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Etiqueta: Poder Judicial

Defender la democracia y el Poder Judicial. El pueblo participa, habla y decide

Juan Huaylupo[1]

Ha sido admirable la masiva la manifestación en defensa de la democracia y el poder judicial, derechos e institucionalidad que han sido conquistados socialmente y hoy defendidos, ante la aberrante posición del poder ejecutivo del actual gobierno, que en otro afán de subordinarlo y condicionar la actuación pública del poder judicial, lo acusa de efectuar un “golpe de Estado”, por el hecho de plantear que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales que afectan derechos ciudadanos y las labores del poder judicial del Estado.

La autonomía de los poderes del Estado de ningún modo implica que cada poder sea absolutamente autónomo, libre de efectuar lo que se le antoje e incluso que incumpla sus obligaciones públicas y constitucionales. La autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes relativos, ningún poder es absoluto ni independiente de los otros poderes del Estado ni de la situación y condición nacional. Los poderes del Estado tienen responsabilidades con la sociedad a la que debe servir y velar por su bienestar y progreso.

La pretensión de debilitar o afectar el desenvolvimiento de algún poder estatal, no solo incumple sus facultades y obligaciones constitucionales, también son atentados contra el pueblo, porque es un poder creado y dependiente de la sociedad para cumplir funciones públicas, no privadas ni ser autónomo del escrutinio y valoración pública ni subordinada a otros poderes, en democracia ningún poder público puede eximirse de sus obligaciones con los otros poderes del Estado ni de la sociedad. Ningún poder formal, ética ni jurídicamente puede autonomizarse de sus responsabilidades públicas, de los derechos ciudadanos ni de la institucionalidad pública.

En ese sentido, los magistrados del poder judicial cumplen con su obligación con lo mandatado por la Constitución de la República. ¿Los poderes autónomos del Estado pueden ser observados, criticados o incluso demandados?, por supuesto, el poder Judicial, la Contraloría, como desde la facultad del soberano, del pueblo, de la ciudadanía, que democráticamente puede cuestionar y censurar a poderes que transgreden los derechos ciudadanos y la institucionalidad pública. La gran manifestación es una protesta contra todo intento de subordinar el poder judicial y de privatizar las instituciones del quehacer público. Las manifestaciones en defensa del poder Judicial y de la Carta Magna son expresiones democráticas contra los intentos dictatoriales del actual gobierno.

El poder ejecutivo cree tener la facultad absoluta del Estado, porque imagina que el proceso electoral lo ha garantizado, o porque tiene mayoría parlamentaria y cree poder controlar el rumbo, desempeño y decisiones de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en un medio que atenta contra la democracia y la autonomía legislativa, controlando y corrompiendo a legisladores para que actúen por consignas del partido político del gobierno, falsificando ilegítimamente la representatividad social de los diputados. Ese poder estatal no es democrático, es dictatorial. La ambición absolutista del ejecutivo expresa la ignorancia de un poder torpe y ciego, que desconoce nuestra realidad al transgredir derechos y la institucionalidad conquistada históricamente.

La omnipotencia gubernamental del ejecutivo, no es un relato difamatorio, es real y concreto ante el irrespeto a la Constitución de la República al desfinanciar a las Universidades públicas, de incumplir con sus responsabilidades financieras con la Caja Costarricense del Seguro Social, de impedir la devolución del ROP a los pensionados, de imponer nuevos impuestos que afecta dramáticamente a los sectores populares, etc., son atentados contra el fundamento constitutivo del Estado moderno costarricense. Las políticas públicas no son atributos del Estado, son construcciones sociales demandadas y conquistadas por el pueblo que los gobiernos tienen la obligación de satisfacer, el que las incumpla, las distorsione o las manipule, son expresiones dictatoriales contra lo público y la sociedad costarricense.

La pretensión gubernamental de capturar, controlar y subordinar al poder judicial para monopolizar, concentrar y centralizar el poder estatal es un absurdo camino que pretende conducirnos hacia la construcción de un ente estatal atrasado, a una regresión social temporal y espacial, lo que la sabiduría popular califica como un rio revuelto para la ganancia de dictadores, traidores, delincuentes e ignorantes.

El gobierno se encamina hacia la construcción de un ente atrasado, oligárquico y servil a intereses ajenos del pueblo y la nación, por ello la actuación del poder judicial de morigerar los desaciertos funcionales del poder legislativo, es una decisión acertada que actúa como una resistencia contra las ambiciones de poder absoluto, que tiene visos imperiales como ya ocurre en otras naciones latinoamericanas.

[1] Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

¿Quién dijo que la defensa de las instituciones es acrítica?

Jorge Mora Alfaro

En algunas ocasiones, los pensamientos de diversas tonalidades, expuestos con la intención de aclarar el proceso que vive actualmente la sociedad costarricense, pueden resultar ajenos a los requerimientos de una coyuntura extraordinaria y no percibir lo esencial del momento histórico que vive el país.

Hoy el llamado es a defender la democracia, sus instituciones y normas más representativas. Lo que tenemos enfrente no es una simple «reforma del Estado», sino un intento de destrucción de las bases del sistema democrático.

¿Tiene deficiencias y anacronismos nuestra democracia?

¡Claro que sí!

¿La han socavado las políticas de austeridad?

¡También!

¿Se ha aprobado legislación que limita el funcionamiento de las instituciones, debilita la organización, la movilización y la protesta social y deteriora los ingresos del funcionariado público?

¡Sin duda!

El deterioro de los servicios de salud y educación, la reducción del presupuesto de las universidades públicas, el recorte del financiamiento de los programas sociales y el abandono del apoyo a los productores nacionales se han profundizado en los últimos cuatro años. Pero, este proceso tiene su origen desde hace varias décadas, con la instauración de un modelo que ha relegado el bienestar de la población.

En el momento actual, lo primero es la unidad de quienes entienden el peligro de perder la democracia. Esta, con sus defectos, sigue siendo preferible a cualquier forma de autoritarismo.

El reto hoy es arrebatarle la narrativa engañosa a quienes ocupan la conducción del Gobierno y, en forma mayoritaria, del Poder Legislativo. Estos han venido venciendo en la batalla cultural, al instalar su discurso entre sectores con mayores necesidades o con sentimiento de abandono por parte del Estado.

Los “hijos predilectos” del régimen son otros. En el discurso entronizado por el continuismo, los culpables varían según el momento y las circunstancias: hoy ese papel le es asignado al Poder Judicial, a sus jerarcas en particular y, como en otros momentos de nuestra historia, a los «comunistas».

¿Cómo olvidar la consigna cargada de odio: si es calderonista o comunista, “no le hable, no le compre, no le venda»? Originada en la Costa Rica polarizada de 1948 y multiplicada en su uso durante la posguerra.

El uso actual de expresiones similares, refleja, a pesar del discurso de cambio, la intención de regresar a un pasado ya superado por la sociedad costarricense.

Sin embargo, la preeminencia de la narrativa oficial, paso a paso, ha comenzado a modificarse. Los demócratas, con distintas visiones y diversos pensamientos, han comprendido la necesidad de sacar la política del lodazal donde la han colocado quienes, por esa vía, pretenden alcanzar el control total del sistema institucional.

Han entendido el grave peligro en el cual se encuentra nuestra democracia.

Una buena parte de las personas a quienes las opciones electorales no les satisfacen —aproximadamente un tercio del padrón electoral— ha comenzado a abandonar la apatía y a reincorporarse a la vida social y política.

En esta coyuntura, se impone la unidad de liberales, conservadores, personas con pensamientos ubicados a la derecha del espectro político, las distintas variantes del progresismo, cristianos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, estudiantes y otros sectores de la ciudadanía.

La tarea es ardua.

El «plantón» del 6 de agosto expresa un cambio en la narrativa predominante en el país y la disposición de la sociedad civil a organizarse y movilizarse en defensa de sus instituciones y de la democracia, para evitar el avance hacia el autoritarismo.

¿Sos de los que está vendiendo el futuro por un plato de arroz con pollo?

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Vengo oyendo en la calle y en Redes Sociales qué poco a poco se incrementa el número de testimonios de chavistas arrepentidos de su voto en febrero pasado. Un poco muy tarde. Sin embargo, creo que a muchos otros los perdimos del todo, hablemos de quienes son:

El banquete efímero y la factura eterna

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y de nuestra propia historia? ¿En qué momento el hambre del presente —o la ilusión de una recompensa inmediata— se vuelve tan poderosa que nos hace hipotecar el bienestar del mañana?

En la antigüedad, la narrativa bíblica inmortalizó una escena que hoy resuena con una fuerza pasmosa en nuestra realidad política: Esaú, cansado y hambriento, le vendió su primogenitura, su herencia y su futuro a su hermano Jacob a cambio9 de un simple plato de lentejas. Un trato desigual, un intercambio efímero donde lo momentáneo devoró lo permanente.

Hoy, en la Costa Rica de nuestro tiempo, esa parábola cobra vida de una manera casi cinematográfica. ¿Cuál es el equivalente moderno de ese plato de lentejas? Para muchos, parece ser un plato de arroz con pollo.

¿Qué estamos entregando realmente?

Detengámonos un momento a reflexionar y hagámonos las preguntas incómodas, esas que el método socrático nos obliga a confrontar sin filtros:

¿Qué vale más: la lealtad fugaz hacia una gira o un mitin político, o la estabilidad social de todo un país?

¿Es un intercambio justo aplaudir a figuras como Rodrigo Chaves o Laura Fernández a cambio de un “a-pollo” (un apoyo) que, en la práctica, se traduce en desfinanciar los pilares que sostienen a los más vulnerables?

¿Hemos medido el costo real de lo que se está entregando a cambio de esa efímera sensación de pertenencia?

La letra pequeña del contrato social

Cuando se aplaude sin reservas, rara vez se mira la letra pequeña del contrato que estamos firmando con nuestro silencio y nuestra complacencia. Ese supuesto apoyo tiene un costo altísimo, pagado con los derechos y la seguridad de la ciudadanía:

El golpe a la niñez y la educación: Recortes profundos en programas sociales tan sensibles como miles de becas Avancemos, o los más de 40 mil millones de colones menos para el programa de CEN-CINAI, que alimenta y cuida a la infancia más necesitada.

Recortes al presupuesto del Poder Judicial en un momento crítico, limitando las herramientas necesarias para combatir frontalmente la creciente ola de inseguridad.

El bolsillo de la mayoría: Una propuesta fiscal regresiva que amenaza con tocar la Canasta Básica, elevando el impuesto del IVA del 1% al 13%, golpeando directamente la mesa de los hogares costarricenses de menores ingresos.

Las promesas rotas y las sombras en el camino

A este panorama de recortes y cargas tributarias se suman las sombras del engaño y la desconfianza institucional:

La “agarrada de monos”: La promesa de campaña tan sonada sobre devolver el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) que quedó en el olvido, transformándose en una ilusión más para los trabajadores.

La infiltración y la impunidad: El delicado informe que advierte sobre el posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas, un síntoma alarmante de la descomposición institucional que no podemos permitirnos minimizar.

¿Vale la pena el precio?

Volvamos la vista al relato bíblico. Esaú sació su hambre por unas horas, pero perdió su legado para siempre.

Hoy, la pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, tanto en este espacio de Entre Verdades y Opiniones con JoseSo como en las líneas de esta columna: ¿Vamos a seguir cambiando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro por un plato de arroz con pollo, o es momento de exigir cuentas antes de que la factura sea imposible de pagar?

Pero cierro con los dos casos más dramáticos. Por un lado, los que ni siquiera reciben el arroz con pollo, pero siguen al pastor de su congregación qué les predicó que tener conciencia de clase se volvió pecado. Por el otro, los que solo lo apoyan porque «qué rico cómo insulta a los ladrones de cuello blanco», cerrando los ojos ante una realidad evidente: impulsan exactamente la misma agenda de venta de activos como el BCR, la intención de cerrar la CCSS o depositar la carga fiscal sobre la clase media trabajadora, e irónicamente conviven con ellos en las mismas burbujas de lujo, como en Monterán.

Pero hay esperanza… el jueves 6 de agosto pasado, un pueblo auto convocado, de manera orgánica, diverso y pacífico pero enérgico, reunió a miles para decirle al oficialismo que el Estado Social de Derecho democrático costarricense se defiende y se respeta.

Vaya contraste, de los que van a comer arroz con pollo y los que si importar pronósticos fallidos de lluvia, caminan donde sea la convocatoria para defender a su Patria.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

UCR realizará foro sobre los retos del Estado de Derecho y el papel del Poder Judicial y la Universidad

La Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario invitan al foro “Retos y perspectivas del Estado de Derecho en Costa Rica: el papel del Poder Judicial y la Universidad”.

La actividad será impartida por magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y contará con la moderación de la Dra. Ilka Treminio Sánchez, del Consejo Universitario.

El foro se realizará el viernes 21 de agosto, a las 3:00 p. m., en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía.

Las personas interesadas en asistir deben confirmar su participación mediante el correo confirmaciones.cu@ucr.ac.cr

Un gran paso, pero apenas comenzamos

Marco Vinicio Fournier Facio

Marco Vinicio Fournier Facio.

Este 6 de agosto decenas de miles de personas nos manifestamos en defensa de la Democracia, en más de 20 diferentes puntos del país.

Después de varios años de desesperanza, resignación y pasividad, una proporción muy importante del país regresó a las calles a ejercer su derecho a la protesta y a defender la Democracia ante uno de los momentos más peligrosos de nuestra historia.

Debemos agradecer explícitamente a la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social la iniciativa y la excelente coordinación del proceso, pero también debemos agradecer al pueblo de Costa Rica por hacerse presente y dar el primer paso al frente en esta nueva lucha.

Nos manifestamos en forma enérgica por nuestro ordenamiento jurídico, por la división de poderes, por el respeto mutuo, el reconocimiento de la diversidad, el diálogo abierto y franco, la cultura de paz y la calidad de vida de toda la población.

Así mismo, nos hicimos presentes por todo el territorio nacional para defender las múltiples instituciones que hoy sufren el embate directo de un gobierno autoritario. A este respecto, es importante mencionar los ataques directos y los recortes presupuestarios, no solo contra el Poder Judicial, sino también contra instituciones claves de nuestro país que por décadas han garantizado mecanismos adecuados de redistribución de la riqueza para asegurar calidad de vida para todas las personas. Entre otras instancias, debemos mencionar al Ministerio de Educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INAMU, las universidades públicas, el ICE, el IMAS y los CEN-CINAI.

A este respecto, no debemos olvidar que, a la base de la delincuencia, la inseguridad y la violencia en general, siempre está la desigualdad social, la falta de oportunidades y una cultura de odio, codicia y exclusión.

La presión ejercida por este importante movimiento ya produjo la primera victoria con el retiro de la iniciativa para tasar la Canasta Básica con el 13% del IVA.

Pero, es evidente que la lucha apenas comienza, son diversos los signos directos de ataque a nuestra institucionalidad y a nuestros valores democráticos, y es esperable un enfrentamiento prologado tanto para detener y revertir los múltiples embates a nuestro sistema político como para recuperar la cultura que nos ha permitido convivir en paz y democracia.

Va a ser difícil y a menudo cansado, pero tenemos que estar preparados y muy dispuestos para mantenernos permanentemente vigilantes y siempre dispuestos a manifestarnos de nuevo en las calles.

Pero, resulta también muy importante que cada una y cada uno de nosotros adquiera el compromiso de promover los valores democráticos en nuestra vida cotidiana. Es imprescindible recuperar la cultura de paz y respeto mutuo que nos caracterizó en el pasado. Ante el odio y la intolerancia que caracteriza a los dos últimos gobiernos, debemos todos los días hacer el esfuerzo en nuestras vidas cotidianas para promover siempre la fraternidad, como uno de los tres pilares de la democracia moderna. Debemos practicar siempre la solidaridad contra el individualismo imperante, el diálogo respetuoso contra la imposición autoritaria, la ternura frente al odio, la generosidad frente a la codicia y el trabajo en equipo frente a la desidia y la resignación.

Doy un ejemplo simple y directo: no solo debemos evitar botar basura en la calle, debemos estar dispuestos siempre a recoger la que otras personas han tirado y, sobre todo, debemos acercarnos respetuosamente a nuestros conciudadanos y facilitar un diálogo franco y directo, pero siempre respetuoso, razonable y empático para lograr hacer conciencia en las personas interlocutoras sobre la necesidad y la importancia de manejar adecuadamente nuestros deshechos.

Debemos también romper el aislamiento al que nos han llevado las redes sociales. Es fundamental regresar a lo presencial, al contacto directo y afectuoso, y también al diálogo abierto y al trabajo en equipo en la familia, en el trabajo, en el centro de enseñanza y, de manera especial, en nuestras comunidades. Demostramos que somos un bloque muy grande y con mucha disposición y de ahora en adelante la acción solidaria, sistemática y permanente debe ser una constante en toda nuestra cotidianidad.

Un aspecto muy importante del respeto mutuo es la posibilidad de comprender a las personas que han optado por el autoritarismo, un refugio de doble filo al cual acuden las personas cuando han alcanzado un nivel de decepción y desesperanza que les obliga a entregar su autonomía amparados a una figura que les brinda seguridad y les facilita la canalización de las emociones negativas hacia el odio, el desprecio, la vulgaridad y el rechazo a la diversidad.

Es, precisamente, a través de la comprensión de esos profundos sentimientos negativos que debemos acercarnos a las personas chavistas, reconocer su estado emocional y entender el extremo al que han sido llevados por muchos años de abandono y de deterioro en múltiples aspectos de su vida. Una vez comprendidos estos procesos será más fácil establecer un diálogo en donde prive el afecto y el respeto mutuo, y así vencer las fuertes barreras que han establecido a cualquier argumento diferente. Del mismo modo, esta comprensión facilita el reconocimiento de esas personas al precio que están pagando al aislarse y al intensificar aún más sus emociones negativas, porque para nadie es fácil vivir en un ambiente permanente de odio y confrontamiento.

Estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos manifestamos hemos sentido en muchos momentos un gran enojo y un rechazo a las actitudes autoritarias, pero debemos comprender muy bien que es precisamente al canalizar esas emociones negativas hacia la lucha y la protesta como logramos no solo enfrentarlas sino sobre todo superarlas y transformarlas positivamente para promover una cultura de paz y respeto mutuo.

Imágenes tomadas de distintas redes:

La agenda rotativa de confrontación: a propósito de la educación política en las aulas

Maximiliano López López1

Esta reflexión no se centra en la labor del gobierno en tanto administrador de la cosa pública; lo que interesa es reflexionar sobre la estrategia de comunicación-confrontación que se ha puesto en ejecución desde 2022. La hipótesis que orienta esta reflexión es que los gobiernos de Rodrigo Chávez (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-) han recurrido a la confrontación con el fin de orientar la agenda mediática (de críticos y de medios pro-gobierno) hacia temas o conflictos de alta polarización. Es una estrategia de comunicación política que alimenta un ciclo de controversias públicas en las que figuran distintos actores. La lógica consiste en sustituir un conflicto por otro como respuesta a los mismos ciclos de interacción en las redes sociales, o como simple respuesta ante cuestionamientos en la esfera pública. Está claro que en democracia la controversia es legítima (y deseable) pero aquí de lo que se trata es de evidenciar un patrón que, por sus recurrencia y sistematicidad, lleva a plantear la hipótesis de una agenda rotativa de confrontación.

El fin de dicha estrategia parece orientado a mantener el papel protagónico de esa agenda mediática, la cual influye en la percepción de sus seguidores y crea la sensación de cohesión, haciéndolos “partícipes de la lucha” que ese conflicto esboza. Es decir, parte del objetivo de la agenda es administrar la atención pública. El uso de esta agenda mantiene alta la popularidad de las figuras que la abanderan y se evita entrar en temas polémicos. Para citar solo un ejemplo, la discusión sobre la economía jaguar versus la necesidad de ajustes fiscales con incremento a los impuestos de la canasta básica, fue sustituida con nuevos ataques al Poder Judicial. Esta estrategia ha sido efectiva por su misma dinámica, pues al “agotarse” la vida útil de un conflicto, otro lo sustituye casi de inmediato. En esto juega un papel central la complicidad del momento que ofrecen las redes sociales donde todo es relativamente efímero.

Esta categoría de análisis (la agenda rotativa de confrontación) no surge del vacío. Existen múltiples estudios sobre temas políticos y de comunicación política que señalan con claridad los mecanismos que aplican quienes recurren a ella. Veamos ejemplos puntuales:

  • Agenda-setting (establecimiento de la agenda). Autores como Maxwell McCombs y Donald Shaw aseguran que los actores políticos no pueden influir en qué piensa una persona (por ejemplo, cómo razona), pero sí influir sobre qué piensa (es decir, sobre qué temas).

  • Framing (encuadre interpretativo). Para Robert Entman, quienes están interesados en marcar líneas interpretativas usan un marco predeterminado. En el caso de Costa Rica la narrativa recurrente es la idea de un “pueblo” perjudicado por una élite corrupta que debe erradicarse.

  • Diversionary politics (desviar la atención a otro punto). Jack Levy advierte que, cuando empieza a manifestarse el costo político de determinadas acciones, los actores con poder instalan otro conflicto que atraiga la atención mediática.

  • La política del espectáculo o la política como entretenimiento. Murray Edelman, y Jeffrey Alexander (entre otros) sostienen que la política actual recurre a la producción de eventos “comunicables”. La conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo parece asumir este rol comunicativo que alimenta la agenda de controversias.

  • Populismo. El uso del populismo como estrategia mantiene la vigencia del movimiento político. Sin la confrontación permanente, y sin el culto al líder, el movimiento pierde peso, apoyo y legitimidad.

Esta agenda de confrontación se mueve en busca de antagonistas según la coyuntura y las necesidades de quienes requieren desviar la atención. Veamos ejemplos.

  • 2022. Gobierno versus “prensa canalla”. Este conflicto desvió la atención para no tener que hablar sobre la idoneidad y probidad de los nombramientos que se estaban realizando.

  • 2022. Gobierno versus la Contraloría General de la República. Con esta disputa se atacó a la Contraloría cuando el tema de fondo eran las limitaciones que ese órgano le recordó al Ejecutivo.

  • 2023. Gobierno contra los privilegios del poder judicial. Esta dinámica mediática se lanzó cuando la fiscalía reveló que se estaban realizando investigaciones penales que involucraban a figuras cercanas al gobierno.

  • 2024-2025. Retornaron los ataques contra la “prensa canalla” debido a investigaciones sobre aspectos como financiamiento de campaña.

  • 2025-2026. La campaña electoral. La polarización entre la continuidad y los “enemigos del cambio” ayudó a evitar las discusiones de fondo sobre las propuestas de gobierno.

  • 2026. Gobierno contra comunistas. La estrategia desvió la atención mediática del tema de armonización eléctrica.

  • 2026. “El golpe de Estado”. Este nuevo tema polarizante deja de lado que el Poder Legislativo no haya nombrado suplentes para la Corte, y lo traslada al Poder Judicial.

Como se aprecia de estos ejemplos, los enemigos van cambiando, pero la estrategia permanece. En muchos de estos casos, la personificación del “enemigo” resulta más fácil que exponer instituciones. De eso se obtienen las críticas a la contralora Marta Acosta, al poder Judicial en las figuras de Carlo Díaz en su calidad de fiscal general, Orlando Aguirre como jerarca de la Corte Suprema de Justicia y recientemente a la magistrada Patricia Solano de la sala tercera. Y es preciso decirlo, la estrategia de confrontación es exitosa porque logra que actores políticos de la oposición participen de ella. En este sentido, el funcionamiento y los espacios de control político en la pasada gestión del Congreso constituyó un verdadero escenario de difamaciones y acusaciones que no aportaron a los problemas de fondo que tiene el país. Recordemos que la lógica de esta agenda no es la negociación, sino mantener la confrontación vigente, siempre que se maneje en el terreno mediático y lejos de temas sensibles o de alto costo político.

El resultado más notorio de este proceso es un debilitamiento del debate público. Autores como Jürgen Habermas señalan que parte de la calidad democrática de una nación se valora a través de la calidad de su esfera pública deliberativa. Donde no existe el espacio ni las condiciones para esto, la democracia se estanca o involuciona. La falta de deliberación afecta igualmente la construcción de políticas públicas integrales y capaces de considerar puntos de vista y soluciones alternativas. Los grandes temas que deben administrarse como cosa pública no se resuelven en marcos deliberativos acotados y menos en contextos de polarización. El riesgo de esto es que temas prioritarios como salud, seguridad, educación e infraestructura (que deberían trascender gobiernos), no resulten atendidos. Además, la implementación y evaluación de las políticas queda bajo el aura de esa agenda de confrontación y con ello se debilita también la rendición de cuentas.

Esta dinámica conduce a lo que se denomina “fatiga democrática”. Este es un síntoma que puede presentarse por sobrecarga informativa (sin poder diferenciar entre información real y falsa), imposibilidad de llegar al desenlace de temas complejos, sensación de un conflicto permanente y, finalmente, la “certeza” de que los problemas de fondo no se resuelven. Esto se traduce en desinterés hacia la política, pérdida de confianza en la institucionalidad, mayor generalización del cinismo político (ideas como, todos son iguales), menor participación ciudadana en asuntos públicos y en procesos electorales, todo lo cual desemboca en una aceptación acrítica de “medidas fáciles”. Como resultado de esto, la sociedad empieza a cuestionar el funcionamiento de la democracia y (al menos una parte de ella) termina aceptando la posibilidad de que se ignore el marco jurídico e institucional del país con tal de que se resuelvan los problemas. La democracia costarricense lamentablemente entró en esta fase desde inicios del presente siglo, pero se intensificó en los últimos años. La pregunta es si ¿estamos a tiempo de corregir el rumbo y si existe voluntad para revertir ese fenómeno?

Desde el punto de vista educativo es claro que, si la agenda rotativa de confrontación lleva al debilitamiento sistemático de la deliberación democrática, entonces el problema deja de ser político y asume un carácter educativo fundamental. En otras palabras, el sistema educativo tiene ante sí un reto de proporciones inconmensurables y por ello es fundamental fortalecer el abordaje de temas socio políticos en las aulas. La educación política de los jóvenes es la piedra angular de ese sistema y las evidencias muestran la necesidad de fortalecerla de cara a un proceso de reafirmación democrática en medio de un contexto donde se le ataca desde diferentes ámbitos. La solución está en reconocer las debilidades del sistema democrático y en trabajar para fortalecerlo, teniendo siempre claro que este no es perfecto, pero sin duda es la esencia del “pura vida” que nos identifica en el mundo.

La educación política en las aulas es la herramienta para enseñar a los jóvenes a desarrollar criterio y a asumir una ciudadanía comprometida con el bienestar y la justicia en sentido amplio. Es preciso que los jóvenes puedan distinguir entre conflictos o controversias coyunturales de aquellos que pueden catalogarse como problemas estructurales del país. Y no menos importante, es mediante la educación que los jóvenes deben analizar los discursos públicos y posicionarse respecto a las mejores soluciones desde una perspectiva informada, democrática y respetuosa de la diversidad de pensamientos. Por último, es necesario recordar que la democracia no se debilita solo cuando se atacan las instituciones, sino cuando la ciudadanía deja de interesarse en ella.

1 Profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional.

El día después

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.

En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.

Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.

Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.

En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.

Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.

No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.

Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.

Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.

Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.

Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.

A cuidarla estamos llamados.

Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país

Diversos sectores convocan a realizar un Plantón por la Justicia y la Democracia el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 4:30 p.m., en circuitos judiciales de todo el país, con el propósito de expresar respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.

La convocatoria plantea como mensaje central: “¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, e invita especialmente a las personas de las zonas alejadas del área metropolitana a organizar plantones de reflexión en cada circuito judicial después de las 4:30 de la tarde.

Las personas participantes son llamadas a llevar una vela como símbolo de la actividad y a promover expresiones de arte y cultura durante las concentraciones. Asimismo, se les invita a compartir fotografías de la jornada en redes sociales utilizando las etiquetas #Ningúngolpedeestado y #ApoyoalPoderJudicial.

La convocatoria destaca que la actividad se desarrollará en todo el país de manera simultánea y concluye con el mensaje:

“La justicia nos une. La democracia nos pertenece.”

El plantón se presenta como un llamado ciudadano a favor de la justicia, la democracia y la defensa de las instituciones judiciales.