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Etiqueta: Poder Judicial

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

El peligro de politizar la guerra civil de 1948

Rodrigo Cabezas Moya

Rodrigo Cabezas Moya.

Recuerdo muy bien sus antecedentes y esa guerra. Las heridas que dejó en la conciencia nacional perduraron durante muchos años y hasta ahora nadie en su sano juicio se ha atrevido siquiera a mencionarla en el contexto de una discusión política.

Es irresponsable que el presidente de la República haga referencia a ella en relación con las acusaciones sobre el caso Pista Oscura. Preocupante también que ex miembros cuestionados de la Fuerza Pública convoquen a manifestaciones en su apoyo.

Los ataques al fiscal general y miembros del Poder Judicial son muy peligrosos y podrían conducir a situaciones impredecibles.

En un país que ha disfrutado de la democracia durante tantos años bajo gobiernos de diversas orientaciones, es alarmante el giro que este gobierno ha tomado.

Manifiesto público a la ciudadanía costarricense

Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”. José Martí

¡Exhortamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas y comunales a manifestarse!

El país vive un momento muy peligroso, del cual es responsable el presidente Rodrigo Chaves.

¡La democracia está en peligro!

Sus denuncias constantes de persecución y amenazas de golpe de Estado en su contra, además de ser una falacia, prepara condiciones para justificar un autogolpe que barra con el orden constitucional y paralice el funcionamiento libre y democrático del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

La amenaza de una guerra civil que sugiere el presidente es una provocación. Siente que la cárcel, por tanta denuncia penal en su contra, está tocando el talón.

Hay que tomar en serio sus amenazas y su empoderamiento con los equipos de guardianes, las turbas agresivas que se están forjando a su alrededor y su amenaza de que cuenta con el apoyo de miles de policías de la Fuerza Pública para enfrentar un eventual golpe de Estado, golpe de Estado que solo existe en su imaginación.

La opinión pública debe movilizarse. El pueblo debe manifestarse en las calles en defensa del orden constitucional, de la democracia y las libertades públicas.

¡Las fuerzas democráticas y progresistas deben unirse con estos propósitos!

Firman:

  1. Alberto Arnoldo Campos Barrantes
  2. Alcides José Murillo Campos
  3. Ana Gabriela Hernández Gutiérrez
  4. Ana Mercedes Rodríguez
  5. Arnaldo Moya Gutiérrez
  6. Arnoldo Mora (Dr. Filósofo)
  7. Asdrúbal Chavarría Agüero
  8. Claudio Monge Pereira (Dr.)
  9. Diego Villalobos Quirós
  10. Edison Valverde Araya
  11. Elena Gutiérrez George Nascimento
  12. Federico Li Bonilla
  13. Federico Picado Gómez
  14. Fernando Zúñiga (Dr., Economista)
  15. Francisco Barahona Riera
  16. Gerardo Contreras (Historiador)
  17. German Chacón Araya
  18. Gonzalo Villalta Gewurtz
  19. Heyner Rodríguez Artavia
  20. Israelí Guillén
  21. Jorge Arturo Montoya Alvarado
  22. Jorge Barrientos V (Dr. en Historia)
  23. Jorge Calderón Morales
  24. Jesús Monge
  25. Lenin Chacón Vargas
  26. Macarena Barahona Riera
  27. Manuel Arguedas Castro
  28. Manuel Monestel Ramírez
  29. Manuel Moscoa López
  30. Manuel Romero Arroyo
  31. Marco Vinicio Fournier Facio
  32. Mario Alfaro Rodríguez
  33. María Hidalgo Quesada
  34. Olmedo España (Dr.)
  35. Olga Goldemberg Guevara
  36. Raúl Blanco Chavarría
  37. Ricardo Araya Montero
  38. Rubén Pagura Alegría

Seis “titanes” se rifan la vida en su camino a la Sala penal

Rafael A. Ugalde Q.

Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.

Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.

El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.

Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.

La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.

Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.

Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.

Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED

Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.

Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.

Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.

Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.

Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.

Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.

Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.

El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.

Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.

Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.

Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Homenaje al pensamiento de Walter Antillón Montealegre

Del 28 al 30 de abril de 2025 se llevará a cabo el VII Coloquio de Teoría del Derecho, mediante el cual se brindará homenaje al Dr. Walter Antillón Montealegre.

Tres días de discusión en torno al pensamiento de don Walter con temas como: Consideraciones filosóficas de la estructura del Poder Judicial en una democracia, la Formación de un jurista humanista y Justicia Social y Derecho.

Esta actividad se realiza en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas – UCR.

Pronto estaremos anunciando el programa de las mesas debate.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/CK7T3Mt7XjcHzs1c9

Un nuevo aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera

Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.

Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se trata de un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.

En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.

Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.

El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.

Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.

La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.

El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.

El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.

¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!

¡No más impunidad!

¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!

Firmas responsables:
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
colectivodeapoyodignarivera@gmail.com

Bolivia:

Feminismo Comunitario Antipatriarcal

Costa Rica:

 

Adela Bermúdez Zúñiga

Adriana Lacle, Médico pensionada

Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste

Alejandra Martínez Gamboa

Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal

Alexander Barquero R.

Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.

Allen Cordero Ulate, docente jubilado

Álvaro Fernández González, docente jubilado

Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia

Ana Carcedo, jubilada.

Ana Chacón Mora, jubilada.

Ana Franzen, Casa del Migrante

Ana Hidalgo, Jubilada

Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga

Ana Luisa Cerdas, pensionada

Ana María Arenas Romero, enfermera.

Ana Marín, Docente jubilada

Ana Ruth Bonilla Leiva, química

Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica

Aurelia Trejos, Pensionada

Blanca Arce, antropóloga

Cabeto López Herrera

Carmen Brenes, docente jubilada ANDE

Ciska Raventós Vorst, Socióloga

Club del Exocet, biólogo

Dennis Omar Calix, planificador económico social

E. Ramírez Guier, Biólogo

Efraín Retana Fonseca, jubilado

Esteban Boza Obando, Contador

Eyda María Camacho Cantillano, jubilada

F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fabiola Bernal, educadora

Félix López Zambrana, Jornalero

Fernando Rudín Vega, artista visual

Francesca Galuppo Briceño, Estudiante

Gerson Chaves Murillo, Estudiante Ingeniería Forestal

Guadalupe Urbina Juárez, música

Guiomar Martín Tedman, jubilada

Home Elizondo Vargas, Estudiante

Javier Carvajal Monterrey

Jimena Bermúdez Rodríguez, estudiante

Jimena Cruz Porras, estudiante/agente crediticia

Juan Carlos Cruz B, Comunicador, jubilado

Juan Gómez Torres

Laura Garbanzo Guzmán

Leda. Oficinista.

Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical

Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma

Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada

Lorena Moreira, jubilada

Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor

Luisa Castillo, bióloga

Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE

M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante

Macarena Barahona, Investigadora UCR

Manuel Ardón Morera, empresario

Mara. PRT

Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok

Marco Fournier, Psicólogo

María del Rocío Carro Salas, jubilada

María Elena Guido Chaves, Estudiante

María José Guillén Araya, docente

María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH

Marianela Román Solano, psicóloga

Marilyn Morris Zúñiga, MTC

Maritza Salgado Silva, comunicadora

Mechthild Bors de Barquero, pensionada

Metamoforsis, docente

Miguel Barrios Gutiérrez, PRT

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga

Minerva Solano Campos

Mirian Chaves Mora

Mirta González Suárez, psicóloga.

Mónica Alemán Araya, Estudiante

Nancy Castro Arce, Hotel Mager

Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante

Nora Montero Quirós, jubilada

Nubia, docente jubilada

Orlando Barrantes Cartín, MTC

Pamela Reiman, Médico

Rebeca Alvarado Martín, administradora

Rebeca Vaglio Aguilar

Ricardo Arce, diseñador gráfico.

Roberto A Guido Cháves, agricultor

Ronald Solís Alemán

Rosa Corrales, Psicóloga

Seidy Salas, Periodista

Silva Peralta, jubilada

Stella Chinchilla Mora, comunicadora.

Teresa Ramellini, Psicóloga

Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante

Verno, Universidad de Costa Rica

Victoria Montero Zeledón

Victoria, Agenda Viva/ANDE

Yamileth Monterrey López, psicóloga

Zulema Jiménez, nutricionista

 

Organizaciones de Costa Rica:

APRONEP

Asociación Tinamaste

Casa del Migrante

CEFEMINA

Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad

Colectivo Iriria Tsóchok

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.

Partido Izquierda Costarricense

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT

Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.

Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,

Secretario de Prensa y Propaganda

Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada

Asociación Costarricense de Derechos Humanos

Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana

Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH

Codepink CR

Asociación Feminista La Corriente

Mujeres Mano de Tigre

Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera

CR Solidaria

Ecuador:

Sisa Pacari Bacacelo

Organización de Ecuador:

Organización del pueblo Saraguro

 

El Salvador:

Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente

 

España:

Vicent Maurí Genovés, Mestre

 

Organizaciones de España:

Cat J. Relaciones Internacionales

Enseyants. Solidaris

 

Estados Unidos

Jaclyn Rolph

Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa

 

HONDURAS

Hedme Castro

 

Organizaciones Honduras:

ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

MEXICO

Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22

Guadalupe Ojeda, Empleada

Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos

Humanos de los Pueblos

Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa

Márgara Millan. Docente

Sara Unda, académica UNAM

Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora

 

Organizaciones México:

Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»

MLS

Mujeres líderes

 
 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Tenemos un gobierno-fallido… pero aún puede, al menos, intentar hacer algo”

El doctor Óscar Aguilar Bulgarelli hizo un llamado al presidente Chaves para que, en poco más de un año que le queda de mandato, intente hacer algo para que deje de ser un gobierno fallido.

Compartimos un resumen de las ideas del historiador y analista y le invitamos a escuchar sus palabras en el video adjunto.

“En el último show presidencial del pasado miércoles el presidente de la República rechazó la invitación que le hizo don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, para que ellos dos junto con ministros y funcionarios del Poder Judicial, con el presidente del Poder Judicial, se sienten a buscar la manera de mejorar las condiciones para combatir el narcotráfico y la violencia.

La respuesta del presidente fue desabrida, don Rodrigo Chávez dijo que no iba a esa reunión porque eso era hablar paja, que eso eran habladas y que lo más que podía hacer era darle a don Rodrigo Arias el rojo por la hablada que se estaba pegando. Esos fueron los términos del presidente de la República, qué lamentable, qué lamentable porque están tratando un tema fundamental, y, además, dijo que podían dar por terminadas cualquier relación de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo en el tema de la violencia y del narcotráfico, que no contaran con él, así lo dijo textualmente.

Ay costarricenses, nunca habíamos llegado a tal grado de un gobierno fallido, y vea don Rodrigo Chávez, yo sé que usted no sabe lo que es un gobierno fallido, pero voy a tratar de definirlo facilito: Un gobierno fallido se caracteriza en primer lugar por la corrupción política y usted es un signo inmenso de esa corrupción; se caracteriza por la ineficiencia policial, ¿hay que demostrárselo o simplemente leemos los periódicos todos los días?; resulta que es fallido por los altos niveles de criminalidad, ¿lo vuelvo a mandar a las páginas de sucesos de los periódicos?; se caracteriza un gobierno fallido por la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana.

Usted don Rodrigo Chávez encabeza un gobierno absolutamente fallido y empezando porque no hay autoridad, usted puede ser gritón, puede presentarse los miércoles e insultarnos a todos y mandar a sus troles a que insulten y nos denigren a todos los que le decimos que este es un gobierno fallido, que le ha fallado al pueblo de Costa Rica, pero especialmente le ha fallado porque hay vacío de autoridad, ¿y sabe qué es eso?, es que está vacante, que el poder está vacante, que está acéfalo, o sea que no tiene cabeza, porque hay una ausencia del gobernante, así de fácil y eso nos puede llevar a la anarquía.

Don Rodrigo, usted es un peligro para el país, sí ya es hora que alguien se lo diga con todo respeto, sin gritar como hace usted, sin insultar, sin agredir, al contrario, con respeto, con consideración, recordando que usted es el presidente de la república y su investidura merece ser respetada por usted y por todos.

Cambie, le queda un año escaso, pase de un gobierno fallido a un gobierno que lo intente por lo menos. Hay tantas cosas: la educación, la cultura, la economía, tantas y tantas cosas… la vivienda. Tantas cosas reclaman de un gobierno que, en vez de pensar en pelearse con la Asamblea Legislativa y los Poderes, piense en el pueblo que le dio el voto, ya no lo engañe más, ni con jaguares, ni con gatos que ni uñas tiene”.

Comunicado oficial del Poder Judicial ante los recientes casos de femicidio

El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.

En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:

  1. Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.

  2. Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le  dio muerte,  el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.

  3. Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido  por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023.  Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la  Fuerza Pública.

  4. Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.

Poder Judicial de Costa Rica
28 de enero de 2025

Ante absolutoria del Tribunal de Apelación en el caso del líder indígena Jerhy Rivera

Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes

La Defensoría de los Habitantes había manifestado en diciembre del 2024 cómo la “Justicia Pronta y Cumplida” continuaba siendo una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas. Lo anterior, como parte del seguimiento dado al proceso nacional efectuado ante la muerte del líder indígena Teribe Jerhy Rivera, y considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso.

Recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria en dicho caso; por ello la Defensoría de los Habitantes hace eco de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.

En dicho espacio de diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, concretamente, en materia de acceso de los pueblos indígenas a la justicia puntualizaron: “… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.

Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales.

Durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar.

Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes.

Comunicación
Defensoria de los Habitantes