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Etiqueta: políticas de Estado

Crisis de identidad en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Un país con crisis de identidad no tiene la fuerza para afirmarse sobre sus propios pies y sostener sobre sus hombros las responsabilidades que le competen. Fácilmente, se convierte en víctima de fuerzas internas o externas, de poderes fácticos, que lo someten a sus particulares y mezquinos intereses. Es el papel innoble y vergonzoso de aquellos países que se entregan y someten a esos poderes, y su dignidad es pisoteada reiteradamente. Se convierten en “hojas que arrebata el viento”.

Nuestro país ha venido a pasos acelerados perdiendo y dejando de construir identidad. Perdiendo, porque la identidad incluye rasgos que tienen un asidero en el pasado. Dejando de construir, porque la identidad no solo recupera valores y logros; se edifica sobre nuevos cimientos con imaginación y voluntad creativa. Para construir identidad tenemos que desprendernos de las mitificaciones maniqueas del pasado, no dejarnos desesperar por los avatares del presente y mucho menos atrapar e ilusionar por las promesas paradisiacas de futuro, propias de los discursos mesiánicos.

Hasta ahora hemos venido dando tumbos porque también optamos por las salidas fáciles. Por un lado, le echamos todas las culpas de los grandes problemas del país a los partidos tradicionales, particularmente al bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No hay duda que estos partidos tienen una importante cuota de responsabilidad, pues fueron quienes nos gobernaron prácticamente por seis décadas, después del conflicto bélico de 1948. Sin embargo, también supieron enrumbar el país por buenos derroteros, al menos hasta la década de 1980 cuando empezó a resquebrajarse el modelo de Estado Social de inspiración comunista, socialdemócrata y socialcristiano.

Por otro lado, los últimos gobiernos, tanto del Partido Acción Ciudadana (PAC) como del Partido Progreso Social Democrático (PSD), han tirado las campanas al vuelo con apuestas por un cambio de rumbo, particularmente dirigido a la lucha contra la corrupción y una gestión eficiente de la cosa pública. De esta manera, se busca borrar un pasado político de desaciertos y se celebra con bombos y platillos un cambio de rumbo promisorio.

Nos vemos así atrapados en un maniqueísmo de buenos y malos, que no hace más que propiciar la confrontación y hasta la violencia política en sus diversas expresiones. Y la realidad es que no todo tiempo pasado ha sido el peor ni tampoco el presente es el mejor.

El problema fundamental es que mientras se mantenga esta visión y comportamiento por parte de los políticos y buena parte de la ciudadanía, el país no logrará avanzar hacia niveles superiores de convivencia democrática, bienestar y paz social. Enfrascados en buscar culpables de las calamidades que estamos padeciendo, perdemos tiempo valioso para impulsar acciones concretas que permitan encarar con decisión y voluntad política los grandes problemas de hoy: desigualdad, inseguridad, violencia y crecimiento económico lento sin equidad, entre otros.

En este contexto, tenemos un desafío prioritario por delante: superar la actual crisis de identidad para recuperar más dignidad, y así poder enfrentar los retos del presente y trazar un destino mejor. Hay que afirmarse sobre los mejores logros del pasado, potenciar lo mejor de los recursos materiales y espirituales del presente y proyectar con visión optimista y mesurada un futuro más promisorio para las nuevas generaciones.

Para ello, es fundamental un nuevo pacto social y político que se construya en la mesa de la patria, para aunar esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes, así como la proyección de políticas de Estado de largo aliento. Esto es algo que se ha venido reiterando, especialmente cada vez que nos aproximaos a un período electoral.

Aunque la polarización política se ha intensificado y las vías del diálogo reposado no cuentan con viento a favor, no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de esforzarnos para unir voluntades y concertar en la mesa del diálogo ciudadano patriótico. Al parecer, se perfila una nueva generación de candidatos, relativamente jóvenes, que aspiran a la presidencia. Esta nueva generación puede hacer la diferencia y en lugar de continuar por la vía de la confrontación y del antidiálogo, abocarse con amor y pasión a construir la nueva identidad costarricense, que nos coloque entre los países dignos porque se autodeterminan para crecer en bienestar, seguridad y paz social; y contribuir también a forjar un mundo más humano, justo y pacífico.

El país apreciaría en gran manera, que quienes aspiran a la presidencia para el 2026-2030, desde la campaña misma se comprometan a impulsar de manera conjunta, con generosidad y visión patriótica, ese necesario y urgente pacto social y político, para crear los cimientos de una Costa Rica más digna, próspera y fraterna y menos insegura, violenta y desigual.

De esta manera, los partidos políticos ofrecerían una buena señal de voluntad para remozarse y recuperar legitimidad como verdaderos agentes al servicio del bien común, anteponiendo a sus intereses particulares los más elevados de la patria.

Los tiempos adversos, donde se nublan los horizontes para avizorar mejores senderos que nos conduzcan a garantizar condiciones de vida digna para todos los costarricenses, son también propicios para ejercitar la voluntad colectiva de un pueblo que ha sabido encontrar salidas creativas y solidarias en momentos críticos, que pusieron a prueba su buena voluntad política para mancomunar esfuerzos más allá de las tiendas partidarias.

Ya es tiempo de renovar el pacto social de los años 1940-1950, de cara a los nuevos desafíos de un contexto geopolítico de grandes tensiones, donde los países requieren con urgencia diseñar su proyecto económico, social, político y cultural; es decir, construir su identidad, para ser sujetos de su propio destino.

 

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.

Colectivo de Defensa del Medio Ambiente y su Conservación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ante hechos recientes que han afectado las condiciones ambientales de Costa Rica; personas, organizaciones e instituciones dedicadas a contribuir con los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y, en lo que consideramos inconsistencias y debilidades en las políticas de Estado, observado desde nuestra perspectiva técnica, científica y profesional, deseamos manifestar respetuosa y contundentemente a la sociedad costarricense lo siguiente:

  1. La evidente relegación del tema ambiental en la agenda del Estado, haciéndose notorio en la omisión en el informe del Presidente de la República el pasado 02 de mayo en la Asamblea Legislativa.
  2. La pasividad de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para pronunciarse sobre los impactos ambientales negativos en diversos puntos del territorio nacional siendo omisos sobre las ambigüedades de la administración en los asuntos medioambientales y de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
  3. El intento por debilitar las instituciones técnicas dedicadas a la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, disminuyendo sus competencias y desviando su manejo hacia una concentración de poder en figuras políticas, no solo afectando su funcionalidad, sino también amenazando logros históricos de la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza, ejemplo que Costa Rica ha dado en los modelos de gobernanza que los recursos naturales requieren.
  4. La disminución a niveles críticos de las capacidades presupuestarias tanto con los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como la injustificada retención y dilatación en liberar recursos financieros dados al país por parte de organismos internacionales, afectando programas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en las áreas silvestres protegidas y comunidades adyacentes.
  5. El empuje constante y sistematizado de impulsar proyectos nocivos para la integridad ambiental, evidenciando intereses incompatibles con el mandato constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dichos proyectos dirigen hacia la pesca de arrastre, la exploración y explotación de hidrocarburos, la minería a cielo abierto y la construcción de marinas y atracaderos en las costas nacionales.
  6. La desatención de las áreas silvestres protegidas, que constituyen uno de los pilares del desarrollo y necesitan de manera urgente volver a estar en el centro de las prioridades gubernamentales. La biodiversidad y los ecosistemas que se protegen deben ser responsablemente utilizados para garantizar la prosperidad económica y ecológica de Costa Rica.
  7. La omisión y rechazo repetidos y deliberados de los criterios técnicos y científicos de investigadores e instituciones renombradas que ayudan a sustentar las decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas, ignorando su valía y permitiendo utilizar herramientas que pueden verse políticamente manipuladas por intereses lejanos a la conservación de la biodiversidad en estos espacios.
  8. La indiferencia ante la afectación progresiva en las capacidades que los servicios ecosistémicos proveen, afectando múltiples sectores de la economía nacional, esta actitud es claramente inconsistente con el mensaje emitido por la administración de buscar desarrollo humano mientras intencionalmente se desconoce el valor de su existencia, ignorando el aporte que brindan en las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la población.

POR TANTO:

  1. Solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo retomar la agenda ambiental como una prioridad de Estado, priorizar el tema de la gestión responsable y coherente de las áreas silvestres protegidas y modificar el enfoque dado por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía minimizando abiertamente el papel de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en la función que cumplen en el desarrollo nacional como capital natural y proveedores de múltiples beneficios ambientales y económicos.
  2. Instamos a la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para que se mantenga vigilante y realicen sus labores de control político y apoyo con una perspectiva más crítica, constructiva y se manifiesten pública y abiertamente de lo que denunciamos en este manifiesto.
  3. Proponemos se retire de la corriente legislativa de manera inmediata el proyecto de ley contenido en el expediente 23213 “Proyecto de Fortalecimiento de las Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” con tal de ser revisado, discutido y analizado por distintos actores vinculados a la conservación de tal forma que encuentre el equilibrio necesario.
  4. Demandamos aumentar la generación de recursos financieros por medio de asignaciones presupuestarias razonables y proporcionales a las necesidades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Además liberar de inmediato los recursos provenientes del proyecto REDD+ ante su inexplicable e inaceptable retención que afecta considerablemente programas de conservación.
  5. Urgimos la implementación de la reestructuración inmediata del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para optimizar sus competencias, funcionamiento y alcance técnico, operativo y jurídico. Para eso proponemos la creación de una comisión de expertos independientes de reconocida trayectoria académica y de experiencia y que con una remuneración simbólica presenten en un término de tiempo establecido las recomendaciones para ejecutar tan urgente acción.
  6. Llamamos a la sociedad costarricense a informarse y ser parte de colectivos y organizaciones dedicadas a la conservación y gestión de recursos naturales a escala local o nacional y por medio de acciones específicas apoyar los diferentes procesos para mejorar la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas de la nación así como denunciar anomalías, delitos o atropellos contra el patrimonio natural.
  7. Confiamos en el Estado de Derecho que impera en Costa Rica, sabiendo que las instancias judiciales responderán objetivamente las demandas de la sociedad en el cumplimiento del marco jurídico que sostiene y defiende la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, siendo también garantes de las obligaciones derivadas por los convenios internacionales de los cuales el país forma parte.

San José, Costa Rica. 05 de junio del 2024

  1. Fundación Costarricense para la Restauración Ecológica, FUCORE
  2. Preserve Planet Costa Rica
  3. Álvaro Sagot, Catedrático Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica
  4. Asociación de Guardaparques Pensionados, ASOGUAPE
  5. Organización Mundo Verde
  6. Organización Aba Animal
  7. Asociación para la Protección de la Cuenca del Río Sarapiquí
  8. Fundación Corcovado
  9. Tirimbina Rain Forest Center
  10. Asociación Costarricense de Guías de Turismo
  11. Organización Guarumo Restauración Ecológica
  12. Organización Primates de Occidente
  13. Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales
  14. Asociación Somos Congos
  15. Fundación Bosque Nuboso de Occidente
  16. Cámara Nacional de Ecoturismo, CANAECO
  17. Justice for Nature. Asociación Bosque para los Niños
  18. Proyecto Huella Verde-UNED. Universidad Estatal a Distancia
  19. Santa Teresa Hoy Magazine
  20. Covirena Cabo Blanco Ario
  21. Asociación Ornitológica de Costa Rica
  22. Nama Conservation
  23. Covirenas Caribe Sur.
  24. Red Nacional de Reservas Privadas
  25. Fundación Rapaces de Costa Rica
  26. Más de 100 profesionales, científicos y líderes comunales

Firma responsable
Christian Mata Bonilla
Cédula 3-0315-0139
Correo: chrismat@outlook.com

Imagen ilustrativa, UCR