta de activos del Estado, sumado a la reducción del presupuesto extraordinario que es clave para el funcionamiento estatal; son opciones que no solucionan la problemática real que tiene el país, y demuestra que el Gobierno sigue sirviendo a los grandes capitales sin importar llevar a la miseria a miles de familias. Nosotros no ocupamos negociar con el FMI, mucho menos si esa negociación lleva a la debacle de las familias.

Señoras y señores diputados, Presidente de la República: El pueblo ya está cansado, no aceptamos más la miserable condición a la que nos quieren llevar utilizando como pretexto la pandemia, para poner a Costa Rica en un abismo de desigualdad y pobreza. Hay otras soluciones, pero no han querido escucharlas, prefieren pisotear cobardemente al pueblo, quitándole lo poco que le ha quedado, vendiendo los activos estatales y quebrando esas instituciones que siempre nos han defendido, simultáneamente atropellando al sindicalismo.

El SEC les hace un llamado a responder a la patria y a ese pueblo que ya ha dado todo, ¡Costa Rica No se Vende! les advertimos que en sus manos está la paz social y el futuro del país.

Sobre la propuesta al FMI

Óscar Madrigal

La clase media pagará la mayor parte de la factura con el FMI. Así se deduce de lo anunciado ayer por el Gobierno de Carlos Alvarado.

Todo el menú de impuestos recaerá sobre los asalariados, públicos y privados, de la clase media:

A) Aumento del impuesto de renta al salario mayor a ¢850.000.

B) Aumento en impuesto a los bienes inmuebles como la casa de habitación.

C) Impuesto a las transacciones financieras.

D) Eliminación de exoneración de renta a salario escolar.

Para los asalariados del sector público, además de lo anterior, se cancela el reconocimiento de la anualidad por 4 años, así como un posible congelamiento salarial por los próximos 10 años, según cálculo de La Nación, debido a la aplicación de la regla fiscal. (Hasta que la razón deuda/PIB llegue al 60%).

Los asalariados menores de ¢850.000 que representa el 77% de los trabajadores estarán exentos del impuesto de renta, pero deberán cancelar el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las casas de habitación que se triplican y el pago de renta en el salario escolar.

A las empresas -principalmente- se aumenta la renta hasta un 35% y deberán pagar el impuesto a las transacciones financieras.

Sin embargo, a cambio de ello, se les reduce el aporte patronal en un 5%, lo que representa -según el ministro de Hacienda- unos ¢3.000 millones, sea una cifra similar o mayor a lo que tendrían que pagar por esos dos impuestos. En otras palabras, a los patronos, en términos generales, se les DISMINUYEN los impuestos.

El 5% que se elimina de la cuota patronal es lo que corresponde al financiamiento de FODESAF que la asumirá directamente el Gobierno, sea todos los habitantes. Recordemos que de FODESAF sale el financiamiento para las pensiones del Régimen No Contributivo, aportes al INAMU, CEN-CINAI y muchas otras instituciones. Esos pagos quedarán incorporados al Presupuesto Nacional con las consecuencias que ello pueda tener, en primer lugar, la regla fiscal y con ella el congelamiento de trasferencias. De tal manera que muchas pensiones e instituciones quedarán al arbitrio de lo que pueda ocurrir con el Presupuesto.

Las zonas francas siguen exoneradas, pero ahora con un premio adicional: reducción de la cuota patronal en un 5%. Probablemente tampoco pagarán el impuesto de transacciones financieras porque los pagos se hacen desde el exterior.

El impuesto a las transacciones financieras será un costo más para las empresas por lo que reducirá sus utilidades y con ello el pago de impuesto de renta. Además, todos sabemos lo difícil y complicado que resulta para Hacienda hacer que los grandes contribuyentes paguen la renta.

Habrá también reducción de funcionarios públicos mediante la movilidad laboral y la fusión de instituciones y organismos, así como la venta de Fanal y Bicsa.

La ortodoxia neoliberal no está totalmente satisfecha porque esperaban una mayor venta de activos, ningún nuevo impuesto y reducción significativa de las instituciones del Estado porque son insaciables.

Pero lo que sí está claro es que asistimos a un empobrecimiento acelerado de los asalariados de clase media y un aumento general de la pobreza.

Préstamo del FMI agravará la crisis social de Costa Rica

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR – FECON

La esencia del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO”, es la consolidación del modelo de desigualdad social con más políticas económicas restrictivas y de “disciplina fiscal”, que no servirán para sacarnos de la crisis. Que el Estado está en crisis o incluso a punto de quiebra es un hecho. Pero lo que debería estar en discusión con participación efectiva/democrática de toda la sociedad costarricense, y no lo está, es cuáles con las acciones que nos permitirán enfrentar la crisis sin profundizar la pobreza y la inequidad general.

Estos comentarios son una primera reacción ante la propuesta para el FMI, o más bien del FMI y el Gobierno, para no pecar de ingenuos, pues sabemos que están “dialogando” desde hace tiempo.

El punto de partida ante esta propuesta es que Costa Rica puede y debe prescindir de este convenio con le FMI. El país tiene condiciones financieras para atender la crisis con parte de las reservas del BCCR; pero no aplicando salvamentos a los bancos y capitales privados, como ya anunció el Ministro de Hacienda, si no orientando acciones de política económica incluyentes y solidarias. La propuesta que desde hace meses hizo el exgerente del Banco Central de Costa Rica, William Hayden es clara y posible de ejecutar: “El Banco Central tiene US$8.000 millones de Reservas Monetarias Internacionales invertidos en el exterior, la mayor parte en títulos valores a tasas de interés en dólares. Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que los adquiera el Banco Central” (https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/william-hayden-propone-alternativa-para-que-el-gobierno-no-recurra-a-impuestos-solidarios/).

Debemos aceptar que la crisis es real, pero que no la generó la pandemia del CV19 y que la salida ya no debe ser el ajuste restrictivo en contra de la clase trabajadora. Entendemos y aceptamos, como debe ser, que los aportes desde los salarios públicos y privdos y los ingresos por el trabajo independiente o cuenta propia en todos los campos, deben planificarse de acuerdo con el poder adquisitivo y los ingresos de los diferentes segmentos, revisando salarios altos, pensiones de lujo, incluso anualidades, y otros componentes de los salarios y los ingresos. Pero el Gobierno reitera su fijación de ataque “al trabajo” y la población en general. Pareciera que su meta es desaparecer lo que sobrevive de los segmentos de medianos ingresos y elevar la pobreza.

Con esta propuesta para el FMI, le siguen cobrando al Estado social y a los y las trabajadoras del sector público, la factura del desfinanciamiento del Estado. En la propuesta se indica: “Empleo público. El tema de empleo público fue objeto de un conjunto de propuestas, desde una reforma estructural al empleo público hasta algunas más puntuales de recortes a los pluses salariales, la eliminación y congelamiento de las anualidades, así como una evaluación de desempeño por resultados más efectiva y rigurosa” (p. 27). Pero, más allá de esas declaraciones, las medidas dejan claro que la evasión, elusión y exoneraciones para el capital privado, tiene su contraparte en las restricciones, las regulaciones y las limitaciones de las condiciones laborales, salariales y, en general, el deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora.

Esta dirección queda expuesta en el enunciado “Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público”, punto “2. La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público” (p.38). Lo fundamental de esta propuesta es “…la necesidad de contar con nuevas modalidades de jornadas laborales para permitir mayor flexibilidad y un mejor acoplamiento a las necesidades del mercado, (que) se ha impulsado el Proyecto de Ley N° 21.182 de jornadas excepcionales de trabajo, el cual busca establecer la modalidad de doce horas y jornada anualizada” (p. 56). Igual se enfilan ataques contra el aguinaldo, el salario escolar y otros “privilegios” que de hecho son pagados por cada trabajador/a y no por el capital privado y el Estado. Lo que en el mundo entero ha permitido tal “flexibilidad”, es crear nuevas condiciones para que se eleve el lucro privado de las empresas tanto locales como extranjeras, a costa de la pérdida de condiciones laborales, cuyos impactos más negativos son acumulativos de plazo indefinido. Gran parte de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadore.as, vivirán el deterioro directo y pérdida de la calidad de sus empleos, de sus ingresos, del nivel de vida de sus familias, de sus seguros de salud y hasta de sus pensiones, entre otros impactos negativos.

Si bien muchos componentes de los salarios y los ingresos que se pueden revisar, las medidas propuestas llevarán a deteriorar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras del país, cuyo ingreso es apenas suficiente para atender sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno puede revisar los rubros de erogaciones por salarios y pensiones superiores a los 3 millones de colones y fijar impuestos de al menos entre el 20% y el 80% y hasta mucho más a las 523 pensiones que en junio del 2020 iban desde los ₡5 000 477,06 hasta los ₡14 446 858,00 (montos que resultan ofensivos). En 2018, el Ministerio de trabajo indicó que “un total de 325 personas pensionadas bajo este régimen no están pagando la contribución especial solidaria contemplada en la ley 7531. Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se aplicara el levantamiento de esta exoneración a estos casos, se lograría un ahorro aproximado de ¢1.794 millones anuales”. MTSS (2018).

Esta propuesta para el FMI es una versión extendida del Plan fiscal que todos los análisis advirtieron como regresivo, injusto y antisolidario, lo cual sigue quedando de manifiesto. Igual que con la Ley 9635 (antes “Combo fiscal”), con la propuesta para el FMI, se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica. La esencia de la propuesta para el FMI se puede resumir con los datos que aparecen en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos. Porcentaje del PIB. 2021-2024” (p. 41). La evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones quedan intactas. El rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” aportaría tan soló el 0,25% del PIB y hasta los años 2023 y 2024. Ni siquiera se aplicaría de inmediato, a partir del 2021, como todas las demás medidas, si no que lo harían hasta el 2023, asegurando un margen de consolidación de esos privilegios.

Los privilegios de la élite costarricense siguen intactos; inalterados con esta propuesta de acciones para el préstamo del FMI. Mientras que países como Argentina renegocian su deuda, Costa Rica le brinda al FMI, que no es otra cosa que una extensión del mundo corporativo, y antes el mecanismo sustituto de los golpes de Estado en América Latina, la oportunidad de imponer al pueblo de Costa Rica nuevas ataduras sociales en todos los campos. No es necesario “El ladrillo” de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general, incluidas las nuevas generaciones, a los dictados de la economía corporativa. Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre “del país”.

El Gobierno asumió de la manera más unilateral posible y en alianza con la élite que lo controla, la formulación de esa propuesta. Mientras se desarrollaba el proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Acuerdo con el FMI”, se redactaba el documento para el FMI. Muy “a lo tico”, en ese documento se hace referencia a las propuestas de esos encuentros intentando dar una visión de “consensos”, pero el documento para el FMI no las retoma como medidas concretas. Se despreció por completo la solidez de los argumentos y más allá las buenas intenciones de quienes participaron en ese proceso, queda demostrado que las negociaciones reales tenían lugar en otras oficinas, en la Asamblea Legislativa con las fracciones alineadas al Gobierno y en el Ejecutivo, sin olvidar a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo. Esta colusión también reafirma lo que desde hace muchos años definimos como el “Estado secuestrado”, ahora con la complacencia total del Poder ejecutivo. El mito o falacia del diálogo nacional y el consenso se demostró una vez más. Esa es la lección que deberíamos asimilar todos los actores sociales excluidos, y hacer un esfuerzo extremo de articulación y acciones ante el Gobierno y el FMI.

Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población sobre concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI. Es seguro que con información veraz y completa se exigiría al Gobierno actuar para la gente y el beneficio del país y no para la élite que lo guía. Pero bajo un régimen de desinformación bien articulado e impuesto como el que vivimos, es natural que un segmento de la gente piense que el crédito con el FMI es necesario para salir e la crisis, cuando la verdad es que es la propuesta más regresiva que hemos visto en mucho tiempo. Como ya dijimos, es una extensión del “combo fiscal”.

Si revisamos todos los rubros de la propuesta concluimos que se enfila contra la sociedad en general y el mundo del trabajo en especial, pues se incluyen medidas como imponer cargas a las transacciones mínimas en un cajero automático, un “Impuesto 25% premios de lotería”, eliminar la “exoneración salario escolar” que es un ahorro de cada trabajador/a, etc. Otra línea confirmada es que el Gobierno atenta contra el Estado, y contra el Estado social en particular. Las proyecciones de “Recortes al presupuesto/Regla fiscal”, se estiman en 0,76%-0,78%-0,82% y 0,96% desde 2021 hasta el 2024, montos que triplican y hasta casi cuadruplican la irrisible suma que en 2 años (2023 y 2024) se recuperaría con los ajustes mínimos propuestos para disminuir la evasión y elución fiscal. Justificar el recorte del “gasto” o inversión del Estado por falta de ingresos/déficit, es un sinsentido cuando el mismo Estado se inmola en favor de una élite privilegiada.

Hay que repetirlo: la esencia de la propuesta es que el rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” asegura los privilegios del empresariado; del capital. Ni siquiera entraría a regir el próximo año, si no hasta el 2023 y con un aporte de apenas del 0,25% del PIB mientras otros rubros, como “Aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (en 0,50 pp)”, desde el 2021 aportaría 0,56% del PIB anual, mucho más del doble que las empresas que disfrutan del no pago de impuestos.

En dirección de hacer que Costa Rica sea un país con mayor justicia social, NO SE JUSTIFICA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON EL FMI. Lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales, y recurrir a las reservas financieras del BCCR, que no implican condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas. Cualquier evaluación del Gobierno de Costa Rica corroboraría que es un Gobierno ineficiente e ineficaz, porque sabe exactamente a quiénes y cuánto cobrar, pero no lo hace. Los ingresos y ahorro proyectados por Gobierno Central son insignificantes comparados con lo que el Estado podría recibir si al menos iniciara el cobro de impuestos a las empresas y capitales privados que siguen amparados en los beneficios, la impunidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades del Gobierno.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

  1. Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
  2. Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
  3. Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
  4. Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
  5. Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

 d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para eje reactivación económica

SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.

La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.

La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.

Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.

II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES

El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:

  1. Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
  2. Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
  3. Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
  4. Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
  5. Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
  6. Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
  7. Recreación y producción cultural.
  8. Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
  9. Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.

III. PROPUESTAS

  1. Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
  2. Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
  3. Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
  4. Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
  5. Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
  6. Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
  7. Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
  8. Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
  9. Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.