Ir al contenido principal

Etiqueta: políticas públicas

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

Tomando decisiones con números…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Caryl Alonso Jiménez

A propósito del III Congreso Nacional de Estadística

Caryl Alonso Jiménez

Los días 26 y 27 de septiembre pasado, se realizó el III Congreso Nacional de Estadística, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Guatemala.

El evento no fue solo un encuentro institucional. No, por el contrario, fue el momento donde se revelaron los principales logros, avances, metodologías y perspectivas futuras.

Para quienes estudiamos el modelo de políticas públicas, y siguiendo a Harold Laswell (1902-1978), conocido como el padre de las políticas públicas, quien llamó a la primera fase del ciclo de políticas, inteligencia, que constituye la base de diagnósticos científicos multidisciplinarios (ciencias sociales y ciencias puras) sobre un contexto que brinde todos los aspectos causales y consecuencias basadas en evidencia.

Esas son las bases para poner en marcha un sistema de Inteligencia que implica ordenar información con sentido, que sea capaz de explicar razones causales que detienen o aceleran procesos económicos, sociales y políticos.

En términos estratégicos, políticos y militares, es la capacidad de comprender los movimientos sutiles, abiertos y encubiertos, que pueden crear condiciones que alteren un escenario y puedan generar o inducir colisiones y reacciones indetenibles. La inteligencia es anticipación y tiene como primera reacción, la prevención.

El III Congreso, desde la perspectiva metodológica, contó con el apoyo de expertos internacionales del INEGI de México, consultores del Banco Mundial y expertos nacionales. Entre otros presentó los resultados de la Encuesta de Vivienda y Hogares (2023). Estudio que permite el retrato de la realidad nacional, incluyendo riesgos futuros, que de mantenerse en las condiciones actuales (empleo, pobreza, precios al consumidor). Puede incidir en los indicadores de país, tal como me afirmó Carlos Sobrado, experto del Banco Mundial.

Resulta sorprendente cómo una entidad técnica científica ha sobrevivido como especie de función marginal dentro de la institucionalidad del Estado. Hoy en día es innegable, en los albores de una etapa contemporánea, donde todo se mueve en base a razones y argumentos basados en evidencia, la producción de estudios, mediciones y censos permite mayores certezas en las decisiones.

Al aproximarse a los datos estadísticos, es sorprendente el manejo de datos estratégicos y sus implicaciones para comprender las grandes dinámicas nacionales. ¿Se comprenderá el papel de la estadística en las complejas decisiones de país?

Las contribuciones del INE permiten identificar en tiempo real como se mueven las grandes consecuencias de los efectos de políticas de inversión, sus efectos causales y sus consecuencias, lo que queda confirmado, particularmente, con la ENCOVI (2023).

Ese estudio representa uno de los principales esfuerzos de inversión de los últimos años, en los que se descubre que las decisiones Estatales (públicas y privadas), no fueron en la línea correcta y que el destino de las acciones (mercado) y gubernamentales (gobierno e instituciones públicas), no tienen incidencia estructural que impacte en el ascenso social y tampoco incidirá en los siguientes 20 o 30 años, excepto que tomen decisiones.

Es verdad, a veces las metodologías de análisis, impulsadas por los organismos multilaterales, propicia confusiones y que defienden con argumentos que quedan fuera de la lógica del ciudadano común, en cuyo caso se requiere estrategias de comunicación a todo nivel que permita comprender el dato estadístico y sus implicaciones. Por ejemplo, el desempleo con una simple pregunta que condiciona toda la base explicativa del fracaso del sistema: “¿Estuvo usted ocupado la última semana?”.

¿Ocupado? Seguramente la metodología favorece los riesgos de país y eventualmente al forzar datos para falsas expectativas de aquellas atracciones de inversión que, no tendrían la simpatía para calificar el país; que, finalmente, es la explicación de la derrota laboral, pero explicada por la ocupación, donde no necesariamente retrata la realidad.

Sin embargo, existen otras con mayor capacidad de revelar la realidad, como la desnutrición crónica infantil. Que por supuesto, no se explica por simple ausencia de ingesta alimenticia, sino por condiciones socio económicas.

El estudio de la desnutrición crónica, del INE, es capaz de demostrar que es una falla del sistema economico productivo, que requiere nuevos escenarios de intervención para fortalecer la seguridad alimentaria a nivel rural y urbano. Y que podría incidir de manera efectiva para decisiones de asistencia técnica. Esos estudios y datos son estratégicos.

No cabe duda, falta apropiarse de la cultura de las decisiones con números y ello demanda un mayor esfuerzo para modernizar, invertir y elevar el papel científico del INE que contribuya a los estudios de la realidad e informes sobre políticas que impacten en las decisiones gubernamentales y municipales.

El INE es estratégico, y en condiciones de mayor apoyo gubernamental, puede incidir en definir el horizonte y hasta adelantar nuevos desafíos y retos de país… Decidir con números es evidencia, y eso suma a la construcción de la ruta futura…

Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas – Reseña Panel 7: Trabajos de Cuidados

Escrito en . Publicado en Derechos.

El martes 17 de septiembre, como parte de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se celebró el Panel 7 titulado “Trabajos de Cuidados: Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas”. Este panel se llevó a cabo en la Sala Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad.

Con un enfoque en los trabajos de cuidados y los retos para su inclusión efectiva en las políticas públicas, las panelistas M. Sc. Irma Sandoval, M. Sc. Laura Alfaro, Lica. Natalia Dobles y Dra. Nancy Piedra compartieron sus investigaciones y experiencias en la materia, ofreciendo una perspectiva crítica y detallada sobre los desafíos metodológicos que enfrenta el análisis de los trabajos de cuidados no remunerados, un sector que sigue siendo invisibilizado en muchas partes del mundo.

Irma Sandoval, experta en estadística con enfoque de género, abrió el panel destacando la importancia de las encuestas de uso del tiempo como herramienta esencial para visibilizar el impacto económico de los trabajos de cuidados, que históricamente han sido invisibilizados y feminizados. Explicó que la medición del tiempo dedicado a estas actividades, mayoritariamente realizadas por mujeres, revela su papel crucial en el sostenimiento de las economías y en la calidad de vida de las personas. Sandoval insistió en que los datos obtenidos de estas encuestas deben ser considerados en la formulación de políticas públicas que busquen la igualdad de género y la equidad en el reparto de tareas, resaltando cómo la división sexual del trabajo genera una pérdida de autonomía económica y política para las mujeres. Además, subrayó la importancia de visibilizar el valor económico de estos cuidados para asegurar su reconocimiento en la sociedad.

Por su parte, Laura Alfaro y Natalia Dobles abordaron el tema crucial de la infraestructura y los servicios de cuidados. Alfaro resaltó la necesidad de invertir en sistemas de cuidados que beneficien tanto a las personas dependientes como a las mujeres, aliviando la carga desproporcionada que recae sobre ellas. Complementando esta perspectiva, Dobles enfatizó la necesidad de políticas que promuevan la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y las familias, desmantelando la visión tradicional de que el trabajo de cuidados es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Alfaro profundizó en cómo las políticas públicas en Costa Rica han tratado los trabajos de cuidados, destacando avances como la creación de la Red CUDI, que proporciona servicios de cuidado infantil. Sin embargo, también subrayó las limitaciones de cobertura y los recortes presupuestarios en la inversión social, señalando la necesidad de una corresponsabilidad social en el ámbito de los cuidados y de políticas que no solo se enfoquen en poblaciones vulnerables, sino que tengan un carácter más universal. Dobles, por su parte, presentó un análisis de las políticas públicas de cuidados en la primera infancia a través de un estudio de caso comunitario, exponiendo cómo las condiciones laborales precarias de las cuidadoras y la limitada inversión en infraestructura afectan la calidad y el acceso a los cuidados. También destacó el papel clave de las mujeres lideresas comunitarias en mitigar estas carencias.

Nancy Piedra ofreció una mirada crítica a las barreras que enfrentan las políticas públicas en esta área, mencionando la falta de voluntad política y los estereotipos de género como obstáculos principales. Resaltó que, aunque hay avances en la región, sigue siendo urgente transformar las políticas de cuidados en soluciones más universales que impacten no solo a sectores vulnerables, sino que promuevan la equidad de manera integral.

Finalmente, las panelistas coincidieron en que las políticas públicas actuales son insuficientes para atender la demanda de cuidados en Costa Rica. La falta de un sistema de cuidados robusto afecta principalmente a las mujeres, quienes cargan con la mayor parte del trabajo de cuidado. Los recortes en la inversión social agravan esta situación, limitando el acceso a servicios esenciales y perpetuando la feminización de la pobreza.

El panel culminó con un espacio de preguntas y reflexiones del público, donde se discutió cómo el reconocimiento del trabajo de cuidados es clave para avanzar en la igualdad de género y en la creación de sociedades más justas. También se subrayó que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de investigaciones que aporten evidencia y herramientas para la implementación de políticas públicas más inclusivas.

Reseña del Programa Alternativas: Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.

El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.

El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.

En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.

Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.

Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.

Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.

Alternativas. Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género: Un Mapa País

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 13 de septiembre de 2024, se llevará a cabo un análisis en vivo sobre las políticas públicas de igualdad de género en el país, con un panel de invitadas expertas en el tema. El evento será transmitido a las 18:00 horas (UTC-6) a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify.

Panel invitado:

  1. María Jesús Zamora Cruz
    Licenciada en Sociología, investigadora social, gestora de proyectos y estudios de género, activista feminista.
  2. Irené Barrantes Jiménez
    Máster en política pública y género, gestora cultural, artista plástica.
  3. Vivian Solís Espinoza
    Máster en formulación, evaluación y gerencia de proyectos, especialista en Relaciones Internacionales con énfasis en derechos humanos y género.

Retransmisión:
El evento también será retransmitido por varias emisoras de radio, como:

  • 107.1 FM Radio Actual (Sábados a las 22:00 hrs)
  • Radio Guanacaste 106.1 FM
  • Radio Soberanía
  • Radio Revolución

Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa robusto y de calidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El 5 de septiembre, el Estado de la Nación organizó el tercer foro de su serie, titulado “Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad”. Este espacio, que contó con la participación de personas expertas del ámbito educativo y social, tuvo como objetivo central promover diálogos informados sobre la creación de un sistema de evaluación educativa que permita mejorar la calidad de la educación en Costa Rica. La apertura del foro estuvo a cargo de Isabel Román Vega, Coordinadora del Informe Estado de la Educación, quien enfatizó la relevancia de estos encuentros para impulsar mejoras concretas en el sistema educativo.

Este foro forma parte de una serie que inició en abril de este año, con un primer encuentro centrado en el análisis del estado de la macroevaluación en Costa Rica, basado en el más reciente Informe del Estado de la Educación. Posteriormente, en junio, se realizó un segundo foro que abordó buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional en materia de evaluación educativa. La continuidad de estos eventos subraya la importancia de mantener un diálogo constante y bien informado entre los actores involucrados.

El evento se dividió en tres partes bien estructuradas:

Parte 1: Presentaciones Iniciales

La primera parte del foro estuvo dedicada a dos presentaciones clave. En la primera, se recordó a los asistentes los principales hallazgos sobre el estado de la macroevaluación en Costa Rica, destacando la necesidad de un sistema de evaluación que no solo mida aprendizajes, sino que utilice los resultados para mejorar la educación. Isabel Román señaló cuatro mensajes cruciales del informe, entre ellos, la falta de un sistema de macroevaluación efectivo y el retroceso significativo en los instrumentos de medición durante la última década, lo que ha deteriorado los aprendizajes de los estudiantes. Además, subrayó que Costa Rica aún está lejos de adoptar las mejores prácticas internacionales en evaluación educativa, lo que limita el uso eficiente de recursos y la toma de decisiones informadas en política educativa.

En la segunda presentación, Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, abordó las posibilidades legales para la creación de un ente evaluador autónomo en Costa Rica. Carvajal expuso que la ley ofrece dos opciones: la creación de un ente descentralizado o una desconcentración administrativa dentro de una entidad pública existente. Sin embargo, su objetivo no fue dictar una conclusión, sino abrir el debate sobre cuál debería ser la naturaleza jurídica de este órgano, destacando la importancia de que cuente con la máxima independencia y robustez técnica para cumplir sus funciones.

Parte 2: Conversatorio

La segunda parte del foro consistió en un conversatorio moderado por Jorge Vargas Cuyel, Director del Estado de la Nación. En este panel participaron figuras clave como la diputada Kattia Rivera, Andrés Fernández del Consejo para la Competitividad, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y Yolanda Rojas, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Superior de Educación durante ocho años. Aunque también se había invitado a Álvaro Artavia, Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación, su ausencia fue notoria debido a compromisos de agenda.

El conversatorio se centró en la creación de una agencia nacional de evaluación educativa y los pasos necesarios para lograr un sistema de macroevaluación de alta calidad en el país. Doña Yolanda Rojas propuso la creación de un órgano dependiente del Consejo Superior de Educación, mientras que Gilda Montero destacó la necesidad de una agencia de evaluación externa, independiente del Ministerio de Educación y con autonomía presupuestaria. Andrés Fernández coincidió en que es fundamental trascender la estructura actual y crear un ente evaluador con mayor independencia.

Los panelistas también discutieron el papel que debería desempeñar el Ministerio de Educación en este nuevo escenario. Yolanda Rojas señaló que el Ministerio debe continuar evaluando su propia gestión, pero que un ente evaluador nacional independiente debería encargarse de las macroevaluaciones. Gilda Montero resaltó la importancia de que el sistema de evaluación incorpore tanto la microevaluación realizada en las aulas como la macroevaluación a nivel nacional, subrayando que ambos procesos están interrelacionados y deben reforzarse mutuamente.

Otro tema relevante que se abordó fue la falta de comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones a los centros educativos, lo que, según los panelistas, limita el impacto positivo que estas evaluaciones podrían tener en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Parte 3: Espacio de Preguntas

En la tercera y última parte del foro, se abrió un espacio de preguntas del público, donde se plantearon cuestiones como la relación entre el sistema de evaluación y la certificación de estudiantes, y la necesidad de mejorar la manera en que se comunica y difunden los resultados de la macroevaluación. Gilda Montero, por ejemplo, criticó que actualmente en el sistema educativo costarricense, la única prueba que realmente certifica a los estudiantes es la del bachillerato, a pesar de que han acumulado evaluaciones a lo largo de más de una década de estudio.

También se discutieron posibles reformas al Consejo Superior de Educación, con Kattia Rivera expresando su optimismo sobre un proyecto de ley que ya ha avanzado en la Comisión Especial de Educación. Asimismo, los panelistas compartieron sus propuestas sobre las medidas que consideraban más urgentes para mejorar el sistema de evaluación en Costa Rica de cara al 2026.

El foro concluyó con una reflexión sobre la importancia de continuar trabajando en la creación de un sistema de evaluación educativa que no solo sea robusto y de calidad, sino que también sea capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del país y garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes.

Este foro ofrece una mirada profunda y detallada sobre los desafíos y oportunidades en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa en Costa Rica. Si bien este resumen capta los puntos más destacados del evento, se recomienda ver el video completo para obtener una comprensión más amplia y detallada de las discusiones.
Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad

Academia alza su voz por sostenibilidad del océano

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Madre Tierra.

Más de 500 participantes reunieron propuestas para un océano sostenible, posibles mediante la colaboración entre sectores académicos, privados y públicos

Con una participación de más de 500 académicos y científicos de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se celebró del 3 al 6 de junio el Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible (CISOS24), organizado por la Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Foros, mesas redondas y talleres, culminaron en una declaratoria que será presentada este 7 de junio en el evento de Alto Nivel Inmersos en el cambio, preparatorio para la Cumbre Mundial de los Océanos a celebrarse en Niza en el 2025, con la coorganización de los Gobiernos de Francia y Costa Rica.

La declaratoria presentada por Karol Ulate Naranjo, académica de la UNA y Álvaro Morales Ramíez, académico de la Universidad de Costa Rica, aborda los temas urgentes y problemáticas que se deben enfrentar en temas como Gobernanza del mar, donde se introduce la diplomacia azul como una herramienta que une el ámbito científico y académico con el político, facilitando espacios de diálogo necesarios para gestionar y preservar el océano de manera justa para las futuras generaciones. Respecto a la protección de los ecosistemas marinos, se insta a los gobiernos a integrar políticas públicas que combinen elementos académicos, comunitarios y políticos para abordar los problemas de las poblaciones marino-costeras. Llama a implementar y respetar instrumentos internacionales y desarrollar marcos normativos nacionales para el uso sostenible de los recursos marinos, evitando la sobreexplotación y la contaminación. Además, se promueve la creación de áreas de conservación marina interconectadas e internacionales, siguiendo los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para gestionar y conservar eficientemente la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

En el tema de riesgo y monitoreo del océano, se subraya la necesidad de que los gobiernos colaboren con el sector académico y científico para desarrollar planes de emergencia y proteger a las comunidades costeras vulnerables al cambio climático. “Es fundamental divulgar los resultados de investigaciones y fortalecer la influencia política del sector científico para mejorar las políticas públicas y la planificación del sistema marino-costero”. Asimismo, se insta a priorizar la inversión en tecnología avanzada para el monitoreo y gestión de riesgos oceánicos, fomentar el desarrollo sostenible en las zonas costeras y fortalecer la resiliencia ante amenazas como tsunamis. También se considera crucial mejorar el acceso a datos satelitales, expandir el uso de fibra óptica y desarrollar protocolos de monitoreo de fauna marina respetando los ecosistemas.

Con respecto a la productividad del océano y su salud, se resalta la necesidad de impulsar la investigación y el monitoreo de fenómenos como las floraciones algales nocivas, abordar integralmente la contaminación marina y fomentar la colaboración entre sectores académicos, privados y públicos. Asimismo, la importancia de preservar el ambiente marino y los recursos en las zonas económicas exclusivas de los países, requiriendo recursos, infraestructura y capacitación adecuada. “Es determinante ampliar la infraestructura y acceso a datos para decisiones informadas, medir el impacto de la pesca artesanal frente a las grandes industrias pesqueras, fomentar la maricultura sostenible y aumentar la investigación en tecnologías limpias para reducir emisiones y aprovechar la energía de los océanos”.

Finalmente, bajo el eje Un océano que inspira, se hace un llamado a la ciudadanía para participar en procesos de investigación a través de la ciencia ciudadana y aseguran, se debe mantener un equilibrio entre la conservación del océano, el aprovechamiento de sus recursos y los derechos humanos de quienes dependen de ellos, fomentando prácticas no extractivas que aseguren una vida digna. Además, afirman que es esencial proteger la biodiversidad marina e incentivar la investigación en regiones profundas mediante la cooperación internacional, así como equipar adecuadamente a los laboratorios para facilitar proyectos de investigación experimental y organizar conferencias para difundir resultados y metodologías a sectores sociales, productivos y políticos, que promuevan el intercambio de conocimientos.

Para Francisco González, rector de la UNA, la sostenibilidad del océano no es solo una preocupación ambiental, sino una cuestión vital para el futuro de nuestro planeta y para toda la humanidad. “Conscientes de esta realidad, nuestras universidades han adoptado un enfoque integral y sistemático para abordar los desafíos que enfrenta nuestro océano y esto es posible gracias a la labor integrada de múltiples actores que trabajan mano a mano con el sector académico y científico, que en nuestro país está depositado en su mayoría en las universidades públicas. Nuestras universidades han estado a la vanguardia de la investigación marina, desarrollando estudios pioneros sobre la biodiversidad, los impactos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y las técnicas de conservación más efectivas, así como el monitoreo ante los riesgos y cómo podemos convivir adecuadamente las personas con la naturaleza. Nuestro país es 92 % océano, mucho de este es aún desconocido por la mayoría y por esto es necesario sensibilizar e invertir en investigación que nos permita conocer quiénes somos y cuál es el patrimonio cultural y natural que tenemos”.

Durante estos días también se realizó en la Cumbre de Juventudes Latinoamérica Azul, organizada por la Alianza de Sostenibilidad del Océano (SOA) capítulo Costa Rica, que reunió a 100 jóvenes de Latinoamérica y el mundo para discutir temas relevantes sobre la sostenibilidad del océano y el cumplimiento del ODS 14.

Marilyn Valverde, representante de la SOA en Costa Rica fue la encargada de presentar un extracto de la declaratoria preparada por los jóvenes participantes. “Como juventudes latinoamericanas, reconocemos el rol crucial que cumple el océano en nuestras vidas y cómo necesitamos su conservación para hacerle frente a la triple crisis planetaria que enfrentamos.
Ante eso, buscamos y demandamos mayor ambición por los países de la región latinoamericana en los siguientes puntos principales: cumplir la meta 30 /30 del Marco Global de Diversidad Biológica de manera efectiva, sin permitir actividades perjudiciales; ratificar y firmar en los países de nuestra región el acuerdo de diversidad biológica más allá de la jurisdicción nacional; Incluir soluciones basadas en el océano dentro de las contribuciones nacionales determinadas de los países de la región; la creación de un reconocimiento a centros educativos que incluyan la cultura oceánica; establecer una comisión internacional latinoamericana de contaminación marina que tenga como objetivo la centralización de la información a nivel regional y que sea accesible a todos los países de la forma de una plataforma de datos de acceso libre, gratuito y en línea”.

También incluyen en su declaratoria posicionamientos públicos, propuestas nacionales y la generación de investigación científica que permitan que los países de la región muestren apoyo a la moratoria por la minería submarina.

Política pública basada en ciencia

Hervé Berville, Secretario de Estado del Mar, Francia, aseguró en el acto de clausura, que la ciencia es necesaria, no solo para comprender mejor el océano, sino para guiar las políticas públicas. “Necesitasmo convencer a otros países de que, por ejemplo, los microplásticos son perjudiciales para nuestra salud, son una amenaza para la biodiversidad marina. Necesitamos que la ciencia convenza a la gente de que no deberíamos iniciar la minería en aguas profundas porque sólo conocemos el tres por ciento de este hermoso ecosistema. Y necesitamos, recursos genéticos marinos que están en las profundidades del mar que podrán ayudarnos para abordar alguna enfermedad para avanzar en el campo farmacéutico y médico, entonces no deberíamos iniciar una actividad que dañe el ecosistema. También necesitamos ciencia para comprender mejor el impacto de las actividades económicas en este ecosistemas marinos, y para asegurarnos de que no solo impongamos reglas, sino también sanciones”.

Finalmente, el ministro de Relaciones de Relaciones Exteriores Arnoldo André Tinoco, destacó el compromiso y espíritu innovador por el avance del conocimiento. “Más allá de la investigación pura, quiero destacar el papel fundamental que desempeña la comunidad científica y académica en la formulación de políticas y la toma de decisiones. Sus hallazgos y recomendaciones no sólo informan a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, sino que también inspiran y movilizan a la sociedad en su conjunto para actuar en Defensa del océano y los recursos marinos. En Costa Rica reconocemos la importancia vital de esta colaboración entre la ciencia, la política y la sociedad. Estamos comprometidos con la protección de nuestro océano y con el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia científica, que promuevan la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos marinos. Sabemos que este es un desafío que requiere del esfuerzo conjunto a nivel mundial. El océano y sus recursos no conocen fronteras y su preservación es responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto, es fundamental que continuemos fortaleciendo los lazos de colaboración y cooperación entre los diferentes actores, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un trabajo que trasciende a los gobiernos y crear alianzas entre la comunidad científica, la academia, la sociedad civil y el sector privado es esencial”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

Escrito en . Publicado en Derechos.

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Directorio de Asamblea del Banco Popular solicita al presidente legislativo atender necesidades sociales y productivas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Lenin Hernández Navas, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, le entrega al Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, una nota que representa los intereses de la clase trabajadora de los diferentes sectores sociales y productivos del país.

Esta nota se entrega con la finalidad de que la Asamblea Legislativa otorgue respuestas ante las políticas públicas que permitan el desarrollo económico del país a través del equilibrio, ya que se afirma que el sector agroindustrial no soporta más las políticas públicas ya ejecutadas puesto que cada vez están generando más problemáticas para la población, inclusive la falta de alimentos básicos como el arroz y los frijoles.

El señor Lenin, además, afirma que los costarricenses necesitan del arroz y los frijoles para comer todos los días, por lo que solicita respetuosamente que se defiendan los derechos de las personas trabajadoras que necesitan dichos alimentos para sobrevivir.