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Etiqueta: pobreza

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

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Recortes suicidas

Greivin Hernández González*

El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.

Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:

“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)

Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.

En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:

“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024

Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.

Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.

Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.

Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.

Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.

Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.

Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.

Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.

La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).

A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.

El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.

A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.

El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.

  • Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

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¿Detener el movimiento?

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

A inicios de la semana que concluye el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una nueva orden ejecutiva relacionada con el tema migratorio. En esta disposición, se restringe el ingreso de migrantes indocumentados y se limita la posibilidad de obtención de la figura de asilo.

Nada nuevo en el marco de una retórica de continuidad en la política migratoria estadounidense que pareciera no establecer diferencias entre Republicanos y Demócratas cuando se trata de este tema.

Justamente, las voces de esperanza en que Biden realmente lograra adecentar la política migratoria de Estados Unidos con un corte absolutamente securitario, no repararon en que detrás de una aparente humanización y adecentamiento de las acciones en materia de migración, seguridad fronteriza, integración, se posicionaba el enfoque real con el cual Estados Unidos como país ha abordado el tema en los últimos 25 años.

Esta Orden Ejecutiva firmada el 3 de junio, llega en un momento político aderezado por la campaña electoral estadounidense. En este sentido, bien es conocida la postura racista, xenófoba y antiinmigratoria de Donald Trump, el seguro candidato republicano, con la cual se ha granjeado millones de votos sustentados en una combinación entre enojos y un nacionalismo exacerbado.

Tomando posturas de esta naturaleza, Biden apuesta también por obtener apoyos para su estrategia política, en medio de un contexto en el que las movilidades humanas no cesan a nivel global. En lo que se escriben estas notas, se conoce del drama de cientos de personas migrantes africanas en Islas Canarias, en España. Es que las movilidades humanas poco entienden de cercas, vallas fronterizas, políticas duras y agresivas.

El presidente estadounidense ha dicho que con la firma de esta acción se recuperará el control de las fronteras, desbordadas como están por la necesidad incesante de cientos de miles de personas. La pregunta, que no es retórica, que debemos hacernos es quién firmará de una vez por todas una acción global contra la violencia, el hambre, la miseria, la desigualdad, el racismo, la pobreza. Aguardemos entonces.

Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza

Semanas atrás, el ministerio de Hacienda reconoció públicamente que en 2024 ha recortado ¢62.000 millones adicionales para atender a la población en situación de pobreza. Con este nuevo recorte el monto destinado incluso incumple ampliamente la ley de FODESAF.

Tan grave como el recorte mismo son los argumentos en que se basa el ministro de Hacienda para realizarlos, así como la obtusa visión ideológica detrás de estos.

Para abordar críticamente este sensible tema, SURCOS ha invitado a dos reconocidos especialistas, los señores Jorge Herrera Fernández y Greivin Hernández González, ambos con profundos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.

Estamos seguros de que sus reflexiones y análisis representan un valioso aporte a un problema país de enorme importancia y actualidad.

Le invitamos a seguir el enlace en el nombre de cada autor.

Greivin Hernández González

Jorge Herrera Fernández

Imagen: UNA.

Defensoría: Urge fortalecer medidas económicas a favor de personas adultas mayores

Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional

Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.

La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.

Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.

En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al INFOCOOP promover entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.

En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE) informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia. Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

“Entrega total”

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

«Por enfrentarse a LOS PODEROSOS, se le ataca tanto«, nos dijo de Rodrigo Chaves, un amigo, ¡que, sin duda, así lo cree! Para él, desempleado y rebuscándose la subsistencia todos los días, «el presi» es uno más del pueblo humilde. Un «genio del Banco Mundial», que sacrificó su liderazgo allá, en un lejano y muy pobre país musulmán, para venir a luchar por los miserables de su país de origen. Algo así, como un santo varón, que, como la canción de Luis Miguel, merece la “Entrega total” de sus fieles creyentes.

Ahora bien, como se trata de alguien a quien apreciamos, con datos confiables, le prometimos al amigo, escribir un resumen de algunas «cosillas» del gobierno de su líder, que por aquí reunimos, para que, después de leer, reflexione sobre ellas. ¡Veamos!

1. En un país tan pobre como Costa Rica, que «juega de rico» en el club de países ricos, y no tan ricos, conocido como la OCDE, los compatriotas que sufren de miseria extrema, podrían llenar 13 veces, el Estadio Nacional. Viejitos, niños, hombres y mujeres de todas las edades, que sufren al interior de sus familias, la escasez de alimentos y otras necesidades, características de sus tugurios. Pues resulta, que, a ellos, tan dependientes de la solidaridad cristiana, Chaves, por cuestiones fiscales, dice, les ha recortado en una cuarta parte, la «inversión social«, que, aunque limitada, por lo menos les hacía tener esperanza en un mañana mejor.

2. La Seguridad Social, reforzada a través de los años, desde que se estableciera como compromiso estatal, hace más de 80 años, ha sido tan dejada de lado por el actual gobierno, que, pese a urgentes necesidades, ha hecho aumentar su deuda en más de ¢3,7 millones de millones (¢3,7 billones). ¡Nunca en la historia de Costa Rica, se ha visto algo semejante! Y es que, para «exhibir» ante el mundillo de Wall Street, «índices macroeconómicos positivos», se está desamparando a los más pobres, a los que hasta quisieran emigrar en busca de sustento, nos ilustran encuestas de Cid-Gallup, pues ya no aguantan tanta injusticia.

3. Con los «ahorros» mal entendidos, en programas de vivienda de interés social, este gobierno ha dejado por fuera a más de 11 mil familias sin techo, con las consecuencias que ello tiene, sobre el ansiado bienestar de esos miles de costarricenses, agobiados por la miseria que duele.

4. Los CEN-CINAI, casi desconocidos por muchos habitantes indiferentes a ellos, tienen la misión de «contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza y riesgo social«. Sin embargo, pese a esa fundamental misión en pro de los venerables niños, la administración de Chaves, les ha recortado el insuficiente presupuesto, ¡en cerca de ¢5.000 millones!, demostrando así una muy reprochable insensibilidad, y una despreocupación incomprensible, por la nutrición de los niñitos pobres.

5. Conocido es, que ante el desempleo y la miseria que resulta de él, algunos compatriotas por desesperación, con limitadísima educación, se han involucrado en el mercado de las drogas, con tan dolorosas consecuencias, que muchos han terminado en prisión o en el cementerio. Los datos nos dicen, que el año pasado, los asesinatos superaron la cifra de 75 mensuales, para un total de 903. Inocentes, o no (solo Dios puede juzgarlos) lo más triste es que, nos han acostumbrado a esas noticias cotidianas, que sentimos alejadas de nuestras vidas. “Es cosa de los pobres metidos en drogas, que se matan entre ellos”, es el innoble mensaje que se transmite, pretendiendo ocultar cuál es la raíz de esa terrible estadística.

6. Existe en Costa Rica, desde mayo del 2006, en que iniciaba la administración de don Óscar Arias, un programa en el IMAS, que tiene como objetivo, “la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo de los estudiantes en pobreza y pobreza extrema”. Se trata de un subsidio, conocido como AVANCEMOS, que, como algo «especial» de este gobierno, ha dejado sin financiar más de 98.000 becas. Contribuciones modestas, es cierto, pero que, para los niños y adolescentes, y sus familias, son determinantes para seguir estudiando o no. Se trata de subsidios de ₡18.000 mensuales para estudiantes de primaria, y de ₡30.000 a ₡40.000 para estudiantes de secundaria, por lo cual, rechazamos que se aleguen, frías cuestiones macroeconómicas, para decidir, desde la Casa Presidencial, el futuro y el presente educativo de tantos niños y muchachos, cuando saben muy bien, que, aunque no se les atiende, el 60% de los estudiantes en escuelas y colegios públicos, cumplen con los requisitos para optar por esa ayudita económica.

7. Si algo ha sido fundamental, para que Costa Rica se haya destacado en el continente americano, como una nación con logros importantes en su población, han sido dos cosas nacidas casi simultáneamente: la abolición del ejército, que nos hizo ahorrar un inmenso gasto inútil en armas y soldados, y el transferir esos recursos económicos, hacia un sistema educativo público, gratuito, de calidad, con universidades prestigiosas, abiertas a buenos estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. Sin embargo, siguiendo una ruta orientada a erosionar esa columna fundamental de la sociedad costarricense, la administración Chaves, en tan solo dos años, muestra datos que hacen encender luces de emergencia. Casi como un logro hacendario, desde que se estableció constitucionalmente, un porcentaje de financiamiento mínimo, el de este año ha sido el más bajo. Nuevamente, son los más pobres los más afectados, pues, en todos los niveles, se restringen las opciones educativas, sin poder optar por las instituciones privadas que, principalmente en el nivel básico, han venido superando a las escuelas y colegios públicos. Ese desinterés por la educación estatal, se evidencia en datos que ilustran como, cerca de 900 centros educativos, han recibido de parte de las, igualmente autoridades gubernamentales, advertencias sanitarias de funcionamiento, mientras que 78 instalaciones educativas, siguen “funcionando”, con órdenes de no hacerlo.

8. Cuando se habla de DESIGUALDAD SOCIAL, más allá de un ejercicio académico, nos referimos a la distancia enorme que no debería existir, entre aquellos que viven en la opulencia, a veces el despilfarro y el desperdicio (como coleccionar relojes Rolex, por ejemplo) y las grandes mayorías, que sienten como, día con día, su calidad de vida es tan baja, que no les permite, aunque se esfuercen estudiando y trabajando honestamente, satisfacer sus necesidades básicas. Cabe recordar, que cuando la sociedad costarricense, aspiraba a alcanzar una menor desigualdad social, la clase media poco a poco se ensanchaba y, con el apoyo de instituciones y empresas estatales, todas ellas trabajando sin fines de lucro, los signos de bienestar, eran evidentes. La llamada «distribución de la riqueza», seguía senderos de tintes más justos.

Hoy, detenido ese proceso desde hace unos años, la administración de Chaves, le ha aplicado «marcha atrás». Un gobierno promocionado «contra los poderosos», se muestra más bien, como un gobierno «de los poderosos», de los que acumulan más riqueza. Es un gobierno ¡contra los pobres!; contra aquellos que paradójicamente, le han venido apoyando, hasta la “entrega total”, inocentes del engaño, que se esconde en los discursos de Pilar y Chaves, que, para desdicha de ellos mismos, les creen el discurso demagogo y populista.

La evidencia descansa en medidas gubernamentales, dirigidas a favorecer a los que, por ejemplo, comercian todo tipo de productos importados (arroz y otros productos alimenticios, medicamentos, equipos y herramientas de trabajo, utensilios domésticos, vehículos…) que, por más de un año, han obtenido ganancias exorbitantes, gracias a un cambio del colón con respecto al dólar, manejado políticamente, y a una cascada de dólares, de imprecisa procedencia. Asimismo, merced a acciones ejecutivas (algunas ilegales) como, contratos de construcción de obra pública, otorgados «a dedo», sin licitaciones, gracias a una aplicación amañada, de decretos de emergencia.

Como muestra independiente de tal desigualdad social, fomentada por Chaves, los datos de la OCDE, nos gritan a la cara, que, dentro de ese grupo de 38 naciones, ninguna supera a Costa Rica, como la más desigualdad, aunque las prácticas del Banco Mundial permiten aplaudir, como sucedió tanto tiempo en Chile, a las autoridades hacendarias que muestran una inflación tal, que impide ejecutar ajustes salariales, hace tiempo congelados injustamente.

FINALMENTE, aunque no es exhaustivo lo que cubre este comentario, pues no hemos hablado del efecto que, por ejemplo, sobre los más pobres tiene el manejo indebido del abastecimiento de agua potable, sí esperamos que, cuando nuestro amigo nos lea, conociendo lo inteligente que es, ojalá lo invite a pensar, o, por lo menos, a dudar, de lo que hasta ahora le han dicho y ha creído. Si lo hace, estaremos avanzando hacia algo excepcionalmente importante; hacia la defensa de nuestra democracia y nuestras instituciones estatales, amenazadas desde sus propias entrañas y en camino a ser subastadas.

¡Así hasta yo!

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

Si cruelmente esperamos un pobre se muera para darle la pensión a otro en la miseria.

Si le negamos ayuda a más de 100.000 niños y jóvenes de barrios marginales o en condición de extrema pobreza: primaria ₡18.000 mensuales, secundaria ₡30.000 (de sétimo a noveno año) y ₡40.000 (de décimo a quinto o sexto año) por mes.

Los estamos entregando en las manos del sicariato y la delincuencia.

Mientras los jerarcas del ICE, Hacienda , Seguro Social, muestran músculo con los balances macroeconómicos, los servicios esenciales (educación, salud, vivienda, seguridad) desmejoran.

Los organismos financieros internacionales aplauden, como nación, somos candil en la calle, oscuridad en la casa.

La venta de humo nubla algunas entendederas.

Tristemente:

“¡Así hasta yo!

Expresión icónica de doña Niní Chinchilla, ilustre educadora, costarricense.

La patronal desfila y se manifiesta en defensa de sus ganancias

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Las cámaras patronales protestarán con un desfile por el bajo precio del dólar y a lo mejor hasta bloquearán calles. Al respecto he escuchado opiniones de todo tipo: he visto a pequeños empresarios afirmar que la bajada del dólar no los ha afectado porque obtienen menos recursos por lo que venden, pero pagan menos por lo que compran; los grandes empresarios, especialmente los exportadores y las grandes cadenas turísticas, expresan que están a punto de quebrar y amenazan con despidos de trabajadores.

No hay estudios serios que demuestren las “congojas” de los grandes empresarios y mucho menos que estén por cerrar.

Hace unos días la Standard Fruit Company, la heredera de Mamita Yunai, despidió a 412 trabajadores y ya había despedido hace tres meses a 111 más. Sin embargo, Corbana en esa misma información da unos datos interesantes.

El precio de la tonelada de banano subió de $1.160 en 2021 a $1.627 en abril 2024, un aumento de $467 por tonelada. Si Costa Rica exporta 2,4 millones de toneladas, los exportadores de banano -solo por el sobreprecio- obtendrían más de 1,2 millones de dólares de más.

Mientras tanto el dólar pasó de costar ¢542,99 en el 2022 a ¢512,01 en el 2024, una caída de ¢30, lo que representa un $0,05 (cinco céntimos de dólar). A esto alcanza la “pérdida” por la valoración del colón o la “caída” del dólar. Costa Rica exporta por banano $1.000 millones por año. Por la diferencia en el tipo de cambio ($0,05) las bananeras dejarían de recibir alrededor de $50 millones de dólares.

Ahora, si comparamos lo que los exportadores de banano ganaron por el aumento del precio internacional de banano, que fue como de $1,2 millones, con la pérdida del valor del dólar que les causó un gasto extra de $50 millones, queda claro que no están al borde de la quiebra o que han sufrido un descalabro financiero. Tal vez lo que ocurre es que los exportadores solo quieran ganar y ganar y ganar siempre.

Ahora bien, no existe ninguna justificación financiera de las bananeras para despedir trabajadores a menos que lo que estén considerando es la tercerización de todas las labores que hacen esos obreros bananeros despedidos, como el embolse de la fruta, y con ello aumentar la explotación y las ganancias por esa vía.

Es posible que las ganancias de los exportadores hayan disminuido o no hayan crecido como desean. Habría que estudiarlo en detalle.

Pero lo que si es cierto es que cuando los precios suben, como por ejemplo ahora con el banano de exportación, los salarios de los obreros y trabajadores en general, por ejemplo, los de la Standard Fruit Co., no aumentan, pero cuando se trata de una pequeña disminución de esas utilidades se opta por despedirlos y condenarlos a la miseria.

La Standard Fruit Co., es el principal patrono de la provincia de Limón, que es a su vez la más pobre del país. Por algo será. Y ahora recetan más desocupación y probablemente peores salarios, sea más pobreza.

¿Quién podría apoyar semejante conducta de los grandes exportadores?

La manifestación que convocan los grandes empresarios es a los trabajadores ponerse la soga al cuello, condenarse a no salir de la pobreza.

¡Qué nunca nos olvidemos de África!

Alberto Salom Echeverría

Qué desoladoras son las guerras

¡Qué horrible y patético que las fuerzas obedientes del genocida Netanyahu hayan bombardeado Ráfah, en Palestina! ¡Qué tétrico que los militares de Israel hubieran bloqueado el paso a los bomberos de Egipto, después de haber bombardeado e incendiado bodegas de alimentos! ¡Cuán funesta fue la acción militar del grupo militar de Hamás sobre Israel, ocasionando la muerte de personas inocentes y llevándose rehenes israelíes que todavía los tiene bajo su poder! ¡Qué provocadora y cobarde que fue esta acción, que facilitó que un hombre desequilibrado y cruel como Netanyahu, presidente de Israel, haya desatado toda su furia sobre la población palestina en la franja de Gaza!

¡Qué tristemente doloroso ver y escuchar por medio de un video, a un hombre de 69 años, declarando que nunca había visto un bombardeo como el perpetrado recientemente sobre Ráfah, nunca vio una guerra semejante!

¡Qué espantosa la guerra en Ucrania que estalló el 6 de abril del 2014 (y que demoró hasta el 24 de febrero del 2022), cuando los tanques ucranianos T-64, durante la batalla de Debáltseve derrumbaron edificios en la ciudad de Lysychansk, contra población civil, niños incluidos, al estallar la guerra del Dombás (o Donbás) y Luhansk, en Ucrania oriental! ¡Salvajes actos militares con el pretexto de someter a la población prorrusa! ¡Qué tristemente célebre la posterior invasión rusa a Ucrania, justo en el 2022, cuando mediante copiosa explosión de misiles por bando y bando, han dejado un “horrible coste humano”, que remonta ya a la cifra de 30.457 víctimas civiles!

Sin embargo, ¡cuán esperanzador comienza a ser que, decenas de miles de estudiantes y profesores, en grandes ciudades europeas y estadounidenses, se manifiesten ya en los campus universitarios, de algunas de las más prestigiosas universidades, protestando contra la crueldad de la invasión de las tropas de Netanyahu, tras la invasión inhumana por toda la franja de Gaza, que ha ocasionado la muerte de 34. 488 palestinos; mientras otros 77. 643 han resultado heridos!

Cuán ensombrecedor resulta en cambio, que en el continente que sigue siendo el más pobre del mundo, África, estén teniendo lugar numerosas guerras, bastante crueles; solo que en África no hay esperanza, por lo pronto, de que el mundo reaccione con la misma urgencia contra las guerras y conflictos armados, con que ha comenzado a manifestarse ante la masacre que Netanyahu y sus bastiones militares han desatado contra Palestina.

El continente africano su situación social y económica, sus conflictos

África posee una superficie de 30,37 millones de Km2; en ese extenso territorio, es donde la pobreza se manifiesta de una manera más atroz y es igualmente donde se concentra la mayor cantidad de personas miserables y sin porvenir del planeta. Al continente lo integran después de que concluyó el colonialismo europeo, que lo dejó maltrecho, empobrecido y desintegrado en la pasada centuria, 54 Estados soberanos, tres territorios dependientes y varios otros integrados en Estados no africanos como son Francia, España y Portugal. En este continente, de donde migró, hace miles de años el “Homo Sapiens” al resto del mundo, hoy se hablan alrededor de 1.500 lenguas y dialectos; con ello, entre otros factores, se advierte el grado de complejidad política, de la geografía humana que existe en este inmenso territorio.

Como veremos adelante, África no es el continente más poblado, posee el 13% de la población mundial, pero en él habita el 33% de la totalidad de las personas “sin pan” de la Tierra, o sea una tercera parte del total. En este devastado continente, una cuarta parte de la población padece de desnutrición. La pobreza es de tal magnitud que, de acuerdo con los datos de los organismos financieros internacionales, el conjunto de los países de esta región del mundo solamente produce el 1.6% del Producto Interno Bruto del Mundo (PIB mundial). Solo en el África Subsahariana, una de las regiones más pobres de la tierra, situada al noroeste, el 46% de los habitantes vive en situación de miseria extrema, con menos de un dólar por día. La cifra se ha duplicado en los últimos veinte años. (Cfr. https/www.once.es/google.com ¿Cuáles son los 54 países del continente africano?)

¿Y a qué se debe esta crisis económica y humanitaria? La ONU lo atribuye a cuatro factores, por su orden: los conflictos armados, la falta de inversión extranjera, el cambio climático y su deuda externa. Según datos del Banco Mundial, la población de África era en el 2020, aproximadamente de 1.373 millones de personas; entre el 39% y el 65% de esa población vivía en la pobreza extrema, dispersa a todo lo largo y ancho del inmenso territorio.

De acuerdo con una cita que hemos extraído del matutino “el Tiempo” de Bogotá, “Los conflictos armados han dificultado el desarrollo económico (…) La falta de inversión extranjera, debido a la percepción del continente y la corrupción, ha impedido el desarrollo económico del lugar. El clima y el cambio climático evitan que las tierras de África sean aptas para ganado o cultivos. La sequía, la desertificación y la erosión del suelo dificultan la producción de alimentos y la supervivencia de las comunidades rurales. Por último, la deuda externa limita su capacidad para invertir en el desarrollo económico y social.” (Cfr. ¿Por qué África es el continente más pobre del mundo? Estos son los motivos.” Periódico El Tiempo, Bogotá, Colombia. 9.05.2023).

Los conflictos armados en África

Estamos incluyendo en esta categoría de “Conflictos armados” los siguientes: guerras, batallas, levantamientos y pronunciamientos políticos y militares, así como atentados terroristas desarrollados en el 2024, pero la mayoría de los conflictos poseen hondas raíces históricas. El continente africano durante la pasada centuria (siglo XX), fue literalmente desbaratado por las potencias occidentales europeas que se lo repartieron como si fuera un pastel de su propiedad. Así lo desunieron, provocaron hondas y crueles divisiones de tribus, muchas de las cuales, apenas en el siglo pasado eran una sola. Fue de este modo como se crearon países que fueron inventados por los europeos, imponiéndoles sus fronteras, su cultura (idioma, religión, etc.), explotándolos económicamente de manera inmisericorde, imponiendo la esclavitud y extrayéndoles las materias primas, para el beneficio exclusivo de las potencias europeas.

Hoy África es el tercer continente en tamaño después de Asia y América; pero es el segundo más poblado después de Asia. Posee una inmensa riqueza en recursos naturales; a la postre, este es parte del problema político y militar en África, porque esa riqueza genera la codicia por poseerlos y continúa atrayendo a grandes potencias de occidente que la han desbastado. La población civil es, desde luego, la principal víctima. Por esa razón, entre otras, allí se concentra prácticamente la mitad de los cuarenta conflictos armados que se registran en la actualidad en el mundo.

Entre los casos más sonados de estos conflictos se detectan: el que tiene lugar en Etiopía, con cambio climático encima y una desastrosa hambruna; la República Democrática del Congo y la guerra por los recursos; la República del Congo que enfrenta a las milicias “Ninja” frente a los paramilitares. Otros conflictos de singular importancia en África que desangran a sus jóvenes y hasta niños involucrados en ellos, son los de Yemen, Malí, Níger, Burkina Faso, Somalia donde se escenifica un viejo conflicto, Chad, Sudán del Sur y Mozambique. Diversas intervenciones de los Estados Unidos están presentes, así como otras potencias occidentales europeas y China, que se disputan los ingentes recursos que hay en los países africanos; si bien, hay que reconocer que la República Popular China, es uno de los países que más ha invertido en el desarrollo de diferentes naciones de África.

Uno de los resultados de todos estos conflictos, se ha traducido en las constantes migraciones de millones de seres humanos, que huyen del continente africano hacia los países desarrollados. En estas migraciones, de hace décadas, se producen cantidades de muertes por hambre, ahogados en los océanos y mares durante la travesía, o asaltados por las bandas que los pretenden para usarlos como carne de cañón en sus enfrentamientos con otros grupos o sectas, con motivaciones económicas, político-militares, tráfico de droga o de cualquier otra índole.

Algunas de las guerras más devastadoras en África y sus consecuencias

Guerra en Somalia. La guerra de facciones y la profunda sequía que padece este país, constituyen las mayores calamidades de su población. La guerra, abate a los somalíes desde sus inicios en el año 1991. Recientemente han arreciado los combates en Mogadiscio, su capital. Los enfrentamientos han diezmado a sendos grupos militares, ya sea los milicianos de Al Shabaab o las fuerzas gubernamentales de la Unión Africana, sin que se haya resuelto el hondo enfrentamiento, más bien ha recrudecido.

Guerra de Chad. Este país es uno de los más inestables desde el punto de vista político. El enfrentamiento armado lleva muchos años y ha provocado la muerte de miles de sus ciudadanos, la hambruna y escasez de recursos económicos que se requiere para invertir en desarrollo socio económico. Chad está en peligro de una guerra generalizada en todo el territorio.

Guerra en Sudán del Sur. En este país la guerra lleva más de dos décadas y es una de las más crueles y devastadoras de África. Millones de personas han huido del país, aunque muchos han perdido la vida en la travesía, a causa de las enfermedades y otras circunstancias. Sudán se ve abatido por conflictos tribales de naturaleza étnica, que no parecen tener una solución inmediata.

Guerra del Congo. El Congo sufre de intensa violencia y saqueos. En este país conviven cientos de grupos paramilitares y otras tantas milicias de autodefensa comunitaria. Se consideran que han muerto cerca de 5 millones de personas, desde el inicio del conflicto en 1996. Además, se estima que la población que ha emigrado a consecuencia de la guerra y las calamidades subsecuentes ronda los 5,5 millones de personas.

Conclusión. En el continente africano existen 7 de 10 de los más grandes campos de refugiados que hay en el mundo, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Según esta organización de los 258 millones de seres humanos que son migrantes en el planeta, el 14% nació en África. A pesar de esta situación tan espeluznante, que constituye una crisis humanitaria a lo largo y ancho de todo el continente africano, el mundo no le está concediendo la atención y solidaridad que merece y urge. África sigue siendo víctima del saqueo por parte de las potencias principalmente occidentales, sin que las Naciones Unidas, ni las organizaciones humanitarias o de Derechos Humanos hayan podido movilizar los recursos indispensables para invertir en el desarrollo de este sector de la población mundial.

Más bien, África se ha convertido en un territorio ultrajado por una parte y olvidado por otra. El auxilio humanitario para lograr un radical cambio de la situación se torna impostergable, antes de que el incendio social y político se termine de propagar por todas partes.

1° de mayo 2024

Vivian Rodríguez Araya

Por:
Licda. Vivian Rodríguez Araya
Directorio Nacional
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y Desarrollo Comunal

1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día en el cual conmemoramos importantes triunfos, gracias a luchas históricas que dieron origen a grandes conquistas laborales y día en que movilizamos una importante masa de personas trabajadoras que alzan su vos por la reivindicación y dignificación de la fuerza trabajadora de todo el mundo.

Según el Organismo Internacional del trabajo (OIT) desde el año 2022, los salarios reales mundiales cayeron en un 0,9%, esa caída de ingresos reales es principalmente difícil para los hogares más necesitados, representando un latente riesgo de caer en pobreza y en inseguridad alimentaria, agregando el aumento de empleo informal que abre pie a condiciones precarias y sin derechos.

Es necesario y urgente accionar y reconquistar las luchas por la protección laboral, en donde se incluya un digno y justo salario para todas las personas trabajadoras, así también dignificar las condiciones y los roles laborales que demandan un esfuerzo, dedicación y esmero ejercida por toda la clase trabajadora de un país, que se refleja en resultados de sostenibilidad económica, política y social de una nación.

Trabajadoras y trabajadores levantemos esa fuerza laboral que nos caracteriza al emprender nuestras ocupaciones laborales para conquistar la Justicia Social que promueva la protección de nuestras familias, de las juventudes, de la niñez y de la población en general, esa justicia social que comprende desde la educación, la salud, empleo digno para todos, seguridad ciudadana, entre otros más.

Ante la actual coyuntura política de nuestro país, es muy significativo e imperativo activar la lucha por la protección de las garantías sociales y buscar el diálogo político y social hacia el fortalecimiento de nuestro sistema social y productivo, que permita encontrar soluciones sostenibles, contribuyendo a que todas las personas seamos más prósperas.

Costarricenses, hombres y mujeres de Costa Rica defendamos y construyamos con coraje y sacrificio el resguardo de nuestros derechos, y hoy el más fundamental y sagrado de ellos, el derecho al trabajo decente, como la más auténtica retribución hacia un impulso del progreso humano.

Enviado a SURCOS por la autora.