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Etiqueta: pobreza

Don Nogui Acosta, la educación costarricense ya tiene su camino definido

Mujeres por Costa Rica

El 18 de noviembre pasado, en un artículo publicado por el periódico La Nación, el ministro de Hacienda manifiesta que: “La educación que debemos discutir no es la que tenemos”. Afirma además, “…la discusión sobre educación se ha centrado en defender el presupuesto en vez de concentrar esfuerzos para atender aspectos de fondo relacionados con la formación idónea que le permita al estudiantado una preparación adecuada para el complejo mundo en el que vivimos”.

Nuestro grupo de trabajo en educación del Colectivo Mujeres por Costa Rica acepta el reto de responder a la preocupación de Don Nogui con respecto a nuestra educación y sobre todo aclarar lo que él indica de que “nos agarró tarde” para definir …. “¿Qué habilidades tienen que tener los chicos hoy cuando salen (del sistema educativo)”?

Como titular del Ministerio de Hacienda don Nogui, con la venia de la ministra de Educación, en los últimos años han sido los más interesados en disminuir los presupuestos a la educación pública, sin asumir las consecuencias ni contextualizar los recortes más allá de una perspectiva de un mal concebido ahorro. Tal vez, desde esa visión, efectivamente les “agarró tarde” para hacer cambios sustanciales en la educación.

Sin embargo, Costa Rica tiene un largo camino recorrido de más de 150 años de sustentar el desarrollo de su educación en políticas educativas muy bien fundamentadas. Estas han sido políticas de Estado, firmemente ancladas en principios constitucionales que nos han permitido insertarnos en la economía global, atender y aportar al desarrollo tecnológico, sin desatender nuestra preocupación por el desarrollo humano sostenible y cultural.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un modelo educativo innovador que integra el desarrollo de habilidades en los aprendizajes y a la vez, contamos con nuevos programas de estudio que permiten la introducción de enfoques pedagógicos novedosos, desde el nivel de preescolar hasta finalizar la educación secundaria. Esto se debe a que, nuestra formación educativa actual se basa en la Política Educativa y en la Política Curricular (aprobadas en los años 2016 y 2017) así como en otras más específicas tales como la de Educación para el Desarrollo Sostenible, la de Promoción de Idiomas, Aprovechamiento de Tecnologías digitales en Educación (PATDE), Tecnologías de la Información, la política de Educación y Formación Técnica Profesional (que incluye habilidades y competencias para el trabajo), entre otras. Todas esas políticas fueron construidas y consensuadas con diversos grupos afines y fueron debidamente aprobadas, en los últimos años, por el Consejo Superior de Educación, según consta en las Actas correspondientes y de acceso público, en el sitio WEB del Consejo. Con esos parámetros, el camino está claramente señalado y respaldado oficialmente así que, si la preocupación es realmente mejorar la educación, lo más lógico (y rentable) es seguir construyendo e innovando por los canales que son los oficialmente vigentes, y muy adecuados por cierto.

Sobre la formación por habilidades, ya eso existe. Con fundamento en la Política Educativa y conforme se especifica en la Política Curricular (Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular), aprobadas en el 2015 y en el 2016, nuestra educación precisamente se basa en el desarrollo de trece habilidades agrupadas en cuatro dimensiones que hoy forman parte y se ejecutan en nuevos programas de estudio y que son:

  • las nuevas maneras de pensar(pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación),
  • las formas de vivir en el mundo(ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera),
  • las formas de relacionarse con otros(colaboración y comunicación) y
  • las herramientas para integrarse al mundo(apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información).

Cada habilidad está debidamente conceptualizada en la Política Curricular. Ésta contiene además indicadores claros para monitorear el desarrollo de las capacidades en el estudiantado, a lo largo de su formación y las habilidades se profundizan desde el nivel de preescolar hasta el último ciclo de secundaria. También existen perfiles bien definidos que son desarrollados a lo largo de los nuevos programas.

Obviamente, ante esta situación, no es necesario diseñar nuevos programas de asignaturas por habilidades como don Nogui indica en sus declaraciones, pero sí es fundamental contar con presupuesto y fondos para capacitar y dar seguimiento a todo el personal docente y administrativo del país, en la aplicación e implementación de estas políticas y de los nuevos programas de estudio, y proveer también los ambientes y recursos adecuados para su implementación, así como de evaluaciones válidas y confiables. Sabemos que los cambios en educación son culturales, lentos y progresivos y requieren de financiamiento permanente. De ahí la preocupación de diversos grupos por la constante disminución del presupuesto asignado a educación.

La necesidad de apoyar la transformación curricular en proceso ha llegado también a las universidades. Fruto de un trabajo colaborativo liderado por el CONARE, varias instituciones universitarias formadoras de docentes, públicas y privadas, así como organizaciones afines, (más de diez en total), se logró establecer los marcos de cualificaciones que deben cumplir quienes siguen las diferentes carreras de educación, orientados a desarrollar las habilidades definidas en los nuevos programas que se ejecutan para la formación del estudiantado. Esos marcos de cualificaciones contienen los perfiles, criterios y otros referentes para la formación inicial de docentes, administrativos y orientadores y aseguran así una educación de mayor calidad, a tono con las políticas educativas vigentes que hoy los jerarcas del Ministerio de Educación están ignorando.

En Costa Rica tenemos claro el camino que debemos seguir para integrarnos a un mundo complejo y versátil pero, como bien sabemos, “sin cacao no hay chocolate”. Establecer una educación basada en el desarrollo de habilidades, que permitan el aprendizaje continuo (a lo largo de la vida), no es fácil. Es un cambio drástico que solo se puede lograr si se cuenta con presupuesto suficiente para apoyarlo y las condiciones necesarias para ejecutarlo. De ahí la preocupación expresada por diversos grupos por la disminución del presupuesto asignado para la educación pública.

Detener o postergar la ejecución de los cambios requeridos, cercenando el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación, tendrá costos muy elevados en nuestro desarrollo futuro como sociedad. Por ello, nuestro llamado es a que recapacitemos, dialoguemos y nos unamos como país, para evitar un mayor deterioro educativo, ya que eso solo conduce a incrementar la desigualdad y la pobreza y compromente además el futuro y bienestar de la juventud y la niñez de nuestra querida Costa Rica.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Alicia Eugenia Vargas Porras 1-0362-0899
Yolanda Rojas Rodríguez 9-0012-0762
Yamileth González García 2-0246-0555
Vera V. Sancho Mora 1-0411-1454
Susan Francis Salazar 1-0721-0975
María Paula Villarreal Galera 1-1533-0586
Ana Lupita Chaves Salas 1-0455-0585
Eiliana Montero Rojas 1-0591-0052
Tania E. Moreira Mora 1-0579-0876
Virginia Ramírez Cascante 1-0543-0030
Josefina Pujol Mesalles 9-0069-0096
Melania Monge Rodríguez 1-0537-0482
Sandra Cartín Herrera 2-0343-0634
Arabella Salaverry Pardo 9-0002-0602
Margarita Bolaños Arquín 1-0407-0764
Eugenia Solís Umaña 1-0443-0132
Elizabeth Fonseca Corrales 4-0097-0783
Nora Garita Bonilla 1-0382-0064

Alternativas: Personas expertas aportan su visión sobre temas claves del país

En este programa de Alternativas se reunieron a diversos actores sociales, académicos y ciudadanos comprometidos para conversar sobre la realidad de Costa Rica y proponer soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país. Está organizado por el colectivo «Reflexión, Acción y Alternativas», que ha estado activo desde el 2020. Este grupo busca crear un espacio de diálogo y reflexión crítica que permita plantear propuestas que ayuden a construir una Costa Rica más inclusiva y democrática.

En el programa participan destacados miembros de la sociedad civil, cada uno con un perfil y experiencia distintos. Algunos de los panelistas mencionados incluyen a educadores, exfuncionarios del sistema judicial, activistas sociales y académicos, quienes aportan sus conocimientos y vivencias sobre temas de interés nacional. En esta ocasión el programa trato tema como:

  1. Educación: Hay una preocupación generalizada sobre el estado de la educación pública en Costa Rica, los recortes presupuestarios y la falta de claridad en las políticas educativas actuales. Los panelistas coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que insisten en la necesidad de invertir adecuadamente y mejorar la calidad del sistema educativo.
  2. Seguridad y violencia: La violencia y el narcotráfico se reconocen como problemas graves que afectan la estabilidad social. Los panelistas exploran cómo estas problemáticas impactan a diferentes sectores de la sociedad y consideran urgente encontrar soluciones desde un enfoque integral.
  3. Desigualdad y pobreza: Se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática y que permitan a todos los ciudadanos acceder a una vida digna. Los panelistas consideran que es fundamental que el Estado asuma un papel activo en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
  4. Protección ambiental: Reconociendo la riqueza natural de Costa Rica, los panelistas subrayan la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar políticas sostenibles. Esto incluye garantizar el acceso al agua, proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo de energías limpias.
  5. Democracia e institucionalidad: Los panelistas ven con preocupación la erosión de las instituciones democráticas y la creciente polarización social. Consideran que es necesario reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
  6. Participación ciudadana: Insisten en que no basta con votar cada cuatro años, sino que se necesita una ciudadanía comprometida que participe activamente en la toma de decisiones. En este sentido, el programa busca motivar a los ciudadanos a involucrarse y a expresar sus opiniones en los distintos espacios de diálogo que ofrece la sociedad.

Para visualizar más profundamente el programa entrar al siguiente enlace: https://fb.watch/vLwxf_Tm2S/ 

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

5 MINUTOS O MENOS: “EEUU invierte en guerras y no en su pueblo”

En el programa “5 MINUTOS O MENOS” el analista Martín Rodríguez Espinoza abordó el tema de los gastos militares de Estados Unidos y el impacto que tienen sobre la sociedad estadounidense. El episodio, estrenado el 29 de octubre de 2024, plantea una crítica al enfoque militarista de EEUU, sugiriendo que las grandes inversiones en defensa y guerra están relegando las necesidades internas de su propio pueblo.

Rodríguez expone detalles sobre el sistema de defensa aérea THAAD (Defensa de Área de Alta Altitud), diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance. Este sistema, que incluye tecnología avanzada y misiles estratégicos SM-3, requiere una inversión multimillonaria.

“¿Saben cuántos pobres hay en EEUU?”, pregunta Rodríguez. Apoyándose en datos recientes de la Oficina del Censo, revela que 37,9 millones de estadounidenses viven en pobreza, incluyendo 15,3 millones de niños. Este aumento en los niveles de pobreza coloca a EEUU con una tasa del 17,8%, muy por encima del promedio de otras naciones desarrolladas. 

Criticando la narrativa de “defender la libertad y la democracia” que utiliza EEUU para justificar guerras e intervenciones en el extranjero, el programa sugiere que estas acciones tienen más que ver con el saqueo de recursos y el beneficio de las élites económicas que con el bienestar de la ciudadanía estadounidense.  

¿Le interesa saber más sobre el impacto de los gastos militares de Estados Unidos y cómo afecta a su propia población? No se pierda el último episodio de “5 MINUTOS O MENOS”, donde se aborda la temática completa.

La realidad se impone y desnuda las mentiras del gobierno

Por: Periódico La página del maíz Nº 986 del 25/10/24

En los últimos días, el régimen ilegal y represivo que encabeza Bukele ha sufrido importantes reveses. El creciente estado de ánimo de varios sectores sociales es de malestar contra el Gobierno.

  • Gobierno recalculando
  1. La declaración de inocencia de los dirigentes de Santa Marta, acusados de cometer un homicidio en el conflicto armado es una derrota para Bukele quien, a pesar de controlar la Fiscalía y el Órgano Judicial, no pudo evitar que fueran puestos en libertad. La lucha de la comunidad, del movimiento popular y social y el apoyo internacional fueron claves para doblarle el brazo al régimen.
  2. El proyecto de presupuesto de 2025, que recorta las inversiones en salud, educación, agricultura y otras áreas sociales, y que le aumenta $53 millones de dólares al Ministerio de Defensa, ha sido criticado y rechazado por amplios sectores sociales.
  3. El 19 de octubre hubo una gran marcha convocada por algunos gremios de educación y salud que demandan aumentos salariales establecidos por ley, se oponen al despido de 1 mil 900 empleadas y empleados públicos en 2025 y rechazan el recorte del presupuesto a hospitales, obras en educación y otras áreas.
  4. Diversos sectores se sumaron a la marcha para expresar su repudio al Gobierno. Participaron familiares de víctimas del régimen de excepción, madres de personas desaparecidas, militantes de grupos juveniles, otros sindicalistas, etc.

La realidad del país deja como mentiroso a Bukele que vende en el exterior la imagen de un país de las mil maravillas mientras acá, el pueblo se hunde en la pobreza. 

  • El descontento crece

El descontento de la población con el Gobierno crece, pues mientras millones de personas viven en la pobreza, el clan gobernante amplía sus negocios y crea nuevas empresas. Ahora son cafetaleros, cañeros y dueños de restaurantes y otros negocios en el centro de San Salvador, donde no pagarán impuestos por sus ganancias.

También, siguen las preguntas de alguna gente sobre el accidente del helicóptero que causó la muerte de autoridades de la policía y de un prófugo que robó fondos de una cooperativa. Bukele anunció una investigación, pero ya no hubo información, ni respuestas claras a las demandas de las y los afectados de COSAVI. ¿Por qué?

Mientras la familia gobernante acumula riquezas, el costo de la vida está por las nubes, los salarios están en el piso, miles de personas están presas injustamente y crecen el desempleo y la emigración. Para colmo, el Presupuesto de 2025 golpeará a las familias pobres y provocará un mayor deterioro de los servicios sociales.

Las raíces de los males de hoy

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

Defensoría: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en niñez y personas jóvenes

Presenta coadyuvancia ante el sistemático decrecimiento de la asignación presupuestaria hacia el sector educación respecto a la obligación constitucional.

“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.

Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.

De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo.  Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).

A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.

La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.

De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Estados Unidos invierte en guerras y no en su pueblo

Martín Rodríguez Espinoza

El sistema de defensa aérea de EE. UU., THAAD, (defensa área de alta altitud – un sistema diseñado para interceptar misiles balísticos de gran altitud y largo alcance), tiene un costo multimillonario, y la producción no es rápida y es limitada, solo 12 unidades al año.

Los misiles estratégicos SM-3 utilizados por el sistema THAAD, incluye seis lanzadores, 48 misiles interceptores SM-3 y una estación de radar, además requiere de 95 operadores.

¿Saben cuál es el costo de estas armas de destrucción masiva de EE. UU.?

Según datos de los expertos, el costo se estima entre $1.000 y $1.800 millones de dólares. El costo de un solo misil interceptor se estima en 13 millones de dólares; un equipo completo de 48 misiles cuesta 625 millones de dólares.

Y eso es sólo por esas armas, sumen tanques, aviones y otras armas.

¿Saben cuántos pobres hay en EE. UU.?

Según datos oficiales la pobreza en Estados Unidos ha aumentado, según los últimos datos de la Oficina del Censo, a 37,9 millones de personas que viven en la pobreza en el país de la libertad. Y de estos, aproximadamente 15,3 millones son niños, lo que significa que uno de cada cinco niños vive bajo el nivel de seguridad alimentaria.

La tasa de pobreza en Estados Unidos es del 17,8%, significativamente más alta que el promedio del 10,7% en comparación con otras 25 naciones.

Con un salario mínimo federal de USD7,25 por hora, es extremadamente difícil sobrevivir con un solo empleo, lo que obliga a 8,4 millones de estadounidenses a recurrir a dos trabajos o más, para llegar a fin de mes.

En la emblemática ciudad de Nueva York, la ciudad más rica del país, los niveles de pobreza son alarmantes. Con una población de 8,4 millones, aproximadamente 2.265.000 personas enfrentan dificultades alimentarias, incluidos 673.000 niños.

Cuando dicen que EE. UU. hace guerras e invasiones para «defender la libertad y la democracia», que no es cierto, lo hace para saquear los recursos de otras naciones, el producto de ese robo planetario no es para «su pueblo» es para mantener a las élites de multimillonarios.

La guerra que fomenta EEUU contra Rusia en territorio de Ucrania es una guerra por los recursos naturales del territorio ruso, luego iría por China.

EEUU es el estado terrorista #1 del mundo, y no le importa acabar con pueblos enteros, un ejemplo es el pueblo del Estado Palestino, porque Israel no es nada sin ese apoyo armamentístico de EEUU, pero el gobierno sionista es un brazo terrorista más, que utiliza para alcanzar su fines hegemónicos del planeta.

Reflexión sobre la corrupción política en Costa Rica

Por Sergio Ortiz Pérez

En un relato personal, Sergio Ortiz narra cómo en 1994 el partido Unidad Social Cristiana fue a su casa a pedir el voto de su madre a cambio de un bono de vivienda, el cual era válido únicamente si Miguel Ángel Rodríguez quedaba de presidente, Sergio cataloga esta acción como corrupción y aprovechamiento de las necesidades ajenas; dice que a través de los años estas prácticas han ido evolucionando y que hoy en día las redes sociales son el medio de manipulación para conseguir votos.

En el video Sergio hace un llamado a fiscalizar, a exigir cuentas y honestidad a los políticos y representantes del país, sin dejar pasar por alto las acciones por fanatismo. 

Recalca que Costa Rica merece representantes que estén comprometidos a luchar contra la corrupción, contra la pobreza y a hacer valer la justicia; que una vez que Chaves deje la presidencia quedará un país con rezago educacional, en seguridad y equidad social por lo que el siguiente representante debe ser algo que esté a la altura para rescatar el país.

El video con la narración completa se puede ver a continuación: 

El sueño de volar de miles de niños, niñas y adolescentes está en peligro, no le corte las alas a la educación. ¡Déjenlos volar!

APSE ha lanzado un emotivo video que expone las graves deficiencias de la educación pública en Costa Rica. A través de la historia de Lucy, una niña que sueña con volar, el video destaca cómo los estudiantes enfrentan obstáculos que van más allá de su propio esfuerzo, revelando un sistema educativo que no les ofrece el apoyo necesario. La producción hace un llamado a proteger los sueños de los jóvenes, enfatizando la importancia del acceso a una educación de calidad.

El video también presenta datos preocupantes sobre la situación actual del sistema educativo, mostrando problemas de infraestructura, condiciones económicas precarias para los estudiantes y la pérdida de ayudas vitales. Estas cifras reflejan un panorama alarmante que afecta tanto a estudiantes como a docentes, limitando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

APSE llama a una reflexión sobre la importancia de invertir en la educación y garantizar que los sueños de los jóvenes no se vean truncados por la falta de recursos. Te invitamos a ver el video adjunto para conocer más sobre este importante tema.