Ir al contenido principal

Etiqueta: política fiscal

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Fernando Rodríguez Garro.

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

Entre la espada y la pared… de una cárcel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.

Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.

Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.

Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.

Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.

Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.

Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!

Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.

Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.

En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.

Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.

¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Desde la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Vinicio Sandí Meza y Sharon Recinos Carvajal realizan el análisis “Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social”.

El análisis se encuentra dividido en 10 capítulos, que abarcan aspectos de la política monetaria y fiscal de Costa Rica, eficiencia del estado, política social inclusiva, competitividad en los sectores productivos y la generación de empleos por medio de las energías renovables y la descarbonización de la economía.

Los autores realizan su reflexión desde dos premisas: en primer lugar, afirman que las crisis se traducen en una excusa o una oportunidad para quien las sufre y, en segundo lugar, concluyen que la reactivación económica se debe enfocar en una visión dirigida a crear las condiciones para estar una situación mejor que la situación previa a la pandemia.

Esta investigación es un gran aporte a las estrategias de recuperación nacional y regional post pandemia, ya que plantea que será fundamental que las personas encargadas de diseñar política pública, encuentren un balance tridimensional hacia el desarrollo económico y social. Sugieren un equilibrio entre:

  1. El modelo de desarrollo económico (fortalecer y dinamizar la matriz productiva)
  2. Las políticas fiscales (saneamiento de finanzas públicas y reducción de la deuda) y
  3. Las políticas de inversión social (mantener el Estado Social de Derecho y la paz social), bajo los principios de igualdad, equidad de género y sostenibilidad.

Sobre las personas autoras y la Fundación

Vinicio Sandí Meza es: PhD en Economía para el Desarrollo, de la Escuela de Ambiente, Desarrollo y Sociedad de la Universidad Nacional de Malasia y tiene 18 años de experiencia como Académico e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Sharon Recinos Carvajal: es investigadora, analista y docente universitaria. Es egresada del Posgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), con anteproyecto de tesis aprobado. Bachiller en Economía de la misma universidad.

Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung: Ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. El Proyecto Transformación Social Ecológica y el Proyecto Juventudes Progresistas, son los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central.

Para más información usted puede ingresar a https://americacentral.fes.de/

Además, puede leer el análisis completo en el archivo adjunto.

FES-ESTUDIO-Efectos_Pandemia-Matriz-ProductivaDescarga

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

CongelamientoPensionesDescarga

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.

UCR: Una política fiscal que minimice su efecto entre los más pobres

Escrito en . Publicado en Derechos.

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Bajar el Impuesto al Valor Agregado y modificaciones en los tramos del impuesto de renta podrían generar montos significativos de recaudación

Según el IICE de la UCR, una reducción de la Canasta Básica Tributaria acompañada de la disminución del Impuesto al Valor Agregado puede generar una significativa recaudación adicional que aliviaría las finazas públicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

La pandemia por COVID-19 ha obligado a todo el mundo a someterse a períodos de cuarentena en los que la actividad económica disminuye significativamente, con sus efectos directos en el empleo y en la recaudación de impuestos. Costa Rica debe sumar a esta situación global su propia historia reciente en relación con los tributos. Luego de muchos años de intentos infructuosos para contar con una reforma tributaria, el actual Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a criterio de propios y extraños, no alcanza para llenar las crecientes necesidades del Presupuesto Nacional de la República.

Con vacunas o sin ellas, la pandemia parece que se quedará por mucho más tiempo con la humanidad y, con ello, las consecuencias adversas en la actividad productiva y en el erario público. Es por ello que el Gobierno de la República realizó una propuesta de financiamiento mediante el Fondo Monetario Internacional y la instauración de nuevos impuestos que, en primera instancia, fue rechazada por diversos sectores sociales. A partir de ahí, se propusieron mesas de diálogo para explorar vías alternas al endeudamiento externo para sobrellevar la crisis fiscal.

Ante esta coyuntura, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dio a la tarea de valorar escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, con la finalidad de realizar un aporte a la discusión nacional sobre el tema tributario. Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos fundamentales: progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.

Bajar el IVA, no aumentarlo

En torno al IVA se analizó el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, y de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, dado que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.

De acuerdo con el documento generado por el IICE, “la modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso”. De esta manera, quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello. Además, en todos los escenarios estudiados, la educación privada pagaría la totalidad del IVA y los productos y servicios que se mantienen dentro de la Canasta Básica Reducida siguen pagando el 1% del IVA.

Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.

A simple vista, pareciera que el mejor camino es mantener el IVA en 13% reduciendo la canasta básica tributaria e incluyendo a la educación privada en el pago completo de este gravamen. Sin embargo, el análisis realizado por el IICE se inclina más por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.

“La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)”, destaca el documento.

Esto queda más claro al observar el siguiente gráfico, donde la población está distribuida en 5 grandes grupos de acuerdo con sus niveles de ingreso. Estos grupos se denominan quintiles. Si bien en todos los casos los quintiles con mayores ingresos (azul y amarillo) aportan más a la recaudación adicional, el efecto sobre los quintiles con menores ingresos (rojo y naranja) es menor al aplicar un IVA del 11%.

Cortesía de Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Impuesto sobre la renta

De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas para el impuesto sobre la renta buscan un mayor nivel de progresividad, de forma que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.

Es así como se propusieron dos escenarios: uno donde se aplica una tasa de 30% a los ingresos por encima de los 5.5 millones de colones y donde se agrega un tramo para ingresos en exceso de 7 millones de colones, sobre los que se cobraría una tasa del 35%. Esta modificación generaría una recaudación adicional de más de 19 mil millones de colones.

El otro escenario aplica una tasa de 25% a ingresos superiores a 3 244 001 colones y hasta un total de 4 325 000 colones. Ingresos superiores a este último monto y hasta 5.5 millones de colones pagarían un 30%. A ingresos superiores a 5.5 millones de colones se les aplicaría una tasa del 35%. Esto generaría una recaudación adicional anual de más de 35 mil millones de colones.

Cortesía del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

De esta manera, al combinar un IVA del 11% con una Canasta Básica Reducida y el segundo escenario del impuesto de renta, el Estado obtendría más de 94 mil millones de colones de recaudación adicional. Esa cifra podría duplicarse si se mantiene la segunda propuesta del impuesto sobre la renta unida con un IVA del 12%.

“El IICE comprende que la tarea de manejar un país en las actuales condiciones de pandemia constituye una labor totalmente inédita y que acarrea dificultades de enormes proporciones. También el IICE tiene claro que el proceso actual ha generado consecuencias lamentables para una parte importante de la población y que el establecimiento de nuevos impuestos puede afectar a algunos sectores de la población. Sin embargo, la opción de reducir el IVA genera un beneficio considerable para un sector amplio de la población”, concluye el documento.

Puede consultar el documento de propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/INYu

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Solicitan que UCR considere desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como tema de interés público y promueva un debate

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por la doctora Juliana Martínez Franzoni y el doctor Mauricio Castro Méndez a las autoridades de la Universidad de Costa Rica:

San José, 25 de agosto de 2020

Señor
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Señores y señoras
Miembros
Consejo Universitario

Asunto: Solicitud para que la UCR considere la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como un tema de interés público y promueva un debate nacional al respecto, a la luz e los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica.

Estimadas/os señoras/es,

Quienes suscriben, Juliana Martínez Franzoni y Mauricio Castro Méndez, les saludamos respetuosamente y trasmitimos nuestra enorme preocupación en atención a información que ha circulado en el ámbito universitario en días recientes. Nos referimos concretamente a la investigación sobre la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza en el país, que se lleva a cabo desde la Universidad de Costa Rica (UCR).

Un vídeo recientemente elaborado por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la Universidad de Costa Rica con base en una investigación en curso por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), vincula la desigualdad con la política fiscal. Ello ha llevado a los grupos económicos poderosos a presionar a la UCR para rectificar la información elaborada por el medio universitario y a inmiscuirse en las fuentes utilizadas en la investigación. No referimos concretamente a la Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y a Steve Aronson, fundador de Grupo Britt.

Las generalizaciones hechas por la ODI así como las fuentes utilizadas en el marco del estudio aún en curso, pueden ser criticadas y mejorables. A las personas que se consideran afectadas les asiste el derecho de respuesta. No les asiste, en cambio, el derecho de presionar a la Universidad para que asume determinadas posturas y decisiones. Tampoco pueden atribuirse el papel de censurar qué y cómo se comunican resultados de investigación – para lo cual existe la evaluación experta entre pares.

El artículo 84 de la Constitución Política les otorga a las Universidades Públicas independencia para su funcionamiento. Además, el estatuto orgánico de la UCR establece como sus principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros. Por ello, si algo debe mejorar la universidad, esta tiene independencia y los principios necesarios para resolverlo por su cuenta y sin presiones externas.

Conocemos que FIFCO y Steve Aronson no sólo cuestionan la investigación en curso, sino que están desplegando una campaña en medios de comunicación y ejerciendo fuertes presiones para que ustedes como autoridades universitarias y, en nombre de la universidad, tomen determinadas posturas y decisiones. Se trata de una situación que consideramos inaceptable. Ojalá esta misma energía y este mismo cabildeo se hiciera para contribuir a llevarle ingresos y esperanza al 24% de personas desempleadas y al 22% de personas subempleadas que hay actualmente en nuestro país.

Antes de tomar cualquier decisión en nombre de una Institución con 80 años de existencia, es necesario promover y realizar un debate nacional sobre este tema, de altísimo interés público, de manera de que la comunidad académica, incluyendo sus estudiantes, tengan oportunidad de participar, analizar y construir criterios compartidos sobre el tema en cuestión.

Suscriben atentamente,

Dra. Juliana Martínez Franzoni
Docente e investigadora
Especialista en política social comparada
IIS/CIEP
Universidad de Costa Rica

Dr. Mauricio Castro Méndez
Docente e Investigador
Especialista en Derecho Laboral Colectivo
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Voto al PAC

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin O. Ávila

 

Mi hijo me pregunta porqué criticamos al gobierno que elegimos la mayoría. Mi respuesta es que eso no significa darle un «cheque en blanco».

El presidente Carlos Alvarado sigue con nuestro apoyo general, aun cuando algunos de la oposición se quieran aprovechar de esta coyuntura crítica para su desprestigio.

Fue él quien decidió gobernar integrando a los demás partidos en su gestión. Ahora es él quien debe responder por sus resultados. Sabemos que le dimos el voto al PAC pero el presidente decidió colocar a Rodolfo Piza a la cabeza del Gabinete. Ahora, Piza parece ser quien define la política fiscal, después de la Asamblea.

Desde el fin de semana anterior observamos un cierre conceptual del proceso político desde el Ejecutivo. Sus pasos fueron denotando actitudes similares a los otros gobiernos centroamericanos, a excepción del nicaragüense, convertido en dictadura (los dictadores demócratas tienen una lógica, éste se sale de ella) Pero los gobernantes de Guatemala y Honduras siguen la misma lógica del actual en Costa Rica, ante las protestas sociales.

Nuestra policía, el miércoles por la noche actuó tal cual actúan las fuerzas represivas del gobierno hondureño. Eso no es solamente de investigar en sus hechos, sino en sus causas y saber si nuestra Policía está formada en escuelas similares a las de los países vecinos.

Como una persona educada en ciencias políticas, don Carlos Alvarado Q. debe saber que su prisa por aprobar un plan fiscal tenía altos costos sociales y políticos. Debió saber que esa crisis es herencia que el poder fáctico le dejó. Que adentro de su gobierno de unidad, hay jerarcas defendiendo los intereses de las élites económicas, cuyo liderazgo lo lleva su jefe de gabinete.

Ahora la sociedad trabajadora ha descubierto más favoritismos a la élite económica del cual se conocía hace una semana. Así que entre verdades y mentiras, se van descubriendo más privilegios, trampas y jugadas en que la institucionalidad tica ha venido participando y construyendo la injusticia fiscal, por años.

Ceder espacios para un diálogo multisectorial es propio de un gobierno verdaderamente democrático. De no hacerlo, aunque se vayan aprobando medidas parciales por injusticias evidenciadas, desde los circulos del poder (ahora al descubierto), Carlos Alvarado pierde una gran oportunidad de demostrar que no estuvimos equivocados al darle nuestro voto al PAC, pensando que es un político gobernando en beneficio de las grandes mayorías empobrecidas.

 

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/