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Etiqueta: pobreza

ECONONUESTRA. Es tiempo para una economía para todas y todos

Para Elvin Calcaño, politólogo y consultor latinoamericanista, este informe es crucial para la situación actual en Latinoamérica y los desafíos geopolíticos. Se destaca la desigualdad como el principal obstáculo para sociedades justas, algo no evidente para muchos debido a marcos ideológicos. Vincula la desigualdad con la debilidad democrática, subrayando que la democracia debe ser más que votar, especialmente en tiempos de desafección y discursos de odio. Propone que solo con redistribución, estados adecuados e igualdad, se logrará una democracia robusta. 

Por su parte, el activista en derechos humanos, profesor e investigador de fiscalidad y desigualdad social Flávio Batista comenta que; el informe destaca la importancia de una política fiscal justa, transparente y equitativa para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe. Resalta la concentración del ingreso y la necesidad de nuevas herramientas para enfrentar las crisis actuales. Señala que Brasil, conocido por su austeridad y desigualdad, lidera el G20 y propone una tributación global sobre el patrimonio y la PTLAC. El informe subraya la oportunidad de discutir un nuevo pacto social reflejado en políticas fiscales más justas para lograr la igualdad.

Mientras que, Karina Batthhyány y Pablo Vommaro de CLACSO, señalan que el informe ofrece un análisis exhaustivo de las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe, proponiendo una agenda concreta con medidas tributarias progresivas y políticas públicas para reducir estas brechas. Destaca la justicia climática, la inversión en sistemas de cuidados y reformas fiscales para gravar grandes fortunas y ganancias del capital. Resalta la importancia de un nuevo pacto social que priorice la equidad y sostenibilidad, criticando el modelo de libre mercado y las democracias que perpetúan desigualdades. También enfatiza la dimensión de género, especialmente el cuidado y la discriminación contra mujeres indígenas, racializadas y rurales.

Finalmente, la economista feminista y ex Directora Nacional de Economía, igualdad y género del Ministerio de Economía de Argentina, Mercedes D’Alessandro indica que en América Latina y el Caribe, dos personas concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de la región, una situación normalizada pero alarmante. La pandemia agravó la pobreza y las crisis económicas. El informe de OXFAM muestra que la extrema desigualdad debilita economías y limita las capacidades de los Estados democráticos, afectando la inversión en políticas de cuidado y mitigación del cambio climático. Los ricos evaden impuestos mientras los pobres soportan cargas fiscales desproporcionadas y carecen de servicios básicos. Se requiere un nuevo pacto fiscal y la colaboración de organizaciones sociales, academia y activistas para centrar nuestras vidas en los procesos económicos y fomentar la acción transformadora.

El informe, que le invitamos a descargar, contempla 4 secciones de análisis: la polarización de la riqueza en la región más desigual del mundo, las desigualdades y concentración del poder: lo que el modelo de libre mercado y las democracias no revirtieron, la apuesta por un modelo económico y social que ponga fin a las desigualdades, y el apartado: Por una nueva era de reformas tributarias progresivas en LAC. 

Compartido con SURCOS por German Masís Morales.

Desigualdad en América Latina y el Caribe ¿Cómo estamos?

Observatorio de Bienes Comunes

Aprovechamos la publicación del informe «EconoNuestra Es tiempo de una economia para todas y todos» publicado por OXFAM para poner en común las tendencias socioeconómicas que están caracterizando a nuestra región.

Según el informe, América Latina y el Caribe siguen siendo la región del mundo con mayor polarización entre la riqueza concentrada y la pobreza. Sólo un dato, el 1% de la población concentra 43.5 de cada 100 dólares, en cambio, el 50% más pobre concentró apenas 0.8 de cada 100 dólares.

Esta tendencia, se ve apoya por la existencia de un sistema tributario injusto, que permite al 1% más rico de la región, pagar proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre. Es decir, «estamos ante sistemas que no reducen la brecha de desigualdad, sino que por el contrario las incrementa» concluye el informe.

Este informe nos recuerda condiciones estructurales de la región que siguen marcando esta tendencia (Oxfam, 2024):

  • Desarrollo económico basado en materias primas: dependientes y vulnerable a ciclos internacionales, ha provocado la erosión de la calidad de vida de las comunidades y los beneficios han sido concentrados por élites económicas.
  • Reconcentración del poder en una reducida élite.
  • La reforma del Estado impulsada desde la década de 1980, ha «legitimado» la acumulación y riqueza de sectores minoritarios.

La tarea pendiente para enfrentar este contexto pasa por el compromiso por profundas transformaciones para responder por un lado a los impactos de la crisis que ya están presentes y por otro lado, transitar hacia otro modelo orientado a (Oxfam, 2024):

  • Políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales.
  • Promoción de la justicia climática.
  • Políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados.

Como parte de los insumos para reflexionar este contexto, les compartimos esta infografía con los principales datos de este escenario de desigualdad que atraviesa nuestras sociedades.

PDFImagen

La CTRN denuncia ante la comunidad internacional la grave desinversión social del gobierno y su alejamiento de la Agenda 2030

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTR), Fanny Sequeira, denunció una grave “desinversión social” que ha llevado a Costa Rica a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo, al tiempo que clamó por un “nuevo pacto social” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El planteamiento lo formuló Sequeira en el marco del Foro Político de alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, del 8 al 17 de julio. Dicho foro efectuó un examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Estado costarricense presentó su tercer informe nacional voluntario respecto al avance en el logro de tales objetivos, pero el movimiento sindical del país tuvo la oportunidad de presentar su propia valoración, que discrepa profundamente de la oficial.

La CTRN, en coordinación estrecha con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), realizó la tarea de documentar la visión sindical de la realidad nacional en este ámbito, fruto de lo cual la CSI ha presentado formalmente al FPAN un informe alternativo con una valoración objetiva y contextualizada, que evidencia la insuficiencia e incoherencia en materia de políticas, inversión social y protección ciudadana y que alerta sobre un grave deterioro de indicadores-clave del estado de bienestar y del desarrollo humano sostenible.

“Nuestra presencia institucional en dicho Foro ha sido esencial para reforzar las claves del referido informe sindical, y para hacer un llamado público internacional al Gobierno para que se dedique con verdadera voluntad política a recuperar la economía, la inversión social y productiva, el empleo decente y el desarrollo humano, pero con políticas favorables a los ODS, reforzando el marco de derechos y la institucionalidad democrática del país”, apuntó Sequeira.

Tarea para la cual es muy necesario también contar con un esquema de cooperación técnica consecuente de las Naciones Unidas, añadió la dirigente sindical.

En su intervención ante una amplia representación de todos los países del mundo, la secretaria general de la CTRN expresó que “es imposible lograr los ODS con la actual política sostenida de desinversión social que afecta gravemente los servicios públicos y los programas sociales básicos, con una legislación que recorta derechos fundamentales y sindicales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y la seguridad social.

“El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo y el país con más desigualdad social dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, lamentó Sequeira.

En el marco de las políticas neoliberales que actualmente imperan, los gobiernos han hecho lo posible por desvincular el objetivo 8 de la Agenda, que se refiere a la creación de trabajo decente, los objetivos 1 y 2, que se refieren a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo.

“El empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre”, puntualizó.

Finalmente, la secretaria general de la CTRN invocó la urgencia de un nuevo contrato social en Costa Rica para “redefinir constructivamente” las políticas públicas que impulsen el desarrollo humano sostenible, “garanticen los equilibrios sociales y económicos pendientes en algunas áreas desde hace décadas y nos permitan recuperar el terreno perdido en áreas vitales del estado de bienestar”.

Según la CEPAL, en el 2030 América Latina apenas habrá logrado un 22% de avance en las metas de los ODS, y que tendrá un retroceso en un 36% de dichas metas. De mantenerse las políticas ultraneoliberales, tales predicciones podrían ser peores, sobre todo en lo relativa al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Puede escuchar un resumen de la posición expresada por la secretaria general de la CTRN mediante este enlace.

Caída en los tributos: estamos mejor, pero todo empeora

Welmer Ramos González
Economista

Mientras que la riqueza que genera el país aumenta, la sociedad costarricense se empobrece aceleradamente; tremenda incongruencia que ha creado la ideología imperante.

Mientras las autoridades políticas señalan con bombos y platillos que la producción del país crece fuertemente, que la inversión extranjera rompe récords, que las exportaciones siguen dinámicas; el ministro de Hacienda anuncia que la recaudación fiscal disminuye y que recortará aún más el dinero para arreglar las vías públicas, para la salud de la población, para educación, para los Cen-CINAI, para la Red de Cuido, etc. Descomunal contradicción salta fuera del sombrero de los magos de la política económica.

La riqueza crece, pero el Estado se empobrece, la riqueza crece, pero las personas con ocupación disminuyen, la riqueza crece, pero la pobreza no cede, la riqueza crece y Costa Rica vive un serio problema ético de injusticia social que ya no se puede disimular. Y los líderes políticos de turno optan por no discutirlo siquiera, lo toman como si fuera una consecuencia inevitable del destino.

En Costa Rica los impuestos son altos para las Pymes, para los empleados, para los que trabajan por cuenta propia. El ciudadano paga impuestos cuando compra, por el salario que percibe, por las viviendas y los bienes inmuebles, por el combustible que utiliza, entre otros pagos. Sin embargo, no es igual para cierta élite que disfruta de exoneraciones plenas, creadas por leyes.

Cuando revisamos las estadísticas tributarias todos los rubros de cobro de impuestos suben (ver cuadro adjunto), el que disminuye bruscamente es el “Impuesto a los ingresos y utilidades”, que presenta una caída de ¢79.579 millones, al compararse el acumulado de mayo del 2024, con el mismo periodo del año anterior. Pero en ese renglón se recogen los impuestos al salario, a las ganancias de las personas que trabajan por cuenta propia (emprendimientos), ganancias de las Pymes y las ganancias de las grandes empresas. Por lo que es necesario desglosar ese rubro con el fin de darnos cuenta quiénes son los que están haciendo caer la recaudación.

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, los impuestos a los ingresos y utilidades de las personas físicas crecen, esto es, los impuestos a los salarios, la parte de quienes trabajan en sus propias actividades, en lo referente a las remesas también ha aumentado la recaudación.

Son los impuestos a las ganancias de las personas jurídicas donde la recaudación disminuye en ¢105.031 millones en solo 5 meses del 2024. Y más aún, si entráramos con más detalle, son las grandes empresas las que están pagando menos, no son las Pymes, a pesar de que crecen sus utilidades.

Ese resultado, es consecuencia de que ha habido un fortalecimiento legal de los mecanismos para eludir impuestos, un deterioro significativo en la gestión tributaria y aduanera, una mayor laxitud para que las empresas grandes que están en el régimen definitivo se trasladen al régimen exonerado.

Ha habido una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa “a propósito”, que abren portillos a la elusión y a la exoneración tributaria para las grandes empresas. Como ejemplo señalaré tres casos recientes:

– Ley 10.381, con la excusa de sacar a Costa Rica de la lista de Paraísos Fiscales, amplió el concepto de territorialidad para exonerar a decenas de empresas que pagaban impuestos en Costa Rica y ahora no tendrán que hacerlo más. Aunque operan en el país y carguen los costos de producir como gastos tributarios en Costa Rica, los ingresos no deben reportarlos porque esa nueva ley los exoneró.

– Ley N°10.234 que estableció nuevas categorías en el régimen de zona franca, beneficios adicionales, cambios en los criterios de la inversión requerida, así como otros beneficios fiscales respecto a las cargas sociales sobre las planillas. Dicha ley fue impulsada por la Asamblea Legislativa y ha erosionado groseramente la base tributaria.

– Ley que rebajó el cobro del marchamo se aplicó indistintamente a los autos de lujo y a los autos populares.

Estas leyes y otras recientes violentan, incluso, la Constitución Política de Costa Rica que en su Artículo 179 señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”, pues la interpretación inversa de este texto es igualmente válida: no puede la Asamblea Legislativa reducir los ingresos de la hacienda pública sin señalar las fuentes que los compensen.

Socialmente no es aceptable que los grupos económicamente más pudientes del país tengan una posición de privilegio en lo tributario, pues son quienes más se benefician de la infraestructura pública, de la educación y de los servicios públicos en general; sin embargo, han ido tomando paulatinamente una posición cada vez más parasitaria en cuanto a la vida del Estado.

La caída de los impuestos de ¢105.031 millones es el equivalente a 12 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, o el equivalente a 3.501 bonos de vivienda de ¢30 millones cada uno. No obstante, debido a que es una disminución recaudatoria, eso significará esa cantidad de bonos menos, más infantes padeciendo hambre, más ancianos sin techo; mientras tanto, seguirán apareciendo en las portadas de los diarios las listas de “Grandes Contribuyentes” con pérdidas y cero ganancias a perpetuidad, los escándalos con Panama Papers, ¿hasta cuándo? Y el PIB creciendo y la inversión extrajera rompiendo récords, y las exportaciones en ascenso, y al gobierno y al pueblo yéndole cada vez peor.

Los tres poderes de la República deben encarar con urgencia esta situación de crisis en las finanzas públicas y formar una comisión para resolver está aberración. Hay que encontrarle una salida al absurdo creado a través de las políticas públicas desafortunadas desde hace bastante tiempo para acá. Es necesaria la presencia de los tres poderes porque la Asamblea aprueba la legislación, el Ejecutivo tiene mucho que mejorar en gestión tributaria y aduanera, y el Poder Judicial debe entender la importancia de la correcta interpretación de las leyes en esa materia.

Le invitamos a ver el video del caso de la República de El Salvador.

Le invitamos a ver el video del caso de la República de El Salvador.

El video aborda la compleja situación de desarrollo y bienestar en la República de El Salvador, destacando sus desafíos persistentes a través de un enfoque crítico y reflexivo. Se centra en el testimonio de una paciente, personificada como el país mismo, que, a pesar de haber experimentado múltiples intervenciones y tratamientos económicos en el pasado, aún enfrenta problemas estructurales profundos.

La paciente (quien simboliza ser El Salvador) expresa frustraciones con tratamientos anteriores que no han dado resultados satisfactorios como autoritarismos, privatizaciones, ajustes estructurales y beneficios fiscales para empresas, los cuales no han logrado mejorar sus condiciones de pobreza y desigualdad.

El video destaca la necesidad urgente de un nuevo enfoque de desarrollo inclusivo y sostenible, que no solo aborde la economía, sino también considere la distribución de la riqueza, el bienestar social y el respeto al medio ambiente. La paciente expresa el deseo de recibir un tratamiento integral con diversas opiniones y un plan transparente, enfatizando la importancia de evitar soluciones unilaterales que puedan tener efectos adversos en otros aspectos de su sociedad.

La violencia económica

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.

“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Fotografía Freepik

Morena en México es mucho más que el color de la piel

Así se siente México, así se siente México

Así como unos labios por la piel

Así te envuelve México, así te sabe México

Así se lleva México en la piel.

Alberto Salom Echeverría

El color moreno de la piel…

Es un reflejo de siglos de imposición y explotación de una cultura machista, patriarcal, de superposición de una minoría blanca que desde la colonia estableció la supremacía de las instituciones coloniales, y que, ni la independencia, del dominio español, gloriosa como fue, ni la propia revolución mexicana de contenido agrarista, la primera del siglo XX, que estalló en 1910, aunque produjeron cambios muy significativos y trascendentales, lograron acabar con la injusticia social, la corrupción en la política y la explotación en lo económico junto con la enorme concentración de la riqueza que se fue acrecentando a lo largo de la centuria pasada, así como su contraparte la pobreza y desigualdad social; tampoco se logró poner freno a un estilo de desarrollo, de corte capitalista, que vendría después, cimentado en la grave degradación del medio ambiente.

En América Latina, el color moreno de la piel resalta en la inmensa mayoría de la población trabajadora y tantas veces ultrajada; uno de esos países, de los más connotados es México. Ese tono de la piel no solamente es característico de los pueblos originarios, en distintas gradaciones es propio también de los criollos, que fueron producto del mestizaje, como el que se produjo entre la población originaria al mezclarse con la caucásica europea; igual que entre poblaciones negras y blancas, por ejemplo. Asimismo, ese matiz moreno oscuro distingue a los afrodescendientes que fueron traídos a América para ser sometidos como esclavos de la colonización española. Los pueblos originarios y muchos criollos experimentaron los trabajos forzados, viéndose reducidos durante la colonia por medio de instituciones como las mitas y encomiendas. Todos son, en diversos matices morenos.

¿Qué es MORENA?

En México, en el 2011 se funda como producto de una escisión del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como MORENA, cuyo principal fundador e inspirador ha sido el actual presidente de la nación mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); empero, ahí estaba desde el inicio, la nueva presidenta de México, la primera en doscientos años, Claudia Sheinbaum, como un claro indicio de la presencia de la mujer persiguiendo condiciones de igualdad con el hombre en el desenvolvimiento de la vida social y política, económica y cultural.

Desde la misma introducción de los estatutos de MORENA, cuando se constituyó en partido político se estipuló claramente que “MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.” (Cfr. www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf).

Por esos principios establecidos es que, MORENA es mucho más que el color de la piel.

El cambio cultural que se pretende.

La cultura mexicana es una fuerte, abigarrada y poderosa manifestación de la vida social, política y económica, en la que la indiscutible hegemonía del colonialismo español primero, y de los círculos dominantes posteriormente en la vida republicana, hubo de vérselas desde su origen con la sólida expresión de la voz de los pobres y de los humillados.

La presencia de los desvalidos como una fuerza de resistencia en la historia de México fue de tal envergadura, a lo largo de cinco siglos y lo que llevamos del presente, que se convirtió en un sólido bastión cultural para estimular los cambios sociales que, aunque no lograron modificar la estructura de la dominación expoliadora hasta ahora, dejaron una impronta, una marca indeleble que ha servido de soporte a las denodadas luchas de los grupos subalternos de la sociedad.

Así ocurrió desde los tiempos en que apareció la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre de pila fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana; nacida en 1648 o en 1651en San Miguel Nepantla, México. Desde niña se evidenció su talento prodigioso y su inclinación por las letras. Fue una época en la que la sociedad mexicana como herencia de la Europa renacentista estaba dominada por el patriarcado, por lo que el rol femenino queda confinado a las labores domésticas y no era bien visto que una mujer se dedicara a las letras. Tanto en prosa como en verso, Sor Juana Inés desafió a la sociedad de su tiempo incursionando en la literatura y también en el conocimiento científico, pues adquirió una portentosa erudición.

Un gran testimonio de su postura filosófica y literaria quedó plasmado en el poema “Hombres necios”. Allí señala sin ambages: “Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin razón/ sin ver que sois la ocasión/ de lo mismo que culpáis (…)” Y luego profundiza escribiendo: “Con el fervor y el desdén/tenéis condición igual, /quejándoos, si os tratan mal, /burlándoos, si os quieren bien (…).

En otro orden de cosas, en la segunda mitad del siglo XX en el año de 1962 se publica una de las más célebres novelas, del afamado escritor ya fallecido, Carlos Fuentes: “La Muerte de Artemio Cruz”. Una novela que trata de la historia de México en la contemporaneidad, referida particularmente a la revolución mexicana. En ella queda constancia de la forma en que el personaje principal, Artemio Cruz quien había participado en la revolución, recorre mentalmente en su lecho de muerte su participación en la revolución; pero, ya convertido en un acaudalado industrial, se aleja de los ideales que lo habían llevado a combatir, tras haberse convertido en un hombre corrupto y trepador. En la pluma de Carlos Fuentes, Artemio Cruz es el arquetipo de aquellos numerosos sectores de las clases medias arribistas y oportunistas.

Por otra parte, no puedo omitir en este breve relato la mención de la extraordinaria novelista Elena Poniatowska, poseedora de una profusa producción literaria. Uno de las más vibrantes de sus escritos es “La noche de Tlatelolco: Testimonios de una historia oral.” En ella la escritora hace una crónica de la matanza que sufrieron estudiantes a manos de la represión policial, con implicación del propio secretario de gobernación de entonces, Luis Echeverría, durante la administración de Díaz Ordaz. La orden de reprimir fue dada por el propio presidente de la República. El hecho ocurrió la noche del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes habían organizado una manifestación, la cual al ser reprimida por la policía ocasionó la muerte de cerca de 300 estudiantes. El motivo de la manifestación era exigir precisamente que se detuviera el autoritarismo y la represión ejercidos por el gobierno de Díaz Ordaz. El gobierno pretendía mediante la represión impedir que las manifestaciones estudiantiles se propagaran hasta el inicio de la Olimpiadas que pronto tendrían lugar en México.

Conclusión

Como puede verse, muchas de las plumas más brillantes de México, de los artistas e intelectuales en general se han unido a los movimientos sociales y populares que reclaman un nuevo orden social. MORENA aspira a convertirse en un partido político afín a los movimientos sociales que bregan por un cambio social verdadero y democrático, con acento en la justicia social, la equidad, la igualdad real entre el hombre y la mujer, la redistribución de los recursos en favor de las clases sociales menesterosas del campo y la ciudad, así como la eliminación de la corrupción en el ejercicio del gobierno nacional y local.

No es tarea fácil, no obstante que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales por amplio margen a su más inmediata seguidora, Xóchilt Gálvez, a la cabeza de una coalición conservadora integrada por los antiguos partidos políticos del PAN, PRI y PRD. Además, MORENA ganó, tanto en el senado como en el congreso de los diputados, alcanzando una mayoría muy sólida que le permitiría modificar la Constitución. Sin embargo, la tarea no es fácil en un México asediado por las bandas del narcotráfico, que mantienen al país en un grave estado de inseguridad y el crimen ha crecido enormemente. Asimismo, Sheinbaum debe enfrentar todavía un importante déficit fiscal, y un no muy halagüeño crecimiento del PIB que alcanzó en el último trimestre del 2024, tan solo un 2%. Por la formación de la presidenta electa, se ha comprometido además a acelerar el cambio hacia una economía carbono neutral al 2050, transitando hacia una economía limpia; lo que significa un cambio de posición importante con respecto al actual gobierno de AMLO.

La presidenta entra al gobierno con una buena credibilidad y legitimidad, pero tiene ante sí retos enormes que debe acometer para no desgastarse y perder el prestigio que hoy ostenta.

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

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Recortes suicidas

Greivin Hernández González*

El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.

Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:

“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)

Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.

En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:

“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024

Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.

Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.

Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.

Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.

Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.

Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.

Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.

Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.

La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).

A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.

El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.

A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.

El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.

  • Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

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