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Etiqueta: políticas públicas

“Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”

Dr. Ángel Ortega Ortega
Académico
Escuela de Planificación y Promoción Social
Universidad Nacional

Tal y como lo expresa el título de este comentario: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, es el gran reto que se plantea la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, al dar el banderazo de salida este miércoles 30 de julio de 2025 con el lanzamiento del Observatorio de Futuros-OdF, el cual será gestionado desde la Maestría en Planificación y Prospectiva de la EPPS-UNA.

Es pertinente indicar en primera instancia que cuando hablamos de futuro, tenemos necesariamente que hablar de investigación, por consiguiente, el Observatorio de Futuros-OdF, se constituye en una instancia académica dedicada a la investigación prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico orientado al desarrollo nacional, regional, local y organizacional, es un espacio de investigación que va a analizar condiciones del presente tomando en cuenta lo histórico, el presente y factores que definen futuros posibles en los cuales las organizaciones, los países podríamos encontrarnos. De esta manera, mediante el análisis de tendencias y la exploración de posibles futuros, se genera conocimiento estratégico para anticipar posibles eventos, desafíos, así como guiar acciones transformadoras en el presente y poder prepararnos para lo que viene en adelante. En este sentido, hablar de futuro no es ajeno al accionar de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que desde el año 1974 trabaja en la formación de personas planificadoras, dado, que parte del objeto de estudio de la planificación es el futuro, puesto que planificamos para tener un mañana o escenarios de largo plazo diferentes y mejores.

Este Observatorio (OdF) marcará la diferencia ya que va a utilizar un enfoque muy poco trabajado en nuestro país, pero que en otras naciones nos llevan mucha ventaja, que es aplicar el enfoque prospectivo estratégico, de esta manera, como universidad y bajo la dirección de la Escuela de Planificación y Promoción Social se va a aportar al bienestar colectivo de la sociedad costarricense que enfrenta grandes desigualdades, fragmentación social y retos de sostenibilidad, apostando por un futuro más equitativo, resiliente y sostenible e influir en la definición de política pública, definir estrategias de desarrollo de organizaciones, instituciones y empresas.

Componentes filosóficos:

La Visión del Observatorio se enfoca ser una instancia académica de la Universidad Nacional que con excelencia se dedicará a la investigación y construcción de futuros, para que genere información innovadora y confiable de esta manera apoyar la toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados, promoviendo así el bienestar y el desarrollo del país.

Su Misión es contribuir en la construcción de futuros en diversas temáticas mediante la co-creación, difusión, transmisión, transferencia y gestión de información multi, inter y transdisciplinaria, que incida en la formulación de políticas públicas y en el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.

De esta manera, se van a definir temáticas en función de las realidades particulares que tengamos como país y en función de los intereses de las personas que conforman los equipos de trabajo académico de la UNA, no obstante, hay apertura total para que las personas que interés en temáticas particulares puedan integrarse a los equipos de la Unidad Académica (EPPS-UNA) y ser parte de los procesos de investigación.

El Observatorio de Futuros (OdF) plantea algunos valores por los que transitará y los cuales marcaràn la ruta de su compromiso y de su quehacer: “Respeto, Transparencia, Innovación, Equidad, Inclusión, Sostenibilidad, Participación, multi-inter-transdiciplinariedad, Excelencia y Horizontalidad”.

Objetivos:

Los objetivos se conciben como la base fundamental de este Observatorio (OdF), de ahí que se exponen de la siguiente manera:

  • Fomentar proyectos de investigación prospectiva en instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, orientados a la construcción de futuros deseables a nivel nacional, regional y local.

  • Respaldar iniciativas de investigación centradas en la construcción de escenarios de futuros posibles, en temáticas clave vinculadas al desarrollo en los niveles territorial y sectorial.

  • Implementar metodologías innovadoras y herramientas prospectivas para la anticipación a cambios, la construcción de escenarios futuros y la orientación de decisiones informadas para un desarrollo sostenible, equitativo a nivel nacional, regional y local.

  • Generar productos académicos de alta calidad teórica y metodológica, basados en procesos de investigación, docencia y extensión con enfoque prospectivo, que promuevan la articulación interinstitucional entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, empresas y ONG, para el fortalecimiento de capacidades anticipatorias necesarias para la toma de decisiones informadas frente a posibles escenarios futuros.

  • Divulgar conocimientos rigurosos sobre futuros posibles en diversas áreas estratégicas, fortaleciendo capacidades.

Áreas para la exploración de futuros:

Para arrancar con el trabajo del Observatorio (OdF) se plantean de manera inicial algunas áreas, entre estas se mencionar:

  • Seguridad Alimentaria

  • Desarrollo microempresarial, el cual dado el parque empresarial en nuestro país se vuelve un tema elemental para nuestra economía, sobre todo ante las dificultades de empleo.

  • Políticas públicas

  • Educación

  • Planificación del Desarrollo, como tema clave para la Universidad Nacional dada la especialidad de la EPPS-UNA.

Siguientes investigaciones de futuro:

El futuro del arroz y los frijoles en Costa Rica ‘Gallo Pinto’. Este tema ha adquirido gran relevancia, dada, la situación de los arroceros en la actualidad de Costa Rica que ha generado problemas a la producción de arroz.

Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la Microempresa de España y Costa Rica: Un análisis comparado. Instituto de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá, EPPS-UNA.

Gestión de OdF:

Este Observatorio (OdF) ejecutarà su labor desde la Maestría Profesional en Pensamiento Estratégico y Prospectiva que forma parte del Posgrado en Planificación de la Escuela en Planificación y Promoción Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Los temas se definirán a principio de año y se tendrá un máximo de dos temas de investigación a la vez.

Se trabajará bajo el método prospectivo estratégico, haciendo adecuaciones de las herramientas prospectivas según el interés y la disponibilidad de la información.

La directora del Posgrado en Planificación es la Máster Jazmín Pereira Ortega, a quien pueden contactar para más información: jazmin.pereira.ortega@una.cr

Evento completo: https://bit.ly/4m3l4n5

Contacto: angel.ortega.ortega@una.cr

Pronunciamiento oficial ante la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados

La Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, conformada por docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra la notificación pública de la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.

Esta resolución constituye un avance histórico al reconocer el cuidado como derecho humano autónomo y, a la vez, relacionado con otros derechos, expresado en tres dimensiones inseparables:


  1. El derecho a cuidar



  2. El derecho a recibir cuidados



  3. El derecho al autocuidado


Este reconocimiento responde a una demanda histórica de los movimientos feministas y de los estudios críticos, y visibiliza el aporte fundamental de millones de mujeres que, dentro y fuera del hogar, han sostenido la vida en condiciones muchas veces invisibles y desiguales.

La Opinión Consultiva OC-31/25 no solo valida el cuidado como pilar esencial de las sociedades, sino que plantea un desafío claro al sistema interamericano y a los Estados de la región: definir estándares y diseñar políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio pleno de este derecho en la vida cotidiana.

Desde la Red reiteramos nuestro compromiso académico, político y ético con la transformación de los cuidados como dimensión central de la justicia social y de género. Esta resolución de la Corte nos convoca a seguir construyendo marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reconozcan el cuidado como un bien común, una responsabilidad colectiva y una base para la justicia social y de género. Reafirmamos que el cuidado es un bien común y una responsabilidad colectiva.

San José, 7 de agosto de 2025.

Integrantes

Ana Lucía Fernández Fernández, CICDE-UNED

Natalia Dobles Trejos, CICDE-UNED

Marcela Pérez Rodríguez, CICDE-UNED

Juliana Martínez Franzoni, CIEP-UCR

Nancy Piedra Guillen, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR

Laura Rivera Alfaro, Escuela de Trabajo Social, UCR

Adriana Monge Arias, Sede de Occidente, UCR

Ana Cecilia Escalante, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR

Irma Sandoval Carvajal, IDESPO-UNA

Sharon Rodríguez Brenes, IDESPO-UNA

María Leonela Artavia Jiménez, Escuela de Economía, UNA

Rocío Chamorro Tasies, Sede de San Ramón-UCR

Mariángel Sánchez Alvarado, Escuela de Trabajo Social, UCR

Ana Rosa Ruiz Fernández, Oficina de Equidad de Género, TEC

Mariela Campos Lizano, Escuela de Economía, UNA

Iliana Espitia Sutachán, Maestría Evaluación de Programas y Proyectos EVAPRO, UCR

María José Herrera Madrigal, Escuela de Economía, UNA

Jimena Zeledón Pérez, Programa Desarrollo Educativo, Vicerrectoría de Extensión, UNED

Sharling Hernández Jiménez, Oficina de Equidad de Género, TEC

El declive del coeficiente intelectual en la era digital: reconfiguración cognitiva y tendencias globales

 

Durante el siglo XX, las puntuaciones de coeficiente intelectual (CI) mostraron un aumento sostenido —el denominado Efecto Flynn—, que fue revisado en las últimas dos décadas por nuevos estudios que documentan una reversión en países industrializados. Este fenómeno, confirmado por investigaciones longitudinales y meta-análisis recientes, se atribuye mayoritariamente a causas ambientales, sociales y especialmente digitales, más que a factores genéticos, como clarifica la literatura científica de 2024-2025. Actualmente, el debate es central en neurociencia, psicología y políticas públicas, pues se identifican tanto la pérdida de capacidades clásicas (memoria, atención, razonamiento abstracto) como la emergencia de nuevas habilidades digitales que requieren un marco de análisis actualizado. El fenómeno es notorio en Europa y Norteamérica, mientras que en el Sur Global predomina la persistencia o ligero estancamiento del Efecto Flynn, pero sin documentar aún un declive sistemático comparable. La evidencia acumulada en los últimos años exige la actualización urgente de instrumentos de medición y el rediseño de políticas educativas, nutricionales y de salud pública.

1. Introducción: La paradoja de la inteligencia en el siglo XXI

El avance continuo del CI durante todo el siglo XX sustentó esperanzas de un progreso cognitivo indefinido; nuevos análisis, sin embargo, revelan que desde las generaciones nacidas en los años 70 este patrón se ha invertido en numerosos contextos industrializados. Estudios actualizados hasta 2025 muestran que el desarrollo cognitivo ya no es lineal ni homogéneo, sino producto de la interacción multifacética de factores educativos, ambientales y, especialmente, derivados de la revolución digital.

El objetivo de este ensayo es sistematizar la evidencia reciente, examinar críticamente los factores involucrados y proponer marcos conceptuales y metodológicos acorde con la actualidad científica, aportando un mapa comprehensivo para investigadores y gestores de políticas públicas.

2. Evidencia global del declive del CI: estado del arte 2019–2025

2.1. Países desarrollados

La reversión del Efecto Flynn en Noruega fue documentada inicialmente por Bratsberg & Rogeberg (2018) y ha sido ratificada en informes y meta-análisis recientes que actualizan la serie hasta cohortes nacidas en 2001. Finlandia y Dinamarca presentan tendencias similares, confirmadas por la Finnish Health and Education Authority (2024).

En el Reino Unido, el British Cohort Study y los informes de la Centre for Longitudinal Studies (2024) destacan descensos acumulados de hasta 5 puntos de CI en habilidades verbales y de razonamiento estructurado desde la década de los 70, estrechamente relacionados con la transformación educativa y el uso de tecnologías digitales por jóvenes y adolescentes.

En Estados Unidos, cohortes analizadas por Northwestern University y el NAEP (2025) evidencian deterioro claro en vocabulario, comprensión y razonamiento matemático; Psychological Science (2024) y foros internacionales corroboran esta tendencia.

2.2. Contextos no occidentales

En China, el Efecto Flynn persiste, aunque estudios actuales ya reportan indicios de estancamientos en áreas urbanas con alta exposición digital y contaminación ambiental, según la Chinese Academy of Social Sciences (2024) y meta-análisis de Yang et al. (2019).

En América Latina, aunque predomina un incremento lento y desigual del CI, equipos de Brasil, México y Chile advierten que la digitalización sin regulación, combinada con déficits en comprensión lectora y nutrición, podría estar frenando los logros cognitivos obtenidos en décadas anteriores.

En África Subsahariana, la evidencia es aún limitada en series históricas, pero se confirma un Efecto Flynn positivo allí donde mejoran la nutrición y la cobertura educativa. El mayor riesgo persiste por déficit alimentarios y adaptación inadecuada de instrumentos de medición.

3. Causas multifactoriales del declive y reconfiguración

3.1. Educación y cambios curriculares

El énfasis creciente en la estandarización, la memorización y la simplificación curricular se relaciona con un menor desarrollo de habilidades abstractas y pensamiento profundo, como evidencian revisiones de la OCDE y estudios conducidos en Europa y América. Las alertas sobre la debilidad de estímulos intelectuales fuera del aula son reiteradas en cohortes urbanas digitalizadas.

3.2. Factores ambientales y nutricionales

El impacto de neurotóxicos (plomo, pesticidas) en el desarrollo cognitivo fue coherentemente cuantificado en recientes cohortes analizadas por el NIEHS y por Chen et al. (2024): la reducción atribuible al plomo ronda 5–7 puntos de CI en casos de exposición crónica.

En términos nutricionales, UNICEF-FAO (2024) y estudios nacionales describen cómo déficit de micronutrientes esenciales ha incidido en el estancamiento cognitivo urbano, exacerbado por dietas ultraprocesadas.

3.3. Digitalización y fragmentación atencional

Simposios internacionales y publicaciones de Dierssen (2024) y León Domínguez (2024) documentan que la exposición sistemática a multitarea digital y la externalización cognitiva inducida por IA conllevan una merma de funciones como memoria de trabajo, control ejecutivo y atención sostenida, sobre todo en jóvenes. No obstante, existen datos positivos en el uso controlado de IA para mayores, en contextos de estimulación cognitiva bien dirigida.

El fenómeno de descarga cognitiva, reconocido por el sector académico en 2025, exige regulaciones y estrategias pedagógicas nuevas, un frente en el que las agencias regulatorias y de salud pública comienzan a trabajar activamente.

4. Contrapuntos, limitaciones y debates metodológicos

Si bien algunos autores defienden la emergencia de una “nueva inteligencia” digital adaptativa —navegación informacional compleja, pensamiento colaborativo en red—, la literatura empírica más reciente es clara: estas habilidades solo compensan parcialmente el deterioro en capacidades históricas, y no en todos los grupos poblacionales.

Se reconoce la heterogeneidad global del fenómeno y la urgencia de mejorar la validez de los instrumentos, incorporar marcadores neurobiológicos y ajustar baterías cognitivas a contextos sociotecnológicos.

5. Implicaciones, políticas y líneas de investigación abiertas

Las recomendaciones internacionales recientes incluyen:

  • Actualizar pruebas diagnósticas del CI y habilidades cognitivas, adaptándolas a contextos tecnológicos y socioculturales diversos.
  • Reformar los sistemas educativos para reforzar pensamiento crítico, atención y autonomía cognitiva.
  • Mejorar la regulación sobre tiempos y calidad de exposición digital, especialmente en infancias y adolescencias.
  • Diseñar políticas de salud y nutrición que prioricen alimentos neuroprotectores y limiten la exposición a ultraprocesados y contaminantes.
  • Consolidar estudios comparativos y biomarcadores que permitan cuantificar tanto la pérdida de habilidades clásicas como la ganancia real en nuevas competencias ligadas a la revolución digital.

6. Conclusiones

El estado del arte 2024–2025 respalda la existencia de un cambio estructural en la cognición global: la combinación de descenso de habilidades tradicionales, emergencia funcional de competencias digitales y la heterogeneidad regional obliga a renunciar a interpretaciones lineales. El futuro académico y político exige enfoques sistémicos, medidas urgentes y una vigilancia activa para preservar la profundidad, autonomía y resiliencia de la mente en la era digital.

Julio 2025

Referencias

Bratsberg, B., & Rogeberg, O. (2018). Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. Procedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 115(26), 6674–6678. (Estudio longitudinal noruego; documenta reversión del Efecto Flynn atribuible a factores ambientales y culturales, muestra masiva con gran robustez estadística).

Chen, L., et al. (2024). Contaminación ambiental, neurotoxicidad y su impacto en CI: estudios en China y EE.UU. National Institute of Environmental Health Sciences. (Revisión de efectos acumulativos de plomo y pesticidas sobre CI infantil y adolescente).

Costa, A., et al. (2025). Tendencias cognitivas en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Estudios regionales sobre evolución del CI, digitalización, alimentación y políticas educativas).

Dierssen, M. (2024). Investigación sobre la reconfiguración cognitiva y el envejecimiento cerebral en la era digital. Publicaciones del RANM. (Análisis actual de efectos de la exposición digital e IA sobre funciones cognitivas profundas y propuestas de intervención regulatoria y pedagógica).

Finnish Health and Education Authority. (2024). Tendencias cognitivas en Finlandia. (Estudio nacional que actualiza tendencias en CI y vincula factores ambientales y digitales a cambios cognitivos).

García, M., et al. (2025). Impacto de la IA en funciones ejecutivas y memoria: análisis multicéntrico. Universidad de Vigo. (Efectos de la IA en mayores y menores; balance entre estimulación positiva y riesgos de externalización).

León Domínguez, U. (2024). Descarga cognitiva y externalización inducidas por IA. Universidad de Monterrey (UDEM). (Estudio pionero sobre los efectos de la dependencia de IA en funciones cognitivas ejecutivas y memoria autónoma).

Mekonnen, D., et al. (2025). Cognición y desarrollo en África Subsahariana: desafíos de medición y nutrición. African Cognitive Monitoring Network. (Informe sobre persistencia del Efecto Flynn en contextos africanos y limitaciones por déficit nutricional).

NAEP – National Assessment of Educational Progress. (2025). Longitudinal Study on US Cognitive Trends. (Análisis nacional estadounidense de declive en vocabulario, comprensión y razonamiento matemático 1970–2025).

OCDE. (2023–2025). Informes sobre tendencias cognitivas y educativas globales. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (Datos y análisis de declive intergeneracional de CI, transformación educativa y evaluación de políticas públicas contemporáneas).

Possin, K. L. (2024). Nuevas habilidades digitales vs declive en capacidades clásicas: perspectivas neuropsicológicas. UCSF Memory and Aging Center. (Discusión teórica y empírica sobre la hipótesis de reconfiguración cognitiva).

Simonsen, L., et al. (2024). Efectos de la estandarización educativa en la cognición infantil. Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Helsinki. (Análisis sobre reformas educativas y desarrollo de pensamiento profundo).

UNICEF-FAO. (2024). Reportes sobre nutrición y desarrollo cognitivo en el Sur Global. Naciones Unidas y FAO. (Informe que vincula déficits alimentarios con rendimiento cognitivo, acentuando la necesidad de políticas alimentarias y educativas integradas).

World Cognitive Forum. (2025). Simposios internacionales sobre neurociencia y salud cognitiva en la era digital. Lisboa. (Consensos, líneas de acción y recomendaciones de expertos internacionales).

Yang, X. J., Li, Y. Y., & Zhang, J. (2019). The Flynn Effect in China: A Meta-Analysis. Intelligence, 74, 1–10. (Meta-análisis sobre evolución del CI en China, con indicios de estancamiento urbano tras décadas de incremento sostenido; actualizado con evidencia de Chinese Academy of Social Sciences 2024).

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/07/el-declive-del-coeficiente-intelectual-en-la-era-digital-reconfiguracion-cognitiva-y-tendencias-globales/

(Imagen de Pressenza / ChatGPT)

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria

Por Juan Arguedas Chaverri
Denis Montero Solís

Somos lo que comemos”.
Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán.

A. Diagnóstico del actual modelo agroalimentario

Caracterización del Modelo Agroalimentario Industrial Dominante: el agronegocio extractivista:

• Basado en agroexportaciones de materias primas, postres, follajes y en menor grado carnes, e importaciones de alimentos fundamentales para la dieta local: arroz, frijoles, maíz.

• Sustentado en políticas neoliberales que desfavorecen la pequeña agricultura campesina e indígena nacional, pues no le ofrecen ningún incentivo, pero abren las fronteras al libre comercio con potencias industrializadas, donde las prohibiciones de subsidios se aplican sólo hacia nuestra agricultura (en los países industrializados, después de más de 40 años de libre comercio, se mantienen altos subsidios a su producción doméstica).

• Controlado localmente, por las oligarquías, hasta hace poco, la exportadora y más recientemente la importadora de alimentos y el capital financiero, siempre vinculadas a los agronegocios internacionales, sin ocuparse, en todo este tiempo, de garantizar la alimentación de la población costarricense.

• Excluyente de culturas y actores no alineados con la narrativa neoliberal de libre mercado, eficiencia, eficacia y productividad de la agricultura y de las tecnologías generadas para el agronegocio como soluciones al problema de la producción y acceso a los alimentos. (Desconoce el conocimiento y aportes de actores como: campesinos, indígenas, pescadores artesanales, afrocaribeños, niños y niñas, mujeres jefas de hogar, indigentes, pequeños ganaderos y productores locales, consumidores organizados).

• Ideológicamente autoritario pues se basa en el paradigma de una sociedad surgida de la nueva colonización, que se basa en el paradigma occidental del desarrollo: globalitario, racista, machista, reduccionista; expresado en la Revolución Verde y el agronegocio global.

• Asigna poder para definir política hacia lo rural sólo a órganos estatales como: CNP, MAG, INDER, instituciones reformistas y alineadas con el enfoque de agronegocios que priorizan sólo el mercado y las exportaciones.

• Cosifica los bienes de la naturaleza: la Tierra, El Agua, Semillas y Los Árboles, son vistas sólo como mercancía que se subastan en los mercados, olvidando el sinnúmero de beneficios que aportan a los ecosistemas y a la sociedad.

• Ignora el valor de la salud y la biodiversidad, aplicando productos tóxicos a los productos que luego alimentan personas y animales domésticos. Además, restringe la biodiversidad con intervención genética de las especies, promoviendo sistemas agrícolas de baja o ninguna diversidad, contaminando en suelo, el agua, el aire y los alimentos con productos tóxicos. En general, es posible afirmar que día con día incrementan los problemas de salud de las personas y demás seres vivos, atribuibles al modelo agroalimentario vigente.

B. Visión de la agroecología como propuesta político-filosófica para el país

La Producción y consumo de alimentos, desde la visión Agroecológica, es una parte importante de la conexión entre la sociedad y la naturaleza, partiendo del entendimiento de la tierra como la madre que nos alimenta y recrea.

La agroecología es una prioridad política para mejorar la vida de las personas, con justicia social y para contrarrestar el calentamiento global pues somos conscientes de que este nos está llevando rumbo a nuestra desaparición como especie.

La agroecología busca perpetuar la vida en el planeta y ofrecer la posibilidad de una vida digna para quienes trabajan la tierra, producen los alimentos y para quienes lo consumen.

La promoción de la agroecología es una línea de trabajo que nos permite reivindicarnos como actores, históricamente excluidos, para generar Territorios Sanos, Seguros y Soberanos, con protagonismo de la población excluida rural popular, a quienes, como propuesta política nos debemos.

C. La agroecología como propuesta integral para mejorar la vida

A diferencia del agronegocio obsesionado con exportar materias primas, la agroecología produce alimentos sanos, seguros y abre el camino hacia una producción soberana de alimentos, desde lo más próximo a lo más lejano, evitando largas cadenas de distribución. Por ejemplo, sería más beneficioso vender en la comunidad a personas visitantes, un producto procesado y preparado para el consumo, que una materia prima a granel en el mercado internacional.

En Costa Rica y Latinoamérica existen experiencias agroecológicas implementadas por comunidades y grupos de campesinos, indígenas y consumidores, las cuales se podrían multiplicar. Para ello debe plantearse leyes nacionales y políticas públicas específicas a nivel territorial como incentivos fiscales para prácticas agroecológicas y programas de educación comunitaria para que sea posible.

Vinculado a lo anterior, la agroecología asume al campesinado, los pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales y aquellas personas agricultoras-o no, comprometidas con el cuidado y restauración de los daños causados a la su Madre Tierra, como sujetos fundamentales en el cambio social, ambiental y político, En ese proceso, todos los días estos sujetos, generan nuevos conocimientos que intercambian con el aprendizaje desde la práctica y el diálogo de saberes. Por ello, las políticas públicas deben surgir en estrecho diálogo con estos sujetos, planteando sus necesidades.

La práctica de la agroecología acoge los principios ecológicos de la Madre Tierra, principalmente reflejados en los bosques y los aplica. Esto incluye la estimulación de la sucesión natural, alta densidad y diversidad de especies, ocupación de diferentes espacios en los terrenos, reciclaje de la biomasa y los nutrientes, asociación entre plantas y árboles nativos, la relación de la luna en la planificación de las siembras.

En las comunidades rurales y urbanas, la agroecología es un modo de vida alternativo al modelo del agronegocio, el cual se enfoca en exportar materias primas, con poco o ningún valor añadido. La agroecología es una propuesta de producción de alimentos, que prescinde del uso de agrotóxicos y productos químicos derivados del petróleo, ofreciendo una ruta sostenible para las-actuales y futuras generaciones.

D. Objetivos estratégicos para alcanzar la soberanía alimentaria

a. El poder ejecutivo debe:

• Apoyar financiera y logísticamente la diversidad de expresiones que tiene la agroecología, desde cada expresión cultural y contexto, para consolidar sistemas de producción agroecológica, superando el sesgo hacia la Agricultura orgánica con certificación de tercera parte y la visión parcial que prioriza mercados internacionales.

• Apoyar metodológicamente, en coordinación con las universidades, las distintas expresiones agroecológicas que dinamizan liderazgos comunitarios, economías locales, encadenamiento con el turismo y generación de empleos familiares y locales.

• Favorecer, con la institucionalidad pública la masificación de experiencia (buenas prácticas) con que ya cuentan muchas familias y comunidades en el país. Además, debe desarrollar, desde sus capacidades, instrumentos, procesos formativos en Agroecología, dinamizar la investigación en tecnología y el diseño de equipos y herramientas que faciliten la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la producción agroecológica.

• Un nuevo ministerio o un viceministerio de agricultura que priorice a la población excluida (quienes hacen agricultura fuera del modelo de agronegocio) con protagonismo campesino, indígena, con una visión no patriarcal y feminista.

• Desarrollar e implementar políticas públicas y coordinaciones interinstitucionales para la gobernanza local del sistema agrario, asegurar alimentos sanos, proteger y conservar salud, biodiversidad y bienes naturales.

• • Mejorar condiciones de salud y trabajo en el sistema agroalimentario, los sistemas de distribución promoviendo mercados locales solidarios con precios justos.

• Reforma agraria, relacionada con distribución de tierras con enfoque territorial y de justicia climática.

b. Las personas agricultoras, sus organizaciones y quienes faciliten procesos de formación en agroecología deben:

Favorecer métodos y técnicas para producir alimentos imitando los principios del bosque (Sistemas Agroforestales sostenibles conocidos como SAFS o sistemas de agricultura sintrópica y prácticas agroecológicas para mejorar la fertilidad del suelo.

Fortalecer lo organizativo: articulación y construcción del movimiento, para profundizar:

• Aspectos determinantes de la Agroecología,

• Aumentar capacidad de influencia,

• Alianzas para conseguir políticas públicas.

• Aprovechar el enfoque de turismo rural comunitario:

• Oferta de productos,

• De paisajes,

• De experiencias gastronómicas.

c. Acciones desde el poder legislativo:

Una ley a nivel constitucional que reconozca el Derecho Humano a la Alimentación y La Soberanía Alimentaria.

Una Ley de Soberanía Alimentaria con base agroecológica.

Leyes de Proyectos desarrollo rural integral, proyectos productivos agroecológicos territoriales.

Ley de autonomía para pueblos indígenas.

Ley de comunidades costeras

d. Acciones desde lo municipal:

• Fomentar Políticas municipales de en Economía Social Solidaria.

• Formación política para públicas municipales, para la Economía Social Solidaria.

• Sociabilización y concientización con diversos actores

• Programa nacional de reducción del uso de agrotóxicos, hacia una transición agroecológica.

El estado costarricense hacia la cooperación al desarrollo

Facilitar el diálogo y diseño de propuestas para:

• Marcos políticos para avanzar producción, transformación de productos alimenticios, mercados; desde lo local.

• Impulsar experiencias piloto de sistemas productivos, procesamiento, certificación, desde lo territorial comunitario.

• Intercambios con experiencias en otros contextos.

• Recoger las propuestas de las comunidades y otros actores que hacen agroecología, integrarlas en sus procesos de investigación e incluirlas en sus agendas de trabajo.

Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones

German Masís

Haciendo alusión a la parábola de la casa que se quema, mientras un miembro de la familia se encuentra jugando a las cartas, en esa circunstancia podemos ubicar lo ocurrido el sábado anterior en el programa Estado Nacional de canal 7, bajo el título “Importaciones aplastan al agro”, conducido por la periodista Lilliana Carranza y con la participación de Kevin Gómez de la Corporación Hortícola, del consultor Renzo Céspedes y del ministro de Agricultura Víctor Carvajal.

Según la justificación del panel, la presentadora argumenta que las importaciones de cebolla extranjera crecieron un 400%, mientras que en productos como papa, tomate y zanahoria, también se registraron aumentos significativos durante el año. Esta sobreoferta en el mercado ha golpeado duramente a los agricultores.

En un artículo anterior, denominado “La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla”, mencionamos que mientras las importaciones de cebolla llegan a su punto más alto, la producción nacional disminuye de manera alarmante, por lo que los productores reclaman que esta actividad va a desaparecer. Agregamos que esta actividad, se encuentra ya probablemente en los niveles mínimos a los que puede llegar.

Y ese es precisamente el debate al que el panel de Estado Nacional no logró apuntar adecuadamente al centrarse en el tema de la importaciones, que aunque es el factor desencadenante, no logra explicar la gravedad de la situación productiva, resultado de la reducción de las áreas de producción, la pérdida de áreas productivas, la salida de los agricultores de la actividad, la destrucción de empleos agrícolas y el deterioro de la condición socioeconómica de los agricultores y de las seguridad alimentaria del país.

Aunque los panelistas Gómez y Céspedes, hicieron lo posible por justificar la veracidad de las dimensiones de la importación de cebolla y su impacto sobre la reducción de los precios del producto y las pérdidas de los agricultores nacionales, el ministro de Agricultura hacía un esfuerzo por desacreditar las intervenciones de sus interlocutores y presentar lo que el Ministerio está impulsando por apoyar la producción hortícola, 3 años después del inicio de esta Administración.

En buena medida, quedó la sensación de que efectivamente ha habido un incremento de la importación de cebolla, motivado por las propias medidas que ha promovido el Gobierno, como el decreto de importación de cebolla y papa y la variación de los controles fitosanitarios de ingreso del producto, y también que el Ministro intentó evadir su responsabilidad en la adopción de dichas medidas y justificar que son inevitables ante la reducción de la producción nacional, resultado de las condiciones climáticas de final del año anterior y principios de este.

Sin embargo, en la discusión de las posiciones contrastantes sobre las importaciones, en donde una parte trata de demostrar la veracidad del hecho y el daño causado y la otra relativizar el hecho y su impacto, es difícil profundizar en las causas y en la evolución de la situación de esa actividad y de la producción agroalimentaria del país.

Exponíamos en el artículo antes mencionado, que la reducción de las áreas en la cebolla y otros cultivos, es una tendencia confirmada por los cambios en la Encuesta Nacional Agrícola de los últimos años, que pone en evidencia el deterioro de la actividad agrícola y el acercamiento a niveles de producción mínima en algunos cultivos.

Exponíamos que algunas actividades han llegado a peligrosos límites, cuyo descenso inminente, podría llevar al desabastecimiento de los productos, a la pérdida de capacidad productiva y de seguridad y soberanía alimentaria, a la salida de grandes grupos de productores, a su desempleo y empobrecimiento y cambio de uso de las tierras agrícolas, temas que debieran ponerse a la discusión con el ministro de Agricultura y otras autoridades del Gobierno, en un amplio debate nacional.

También decíamos que en los últimos meses la producción de cebolla, ha entrado en el círculo perverso de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, pérdidas de los agricultores, aumento de los precios al consumidor y elevadas ganancias de los importadores, en que han ingresado otras actividades como el arroz y la papa.

En la presentación del panel del programa citado, se afirma que los productores agrícolas viven una crisis, (…) porque no solo han tenido que luchar contra las afectaciones por el clima, el alto costos de los insumos y las limitaciones para acceder al crédito, sino además con la creciente amenaza de las importaciones masivas.

Como corolario, expresa que el sector agrícola hace un llamado urgente para proteger la producción nacional, llamado que viene reiterándose desde hace varios años, en las marchas de agricultores del 2023 y en varios comunicados emitidos en los medios de comunicación el año anterior, llamado que ha sido ignorado por las autoridades del Ministerio de Agricultura y que en la actualidad debieran constituir un ultimátum a dichas autoridades que podría conducir a la paralización de la producción alimentaria nacional.

Así mientras que el agro se quema, por efecto de las importaciones y demás problemas de la pequeña producción hortícola, el ministro menciona los proyectos de riego, la agricultura 4.0 y transferencia de tecnología de punta, como el uso de drones, como si los productores y sus actividades no estuvieran a punto de ser abatidos por las llamas del mercado, la pérdida de cosechas y la escasa rentabilidad de sus actividades.

Los proyectos y las medidas mencionadas y otras incluidas en los informes anuales del MAG y en los informes anuales del presidente, debieran ser rechazadas de plano por las organizaciones agrícolas por su carácter paliativo y de bajo efecto en las condiciones de producción de los pequeños productores y hacerlo explícito en la actividades de discusión como la del sábado.

En plena campaña electoral, es necesario volver a poner la problemática agraria entre las prioridades máximas de la agenda política nacional, como se hiso hace 4 y 8 años, exigiendo propuestas y compromisos válidos de los diferentes líderes y grupos políticos, a condición de apoyar o rechazar algunas propuestas políticas y hasta la posibilidad de participar o no como sector en las próximas elecciones.

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

Tomando decisiones con números…

Caryl Alonso Jiménez

A propósito del III Congreso Nacional de Estadística

Caryl Alonso Jiménez

Los días 26 y 27 de septiembre pasado, se realizó el III Congreso Nacional de Estadística, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Guatemala.

El evento no fue solo un encuentro institucional. No, por el contrario, fue el momento donde se revelaron los principales logros, avances, metodologías y perspectivas futuras.

Para quienes estudiamos el modelo de políticas públicas, y siguiendo a Harold Laswell (1902-1978), conocido como el padre de las políticas públicas, quien llamó a la primera fase del ciclo de políticas, inteligencia, que constituye la base de diagnósticos científicos multidisciplinarios (ciencias sociales y ciencias puras) sobre un contexto que brinde todos los aspectos causales y consecuencias basadas en evidencia.

Esas son las bases para poner en marcha un sistema de Inteligencia que implica ordenar información con sentido, que sea capaz de explicar razones causales que detienen o aceleran procesos económicos, sociales y políticos.

En términos estratégicos, políticos y militares, es la capacidad de comprender los movimientos sutiles, abiertos y encubiertos, que pueden crear condiciones que alteren un escenario y puedan generar o inducir colisiones y reacciones indetenibles. La inteligencia es anticipación y tiene como primera reacción, la prevención.

El III Congreso, desde la perspectiva metodológica, contó con el apoyo de expertos internacionales del INEGI de México, consultores del Banco Mundial y expertos nacionales. Entre otros presentó los resultados de la Encuesta de Vivienda y Hogares (2023). Estudio que permite el retrato de la realidad nacional, incluyendo riesgos futuros, que de mantenerse en las condiciones actuales (empleo, pobreza, precios al consumidor). Puede incidir en los indicadores de país, tal como me afirmó Carlos Sobrado, experto del Banco Mundial.

Resulta sorprendente cómo una entidad técnica científica ha sobrevivido como especie de función marginal dentro de la institucionalidad del Estado. Hoy en día es innegable, en los albores de una etapa contemporánea, donde todo se mueve en base a razones y argumentos basados en evidencia, la producción de estudios, mediciones y censos permite mayores certezas en las decisiones.

Al aproximarse a los datos estadísticos, es sorprendente el manejo de datos estratégicos y sus implicaciones para comprender las grandes dinámicas nacionales. ¿Se comprenderá el papel de la estadística en las complejas decisiones de país?

Las contribuciones del INE permiten identificar en tiempo real como se mueven las grandes consecuencias de los efectos de políticas de inversión, sus efectos causales y sus consecuencias, lo que queda confirmado, particularmente, con la ENCOVI (2023).

Ese estudio representa uno de los principales esfuerzos de inversión de los últimos años, en los que se descubre que las decisiones Estatales (públicas y privadas), no fueron en la línea correcta y que el destino de las acciones (mercado) y gubernamentales (gobierno e instituciones públicas), no tienen incidencia estructural que impacte en el ascenso social y tampoco incidirá en los siguientes 20 o 30 años, excepto que tomen decisiones.

Es verdad, a veces las metodologías de análisis, impulsadas por los organismos multilaterales, propicia confusiones y que defienden con argumentos que quedan fuera de la lógica del ciudadano común, en cuyo caso se requiere estrategias de comunicación a todo nivel que permita comprender el dato estadístico y sus implicaciones. Por ejemplo, el desempleo con una simple pregunta que condiciona toda la base explicativa del fracaso del sistema: “¿Estuvo usted ocupado la última semana?”.

¿Ocupado? Seguramente la metodología favorece los riesgos de país y eventualmente al forzar datos para falsas expectativas de aquellas atracciones de inversión que, no tendrían la simpatía para calificar el país; que, finalmente, es la explicación de la derrota laboral, pero explicada por la ocupación, donde no necesariamente retrata la realidad.

Sin embargo, existen otras con mayor capacidad de revelar la realidad, como la desnutrición crónica infantil. Que por supuesto, no se explica por simple ausencia de ingesta alimenticia, sino por condiciones socio económicas.

El estudio de la desnutrición crónica, del INE, es capaz de demostrar que es una falla del sistema economico productivo, que requiere nuevos escenarios de intervención para fortalecer la seguridad alimentaria a nivel rural y urbano. Y que podría incidir de manera efectiva para decisiones de asistencia técnica. Esos estudios y datos son estratégicos.

No cabe duda, falta apropiarse de la cultura de las decisiones con números y ello demanda un mayor esfuerzo para modernizar, invertir y elevar el papel científico del INE que contribuya a los estudios de la realidad e informes sobre políticas que impacten en las decisiones gubernamentales y municipales.

El INE es estratégico, y en condiciones de mayor apoyo gubernamental, puede incidir en definir el horizonte y hasta adelantar nuevos desafíos y retos de país… Decidir con números es evidencia, y eso suma a la construcción de la ruta futura…

Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas – Reseña Panel 7: Trabajos de Cuidados

El martes 17 de septiembre, como parte de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se celebró el Panel 7 titulado “Trabajos de Cuidados: Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas”. Este panel se llevó a cabo en la Sala Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad.

Con un enfoque en los trabajos de cuidados y los retos para su inclusión efectiva en las políticas públicas, las panelistas M. Sc. Irma Sandoval, M. Sc. Laura Alfaro, Lica. Natalia Dobles y Dra. Nancy Piedra compartieron sus investigaciones y experiencias en la materia, ofreciendo una perspectiva crítica y detallada sobre los desafíos metodológicos que enfrenta el análisis de los trabajos de cuidados no remunerados, un sector que sigue siendo invisibilizado en muchas partes del mundo.

Irma Sandoval, experta en estadística con enfoque de género, abrió el panel destacando la importancia de las encuestas de uso del tiempo como herramienta esencial para visibilizar el impacto económico de los trabajos de cuidados, que históricamente han sido invisibilizados y feminizados. Explicó que la medición del tiempo dedicado a estas actividades, mayoritariamente realizadas por mujeres, revela su papel crucial en el sostenimiento de las economías y en la calidad de vida de las personas. Sandoval insistió en que los datos obtenidos de estas encuestas deben ser considerados en la formulación de políticas públicas que busquen la igualdad de género y la equidad en el reparto de tareas, resaltando cómo la división sexual del trabajo genera una pérdida de autonomía económica y política para las mujeres. Además, subrayó la importancia de visibilizar el valor económico de estos cuidados para asegurar su reconocimiento en la sociedad.

Por su parte, Laura Alfaro y Natalia Dobles abordaron el tema crucial de la infraestructura y los servicios de cuidados. Alfaro resaltó la necesidad de invertir en sistemas de cuidados que beneficien tanto a las personas dependientes como a las mujeres, aliviando la carga desproporcionada que recae sobre ellas. Complementando esta perspectiva, Dobles enfatizó la necesidad de políticas que promuevan la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y las familias, desmantelando la visión tradicional de que el trabajo de cuidados es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Alfaro profundizó en cómo las políticas públicas en Costa Rica han tratado los trabajos de cuidados, destacando avances como la creación de la Red CUDI, que proporciona servicios de cuidado infantil. Sin embargo, también subrayó las limitaciones de cobertura y los recortes presupuestarios en la inversión social, señalando la necesidad de una corresponsabilidad social en el ámbito de los cuidados y de políticas que no solo se enfoquen en poblaciones vulnerables, sino que tengan un carácter más universal. Dobles, por su parte, presentó un análisis de las políticas públicas de cuidados en la primera infancia a través de un estudio de caso comunitario, exponiendo cómo las condiciones laborales precarias de las cuidadoras y la limitada inversión en infraestructura afectan la calidad y el acceso a los cuidados. También destacó el papel clave de las mujeres lideresas comunitarias en mitigar estas carencias.

Nancy Piedra ofreció una mirada crítica a las barreras que enfrentan las políticas públicas en esta área, mencionando la falta de voluntad política y los estereotipos de género como obstáculos principales. Resaltó que, aunque hay avances en la región, sigue siendo urgente transformar las políticas de cuidados en soluciones más universales que impacten no solo a sectores vulnerables, sino que promuevan la equidad de manera integral.

Finalmente, las panelistas coincidieron en que las políticas públicas actuales son insuficientes para atender la demanda de cuidados en Costa Rica. La falta de un sistema de cuidados robusto afecta principalmente a las mujeres, quienes cargan con la mayor parte del trabajo de cuidado. Los recortes en la inversión social agravan esta situación, limitando el acceso a servicios esenciales y perpetuando la feminización de la pobreza.

El panel culminó con un espacio de preguntas y reflexiones del público, donde se discutió cómo el reconocimiento del trabajo de cuidados es clave para avanzar en la igualdad de género y en la creación de sociedades más justas. También se subrayó que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de investigaciones que aporten evidencia y herramientas para la implementación de políticas públicas más inclusivas.

Reseña del Programa Alternativas: Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género en Costa Rica

El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.

El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.

El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.

En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.

Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.

Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.

Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.