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Etiqueta: políticas

Rutas de Recuperación Justa. Boletín 5. Participación social en decisiones públicas

La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de democracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica existen diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la participación en este tipo de espacios.

En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las decisiones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el territorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecologista costarricense. La transformación de los moldes que impiden el desarrollo de una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales.

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON.

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Demandan ante CIDH que el Estado mexicano garantice los derechos de las personas migrantes

  • Militarización de la gestión migratoria fronteriza y ‘pushback’ o deportaciones “en caliente”, las principales problemáticas

  • Urgen al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones castrenses en tareas de migración.

Ciudad de México, 1 de julio 2021-. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de las personas en movilidad humana en México. Durante la audiencia se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. También señalaron las violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas.

Señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el Río Suchiate, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. Más recientemente, el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 9 horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del INAMI en estos actos de tortura.

También, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».

Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.

Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano realizar las siguientes acciones:

Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.

Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos.

Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.

Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos.

Investigue los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.

Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.

Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INAMI, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” o pushbacks, más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia.

Las Comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.

La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente” pues señaló que se trata de expulsiones sumarias, automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.

La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.

Organizaciones participantes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados – México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Mira la audiencia completa en el siguiente video:

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

UCR condena acciones del gobierno nicaragüense contra derechos humanos

Zaida Siles R. /Sesión 6498, artículo 7

Fiel a sus principios y políticas institucionales, la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó las acciones del Gobierno de Nicaragua que atentan contra la libertad de pensamiento, de expresión y de tránsito del pueblo nicaragüense, así como la afectación al ejercicio de derechos políticos, que ponen en peligro el régimen democrático y la promoción de la paz

La posición de esta casa de estudios superiores fue emitida por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, este martes 15 de junio, en el que demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación, no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino, también, de las otras que han sido detenidas arbitrariamente, en clara violación a sus derechos fundamentales.

Además, le pidió que realice elecciones presidenciales libres bajo observación internacional.

Al mismo tiempo, la UCR instó al Gobierno de la República a pronunciarse sobre los actos atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas.

El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la Universidad de Costa Rica promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante actos que violentan los derechos más intrínsecos de la persona, independientemente del país en el que se encuentre.

En las últimas semanas, en Nicaragua se han presentado constantes actos de violencia en contra de su ciudadanía, especialmente, de quienes no comparten el pensamiento de la actual administración. Estas personas han visto violentadas sus libertades fundamentales, así como el ejercicio de sus derechos políticos, ante la posibilidad de que presenten sus candidaturas presidenciales a las elecciones nacionales, por realizarse en noviembre de este año.

De acuerdo con el pronunciamiento, el correcto ejercicio y vigencia plena en un proceso democrático requieren de la participación de partidos políticos que cuenten con garantías de competencia electoral y que representen a diferentes segmentos de la sociedad.

El Consejo Universitario manifestó que se debe asegurar el respeto a la multiplicidad de criterios y de opiniones críticas que emanan de la expresión de la libertad de pensamiento sin que las personas sean castigadas con represiones ni persecuciones.

“Los derechos humanos son universales e intrínsecos a cada persona y deben ser respetados, protegidos y garantizados en todo momento”, destacó el Órgano Colegiado.

El pronunciamiento fue aprobado a partir de una propuesta presentada por el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez; la directora del Consejo Universitario, M.Sc. Patricia Quesada y el Dr. Germán Vidaurre, miembro de dicho Órgano.

La libertad de pensamiento y expresión es consagrada como un derecho humano y fundamental en una sociedad democrática, destacó la UCR.

Los huevos, el C.N.P., los directores del periódico la nación y noticias monumental

Por Jesús Calderón Rojas

Encuentro social comisión de ruralidad y agroalimentación
A la población costarricense.
13 de junio del 2021.

Este pasado viernes 11 de junio, el periódico la Nación, y este muchacho que tienen de director de noticias en Radio Monumental, la emprenden nuevamente, contra la forma de cómo el Estado costarricense, aplica políticas que buscan garantizar la comida a la población, pero sobre bases de justicia de pago a quienes tienen esa responsabilidad, y hoy nos referimos a la producción de huevos.

Ante la posición de estos peones del gran capital a través de las empresas periodísticas, manifestamos que llegó la hora a los costarricenses de avistar nuevos horizontes, incorporando a la ruralidad a un proceso de desarrollo incluyente.

Costarricenses, el CNP recibió un incremento en la demanda de alimentos por parte del MEP y de los Cen-Cinai del Ministerio de Salud. Veamos el aumento en el volumen de huevos, que pasó de 845.077 kilos en 2019 a 3.794.122 en 2020, en otras palabras en el año 2020 la facturación ascendió a 7.140 millones de colones. Con este incremento en la demanda de huevos, se favorecieron más de 50 empresas de pequeños y medianos en todo el país, y de plano superando la intermediación.

Aprovechando la posición pública de ambos medios de comunicación, la Cámara de Avicultores pega el grito al cielo, y nos dice: “Ese sobreprecio que pagan resulta paradójico en momentos de crisis fiscal y económica del país, donde precisamente el sector público debería buscar mayor eficiencia y reducir los costos de funcionamiento de este tipo de programas, y en particular evitar que muchos hagan clavos de oro con la intermediación existente”. Pero lo curioso, es que para atender esta demanda, el CNP le solicitó a esta Cámara la incorporación de empresas, y las que propusieron no calificaron porque eran tamaño grande.

Para que nos formemos un criterio de la realidad y de porque la queja: Hablemos claro y veamos la realidad de la producción de huevos en el país.

–           La corporación Walmart con un millón de gallinas produce el 40% de los huevos que se consumen.

–           Yema Dorada con 600 mil gallinas

–           Avicultores Unidos con 400 mil gallinas.

–           Granja Santa Marta con 250 mil gallinas.

De acuerdo a ley este programa conocido como el PAI, solo pueden participar pequeños y medianos, y cuando estos no cumplan la demanda, el CNP puede comprarles a las grandes empresas. Años atrás cuando el PAI necesitaba de huevos, lo conseguía a través de la Cámara de Avicultores y de esas grandes empresas, y les pagaban a los productores pequeños a 800 colones el kilo. Costarricenses, aquí está la razón de la queja o como diríamos en la calle, aquí es donde está el brinco.

Es importante que los costarricenses y para esos periodistas, manejemos cifras del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito mayoritariamente es de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. A pesar de esa discriminación de acceso al crédito y en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. A pesar de esa discriminación en el acceso al crédito, nuestra actividad productiva en crisis y agravada por la pandemia, sigue trabajando, continúa produciendo, sigue dando empleo.

Que estamos inmersos en una gran crisis, no hay discusión. No es momento de lamentos, es momento de plantear salidas inteligentes al conjunto de problemas existentes, No podemos dejar de lado que el sector de pequeños y medianos productores que aseguran la canasta básica, la comida a todos los habitantes del país, deben contar con una respuesta verdadera y oportuna, para lograr mantener su maltrecha estructura productiva, y desde luego, tratar de incrementar su volumen de oferta.

Recuperar la economía a partir de la operación de pequeños y medianos productores, es de urgencia. La Agroalimentación, será el pilar central de nuestra economía, no solo por tener diversidad de microclimas y distintas experiencias productivas, sino porque sumamos a esta gesta, el conocimiento acumulado. Allí es donde se debe centrar el esfuerzo país.

Atentamente:
JESUS CALDERON ROJAS
COORDINADOR

 

Compartido con SURCOS por José Oviedo.

Por una representación digna y responsable

Nosotras y nosotros, personas mayores, personas con discapacidad y personas defensoras de los derechos humanos, tomando en consideración:

1) Que el Estado costarricense ha ratificado: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la protección de los Derechos de las Personas Mayores.

2) Que de estos instrumentos surgen una serie de obligaciones por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica como:

  1. Armonizar la legislación interna con los instrumentos internacionales anteriormente citados para asegurar el desarrollo del goce y disfrute de los Derechos Humanos por parte de las personas mayores y personas con discapacidad. Dicha armonización es reiterativa en los informes de los organismos internacionales.
  2. Consultar todas las actuaciones relacionadas con las personas con discapacidad y personas mayores a las organizaciones y sus representantes.
  3. Desarrollar políticas públicas y programas para implementar las obligaciones que surjan de estos instrumentos.
  4. Nombrar personal idóneo con experiencia y conocimiento sobre los temas relacionados con personas adultas mayores y personas con discapacidad.
  5. Respetar la igualdad de género eliminando los patrones socioculturales que promueven las desigualdades entre hombres y mujeres.

3) Que la legislación costarricense cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la Ley Integral para la Persona Mayor donde la Asamblea Legislativa asume, también, obligaciones.

4) La Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor incumplen con las obligaciones internacionales y nacionales establecidas en el ordenamiento jurídico en su conformación:

  1. Parte del patrón sociocultural que se requiere personas que “cuiden y asistan” a estas poblaciones, recargando estas labores exclusivamente a las mujeres, por medio de la división sexual del trabajo en el Sistema Patriarcal.
  2. Que el nombramiento de tres personas sin requisitos mínimos profesionales, de experiencia, vivencia o compromiso con los derechos de estas poblaciones, refleja el sexismo, edaismo, y capacitismo del directorio político de la Asamblea Legislativa.
  3. Que esta estrategia evidencia los movimientos anti-derechos que están surgiendo en América Latina, para retroceder en las conquistas logradas por las personas mayores y personas con discapacidad.

5) Que el día 27 de mayo del 2021 la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor nombra como Presidenta a la señora diputada Marolin Azofeifa Trejos, diputada del Partido Nueva República, y como secretaria a la diputada Aracelly Salas Duarte, del Partido Unidad Social Cristiana, violentando los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad:

  1. Que tres diputados anti-derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, como lo son Johnatan Prendas Rodríguez, del Partido Nueva República, Eduardo Cruickshan Smith, del Partido Restauración Nacional, y Pablo Heriberto Abarca Mora, del Partido Unidad Social Cristina, ejercen su poder patriarcal sobre las representantes de la Comisión para elegir a estas dos personas con falta de idoneidad en el ejercicio de su puesto. Acción que se evidencia en el video que registra que la elección fue frenada por estos diputados, para decirles a sus compañeras cómo votar (ver minuto 1:19 https://www.youtube.com/watch?v=jiwJjzIo0Ls)
  2. Que los nombramientos realizados obedecen a estrategias electorales partidistas, que privilegian los intereses personales y partidarios sobre los intereses de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.
  3. Que la aceptación de cargos, por parte de las diputadas Azofeifa y Salas, sin idoneidad para ejercer el puesto, reflejan el irrespeto hacia la ciudadanía costarricense y, en especial, a las poblaciones adultas mayores y poblaciones con discapacidad.

Por lo que solicitamos:

  1. A la señora presidenta de la Asamblea Legislativa y al directorio de esta institución la reorganización de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor para que quienes la integren cumplan con requisitos de conocimiento, experiencia y compromiso con los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad.
  2. A las señoras diputadas miembras de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor que actúen con dignidad, transparencia y honestidad, renunciando a la comisión cuando no cuentan con los mínimos requisitos para cumplir con sus obligaciones por las cuales reciben una remuneración por parte del pueblo costarricense.
  3. A que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor cumpla con las funciones para la cual fue creada contando con una agenda legislativa de armonización de las obligaciones internacionales de derechos humanos y con la legislación interna de las personas mayores y personas con discapacidad.
  4. Que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor establezca mecanismos de participación y auditoría ciudadana conforme a los tratados internacionales de derechos humanos respetando el lema “Nada de Nosotras/os sin Nosotras/os”
  5. Que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor visualice el enfoque de interseccionalidad en todo el quehacer de la Comisión y no se homologue las demandas, necesidades, sentires y saberes de ambas poblaciones.

Hacemos un llamado a:

  1. Las instancias internacionales de protección de los derechos humanos como el Comité de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y el Comité de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a solicitar a la Asamblea Legislativa una rendición de cuenta de los avances en la implementación de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica  por dicha institución.
  2. Las relatorías de Naciones Unidas de las Personas Mayores y Personas con Discapacidad a que valoren las actuaciones de la Asamblea Legislativa en relación con los derechos humanos de estas poblaciones.
  3. La Defensoría de los Habitantes, por medio de las personas que ejerzan la defensoría de las personas mayores y personas con discapacidad, cumplir con la función que les corresponde en la Asamblea Legislativa verificando que se efectúen las obligaciones establecidas por la ley.
  4. Representantes de las Organizaciones no Gubernamentales que forman parte del CONAPDIS y CONAPAM, ejercer la auditoría ciudadana que les corresponde para evidenciar los avances y retrocesos en la implementación de los derechos humanos de las personas mayores y personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa
  5. Las personas mayores y personas con discapacidad, que representan aproximadamente un 16% del electorado nacional, a ejercer su voto en las próximas elecciones de manera responsable informándose y estudiando la participación de los partidos políticos en el respeto de sus derechos humanos y la idoneidad de las personas que se postulan a diputadas para ejercer su cargo y cumplir con las obligaciones que garanticen el avance en la implementación de los derechos humanos.

Personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas defensoras de los derechos humanos, les invitamos a firmar esta Carta Abierta http://chng.it/GxWCfgZp9Q

POR UNA REPRESENTACION DIGNA Y RESPONSABLE

 

Compartido con SURCOS por Lili León.

Derecho a vivir sin bloqueo: Impactos de las sanciones de Estados Unidos en la población cubana y la vida de las mujeres

SURCOS comparte la siguiente información:

Hoy jueves 27 de mayo se llevó a cabo el foro virtual: “Derecho a vivir sin bloqueo”. La actividad se realizó en el marco del lanzamiento del nuevo informe de Oxfam sobre los impactos de las sanciones de Estados Unidos sobre la población cubana y la vida de las mujeres.

El evento se convocó después de los primeros 100 días de la nueva Administración en la Casa Blanca, y se presenta en fecha cercana a la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (23 de junio de 2021), en la que se someterá a votación una resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense.

El informe titulado: “Derecho a vivir sin bloqueo: Impactos de las sanciones de Estados Unidos en la población cubana y la vida de las mujeres”, presenta los impactos en la población cubana de casi seis décadas de sanciones puestas en vigor por sucesivos Gobiernos estadounidenses. Se centra sobre todo en la dimensión humana del diferendo, por lo que recoge testimonios sobre el significado del bloqueo en la cotidianidad de quienes viven en Cuba, fundamentalmente de mujeres, pero se incluyen también datos históricos e información sobre las políticas aplicadas. Con una crisis sanitaria global, es más urgente un cambio de esa política estadounidense hacia Cuba, por lo que Oxfam llama a normalizar las relaciones entre ambos países. (Oxfam,2021, p. 3).

Adjuntamos el documento para descarga y difusión:

UCR: Estudiantes contribuyen en la creación de una política nacional que proteja a las personas trans

  • Como parte de sus espacios académicos, los universitarios desarrollaron talleres que les permitieron conocer la realidad cotidiana de este grupo social

Este trabajo universitario se suma a los esfuerzos emprendidos por la población trans durante décadas a favor la defensa de sus derechos y expresada a través de espacios como plantones y marchas. Foto con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.

Un grupo de estudiantes de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajaron a lo largo del 2019 en la elaboración de un análisis sociológico sobre la situación de la población trans en el país.

Este análisis tiene como meta proveer una base robusta para la creación de la Política Nacional para la Protección de los Derechos de la Población Trans en Costa Rica 2019-2030, a fin de velar por el bienestar de este grupo social.

De acuerdo con la coordinadora de este análisis y docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Isabel Gamboa, esta iniciativa permitirá mostrar a las personas tomadoras de decisiones la importancia de generar estas políticas públicas.

“El diagnóstico sirve para decir: vean cómo estamos, claro que necesitamos una política. Ahora corresponde a Casa Presidencial y a la Organización de las Naciones Unidas terminar la política y firmarla” acotó la docente.

Según Gamboa, el diagnóstico realizado confirmó que el entorno familiar es el que más discrimina a las personas trans, pues las expresiones de agresión algunas veces sobrepasan lo verbal y se manifiestan de forma física.

“El primer lugar donde son tratadas como si no valieran nada es en la familia, es el lugar donde más les maltratan y más les critican. Son objeto permanente de burla y agresión verbal e incluso algunas veces agresión física” subrayó Gamboa.

La académica además señaló que estas experiencias son sumamente enriquecedoras para las y los estudiantes que por medio de sus cursos y talleres participaron en esta ocasión en la elaboración del análisis.

“Para mis estudiantes esto es una exposición a la vida real, les muestra cómo es el trabajo con la gente, pero también en términos humanos es un acercamiento a personas con realidades muy difíciles. Yo no pongo en duda que mis estudiantes terminaron con un sentido de humanidad mucho más profundo” señaló la docente.

La estudiante de cuarto año de Sociología, Mariana Moreira participó en este análisis y aseguró que la sensibilidad ante las problemáticas de la sociedad fue una de las principales enseñanzas que obtuvo de esta experiencia académica.

“Desconocíamos las vivencias de la población trans en el país. Nos falta mucho por mejorar en materia de derechos humanos y toda esta experiencia nos ayuda a desarrollarnos como profesionales que trabajamos con la gente. Ha sido una experiencia fundamental para nuestra formación” señaló la estudiante.

Para la realización de este diagnóstico el personal académico de la UCR trabajó en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la organización Transvida y Casa Presidencial.

Según la docente Gamboa, la firma de la Política Nacional para la Protección de los Derechos de la Población Trans en Costa Rica 2019-2030 se realizaría durante el presente mes de diciembre.

 

Róger Bolaños Vargas

Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNED: VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT

  • El agua como derecho humano de alcance universal

 

Bajo el título “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas” se llevará a cabo, por primera vez en Centroamérica, la VIII Reunión Internacional de la red WaterLAT-GOBACIT, del 3 al 7 de abril en San José. Este encuentro está siendo coordinado por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, en coordinación con diversas instancias de la UNED, CONARE, otras universidades públicas, diversas instituciones públicas y organizaciones sociales. El Consejo de Rectoría de la UNED lo definió como de interés institucional.

Entre los principales objetivos de la reunión se encuentran:

  • Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder, impunidad y conflictividad en relación con el agua.
  • Contribuir a la generación de propuestas, la construcción de espacios de diálogo, y la visibilización de los posibles mecanismos y actores implicados en tales procesos.
  • Promover la producción de conocimiento riguroso y fundamentado que contribuya a fortalecer las capacidades de organización, movilización, propuesta y negociación de las organizaciones ciudadanas vinculadas con el tema del agua.
  • Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de formas de gestión del agua fundadas en criterios participativos, democráticos, transparentes y equitativos que privilegien la concepción del agua como derecho humano y la vigencia universal de este principio.

Durante esta semana se realizaran diversas actividades. En las primeras horas de la mañana en el Teatro Eugene O´Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, y el resto del día en el Centro Universitario de la UNED en Barrio Dent. Se desarrollarán mesas redondas, talleres, grupos de trabajo y conversatorios abiertos con la participación de diversos actores sociales. En las noches se programa teatro, presentación de libros, premiación a cortos y a estudiantes de tesis que han trabajado con la red en temas de agua.

WaterLAT-GOBACIT es una red de docencia, investigación e intervención inter y transdisciplinaria abocada al tema de la política y la gestión democrática del agua. Aborda temas como la conflictividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes en relación con el control, gestión y uso del agua, la implementación de megaproyectos hidráulicos, el extractivismo, la mercantilización de servicios esenciales y el impacto de los grandes desastres hídricos.

La red trabaja un total 10 áreas: la x-disciplinaridad en la Investigación y la Acción; Megaproyectos; el Ciclo Urbano de los Servicios Públicos Esenciales; Transfronterizas; Salud; Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales; Arte, Comunicación, Cultura y Educación; Desastres; Producción y Violencia.

Las personas interesadas en asistir a la reunión pueden inscribirse a la siguiente dirección https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGhfiAMYioJG6c-AfKMrCQdZRbA7s4lziVxy8t9y8zb-HkPQ/viewform?c=0&w=1

UNED VIII Reunion Internacional2

Enviado a SURCOS por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo(CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas

Analizan cambios políticos en Centroamérica

 

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas
El comportamiento de las personas jóvenes en la campaña electoral del 2014 en Costa Rica será uno de los temas que se presentarán en este congreso (foto Laura Rodríguez).

Para dar seguimiento a la evolución de la ciencia política y su compromiso con el desarrollo democrático de la región, más de 300 académicos, investigadores y estudiantes de Centro América y República Dominicana se reúnen durante esta semana en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ellos y ellas participarán en el VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, del 3 al 6 de agosto, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas junto con la Red Centroamericana de Ciencias Políticas.

En esta ocasión el congreso aborda “Los cambios y continuidades en Centroamérica: instituciones, protagonistas de procesos políticos y resultados” por medio de paneles, mesas redondas y talleres, donde participantes de todos los países presentarán análisis y resultados de investigaciones sobre temas actuales.

La Carpio, La Uruca, San Josè/Voto inmigrante en La Carpio/Calle en La Carpio/ Foto Laura Rodríguez
La participación política y la seguridad ciudadana también se abordarán durante el congreso (foto Laura Rodríguez).

Cambios y continuidades

Para la Dra. Juany Guzmán León, coordinadora del comité organizador, una de las tareas que ocupan a los estudiosos de la ciencia política es comprender las implicaciones de la apuesta de los países centroamericanos por la democracia.

Guzmán explicó que los cambios a nivel político han marcado la historia de la región centroamericana que durante el siglo XX transitó de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia y de la ausencia de sistemas políticos a la constitución de la institucionalidad. Estos procesos siguen planteando grandes desafíos para la región y plantean un amplio campo de estudios para las ciencias políticas.

VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas3
Estudiantes y académicos de toda Centroamérica se inscribieron en Congreso que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR (foto Rafael León).

En su opinión, esta transición ha implicado la creación de una institucionalidad, un macro de derechos civiles, políticos humanos y sociales, y aún hoy sigue planteando desafíos como la exclusión, la discriminación y la violencia. Por eso, este congreso trata de abarcar ese gran binomio de cambios y continuidades.

Temas de actualidad

Algunos de los temas que se abordaron el martes 4 de agosto fueron; la ciudadanía y la acción colectiva, la política exterior centroamericana, el papel de los medios de comunicación, la participación política de los altos funcionarios públicos, reformas constitucionales en Nicaragua y reforma electoral en El Salvador.

VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas4
El estudiante Noel Pichardo, de la Universidad Americana de Nicaragua (UAM), señaló la oportunidad que les abre la Universidad de Costa Rica para facilitar el intercambio entre estudiantes de diferentes países (foto Rafael León).

El miércoles 5 de agosto se analizarán temas como la gestión de cuencas transfronterizas, las relaciones de Costa Rica con Medio Oriente, el uso de Internet como herramienta de participación política, el crimen transnacional organizado, sistemas políticos latinoamericanos y guerrerismo e intervencionismo en Panamá.

El jueves 6 de agosto los especialistas hablarán sobre la emisión del voto en Guatemala, experimentos sociales sobre intención del voto, bases de datos sobre indicadores de democracia, efectividad de las cuotas por género en Panamá y Ecuador, uso de datos en la toma de decisiones y la economía política de la desigualdad, entre otros temas.

VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas5
Los estudiantes participaron en el primer taller sobre el ABC de la comunicación política impartido por la politóloga Gina Sibaja (foto Rafael León).

Participación estudiantil

Este congreso es un espacio privilegiado para los estudiantes de la región que tienen la oportunidad de empaparse de los análisis más actuales sobre la ciencia política y aprender nuevas herramientas para su desarrollo académico por medio de su participación en las mesas de trabajo y en talleres sobre el ABC de la comunicación política y el manejo de datos longitudinales, según detalló la Dra. Juany Guzmán.

Al respecto, el estudiante Diego Gabriel Manrique Orellana de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) comentó que asiste al congreso para complementar, conocer nuevas tendencias y adentrase en la ciencia política a nivel centroamericano, “todas las personas que trabajan en la materia convergen en un punto en común y eso da lugar para nuevos proyectos, nuevas teorías e investigaciones a nivel regional”.

El VII Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, además ofrece tres actividades abiertas para todo público, especialmente para aquellas personas del ámbito político, instituciones públicas, diplomáticos y ciudadanos interesados en la realidad política de sus países, que se realizarán a las 6:00 pm en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.

El martes se realiza el panel inaugural sobre la “Integración Regional Centroamericana”. El miércoles el Presidente de la República y politólogo M.A. Luis Guillermo Solís ofrecerá la conferencia magistral sobre los desafíos de la integración de Centoramérica. Para cerrar la jornada, el jueves se llevará a cabo un panel televisado sobre «Participación ciudadana y política» con especialistas de todos los países de la región. Éste se transmitirá en vivo por Canal UCR. como parte del programa de televisión Sobre la Mesa”.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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