Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas
Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.
Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.
Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz.
Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra.
Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir.
El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.
La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.
La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos y la articulación de redes institucionales.
En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles.
En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha:
Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja.
Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.
La Red de Emergencia Cultural envió una carta al Ministerio de Cultura y Juventud, en la cual solicita “que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.
Asimismo, pide al Ministerio de Economía Industria y Comercio que implemente “un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera”.
También la Red insta “a las organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023”.
SURCOS comparte la carta que envió a nuestra redacción Arabella Salaverry, escritora, actriz, gestora cultural y Premio Magón 2021.
19 abril 2023
Señor Francisco Gamboa Soto Ministro de Economía Industria y Comercio
Señora Nayuribe Guadamuz Ministra de Cultura y Juventud
La Red de Emergencia Cultural (REC), Premio de Cultura Nacional 2021, es una organización integrada por asociaciones de diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras del arte y la cultura, se dirige a ustedes para manifestar nuestra posición en relación a la convocatoria a artistas realizada por el MEIC/MCJ en oportunidad de la Feria EXPO PYME 2023:
1) Que la Feria EXPO PYME 2023 lleva por título “Reactivando Costa Rica” y es producida por el MCJ y MEIC.
2) Que la Feria EXPO PYME incluye en su programa la presentación de numerosas agrupaciones de danza, música y teatro.
3) Que en el documento oficial de convocatoria a artistas se lee cuadro de “Abanico de Oportunidades” en el que se observa la columna Aporte del MEIC: Vehículo pickup, refrigerio, tarima y sonido.
4) Que al consultar al MEIC sobre los rubros a pagar a las y los artistas por estas presentaciones, este indicó que el pago era el aporte descrito en la convocatoria.
Por lo que desde la REC, siempre en defensa del mejor interés del sector, manifestamos nuestro pesar en relación a esta convocatoria, ya que aunque lleva por título “Reactivando Costa Rica” la EXPOPYME no prevé un presupuesto de ejecución adecuado para solventar las remuneraciones de las y los artistas que se presentan en dicha feria, lo que tiende a inhibir la reactivación del sector.
Se intenta sufragar nuestro trabajo con el ofrecimiento de un carro con cajón, refrescos y galletas, escenario y sonido. Tampoco se indica la aplicación de algún tipo de póliza en caso de accidente en las presentaciones culturales en beneficio de las y los artistas, amén de que promueve la idea de que el trabajo artístico no debe ser pagado, lo que agudiza la crisis que existe en el sector desde antes de la pandemia global.
Por esta razón desde la REC, promoviendo el respeto integral a los derechos laborales de las y los artistas solicitamos:
1- Al MCJ que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.
2- Al MEIC que subsane esta situación supra descrita, con la implementación de un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera.
3- A las Organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023.
Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.
En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:
1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.
2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)
3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.
4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN: todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.
5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.
6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.
7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.
A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.
¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!
San José, 14 de febrero de 2023.
SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:
La reciente nota de Frank Ulloa sobre el pago por rendimiento tuvo una extraordinaria repercusión. Ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) suma sus críticas a la forma de pago de salarios por destajo. Es inadmisible, dice en esta columna Obeth Morales Barquero, secretario general del gremio.
Obeth Morales
Si el trabajador acepta esta forma de pago se está autoengañando, y por ende autoexplotándose laboralmente, mordiendo el cebo del empresario al trabajar a un ritmo y una intensidad por encima de lo que debería ser normal.
Esa modalidad trae a corto plazo perjuicios para la salud de los trabajadores. Lo vemos en la piña, concretamente en los problemas de columna, desgaste en brazos, muñecas, rodillas entre otros, producto de los movimientos repetitivos y la intensidad.
Las grandes empresas obtienen resultados y los trabajadores en la mayoría los casos terminan siendo atendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social porque el empleador no garantiza siquiera la atención por medio del Instituto Nacional de Seguros, ya que esto aumentaría el costo de las pólizas.
Los empleadores (léase empresas transnacionaels) evitan la atención de sus empleados en el INS afirmando que no existe nexo de causalidad entre los padecimientos y las labores que desempeña el trabajador.
Precarización y explotación
Tenemos el caso concreto del departamento de deshije*. La empresa ha decidido tramitar amonestaciones y despidos por supuestos bajos rendimientos de trabajadores, siendo que la realidad es que cuando determinó de manera unilateral las tarifas por destajo, hace más de cinco años, las condiciones eran más favorables para el trabajador y la trabajadora.
Con el paso de los años las labores se han precarizado, motivo por el cual el rendimiento de los trabajadores no es el mismo, a pesar de que laboran con mayor intensidad y ritmo.
En Costa Rica el Consejo Nacional de salarios es el órgano competente para fijar los salarios del sector privado. Sin embargo, los pagos por destajo son establecidos de manera unilateral y arbitraria por el empleador.
Las representaciones sindicales ni siquiera son informadas sobre las fórmulas, los procedimientos y los parámetros utilizados. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es permisivo y tuerce la vista.
La productividad aportada por los trabajadores y trabajadoras que laboran bajo esta forma despreciable de trabajo no es proporcional ni racional al salario que reciben.
En una ocasión me informó el MTSS que ellos no podían hacer nada porque el salario estaba sobre el mínimo, o sea que las “autoridades” de gobierno permiten la explotación laboral siempre y cuando se garantice el pago del salario mínimo de ley.
Y aun me queda la duda si en el país se está pagando realmente el salario mínimo al comparar la distribución de la riqueza con la productividad del trabajador.
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
Los tres poderes del Estado se han alineado para aprobar hace pocos días está autoritaria ley, a pesar de los múltiples llamados, alertas y planteamientos jurídicos y sociolaborales que hemos hecho todas las organizaciones sindicales, las universidades públicas y otras entidades importantes del Estado y de la sociedad civil, respecto a la inconveniencia de aprobar una norma que contiene varios aspectos medulares seriamente lesivos para las instituciones públicas, para los servicios a la ciudadanía y para las personas trabajadoras del sector público.
Con esta iniciativa se pretende instalar en el país un sistema de relaciones laborales arbitrario, impositivo, precarizador de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras públicas. Su puesta en marcha va a generar un estancamiento laboral y un retroceso del derecho colectivo, que dará lugar a numerosas demandas de violación de derechos a nivel nacional e internacional, con el lamentable aumento de la conflictividad social.
Esta acción política antisocial obedece a una lógica economicista y austericida aducida por el Gobierno para reducir el déficit fiscal que argumentan es provocado por el sector público, lo cual es completamente falso, y cuyo objetivo no es sólo obtener un préstamo de “supervivencia” del Fondo Monetario Internacional, porque principalmente se pretende acabar con la organización legítima de los trabajadores y trabajadoras en las entidades públicas, quitarles todo mecanismo de participación para la defensa de sus intereses, proscribir de hecho y de derecho la negociación colectiva, y dejar desprotegidas a las trabajadoras y trabajadores públicos para defender sus derechos fundamentales e intereses legítimos y democráticos. Por eso para la elaboración de esta ley no se han priorizado los argumentos técnicos de fondo que son esenciales para fundamentar una mejora real de los servicios públicos; por el contrario, dichos servicios serán recortados de modo progresivo, y su deterioro gradual será negativo tanto para la atención de las necesidades ciudadanas, como para las personas trabajadoras públicas y sus familias.
No le importó al Gobierno y a los partidos cómplices de su visión, sacrificar a toda la población trabajadora del sector público, lo que también afectará al sector privado y a sus personas trabajadoras asalariadas formales e informales. El tejido productivo del país notará el golpe de la precarización laboral en poco tiempo, y la economía de muchas familias se resentirá indefectiblemente. Esto traerá una escalada de conflictos y una mayor polarización social, de cuyas consecuencias deberá hacerse responsable una parte de la clase política decadente, egocéntrica, traficante de influencias, contraparte de corrupciones, que ha perjudicado el bienestar general para su beneficio particular.
Consideramos que esta iniciativa antilaboral, junto otras leyes antiobreras aprobadas en este periodo legislativo, evidencian un grave retroceso para la democracia, el trabajo decente, la protección social y los derechos laborales y sindicales de la gente. Las élites nacionales que están detrás del Poder Ejecutivo y de los partidos tradicionales, vinculadas con algunos grupos poderosos del sector empresarial, han logrado en esta legislatura imponer totalmente su agenda de intereses exclusivos y excluyentes, a través del control político de las instituciones y de los sistemas de decisión. Por eso no ha sido posible reforzar la legislación contra la evasión y elusión fiscal, o aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, entre otras muchas cosas que el pueblo viene reclamando sin encontrar puertas para el diálogo y la participación como exige el artículo 9 de la Constitución.
La propia OIT, consultada por la Asamblea Legislativa en 2020 sobre este proyecto de ley, expresó numerosos comentarios sobre varias partes del articulado que podrían entrar en conflicto con los Convenios Internacionales ratificados por el país. A pesar de ello, los legisladores y legisladoras han mantenido la mayoría de contenidos que ponen en riesgo el cumplimiento de dichos Convenios, en especial en materia de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
El signo principal del Gobierno saliente, que ha perdido desde hace mucho toda credibilidad de la población, ha sido su incapacidad y falta constante de voluntad para el diálogo social. Incluso con esta ley tramitada de manera autoritaria y sorda ante el pueblo, entierra el diálogo social en el sector público que es siempre un espacio indispensable para la estabilidad y la armonía laboral.
Por todo ello seguiremos luchando para defender nuestros derechos y nada nos impedirá movilizarnos y responder con la unidad de acción sindical contra esta abusiva y despótica ley.
La Escuela de Ciencias Políticas, Kioskos y Voces y Política invitan este miércoles 30 de junio a las 5:00 pm, a conversar sobre «Interinazgo y precarización laboral en la Universidad de Costa Rica«.
Se contará con la participación de Braulio Solano Rojas del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica (CPIUCR) y José Antonio Mora Calderón, docente interino de la sede de Occidente y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales.
Puede participar mediante redes digitales o con llamada telefónica. Teléfono: 2234 3233. Radio Universidad 96.7 FM
Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:
Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.
Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.
Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.
Acordamos:
Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.
POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE
Organizaciones Sindicales
Asociación Nacional de Educadores ANDE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE Sindicato de Educadores Costarricenses SEC Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA Central General de Trabajadores CGT Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU Asociación de funcionarios del TEC AFITEC Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO Alianza Sindical del Poder Judicial Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC
Organizaciones Sociales
Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS Comisión Nacional de Enlace CNE Coordinadora Popular de Occidente Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR
Comunidad Universitaria
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional
El comité de lucha y propaganda del SINDEU realizó cuatro comunicados, en los cuales se expone “Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica” y “los enemigos del pueblo”.
Se explica que hay “políticos que se resguardan” en la Asamblea Legislativa y se encargan de destrozar los logros de la clase trabajadora, de este modo, se busca silenciar el pensamiento crítico y la resistencia por medio de la precarización, con el objetivo de desmoralizar la conciencia de lucha y derrotar por el hambre cualquier acción ofensiva contra este enemigo del pueblo. El SINDEU inicia explícitamente, y proseguirá sin límite, “un llamado a toda la clase trabajadora para enfrentar unidos al verdugo”.
Se menciona que el brazo político de los intereses del Capital trabaja desde la Asamblea Legislativa, al servicio del mantenimiento y el incremento de los beneficios del empresariado y no del pueblo.
Estas personas con poder lideran la batalla ideológica, y la infiltración de la conciencia de clase, la realizan valiéndose a diario de una gran parte de los medios de comunicación financiados y al servicio de sus intereses de clase, para el mantenimiento de los beneficios del empresariado gobernante y haciendo más difícil la vida del pueblo.
Otros dos de los comunicados hablan sobre los “enemigos del pueblo”. Se expone los movimientos que se realizan en salvaguarda de los intereses del empresariado y de los grandes evasores.
Se hace mención que para arrebatar derechos humanos y laborales desmantelan las estructuras e instituciones “que han garantizado históricamente el progreso de la clase trabajadora y la protección de la población en nuestro país”. El brazo ejecutor de los intereses del Capital se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Utilizando múltiples ataques cotidianos al pueblo como distractores, pero manteniendo la vista fija en los intereses del Capital, y cumpliendo uno a uno sus objetivos, “siguen adelante a pasos de gigante, agotando a la clase trabajadora en mil luchas diarias con la complicidad de una gran parte de los medios de comunicación”, pero manteniéndose ellos mismos a salvo, así como al “empresariado que mece la cuna”.
Compartimos los cuatro textos que fueron enviados a SURCOS:
COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU – Comunicado 1 (23/07/20) Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica (I)
Aniquilada estructuralmente toda posibilidad de defensa de las personas trabajadoras de la empresa privada, desunida y perseguida la izquierda históricamente, desprestigiados por años los sindicatos a través de los medios de comunicación al servicio del Gran Capital, el último reducto de resistencia a la arremetida neoliberal en el país lo constituye la clase trabajadora del sector público, y el pensamiento crítico localizado en las instituciones educativas públicas.
Un grupo de políticos, al servicio del Gran Capital, se ha hecho fuerte en las instituciones del país… Ese grupo de siervos del Capital, atrincherado en la Asamblea Legislativa, destroza aceleradamente los logros de la clase trabajadora, intentando someterla por medio de la necesidad de sustento de sus familias, pretendiendo silenciar el pensamiento crítico y la Resistencia por medio de la precarización, con el objetivo de desmoralizar la conciencia de lucha y derrotar por el hambre cualquier acción ofensiva contra este enemigo del pueblo.
Perdida la representación popular, el pueblo debe recuperar ahora la soberanía secuestrada por estos vasallos, al servicio de los intereses de la Explotación. El SINDEU inicia explícitamente, y proseguirá sin límite, un llamado a toda la clase trabajadora para enfrentar unidos al verdugo.
¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –
COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU – Comunicado 2 (24/07/20) Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica (II)
El brazo político de los intereses del Capital trabaja desde la Asamblea Legislativa, al servicio del mantenimiento y el incremento de los beneficios del empresariado.
Antes que ver disminuidos sus beneficios, los intereses de clase del Gran Capital unirán sus fuerzas a través de la unidad de su instrumento y agente político, los partidos políticos que defienden y protegen sus beneficios.
La batalla ideológica y la infiltración de la conciencia de clase la realizan valiéndose a diario de una gran parte de los medios de comunicación, financiados y al servicio de sus intereses de clase, para el mantenimiento de los beneficios del empresariado gobernante.
¡Señalemos al enemigo! ¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –
COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU – Comunicado 3 (1/08/20) ENEMIGOS DEL PUEBLO
Salarios millonarios pagados con el sudor de la clase trabajadora no son suficientes para estimular a favor del pueblo la imaginación de los vasallos del Capital atrincherados en la Asamblea Legislativa.
Por el contrario, convertidos en saqueadores de lo público, se reparten diariamente el botín para intentar cubrir la ruina a la que han llevado al Estado y al pueblo costarricense, pero salvaguardando en todo momento los intereses del empresariado y de los grandes evasores.
Empobreciendo diariamente al pueblo, lo condenan a la miseria y a las luchas radicales. Para arrebatarle aceleradamente sus derechos humanos y laborales, desmantelan las estructuras e instituciones que han garantizado históricamente el progreso de la clase trabajadora y la protección de la población en nuestro país.
¡Señalemos al enemigo! ¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –
COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU – Comunicado 4 (2/08/20) ENEMIGOS DEL PUEBLO (2)
El brazo ejecutor de los intereses del Capital se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Una asociación de políticos deslegitimados por su violencia contra la clase trabajadora se ha hecho fuerte en la Asamblea.
Utilizando múltiples ataques cotidianos al pueblo como distractores, pero manteniendo la vista fija en los intereses del Capital, y cumpliendo uno a uno sus objetivos, siguen adelante a pasos de gigante, agotando a la clase trabajadora en mil luchas diarias con la complicidad de una gran parte de los medios de comunicación, pero manteniéndose ellos mismos a salvo, así como al empresariado que mece la cuna.
El pueblo sabe quién ejecuta las políticas del Capital. ¡Señalemos al enemigo! ¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU
El Directorio Ejecutivo Nacional del SEC, hace un llamado al Magisterio Nacional para declararse en estado de Resistencia ante los constantes atropellos de las clases económicamente poderosas que han elaborado una agenda legislativa que les permite resguardar su capital, sin importar la precarización de las familias costarricenses.
*Imagen ilustrativa.
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