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Etiqueta: precariedad laboral

¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Exigimos dignidad laboral!

Manifiesto del Movimiento Trabajo Digno CR

En pleno 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica insiste en mantener un debate que como sociedad habíamos superado hace más de un siglo: la extensión de la jornada laboral y los derechos de las personas trabajadoras.

Desde 1920 la jornada laboral de 8 horas fue conquistada en nuestro país y más adelante consagrada en la Constitución Política de 1949, el Código de Trabajo y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado costarricense. Pese a ello, hoy se discute el Proyecto de Ley 24.290, impulsado por la diputada Daniela Rojas del PUSC, que pretende autorizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras durante cuatro días de trabajo con 3 días de descanso. Aunque incluso los días de descanso- prometidos como compensación- se ven amenazados, ya que el texto actual permite que dos de los tres días queden a disposición del patrono.

Nos encontramos frente a un proyecto de Ley que pretende modificar el Código de Trabajo, no para modernizarlo sino para despojar a la clase trabajadora de derechos fundamentales como el pago de horas extra. Esta propuesta representa un grave retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero costarricense y una amenaza directa a los principios de dignidad, justicia social y salud.

Nuestra oposición al proyecto de jornadas de 12 horas

Trabajo Digno CR, surge como un movimiento de oposición al Proyecto de Ley 24.290, reúne organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y personas de la sociedad civil. Nos une la urgencia de frenar este retroceso en derechos laborales, pero también la convicción de que Costa Rica merece un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas y sus condiciones de vida y no los intereses empresariales.

¿Por qué rechazamos este proyecto de ley?

  1. Porque representa la legalización de la explotación y la precariedad laboral al extender la jornada sin condiciones dignas de descanso ni con una compensación real.

  2. Porque no crea empleos, solo reparte más horas entre menos personas, mientras miles de costarricenses se mantienen desempleados o en la informalidad.

  3. Porque rompe con el principio de progresividad, contradice la Constitución Política y los tratados internacionales e ignora la jurisprudencia y la historia del derecho laboral costarricense

  4. Porque expulsa del mercado laboral a las personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres, profundizando las brechas de género.

  5. Porque precariza la economía del hogar al eliminar el tiempo disponible para estudiar, capacitarse o emprender.

  6. Porque atenta contra la familia, vulnerando directamente el derecho de la niñez a crecer con adultos presentes y recibiendo un cuidado adecuado.

  7. Porque es insostenible: ni el cuerpo humano ni la economía de un país se puede sostener con la sobreexplotación laboral.

  8. Porque se disminuye salarialmente sin pago de horas extras.

El Colectivo Trabajo Digno CR, invita a toda la población costarricense a movilizarse, organizarse y a levantar la voz en contra de este retroceso en derechos laborales. De cara a los intentos existentes de legalizar la sobre explotación, alzamos nuestra voces. No permitiremos que se retrocedan más de 100 años en derecho laborales que costaron sangre, organización y lucha.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a rechazar este proyecto de ley, a defender lo conquistado y a construir colectivamente alternativas que garanticen un empleo digno, tiempo libre y equidad de género.

No hay justicia social sin un Trabajo Digno para todas las personas.

¡Paremos YA!, el proyecto de Ley 24.290.

Plataformas digitales y derechos laborales: América Latina y Costa Rica ante la uberización

Fernando José Méndez Castellanos*

El trabajo en América Latina ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, especialmente en el marco de nuevos procesos de digitalización y flexibilización del trabajo que han instaurado esquemas laborales fragmentarios, difusos y ambiguos. La relación laboral formal y contractual, cuyo nacimiento jurídico deriva del capitalismo industrial norteamericano y europeo – y que nunca terminó de aplicarse bien en América Latina –, enfrenta ahora la embestida tecnológica de apps transnacionales como Uber y otras similares que, ante la atónita mirada – o la complicidad – de los estados nacionales, implantan actualmente un modelo empresarial que se sobrepone al derecho laboral existente. Empresas como Uber han instaurado, de esta forma, una nueva lógica empresarial que parte de la negación jurídica de la figura del trabajador, que eufemísticamente pasa a ser nombrado como un ‘‘socio’’, permitiendo a las empresas lucrar con el trabajo sin derechos de una multitud dispersa de latinoamericanos y de trabajadores del Sur Global

En este sentido, las empresas de plataforma digital gozan del trabajo ajeno sin asumir responsabilidades sociales, desconociendo cualquier vínculo patronal con una fuerza de trabajo global cuya actividad laboral – sin derechos – produce las grandes ganancias que estas almacenan en paraísos fiscales. Estas empresas, en otras palabras, construyen un discurso en torno a la figura del ‘‘trabajador independiente’’ para encubrir la vigilancia y el control algorítmico al que están sujetas las personas trabajadoras, con el fin de evitar asumir cualquier responsabilidad patronal.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa a la embestida tecnológica de las plataformas digitales. Vamos a ser sinceros: ¿puede uno andar por chepe, o por Heredia centro, sin toparse una moto en cuyo equipaje venga pintado el eslogan de Glovo, Uber o Didi? Ya hasta en los pueblos o las pequeñas urbes fuera de la GAM se puede pedir un Uber, desde Naranjo hasta San Ramón, por ejemplo. En Costa Rica, una década después de la polémica y atropellada entrada de Uber, abundan ya muchas otras plataformas que se han sumado a la competencia, para ver si pueden apropiarse ellas también del trabajo barato y no regulado de los costarricenses. La inmediatez con la que se instaló Uber contrasta, no obstante, con la prolongada inacción del Estado costarricense y la marcada complicidad de los sectores empresariales del país, que muestran una incapacidad reiterada – y una marcada falta de voluntad – para adaptar el aparato jurídico a nuevos panoramas sociolaborales en los que los algoritmos de las empresas transnacionales juegan un papel clave y el derecho laboral del país se está quedando estancado.

Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2] ha dado las primeras alarmas sobre las situaciones de dependencia y dirección algorítmica a las que están sujetas las personas conductoras y repartidoras, pero el discurso empresarial persiste en el argumento mágico de que ‘‘Uber da empleo’’. En Costa Rica, además, ya se han sentado los primeros antecedentes de reconocimiento de una relación laboral entre conductores y plataformas por parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Desde el plenario legislativo del país, lamentablemente, el énfasis en la regulación de plataformas digitales ha sido otro: la Asamblea Legislativa se aboca apenas a tratar algunos aspectos meramente operacionales de las plataformas digitales en el país, pero su quehacer carece de un enfoque de derechos laborales y derechos humanos.

La situación costarricense actualmente es, no obstante, diferente a la de muchos países en la región: recientemente en México el oficialismo impulsó una reforma [2] que hace frente a la reiterada irresponsabilidad empresarial de plataformas digitales respecto a sus trabajadores y, retomando el legado de países pioneros como Chile y España, reconoció los derechos laborales tanto de las personas conductoras como repartidoras de plataforma. Por medio de la reforma, por ejemplo, se obligará a las empresas al cumplimiento del aguinaldo, la protección contra riesgos laborales, y las vacaciones para quienes reciban salarios mayores al salario mínimo. Chile, por su parte, desde 2022, ha marcado la pauta y se ha destacado por ser un país pionero en derechos laborales por medio de una ley que garantiza, para todas las personas trabajadoras de plataforma, derechos como la sindicalización y la negociación colectiva, el derecho a la desconexión voluntaria y las protecciones laborales y patronales mínimas.

En nuestro caso centroamericano, lamentablemente, a veces son más palpables los retrocesos que los avances: ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo han realizado propuestas de ley que busquen regular, más allá de aspectos operacionales y tributarios, las plataformas digitales del país. Es más, la actual inacción respecto a esta problemática parece señalar una anuencia silenciosa del Estado y sus instituciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, se ha abocado a dar algunas recomendaciones someras y escuetas a las empresas de plataforma, y apenas se ha limitado a reconocer algunos aspectos nocivos para la salud en el trabajo del delivery sin emprender mayores acciones. Y peor aún para el país: Costa Rica se opuso recientemente a crear un convenio para hacer que las plataformas digitales se comprometan a dar condiciones dignas a sus trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

Actualmente a nivel país, las discusiones en torno al trabajo están centradas en otro retroceso significativo que se está impulsando dentro del plenario: la ley 24290, que plantea jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana. No obstante, una situación más dramática ha tenido menor relevancia mediática a pesar de su magnitud: varias decenas de miles de conductores y repartidores de Uber y otras empresas digitales en Costa Rica trabajan, desde hace muchos años, en jornadas similares o incluso mayores, de acuerdo con encuestas de años recientes [3], así como también enfrentan condiciones bastante pauperizadas y vulnerables en el ejercicio de su labor.

¿Hasta dónde, hemos de preguntarnos, llegará el silencio y la inacción del Estado y sus instituciones? La respuesta, parece, seguirá siendo una incógnita aún por mucho tiempo.

[1] Organización Internacional del Trabajo. (2021). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Colombia. Análisis y recomendaciones de política.

[2] García, A. (1 de julio de 2025). Inicia programa piloto para dar seguro social a repartidores y conductores de plataformas digitales. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/07/01/inicia-programa-piloto-para-dar-segurosocial-a-repartidores-y-conductores-de-plataformas-digitales/

[3] Artavia-Jiménez, M., Solano, J., Campos, M. y Herrera, M. (2023). Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Friedrich Ebert Stiftung

*Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

La juventud no negociará su dignidad: contra las jornadas 4×3

Elian Xavier Jiménez Campos – ANEP Joven
Heredia, 2 de julio de 2025

El proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante 4 días a la semana no es progreso. Es retroceso. Es explotación maquillada de “modernización”. Es la cristalización de un modelo que pone el capital por encima de la vida, especialmente la vida de quienes trabajamos desde jóvenes, en condiciones cada vez más precarias y desprotegidas.

Quienes impulsan este proyecto hablan de libertad, de conciliación de tiempos, de “opciones”. Pero en la práctica, para la mayoría de las personas jóvenes, mujeres y personas trabajadoras de sectores populares, la jornada 4×3 no es una elección. Es una trampa. “Trabajar 12 horas al día no es libertad, es desgaste físico, emocional y mental”, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus estudios sobre salud ocupacional y fatiga laboral [1].

En Costa Rica, donde las condiciones laborales ya son desiguales y el desempleo juvenil se mantiene alto, esta reforma profundizará la precariedad. Según datos del INEC (2024), más del 36% de las personas jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad o subempleo [2]. Sumado a esto, más del 60% de quienes ocupan empleos de servicios y comercio son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

Desde ANEP Joven lo decimos sin rodeos: este proyecto es una forma de violencia interseccional, porque afecta con más fuerza a quienes ya enfrentan múltiples opresiones. Las mujeres trabajadoras no solo tendrían que cumplir jornadas extenuantes, sino seguir asumiendo las tareas domésticas no remuneradas. “La sobrecarga laboral es una forma estructural de desigualdad de género”, afirma ONU Mujeres en su informe sobre trabajo y cuidados [3]. Las personas jóvenes verían reducida su capacidad de estudiar, organizarse o simplemente vivir. Los sectores más empobrecidos quedarían atrapados en un ciclo de cansancio y dependencia económica.

¿Quién gana con las jornadas 4×3? Las grandes empresas que podrán reducir costos, exigir más y pagar menos. ¿Quién pierde? La mayoría de las personas trabajadoras que no tienen opción.

La jornada de 8 horas no es una ocurrencia. Es el resultado de décadas de lucha sindical internacional. “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de vida” no es solo un lema, es una defensa mínima del equilibrio entre el trabajo y la dignidad humana. Renunciar a eso es renunciar a la historia de conquistas obreras que nos ha sostenido.

Desde la juventud organizada, no estamos dispuestas a ceder lo irrenunciable. Porque no queremos sobrevivir, queremos vivir. Estudiar, amar, crear, participar, descansar. Porque el tiempo libre también es un derecho, como lo reconocen el artículo 58 de la Constitución Política de Costa Rica y múltiples convenios de la OIT.

Hoy decimos con fuerza:

  • No nos moverán con falsas promesas.

  • No cederemos lo que le pertenece al pueblo trabajador.

  • No aceptaremos una ley que normaliza la explotación.

Las juventudes de Costa Rica no negocian su dignidad.

[1]Organización Internacional del Trabajo. (2022). Las largas jornadas laborales y su impacto en la salud y seguridad. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_842310/lang–es/index.htm

[2]Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). Encuesta continua de empleo 2024. https://www.inec.cr/encuesta-continua-de-empleo

[3]ONU Mujeres. (2019). El trabajo de cuidados y su relación con la desigualdad de género. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/06/infographic-care-work-and-gender-equality

Entre algoritmos y precariedad: el capitalismo de plataformas y la amenaza a los derechos laborales

Elian Xavier Jiménez Campos
Heredia, 2 de julio de 2025

En Costa Rica y el mundo, una nueva forma de organización del trabajo se ha consolidado a pasos acelerados: el capitalismo de plataformas. Este modelo se presenta como moderno, flexible e innovador, pero detrás de esa fachada digital se esconden relaciones laborales profundamente desiguales y precarias.

Aplicaciones como Uber, DiDi, InDriver, Rappi o Ubereats han transformado la manera en que trabajamos, sin transformar el poder que las sostiene. En estas plataformas, la clase trabajadora ya no es reconocida como tal: ahora se les denomina “colaboradores” o “socios conductores”, figuras sin acceso a salario fijo, seguridad social ni derechos laborales básicos. La relación entre empresa y trabajador desaparece en lo legal, pero no en lo real. La precarización se institucionaliza a través de la tecnología.

En el fondo, lo que estas plataformas hacen es externalizar sus responsabilidades, beneficiándose de un modelo en el que todo riesgo recae sobre quien realiza el trabajo. No hay aguinaldo, vacaciones, seguro o pensiones. Y aunque se promueve la idea de que los trabajadores tienen libertad para conectarse cuando quieran, lo cierto es que los algoritmos premian a quienes están más tiempo disponibles y penalizan rechazos o desconexiones. Es el algoritmo como nuevo jefe invisible, que controla sin rostro, sin contratos, sin límites.

Como juventudes, este fenómeno debe preocuparnos. No solo porque reproduce y profundiza desigualdades económicas, sino porque fragmenta las formas de organización colectiva y desmantela décadas de luchas sindicales. La riqueza se concentra en pocas manos, mientras crece una clase trabajadora informal, sin voz ni protección.

Peor aún: la precarización tiene rostro de mujer. Las plataformas digitales captan mayoritariamente a mujeres y disidencias, quienes ven en la supuesta “flexibilidad” una manera de combinar el trabajo remunerado con las labores domésticas. Pero esa doble jornada, sumada a la falta de garantías y la exposición a violencia digital o acoso, solo refuerza las brechas estructurales.

Costa Rica no escapa a esta realidad. A pesar de los discursos gubernamentales que celebran la innovación tecnológica y el “emprendimiento”, cada vez más jóvenes, mujeres y personas de sectores populares se ven empujadas a estos trabajos sin regulación ni derechos. Si la política pública no actúa, si el Estado no garantiza protección para quienes trabajan en estas plataformas, estaremos normalizando una nueva forma de esclavitud hipermoderna.

Es hora de poner este tema sobre la mesa. De abrir debates en las universidades, los sindicatos y las calles. De exigir que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana, no de la explotación sin rostro. Porque si el trabajo del futuro es este, entonces debemos preguntarnos:

¿De qué futuro estamos hablando?

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Precariedad laboral: una marca registrada del mundo Covid

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.

Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.

Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.

Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.

Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.

El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.

PLN le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR

Desde el SIFUPCR indicamos a la familia laboral del sector público que una vez más el PLN, le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles y muestra además cómo está tomado y conducido por gente de pensamiento ortodoxo, lo cual lo coloca como igual o superior al propio Gobierno.

Muestra así el PLN, su verdadero rostro pro trabajo precario y esclavo, ayudando al Gobierno y en dicha tarea surge la figura tristemente célebre de la Diputada Kattia Rivera en su rol de jefa de fracción del PLN, que como abanderada de la precariedad laboral, se presta como buena marioneta al juego de los Arias Sánchez, esperando sin duda alguna recompensa posterior, pero de paso le echa una buena paleada más de tierra a los colores verdiblancos de cara a las elecciones municipales 2024.

Así las cosas, se va acumulando rebeldía ciudadana que tarde o temprano explotará de alguna forma.

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DECLARACIÓN

Aporte de Rodrigo Aguilar Arce, Ex Presidente de la CTRN en el marco del Día Internacional de la Mujer

Marco Leandro

A siglo y 11 años de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2022, el movimiento sindical asume la responsabilidad de redoblar esfuerzos por el logro de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. El 8 de marzo es una jornada en la que se pone en valor la lucha por los derechos de la mujer y se reivindica la igualdad respecto a los hombres.

EL ORIGEN DEL DÍA DE LA MUJER 

Fue en 1975 cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque los orígenes sobre esta fecha son más bien inciertos. En realidad, hay varios acontecimientos y manifestaciones que a lo largo de los siglos XIX y XX que marcaron la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde murieron más de un centenar de personas, sobre todo mujeres inmigrantes de entre 17 y 24 años.

En realidad, no hay un evento concreto sino luchas, concentraciones huelgas de mujeres que terminaron convirtiéndose en una constante.

Por ejemplo, recuperan en “Marea”, en 1853 unas 21.000 personas  el 55,8%, niñas menores de 13 años de los talleres de Preston, en los distritos del algodón de Manchester, protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios.

En 1857, por otro lado, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por las malas condiciones laborales. También en Nueva York, pero en 1908 y bajo el lema ‘Pan y Rosas’, se manifestaron 15.000 mujeres pidiendo una mejora de las condiciones y el fin del trabajo infantil.

En Europa, por otro lado, fue la líder socialista Clara Zetkin quien instó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 1907 en Sttutgart, a realizar una campaña a favor del voto de la mujer. En 1910, en la II Conferencia, Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, idea que cogió de las mujeres americanas del Partido Socialista. Así, la primera vez que se conmemoró en varios países el Día de la Mujer fue en 1911.

El movimiento sindical costarricense ha venido conmemorando este trascendental día, por considerarlo altamente representativo, por su valor imponderable, y porque nos permite revisar una serie de elementos vitales en nuestro cotidiano quehacer, y en las proyecciones de acción, gestión y lucha que debamos emprender.

BREVE REPASO AL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para la Profesora Universitaria Gabriela Arguedas, con un mensaje profundo dado en el año del centenario, nos expresó que el 8 de marzo no se festeja, que no es una fiesta, que no es motivo para un carnaval o un regalo y que existe una diferencia profunda entre un festejo y una conmemoración, y agrega: el 8 de marzo no es la fecha para que se despliegue toda la furiosa competencia mercantil de rebajas, ramos florales y tarjetas coloridas con frases de lugares comunes.

Según dicha profesora la tendencia, cada vez más enajenante de eliminar el contenido histórico de las fechas conmemorativas solo sirve a un propósito: la asimilación y, por ende, la desaparición, y que cuando algo pierde su contenido simbólico, deja un espacio hueco en el que luego se puede colocar cualquier cosa, por absurda o insultante que sea, agregó que  es precisamente eso, lo que no quiere que suceda con el 8 de marzo, es decir, no es un día para celebrar el esencialismo o para que algunos tengan ocasión de pasarse de listos, y cierra estos criterios diciendo que el 8 de marzo es un día para que la memoria reviva y la dignidad se sacuda.

La Comisión Ampliada de las Mujeres Sindicalistas, CRAMS, de nuestra Subregión ha expresado que  la conmemoración del El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recoge la lucha emprendida en la Antigua Grecia por Lisístrata, quien inició una huelga sexual para poner fin a la guerra y surgió a raíz de las acciones de mujeres de los movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Diversas fuentes destacan  que su  establecimiento formal se dio en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países, además un elemento determinante para esta conmemoración de esta fecha resulta ser el caso de las 129 mujeres que durante una huelga pacífica murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, quienes  protestaban por sus condiciones laborales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil.

Arguedas  señala que el origen histórico de esta fecha conmemorativa es muy discutido y que investigaciones elaboradas por historiadoras feministas ubican los hechos que marcaron esta fecha en el año 1857, y  destaca acciones del sindicato de costureras de la compañía textil en Lower East Side, Nueva York que convocó a una marcha en el mes de marzo para demandar una jornada  laboral limitada a 10 horas; por otra parte  indica que en 1867, tuvo lugar otra manifestación, en esa misma ciudad, de mujeres trabajadoras, que seguían bajo condiciones de profunda explotación laboral. En todas estas manifestaciones la represión policial fue sumamente violenta.

La Prof. Arguedas señala también, que en 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano fundaron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day (Día de la Mujer). Sus reivindicaciones iniciales fueron la defensa incansable del derecho de las mujeres al sufragio, a gozar de derechos en el trabajo y a luchar en contra de la guerra y expresa que fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se presentó una propuesta del Partido Socialista Norteamericano, para instaurar el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, finalmente, fue aprobada, en mucho, gracias al apoyo brindado por la socialista alemana Clara Zetkin.

La Agencia France Press reconoció también que la jornada se consagra a la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, y se inspira en las luchas de la socialista alemana Clara Zetkin, quien lanzó la idea sin proponer una fecha fija, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, ello de acuerdo al señalamiento de la historiadora francesa Françoise Picq.

Dicha agencia ha expresado que, desde su lanzamiento en 1910, las mujeres han conquistado numerosos derechos civiles, políticos y laborales, pero la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente, en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo, en mayor o menor medida, discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión.

LA SITUACION PREVALECIENTE

Sabemos que, a pesar de llevar más de cien años de conmemoración, las condiciones laborales de la gran mayoría de mujeres en el mundo entero y por su puesto en Costa Rica siguen siendo deplorables.

La división sexual del trabajo perdura y mantiene a muchas mujeres e incluso a niñas en una situación que bien podemos llamar de esclavitud.

Las mujeres que han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal ganan un 70% del salario de los hombres, a pesar de realizar las mismas funciones y de estar, en muchos casos, mejor calificadas.

Los derechos laborales de las mujeres se sostienen en el papel, a punta de uñas y dientes, pero en la vida cotidiana es todavía más difícil, al punto que ya parecen solo un puñado de buenas intenciones.

La discriminación en toda su esencia se mantiene tanto en lo laboral como en lo político.

El acoso laboral y el acoso sexual constituyen dos de los más feroces flagelos tanto en el orden laboral como político, tanto en el sector privado como en el sector público.

La trata de blancas y la utilización de niñas adolescentes en trabajo sexual constituyen una verdadera vergüenza nacional.

En los pocos casos de existencia de negociación colectiva en empresas públicas y privadas los temas relativos a las mujeres están levemente reconocidos o no lo están del todo.

La informalidad, la precariedad son condiciones que imposibilitan el desarrollo sindical de las mujeres.

EL COMPROMISO CON LOS SIGUIENTES RETOS

Las organizaciones sindicales y las mujeres sindicalistas asumimos este 8 de marzo de 2022 los siguientes retos:

Apoyar a todas aquellas mujeres que se organizan y resisten las agresiones del capitalismo salvaje en todas sus expresiones: flexibilidad laboral, tercerización, feminicidio, machismo, desprotección social, maltrato, desigualdad, desvalorización de las mujeres y sus derechos, y poca o nula participación en los procesos sociales, económicos y políticos.

Incrementar los esfuerzos para la superación de la situación prevaleciente por cuanto estamos convencidos que son las mujeres junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, esto les convierte en las personas más vulnerables ante la crisis económica.

Trabajar en unidad con todo el movimiento sindical y todas las mujeres que son maltratadas, humilladas, explotadas, oprimidas, subyugadas, día a día por el sistema Neoliberal.

Luchar y levantar una sola voz desde los distintos espacios, demandas y reivindicaciones. Para ello debemos enfrentar el modelo con organización, lucha y rebeldía para lograr una participación efectiva, protagónica, donde nuestra voz sea escuchada.

Intensificar la lucha para la participación de las mujeres en definición de políticas de empleo, de educación, de formación profesional técnica y de procesos de intermediación que constituya un elemento sustantivo de la misma política.

Constituir una estructura sindical participativa, horizontal, democrática, honesta, con igualdad de género, que tenga capacidad de unificar el pensamiento y la acción sindical, en el respeto a la pluralidad y diversidad, a través de procesos de evaluación, formación y formulación de una propuesta incluyente de todos los sectores que forman nuestra base, para lograr un movimiento sindical fuerte, vigoroso y poderoso, con credibilidad.

Luchar para que la dimensión y equidad de género sea considerada como componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Continuar las acciones para que se disminuya la brecha de equidad existentes tanto en torno al acceso a las fuentes de trabajo, en los niveles operacionales, técnicos y profesionales como en la desigualdad salarial existente, en las diversas actividades de la economía nacional.

Divulgar y dar a conocer en todos los rincones del país los derechos y garantías laborales, constitucionales y los convenios y convenciones internacionales que garantizan los derechos económicos, en salud laboral, social y cultural como componentes esenciales para garantizar calidad del trabajo a las mujeres y a los jóvenes.

Promover la formación técnica, de competencia y empresarial para mujeres excluidos del sistema formal de la educación.

Luchar para que se reconozcan el potencial y la capacidad organizacional que tienen las mujeres para desarrollar actividades productivas.

Gestionar el desarrollo de observatorios de empleo con la efectiva participación de mujeres para detectar no solo las necesidades de oferta y demanda, sino para determinar los niveles de formación que posen las mujeres y los jóvenes en determinados entornos regionales o locales, para establecer proyectos productivos.

Capacitar conjuntamente con los sindicatos a trabajadores y trabajadoras en lo referente a sindicalismo.

Realizar convenios con las empresas donde se le facilite crédito y materiales a bajo costo a fin de que las mujeres puedan trabajar con microempresas que brinden mejores ingresos para ayuda a su familia.

Revisar los programas educativos tanto técnicos como profesionales en los diferentes entes educativos: INA, universidades, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades laborales en las diferentes regiones del país, a efecto de coordinar con el ministerio de trabajo para que se cree la bolsa de empleo funcional.

Asegurar una cuota de un 50% mínimo de participación de las mujeres en puestos directivos en las diferentes organizaciones sindicales tanto nacionales como internacionales.

Fomentar el incremento de sindicatos en el sector privado principalmente en los sectores de los regímenes especiales “zonas francas, perfeccionamiento activo” con el fin de lograr estabilidad laboral.

San José, 8 de marzo de 2022

Rodrigo Aguilar Arce

Ex Presidente de la CTRN