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Etiqueta: pobreza

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos.  Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca.  Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

 

Imagen ilustrativa.

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

Privilegios fiscales de las empresas piñeras y bananeras deben de ser revisados

Para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones, todo exento de IVA.

Red de Coordinación en Biodiversidad.
COECOCEIBA Amigos de la Tierra
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(2-10-2020) El reciente informe de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SECSA-MAG) (i) pone de manifiesto el grado de desigualdad social y económica vivida por las poblaciones rurales en Costa Rica, pero al mismo tiempo las industrias exportadoras de la piña, del banano y la ganadería extensiva representan los grandes ganadores. La mayoría de las empresas con ganancias sobresalientes exentas de impuestos.

Según el informe, los grandes ganadores en este contexto de crisis fiscal son la industria de la piña, el banano y la ganadería extensiva para la exportación. Los cuales reportan incrementos importantes en el Valor Agregado (ii) para el año 2019 según los datos publicados en setiembre por el SECSA-MAG en setiembre anterior. El primer lugar se lo lleva el cultivo de la piña, el cual ha experimentado un incremento de su Valor Agregado de casi un 10 por ciento en el período del año 2013 a 2019.

Por su parte el SEPSA- MAG calcula que para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones solamente en términos de Valor Agregado y en el tercer puesto podemos mencionar la ganadería extensiva que llegó en el 2019 a ₡204 mil millones.

En el caso de la piña y el banano, estas sumas millonarias de Valor Agregado (bases de la ganancia del sector) no están sujetas a impuesto. Las exportaciones agropecuarias se encuentran exentas de IVA, por lo que esta riqueza no aporta de forma directa a uno de los principales problemas que tiene el país: la crisis fiscal.

Al mismo tiempo se incrementa la desigualdad. Según el mismo informe del SECSA-MAG de este mes de setiembre: la población asalariada rural enfrenta niveles de desigualdad alarmantes, donde el 9% de las personas asalariadas rurales de mayor ingreso perciben 5 veces más que la población de menor ingreso en el campo. Estos salarios de los trabajadores y trabajadoras más empobrecidos son tan bajos que el 60% de las personas no alcanzan a ganar el salario mínimo estipulado por ley.

Investigadores del SECSA-MAG concluyen que en el Sector Agropecuario las brechas en los ingresos son más amplias que en el resto los sectores, pues es en el agronegocio donde una menor cantidad de personas concentran la mayor proporción de los ingresos generados.

Por otro lado, hay que recordar que, en la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la exención del sector agroexportador al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo (iii). También hay que recordar que el sector del agronegocio defendió sus privilegios fiscales y se negó a que sus ventas en el exterior fueran sujeto de un impuesto que inclusive lo carga la Canasta Básica, pero que los ingresos millonarios piñeros y bananeros no lo harán.

Para dar un ejemplo un impuesto del 5% sobre al Valor Agregado (no sobre el valor total de las exportaciones, nada más sobre el Valor Agregado) de la industria de piña y banano aportarían más de 25 mil millones de colones al año. Pero sin duda este monto puede ser más o menos importante según se tenga voluntades políticas para buscar justicia fiscal.

Notas:

i Sector Agropecuario Pesquero y Rural. “El Sector Agropecuario en la economía costarricense2003-2019”. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Sepsa 2020-014 | Setiembre 2020. http://www.sepsa.go.cr/docs/2020-014-Sector_Agropecuario_economia_costarricense_2003-2019.pdf?fbclid=IwAR0tetPAy9Y3mCgnhs9WmjoKZr5_NqmqbsGia0Whffe8GMHem14mQSI-M5o

ii Valor agregado: valor de exportación menos costo de producción.

iii. Exportaciones seguirán exoneradas en el IVA…, piña incluida https://doblecheck.cr/exportaciones-seguiran-exoneradas-en-el-iva-pina-incluida/

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

¡Costa Rica no se vende! El SEC rechaza propuesta del Gobierno ¡NO SEAN SERVILES DEL FMI!

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC; rechaza categóricamente el conjunto de medidas retrógradas anunciadas por el Gobierno de la República, en su afán de servir una vez más a los organismos internacionales sin importar que con ello estén poniendo precio a nuestra Patria.

Es inaceptable el grado de insensibilidad y falta de seriedad mostrado en la propuesta anunciada este jueves, la cual basa su vago argumento en la imposición de más impuestos, esto mientras que el pueblo apenas supera el trago amargo del nefasto Plan Fiscal que afectó gravemente a la clase trabajadora y la población en general.

Aplicar una nueva regla fiscal, tomar decisiones deliberadas entorno al Empleo Público, aplicar un congelamiento salarial, además de la venta de activos del Estado, sumado a la reducción del presupuesto extraordinario que es clave para el funcionamiento estatal; son opciones que no solucionan la problemática real que tiene el país, y demuestra que el Gobierno sigue sirviendo a los grandes capitales sin importar llevar a la miseria a miles de familias. Nosotros no ocupamos negociar con el FMI, mucho menos si esa negociación lleva a la debacle de las familias.

Señoras y señores diputados, Presidente de la República: El pueblo ya está cansado, no aceptamos más la miserable condición a la que nos quieren llevar utilizando como pretexto la pandemia, para poner a Costa Rica en un abismo de desigualdad y pobreza. Hay otras soluciones, pero no han querido escucharlas, prefieren pisotear cobardemente al pueblo, quitándole lo poco que le ha quedado, vendiendo los activos estatales y quebrando esas instituciones que siempre nos han defendido, simultáneamente atropellando al sindicalismo.

El SEC les hace un llamado a responder a la patria y a ese pueblo que ya ha dado todo, ¡Costa Rica No se Vende! les advertimos que en sus manos está la paz social y el futuro del país.

Sobre la propuesta al FMI

Óscar Madrigal

La clase media pagará la mayor parte de la factura con el FMI. Así se deduce de lo anunciado ayer por el Gobierno de Carlos Alvarado.

Todo el menú de impuestos recaerá sobre los asalariados, públicos y privados, de la clase media:

A) Aumento del impuesto de renta al salario mayor a ¢850.000.

B) Aumento en impuesto a los bienes inmuebles como la casa de habitación.

C) Impuesto a las transacciones financieras.

D) Eliminación de exoneración de renta a salario escolar.

Para los asalariados del sector público, además de lo anterior, se cancela el reconocimiento de la anualidad por 4 años, así como un posible congelamiento salarial por los próximos 10 años, según cálculo de La Nación, debido a la aplicación de la regla fiscal. (Hasta que la razón deuda/PIB llegue al 60%).

Los asalariados menores de ¢850.000 que representa el 77% de los trabajadores estarán exentos del impuesto de renta, pero deberán cancelar el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las casas de habitación que se triplican y el pago de renta en el salario escolar.

A las empresas -principalmente- se aumenta la renta hasta un 35% y deberán pagar el impuesto a las transacciones financieras.

Sin embargo, a cambio de ello, se les reduce el aporte patronal en un 5%, lo que representa -según el ministro de Hacienda- unos ¢3.000 millones, sea una cifra similar o mayor a lo que tendrían que pagar por esos dos impuestos. En otras palabras, a los patronos, en términos generales, se les DISMINUYEN los impuestos.

El 5% que se elimina de la cuota patronal es lo que corresponde al financiamiento de FODESAF que la asumirá directamente el Gobierno, sea todos los habitantes. Recordemos que de FODESAF sale el financiamiento para las pensiones del Régimen No Contributivo, aportes al INAMU, CEN-CINAI y muchas otras instituciones. Esos pagos quedarán incorporados al Presupuesto Nacional con las consecuencias que ello pueda tener, en primer lugar, la regla fiscal y con ella el congelamiento de trasferencias. De tal manera que muchas pensiones e instituciones quedarán al arbitrio de lo que pueda ocurrir con el Presupuesto.

Las zonas francas siguen exoneradas, pero ahora con un premio adicional: reducción de la cuota patronal en un 5%. Probablemente tampoco pagarán el impuesto de transacciones financieras porque los pagos se hacen desde el exterior.

El impuesto a las transacciones financieras será un costo más para las empresas por lo que reducirá sus utilidades y con ello el pago de impuesto de renta. Además, todos sabemos lo difícil y complicado que resulta para Hacienda hacer que los grandes contribuyentes paguen la renta.

Habrá también reducción de funcionarios públicos mediante la movilidad laboral y la fusión de instituciones y organismos, así como la venta de Fanal y Bicsa.

La ortodoxia neoliberal no está totalmente satisfecha porque esperaban una mayor venta de activos, ningún nuevo impuesto y reducción significativa de las instituciones del Estado porque son insaciables.

Pero lo que sí está claro es que asistimos a un empobrecimiento acelerado de los asalariados de clase media y un aumento general de la pobreza.