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Etiqueta: Poder Judicial

Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Pablo Sibar

Este 9 de agosto se cumplieron 10 años de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar reclamando que el proyecto de Autonomía lo pusieran en la corriente de debates, bien fuera para la aprobación o el rechazo.

Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se a extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas.

Seguimos en lucha y solicitamos a todos los costarricenses que no nos olviden, que no nos miren como los malos por los procesos de recuperación que llevamos, ya que es la única forma que el Gobierno nos ha dejado. No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo.

A pesar de haber perdido a Sergio Rojas en el año 2019 y Yeri en 2020, las recuperaciones continuarán. Yo esperaría que ya no haya más asesinatos de nuestros hermanos, yo quiero seguir viviendo, pero sintiéndome libre sin persecuciones, sintiendo que el Poder Ejecutivo nos devuelva las tierras, que el Poder Judicial nos reconocerá nuestros derechos y que no nos negara más, que se cumplan nuestras leyes y que la Asamblea haga que se cumpla las leyes que hay se han aprobado.

Seguro soy un indígena ignorante pero los tres poderes deberían conjuntamente abordar el tema indígena para que juntos busquen la solución. Quisiera morir viendo que esos poderes han solucionado nuestras luchas y si esto pasara de seguro no seriamos más asesinados.

Solo reclamo que se haga justicia para nuestros pueblos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Solicitud pública de la judicatura nacional a Corte Plena por personal auxiliar

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Piden autorizar al personal auxiliar a quedarse en sus casas para cumplir el distanciamiento social y cierre de atención al público

SURCOS recibió el siguiente documento así como la respuesta de magistradas y magistrados que se puede descargar al final:

“Nosotros, jueces y juezas de la República, de todas las materias y partes del país, por medio de la presente hacemos un vehemente y enérgico llamado a los señores magistrados y señoras magistradas para que —debido a la situación de emergencia nacional ante la pandemia decovid-19 que afronta el país y la drástica elevación de los casos que ya han ocasionado la primera muerte— se adopten, de inmediato, los acuerdos necesarios para que se permita que el personal auxiliar y subalterno de esta institución, baluarte en la protección de los derechos de todas las personas, pueda permanecer en sus casas con sus familias, acatando las disposiciones del Ministerio de Salud para la protección de su integridad física y la de sus familias y se cierre la atención al público en la institución, salvo las salvedades usuales en este tipo de situaciones.

Debe tenerse en cuenta que los y las auxiliares de la administración de justicia, que ocupan la base de la “pirámide judicial”, son las personas más expuestas al contagio, dado que deben hacer uso de los medios de transporte público y atender a usuarios/as, en despachos abarrotados y, en muchas ocasiones, con condiciones inadecuadas de trabajo, situación distinta a la de quienes ostentamos puestos profesionales, magistratura incluida, cuyas condiciones son mucho más favorables. Por ello, las diferentes medidas que se han adoptado (teletrabajo sin posibilidad de acceso a sistemas informáticos o la reducción de la jornada laboral) no tienen posibilidad de disminuir estos factores de riesgo y se tornan inadecuadas para paliar el contagio.

Los y las firmantes nos comprometemos a mantenernos en nuestras funciones a fin de disminuir el impacto que tal medida pueda tener en el servicio de justicia”.

Dado en San José, Costa Rica, a las 18:00 horas del 18 de marzo de 2020.

Firmas:

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José

1.- Rosa María Acon Ng, cédula 700880120.

2.- Alfredo Araya Vega, cédula 303540110.

3.- Jorge Luis Arce Víquez, cédula 106250684.

4.- Maribel Bustillo Piedra, cédula 106830430.

5.- Melissa Campos Guzmán, cédula 10149400419.

6.- Marianella Corrales Pampillo, cédula 108980014.

7.- Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142.

8.- Gustavo Gillen Bermúdez, cédula 108250226.

9.- Manuel Gómez Delgado, cédula 109650871.

10.- Kattia Jiménez Fernández, cédula 401580862.

11.- Edwin Esteban Jiménez González, cédula 108580476.

12.- Rafael Mayid González González, cédula 109020374.

13.- Raúl Madrigal Lizano, cédula 0109150038.

14.- Giovanni Mena Artavia, cédula 107100029.

15.- Laura Murillo Mora, cédula 107480405.

16.- Francini Quesada Salas, cédula 107680495.

17.- Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez, cédula 110950534.

18.- Ana Isabel Solís Zamora, cédula 108460851.

19.- Alejandra Valenciano Chinchilla, cédula 1011040484.

20.- Patricia Vargas González, cédula 108860238.

21.- Iris Valverde Usaga, cédula 105590201.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

22.- Erick Alonso Calvo Rojas, cédula 204330701.

23.- Flory Chaves Zárate, cédula 204030471.

24.- Jorge Camacho Morales, cédula 105480849.

25.- Gustavo Jiménez Madrigal, cédula 204560480.

26.- Helena Ulloa Ramírez, cédula 107110370.

27.- Rafael Segura Bonilla, cédula 401460866.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

28.- Ivette Carranza Cambronero, cédula 108520427.

29.- David Alberto Fallas Redondo, cédula 108350935.

30.- Xiomara Gutiérrez Cruz, cédula 1010120159.

31.- Marco Mairena Navarro, cédula 502350939.

32.- Jaime Robleto Gutiérrez, cédula 800680284.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

33.- José Manuel Cisneros Mojica, cédula 1010730255.

34.- Cynthia Dumani Stradtmann, cédula 106520057.

35.- Wilson Flores Fallas, cédula 108980536.

36.- Marlene Mendoza Ruiz cédula 502790730.

37.- Rodrigo Obando Santamaría, cédula 107800204.

Jueces y juezas del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial, Zona Atlántica

38.- Esteban Castillo Zúñiga cédula 10135300662.

39.- Elsa Centeno Jiménez, cédula 7113831.

40.- Geison López Barrantes, Juez Coordinador.

41.- Mayra Matamoros Rodríguez. cédula 107030728.

Jueces y juezas del Tribunal de Juicio de Quepos

42.- Maureen Víquez Córdoba, cédula 303200851.

43.- Hernán Enrique Moya Ureña, cédula 303470175.

44.- Johanna Bogantes Madrigal, cédula 109700436.

Jueces y juezas del Juzgado Penal de San Carlos

45.- Jeffrey Antonio Quesada Arroyo, cédula 2-0649-0316.

46.- Ivannia María Ramírez Hidalgo, cédula 2-0644-0977.

47.- Joselyn Villegas Araya, cédula 2-0672-0153.

Jueces y juezas del Tribunal Contencioso Administrativo

48.- Rosa Cortés Morales, cédula 1-0611-0837.

49.- Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, cédula 303410335.

50.- Lindsay Rodríguez Cubero, cédula 1-1056-0070, jueza 3.

51.- José Martín Conejo Cantillo cédula 1-1058-0503.

52.-M.Sc. Eduardo González Segura, Juez decisor, Sección Segunda.

53.- Cynthia Abarca Gómez, cédula 1-764-404.

54.- José Roberto Brenes Chinchilla, cédula 107030314.

55.- Karla Madriz Martínez, cédula 3-0344-0025.

56.- Daniel Aguilar Méndez, cédula 3-0371-0684.

57.- José Roberto Garita Navarro, cédula 109280100.

Jueces y juezas del Juzgado Penal Juvenil de San José

58.- Lic. Danilo Segura Mata, cédula 0107470857, Juez Coordinador.

59.- Master Lucy Jiménez Jiménez, cédula 0105850816.

60.- Máster Laura Trejos Ramírez, cédula 0111520968.

61.- Licda. María Fernanda Herra Jiménez, cédula 0115040208.

62.- Máster Diego Barquero Segura, cédula 112990647.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo de la Zona Atlántica, Sede en Limón

63.- Guillermo Guilarte Corrales, cédula número 1-0721-0961.

64.- Alberto Cesar Juárez Gutiérrez, cédula número 5-0328-0870.

65.- Luis Esteban Araya Ugalde, cédula número 1-0860-0133.

Jueces y juezas del Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de San José

66.- Ana Catalina Campos Ramírez, cédula 108310491.

67.- Marta Carolina López Espinoza, cédula 502840056.

68.- Tatiana Murillo Jara, cédula 401600673.

69.- Ileana Loáiciga Calderón, cédula 107070843.

70.- Mauren Ortiz Cerdas, cédula 303540070.

71.- Hans Leandro Carranza, cédula 303020068.

Jueces y juezas del Tribunal de Juicio de Alajuela

72.- Alberto García Chaves, cédula 1-1125-0346.

73.- Christian Quirós Alfaro, cédula 1-1657-435.

74.- Adrián Montero Carranza, cédula 2-480-806.

75.- Marianela Vargas Cousin, cédula 6-178-798.

76.- Giovanni Hernández Martínez, cédula 1-1035-0410.

Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita.

77.- Frania Emilia Rojas Vindas, cédula 1-893-608.

78.- Carmen Ligia Chacón González, cédula 1-891-810.

Jueces y juezas del Juzgado Penal de Puntarenas

79.- Jordan Josué Nelson Martínez, cédula 07-021210882.

80.- Luis Daniel Montero Rojas 04-0202-0980.

81.-Jeinny Blanco Quesada 02-0582-0599.

82.- Mariela Quesada Campos cédula 07-0196-0611.

Jueces y juezas de diversos despachos del país

83.- Jenny Aguilar Brenes, cédula 303530134, Juzgado Penal de Alajuela.

84.- Mariana Howell Blanco, cédula: 1-1317-0718, jueza en el Juzgado Tercero Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José.

85.- Oscar Cruz Conejo cedula 30241034, Juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Cartago.

86.- Xinia González Grajales, jueza. Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil de Puntarenas.

87.- Doralicia Orozco Camacho, cédula 109660188.

88.- Adriana Orocú Chavarría, cédula 303170898, jueza en el Juzgado Primero Civil de San José.

89.- José Barrantes Chan, cédula 602840477, juez supernumerario en Quepos.

90.- Ruth Alpízar Rodríguez, cédula 1-801-916, jueza Agraria de Liberia.

91.- Laura Chinchilla Rojas, cédula 1013160172, jueza del Tribunal de Juicio de Heredia.

92.- Estéfana Brenes Alfaro, cédula 1-910-772, jueza coordinadora Juzgado de Tránsito de Desamparados y Aserrí.

93.- Dr. Juan Carlos Alvarado Miranda, cédula 401300930, Juez del Juzgado de ejecución penal de Alajuela.

94.- Sandra Yorleny Tenorio Sánchez, cédula 5-219-979, Juzgado de Trabajo, Primer Circuito de San José.

95.- José Alberto Rojas Chacón, cédula 108340614. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela, San Ramón.

96.- Susana Cristina Mata Gómez, Juzgado II especializado de Cobro, I Circuito Judicial de San José.

97.- María José Badilla Montes, cédula 113740745, Jueza en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas.

Jueces y juezas en los Tribunales de Pérez Zeledón

98.- Manuel Fallas Calderón, cédula 109260942. Juez penal.

99.- José Luis Cambronero, cédula 106040350, jueza en materia penal.

99.- César Lara Fallas, 1-1302-0354. Tribunal de Juicio.

100.- Kiabeth Valverde Araya, cédula 1017110475. Tribunal de Juicio.

101.- Bryan Mejías Corrales, cédula 1016710832, Tribunal de Juicio.

102.- Daunett R. Chinchilla Segura, cédula 1015170476, Tribunal de Juicio.

103.- Carlos Adolfo Calderón Bogantes, cédula 1-0954-0798, Tribunal de Juicio.

104.- Katherine Agüero B., cédula 1-1536-0467, Tribunal de Juicio.

105.- Franz Loney Castro Solís, cédula 2-0575-0224, Tribunal de Juicio.

106.- Harol Ríos Solórzano, cédula 1-1288-0207, Tribunal de Juicio.

107.- Nikole Castro Mora, cédula 1017340017. Tribunal de Juicio.

107.- Hellen Hidalgo Ávila 1-1205-0338, Juzgado Civil y laboral.

108.-Norman Herrera Vargas 2-0513-0564, Juzgado Civil y laboral.

109.-Rafael Rojas 1-0746-0394, Juzgado Civil y laboral.

110.- Enar Venegas Pérez, 1-1100-0758, Juzgado Civil y laboral.

Jueces y juezas del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José

111.- Hugo Porter Aguilar, 01-0731-0052.

112.- Adriana Tenorio Jara, 01-1044-0271.

113.- Alfredo Arias Calderón, 06-0215-0285.

114.- Yanan Chacón Mena, 01-1305-0239.

115.- Sergio Quesada Carranza, 1-0748-0131.

116.- Hannia Soto Arroyo, 01-0875-0490.

117.- Franz Paniagua Mejía, 01-0634-0520.

118.- Ivannia Delgado Calderón, 07-0125-0539.

119.- Mercedes Muñoz Campos, 01-1009-0474.

120.- Erika Calvo Navas, 09-0087-0465.

121.- Sharin Acuña Ruíz, 01-1261-0276.

122.- Ana Raquel Salas Bolaños, 01-1400-0194.

123.- Rosaura García Aguilar, 01-0626-0862.

124.- Maureen Iong Ureña, 01-0815-0990.

Jueces y juezas del Juzgado de Cobros del II Circuito Judicial de San José

125.- Susana Mata Gómez, cédula 113870756.

126.- Jenny Corrales Torres, cédula 113090580.

127.- Giovanni Morales Mora.

128.- Fiorella Guzmán Valerio, cédula 114750195.

129.- Isabel Castillo Navarro.

130.- María Vargas González.

Jueces y juezas de Corredores

131.- Andrea Arauz Cabrera, cédula 603190013, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

132.- Irma Zúñiga Rodríguez, cédula 113810733, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

133.- Doni Pantón Moya cédula 701210171, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

134.- Luis Guillermo Miranda Blanco, cédula 502900998, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

135.- Yamila Ulate Young, cédula 109250150, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

136.- Kenneth Monge Palma, cédula 701640503, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

137.- Víctor Rivera Mora, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

138.- Diana Vargas B., Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

139.- Lester J. Villalobos Gallardo, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

140.- Melany Valdés Duarte, cédula 603410804, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

141.- Gregory Chinchilla Lázaro, cédula 604150634, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

142.- Catiana Delgado Trujillo, cédula 603230543, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

143.- Yolanda Venegas Caballero, cédula 602700438, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

144.- Sergio López Arias, cédula 205310810, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

145.- Alicia Anchía Delgado, cédula 110060573, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

146.- Daniel Venegas Carrillo, cédula 604110174, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

147.- Seidy Ugalde Almengar, cédula 602440918, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

148.- Wilbert Vallecillo.

Foto: UCR

Respuesta de magistradas y magistrados:

Oficio-a-Presidencia-emergencia-Covid-19.pdfDescarga

Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • Estudio describe el mecanismo por el cual se logra una ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República

Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Solís señaló que su texto es producto de la institucionalidad que representa la Universidad, desde la cual es posible contar con el espacio y soltura de la academia y producir investigación de este tipo, la cual puede ser base para lograr transformaciones necesarias. «Después puede ser difícil», advirtió el académico (foto: Anel Kenjekeeva).

“Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, señaló el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez al resumir lo descrito en el libro Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), del investigador Manuel Antonio Solís, presentado el pasado 8 de agosto de 2018, en la Facultad de Derecho.

El documento de 500 páginas evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran concertar voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República.

El engranaje se revela a partir del estudio de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los diputados de la Asamblea Legislativa. Tales designaciones se realizan con procedimientos que cambian de forma constante y que se acomodan a los candidatos de preferencia.

El autor de la investigación, liderada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), señaló que los procesos para elegir a los magistrados son “perfectamente legales” e, incluso, calificados de procesos democráticos, pero advierte que también son procesos completamente incomprensibles para la ciudadanía.

¿Por qué se terminó eligiendo a quien no participó del proceso de elección?, ¿por qué el de mayor puntaje no queda electo?, ¿por qué los candidatos hacen lobby político para ser elegidos y qué negocian con los diputados en esos espacios?

Solís explicó que contrario a los procesos de elección popular, como las votaciones que se realizan para decidir quiénes ostentarán el poder ejecutivo y el legislativo (de las cuales todos nos sentimos de alguna manera orgullosos), las designaciones de los magistrados de la República reflejan un caudillismo y opacidad.

Portada del libro: Costa Rica: La democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos) (foto: Anel Kenjekeeva).

Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación.

Información reveladora en el momento preciso

El libro de Solís sale a la luz pública justo en un momento en que hay ocho nombramientos de magistrados pendientes, designaciones que serán resueltas por los actuales miembros de la Asamblea Legislativa. Este es un hecho relevante, señaló el exmagistrado Arroyo, pues quienes sean electos van a aplicar la Ley en Costa Rica, seguramente por los próximos 20 años.

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez denunció que el nuevo procedimiento de nombramientos que usará la actual Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa da un 40% del total del proceso selectivo a la entrevista. Arroyo consideró que este era un porcentaje muy amplio de uso subjetivo, el cual se ha utilizado en otras ocasiones para desvalorizar los criterios objetivos de la selección (foto: Anel Kenjekeeva).

En esta oportunidad, la Asamblea realizará las designaciones con, otra vez, un nuevo procedimiento, el cual le ha dado a una entrevista subjetiva el valor de 40%.

Tampoco este nuevo procedimiento cumple con los estándares internacionales que se siguen para proteger la independencia de los tres Poderes de la República.

El estudio, igualmente, logra profundizar en toda la institucionalidad costarricense; en particular, trabaja los límites de la llamada división de poderes y la reivindicación fundamental de la tradición liberal republicana desde el siglo XVIII.

La abogada y politóloga Sara Barrios Rodríguez cometó que la ciudadanía debe enterarse de quiénes son y cómo piensan los que se encargan de la aplicación de la justicia en el país; además, debe controlar y opinar sobre ello (foto: Anel Kenjekeeva).

Tres explicaciones

Manuel Antonio Solís, autor del libro e investigador del IIS-UCR, reconoce que toda esta construcción de vínculos entre los distintos poderes tiene su génesis en la lucha bipartidista entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, en los años 80 y 90.

De igual modo, advierte que este mecanismo es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de “uno para ti y otro para mí”.

Audiencia del 8 de agosto de 2018, en el miniauditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, durante la presentación del libro: “Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” (foto: Anel Kenjekeeva).

La reforma en los 90 al reglamento de nombramientos buscó profesionalizar de alguna manera este proceso y ser una respuesta al claro malestar dentro del Poder Judicial sobre estas designaciones. También, la misma apertura económica del país obligó a cambios solicitados por los organismos internacionales.

Sin embargo, en Costa Rica aún no hay una reforma clara en este sentido. Al respecto, los comentaristas de la investigación, la Dra. Sara Barrios y el exmagistrado Arroyo, aseguraron que solo una profunda transformación de la política dominante puede solventar estas repudiables relaciones entre los poderes de la República.

El llamado es a despertar una ciudadanía vigilante, que desde mucho sectores cuestione a los diputados sobre quiénes serán nuestros magistrados. En momentos de una gran discusión nacional sobre temas polémicos, es necesario saber qué piensa un futuro magistrado sobre el aborto o sobre el matrimonio igualitario. La abogada y politóloga Sara Barrios recordó que ningún sujeto (solo por el hecho de serlo) es objetivo y, ante esa realidad, la ciudadanía debe conocer a quienes le juzgan.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Fuente original: https://www.ucr.ac.cr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Lucha social y criterio jurídico complican plan fiscal del gobierno

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Entre sábado 29 y domingo 30 de setiembre las organizaciones sindicales que forman parte de la Unidad Sindical acordaron no aceptar el documento de arreglo con el gobierno, que proponía el inicio de una comisión de diálogo sin garantizar que el actual expediente 20,580 sería modificado. Eso implica, como ha circulado en redes digitales, que la huelga continúa.

A ese panorama de lucha social se suman acciones en el campo jurídico, como la presentación de un recurso de amparo por parte de pueblos indígenas por la ausencia de consulta sobre un tema que les afecta, esto, acorde con el Convenido 169 que Costa Rica firmó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este documento, compartido en redes digitales, puede consultarse aquí:

Recurso de Amparo de Laura Espinoza Bejarano

A lo anterior, siempre en el campo jurídico, se suma el criterio ya conocido en torno a que el trámite del plan fiscal no ha seguido la ruta correcta, pues al afectar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial requiere mayoría calificada (38 votos) y por tanto no se puede aplicar la llamada vía rápida que ha seguido el proyecto.

En este enlace del Semanario Universidad puede conocerse a fondo este tema:

https://semanariouniversidad.com/pais/criterio-de-la-corte-que-podria-traerse-abajo-la-reforma-fiscal/

SURCOS ha publicado material didáctico acerca de este tema, para localizarlo en nuestra página puede utilizar el buscador con las siguientes palabras clave: material didáctico fiscal.

Poder Judicial se compromete ante representantes de pueblos indígenas de la Zona Sur a investigar judicialmente la impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • EL PASADO VIERNES 24 DE AGOSTO LA COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PODER JUDICIAL SE COMPROMETIÓ, ANTE REPRESENTANTES DE PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ZONA SUR, A INVESTIGAR JUDICIALMENTE LA IMPUNIDAD PRESENTE EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS-TERRITORIOS
  • COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES PIDEN QUE LOS CASOS DENUNCIADOS SEAN LLEVADOS A LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y SE ESTABLEZCAN LAS SANCIONES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES

 

6 de setiembre 2018. Desde el 23 de enero de 2018 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, se dio a la tarea de gestionar una reunión con el Poder Judicial. Cita que pretende contribuir a la lucha por el acceso a la justicia de pueblos indígenas y a disminuir la impunidad presente en los ataques que sufren estos pueblos a raíz del proceso legítimo y legal de recuperación de tierras-territorios indígenas.

Esta reunión fue realizada el viernes 24 de agosto en Buenos Aires. A ella asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba, representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba, distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, la fiscalía, la Contraloría de Servicios y otras instancias del Poder Judicial de la Zona Sur y Carmen María Escoto, quién además de coordinar la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas.

Asimismo, las personas indígenas interpelaron a las autoridades en relación a la imposición que representa las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) para los pueblos indígenas que cuentan con otras formas organizativas y tradicionales, como lo son los Consejos de Mayores y Mayoras, Consejos Territoriales, entre otras. Otro de los aspectos denunciados corresponden a la acción y omisión cometida por las personas funcionarias judiciales de Buenos Aires; entorpeciendo el acceso a la justicia para los pueblos originarios.

Todas las denuncias expuestas en la reunión fueron presentadas en documentos que quedaron en manos del Poder Judicial. Ente que se comprometió a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados.

Ante ello, reiteramos nuestro compromiso con la lucha de los pueblos indígenas y su proceso de recuperación de tierra y territorio y denunciamos, nuevamente, la impunidad sistemática presente en el proceso. No es posible que la dignidad y el acceso a la justicia sea negada a los pueblos indígenas.

 

Para mayor información: Felipe Figueroa (Territorio de Salitre) 8409-9129, Elí Ortiz (Territorio de Cabagra) 8587-1496, Dinora Estrada (Territorio Rey Curré) 8793-5004, Robert Morales (Territorio recuperado Crun Shurin) 8699-4843.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra

Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre

Consejo Regional Indígena Pacífico Sur de Yimba Cajc (Rey Curre)

Consejo de Mayores Broran de Térraba

Recuperadores Nasö Broran de Finca Crun Shurin

Comité de parceleros de Finca San Andrés

Cootraosa R.L

Comité por la tierra de Finca Chnguina.

Voces Nuestras

Ditsö

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Nery Chaves.

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Comunidades indígenas se reúnen con Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Derechos.

Hoy viernes 24 de agosto de 2018, delegados de organizaciones y comunidades indígenas del sur del país, que asisten a la Coordinadora de Lucha Sur Sur, participaron en una sesión de trabajo con la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial.

Próximamente se darán a conocer los detalles y resultados de esta importante reunión.

 

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Voces Nuestras.

Ditsö.

 

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Marcha: El pueblo soberano al rescate del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Derechos.

Enterremos la impunidad y la corrupción

 

El pasado 21 de julio se realizó en la Plaza de la Cultura, al acto: El pueblo soberano al rescate del Poder Judicial. Enterremos la impunidad y la corrupción.

La marcha fue convocada por el Movimiento Ciudadano por la Dignidad Nacional y se realizó con la finalidad de poner en evidencia a las y los magistrados que se opusieron a una sanción correcta de los 4 magistrados de la Sala III y se entregó un manifiesto con las principales acciones que deberán tomarse para que los y las costarricenses podamos volver a confiar en este Poder de la República.

Compartido en redes digitales digitales por Adri Herrera y otras personas.

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Convocatoria: El pueblo soberano al rescate del Poder Judicial. Enterremos la impunidad y la corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Se convoca a la ciudadanía a que asista este próximo sábado 21 de julio a las 10 a.m. en la Plaza de la Cultura, al acto: El pueblo soberano al rescate del Poder Judicial. Enterremos la impunidad y la corrupción.

Será un acto en se llevará un ataúd hasta la plaza de la Justicia con fotos de corruptos y 10 con signos de pregunta en representación de los 10 votos secretos de los magistrados que se opusieron a una sanción correcta de los 4 magistrados de la Sala III y se entregará un manifiesto con las principales acciones que deberán tomarse para que los y las costarricenses podamos volver a confiar en este Poder de la República. Durante el acto habrá oportunidad para la participación de público y de artistas nacionales.

 

CONVOCA: Movimiento Ciudadano por la Dignidad Nacional.

ORGANIZAN: Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros; Estado Laico CR; FEITEC 80s; Sitrajud (pc); Sindicato OIJ (pc); entre otros.

Marcha por el rescate del Poder Judicial
Imagen compartida en redes sociales.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ucr.ac.cr

Circulado en redes sociales y enviado por Romano Sancho y Flora Fernández.

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Territorios Seguros participó en Taller para la co-creación del Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El 7 de junio estuvimos en el evento organizado por el Poder Judicial denominado

Taller para la co-creación del Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta con la participación de la experta de EUROsociAL+, Sandra Elena Sanz.

Allí se reconoció nuestra labor, pero sobre todo debemos entender la responsabilidad que debe asumir la ciudadanía de dejar de quejarse y empezar a definir el rumbo político que debe tener nuestra institucionalidad.

La tarea que asume el Poder Judicial, no es más que el llamado a la ciudadanía a co-crear la política pública de lo que debe ser la justicia de nuestro país.

Territorios Seguros participo en Taller para la cocreacion del Plan de Accion
En la foto se aprecia al magistrado Román Solís durante su intervención. El alto juez es un impulsor de la participación ciudadana.

 

Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos Rojas.

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Los Territorios Seguros no dejan de estar en actividad

Escrito en . Publicado en Comunidad.

los-territorios-seguros-no-dejan-de-estar-en-actividad2

Esta semana estuvimos invitados al Congreso Internacional de Justicia Abierta, organizado por el Poder Judicial.

Ahí hicimos varios contactos internacionales y pudimos conocer los argumentos que maneja el Poder Ejecutivo y el Legislativo al respecto. Fue sumamente interesante.

Doña Zarella nos mostró su reconocimiento por la labor que desempeña la Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.

Los Territorios Seguros de Los Veteranos de San Gerardo de La Rita, organizaron una actividad para festejar a los niños el domingo 4 de diciembre; contaron con el apoyo del comercio y de ciudadanía que se identifica con el proceso.

La señora alcaldesa ofreció su apoyo, sin embrago al final no se concretó.

También el Territorio Seguro Cocles, consecuente con su responsabilidad de darle un giro al Centro Educativo, se hicieron presentes a limpiar y chapear las áreas verdes, tarea que no había sido realizada por la Junta de Educación y la anterior directora que fue suspendida.

 

Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos de Territorios Seguros.

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