Juan Huaylupo
Reflexionar sobre la política y lo político es importante para conocer la situación por la que atraviesan las sociedades que inciden sobre la calidad de vida ciudadana y su futuro cercano, no obstante, constituye una tarea que semeja a navegar contra corriente por haberse construido significaciones conceptuales superficiales y arbitrarias que son útiles y funcionales al quehacer estatal y sus protagonistas. La exploración de dos conceptos que tienen una aparente semejanza, sobre una realidad compleja y cambiante que se redefinen permanentemente su significación, es una labor que será parcial y relativa que solo pretende ser una fundada y breve aproximación interpretativa.
La política tiene una común concepción en el espacio mediático, en la cotidianidad conversacional, como en el académico y estatal que están asociadas regularmente con el quehacer de diputados, gobernantes y de aquellos que detentan un poder determinado que decide, aprueba e impone sus disposiciones, desde el aparato estatal o comunitario, dirigidas hacia los ámbitos sociales de sus poderes, independientemente de su planificación o actuación autocrática.
Desde ese punto de vista, creer que la política es una hechura de quienes se les otorga la espuria capacidad para imponer obediencia a la ciudadanía violentando, sus derechos y liquidando la institucionalidad en el ámbito de su función pública, es una arbitraria concepción que niega y falsifica la política en las sociedades. La política no es la actuación de los políticos en la sociedad. Esa concepción dominante no solo está alejada de los intereses ciudadanos y del desarrollo nacional, también ignora la significación analítica sobre el poder, la representación y legitimidad social, así como desconoce el rol del Estado en la diversidad social y las raíces históricas y culturales de cada sociedad.
La política representa un poder, pero no todo poder es política. La política es una facultad ciudadana que emana de la igualdad de derechos que fundamenta la constitución unitaria y plural de la sociedad civil, de lo no estatal, que define, delimita y supedita la función estatal (sociedad política). En una sociedad y Estado de derecho, nunca será política ni democracia, lo que se pretende y hacen aquellos que usurpan, arbitraria y autocráticamente el poder contra el soberano: el pueblo. Esa significación y práctica usada por el Estado y sus funcionarios institucionales sobre la política, omite la participación, las necesidades y anhelos ciudadanos, es la asociación de la política con el ejercicio autocrático del poder que se arroga la representación de una colectividad que desconoce y niega. Las políticas de Estado no son creaciones desde ese poder, son mandatos ciudadanos que deben ser ejecutados estatalmente con su institucionalidad pública.
La demagogia de los pseudos representantes de la ciudadanía, afirman por doquier ser democráticos y hacer política pública, cuando favorecen y protegen a empresarios en su explotación cotidiana, la corrupción en las funciones públicas y al amparar a las mafias que saquean las arcas estatales, así como se enriquecen desfalcando los recursos existentes y pretendiendo perennizarse en el poder. Evidentemente, ello es una actuación privada que niega la política y lo público, para ser la manifestación dictatorial de encomenderos del poder de una clase sobre la pluralidad social.
La expresión y significación de la política procede etimológicamente de la palabra griega polis, que representa la unidad social de una comunidad administrada bajo la supeditación del pensamiento, decisión y actuación colectiva por el bien común. Se podría afirmar que la expresión polis, fue pionera de lo que hoy se denomina sociedad civil y de lo público, de lo común a todos, pero también sintetiza el papel dependiente de la administración de las decisiones comunes, atributo por lo cual las poleis son conocidas como ciudades-Estado. La política es una práctica estatal dependiente, nunca autónoma, de los requerimientos ciudadanos que garantizan un orden particular de la representación social, diversa y múltiple, en el marco de las relaciones de poder construidas histórica e institucionalmente. Las políticas no son medios para legalizar dictadores ni los parlamentos son instrumentos para erigirlos.
Imaginar que los Estados son monarquías que poseen todo el poder en la sociedad, es indudablemente una regresión cognoscitiva digna de ignorantes, que creen haber viajado al pasado para imitar L´État c´moi de Luis XIV, en la Francia absolutista de 1655. En la actualidad no son pocos quienes electos o designados con leyes indignas, o impuestos violentamente, se creen emperadores en nuestras sociedades y el mundo. Suponen que los gobernados solo son objetos y no sujetos del poder, una aberración que contraviene lo público, la democracia y el conocimiento. La autarquía estatal es la visión utópica de los dictadores.
La transgresión estatal contra el bienestar de los protagonistas de la sociedad civil son violaciones a la propia constitución moderna del Estado. La pretensión de reeditar caducas regresiones oligárquicas y colonialistas nos condenan a eternas guerras por territorios, riquezas, dominación cultural, ideológica o religiosa, que la historia ha conocido y que desaparecerán liquidadas por sus contradictorias obsolescencias. Las manijas de la historia son implacables contra los ignorantes que caricaturizan el pasado en el presente. No obstante, no es posible omitir la posibilidad, en la actual modernidad tecnocrática, el convertir las sociedades en inventados objetos técnicos que sustituyan las relaciones sociales y la humanidad.
La desinformación mediática de los poderes en Latinoamérica y particularmente el costarricense ha creado un círculo perverso que falsifica la realidad y pretende deslegitimar toda ilusión, esperanza e identidad social, a la vez que otorga protagonismo a anodinos personajes, que sin principios tienen en los medios la razón de su existencia en los poderes del Estado. La alianza de las publicaciones privadas con autócratas gubernamentales y empresariales ha concentrado y centralizado las especulaciones y las falsas noticias contra las expresiones del sentir y demandas ciudadanas, como un intento de erradicar toda crítica a su quehacer y práctica, así como para imponer determinadas interpretaciones. La manipulación monopólica de la información muestra la utilidad de lo inútil, al construir un mundo ficticio donde, inmune e impunemente, se actúa contra la ciudadanía, su organicidad y la reconstrucción social del Estado.
Lo político. La afirmación de Aristóteles “El hombre es un animal político”, a la que también Julien Freund (1968) hace referencia, entre otros, está circunscrito a la diversidad de intereses, pensamientos y compromisos existentes entre de los individuos propietarios y libres, o del antagonismo existente en un contexto heterogéneo, desigual y conflictivo. Así, lo político es el espacio identitario e igualitario de las contradicciones de clase que se manifiestan entre individuos en la dinámica interactiva constructiva-deconstructiva entre los actores de cada sociedad.
Asimismo, el vivir en una sociedad heterogénea permite reconocer e identificarse con lo que se valora entre lo igualitario o lo desigual, de lo deseado o despreciado, de lo justo o injusto, que permite diferenciarse de los otros, que crea separaciones, disensos o conflictos, así como el reconocimiento del compañero y amigo del adversario o enemigo, sin que ello implique el dirimir el destino de las polis, que determina y particulariza la conformación de grupos de interés y jerarquías en las relaciones sociales, a la vez que consolida lo político y su dinamismo, que construye la política.
El interés común de la política tiene su correspondencia con lo político o, dicho de otro modo, de la interacción entre distintos grupos de interés que deberán negociar y descifrar lo común en la heterogeneidad social, para compartir una vida y un devenir propio, ante la absurda posibilidad de aniquilar a los otros y su propia existencia. Los enfrentamientos contemporáneos en el ámbito político, en muchos casos, no están protagonizados por diferenciaciones sociales formales y legales, sino por relaciones delincuenciales, como manifestaciones dramáticas de poderes ilegales que monopolizan los sucesos, que acallan la diversidad social en la construcción de políticas por el bien común. Este fenómeno relativamente nuevo en nuestros países se impone con la radicalidad de la inmunidad e impunidad de la burocracia policial y judicial estatal, en colusión con el mundo financiero y los poderes imperiales.
Así, en el ámbito costarricense y geoestratégico, se ha erradicado la política al privilegiar a la clase del sistema, contra los subalternos, así como se liquida lo político al ignorar estatalmente a los distintos y desiguales intereses que interactúan en una mutua y desigual existencia social. La ceguera del omnipotente solo ve el triunfo de sus imposiciones coyunturales, pero no imagina su destrucción estructural ante la liquidación de su contraparte existencial.
En este contexto de equilibrio catastrófico de profunda diferenciación e inequidad social, el ente estatal que es el mediador y regulador de la inequidad y desigualdad de la sociedad tiene la obligada responsabilidad de establecer o imponer el interés general con las políticas públicas o políticas de Estado, en el ámbito del poder de la institucionalidad pública. Sin embargo, las orientaciones y acciones neoliberales desde segunda mitad del siglo pasado al presente han evidenciado la agudización de los desequilibrios, la pobreza y los antagonismos sociales, a la vez que muestra fehacientemente su fracaso político global y la eliminación del papel protagónico estatal en la sociedad.
En la actualidad el camino global ha sido trasado e iniciado con la guerra fascista, como una opción elegida por el imperio para establecer un único poder, o como un impotente recurso suicida contra las sociedades y la humanidad.
