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Etiqueta: políticas públicas

Defensoría requiere acciones urgentes al Estado ante crisis de licencias de cuido

La Defensoría de los Habitantes manifiesta su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas y de otras situaciones excepcionales.

En las últimas semanas, la Defensoría ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas que no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos, artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado.

En la actualidad, más de 600 familias carecen del apoyo económico que necesitan para atender a sus seres queridos: niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados. En este sentido, la Defensoría hizo un llamado al señor presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.

Consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de promover la coordinación interinstitucional para explorar construir soluciones conjuntas, la Defensoría de los Habitantes puso a disposición su mediación y sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados para alcanzar un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.

La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando diversas acciones desde el primer momento que se conoció la situación del no pago de la licencia a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal y a personas menores de edad gravemente enfermas. Ejemplo de ello es la convocatoria urgente a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas que permitieran abrir posibilidades a favor de esta población.

De igual forma, la Defensoría realizó gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, para valorar nuevas rutas que permitieran dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año y ha realizado monitoreo permanente de la aprobación de un presupuesto extraordinario de la República que solventaría el déficit del programa para el 2025.

¿A qué se debe la ausencia de la Sociología en la Ley de Salud Mental y su Reglamento?

Alonso Gamboa
Estudiante de Sociología de la UCR
Coordinador de la Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el Caribe (RESLAC)
Activista Neurodivergente de DDHH

Entremos un poco en contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido que la “Salud Mental” (SM) es un estado completo de bienestar físico, mental y social, donde las afecciones a la “SM” comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales; además hace saber que la prevención del suicidio es una prioridad, entendiendo a la “SM” como un Derecho Humano.

La OMS señala que, a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de muerte de personas entre 15 a 29 años, en su mayoría personas de países de ingreso bajo-medio, en el caso de Costa Rica y para el 2024, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cifró en 12 948 los casos de intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas, siendo el principal grupo las personas entre 20 y 44 años contabilizando 6 295 casos, siguiendo el grupo de personas de entre 10 y 19 años, con 4 838 casos reportados; la CCSS también señala el comportamiento distinto entre hombres y mujeres.

El país haciendo un esfuerzo para la atención de la “SM”, crea la Ley de Salud Mental y su Reglamento, donde aparecen conceptos como “inclusión social”, “empleabilidad”, “datos demográficos”, “factores ambientales”, “determinantes socioeconómicos y culturales”; todas ellas se pueden encontrar en trabajos de Sociología, como Sociología del Trabajo o de Género.

Quisiera aquí puntualizar dos hechos importantes, el primero es que, de existir una sensibilidad humana y sociológica, se presenta la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, tejiendo conocimiento y accionando desde la disciplina misma, así como desde lo inter y transdisciplinario ¿Por qué no? Y segundo, las características de quienes estudian Sociología, el terrorismo intelectual y la lógica de la productividad capitalista que se ha enraizado en todos los ámbitos (laborales y académicos).

Sobre lo anterior tenemos ejemplos, visitemos los más clásicos y considerados padres de la Sociología, el primero es “Le Suicide” de Émile Durkheim, autor francés interesado por las causas del suicidio, el segundo es el del alemán Karl Marx quien describe el proceso de enajenación, así como el del desgaste del ser humano y la naturaleza a manos del sistema socioeconómico, y, el tercero, Max Weber -también alemán- con la “jaula de hierro” con la que narra cómo la sociedad ahoga toda creatividad y esencia del ser humano. Los tres casos con más de 100 años de ser publicados y ampliamente difundidos en el mundo de la Sociología.

Otros aportes se encuentran en Baumann y Rosa Luxemburgo, por solo mencionar dos, de una corta pero provechosa lista de personas interesadas en el bienestar humano desde una óptica sociológica.

Y más recientemente tenemos el aporte de Judith Singer socióloga australiana quien acuñó el término “Neurodiversidad”, conceptualizando un “nuevo” universo que a prima facie, se podría pensar que es de exclusiva preocupación y labor del área médica -como psiquiatría o neurología-. Pero es esta visión la que ha delegado e intentado resolver los asuntos de la “SM” -muchas veces derivados de aspectos socioeconómicos- y de condiciones neurodivergentes a base de fármacos, citas médicas -que como máximo rondan la hora de atención como las terapias-, con poco o nula atención de lo cultural, de los procesos de socialización, del sistema socioeconómico, relegando entonces la discusión y el abordaje -que debería ser interdisciplinario y humano- a espacios individualizantes y del psicologismo.

Lo anterior con el cuidado de no caer tampoco ni en sociologismos ni biologicismos.

Existen así otros trabajos de personas investigadoras-sociólogas acerca de la influencia de ambientes (negativos) laborales y/o académicos sobre la psique, el comportamiento y las relaciones sociales, incluyendo una crítica del sistema de salud y educativo; de las condiciones psico(pato) logizantes. Mucho de ellxs, latinoamericanxs.

¿Y Costa Rica? Como cualquier otro país latinoamericano, ha estado -en menor o mayor medida- enfrentando los embates del neoliberalismo, pero que se han profundizado con el actual gobierno, aumentando la inseguridad, disminuyendo el acceso y la calidad de la educación y salud, así como los espacios naturales -con una clara inacción por las demandas de los pueblos originarios-, atentando contra los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, encima mantiene a raya a cultura y deporte, ejes importantes para el ocio y el bienestar de la sociedad.

Nuevamente todo lo anterior analizable desde la Sociología y por lo tanto atendible. Parece entonces que la incursión de la disciplina tiene toda legitimidad.

Sin embargo, a casi dos años de entrada en vigencia de la Ley sobre Salud Mental y a casi un año de la publicación de su Reglamento, la Sociología sigue ausente en ambos mecanismos, donde sí aparecen otras disciplinas de las Ciencias Sociales, como Trabajo Social y Psicología, y se integran otras que no pertenecen ni a las Ciencias Sociales ni a Ciencias Médicas, profesiones como las de Ciencias del Movimiento Humano, Educación (física, orientación) y Nutrición.

¿Nos encontramos ante un síntoma de la domesticación de la disciplina o es simple exclusión política -por inacción y/o desconocimiento-?

Para acercarnos a la respuesta, quisiera ir anotando algunos detalles, el primero es que en el país existen tres nodos sociológicos importantes que son: el Colegio de Profesionales en Sociología (CPS) y las dos Escuelas de Sociología (ES-UCR y ES-UNA); teniendo presente a la Cátedra de Sociología de la UNED -donde se encuentran discusiones sobre Sociología y Salud-, y que la Coordinación de la RESLAC recae en este servidor.

Segundo, tanto la Presidencia del CPS como de la Dirección de la Escuela de Sociología de la UCR (ES-UCR) se han especializado en Sociología de la Salud.

Bajo ese mapeo, me dispuse a solicitar que la ES-UCR considerar convocar a una Asamblea de Escuela Ampliada para abordar tanto la temática de “SM” como de Neurodivergencias, teniendo como dato importante que somos el área más saturada, o sea, con mayor necesidad de atención del Centro de Asesoría Estudiantil (CASE), del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) de Ciencias Sociales, y de Psicología.

Esto como un “tercer” paso, después de una consulta realizada la UCR sobre “SM” y Neurodiversidad, y semanas después de una Audiencia ante el Consejo Asesor de Facultad de Ciencias Sociales. No hubo mayor respuesta que “comuníquese con cada docente”.

Cabe destacar que la ES-UCR cuenta con el Trabajo Comunal Universitario (TCU) 654 “Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos”, además de estudiantes y docentes interesadas en “SM”.

En “paralelo”, a mediados de años planteé al Colegio de Profesionales en Sociología (CPS) y a un diputado de la República -quien es sociólogo-, la discusión de que si tiene sentido o no que la Sociología sea integrada a la Ley y su Reglamento (aportando parte de la información aquí indicada), petición que conoció la Escuela de Sociología de la UCR (ES-UCR) y su homóloga de la UNA.

A pesar de existir un ambiente cordial entre mi persona como Coordinador de la RESLAC y el CPS, el tema se tornó en un “correos iban y venían” por varias semanas -debido a un requisito que la PGR ha resuelto como innecesario, pero que me solicitaban-, saltó luego la pregunta ¿Es el tema de la Salud Mental un tópico que no debe de abordar, o no es de interés ni de la Sociología ni del Colegio de Profesionales?

El CPS contestó “Es un tema que debe ser abordado por profesionales de las áreas correspondientes (ciencias médicas).”. Entendería que no existe ápice de interés en ser parte de las disciplinas que atienden tan urgente necesidad, la de mejorar la salud mental de la sociedad.

Aquí, quisiera señalar que ha sido la dirección de la ES-UNA la que se ha mostrado con la mayor apertura sobre la discusión y la necesidad de que la Sociología aporte en las discusiones sobre salud mental. Y de la diputación se obtuvo un “recibido”.

Creo que se hace innecesario explicar la serie de artículos e incisos del Reglamento del CPS que le hacen ver la necesidad de preocuparse por la realidad nacional y de integrarse a procesos para la mejora de la calidad de vida de la sociedad; y la defensa de los DDHH, siendo la SM y su atención uno de ellos.

Quisiera cerrar trayendo a colación tres anotaciones, la primera es la frase de Marx: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, la segunda, un artículo que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) titulado “Para hacer Sociología el escritorio no basta”, y el tercero, leído en un texto del psicólogo Enrique Guinsberg, […] ¿no observan también cómo sus difusores prácticamente nunca salen del «discurso» para intervenir aunque sea mínimamente en acciones del mundo social o político, ni siquiera en simples firmas de apoyo a importantes demandas de la llamada sociedad civil, lo que no puede dejar de producir impacto en los alumnos receptores de tales posturas por lo que le muestran qué es importante y que no y por su «carácter desmovilizador y despolitizador» […]»

Entonces ¿Nos encontramos con una Sociología a la deriva, domesticada e insípida ante una de las problemáticas (tabú) que alcanzan una particular intimidad y da cuenta de la conexión y solidaridad con nuestrxs pares?

Así como Carmen Lyra, Freire, Kropotkin, y muchxs más señalan, la sociedad evoluciona desde el Apoyo Mutuo.

Limón, Puntarenas y Guanacaste

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Después de una intensa «campaña electoral» de 3 años y medio, en Puntarenas, Guanacaste y Limón, el recién publicado estudio del CIEP-UCR nos demuestra que los ciudadanos de esas muy deprimidas provincias, ¡ya no creen en cuentos!

Resulta que en ninguna de ellas el partido chavista alcanza un apoyo superior al 19 %. O sea, para sorpresa de ellos, 4 de cada 5 votantes, no se han comido las promesas demagógicas de Fernández, Cisneros y Chaves.

Es tal el rechazo a la fábula de «una marina” que daría trabajo supuestamente ¡a 150 mil personas! (de la que jamás se elaboró siquiera un proyecto), o de un «aeropuerto internacional en Westfalia» que impulsaría el turismo en el Caribe, o que, además, se le regresarían a Japdeva los buques de contenedores que indebidamente se le entregaron a la transnacional APM, que hoy son muy pocos los limonenses que no han abierto los ojos a la demagógica realidad.

Limón está peor que hace cuatro años y eso se refleja en el escalofriante desempleo que tiene frustrados principalmente a los jóvenes, así como la miseria y la criminalidad que los acecha en cada barrio. Por ello, no es de extrañar, que solo un 3,5 % se manifiesta a favor del partido de gobierno, mientras un altísimo 75 % se reporta «indeciso», a la espera de conocer a otros candidatos que tal vez les brinden alguna esperanza. Limón, sí Limón, al que según la candidata Fernández ya tenía en la bolsa.

Salimos de Limón, de la rebelde, con razón, provincia de Limón, y logramos superar los derrumbes de la ruta 32 enrumbándonos hacia el litoral del Pacífico, el de los atardeceres inigualables, para ver qué nos dice el estudio de los universitarios. Así, encontramos que solo el 18 % de los puntarenenses se sienten, más o menos resguardados, por el gobierno fabricante de promesas. Ese mismo que les prometió, y no cumplió, un nuevo hospital debidamente equipado y con los médicos y enfermeros calificados y suficientes, para «atacar» las inhumanas listas de espera. El que les prometió «para ayer» una pesca de atún con verdadero apoyo gubernamental en beneficio de los pescadores despreciados hasta hoy, así como una industria enlatadora de la mano con el gobierno, para aprovechar la riqueza atunera que pescan casi gratis y se llevan del país buques extranjeros, sin beneficio alguno para los porteños, que jamás pasó de las promesas.

Y es que, aparecieron, gobernantes como Laura Fernández y Pilar Cisneros, que, a su vez, se comprometieron a devolverle al Puerto, el esplendor que una vez lució, para lo cual, les dijeron, se recibiría a los turistas por una atractiva carretera a lo largo de la Angostura, y un remozado Paseo de los Turistas, lleno de gente alegre y satisfecha, como señal de gran actividad productiva, por donde más bien, hoy se ven algunos pescadores de camarón desempleados injustamente al lado de personas ya cansadas de buscar trabajo. Es tal el abandono, el engaño, que no ha de sorprender que, por ello, siete de cada 10 puntarenenses, por el momento, prefieren quedarse al margen, como indecisos, en espera de conocer diferentes propuestas partidarias, de parte de otros candidatos, realistas, alejadas de las muy conocidas que Fernández se compromete continuar (?) ejecutando, aunque los porteños saben que ni siquiera se han tratado honrar.

Salimos del Puerto y ponemos nuestro foco en los datos obtenidos por el CIEP-UCR (sin duda el ente más confiable) en la provincia de Guanacaste, que junto a las dos anteriores conforman un trío en el cual el chavismo ha dedicado por más de tres años recursos propagandísticos significativos. Allí encontramos cifras estadísticas que, muy seguramente, el equipo de campaña de la candidata Fernández, tendría que haberse sorprendido por lo que considera inexplicable, aunque, algunos lo entenderán, son datos razonables, esperables, al tratarse de una política arribista, sin méritos, obviamente desconocedora de la inteligencia del guanacasteco que ella cree que se puede engañar fácilmente.

Resulta que donde el partido oficialista esperaba, según decían, quizá un apoyo superior al 40 %, solo obtuvieron un 18 %. Pero lo que lo hace más sorprendente, es el hecho insólito de que ¡más de tres cuartas partes! de los guanacastecos (el 76 %) se reportan indecisos. Algo nunca visto antes y que se interpreta como una invitación a los candidatos no-chavistas, a dialogar con ellos, pero con propuestas concretas en mano.

Por ejemplo, los pamperos reclaman por el reiterado engaño alrededor del urgente proyecto «Agua para Guanacaste», con que se incorporarían a la producción agropecuaria 16.000 ha de tierras de más de 400 fincas situadas en la margen derecha del río Tempisque, lo cual sería un extraordinario motor de desarrollo indiscutible. Además, ha de aclararse, ese proyecto contempla desde su nacimiento, el abastecimiento de agua potable para cientos de ASADAS y desarrollos turísticos, que hoy sufren de ilógica escasez, a pesar de que se aprovecharía desde el embalse del lago Arenal, acabando de una vez por todas, con el desperdicio irracional que significa estarla descargando hacia el mar, cual si fuese un recurso desechable. Formidable proyecto heredado por el gobierno que está por terminar y que imaginamos ha sido usado por Chaves, para seguramente, reírse a carcajadas de los pamperos que creyeron en él y en sus promesas populistas, que ahora la candidata Fernández promete “darle continuidad”.

Igual sucede con el “negocio escandaloso” que se evidenciara con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, que se hizo mal y demanda más trabajos urgentes, y el descalabro producido con el artificial valor del colón contra el dólar, que todos los días golpea a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras y empleo en Guanacaste, donde los índices de desocupación golpean principalmente a jóvenes, y dentro de ellos, a las mujeres que ven cómo pasan los años y no logran conseguir trabajo.

Y ni hablar de los prometidos centros médicos, por lo menos dos docenas de EBAIS, complementarios a los hospitales de La Anexión y Enrique Baltodano Briceño, para una más eficiente atención primaria, con lo que se mitigaría la demanda sobre los servicios de emergencia de ambos hospitales, en Nicoya y Liberia. Centros de salud a donde siete de cada diez pacientes son adultos mayores sometidos a las inhumanas listas de espera, que doña Laura ahora “se compromete” solucionar atendiendo la creciente deuda del Estado con la Caja, que, paradójicamente, su gobierno chavista se ha negado atender.

Ese mismo desdén por la pampa guanacasteca se evidencia en el abandono de los proyectos de carreteras, aprobados y financiados desde antes del inicio de la actual administración, como el que, partiendo desde Barranca en Puntarenas, se conectaría con la magnífica autopista de 50 km, la mejor del país, que corre desde Cañas a Liberia. Proyecto que, extrañamente, por intereses desconocidos, la Casa Presidencial ordenó paralizar.

Por supuesto que hay otras cosas que también hacen extrañar el espíritu del Dr. Vargas Vargas y su Partido Confraternidad Guanacasteca (nombre usurpado por un grupillo) que siempre luchó al lado de su pueblo, en su esfuerzo por sacar de la pobreza a miles de sus coterráneos, quien jamás aceptó las promesas populistas de los que, desde San José, como lo hacen hoy algunos, pretendían engañar a los guanacastecos que eran su razón de vivir.

En fin, las supuestas tres provincias costeras, pobladas por mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dignos, luchadores, patriotas, que según la candidata oficialista “ya tenía en su bolsillo«, después de haberlos bañado de propaganda gubernamental desde el año 2022, le están diciendo a Costa Rica, y especialmente a los otros candidatos presidenciales, «ojo con nosotros, que no somos los inocentes infantiles que los políticos demagogos se imaginan. Cuando vengan a nuestros pueblos y ciudades, dejen las mentiras en sus casas».

Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025

¿Cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta una nueva edición del Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025, la cual analiza los principales desafíos que enfrentan los países de la región para fortalecer su crecimiento económico y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado.

El informe parte de una realidad preocupante: la región sigue atrapada en una “trampa de baja productividad”, con economías poco diversas, bajo desarrollo tecnológico y una débil coordinación entre el Estado, la academia y el sector privado. Esto reduce las oportunidades de empleo de calidad y limita los beneficios de la transición verde y digital.

Según la CEPAL, salir de esta trampa requiere instituciones públicas más sólidas, planificación estratégica y una coordinación efectiva entre políticas industriales, ciencia, tecnología y educación. También subraya la importancia de promover la igualdad de género, la inclusión social y el cuidado ambiental como condiciones necesarias para un desarrollo más justo y sostenible.

El informe destaca que las políticas de desarrollo productivo no deben verse sólo como medidas económicas, sino como herramientas para transformar las estructuras sociales y territoriales. Esto implica mejorar la capacidad de los Estados para diseñar y ejecutar políticas coherentes, con participación ciudadana y alianzas público-privadas que impulsen la innovación.

La publicación invita a reflexionar el modelo de crecimiento de América Latina y el Caribe, guiándolo hacia la creación de valor con equidad y sostenibilidad, en lugar de depender de sectores basados en la explotación de recursos naturales o de bajo valor agregado.

Puede descargar el documento completo en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/PoliticasdeDesarrolloProductivoenAL2025_es_251010_112613.pdf

Foro sobre Economía Social y Solidaria marca un hito en el diálogo nacional

Comunicado

San José, 10 de octubre de 2025. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebra el éxito del Foro Economía Social y Solidaria “Impulso al desarrollo sostenible en la Costa Rica del Bicentenario”, realizado el 9 de octubre en el Auditorio de JUPEMA, el cual contó con la destacada participación de las candidaturas a la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, las personas aspirantes a la presidencia nacional expusieron sus compromisos y propuestas sobre cómo impulsar desde sus eventuales gobiernos a un sector que integra a más de 27 mil organizaciones y a 1,6 millones de personas asociadas. Se abordaron temas cruciales como la generación de empleo digno, la inclusión social, la innovación y el fortalecimiento del marco legal e institucional que sustenta a la ESS en el país.

La masiva asistencia de delegados, representantes de organizaciones sociales y productivas, así como de diversos sectores de la sociedad civil, evidenció el interés nacional en fortalecer un modelo económico que, con base en la solidaridad y la justicia social, contribuye de manera directa al desarrollo sostenible de Costa Rica.

Compromiso de las candidaturas presidenciales

Como parte trascendental de este foro, las candidaturas presentes suscribieron el Compromiso por el fomento de la Economía Social Solidaria en Costa Rica, un acuerdo histórico que reconoce la relevancia del sector y establece acciones concretas para su fortalecimiento.

El documento firmado contempla, entre otros aspectos:

  • Respaldar e impulsar un proyecto de ley que será el marco jurídico para la Economía Social y Solidaria.

  • Vigorizar la institucionalidad que brinda apoyo a la ESS, dotando de recursos a la Dirección de Economía Social Solidaria del MTSS y formalizando la creación del Viceministerio de ESS.

  • Retomar el funcionamiento del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria como máxima instancia ejecutiva en esta materia.

  • Robustecer el Observatorio de ESS y avanzar en la creación de una cuenta satélite nacional con apoyo del Banco Central y el INEC.

  • Garantizar el acceso del sector a programas como FODEMIPYME y Sistema de Banca para el Desarrollo mediante un marco normativo más inclusivo.

  • Favorecer las compras públicas al sector, incorporando cláusulas sociales en los carteles de contratación y brindando asesoría especializada.

  • Fortalecer el rol del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como la entidad financiera líder de la ESS, asegurando tanto el apoyo financiero como no financiero y resguardando su estabilidad y gobernanza democrática.

La firma de este compromiso representa un hito en el reconocimiento político e institucional de la economía social solidaria, enviando un mensaje claro a la ciudadanía sobre la importancia de construir un modelo económico más inclusivo, participativo y sostenible.

Con este foro y el acuerdo alcanzado, la ESS reafirma su papel estratégico en la Costa Rica del Bicentenario y abre una ruta concreta hacia la consolidación de políticas públicas que fortalezcan este sector como motor de desarrollo nacional.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

¿Qué es la ATTBPDC?
El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal es propiedad de más de un 1,5 millón de personas trabajadoras en Costa Rica
. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) es la máxima instancia del Banco y está compuesta por 290 delegados y delegadas que son elegidas por los sectores comunal, artesanal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, magisterio nacional, profesional y personas trabajadoras independientes. Su misión es procurar y promover el bienestar social y económico de los trabajadores y trabajadoras, Desde su creación en 1986, la ATTBPDC ha sido un pilar fundamental y su impacto contribuye en mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Panel académico reflexionará sobre los cuidados como horizonte político

El martes 14 de octubre de 2025 se realizará el panel virtual “El cuidado como horizonte político: políticas públicas, alternativas y transformación social”, organizado por la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será transmitida en vivo a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) y a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) por Web TV de la Facultad de Ciencias Sociales, el canal de la Maestría y los espacios del Colegio de Profesionales en Sociología, la Asociación Centroamericana de Sociología y el Posgrado en Sociología de la Universidad Nacional de Honduras.

En el primer bloque, sobre políticas de cuidados en Costa Rica y Colombia, participarán la Dra. Alanís Bello Ramírez, profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia, y la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la UCR.

El segundo bloque, titulado “Más allá de las políticas públicas en los cuidados”, contará con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, además de docente de la Escuela de Ciencias Políticas.

La Dra. Nancy Piedra Guillén, directora de la Maestría Centroamericana en Sociología y profesora de la Escuela de Sociología de la UCR moderará el panel.

La actividad forma parte de la celebración del 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.

Celebremos el día de la niñez, pero antes miremos su pobreza

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Me niego a pensar que exista solo un día dedicado a la niñez; ese día, no es solo uno, son todos los días, o deberían serlo. Si se ha decretado uno, celebrémoslo. Pero puesto que los niños y las niñas en todo el mundo son el futuro de la humanidad, mientras haya hambre y ellos la sufran; mientras existan las guerras y el genocidio, como hoy en Gaza, donde se ocasiona la muerte de tantos pequeños inocentes a los que no se les puede culpabilizar de nada; en tanto no exista atención oportuna en salud para atender a un niño enfermo, para darle amparo a los que han sido abandonados, habrá más de un millón de razones para que, con preferencia, nuestra atención esté puesta en la niñez.

Sí, es justo que les rindamos homenaje a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos, dotándolos, eso sí, desde temprano en una consciencia solidaria; lo que implica no descuidar jamás el sufrimiento de los hijos de las familias más vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Todo niño o niña tienen el derecho a estudiar, pues que se les dé el estudio, no convirtamos los preceptos constitucionales en letra muerta. Todos los niños poseen el derecho a la salud, que la reciban; tienen el imperativo de recibir una buena alimentación, que se les proporcione con abundancia; tienen que jugar, que se les abran los espacios; tienen que recibir amor, propiciémoselos, démoselos; tienen que reír y sonreír, es decir tiene el derecho a la felicidad, igual que los nuestros, ayudemos a crear las mejores condiciones para que todos tengan el derecho al goce. Para ellos, cada día, cada semana, cada mes, cada año tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, y solo entonces podremos celebrar con honradez el día de la niñez.

1.Pobreza infantil

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que nos circunda? Según el último informe del Estado de la Nación, en 2023 aproximadamente el 38 % de los menores de edad vivían en pobreza; constituyó un aumento de más de cuatro puntos porcentuales en diez años, dado que, en el 2013, se registró un porcentaje del 34 % de infantes sumidos en la pobreza. Estos datos sitúan a Costa Rica como el país con la incidencia más alta de pobreza infantil dentro de la OCDE.

La UNICEF por su parte indica que un tercio de los menores de 18 años, es decir, cerca de 448. 000 niños, crecen en hogares pobres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2. Pobreza infantil extrema

Datos del INEC reportan que alrededor del 13,5 % de los niños viven en pobreza extrema, siendo Limón una de las provincias más afectadas (más de 18 000 menores se encuentran padeciendo esta situación extrema).

3. Índices de instituciones internacionales

Según la plataforma Zip Atlas, la incidencia de pobreza infantil en Costa Rica (menores de 16 años) osciló en un porcentaje mayor al 17% en 2024. No son datos comparables con los anteriores porque las edades que se toman como límite son diferentes. En un caso se trata de los menores de 18 años y en el otro se refiere a los menores de 16 años.

A su vez, para los menores de 5 años, la tasa está un poco por debajo del 16,9 %.

Un estudio de la OCDE cifra en 37 % el porcentaje de niños que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que coloca a nuestro país -como ya se dijo- en el último lugar de la OCDE.

Datos de pobreza en el Contexto nacional.

Mientras que, en términos generales, la pobreza total en el país alcanzó su nivel más bajo desde 2010, reduciéndose al 18 % en 2024 y la pobreza extrema bajó al 4,8 %; sin embargo, estas mejoras no se reflejan proporcionalmente entre los menores, quienes enfrentan una situación más crítica que el total de los hogares en general.

1. Pobreza infantil y desigualdad territorial

• Según datos de UNICEF e INEC (del año 2022), 455 508 niñas, niños y adolescentes vivían en condición de pobreza, siendo los más afectados quienes tienen entre 0 y 5 años.

• En ese año, de acuerdo con la UNICEF la pobreza infantil rondaba el 39 %, -un dato muy similar al proporcionado por el informe del Estado de la Nación para el 2024- afectando a un alto porcentaje de la población menor de cinco años.

• Además, la pobreza extrema también incide, especialmente en hogares con jefatura femenina, llegando a alcanzar cerca del 13 % de la niñez.

• Las zonas con mayor vulnerabilidad incluyen cantones costeros y fronterizos como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golfito, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa.

2. Educación: retrocesos profundos

• El 33,5 % de niñas, niños y adolescentes (entre los 6 y los 17 años), no están en educación formal o enfrentan un rezago escolar significativo.

• El Informe Estado de la Educación 2025 alerta de una crisis educativa muy grave, con:

• 96 % de estudiantes en instituciones públicas que fueron reportados con un desempeño insuficiente en matemáticas (De acuerdo con la evaluación PISA 2022).

• Solo 57 % alcanza el nivel esperado en comprensión lectora en quinto grado, y apenas 25 % en secundaria.

3. Otros datos relevantes.

• Se observa además una caída muy fuerte en la inversión educativa, que ha tenido “la peor caída de las últimas cuatro décadas”. Las becas para estudiantes en condición de pobreza se han reducido un 35 %.

• En zonas rurales, las desigualdades se agravan: solo 8 % de escuelas primarias públicas ofrecen el currículo completo.

• La llamada “pobreza de aprendizajes” está muy extendida: el 62 % de docentes de cuarto grado reportan que la mayoría de sus estudiantes no comprenden textos simples; el 70 % señala deficiencias graves en escritura.

• Según el Dashboard de UNICEF para indicadores relacionados con la niñez (SDGs):

Solo 54 % de los niños al final de primaria alcanzan la competencia mínima en lectura.

• Apenas 21 % alcanza la competencia mínima en matemáticas.

4. Salud infantil y bienestar general

Indicadores incluyen:

Retraso en crecimiento (standing) en niños menores de 5 años: 10 % (según datos del 2022).

Desnutrición aguda (wasting): 2 % (de acuerdo con datos del 2018).

Sobrepeso infantil: 8 % (con datos del 2022).

Cobertura en vacunación DTP3: 95 %; MCV1: 90 % (2022).

Mortalidad por debajo de cinco años: 8 por cada 1 000 nacidos vivos (2021).

Mortalidad neonatal: 5 por cada 1 000.

En materia de protección:

Cerca del 49 % de niños entre 5 y 17 años han experimentado castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.

En el primer semestre tras el inicio de la pandemia, crecieron las denuncias en PANI:

Negligencia educativa +73 %

Explotación sexual +44 %

También aumentaron la negligencia para atender casos en salud, abuso sexual e ideación suicida en torno a +28 %.

4. Protección social e institucionalidad

Las instituciones de protección social para atender las demandas de la niñez en condiciones de desamparo, o de las mujeres embarazadas en situación de pobreza, han devenido insuficientes en nuestro país. Las demandas de atención van creciendo mientras los presupuestos de esas instituciones no alcanzan.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado en 1930, es la principal institución de protección de la niñez en el país, complementada por el Código de la Niñez y Adolescencia (1998).

El programa integral de atención de los CEN-CINAI atiende a niñas, niños y mujeres embarazadas, ofreciendo nutrición y estimulación temprana. Dispone de 625 centros y más de 171 890 beneficiarios.

Conclusión

No pretendo haber sido exhaustivo en el examen de la situación de la niñez en Costa Rica. Sin embargo, con la información proporcionada, considero que ha sido suficiente para mostrar un enorme rezago en el bienestar y la atención de la niñez en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los problemas en casi todos los órdenes han recrudecido, y el Estado se muestra incapaz de hacer frente con eficiencia a las necesidades reportadas. En otras palabras, las políticas públicas van a la zaga de los problemas que han ido creciendo.

Nada ganamos enfrascándonos en una suerte de sentimiento colectivo de culpabilidad, porque así no resolvemos los problemas. He actualizado la información para ayudar a que la ciudadanía conozca los problemas actuales y pueda atender mejor las necesidades de nuestra niñez desde el mismo momento en que nacen o, quizás desde antes. De ahí que cada 9 de setiembre debe ser un momento propicio para que las instituciones que tiene incumbencia en la atención de nuestros párvulos rindan cuentas ante la sociedad y, los responsables de crear las leyes y ejecutar las políticas, hagan lo propio en esta materia. A su vez cada uno de nosotros, cada familia debe esforzarse por tomar consciencia y apoyar todas aquellas políticas que haga falta enfrentar y apoyar una transformación de la sociedad en estos campos con una perspectiva integral.

La selección de quienes dirigen es clave

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila Henríquez

Siempre he pensado en que seleccionar y elegir un buen dirigente es clave para el buen futuro de una organización. Desde un regidor, un alcalde o un presidente de la nación.

Desde que Donald Trump fuera electo en los Estados Unidos de Norte América por primera vez, hemos estado pasando por sin sabores que ahora llegan al extremo de provocar una crisis que supera a la de los 80s.

Hemos estado cruzando los dedos para que el señor Donald Trump, se abstenga de tomar más iniciativas que pretendan hacerlo aparecer como un héroe mundial, con resultados totalmente deplorables para nuestra economía.

Tal parece que no tuvimos la «suerte», puesto que lo previsto está sucediendo.

El imperio estadounidense está cayendo en el precipicio económico por las medidas irreflexivas del gobernante. Si sólo fuera la crisis nacional, la preocupación no sería tan grave como lo es. El efecto dominó es lo grave cuando somos dependientes en varios aspectos de la economía en Washington. Si dependiéramos solamente en los alimentos, el problema se reduce a más de la mitad, pero entre más nuestras sociedades se han modernizado, menos independencia y autonomía tenemos. Nuestros hábitos van tejiendo diariamente los hilos que nos atan a la «modernidad». Un joven estudiante en el área urbana es más dependiente que el del área rural. Sucede igual con los profesionales adultos que viven en áreas urbanas modernas en comparación con los rurales.

Visualizando lo macro, el gobierno de Washington pensó en reducir sus gastos y ajustar sus gastos a sus ingresos, como lo hace cualquier equipo que dirige las finanzas de una empresa. Para ello el gobierno aplicó un listado de aranceles internacionales, sin mayor reflexión a los efectos colaterales.

Ahora, uno de los grandes inversores, como lo es la potencia china, está retirando sus capitales y no menos de una docena de empresas están trasladándose a otros países más cercanos y amigos.

Consecuentemente, se está dando el efecto dominó, dejando a muchos empresarios en la quiebra.

Así es que, además de los Estados Unidos, están muchos países que venimos dependiendo de esas empresas estadounidenses, entramos de inmediato en una probable recesión económica.

Habrá que socarse la faja.

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

Educación o cárceles: ¿Qué futuro estamos construyendo?

JoséSo (José Solano-Saborío)

En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.

La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.

A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.

Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.

Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.