La versión del Índice de Competitividad Nacional 2025 muestra una mejora de 1,7 puntos respecto a 2024, un resultado positivo, pero no estructural. El avance se concentra en telecomunicaciones y digitalización, mientras que las áreas más determinantes para el bienestar —seguridad, salud y educación— se han deteriorado o estancado.
Este crecimiento, por tanto, no puede interpretarse como un logro del gobierno de turno, sino como el resultado acumulado de políticas de largo aliento y de la inversión privada en infraestructura digital. La recuperación del índice es frágil, desigual y territorialmente concentrada.
Tras cinco ediciones del ICN, los hallazgos son claros: 1. Costa Rica tiene una competitividad baja y estable, sin variaciones estructurales significativas. 2. La desigualdad territorial es persistente: las regiones costeras y fronterizas siguen rezagadas en salud, educación y empleo. 3. La seguridad es el principal obstáculo al desarrollo territorial y la inversión. 4. La infraestructura eléctrica y vial encarece la operación productiva, limitando el crecimiento de las PYMEs. 5. La digitalización es la mayor fortaleza nacional, pero su impacto será limitado si no se acompaña de mejoras en el capital humano.
Las desigualdades territoriales muestran un país de dos velocidades, la competitividad costarricense se comporta como un sistema dual. Por un lado, los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) mantienen niveles de desempeño por encima del promedio nacional; por otro, los cantones costeros y fronterizos continúan rezagados y estancados.
La GAM concentra el 80% de los cantones con mejora sostenida, mientras que las costas apenas muestran cambios. En los cantones costeros, la baja competitividad se asocia con déficits en infraestructura, seguridad y acceso a la educación técnica, factores que dificultan atraer inversión y generar empleo formal.
Por provincia, el contraste es aún más marcado. Heredia, Cartago y San José se consolidan como polos competitivos, mientras que Guanacaste y Puntarenas acumulan los mayores rezagos. En Guanacaste, el ICN cayó por segundo año consecutivo, impulsado por un deterioro en salud y en el sector construcción. Su tasa de mortalidad infantil pasó de 7,4 a 12,1 por mil nacidos entre 2023 y 2024, un salto sin precedentes en el país.
Mientras tanto, los cantones con mayor pérdida de competitividad (San José, Nicoya, Nandayure, Bagaces y Coto Brus) concentran los efectos de la inseguridad, el desempleo y el aumento del costo de vida.
La educación presenta una doble realidad: avances cuantitativos, pero persistencia de brechas cualitativas y territoriales, siete de cada diez jóvenes en cantones rezagados —como Matina, Garabito, Talamanca, Los Chiles y Río Cuarto— no han terminado el colegio. (CPC, Resumen Ejecutivo del índice de la Competitividad Nacional 2025).
La competitividad costarricense tiene rostro territorial: avanza en el centro, se estanca en las costas. Esa afirmación se constata al observar que de los 25 cantones, que tienen el menor índice de competitividad nacional, 24 son de las regiones periféricas y sólo 1 se encuentra en la GAM., mientras que de los 24 cantones periféricos, 9 son costeros, 7 son fronterizos y 8 son rurales, destacando Garabito que es el cantón de menor índice de los 82 cantones (en el índice anterior era Talamanca) y entre los 10 de menor índice, están en orden descendente: Los Chiles, Buenos Aires, Jiménez, Talamanca, Corredores, Abangares, Guatuso, La Cruz, Coto Brus y Garabito, de los cuales 3 son de la región Brunca, 2 de la región Huetar Norte, 2 de la región Chorotega y 1 de las regiones Atlántica, Pacífico Central y Central.
Muchos de los cantones mencionados de las regiones periféricas también, están entre los 10 de menores índices por pilar o componente, así en el pilar de Instituciones o desarrollo institucional, Garabito es el de menor índice, seguido de la Cruz, Golfito, Quepos, Guácimo, Siquirres, Puntarenas, Bagaces, Nicoya y Osa, mientras que en el pilar de Infraestructura, el menor índice lo tiene Guatuso, seguido de Upala, Coto Brus, Jiménez, Alvarado, Abangares, León Cortéz, Nandayure, los Chiles y Buenos Aires.
En tanto en acceso a las TICs, Talamanca tiene el menor índice, seguido de Siquirres, los Chiles, Buenos Aires, Coto Brus, Matina, Nandayure, Sarapiquí, Upala Y Bagaces, en el pilar Salud, el de menor índice es Limón, seguido por Coto Brus, Turrialba, Corredores, Garabito, La Cruz, Dota, Zarcero, Bagaces y Golfito y finalmente en el pilar de Dinamismo de mercados, el de menor índice es Guatuso, seguido por Osa, Aserrí, Quepos, Parrita, Montes de oro, Hojancha, La Cruz, Turrubares y Coto Brus.
Este fenómeno de los menores índices de competitividad en cantones costeros, fronterizos y rurales ha sido señalado en los informes anteriores del Índice de Competitividad Nacional, así en el del 2023, la mayoría de los cantones con desempeño limitado o deficiente, formaban parte de los cantones costeros y fronterizos. Entre los considerados deficientes, 4 eran de Puntarenas y de la región Central y Brunca, 3 de Alajuela y la región Huetar Norte, 2 de Limón y la región Huetar Atlántica, y 1 de Heredia y la Huetar Norte, 1 de Guanacaste y la región Chorotega. (Masís, G, SURCOS Digital, enero,2024)
Igual que ahora, la medición del ICN, evidenciaba una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país, que “sigue un patrón de adentro hacia afuera” al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social. Esa es la realidad de las desigualdades en la competitividad de los cantones y las regiones del país, que es persistente y se confirma en el informe más reciente.
Imagen tomada de https://icn.cr/wp-content/uploads/2025/11/RESUMEN-EJECUTIVO-ICN-2025.pdf
El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.
Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.
Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?
La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.
No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.
Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.
Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.
Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.
Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.
Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.
Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.
Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:
eficiencia económica, flexibilidad del mercado, descentralización funcional, competencia regulada, incentivos de inversión, optimización de costos.
Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:
Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.
La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.
Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.
Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.
Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.
Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.
¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.
En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.
Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.
Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.
Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.
En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.
Referencias
Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.
Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.
Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.
Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.
Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.
Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.
Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.
Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.
La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.
Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).
Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.
Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.
Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.
Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.
También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.
La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia
Una alianza no se mide por su anuncio. Se mide por su impacto. Y el impacto solo se da cuando hay claridad de rumbo. El interés supremo debe ser uno solo: una Costa Rica de oportunidades reales para todos y todas. Sin exclusiones. Sin privilegios. Sin excusas.
Ser costarricense debe volver a ser sinónimo de orgullo. El orgullo de pertenecer a una sociedad que se cuida mutuamente, que entiende la interdependencia, que sabe que el bienestar colectivo es la única garantía de estabilidad duradera. No hay desarrollo posible en medio de la exclusión.
Una economía que crece sin distribuir, fractura la sociedad. Una política que promete sin cumplir, decepciona. Una alianza que duda en su propósito, fracasa. Ha de tener claro que el desarrollo no se sostiene sobre desigualdades extremas. Sin excepciones. Sin portillos. Sin privilegios ocultos.
«La política no puede seguir girando alrededor de la codicia. La solidaridad no es una debilidad. Es una fortaleza social.»
Lo que la alianza debe entender
La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia. Hay áreas de acuerdo: ese es su punto de partida. Pero existen también zonas grises, espacios delicados donde no se improvisa. Ahí se prioriza. El interés superior debe ser la brújula. Sin eso, las heridas internas serán inevitables.
Debe también redefinir al adversario. Los enemigos no son los partidos. Los enemigos a vencer son problemas nacionales: la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la crisis fiscal. Cuando la política se vuelve personalista, pierde sentido. Cuando se vuelve partidaria, pierde eficacia. La ciudadanía no quiere espectáculos. Quiere soluciones.
«No todo argumento técnico es neutral. No toda propuesta es inocente. Detrás de muchas agendas hay intereses económicos que no siempre coinciden con el bienestar del pueblo.»
Los diputados y diputadas deben comprender el problema fiscal en su raíz. No basta repetir consignas. Hay que entender causas. La evasión y la elusión tributaria no son fenómenos marginales: son estructurales, y tienen rostro. Comparar con los estándares de la OCDE y Europa no es opcional. Es obligatorio.
Deben valorar el mercado interno: el 70% de la producción se dirige a él. Es el corazón de la economía. Genera el 80% del empleo. Ignorarlo es un error estratégico. Debilitarlo, un suicidio económico.
Deben salir de los despachos. La política de escritorio desconecta. Escuchar no es un gesto simbólico: es una herramienta de diagnóstico. Nadie legisla bien desde el aislamiento. Nadie comprende la realidad sin pisarla.
Y deben rodearse bien. No bastan asesores formales. Se necesitan redes de conocimiento diversas, representativas, con voces que estudien, sinteticen y cuestionen. Sin pensamiento crítico, no hay política de calidad.
Quien más insulta no es el que tiene mayor razón, es quien cierra más puertas para llegar a acuerdos meritorios.
El cargo legislativo no otorga sabiduría. Otorga responsabilidad. Nadie lo sabe todo. Reconocer los propios límites es una virtud política. Ignorarlos es un riesgo.
Redefinir el éxito social
El crecimiento del PIB no basta. Las exportaciones no bastan. La inversión extranjera no basta. Los indicadores que importan son otros: mejores salarios, menor desigualdad, mayor escolaridad, empleo formal, dignidad para las personas adultas mayores, reducción real de la pobreza. El desarrollo se mide en vidas y bienestar de las personas, no en cifras macroeconómicas.
Las crisis crónicas que no pueden ignorarse
La Alianza debe mirar de frente las pandemias sociales crónicas de Costa Rica. Sin maquillajes. Sin evasivas.
200.000+
personas en viviendas precarias, expuestas al frío y la lluvia
240.000+
personas enfrentan hambre a diario
1.000.000
costarricenses bajo sobreendeudamiento con tasas de hasta 51% anual
215.000+
personas adultas mayores sin ningún tipo de pensión
343.000+
personas esperan cirugía o cita con un especialista
567 días
espera promedio para atención médica especializada: más de año y medio
La progresividad tributaria no es ideología, es justicia. Los privilegios tributarios no pueden ser eternos, quienes los disfrutan así son parásitos de la sociedad, tienen solo derechos sin deberes.
Esto no es coyuntural. Es estructural. Y nada de esto lo resuelve el mercado por sí solo. Se requiere política pública deliberada, inteligente, sostenida y valiente.
La Alianza tiene una oportunidad. Puede ser un punto de quiebre o una anécdota más. Puede elevar la política o reproducir sus vicios. Puede devolver esperanza o profundizar el desencanto. El país observa. Y espera.
Porque al final, la política no se juzga por sus discursos. Se juzga por sus resultados. Y Costa Rica ya no tiene tiempo para intentos fallidos.
Que la Alianza Opositora encuentre la claridad, la valentía y el carácter para anteponer el bien común. Costa Rica espera de ella no promesas, sino actos. No gestos, sino transformación. La hora de la decencia y las oportunidades reales es ahora, o no será.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) emitió un comunicado en el que analiza críticamente la propuesta de nuevo Reglamento de Vida Silvestre impulsada por el MINAE. Desde un enfoque técnico, científico y de defensa ambiental, la organización advierte sobre posibles retrocesos en la protección de la biodiversidad, cuestiona la falta de recursos para el SINAC y llama a una revisión profunda, participativa y fundamentada en evidencia científica antes de avanzar con la normativa.
SURCOS le comparte el comunicado de APREFLOFAS:
La propuesta planteada por el MINAE para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre busca derogar el actual reglamento, Decreto Ejecutivo 40548-MINAE de 2017.
El manejo de la vida silvestre debe ser planteado desde el conocimiento científico y dirigido hacia la conservación.
La propuesta del MINAE no incluye recursos financieros para el SINAC.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), fundada en 1985, en su condición de promotora y defensora de la protección ambiental ha desarrollado distintas acciones, estrategias y capacidades a lo largo de cuatro décadas, entre estas la educación ambiental, la investigación, el análisis técnico y jurídico de leyes y reglamentos en materia ambiental; y la difusión de conocimiento científico sobre la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre.
La normativa relacionada con vida silvestre (flora y fauna) se encuentra contenida principalmente en la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 y sus reformas) y en el actual Reglamento de Vida Silvestre, establecido en el Decreto 40548-MINAE de 2017.
El actual Reglamento de vida silvestre, Decreto 40548-MINAE de 2017
La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) entre los años 2015 y 2017, antes de ser oficializado, el reglamento fue presentado a consulta pública en el año 2017; dicho reglamento se compone de 231 artículos.
La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) tuvo además el apoyo técnico y los aportes de centros e institutos de investigación especializados en vida silvestre de la Universidad de Costa Rica (Jardín Lankester) y de la Universidad Nacional (ICOMVIS y Hospital de Especies Menores y Silvestres), colegios profesionales, especialistas en medicina veterinaria y organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre.
Desde su entrada en vigencia en el año 2017, el Reglamento actual ha generado disconformidad por parte de quienes prefieren una mayor apertura y uso comercial de la vida silvestre, especialmente de la fauna. En ese sentido, un total de ocho acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas desde 2017 contra el actual reglamento, todas ellas fueron declaradas sin lugar por la Sala Constitucional mediante las sentencias 2018-2844, 2018-4285, 2018-8413, 2018-18563, 2020-11171, 2021- 2185, 2021-3851 y 2024-25584.
Las limitaciones al comercio, la exhibición y la reproducción de especies de fauna bajo las distintas categorías de manejo establecidas en el Reglamento, fueron los principales reclamos resueltos por la Sala Constitucional en las sentencias antes mencionadas.
El proceso de un nuevo Reglamento
El 21 de octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante una convocatoria su sitio web puso a disposición para consulta pública el proyecto para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre, esa primera versión contenía 325 artículos y 22 anexos.
La consulta oficial para emitir criterios estuvo disponible hasta el 04 de noviembre de 2025 en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dado que la propuesta de reforma ha sido planteada desde el mecanismo de mejora regulatoria, el cual es coordinado y supervisado por el MEIC.
Una disconformidad recurrente durante este proceso de consulta, ha sido el plazo disponible de 10 días hábiles para hacer observaciones sobre un instrumento que versa sobre materia sumamente técnica, como lo es la conservación y manejo de vida silvestre. Estas disconformidades sobre el plazo de consulta fueron planteadas por colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre, investigadores e investigadoras, centros de investigación e institutos especializados en vida silvestre, entre otros.
En cuanto a las observaciones sobre el contenido de la primera propuesta presentada para consulta pública, distintos grupos de la sociedad civil, colegios profesionales, especialistas y distintas ONG emitieron aproximadamente 800 observaciones para revisión del MINAE.
Una de las observaciones más reiteradas por parte de la ciudadanía, visible en el expediente de consulta implicó cuestionamientos a la excepción a la tenencia cinco especies de aves silvestres de la familia de los psitácidos (Amazona autumnalis, Amazona farinosa, Brotogeris jugularis, Eupsittula canicularis, Psittacara finschi) y a la tenencia de Aras híbridas (lapas híbridas) contenida en el artículo 126.a (página 80) de la versión sometida a consulta pública; pese a los cuestionamientos, el MINAE mantuvo esa disposición intacta en la segunda versión del proyecto del29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 86) y en la tercera versión del 9 de marzo de 2026 (29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 84), aun cuando en el mismo expediente y en la consulta pública constan distintos cuestionamientos sobre la legalidad de esa medida, la severa regresión ambiental que implica y el cuestionamiento sobre si existen o no criterios técnicos para fundamentarla.
Una vez concluida la consulta pública, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió el informe DMR-DAR-INF-261-2025 del 12 de noviembre de 2025, donde señaló 44 recomendaciones con carácter vinculante que deben ser corregidas, como puede verse en la página 32 de ese informe, donde dicho Ministerio indicó:
“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que la propuesta transgrede los principios de mejora regulatoria de: Cooperación Intra e Interinstitucional, Eficiencia, Legalidad, Publicidad, Reglas Claras y Objetivas, Seguridad Jurídica, Transparencia. Por lo tanto, emite, con carácter vinculante, las siguientes recomendaciones (…)”
En fecha 18 de marzo de 2026 tuvo lugar en la Universidad Nacional un conversatorio sobre el proyecto de nuevo reglamento, este espacio de diálogo y reflexión técnica, científica y jurídica tuvo ponencias por parte de APREFLOFAS, el Instituto Internacional de Conservación de Vida Silvestre (ICOMVIS), el Centro de Rescate Wildlife Rescue Center (antiguamente ZooAve) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en este espacio, uno de los temas de mayor discusión fue el tema de la tenencia de aves silvestres y la posibilidad de mantenerlas en cautiverio, situación que estuvo definida expresamente en las tres versiones del reglamento disponibles hasta ese momento (21 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026 y 09 de marzo de 2026). La grabación completa del conversatorio puede verse en este enlace en el canal de Youtube del ICOMVIS.
Durante el conversatorio, hubo además cuestionamientos sobre los criterios técnicos que fundamentaron esa decisión, sin que a la fecha de este comunicado de prensa conste en el expediente si existen o no esos criterios. Esto es particularmente relevante, dado que las decisiones sobre vida silvestre deben ser definidas con base en la ciencia y la técnica.
Luego del conversatorio del 18 de marzo, en una cuarta versión del proyecto de nuevo Reglamento, el MINAE retiró la posibilidad de cautiverio de cinco de las especies de aves, manteniendo esa posibilidad para las lapas híbridas, lo cual también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública durante los últimos días.
De tal manera, según lo que consta en el expediente digital, la rectificación del MINAE sobre la tenencia de varias especies de aves, surge hasta que los cuestionamientos sobre esta medida salieron a la luz pública en distintos espacios.
Otros de los elementos que ha llamado la atención es la aprobación de una nueva categoría de sitio de manejo que combina “centros de rescate” con “zoológicos sin fines comerciales” contenida en el artículo 179.b de todas las cuatro versiones del proyecto de nuevo Reglamento. Al respecto, no consta en el expediente mayor detalle sobre los criterios científicos que avalen estas y otras medidas.
El nuevo reglamento no plantea nuevos recursos para el SINAC
Desde APREFLOFAS consideramos sumamente relevante destacar que la propuesta del nuevo reglamento no viene acompañada de la asignación de recursos técnicos, tecnológicos, financieros, presupuestarios o humanos para el SINAC.
En ese orden de ideas, debe recordarse que el último Informe del Programa Estado de la Nación (2025), ya advertía sobre el recorte de presupuesto que viene siendo aplicado en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, señalándose en el Informe (página 169):
“El presupuesto del Sinac se redujo un 40% en el último lustro. En consecuencia, se realizaron menos actividades de control, monitoreo y fiscalización en las áreas de conservación. Esta situación se agrava por la progresiva transformación de la estructura de gobernanza hacia una mayor concentración de poderes en detrimento de la participación y el criterio técnico”.
Adicionalmente, desde APREFLOFAS estimamos sumamente relevante destacar que un nuevo Reglamento de vida silvestre no debe ser más permisivo que el anterior, especialmente, cuando la situación mundial de la biodiversidad es hoy todavía más delicada que la que tuvimos en el año 2017.
Consideramos oportuno destacar que la permisividad y flexibilidad es todavía más riesgosa cuando no se tienen estudios poblacionales de las especies de fauna silvestre, recordando que el Reglamento tiene efecto en todas las especies de flora y fauna, no solamente en las que hemos mencionado en este comunicado.
Por todo lo anterior, desde APREFLOFAS:
Consideramos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento debe buscar fortalecer la protección y conservación de vida silvestre y debe ser fundamentada en criterios técnicos y científicos verificables.
Cualquier propuesta de Reglamento de vida silvestre debe ser objeto de la difusión oficial de información amplia, veraz y transparente para la ciudadanía.
Señalamos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento resulta operativamente inviable si el SINAC sigue siendo objeto de recortes en su presupuesto.
Solicitamos al MINAE designar una mayor cantidad de guardaparques, personal, vehículos, recursos técnicos y recursos tecnológicos de vigilancia para la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, particularmente en las áreas con alta incidencia de delitos ambientales y en las oficinas regionales.
Las decisiones sobre vida silvestre son de interés público y deben fundamentarse en la ciencia y la técnica.
Solicitamos a las autoridades una minuciosa revisión de la propuesta para cerrar la posible apertura de portillos que permitan delitos ambientales, por lo cual, consideramos que debe darse una pausa en el avance de esta propuesta, permitiendo su revisión detallada y el escrutinio ciudadano.
Invitamos a toda la ciudadanía a informarse sobre este tema y a solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.
Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental.” (Laudato Si´, 139)
Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.
Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.
Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.
En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.
Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.
La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.
La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.
Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.
En San José a 14 de abril del 2026.
Javier Román Arias Obispo de Limón Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Bartolomé Buigues Oller Obispo de Alajuela Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Comunicadora Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
La investigación de Posgrados de la UCR, realizada por Maricruz León Miranda, propone un índice para analizar el acceso, uso y gasto en tecnologías en los hogares del país.
En las zonas rurales, el 70% de los hogares está en pobreza digital, según se desprende en una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Estadística, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para acercarse a la realidad que se vive en los hogares costarricenses en el tema digital, el estudio, titulado Índice para la Medición de la Pobreza Digital de los Hogares en Costa Rica, realizado por Maricruz León Miranda de Posgrados UCR, desarrolló una herramienta estadística para identificar brechas en acceso, uso y gasto en tecnologías de información.
Desde una perspectiva territorial, los resultados de la investigación confirman la existencia de brechas geográficas. En la zona urbana, la distribución de los hogares entre los distintos niveles de pobreza digital es relativamente equitativa.
La investigación realizada por León Miranda para optar por el grado de Maestría Profesional en Estadística, parte del reconocimiento de que el acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo social y económico. En ese contexto, el trabajo propone un Índice de Pobreza Digital (IPD) que permite categorizar a los hogares según su nivel de exclusión tecnológica.
“El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó Maricruz León Miranda, autora del estudio.
El índice se elaboró a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018 (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO). Integra dos componentes principales: uno asociado al acceso y uso de servicios y dispositivos TIC en los hogares, y otro relacionado con el gasto mensual en tecnologías de información.
“Desde el Sistema de Estudios de Posgrado siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento. En este caso, desde la estadística aplicada, se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.
El estudio evidenció que la pobreza digital se asocia con variables como la zona y región de residencia, el nivel educativo, la edad y la condición de actividad del jefe del hogar, lo que confirma la existencia de brechas estructurales en el acceso a la tecnología en el país.
Entre las principales recomendaciones, la investigación sugiere al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) considerar la incorporación del índice como un indicador de referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su alineación con los instrumentos de planificación institucional.
Lo que revela el estudio
En términos de acceso a dispositivos, los resultados muestran importantes limitaciones: ocho de cada diez hogares no cuentan con tablet, el 85 % no posee computadora de escritorio y el 58 % carece de computadora portátil. El dispositivo más frecuente es el televisor, presente en casi la totalidad de los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez hogares. (Datos ENAHO 2018).
El estudio también evidencia una diferencia marcada en el gasto en TIC entre los hogares pobres y no pobres digitales. El gasto mensual promedio estimado en tecnologías de información es de ¢49 183, con diferencias según zona de residencia: en la zona urbana el gasto alcanza ¢54 103, mientras que en la zona rural se reduce a ¢36 543.
El análisis sociodemográfico revela que el nivel educativo, la condición de actividad y la edad del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza digital. A medida que aumenta el nivel educativo del jefe del hogar, disminuye de forma notoria la proporción de hogares clasificados como pobres digitales. Específicamente, entre los hogares con jefatura sin estudios 9 de cada 10 son clasificados como pobre digital. En contraste, entre los hogares cuyo jefe posee educación universitaria, esta proporción se reduce a 2 de cada 10.
En cuanto a la condición de actividad, los hogares con jefatura ocupada presentan una distribución más equilibrada entre pobres y no pobres digitales, mientras que en los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral predomina la pobreza digital. Asimismo, se observa una relación con la edad del jefe del hogar. En aquellos hogares cuya jefatura está ocupada, la distribución es relativamente equitativa, 51,7% son pobres digitales y 48,3% no pobre digitales. En los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral, la mayoría se clasifica como pobre digital.
Finalmente, se evidencia una relación entre la edad del jefe y la condición de pobreza digital. Se observa que conforme aumenta la edad del jefe del hogar, disminuye la proporción de hogares pobres digitales. En general, los hogares con jefaturas menores a 25 años o mayores a 55 años presentan mayor incidencia de pobreza digital. En los hogares con jefaturas con edades intermedias se tiene porcentajes más similares entre los conglomerados pobre digital y no pobre digital.
Metodología del estudio
El componente de acceso y uso de TIC se construyó mediante análisis factorial exploratorio, mientras que el gasto en TIC se calculó directamente en la ENIGH y se estimó en la ENAHO mediante un modelo de regresión múltiple. Ambos componentes se combinaron en un índice estandarizado con una escala de 0 a 100, donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.
Los resultados estimaron una media nacional de 67,3 puntos en el índice construido con la ENIGH y de 65,9 puntos en el elaborado con la ENAHO. Además, el análisis permitió segmentar a los hogares en distintos grupos, desde hogares no pobres digitalmente hasta hogares con pobreza digital media y alta.
El trabajo aporta una base metodológica replicable y actualizable, que permite dar seguimiento a la evolución de la pobreza digital y contribuir a una comprensión más precisa de las desigualdades tecnológicas en Costa Rica.
Otros datos importantes: Al analizar por zona de residencia, se observa que el 45,4% de los hogares de la zona urbana son clasificados como pobre digital medio, el 34,4% como pobre digital alto y el 20,3% se catalogan como no pobre digital. En la zona rural, la mayoría de los hogares (56,9%) se ubican en el conglomerado pobre digital alto y se destaca que sólo el 5,2% de los hogares de esta zona es no pobre digital. Al analizar por región de planificación, los resultados reflejan que en la región Central la mayoría de los hogares se ubica en el conglomerado de pobre digital medio (45,2%) y posee la proporción más alta de hogares no pobres digitales (21,1%). En el contraste, en el resto de 68 las regiones, predominan los hogares catalogados como pobres digitales con porcentajes entre el 46,1% en la Pacífico Central y el 58,9% en la Huetar Norte. Por condición de actividad del jefe, se observa que los hogares con jefatura ocupada el mayor porcentaje de estos se ubica en pobre digital medio (45,2%). Entre los hogares con jefatura desocupada, la distribución es relativamente equitativa entre los conglomerados hogar pobre digital alto y medio, pero sólo un 2,3% de esto hogares son no pobre digitales. Mientras que en los hogares con jefes fueras de la fuerza laboral, la mayor proporción de estos hogares se clasifican como pobres digital alto y el 4,1% son no pobre digital. Los resultados por sexo del jefe del hogar muestran diferencias moderadas pero consistentes. Los hogares con jefatura mujer, el 41,3% son pobre digital alto, el 44,6% pobre digital medio y el 14,1% no pobre. Por su parte, los hogares con jefes hombre, el 40,0% son pobre digital alto, 42,5% pobre digital medio y 17,5% no pobre digital. La distribución de los hogares según edad del jefe del hogar y el nivel de pobreza digital es heterogénea. En los grupos de edad hasta los 54 años, la mayoría de los hogares son pobre digital medio. En los hogares con jefes menores de 18 años no se ubicaron hogares en la categoría no pobre digital. Los hogares con jefaturas menores de 18 años o mayores de 55 años concentran mayores niveles de pobreza digital alta, con un 48,6 % y 49,6 %, respectivamente. Los hogares liderados por personas de 35 a 44 años, se ubica el mayor porcentaje de hogares no pobre digitales.
Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.
La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).
Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.
Propuesta de diez ejes prioritarios
El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:
defensa de la producción nacional,
innovación en los procesos productivos,
atención al cambio climático,
fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,
impulso al mercado nacional agropecuario,
garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,
mejora del acceso al financiamiento,
creación de seguros agropecuarios accesibles,
promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,
desarrollo de una política territorial construida con participación local.
Espacio de diálogo con diputaciones electas
En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.
La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.
Antecedentes: demandas del sector agropecuario
Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.
En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.
El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.
Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.
El “Milagro” de las Cifras
Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.
Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.
La Deuda Social y la Informalidad
Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.
Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.
El Talón de Aquiles: La Seguridad
El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.
La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.
La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.
Perspectivas para el Nuevo Gobierno
El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.
La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.
Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:
¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…
La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.
Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.
La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.
Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.
Comunicación Defensoría de los Habitantes
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