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Etiqueta: Poder Judicial

Un gran paso, pero apenas comenzamos

Escrito en . Publicado en Derechos, Portada.

Marco Vinicio Fournier Facio

Marco Vinicio Fournier Facio.

Este 6 de agosto decenas de miles de personas nos manifestamos en defensa de la Democracia, en más de 20 diferentes puntos del país.

Después de varios años de desesperanza, resignación y pasividad, una proporción muy importante del país regresó a las calles a ejercer su derecho a la protesta y a defender la Democracia ante uno de los momentos más peligrosos de nuestra historia.

Debemos agradecer explícitamente a la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social la iniciativa y la excelente coordinación del proceso, pero también debemos agradecer al pueblo de Costa Rica por hacerse presente y dar el primer paso al frente en esta nueva lucha.

Nos manifestamos en forma enérgica por nuestro ordenamiento jurídico, por la división de poderes, por el respeto mutuo, el reconocimiento de la diversidad, el diálogo abierto y franco, la cultura de paz y la calidad de vida de toda la población.

Así mismo, nos hicimos presentes por todo el territorio nacional para defender las múltiples instituciones que hoy sufren el embate directo de un gobierno autoritario. A este respecto, es importante mencionar los ataques directos y los recortes presupuestarios, no solo contra el Poder Judicial, sino también contra instituciones claves de nuestro país que por décadas han garantizado mecanismos adecuados de redistribución de la riqueza para asegurar calidad de vida para todas las personas. Entre otras instancias, debemos mencionar al Ministerio de Educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INAMU, las universidades públicas, el ICE, el IMAS y los CEN-CINAI.

A este respecto, no debemos olvidar que, a la base de la delincuencia, la inseguridad y la violencia en general, siempre está la desigualdad social, la falta de oportunidades y una cultura de odio, codicia y exclusión.

La presión ejercida por este importante movimiento ya produjo la primera victoria con el retiro de la iniciativa para tasar la Canasta Básica con el 13% del IVA.

Pero, es evidente que la lucha apenas comienza, son diversos los signos directos de ataque a nuestra institucionalidad y a nuestros valores democráticos, y es esperable un enfrentamiento prologado tanto para detener y revertir los múltiples embates a nuestro sistema político como para recuperar la cultura que nos ha permitido convivir en paz y democracia.

Va a ser difícil y a menudo cansado, pero tenemos que estar preparados y muy dispuestos para mantenernos permanentemente vigilantes y siempre dispuestos a manifestarnos de nuevo en las calles.

Pero, resulta también muy importante que cada una y cada uno de nosotros adquiera el compromiso de promover los valores democráticos en nuestra vida cotidiana. Es imprescindible recuperar la cultura de paz y respeto mutuo que nos caracterizó en el pasado. Ante el odio y la intolerancia que caracteriza a los dos últimos gobiernos, debemos todos los días hacer el esfuerzo en nuestras vidas cotidianas para promover siempre la fraternidad, como uno de los tres pilares de la democracia moderna. Debemos practicar siempre la solidaridad contra el individualismo imperante, el diálogo respetuoso contra la imposición autoritaria, la ternura frente al odio, la generosidad frente a la codicia y el trabajo en equipo frente a la desidia y la resignación.

Doy un ejemplo simple y directo: no solo debemos evitar botar basura en la calle, debemos estar dispuestos siempre a recoger la que otras personas han tirado y, sobre todo, debemos acercarnos respetuosamente a nuestros conciudadanos y facilitar un diálogo franco y directo, pero siempre respetuoso, razonable y empático para lograr hacer conciencia en las personas interlocutoras sobre la necesidad y la importancia de manejar adecuadamente nuestros deshechos.

Debemos también romper el aislamiento al que nos han llevado las redes sociales. Es fundamental regresar a lo presencial, al contacto directo y afectuoso, y también al diálogo abierto y al trabajo en equipo en la familia, en el trabajo, en el centro de enseñanza y, de manera especial, en nuestras comunidades. Demostramos que somos un bloque muy grande y con mucha disposición y de ahora en adelante la acción solidaria, sistemática y permanente debe ser una constante en toda nuestra cotidianidad.

Un aspecto muy importante del respeto mutuo es la posibilidad de comprender a las personas que han optado por el autoritarismo, un refugio de doble filo al cual acuden las personas cuando han alcanzado un nivel de decepción y desesperanza que les obliga a entregar su autonomía amparados a una figura que les brinda seguridad y les facilita la canalización de las emociones negativas hacia el odio, el desprecio, la vulgaridad y el rechazo a la diversidad.

Es, precisamente, a través de la comprensión de esos profundos sentimientos negativos que debemos acercarnos a las personas chavistas, reconocer su estado emocional y entender el extremo al que han sido llevados por muchos años de abandono y de deterioro en múltiples aspectos de su vida. Una vez comprendidos estos procesos será más fácil establecer un diálogo en donde prive el afecto y el respeto mutuo, y así vencer las fuertes barreras que han establecido a cualquier argumento diferente. Del mismo modo, esta comprensión facilita el reconocimiento de esas personas al precio que están pagando al aislarse y al intensificar aún más sus emociones negativas, porque para nadie es fácil vivir en un ambiente permanente de odio y confrontamiento.

Estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos manifestamos hemos sentido en muchos momentos un gran enojo y un rechazo a las actitudes autoritarias, pero debemos comprender muy bien que es precisamente al canalizar esas emociones negativas hacia la lucha y la protesta como logramos no solo enfrentarlas sino sobre todo superarlas y transformarlas positivamente para promover una cultura de paz y respeto mutuo.

Imágenes tomadas de distintas redes:

La agenda rotativa de confrontación: a propósito de la educación política en las aulas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López1

Esta reflexión no se centra en la labor del gobierno en tanto administrador de la cosa pública; lo que interesa es reflexionar sobre la estrategia de comunicación-confrontación que se ha puesto en ejecución desde 2022. La hipótesis que orienta esta reflexión es que los gobiernos de Rodrigo Chávez (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-) han recurrido a la confrontación con el fin de orientar la agenda mediática (de críticos y de medios pro-gobierno) hacia temas o conflictos de alta polarización. Es una estrategia de comunicación política que alimenta un ciclo de controversias públicas en las que figuran distintos actores. La lógica consiste en sustituir un conflicto por otro como respuesta a los mismos ciclos de interacción en las redes sociales, o como simple respuesta ante cuestionamientos en la esfera pública. Está claro que en democracia la controversia es legítima (y deseable) pero aquí de lo que se trata es de evidenciar un patrón que, por sus recurrencia y sistematicidad, lleva a plantear la hipótesis de una agenda rotativa de confrontación.

El fin de dicha estrategia parece orientado a mantener el papel protagónico de esa agenda mediática, la cual influye en la percepción de sus seguidores y crea la sensación de cohesión, haciéndolos “partícipes de la lucha” que ese conflicto esboza. Es decir, parte del objetivo de la agenda es administrar la atención pública. El uso de esta agenda mantiene alta la popularidad de las figuras que la abanderan y se evita entrar en temas polémicos. Para citar solo un ejemplo, la discusión sobre la economía jaguar versus la necesidad de ajustes fiscales con incremento a los impuestos de la canasta básica, fue sustituida con nuevos ataques al Poder Judicial. Esta estrategia ha sido efectiva por su misma dinámica, pues al “agotarse” la vida útil de un conflicto, otro lo sustituye casi de inmediato. En esto juega un papel central la complicidad del momento que ofrecen las redes sociales donde todo es relativamente efímero.

Esta categoría de análisis (la agenda rotativa de confrontación) no surge del vacío. Existen múltiples estudios sobre temas políticos y de comunicación política que señalan con claridad los mecanismos que aplican quienes recurren a ella. Veamos ejemplos puntuales:

  • Agenda-setting (establecimiento de la agenda). Autores como Maxwell McCombs y Donald Shaw aseguran que los actores políticos no pueden influir en qué piensa una persona (por ejemplo, cómo razona), pero sí influir sobre qué piensa (es decir, sobre qué temas).

  • Framing (encuadre interpretativo). Para Robert Entman, quienes están interesados en marcar líneas interpretativas usan un marco predeterminado. En el caso de Costa Rica la narrativa recurrente es la idea de un “pueblo” perjudicado por una élite corrupta que debe erradicarse.

  • Diversionary politics (desviar la atención a otro punto). Jack Levy advierte que, cuando empieza a manifestarse el costo político de determinadas acciones, los actores con poder instalan otro conflicto que atraiga la atención mediática.

  • La política del espectáculo o la política como entretenimiento. Murray Edelman, y Jeffrey Alexander (entre otros) sostienen que la política actual recurre a la producción de eventos “comunicables”. La conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo parece asumir este rol comunicativo que alimenta la agenda de controversias.

  • Populismo. El uso del populismo como estrategia mantiene la vigencia del movimiento político. Sin la confrontación permanente, y sin el culto al líder, el movimiento pierde peso, apoyo y legitimidad.

Esta agenda de confrontación se mueve en busca de antagonistas según la coyuntura y las necesidades de quienes requieren desviar la atención. Veamos ejemplos.

  • 2022. Gobierno versus “prensa canalla”. Este conflicto desvió la atención para no tener que hablar sobre la idoneidad y probidad de los nombramientos que se estaban realizando.

  • 2022. Gobierno versus la Contraloría General de la República. Con esta disputa se atacó a la Contraloría cuando el tema de fondo eran las limitaciones que ese órgano le recordó al Ejecutivo.

  • 2023. Gobierno contra los privilegios del poder judicial. Esta dinámica mediática se lanzó cuando la fiscalía reveló que se estaban realizando investigaciones penales que involucraban a figuras cercanas al gobierno.

  • 2024-2025. Retornaron los ataques contra la “prensa canalla” debido a investigaciones sobre aspectos como financiamiento de campaña.

  • 2025-2026. La campaña electoral. La polarización entre la continuidad y los “enemigos del cambio” ayudó a evitar las discusiones de fondo sobre las propuestas de gobierno.

  • 2026. Gobierno contra comunistas. La estrategia desvió la atención mediática del tema de armonización eléctrica.

  • 2026. “El golpe de Estado”. Este nuevo tema polarizante deja de lado que el Poder Legislativo no haya nombrado suplentes para la Corte, y lo traslada al Poder Judicial.

Como se aprecia de estos ejemplos, los enemigos van cambiando, pero la estrategia permanece. En muchos de estos casos, la personificación del “enemigo” resulta más fácil que exponer instituciones. De eso se obtienen las críticas a la contralora Marta Acosta, al poder Judicial en las figuras de Carlo Díaz en su calidad de fiscal general, Orlando Aguirre como jerarca de la Corte Suprema de Justicia y recientemente a la magistrada Patricia Solano de la sala tercera. Y es preciso decirlo, la estrategia de confrontación es exitosa porque logra que actores políticos de la oposición participen de ella. En este sentido, el funcionamiento y los espacios de control político en la pasada gestión del Congreso constituyó un verdadero escenario de difamaciones y acusaciones que no aportaron a los problemas de fondo que tiene el país. Recordemos que la lógica de esta agenda no es la negociación, sino mantener la confrontación vigente, siempre que se maneje en el terreno mediático y lejos de temas sensibles o de alto costo político.

El resultado más notorio de este proceso es un debilitamiento del debate público. Autores como Jürgen Habermas señalan que parte de la calidad democrática de una nación se valora a través de la calidad de su esfera pública deliberativa. Donde no existe el espacio ni las condiciones para esto, la democracia se estanca o involuciona. La falta de deliberación afecta igualmente la construcción de políticas públicas integrales y capaces de considerar puntos de vista y soluciones alternativas. Los grandes temas que deben administrarse como cosa pública no se resuelven en marcos deliberativos acotados y menos en contextos de polarización. El riesgo de esto es que temas prioritarios como salud, seguridad, educación e infraestructura (que deberían trascender gobiernos), no resulten atendidos. Además, la implementación y evaluación de las políticas queda bajo el aura de esa agenda de confrontación y con ello se debilita también la rendición de cuentas.

Esta dinámica conduce a lo que se denomina “fatiga democrática”. Este es un síntoma que puede presentarse por sobrecarga informativa (sin poder diferenciar entre información real y falsa), imposibilidad de llegar al desenlace de temas complejos, sensación de un conflicto permanente y, finalmente, la “certeza” de que los problemas de fondo no se resuelven. Esto se traduce en desinterés hacia la política, pérdida de confianza en la institucionalidad, mayor generalización del cinismo político (ideas como, todos son iguales), menor participación ciudadana en asuntos públicos y en procesos electorales, todo lo cual desemboca en una aceptación acrítica de “medidas fáciles”. Como resultado de esto, la sociedad empieza a cuestionar el funcionamiento de la democracia y (al menos una parte de ella) termina aceptando la posibilidad de que se ignore el marco jurídico e institucional del país con tal de que se resuelvan los problemas. La democracia costarricense lamentablemente entró en esta fase desde inicios del presente siglo, pero se intensificó en los últimos años. La pregunta es si ¿estamos a tiempo de corregir el rumbo y si existe voluntad para revertir ese fenómeno?

Desde el punto de vista educativo es claro que, si la agenda rotativa de confrontación lleva al debilitamiento sistemático de la deliberación democrática, entonces el problema deja de ser político y asume un carácter educativo fundamental. En otras palabras, el sistema educativo tiene ante sí un reto de proporciones inconmensurables y por ello es fundamental fortalecer el abordaje de temas socio políticos en las aulas. La educación política de los jóvenes es la piedra angular de ese sistema y las evidencias muestran la necesidad de fortalecerla de cara a un proceso de reafirmación democrática en medio de un contexto donde se le ataca desde diferentes ámbitos. La solución está en reconocer las debilidades del sistema democrático y en trabajar para fortalecerlo, teniendo siempre claro que este no es perfecto, pero sin duda es la esencia del “pura vida” que nos identifica en el mundo.

La educación política en las aulas es la herramienta para enseñar a los jóvenes a desarrollar criterio y a asumir una ciudadanía comprometida con el bienestar y la justicia en sentido amplio. Es preciso que los jóvenes puedan distinguir entre conflictos o controversias coyunturales de aquellos que pueden catalogarse como problemas estructurales del país. Y no menos importante, es mediante la educación que los jóvenes deben analizar los discursos públicos y posicionarse respecto a las mejores soluciones desde una perspectiva informada, democrática y respetuosa de la diversidad de pensamientos. Por último, es necesario recordar que la democracia no se debilita solo cuando se atacan las instituciones, sino cuando la ciudadanía deja de interesarse en ella.

1 Profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional.

El día después

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.

En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.

Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.

Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.

En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.

Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.

No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.

Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.

Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.

Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.

Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.

A cuidarla estamos llamados.

Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversos sectores convocan a realizar un Plantón por la Justicia y la Democracia el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 4:30 p.m., en circuitos judiciales de todo el país, con el propósito de expresar respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.

La convocatoria plantea como mensaje central: “¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, e invita especialmente a las personas de las zonas alejadas del área metropolitana a organizar plantones de reflexión en cada circuito judicial después de las 4:30 de la tarde.

Las personas participantes son llamadas a llevar una vela como símbolo de la actividad y a promover expresiones de arte y cultura durante las concentraciones. Asimismo, se les invita a compartir fotografías de la jornada en redes sociales utilizando las etiquetas #Ningúngolpedeestado y #ApoyoalPoderJudicial.

La convocatoria destaca que la actividad se desarrollará en todo el país de manera simultánea y concluye con el mensaje:

“La justicia nos une. La democracia nos pertenece.”

El plantón se presenta como un llamado ciudadano a favor de la justicia, la democracia y la defensa de las instituciones judiciales.

Cuando el lenguaje degrada la República – La palabra presidencial y el deterioro del debate público

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

“La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres.”
— Hannah Arendt

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento.”
— George Orwell

Las democracias pueden comenzar a deteriorarse mucho antes de que se quebranten sus leyes o se debiliten sus instituciones. Su desgaste suele iniciarse de manera más sutil: mediante la erosión de las normas de convivencia, el menosprecio por el adversario y el abandono progresivo de un lenguaje respetuoso que haga posible la deliberación pública. La historia demuestra que las instituciones no se sostienen únicamente sobre constituciones, tribunales o parlamentos; descansan también sobre una cultura política que reconoce la legitimidad del otro y acepta que el conflicto de ideas debe resolverse mediante la argumentación y no por la humillación.

El lenguaje constituye uno de los pilares más sólidos de esa cultura democrática. Las palabras no son simples instrumentos de comunicación; crean realidades, modelan percepciones, establecen jerarquías morales y definen la manera en que una sociedad comprende sus desacuerdos. Cuando el lenguaje se degrada, también se degrada la calidad del debate público. Cuando el insulto sustituye al argumento, la democracia pierde una parte de su esencia.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando quien habla no es un ciudadano cualquiera, sino el presidente de la República, el ministro de la presidencia, u otra alta autoridad gubernamental. En un régimen democrático, el mandatario representa la unidad del Estado y ejerce una autoridad real y simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del poder. Cada una de sus palabras posee una resonancia política que ninguna otra voz pública alcanza. De ahí que el lenguaje presidencial no constituya un asunto privado ni un rasgo anecdótico de personalidad; es por el contrario un componente esencial del ejercicio responsable del poder.

Durante los últimos años, Costa Rica ha presenciado una transformación preocupante del discurso político. Expresiones despectivas, calificativos humillantes, burlas dirigidas contra autoridades del poder judicial, de la Contraloría General u opositores políticos, periodistas, instituciones y diversos actores sociales, se han convertido en un recurso frecuente de la comunicación presidencial. No se trata únicamente de episodios aislados de mal gusto ni de exabruptos ocasionales. Lo inquietante es la normalización de un estilo de comunicación que convierte la descalificación personal en un método de hacer política.

En este sentido, diversos registros periodísticos han documentado expresiones que ilustran la naturaleza de ese deterioro del lenguaje público. En una cobertura de La Nación, se consignó la utilización de calificativos como “corruptos de siempre” y “prensa canalla” para referirse de manera generalizada a actores institucionales y mediáticos, sin matices ni distinciones individuales. En otra nota de El Financiero, se recogieron expresiones dirigidas a opositores políticos en términos de “sinvergüenzas que no sirven para nada” y “gente que solo estorba el progreso del país”, formulaciones que sustituyen la crítica de ideas por la descalificación moral del interlocutor.

A estos ejemplos se suman otros episodios ampliamente difundidos en la esfera pública, donde el lenguaje ha alcanzado niveles de mayor crudeza simbólica. En una ocasión, se utilizó el término “ratas” para referirse a adversarios políticos, reduciendo al oponente a una condición infrahumana incompatible con el reconocimiento democrático. En otro momento, durante una interacción pública en el contexto electoral, se dirigió a un ciudadano usando la siguiente expresión “te amo, te amo, idiota”, combinación de afecto aparente e insulto directo que ilustra la confusión entre la confrontación política y la descalificación personal.

Más allá de la literalidad de cada frase, lo relevante desde el punto de vista democrático no es únicamente su contenido aislado, sino su función dentro del discurso público: la construcción de un marco en el que el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un objeto de desprecio. Este tipo de lenguaje, repetido desde posiciones de poder, tiende a legitimar socialmente la idea de que la política es un espacio de confrontación moral absoluta, donde no caben la complejidad ni el reconocimiento del otro.

Conviene precisar que el problema no reside en la firmeza con que un gobernante defiende sus ideas. En democracia, la confrontación política resulta legítima e incluso necesaria. Los gobiernos tienen derecho a criticar a la oposición, a cuestionar decisiones judiciales mediante los mecanismos institucionales, a discrepar de los medios de comunicación y a polemizar con diversos sectores de la sociedad. Lo que resulta incompatible con la cultura republicana es sustituir el razonamiento por el insulto, la evidencia por el sarcasmo y el desacuerdo por la descalificación sistemática del adversario.

La política democrática presupone que quienes piensan distinto poseen la misma dignidad ciudadana. El adversario no es un enemigo al que deba destruirse moralmente, sino un interlocutor cuya existencia garantiza precisamente el pluralismo que hace posible la democracia. Cuando desde la cúspide del poder se presenta a quienes discrepan como individuos indignos de consideración, el espacio del diálogo comienza a estrecharse y la polarización deja de ser una consecuencia para convertirse en un objetivo político.

Hannah Arendt advirtió que la política solo puede existir allí donde los seres humanos reconocen la pluralidad como condición de la vida pública. Nadie posee el monopolio de la verdad; por ello la deliberación constituye el mecanismo mediante el cual sociedades diversas construyen acuerdos siempre provisionales. Cuando desaparece el reconocimiento del otro como interlocutor válido, también comienza a desaparecer el espacio propiamente político.

George Orwell, por su parte, comprendió que la degradación del lenguaje precede muchas veces a la degradación del pensamiento. Un lenguaje empobrecido limita la capacidad de comprender la complejidad de los problemas colectivos. Las consignas reemplazan a los argumentos; las etiquetas sustituyen al análisis; la simplificación emocional desplaza al razonamiento. El resultado es un clima político donde importa menos la búsqueda de soluciones que la identificación de culpables.

No es casual que numerosos movimientos de inspiración populista recurran a este tipo de lenguaje. La lógica populista necesita construir una división permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Para mantener viva esa confrontación requiere alimentar emociones intensas: indignación, resentimiento, desprecio o miedo. El lenguaje agresivo cumple entonces una función política específica: simplificar la realidad hasta convertir cualquier diferencia en una lucha moral entre buenos y malos.

Sin embargo, conviene evitar una interpretación simplista de este fenómeno. Sería profundamente injusto atribuir esta dinámica a determinados sectores sociales o insinuar que las personas de menores ingresos son particularmente proclives a aceptar un lenguaje agresivo. Una afirmación semejante no solo sería empíricamente insostenible, sino incompatible con una visión democrática de la ciudadanía.

La explicación debe buscarse en otra dirección. Cuando durante años amplios sectores de la población experimentan abandono estatal, deterioro de los servicios públicos, inseguridad económica, dificultades de acceso a oportunidades y una creciente sensación de exclusión, entonces sí, aumenta la disposición a escuchar discursos que prometen respuestas rápidas cargadas de efectos emocionales y procacidad en el lenguaje gubernamental. El problema no radica en la ciudadanía; radica en las insuficiencias de las políticas públicas y en la incapacidad de numerosos gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Es precisamente ese vacío el que permite prosperar a los discursos que privilegian la confrontación permanente sobre la construcción de consensos. Allí donde la política deja de ofrecer soluciones, la retórica de la indignación encuentra terreno fértil. El lenguaje agresivo no crea por sí solo el descontento social; lo capitaliza y lo orienta políticamente.

En este contexto, la responsabilidad del liderazgo democrático es aún mayor. Se trata de gobernar con eficacia y a la vez preservar las condiciones simbólicas que hacen posible la convivencia. El lenguaje presidencial no puede convertirse en un instrumento de polarización permanente sin consecuencias para la vida institucional del país. Cada palabra pronunciada desde la jefatura del Estado contribuye a fortalecer o debilitar la confianza pública en la democracia misma.

Por ello, la recuperación de una cultura política más respetuosa no es un asunto secundario ni meramente estético. Es una tarea central de reconstrucción democrática. Implica reconocer que la palabra pública tiene límites éticos, que el adversario no es un enemigo y que la autoridad del Estado se fortalece cuando se ejerce con sobriedad, no con agresión.

El desafío, en última instancia, no es solo político, sino civilizatorio: recuperar la idea de que en democracia se puede —y se debe— disentir sin destruir al otro. Solo cuando el lenguaje vuelve a ser un espacio de reconocimiento y no de humillación, la República recupera su dignidad más profunda.

¿Qué nos espera?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.

  1. Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
  2. Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
  3. No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
  4. En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
  5. El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
  6. Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
  7. Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
  8. Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  9. Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:

    9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos,  negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.


    9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias  judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?


    9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se  sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista,  que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.


    10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.

Enemigos de la democracia sufren una derrota

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Si la presidenta Laura Fernández se dedicara a trabajar y no a andar levantando chismes de humo, cual si fuese una de «Las Fisgonas de Paso Ancho», después del horrible fin de semana que le provocó la detención del más buscado maleante del país, con el consecuente reconocimiento popular hacia las autoridades de la Fiscalía y el OIJ, su gestión quizá mejoraría.

Pero, ¡qué va!, no hay manera, pues con Chaves mandando abiertamente a su lado, se le ordenó salir a especular, junto al ministro de Hacienda (¿?), sobre detalles logísticos de procesos judiciales que evidentemente no le competen. Así que, al igual a como hubo que enseñarle a Chaves, a ella hay que contarle que existe en Costa Rica independencia y separación de poderes, y que, por tanto, los procesos y procedimientos judiciales son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no del poder inquilino en Zapote.

Aunque lo hecho fue gravísimo, lo fue más cuando vemos que lo hizo para, infructuosamente, tratar de minimizar el acto heroico de los oficiales judiciales en que se abatió a un maleante prófugo de alta peligrosidad (no de «alta gama», como dijo ella), y la captura de dos de sus compinches, Diablo y Tan, peligrosísimos delincuentes que, por cierto, no juegan con pistolitas de plástico. No, ¡jamás!, sino con pesadas armas de guerra, de elevado poder destructivo.

El operativo Némesis demandó un intenso trabajo de investigación y planificación, estrictamente confidencial, para evitar que se filtrara información sensible hacia policías corruptos de Seguridad Pública, que poco a poco han ido cayendo en manos de la justicia.

Ante los cuestionamientos perversos de Chaves y Fernández, el señor fiscal general, don Carlo Díaz, señaló que «las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que éstas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia». Contundente lección de educación cívica.

Cabe anotar que, mientras se estaba tratando de justificar la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los delincuentes apresados, un abogado diputado, defensor también del ministro Chaves, estaba en ese mismo instante en los tribunales actuando para el bando contrario, en defensa de un presunto criminal ligado al narcotráfico.

Podría ser que, para esa diligencia, José Miguel Villalobos hubiese solicitado un día de vacaciones a la presidenta legislativa (pues sus colegas diputados estaban cumpliendo con una tarea junto a la presidenta Fernández en el Congreso), pero es extraño, al menos, que un legislador que tiene pesada influencia sobre la aprobación de nuevas normas sobre narcotráfico y el crimen organizado, con acceso indiscutible a información sensible, simultáneamente esté involucrado en la representación legal de supuestos mafiosos, así como en la campaña amarga de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial.

Autoridades judiciales que, pese a las acciones violentas y ofensivas lanzadas desde el corazón del fascismo tico, se mantienen con el noble pueblo costarricense a su lado, firmes en defensa de nuestra democrática patria, en un momento especialmente álgido cuando soplan aires dictatoriales cada vez más tormentosos.

La dictadura de los propietarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Lic. Rafael A. Ugalde Quirós*

Comienzo aclarando que no hay honestidad cuando presentamos la crisis entre el poder judicial y el resto de los poderes como sí fuera nueva y camináramos hacia una “dictadura” como la de Ortega en Nicaragua o el chavismo en Venezuela, enalteciendo el planteamiento burdo de los expresidentes ticos -como sí no los conociéramos- para quedar bien con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.

Consta, desde aquellos tiempos mozos en nuestra facultad de derecho, como sosteníamos junto a otros compañeros, que esos grandes edificios y los despachos de lujo terminarían por descarrilar e deshumanizar nuestro romántico principio de justicia pronta y cumplida, sumergiendo en la crisis el poder que, además, se había echado al hombro poco a poco tareas propias y correspondientes del ejército costarricense, antes del golpe de estado de 1948.

Entonces veíamos con absoluta claridad la imposibilidad humana que el número de magistrados y jueces pudieran resolver los problemas venidos de concentrar todo lo relacionado con funciones de policía, represión, investigación, acusación, inteligencia, planificación interna etc. en tan pocas manos.

Durante unas declaraciones vertidas en ocasión de la solicitud de presupuesto para nuestro poder judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, justificó la necesidad de más financiamiento, diciendo que en todos estos años anteriores hemos defendido el sistema económico.

Litigantes que esperan 10 años para obtener una sentencia laboral favorable a un pobre trabajador que un banco lo tiró a la calle, 6 o más meses para que un despacho judicial firme la “orden de giro” para que el abogado retire sus honorarios; ello por cuanto el funcionario encargado “hace trabajo desde la casa y viene a la oficina un dia a la semana”, juicios que se caen por investigaciones mal hechas., etc.

Según cifras oficiales, en materia civil de mayor cuantía, ningún juicio dura menos de dos años, mientras aproximadamente, el 90% de expedientes en materia penal no llegan a juicio oral, pues se quedan en la fase de investigación del Ministerio Público mediante resoluciones de desestimaciones, sobreseimientos o aplicación de soluciones alternas. ¡De cómo la están pasando de feo con la lentitud de la justicia sus agremiados, sí que debería ocuparse el Colegio respectivo y su fiscalía!

De feria, el gobierno liberacionista de Oscar Arias impulsa en 1989 una instancia judicial más, la llamada Sala IV, llegando a 22 quienes gobiernan el poder judicial, con facultades amplísimas. En el 2003, estando como presidente de la “oposición” Abel Pacheco, es a esta misma Sala la que nos dice que es válida constitucionalmente la reelección presidencial discontinua.

No hay por dónde perderse. Son los grupos de la misma élite que controlan todo. Lo que oímos, lo que pensamos y nos hace justicia a diario, dando a cada uno la “proporción que nos corresponde”.

La anterior definición de justicia dicha por Ulpiano, me faltaba someterla praxis, que me ha permitido ver que la mayor parte de esa proporción ya pertenece desde hace años a una minoría, mientras por la parte sobrante, la más pequeñita, ponen a las mayorías de una sociedad a arrancarse las mechas.

Samuel Stone, en la dinastía de los bandidos, perdón, “La dinastía de los conquistadores”, nos sigue dando una fotografía exacta de la “democracia”, la “división de poderes”, la “democracia” nuestra y la “alternancia” electoral, entre otras prácticas, ya no tanto de la denominada derecha fascista y macartista, obligada defender su “ institucionalidad”, sus privilegios de reportar cero ganancias en 2025 y lanzar sapos y culebras contra el sistema democrático de Cuba, Nicaragua o Venezuela, sino que ahora vemos unas cuantas cúpulas de la llamada izquierda local, ( van desde las que hace la revolución por whatsaap, pasando, según ella, por transformaciones profundas mandando gente con pancartas muy artísticamente decoradas, haciendo proyectos o atorados con bocadillos de caviar), cerrando filas con Rubio y el nuevo fichaje de Milei y Trump para Centroamérica, el narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández. Tal vez así no pierden la visa.

Sin embargo, sí desde 2022 un grupo de la burguesía que controla importaciones, los servicios y la mayor parte de la actividad financiera, desplazó en más de un 70% del poder a quienes se enriquecieron con la agroexportación de productos y la venta de materias prima, ello no es casualidad que ahora, después de aquel “volvamos a la tierra” con que embaucaron a Reymundo y a todo el mundo, traten ahora de salvar con todo los pocos refugios que aún conservan.

Defienden así, de forma camuflad el Estado Corporativo o gerencial, cuando dicen ser la oposición democrática, la otra gran alternativa, solo para retomar el poder, porque no tienen un “proyecto país” que no solo organice las bases populares, sino que las articule y obedezca en búsqueda de un modelo de democracia participativa y popular capaz de convertir el mercado, en una ampliación obligatoria de beneficios de la ganancia en pocas manos, en mejor seguridad social, salarios dignos, educación superior, ciencia y tecnología en función del pequeño y el mediano productor, desarrollo de nuestros océanos como fuente de alimentación, ayudar austeras ciencias médicas a que lleguen a las personas sin distinción de clase social, etc., en lugar de subirnos al último vagón destartalado de la innovación tecnológica.

Tienen una memoria que asusta. Ya ni se acuerdan de aquel paquete de leyes que congeló salarios, repartió bozales, penalizó la protesta social etc. Olvidaron de un momento a otro que, en 2018, el gobierno PAC, de Carlos Alvarado, contó con el apoyo de la Sala Constitucional y 14 votos del Liberación Nacional,10 del oficialismo de entonces,8 socialcristianos, el de Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional, y el “independiente” Erick Rodríguez.

Cuando se trata de defender la dictadura de los propietarios son cortados con la misma tijera. Puede llamarse presidenta Laura Fernández, los exgobernantes Oscar Arias, Rodrigo Chaves, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, 53 diputados de la Asamblea Legislativa, el canciller Manuel Tovar etc. La lista de demócratas es interminable y no aparecen hasta en la sopa.

El reciente anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al decir que si los enemigos de la Revolución sandinista soñaban con el retorno al poder por vía de las elecciones como pensaba la oposición mandadera de Washington, se jodió. Anunció el envió de una ley a la Asamblea Nacional para regular este tipo de consultas, pero al poder, no volverán, dijo.

Terminamos con este tema de las elecciones en Nicaragua solo para dejar en evidencia que no hay tal oposición política en Costa Rica. Los que así se hacen llamar están unidos por el injerencismo imperial en las cuestiones internas de otros países.

Algunas personalidades tan preocupadas por la democracia en Nicaragua, Venezuela o Cuba – China, con un sistema electoral de único partido, la bajan un poquito por aquello de un viajecillo a Pekin- deberían calmar sus inquietudes quitando las fotos sonrientes junto a personas cuestionadas, o haber desmentido en su momento el periódico colombiano “El tiempo”, sobre donaciones recibidas en Miami.

¿Los has escuchado acaso levantar la voz contra el criminal bloqueo contra Cuba, y eso que se hacen pasar como defensores del derecho internacional y los derechos humanos?

¡Muchos de ellos, por dolo o culpa, son vocería oficialista de quienes dicen estas elecciones me gustan, son válidas o deben desconocerse, conforme lo que nos encargó el patroncito!

*Periodista.

Lo que provoca la envidia y la mala fe: caso de alias Diablo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.

No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.

Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.

El mito de la “liberación por descuido”

Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.

Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.

La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.

Aclarando conceptos jurídicos

Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:

El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.

La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.

La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.

Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.

¿10 años es mucho o poco tiempo para capturar un narco en fuga?

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Rodolfo Ulloa Bonilla

Cuando leí varias publicaciones del ejército de troles chavistas decir: “Pero, duraron 10 años en capturarlo”, para bajarle el piso al OIJ tras la detención de alias Diablo el 24 de julio de 2026, supe que ese es el relato que les pidieron repetir. Hoy siguiendo el relato, pero yendo más allá, la presidenta Fernández acusa al OIJ y dice que alias Diablo estuvo 10 años en fuga por la alcahuetería del Poder Judicial. Me surgió la duda: ¿Será que otros criminales por narcotráfico fueron capturados o dados de baja en menos tiempo en otros lares?

Ahí está Pablo Escobar, entre su primera acusación por un delito de narcotráfico en 1976 y su muerte en 1993, transcurrieron 17 años, aunque ciertamente no todo ese tiempo estuvo en fuga. Entonces busqué otros casos.

Pedí lo siguiente a las IA Gemini, Grok y Deep Seek: “Elabore un listado de los 12 criminales prófugos más buscados en América Latina y establezca los años que se duró en capturarlos luego de la orden de detención o condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Ordene el listado de mayor a menor tiempo de fuga”.

Esta es la respuesta combinada de las tres IA:

Listado de 12 narcotraficantes y capos del crimen organizado en América Latina que mantuvieron órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición o condenas pendientes por narcotráfico y permanecieron en calidad de prófugos de la justicia, ordenados de mayor a menor tiempo de fuga previo a su captura o recaptura:

  1. Ismael “El Mayo” Zambada (México). Tiempo prófugo: 35-40 años. Detalles: Cofundador del Cartel de Sinaloa. Con órdenes de aprehensión de México y Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Fue detenido el 25 de julio de 2024.
  2. José Alberto “El Beto” Guerrero (Colombia). Años en fuga: 26 años (1997 – 2023). Detalles: Exjefe del Cartel del Norte del Valle, capturado en Venezuela y extraditado.
  3. Fidel Urbina (México). Años en fuga: 22 años (2000-2022). Detalles: Exlíder de Los Zetas, capturado en Veracruz.
  4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” (México). Tiempo prófugo: 17 años. Detalles: Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Mantuvo órdenes de arresto federales en EE. UU. y México hasta su captura en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila.
  5. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (México). Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Más de 15 años como uno de los más buscados, acusaciones en Estados Unidos desde 2010; recompensa de hasta $15 millones. Reportado muerto en operación militar en febrero de 2026.
  6. Juan Carlos Ramírez Abadía (Colombia). Años en fuga: 15 años (1992 – 2007). Detalles: Líder del Cartel del Norte del Valle, capturado en Brasil.
  7. Daniel “El Loco” Barrera (Colombia). Tiempo prófugo: 14 años. Detalles: Considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Colombia tras la era de los grandes cárteles. Estuvo en la clandestinidad con órdenes de captura y circulares rojas de INTERPOL desde 1998 hasta su detención en San Cristóbal, Venezuela, en septiembre de 2012.
  8. Joaquín “El Chapo” Guzmán (México). Tiempo prófugo: 13 años (primer periodo de fuga). Detalles: Tras su primera captura en Guatemala en 1993, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en enero de 2001. Estuvo prófugo durante 13 años continuos hasta su recaptura en Mazatlán en febrero de 2014 (posteriormente volvió a fugarse en 2015 y fue recapturado en 2016).
  9. Dairo Antonio Úsuga David, “Otoniel” (Colombia). Tiempo prófugo: 12 años. Detalles: Máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo. Contaba con decenas de órdenes de captura y pedido formal de extradición por narcotráfico emitidos desde 2009. Fue capturado por las fuerzas armadas colombianas en octubre de 2021.
  10. Rafael Caro Quintero (México). Tiempo prófugo: 9 años (segundo periodo de fuga). Detalles: Tras ser liberado de prisión de manera irregular por un tribunal mexicano en agosto de 2013, se emitió de inmediato una nueva orden de reaprehensión. Permaneció en la clandestinidad casi 9 años (encabezando la lista del FBI) hasta su recaptura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
  11. Diego León Montoya Sánchez, “Don Diego” (Colombia). Tiempo prófugo: 8 años. Detalles: Uno de los principales cabecillas del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 con cargos de tráfico masivo de cocaína y homicidio, siendo capturado por el ejército colombiano en septiembre de 2007.
  12. Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta” (Colombia). Tiempo prófugo: 7 años. Detalles: Líder del Cártel del Norte del Valle con orden de extradición dictada por EE. UU. en el año 2000. Permaneció prófugo ocultándose en Brasil tras someterse a múltiples cirugías plásticas faciales para modificar su apariencia, hasta ser localizado y arrestado en agosto de 2007.

Conclusión: Dato mata relato. La captura de alias Diablo constituye un hito del OIJ, un mérito que se logra tras perseverar y no desmayar en la lucha contra el crimen organizado durante muchos años. La población costarricense está consciente del alcance y valor de esta acción contundente del OIJ, por tanto, tal hecho no puede ser devaluado por los relatos de la perversa ideóloga del régimen y su ejército de troles, ni por los dichos de una presidenta que al parecer se le hace difícil pensar con cabeza propia.