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Etiqueta: precarización del trabajo

Del empleo pleno a la sociedad del riesgo: hacia una redefinición del trabajo en Costa Rica

Fernando José Méndez Castellanos*

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.

El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados

El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.

Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.

En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.

La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.

En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?  

Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.

Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.

En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.

¡Feliz día de la independencia!
Para los empresarios…

* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

Sin derechos no hay democracia

Comunicado

Este 1º de mayo, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, campesinas, culturales, derechos humanos y territoriales salimos a las calles con una voz unida: sin derechos no hay democracia. En un país marcado por la violencia, la desigualdad, el debilitamiento del Estado social y la precarización del trabajo, esta fecha no es una celebración simbólica: es un acto de defensa colectiva.

Recordamos el origen del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, forjado por las luchas obreras del siglo XIX, como la de los mártires de Chicago, por la jornada laboral de ocho horas. Esa consigna sigue vigente: hoy exigimos condiciones laborales dignas, empleo justo, libertad sindical y respeto al Código de Trabajo.

La situación nacional se encuentra en momentos críticos que requieren de unidad nacional y concertación democrática. Según datos del último informe del Estado de la Nación (2024) el Informe de percepción costarricense UNA (2025), y el último informe del CIEP (2025). Costa Rica cerró el año 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y un 70% de la población costarricense considera que la seguridad está mala o muy mala.

Actualmente, el ingreso real promedio de los hogares cayó casi un 20% respecto al 2014 y un millón de hogares está en pobreza o riesgo de caer en ella, mientras el sector agroalimentario nacional se encuentra en un momento de crisis continua y las poblaciones históricamente excluidas se encuentran cada vez más expuestas a la violencia, el crimen organizado y la desigualdad social, en ausencia de oportunidades.

Más de 215.000 personas adultas mayores viven sin pensión y 849 escuelas tienen órdenes sanitarias sin poder reabrir, mientras la inversión educativa cayó un 1,6%, y el aumento de femicidios se encuentra en más de un 100% entre 2022 y 2024. También, hasta enero 2025, las listas de espera en la C.C.S.S alcanzaron un total de 188.228 personas, según datos oficiales de la Gerencia Médica, consecuencia de la crisis de seguridad social que vivimos actualmente.

La seguridad social, alimentaria y educación pública, es de las más nobles expresiones del trabajo humano, inspiradas e inspirados en el pensamiento de Omar Dengo, recordamos que el problema social es, por excelencia, un problema de educación, la labor docente transforma vidas, rompe desigualdades y construye ciudadanía. Defender el trabajo es también defender la educación pública, su vocación humanista y su papel en una democracia sólida.

En esta defensa de los derechos y la democracia, organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, universidades públicas costarricenses y otros sectores, se suman al llamado nacional de lucha, con su compromiso histórico con la equidad, el pensamiento libre, la transformación social y el fortalecimiento del Estado social de derecho, en la promoción de una ciudadanía activa, informada y solidaria.

Este año, nuestra voluntad política compartida se expresa en cinco demandas esenciales:

  1. Trabajo digno con derechos, para todas las personas trabajadoras, en todos los sectores y condiciones.
  2. Educación pública fortalecida, accesible, crítica y bien financiada.
  3. Seguridad ciudadana y paz, con oportunidades reales frente al crimen organizado.
  4. Producción nacional y soberanía económica, para reactivar el agro, proteger pymes y reducir la dependencia externa.
  5. Igualdad de género y justicia social, con pleno acceso a empleo, salud, cuido y educación sin discriminación, a su vez la prevención de la violencia basada en género.

Será una jornada de expresión cultural, con música y arte, donde todas las voces tendrán lugar: del agro, sindicatos, universidades, sociedad civil, las juventudes, de las mujeres, de quienes han sido históricamente excluidas.

¡Sin derechos no hay democracia!

¡Democracia, paz, libertad y justicia social para Costa Rica!

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

Libro virtual y serie de videos animados: fortalecer el feminismo anticapitalista y antirracista

El material es el resultado del proceso de elaboración feminista de la 5ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que tiene como eje central la denuncia de las empresas transnacionales. La organización y producción de los materiales se basó en las contribuciones de las integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Brasil, de la SOF Sempreviva Organización Feminista y de las integrantes del Comité Internacional de la MMM, además de las contribuciones organizadas en el debate regional de la Región de las Américas.

El libro reúne artículos de Nalu Faria, Marianna Fernandes, Tica Moreno, Natália Lobo y Taís Viudes. Los textos hablan sobre la precarización y digitalización del trabajo, la explotación de la naturaleza y la mercantilización del feminismo. Está disponible para descarga gratuita en portugués y español: https://bit.ly/enlacelibro

Las animaciones introducen el funcionamiento del poder corporativo de tres sectores (textil, alimenticio, digital), y también evidencian nuestras propuestas feministas alternativas. Están disponibles en Youtube:

Español https://bit.ly/videosMMMespanol
Inglés https://bit.ly/videoWMWenglish
Francés https://bit.ly/videosMMFfrances
Portugués https://bit.ly/videosMMMportugues

Enfrentar el poder de las corporaciones transnacionales es enfrentar el capitalismo racista y patriarcal. Estos materiales tienen como objetivo fortalecer el feminismo anticapitalista y antirracista construido por mujeres que, en movimiento, resisten para vivir y marchan para transformar.

 

Compartido con SURCOS por Carmen Chacón y Juan Carlos Cruz Barrientos.