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Etiqueta: políticas públicas educativas

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía

Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

Consejo de la UNA llama a fortalecer la prevención de la violencia en centros educativos

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.

El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.

El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.

El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.

Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:

  • Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.

  • Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.

  • Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.

  • Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.

El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.

La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.