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Etiqueta: políticas públicas

Más de 117 mil denuncias por violación de derechos de la niñez se registraron en 2025

Costa Rica registró 117.316 casos de presuntas violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante 2025, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta cifra refleja los desafíos que enfrentan miles de familias en el país, pues las denuncias se relacionan principalmente con negligencia, maltrato físico y psicológico, conflictos familiares y violencia sexual.

Los datos se dieron a conocer en el contexto del Día Internacional de las Familias, cuya conmemoración en 2026 se centra en el tema Familias, inequidades y bienestar infantil, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar las condiciones que afectan el desarrollo de la niñez.

De acuerdo con los registros del PANI, la negligencia concentra el 50% de los casos reportados, seguida por maltrato físico y psicológico con un 13%, conflictos familiares con 11%, situaciones vinculadas con consumo problemático de progenitores o conflictos con la ley con 11%, y violencia sexual con un 5%. Las cifras reflejan situaciones que impactan directamente el entorno familiar y el desarrollo de la niñez en el país.

A estas condiciones se suman factores estructurales que afectan a miles de hogares. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2025 existían 186.541 hogares en pobreza multidimensional, lo que representa 674.254 personas que enfrentan carencias simultáneas en educación, vivienda, acceso a internet, salud, empleo y protección social.

La pobreza multidimensional también incluye situaciones como niñas y niños sin acceso a servicios de cuido, personas adultas mayores sin pensión y personas con discapacidad sin transferencias económicas, condiciones que limitan la capacidad de muchas familias para garantizar bienestar y protección a sus integrantes.

Los indicadores de violencia también muestran un impacto directo en los hogares. Entre 2022 y 2025 se registraron 3.311 homicidios en nuestro país, cifra que asciende a 3.559 casos al incluir los reportados en 2026. Cada uno de estos hechos afecta a familias que enfrentan la pérdida violenta de uno de sus miembros.

La salud mental representa otro desafío. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.260 suicidios en el país, mientras que hasta agosto de 2025 se contabilizaban 2.493 intentos de suicidio, según registros oficiales.

Para Luis Diego Conejo Bolaños, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA), estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de apoyo a las familias y la protección de la niñez. “El Día Internacional de las Familias invita a reconocer que muchas personas viven en contextos de pobreza, violencia y vulneración de derechos. Comprender estas realidades resulta fundamental para promover políticas públicas y acciones comunitarias que fortalezcan el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, recordó.

El INEINA desarrolla investigaciones sobre las condiciones que afectan a las familias costarricenses y promueve espacios de formación y acompañamiento dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.

Como parte de estas acciones, el 12 de mayo a las 5:30 p.m. se realizará el encuentro Generaciones de cristal, un espacio de reflexión sobre los retos actuales de la crianza. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo y se organiza en coordinación con la Municipalidad de Heredia.

Otra de las actividades programadas es la de acompañamiento a familias, que incluye siete sesiones semanales en la UNA, orientadas a fortalecer habilidades de crianza y convivencia familiar.

En el ámbito académico, el 21 de mayo a las 10 a.m. se realizará el foro “Las familias en Costa Rica: transformaciones, tensiones y desafíos, en el Auditorio Marco Tulio Salazar del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Campus Omar Dengo, con la participación de los psicólogos e investigadores Mariano Rosabal Coto y Diego Conejo Bolaños.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Proyecto de ley sobre datos crediticios abre “portillo estructural” para mercantilizar información personal, advierte OMERCON

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) alertó que el Proyecto de Ley N.° 24.374 sobre información de interés crediticio, pese a su lenguaje técnico y garantista, abre un “portillo estructural” que permitiría la mercantilización de los datos personales financieros de la población, con riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y la equidad social.

En un pronunciamiento técnico dirigido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la organización sostiene que el texto sustitutivo del proyecto incurre en una contradicción de fondo: mientras afirma proteger los datos personales, en la práctica legitima su circulación en el ámbito privado sin contar con mecanismos institucionales suficientes para garantizar esa protección efectiva.

Datos personales como mercancía

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que la iniciativa legal transforma la información crediticia en un activo gestionable por actores privados, lo que abre la puerta a la creación de mercados de datos financieros. Esto incluye la recopilación, procesamiento y circulación ampliada de información sensible sin un sistema robusto de trazabilidad que permita controlar su uso.

OMERCON advierte que esta lógica contradice estándares internacionales en materia de protección de datos, donde se ha establecido que la información personal no debe ser tratada como mercancía.

Riesgos para la seguridad y la privacidad

El pronunciamiento subraya que el historial crediticio revela aspectos profundamente sensibles de la vida económica de las personas, como su nivel de ingresos, endeudamiento, relaciones financieras y vulnerabilidades económicas.

En un contexto nacional marcado por el crecimiento de la criminalidad organizada, la circulación de estos datos en múltiples plataformas privadas incrementa los puntos de vulnerabilidad y podría facilitar delitos como extorsión, fraude o secuestro, al convertir esta información en un insumo de alto valor estratégico.

Sistema público existente y falta de justificación

El documento señala que Costa Rica ya cuenta con un sistema público funcional para la gestión de información crediticia, a través del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que opera bajo supervisión estatal y principios constitucionales.

Según OMERCON, el proyecto no presenta evidencia empírica que demuestre fallas estructurales en este sistema ni que justifique la creación de un modelo privado, lo que sugiere que la propuesta responde más a intereses económicos específicos que a una necesidad pública real.

Impactos regresivos para la ciudadanía

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor carga administrativa para las personas, que tendrían que corregir errores en múltiples bases de datos privadas
  • Amplificación del daño reputacional por difusión de información incorrecta
  • Reproducción del sobreendeudamiento al no responsabilizar a entidades crediticias por prácticas de otorgamiento irresponsable

Además, el proyecto generaría una asimetría institucional al limitar el uso de datos por parte del Estado mientras amplía el acceso para actores privados con menor capacidad de fiscalización.

Experiencia internacional: más control público, no privatización

El análisis comparado incluido en el pronunciamiento muestra que los sistemas más avanzados en protección de datos, como los de la Unión Europea o Finlandia, refuerzan el control público sobre la información crediticia en lugar de privatizarla, estableciendo límites estrictos a su uso y comercialización.

Llamado a rechazar el proyecto

Como conclusión, OMERCON plantea que el proyecto implica un cambio estructural innecesario y potencialmente perjudicial para la ciudadanía, por lo que recomienda su rechazo.

En su lugar, propone fortalecer el sistema público existente, endurecer las sanciones por uso indebido de datos, regular el crédito irresponsable y avanzar en legislación específica de protección al consumidor financiero.

Le invitamos a descargar y leer el pronunciamiento completo para conocer en detalle los argumentos y propuestas planteadas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/OM059-2026_Pronunciamiento_24374.pdf

Defensoría resuelve caso a favor de mujer a partir del derecho al cuidado

La Defensoría de los Habitantes aplicó los estándares contenidos en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho al cuidado, luego de conocer el caso de una mujer quien fue excluida, de manera automática de un beneficio social, a pesar que acreditó verse obligada a ausentarse de un proceso de formación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por situaciones médicas propias y de su hija menor de edad.

Para la Defensoría, ese rechazo del beneficio sin considerar la condición de mujer cuidadora exclusiva, en contexto de pobreza y con una persona menor de edad enferma a su cargo, que depende de ella para su cuidado, evidencia una aplicación formalista del principio de igualdad que, lejos de garantizar derechos, reproduce una discriminación indirecta por omisión de trato diferenciado.

“La Corte IDH ha establecido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y fundamental para la sostenibilidad de la vida, por lo cual el IMAS debió haber realizado una valoración material, integral y contextualizada de dichas justificaciones; así como ponderar la existencia de una causa de fuerza mayor que permitiera una excepción razonable y proporcional a la regla de asistencia. La falta de dichas valoraciones evidencia una aplicación meramente formal de la normativa, carente de análisis del caso concreto y de consideración de los derechos involucrados”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

La Corte IDH ha señalado que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para una existencia digna, y que su tratamiento fragmentado o secundario dentro de las políticas públicas resulta incompatible con la protección efectiva de los derechos humanos. En consecuencia, los Estados están obligados a adoptar medidas administrativas y de política pública que eviten que las responsabilidades de cuido se traduzcan en sanciones, exclusiones o pérdida de derechos, particularmente para las mujeres.

Para la Defensoría la omisión de valoración del cuido como factor determinante en la conducta de la usuaria implica un desconocimiento directo del derecho a cuidar, así como del derecho a ser cuidado de la persona menor de edad, cuyo bienestar también se ve afectado por la suspensión del subsidio. Además, resulta incompatible con los principios de igualdad sustantiva, razonabilidad y proporcionalidad, así como con los estándares interamericanos vigentes.

Debe recordarse que los programas del IMAS no tienen naturaleza sancionatoria, sino protectora. Su finalidad es garantizar condiciones mínimas de subsistencia, autonomía y desarrollo a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, mediante políticas públicas orientadas a corregir desigualdades estructurales.

“En este caso, la exclusión automática del beneficio, sin acompañamiento institucional, sin valoración del contexto y sin medidas de mitigación, constituye una forma de violencia institucional por omisión, que revictimiza a la persona usuaria y profundiza su situación de vulnerabilidad, en lugar de garantizarle una protección efectiva. Por tal motivo hemos recomendado al IMAS valorar a la mayor brevedad posible, la restitución del beneficio económico a la usuaria”, agregó la Defensora.

Asimismo, se le indicó al IMAS la necesidad que incorpore de manera explícita el derecho al cuidado como criterio relevante en la toma de decisiones administrativas, en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-31/25, particularmente en los casos en que las personas usuarias asumen responsabilidades de cuido exclusivas o intensificadas, entre otras recomendaciones.

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.

Modelos de descentralización en América Latina: análisis comparado: México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile

Decentralization models in Latin America: comparative analysis: Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil and Chile

Modelos de descentralização na América Latina: análise comparativa: México, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Brasil e Chile

Autor: Dr. Fernando Villalobos Chacón*

RESUMEN

Este artículo explora la regionalización en América Latina, abordando conceptos fundamentales como la descentralización y la desconcentración, y analizando sus implicaciones. La regionalización, entendida como la transferencia de competencias a niveles locales, se presenta como una estrategia para enfrentar la centralización excesiva que caracteriza a muchos países de la región. Se identifican diversos tipos de regionalización y sus clasificaciones, así como las implicaciones socioeconómicas y políticas de estos procesos. Además, se comparan experiencias exitosas y desafíos en países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Comprender la diferencia entre desconcentración (delegación administrativa sin autonomía) y descentralización (transferencia de autonomía política y financiera) es crucial en este contexto, ya que ambas influyen en la participación de las comunidades y el éxito de las políticas estatales. A partir de esta base, se presentan recomendaciones para una regionalización efectiva, que incluyen fortalecer la capacidad institucional local, establecer una transferencia equitativa de recursos, promover la participación ciudadana, desarrollar infraestructura para la conectividad y adoptar políticas sostenibles y adaptadas a cada región. Este análisis sugiere que una implementación equilibrada de estos procesos podría contribuir a un desarrollo más justo y sostenible en América Latina.

ABSTRACT

This article explores regionalization in Latin America, addressing fundamental concepts such as decentralization and deconcentration, and analyzing their implications. Regionalization, understood as the transfer of powers to local levels, is presented as a strategy to confront the excessive centralization that characterizes many countries in the region. Various types of regionalization and their classifications are identified, as well as the socioeconomic and political implications of these processes. In addition, successful experiences and challenges are compared in countries such as Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, and Chile. Understanding the difference between deconcentration (administrative delegation without autonomy) and decentralization (transfer of political and financial autonomy) is crucial in this context, as both influence citizen participation and the effectiveness of public policies. Based on this foundation, recommendations for effective regionalization are presented, which include strengthening local institutional capacity, establishing an equitable transfer of resources, promoting citizen participation, developing infrastructure for connectivity, and adopting sustainable policies tailored to each region. This analysis suggests that a balanced implementation of these processes could contribute to more equitable and sustainable development in Latin America.

Palabras clave: descentralización, América Latina, análisis comparado, centralismo, regionalización.

Keywords: decentralization, Latin America, comparative analysis, centralism, regionalization.

Palavras-chave: descentralização, América Latina, análise comparativa, centralismo, regionalização.

  1. INTRODUCCIÓN.

La regionalización en América Latina tiene importantes implicaciones en diversos aspectos del desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural. En una región caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas, el proceso de regionalización es visto como una herramienta esencial para reducir brechas socioeconómicas entre la periferia y la metrópoli; mejorar la eficiencia administrativa, y fortalecer las identidades locales y nacionales (Gómez, 2023; Mendoza, 2023). La importancia de este proceso se refleja en las múltiples formas en que la regionalización afecta la vida de los ciudadanos, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La regionalización contribuye significativamente al desarrollo económico local al permitir un reparto más adecuado de los recursos y fomentar más oportunidades en áreas previamente marginadas. Según Estevadeordal (2024), la transferencia de competencias a nivel regional puede potenciar el crecimiento económico al aprovechar los recursos específicos de cada región y promover una administración más cercana y eficaz. Por ejemplo, en países como México, la regionalización económica ha sido clave para reducir la dependencia del distrito federal, lo que ha incidido que otras regiones desarrollen sus propios mercados y oportunidades de empleo (Alonso, 2023).

Además, la descentralización facilita la adaptación de políticas económicas a las necesidades específicas de cada zona, lo que puede mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras (Kotschwar, 2023). En este contexto, la regionalización económica no solo favorece el desarrollo de áreas rurales, sino que también reduce la presión sobre las grandes ciudades, permitiendo una distribución más equitativa para las personas en los territorios (Fernández, 2022).

Uno de los principales beneficios de la regionalización en América Latina es su capacidad para reducir las desigualdades sociales al mejorar el acceso a servicios básicos en áreas menos favorecidas. De acuerdo con Gómez (2023), la regionalización permite que los gobiernos locales y regionales adapten sus políticas a las necesidades de sus comunidades, lo que resulta en una distribución con mayor justicia y equidad, así como el perfeccionamiento de los servicios de salud, educación y vialidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde las disparidades entre las áreas urbanas y rurales son notorias.

A través de la regionalización, se fomenta una mayor participación de las comunidades en decisiones que les atañe, esto resulta clave como estrategia de cohesión social y la integración de las comunidades (Daza, 2022). Esta descentralización facilita que las poblaciones locales tengan una mayor voz en los asuntos que les afectan directamente, promoviendo así una idea de pertenencia y de compromiso social en el desarrollo de la región (Rodríguez & Torres, 2022).

En términos ambientales, la regionalización permite una gobernanza más eficaz y sostenible de los recursos disponibles, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta América Latina, como la deforestación, el deterioro del medio ambiente y la degradación en la calidad del agua (Pérez & Cárdenas, 2023). La regionalización ambiental facilita la creación de políticas adaptadas a las condiciones ecológicas de cada región, lo que ayuda a proteger los ecosistemas locales y a promover un desarrollo sostenible.

Según Rodríguez y Torres (2022), en países como Brasil y Colombia, la regionalización ha permitido una mejor gestión de áreas críticas como la Amazonía, donde se implementan políticas de conservación y uso sostenible de recursos que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección

El Índice de Descentralización y Autonomía Regional (IDAR), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa cómo la descentralización de poderes en distintos niveles de gobierno afecta el desempeño y el impacto de las políticas estatales. En este índice, países como Colombia, México y Brasil muestran avances en descentralización, con sistemas federales que otorgan mayor autonomía a sus regiones. Este enfoque ha mejorado la adaptabilidad de las políticas públicas a necesidades locales, aunque también enfrenta desafíos como la gestión desigual de recursos y problemas de corrupción a nivel local (Martínez & Zárate, 2022).

En contraste, el informe del Índice de Gobernanza Global (IGG) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta cómo naciones con sistemas centralizados, como Perú y Bolivia, tienden a mostrar menores niveles de desarrollo en comparación con sus vecinos más descentralizados. Estos sistemas centralizados reducen la toma de decisiones en el ámbito local, lo que en muchos casos lleva a una inadecuada asignación de recursos y a una menor efectividad en la ejecución de políticas públicas (OCDE, 2023).

Asimismo, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que los países con mejores niveles de regionalización, como Chile y Uruguay, suelen obtener mejores resultados en indicadores de desarrollo social y económico. En particular, Chile ha implementado políticas exitosas en sus regiones para mejorar la calidad de vida, mientras que Uruguay enfatiza en la inclusión de programas regionales de desarrollo económico y social que han reducido desigualdades (PNUD, 2022).

Igualmente, el Índice de Competitividad Regional (ICR), desarrollado por el Foro Económico Mundial, analiza la capacidad de cada país para fomentar el desarrollo económico en sus regiones. En este índice, Brasil ocupa una posición relevante gracias a sus esfuerzos de regionalización en zonas como São Paulo y Minas Gerais. No obstante, la falta de infraestructura y la desigualdad económica en otras regiones de Brasil muestran que la descentralización debe acompañarse de políticas equitativas de distribución de recursos (Foro Económico Mundial, 2023).

La desconcentración y descentralización tienen diferencias conceptuales y relación directa con el concepto de regionalización. La diferencia entre desconcentración y descentralización es fundamental para entender las dinámicas de la regionalización en América Latina. Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen características y aplicaciones distintas, y conocer sus diferencias ayuda a comprender cómo se pueden aplicar en el contexto de la regionalización.

Desconcentración se refiere al proceso mediante el cual una autoridad central delega ciertas funciones o competencias a oficinas o agencias en diferentes regiones, pero sin ceder el control ni la autonomía política. En otras palabras, el gobierno central establece oficinas locales que pueden ejecutar funciones administrativas, pero la toma de decisiones sigue concentrada en el poder central. Así, la desconcentración permite una gestión más cercana a la población sin comprometer el control del gobierno central sobre dichas acciones (Martínez & González, 2021; OCDE, 2023). Este modelo suele aplicarse en áreas como salud, educación y justicia, donde es importante acercar los servicios a la población sin perder el control administrativo.

Por otro lado, descentralización involucra la transmisión de autoridad y responsabilidad a entes con autonomía, tanto en el ámbito local así como el regional, permitiendo a estas unidades tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente. A diferencia de la desconcentración, la descentralización concede autonomía política, administrativa y financiera, lo cual permite que las regiones gestionen sus propios recursos y definan políticas públicas acordes a sus necesidades locales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022; Rodríguez, 2022). La descentralización es un proceso más profundo y complejo que la desconcentración, ya que implica una reestructuración del poder y fomenta la autonomía regional.

En el contexto de la regionalización, ambos conceptos se vinculan en el sentido de que, aunque la regionalización requiere algún grado de descentralización para ser efectiva, en numerosas naciones de la región, se ha comenzado con procesos de desconcentración como un primer paso hacia una regionalización plena (Gutiérrez & Pérez, 2023). La desconcentración puede funcionar como una fase preliminar que permite adaptar las estructuras administrativas antes de asumir el modelo descentralizado, especialmente en países donde el centralismo ha sido históricamente fuerte y la desconfianza en la autonomía regional es elevada (López & Sánchez, 2022).

La experiencia en América Latina demuestra que, en gran parte de los países, se han experimentado proyectos de desconcentración antes de adoptar modelos de descentralización más completos. En Chile, por ejemplo, las reformas en la administración pública se encaminaron primeramente en la desconcentración de servicios de educación y de salud, lo cual permitió una mayor proximidad de estos servicios a la ciudadanía sin otorgar autonomía plena a las regiones. Sin embargo, en años recientes, se han implementado reformas de descentralización para que las regiones tengan mayor control sobre sus políticas de desarrollo (Bianchi, 2023; OCDE, 2023).

Asimismo, estudios recientes indican que la desconcentración y la descentralización, cuando se implementan en conjunto y de manera progresiva, pueden facilitar un proceso de regionalización efectivo. En Colombia, la descentralización ha permitido una administración más adaptada a las necesidades locales, lo que ha favorecido la mejora en la calidad de vida en algunas zonas. No obstante, el éxito depende en gran parte en la voluntad política y las capacidades de las autoridades locales en la adecuada gestión de los recursos (Martínez & Zárate, 2022).

Sumariamente, la desconcentración y la descentralización son conceptos que, aunque distintos, están vinculados a la regionalización en tanto que ambos procesos permiten una administración más cercana a las regiones. No obstante, para una regionalización efectiva que busque democratizar la distribución y la equidad de la riqueza, así como potenciar el desarrollo humano, es fundamental avanzar hacia una descentralización más profunda, es esencial que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales, promoviendo un desarrollo regional más objetivo y sostenible.

  1. DEFINICIONES DE REGIONALIZACIÓN

La regionalización en América Latina es un proceso integral que involucra variadas dimensiones, desde la organización político-administrativa hasta el fortalecimiento de identidades locales.

Debido a la polisemia del término, a continuación, se presentan algunas definiciones desde distintas perspectivas recientes para comprender el alcance y los desafíos de este fenómeno en la región.

1. Regionalización como herramienta de descentralización administrativa: este enfoque define la regionalización como un proceso para distribuir de manera equitativa el poder y la administración pública. A través de esta perspectiva, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y servicios al acercar la toma de decisiones a las comunidades locales. Este concepto tiene particular relevancia en países de América Latina, donde las políticas históricamente centralistas han generado desigualdades significativas entre capitales y provincias (Estevadeordal, 2024).

2. Regionalización como integración económica y comercial: desde una visión económica, la regionalización en la región se refiere a la creación de bloques y acuerdos comerciales que promuevan el intercambio de servicios, bienes y personas entre las naciones latinoamericanas. Ejemplos de esto lo constituye el Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan fortalecer el mercado interno para competir con otras economías globales. Sin embargo, la falta de infraestructura y la fragmentación de normativas en la región limitan su éxito (Americas Georgetown, 2023).

3. Regionalización y desarrollo territorial: algunos autores argumentan que la regionalización es un medio para impulsar el desarrollo territorial, promoviendo un crecimiento más equilibrado entre regiones. Según estudios recientes, en América Latina, muchas regiones se han mantenido marginadas del desarrollo debido a la concentración de recursos en las capitales. Este tipo de regionalización apunta a reducir las disparidades territoriales promoviendo inversiones en áreas rurales y menos desarrolladas (Universidad Barcelona, 2022).

4. Regionalización cultural y fortalecimiento de identidades locales: otra perspectiva clave es la regionalización como mecanismo para fortalecer identidades culturales y locales. Este enfoque destaca la importancia de reconocer y preservar las identidades culturales específicas de cada región, permitiendo que estas sean representadas en políticas y decisiones públicas. En América Latina, este aspecto de la regionalización es crucial debido a la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a países como Perú y Bolivia, donde las identidades indígenas son prominentes (Kotschwar, 2023).

5. Regionalización como respuesta a la globalización: diversidad de autores ven la regionalización en América Latina como una consecuencia natural del proceso de globalización y la búsqueda de salvaguardar el mercado local. En este contexto, la regionalización no solo busca descentralizar, sino también crear un bloque económico y político cohesivo capaz de negociar en el escenario global. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente presión de actores globales como Estados Unidos y China en los recursos naturales de la región (Estevadeordal, 2024).

Cada una de estas definiciones muestra cómo la regionalización en América Latina es un proceso multidimensional que busca abordar tanto las necesidades de desarrollo local como los desafíos impuestos por la globalización y las políticas centralistas. Estas perspectivas proporcionan una base teórica para entender los distintos enfoques y la complejidad del fenómeno en el contexto latinoamericano.

  1. TIPOS Y CLASIFICACIONES DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La regionalización en América Latina es un fenómeno multifacético que abarca diversos tipos y clasificaciones, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Este proceso se caracteriza por la reestructuración de los espacios económicos, sociales y administrativos de acuerdo con las necesidades y desafíos de cada país y región. A continuación, se exploran los principales tipos de regionalización: económica, política, socio-cultural, ambiental, y tecnológica, cada uno de ellos con clasificaciones específicas que reflejan los distintos contextos de los países latinoamericanos.

  • Regionalización Económica

La regionalización económica en América Latina está orientada principalmente a la creación de bloques comerciales que faciliten la integración de mercados y promuevan el comercio de servicios y bienes, entre los países. Ejemplos de esta forma de regionalización son Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan reducir las barreras comerciales y fomentar la competitividad en el contexto global (Estevadeordal, 2024; Kotschwar, 2023). Según Daza (2022), uno de los objetivos centrales de la regionalización económica es aumentar la autosuficiencia de las regiones y reducir la dependencia de mercados externos. En el caso de la región, varios países afrontan conflictos para alcanzar estos objetivos debido a la falta de infraestructura y a la fragmentación regulatoria que limita la efectividad de estas iniciativas (Americas Georgetown, 2023).

Este tipo de regionalización ha sido clasificado en dos enfoques principales: el de integración económica y el de cooperación transnacional. La integración económica implica la creación de zonas económicas especiales, áreas de libre comercio, así como alianzas en materia aduanera, como Mercosur, donde los países buscan crear un mercado único con aranceles externos comunes (Alonso, 2023). En contraste, la cooperación transnacional se centra en acuerdos menos formales que facilitan el comercio y la inversión sin comprometer la autonomía económica de los países involucrados (Georgetown, 2023).

  • Regionalización Política

La regionalización política tiene como objetivo descentralizar la autoridad del ejecutivo nacional, hacia autoridades locales o regionales, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y una mayor representación de las comunidades (Sánchez & Arrieta, 2022). Este tipo de regionalización es particularmente relevante en América Latina debido a las políticas históricamente centralistas que han mantenido el poder concentrado en las capitales nacionales, lo que ha generado una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales (Gómez, 2023).

Este tipo de regionalización se clasifica en descentralización administrativa y descentralización legislativa. La descentralización administrativa permite que las regiones gestionen sus propios servicios, como salud y educación, mientras que la descentralización legislativa otorga a los gobiernos regionales el poder de tomar decisiones políticas autónomas en ciertos ámbitos (Mendoza, 2023). De acuerdo con Sánchez y Arrieta (2022), la descentralización política en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, principalmente debido a la falta de recursos financieros y a la resistencia de los gobiernos centrales a ceder poder a las regiones.

  • Regionalización Socio-Cultural

La regionalización socio-cultural se centra en el fortalecimiento de las identidades y culturas locales dentro de un marco regional. América Latina, una región diversa en términos étnicos y culturales, encuentra en este tipo de regionalización una oportunidad para reconocer y promover las particularidades de cada grupo social, lo cual es crucial en países con poblaciones indígenas significativas, como Perú y Bolivia (Fernández, 2022). Este tipo de regionalización permite que las comunidades mantengan sus tradiciones y sistemas de conocimiento mientras se integran en la sociedad nacional y global (Pérez & Cárdenas, 2023).

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques: regionalización inclusiva y regionalización diferenciada. La regionalización promueve la inclusión de las comunidades en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, mientras que la regionalización diferenciada reconoce la necesidad de enfoques específicos para grupos con características particulares, como las comunidades indígenas (Gómez, 2023).

  • Regionalización Ambiental

La regionalización ambiental en América Latina surge en respuesta a la búsqueda de resguardar y gestionar los abundantes recursos en un contexto de gran biodiversidad y desafíos ambientales significativos, como la deforestación en la Amazonía (Rodríguez & Torres, 2022). Este tipo de regionalización busca crear unidades territoriales que faciliten la implementación de políticas ambientales adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Según Daza (2022), la regionalización ambiental es fundamental para la sostenibilidad de los recursos en América Latina y permita una planificación más adecuada del territorio y la gestión adecuada del ecosistema.

Este tipo de regionalización se divide en gestión de recursos naturales y protección de áreas ambientales. La gestión de recursos se enfoca en la regulación del uso y la explotación de recursos, mientras que la protección ambiental se orienta a conservar áreas críticas y a promover políticas de desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables (Fernández, 2022).

  • Regionalización Tecnológica

Por último, la regionalización tecnológica aborda los contrastes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital, problemas que inciden en el progreso y la búsqueda de la tan ansiada competitividad del subcontinente (Pérez & Cárdenas, 2023). Según Mendoza (2023), una adecuada regionalización tecnológica puede reducir la brecha digital y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y rurales, lo cual es crucial para el desarrollo socio-económico..

La regionalización tecnológica incluye la infraestructura digital y acceso a la innovación. La primera se refiere a la creación de redes y centros de acceso en áreas remotas, mientras que la segunda aboga por la inversión en tecnología avanzada y formación digital, especialmente en regiones con baja cobertura tecnológica (Gómez, 2023).

  1. CONTRASTE DE LA REGIONALIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS EN LATINOAMÈRICA.

Los conceptos de regionalización y centralismo han sido antagónicos en la organización territorial y política de los países latinoamericanos. Mientras que la regionalización busca una mayor descentralización para favorecer el desarrollo local y la inclusión de diversas regiones, el centralismo concentra el poder y los recursos en las capitales o centros de poder político y económico. Este contrapunto refleja tensiones profundas en la historia de América Latina, donde el centralismo ha sido un modelo predominante que, según muchos estudios, ha contribuido a perpetuar desigualdades territoriales y económicas (Sánchez & Arrieta, 2022; Rodríguez & Torres, 2022). A continuación, se examinan los distintos tipos de políticas centralistas y sus efectos en la región, así como las consecuencias de este enfoque para el proceso de regionalización.

  1. Centralismo Administrativo y Asignación de Recursos

El centralismo administrativo concentra las decisiones sobre la asignación de recursos en el gobierno central, generalmente en las capitales nacionales. En muchos países de América Latina, este modelo ha limitado el acceso equitativo a los recursos en las regiones periféricas, ya que las decisiones de inversión tienden a favorecer a las áreas urbanas más desarrolladas (Gómez, 2023; Daza, 2022). De acuerdo con Fernández (2022), la centralización administrativa en América Latina ha causado desigualdades significativas, ya que los gobiernos locales tienen poca autonomía para gestionar sus propios recursos. Este enfoque centralista ha obstaculizado la regionalización, dificultando la respuesta oportuna, necesaria y adecuada de los gobiernos locales en atender las necesidades específicas de sus comunidades.

Los efectos de este tipo de centralismo son evidentes en países como Perú y Colombia, donde las regiones rurales reciben menos inversión en infraestructura y servicios básicos en comparación con las capitales (Alonso, 2023). En lugar de fomentar una distribución equitativa, el centralismo administrativo crea una dependencia de las autoridades regionales hacia el gobierno central, limitando su capacidad de actuar de manera autónoma y adaptarse a las particularidades de su región (Estevadeordal, 2024).

  1. Centralismo Político y Concentración del Poder de Decisión

El centralismo político implica la concentración del poder de decisión en una élite política ubicada en la capital o en los centros de poder. Este tipo de centralismo ha sido una característica persistente en América Latina, especialmente en sistemas presidencialistas donde el poder ejecutivo tiene un gran control sobre las políticas nacionales (Pérez & Cárdenas, 2023; Kotschwar, 2023). La centralización política limita la contribución de los territorios con los gobiernos, en la formulación de la política pública, lo cual afecta directamente la capacidad de la población para influir en las decisiones..

Este tipo de centralismo genera tensiones con la regionalización, limita la inserción de la expresión popular en los procesos de toma de decisiones y reduce la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en temas de su interés (Mendoza, 2023). Según Gómez (2023), la concentración del poder político en la capital provoca que las políticas nacionales no consideren las realidades regionales, lo cual aumenta la desconexión entre el gobierno central y la colectividad, perpetuando así las inequidades territoriales y políticas.

  1. Centralismo Fiscal y Limitación de Recursos Financieros

Otro aspecto fundamental del centralismo en América Latina es el control de los recursos fiscales por parte del gobierno central. En muchos países de la región, el gobierno central retiene una gran parte de los ingresos fiscales, limitando así la capacidad de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de desarrollo (Rodríguez & Torres, 2022; Alonso, 2023). Este tipo de centralismo fiscal impide que las regiones puedan invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales para mejorar el bienestar de sus comunidades.

Este enfoque centralizado ha sido criticado por expertos en desarrollo regional, quienes argumentan que limita el crecimiento de las economías locales y genera una dependencia constante de los gobiernos regionales hacia el presupuesto nacional (Fernández, 2022; Estevadeordal, 2024). En países como México y Argentina, el centralismo fiscal ha creado un sistema de dependencia en el que las regiones no pueden actuar de manera autónoma, lo que afecta su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y fomenta una distribución desigual de los recursos.

  1. Centralismo Cultural y Homogeneización de Identidades Regionales

El centralismo cultural se refiere a la imposición de una identidad cultural dominante, generalmente asociada a la capital, en detrimento de las identidades locales y regionales. En países de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural, este tipo de centralismo puede tener un efecto alienante, ya que impone un modelo cultural único y no permite la expresión de las identidades locales (Sánchez & Arrieta, 2022). La regionalización cultural, en contraste, busca valorar y preservar la diversidad cultural de cada región, permitiendo que las comunidades mantengan sus tradiciones y costumbres.

El centralismo cultural es particularmente evidente en países como Perú y Bolivia, donde las políticas nacionales han tendido a favorecer las tradiciones de las élites urbanas en lugar de las culturas indígenas (Gómez, 2023). Este enfoque centralista ignora la riqueza cultural de las regiones y reduce la participación de la población en la vida política y social, lo cual contradice los objetivos de la regionalización inclusiva y dificulta la integración cultural (Pérez & Cárdenas, 2023; Daza, 2022).

  1. Centralismo Educativo y Control sobre la Educación Regional

Por último, el centralismo educativo se manifiesta en la concentración de los sistemas educativos bajo la autoridad del gobierno central, lo cual limita la capacidad de las regiones para adaptar la educación a sus necesidades específicas. Este enfoque centralista impone un currículo uniforme que no necesariamente refleja las realidades locales, lo que limita el potencial de las regiones para desarrollar sus propios programas educativos y para promover la cultura e historia local (Mendoza, 2023; Rodríguez & Torres, 2022).

Según Kotschwar (2023), el centralismo educativo en América Latina ha generado un sistema poco flexible que no responde a las necesidades de las comunidades rurales ni a las particularidades de cada región. En contraposición, la regionalización educativa permite una mayor adaptabilidad en los programas de estudio y en la formación de docentes, lo cual puede contribuir al desarrollo regional y a la inserción comunal en el sistema educativo nacional.

  1. EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS COMPARADO. CASOS DE: MÉXICO, COSTA RICA, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL Y CHILE

La regionalización en América Latina es un proceso que, aunque varía ampliamente en cada país, busca la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A continuación, se analizan las experiencias de siete países: México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, evaluando sus avances en la regionalización y su éxito en reducir el centralismo, o en su defecto, identificando los retos que enfrentan.

MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

En México, la regionalización ha sido un tema de interés desde hace varias décadas, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos debido al persistente centralismo que caracteriza su sistema de gobierno. Aunque formalmente es un Estado Federal, el modelo mexicano presenta una alta concentración del poder fiscal en el gobierno central. Los estados y municipios dependen en demasía de las transferencias del gobierno federal. La descentralización administrativa ha sido significativa (educación, salud), pero sin el acompañamiento de recursos suficientes. La Ciudad de México concentra gran parte de los recursos y las decisiones políticas, lo que dificulta el desarrollo equitativo de otras regiones (Flores, 2023; Hernández & Torres, 2022). No obstante, en los últimos años se han efectuado acciones orientadas a descentralizar algunos sectores, como la educación y la salud, a través de reformas de modernización del federalismo (Gómez, 2023).

Algunas iniciativas exitosas han tenido lugar en estados como Nuevo León y Jalisco, que han logrado cierto grado de autonomía en el manejo de sus recursos y en la atracción de inversión extranjera (Martínez & Sánchez, 2022). Estas experiencias demuestran que la descentralización es posible, aunque sigue siendo limitada en comparación con el control que mantiene el gobierno central (García, 2023).

COSTA RICA: MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARTICIPATIVA CON TAREAS PENDIENTES.

Con un sistema unitario, Costa Rica ha avanzado en descentralización administrativa y fiscal, en parte gracias al impulso del Código Municipal (1998). Sin embargo, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad institucional local restringen el impacto del proceso. Ha implementado un modelo de regionalización que se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Este país ha trabajado en la descentralización de funciones administrativas y en la promoción de la autonomía de sus municipios, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades de cada región (Díaz, 2022; Vargas & Solís, 2023). La creación de Consejos de Desarrollo Regional ha sido un paso significativo para coordinar los esfuerzos de desarrollo regional y buscar la distribución más justa de los recursos (Soto & Mora, 2023). Este proceso ha demostrado ser eficaz en áreas como Guanacaste, donde se ha promovido el turismo sostenible y la gestión de recursos naturales de manera local, adaptando las políticas nacionales a las necesidades específicas de esta región (Martínez, 2023). A pesar de los avances, Costa Rica aún enfrenta desafíos, especialmente en términos de financiamiento y autonomía plena para sus gobiernos locales (Solano, 2024).

VENEZUELA: UN FEDERALISMO FORMAL CON RECENTRALIZACIÓN PRÁCTICA

Venezuela se constituye formalmente como un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución Política del año 1999. No obstante, en la realidad ha vivido una recentralización progresiva, especialmente desde mediados de la década de 2000. Durante los años 80 y 90, el país vivió un proceso de descentralización política, con la elección directa de gobernadores (1989) y alcaldes, además de la transferencia de algunas competencias a estados y municipios.

No obstante, con la consolidación del modelo centralista del Estado comunal muchas competencias y recursos fueron reabsorbidos por el Ejecutivo nacional, debilitando a los gobiernos locales, por lo que Venezuela al igual que la mayoría de países de la región no solo tiene una deuda pendiente en esta materia, sino que más bien sufre un retroceso hacia el centralismo del estado.

PERÚ: CENTRALISMO PERSISTENTE Y OBSTÁCULOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En Perú, el proceso de regionalización ha enfrentado grandes dificultades debido al arraigado centralismo de su estructura estatal. Implementó una descentralización acelerada tras el colapso del régimen de Fujimori, creando gobiernos regionales y promoviendo participación ciudadana. Sin embargo, la falta de planificación y el clientelismo han limitado su eficacia. Aunque se han creado gobiernos regionales y se ha transferido alguna autonomía administrativa, el poder y los recursos continúan centralizados en Lima (Ríos & Vargas, 2023; Pérez, 2022). Esto ha limitado la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y ha exacerbado las desigualdades territoriales.

Un ejemplo de las limitaciones de la regionalización en Perú es la región de Cusco, donde la falta de recursos y autonomía ha impedido que el gobierno regional promueva un desarrollo sostenible y que se atiendan las demandas locales de manera eficaz (González, 2022). Aunque existen esfuerzos por fortalecer la descentralización, el centralismo sigue predominando, limitando los beneficios que podrían derivarse de una verdadera regionalización (Chávez & Ramos, 2023).

ARGENTINA: FEDERALISMO EN TENSIÓN CON EL CENTRALISMO

A pesar de su estructura federal, Argentina experimenta una asimetría profunda entre provincias, lo que genera tensiones en la distribución de recursos. El gobierno nacional ejerce una fuerte influencia sobre las provincias vía transferencias discrecionales. Es un país federal en teoría, pero en la práctica, Buenos Aires acapara la mayor parte del poder político y económico, lo que representa un reto para la regionalización efectiva. Aunque cada provincia tiene cierto grado de autonomía, el financiamiento depende en gran medida del gobierno central, lo que crea una relación de dependencia (López, 2023; Navarro, 2022). Esta dependencia limita las posibilidades de desarrollo regional y ha generado desigualdades significativas entre las provincias.

No obstante, algunas provincias, como Mendoza y Córdoba, han implementado políticas para diversificar sus economías y reducir la dependencia económica del gobierno central. Estas experiencias han demostrado que, con un manejo autónomo y adecuado de los recursos, es posible avanzar hacia una regionalización más equilibrada y menos dependiente (Ferreyra & Romero, 2023). Sin embargo, la estructura fiscal y financiera de Argentina continúa siendo un obstáculo significativo para una regionalización efectiva (Bianchi, 2022).

COLOMBIA: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PAZ

El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. Visto de esta forma, en Colombia, la descentralización ha sido una estrategia clave para promover la paz y el desarrollo regional en municipios inmersos en la guerra entre el ejército y las FARC. La creación de entidades tales como: Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han sido fundamentales para mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo en regiones históricamente marginadas (Gutiérrez & Quintero, 2023; Rodríguez, 2022).

El caso de Antioquia y su autonomía en la gestión de planes de desarrollo local, es un ejemplo exitoso de regionalización, que ha permitido mejorar la infraestructura y reducir la distancia social entre la zona urbana y la ruralidad (Martínez & Salazar, 2023). Sin embargo, el centralismo persiste en algunas áreas, y las regiones aún son fuertemente dependientes del presupuesto asignado por el gobierno nacional, lo que limita la sostenibilidad de estos avances (Mejía & Gómez, 2023).

BRASIL: FEDERALISMO Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

Es uno de los países menos centralizados de la región. La Constitución de 1988 reconoció a los municipios como entes federados. Aun así, las disparidades regionales y la fragmentación partidaria obstaculizan la gobernanza territorial. Brasil cuenta con un sistema federal que otorga un alto grado de autonomía a los estados, lo cual ha facilitado procesos de regionalización en campos como la educación y la salud. No obstante, existen desigualdades marcadas entre las regiones, especialmente entre el sureste y el noreste, lo cual ha generado tensiones en el desarrollo regional (Silva & Pereira, 2023; Oliveira, 2022). La descentralización en Brasil ha permitido que estados como São Paulo y Minas Gerais desarrollen sus economías de manera independiente, fortaleciendo sus infraestructuras y atrayendo inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno central todavía tiene un papel predominante en la distribución de recursos, y el desequilibrio económico entre las regiones persiste, lo que limita el potencial de la regionalización para reducir las disparidades (Costa, 2024). A pesar de los avances, la dependencia de las regiones hacia el gobierno central representa un obstáculo significativo para una regionalización equitativa en Brasil (Fernández, 2023).

CHILE: CENTRALISMO Y TÍMIDOS AVANCES EN LA REGIONALIZACIÓN

Históricamente centralista, Chile ha iniciado recientemente un proceso de regionalización con la elección de gobernadores regionales desde 2021, aunque sin una transferencia real de competencias ni presupuesto, lo que limita su impacto. Chile es uno de los países con mayor centralismo en América Latina. Experimenta una gran concentración de poder y recursos en Santiago. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para descentralizar el país, el progreso ha sido lento y las regiones aún dependen en gran medida del gobierno central (Lagos, 2023; González, 2023). A pesar de esto, se han implementado algunas políticas de regionalización en sectores como la gestión de recursos naturales, donde las regiones del sur han logrado cierta autonomía para promover el desarrollo sostenible.

Una iniciativa destacada es el programa de fortalecimiento de las regiones, que ha permitido a algunas zonas gestionar sus recursos de manera más autónoma y adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (Carrillo & Martínez, 2023). Sin embargo, la falta de un marco legal sólido para la regionalización y el predominante centralismo siguen siendo los principales retos para una descentralización efectiva en Chile (Fuentes, 2023).

  1. BENEFICIOS DE UNA REGIONALIZACIÓN EXITOSA: APUNTES PARA LA DISCUSIÓN.

Sin pretender terminar con la discusión; sino más bien fomentar el debate aun inconcluso; que permita dinamizar la confrontación de ideas; se esbozan a modo de resumen, algunos beneficios que podría traer a la región, una regionalización exitosa:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional local: una regionalización efectiva requiere instituciones locales fuertes, con capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para gestionar y ejecutar políticas públicas adaptadas a las necesidades regionales. La experiencia ha demostrado que la falta de recursos y personal capacitado a nivel local limita el éxito de las políticas descentralizadas (Martínez & Zárate, 2022). Es fundamental que los gobiernos nacionales inviertan en programas de capacitación y desarrollo institucional en los niveles subnacionales para asegurar que las autoridades locales puedan tomar decisiones informadas y eficientes (Rodríguez, 2023). Según estudios del Banco Mundial, la creación de redes de colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es esencial para facilitar el flujo de conocimientos y habilidades hacia las autoridades locales, promoviendo una mayor capacidad de respuesta frente a problemas específicos de cada región (Banco Mundial, 2023). Además, estos esfuerzos deben ir acompañados de un compromiso inequívoco de lucha frontal contra la corrupción y que potencie con especial vigor la rendición de cuentas (Gutiérrez & Pérez, 2023).

2. Transferencia equitativa de recursos fiscales: una distribución equitativa de los recursos fiscales es clave para asegurar que todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, tengan acceso a los fondos necesarios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar los servicios públicos. Estudios realizados por la OCDE destacan que la descentralización fiscal es efectiva solo cuando se acompaña de una estructura de transferencias que considera las desigualdades territoriales (OCDE, 2023). En América Latina, países como Brasil y Colombia han implementado sistemas de transferencias que buscan corregir desigualdades históricas entre regiones, aunque todavía enfrentan desafíos para reducir las disparidades existentes (Mejía, 2023). Un enfoque recomendado es el de diseñar mecanismos de asignación de recursos basados en criterios de necesidad y rendimiento. Esto implica que los fondos se distribuyan teniendo en cuenta factores como el nivel de pobreza, el fomento distributivo con equidad de las políticas públicas así como aumentar las capacidades de las autoridades locales para ejecutar programas, de modo que se maximice el impacto social de los recursos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

3. Promoción de la aportación de la ciudadanía en la toma de decisiones: esto es fundamental para asegurar que las políticas de regionalización respondan a las demandas reales de la sociedad. La participación activa de la sociedad civil puede ayudar a mejorar la legitimidad de las decisiones y a reducir las tensiones políticas entre el nivel central y las regiones (López & Sánchez, 2022). Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los mecanismos de consulta y participación ciudadana deben integrarse en todas las fases de la gobernanza en los territorios para lograr procesos exitosos (PNUD, 2022). En este sentido, el uso de tecnologías digitales y plataformas en línea para consultas y retroalimentación ciudadana ha sido efectivo en países como Uruguay, donde la participación ha mejorado notablemente gracias a estos medios (Bianchi, 2023). Además, estas plataformas pueden ayudar a recopilar datos para mejorar la efectividad de las políticas regionales.

4. Desarrollo de infraestructura para la conectividad regional: una regionalización efectiva necesita una infraestructura sólida que conecte las diferentes regiones, promueva las inversiones, favorezca el comercio y facilite el sector servicios. En América Latina, las disparidades en infraestructura han limitado el desarrollo en las regiones más alejadas de la metrópoli. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura vial, transporte y tecnología digital es un pilar para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer los lazos entre las regiones y el mercado nacional (CEPAL, 2023).

Asimismo, el acceso a internet y tecnología en las zonas rurales es crucial para integrar a estas comunidades en el ámbito económico y social, permitiéndoles acceder a servicios educativos, de salud y de capacitación profesional. La inversión en infraestructura tecnológica es una prioridad para lograr que todas las regiones participen en el crecimiento económico (Navarro & Díaz, 2023).

5. Políticas de desarrollo sostenible y adaptadas al contexto local: para alcanzar mejoras sustantivas en desarrollo humano; las políticas de regionalización deben ser sostenibles y adaptarse a las condiciones ambientales, culturales y económicas de cada región. En muchos países, los modelos de desarrollo uniformes no han sido efectivos, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, los enfoques de desarrollo adaptados a las condiciones geográficas y culturales de las comunidades han mostrado mejores resultados que las estrategias generales (Chávez & Ramos, 2023).

De acuerdo con un informe de la FAO, las políticas agrícolas y de desarrollo rural deben diseñarse en función de las capacidades productivas y ecológicas de cada región para evitar problemas de degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo (FAO, 2023). Esto también permite diversificar la economía en zonas que tradicionalmente dependen de un solo sector productivo, lo cual contribuye a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades laborales en áreas menos desarrolladas.

  1. RECOMENDACIONES PARA UNA REGIONALIZACIÓN EFECTIVA

Fortalecer las capacidades institucionales locales: capacitación técnica, gestión pública profesional y planificación territorial.

Establecer esquemas de financiamiento equitativos y sostenibles: evitar la dependencia total de transferencias.

Promover la participación activa de los ciudadanos en la planificación y ejecución de planes estratégicos orientados a sus regiones.

Invertir en conectividad territorial e infraestructura básica, reduciendo la marginación rural y periférica.

Diseñar modelos adaptativos, sensibles a las realidades sociales, culturales y ambientales de cada región.

  1. REFLEXIONES FINALES.

De la exégesis de los modelos de regionalización en América Latina abarcados en este artículo, destaca la preponderancia de robustecer las políticas tendientes a fortalecer de manera vigorosa proyectos de descentralización y desconcentración administrativa y de gobernanza; como medios para fortalecer la equidad y el desarrollo humano en las regiones periféricas. La regionalización surge como una estrategia para enfrentar el tradicional centralismo que limita el desarrollo equitativo y la autonomía de las regiones, permitiendo así una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada área. A través del estudio de experiencias en distintos países de la región, se observa que, si bien algunos han avanzado hacia modelos de descentralización exitosos, otros enfrentan importantes desafíos debido a estructuras centralistas rígidas y a una falta de capacidad institucional a nivel local.

La diferenciación entre desconcentración y descentralización resulta fundamental en el proceso de regionalización. La desconcentración permite una proximidad operativa sin transferir autonomía plena, mientras que la descentralización conlleva una transferencia real de poder político y financiero. Ambas estrategias, aunque distintas, pueden ser implementadas de manera complementaria, dependiendo de las capacidades y necesidades de cada país.

Por último, se proponen recomendaciones específicas para una regionalización efectiva, como la inversión en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento de capacidades locales, y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, todo ello orientado a reducir las desigualdades territoriales. Se concluye que una regionalización bien estructurada puede ser un instrumento clave para un desarrollo más justo y sostenible en América Latina, promoviendo una gobernanza equitativa y mejorando la vida de los habitantes de las zonas periféricas, hasta ahora en desventaja con las urbanas.

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*https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026.pdf

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Creación de empleo en el país se estanca, a seis años de la pandemia

Roxana Morales Ramos, M.Sc.
Economista, Coordinadora OES-UNA
Escuela de Economía, Universidad Nacional

Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.

El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.

Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.

La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.

Un empleo que no crece, solo se redistribuye

Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.

La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.

Sectores ganadores y perdedores

La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.

En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.

Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas

El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.

La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.

Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.

Menos desempleo, pero no por más empleo

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.

Un mercado laboral más pequeño y más excluyente

En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.

Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.

Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC.
Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en el marco de las próximas elecciones

El desarrollo de la ciencia constituye un elemento fundamental en las sociedades modernas que aporta en la generación de conocimiento sobre la realidad natural y social, contribuyendo al bienestar, la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha logrado avances importantes en ciencia, lo cual ha impactado en múltiples aspectos de la vida nacional.

La ciencia no sólo contribuye al desarrollo económico y social, sino que, además, forma parte integral de la cultura. La ciencia alimenta los valores democráticos y le hace frente a la intolerancia, los dogmatismos y las fake news (noticias falsas). De ahí a importancia de que en nuestro país la investigación científica reciba el apoyo político y económico que requiere.

Desafortunadamente, existen tendencias a nivel internacional, con cajas de resonancia en nuestro propio país, que tienden a debilitar a la ciencia, cercenando el apoyo gubernamental a la misma, cuestionando a las instituciones que la desarrollan y generando entornos culturales antagónicos a la práctica y los valores de la ciencia. En particular, los ataques de determinados sectores políticos a las universidades públicas son preocupantes, pues estas instituciones son precisamente el nicho principal de generación de investigación científica del país.

En vísperas de las elecciones nacionales, la Academia Nacional de Ciencias hace un llamado vehemente a la ciudadanía y a los partidos políticos para que valoren la importancia de la ciencia en la vida del país y, en consecuencia, tomen decisiones que conlleven un apoyo decidido a la promoción de la ciencia en todas sus manifestaciones. La ciencia nacional debe ser fortalecida, nunca debilitada.